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Marina de Guerra del Perú proyecta su poder naval con el BAP “PAITA” en operaciones multinacionales de rescate durante SOLIDAREX V 2026Un artículo de Jorge Linares
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03/11/2026By
Redacción Lima Gris
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Por Jorge Linares Peña
En el marco del Ejercicio Multinacional SOLIDAREX V 2026, la Marina de Guerra del Perú, bajo la conducción de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, participó con el BAP «PAITA» y el equipo USAR GRAU PER-11 en la ejecución de operaciones multinacionales de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria, desarrolladas en la playa El Murciélago, en Manta, Ecuador. La jornada central contó con la presencia del comandante general de Operaciones del Pacífico, vicealmirante Gian Marco Chiapperini Faverio, quien navegó a bordo del BAP «PAITA» y participó en el desarrollo del ejercicio, destacando el empleo de las capacidades navales peruanas en este importante escenario de cooperación internacional.
Durante la fase de ejecución, el BAP «PAITA» desempeñó un papel fundamental como plataforma naval para la proyección de personal y capacidades de respuesta ante desastres, permitiendo el desembarco del equipo USAR GRAU PER-11 del Perú, una unidad de intervención rápida de la Armada del Ecuador y el equipo USAR de Colombia, con el apoyo de un pelotón de seguridad ecuatoriano encargado de proporcionar seguridad en el área de operaciones. Esta operación estuvo precedida por un ensayo en el que los responsables de los equipos participantes coordinaron y sincronizaron los tiempos de desembarco, establecieron responsabilidades y definieron los procedimientos operacionales. Posteriormente, las fuerzas multinacionales desarrollaron actividades simuladas de búsqueda, rescate, atención de víctimas y asistencia humanitaria ante un escenario de terremoto de gran magnitud, fortaleciendo la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta.
De esta manera, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, reafirma su capacidad de proyectar medios navales y equipos especializados para ejecutar operaciones de asistencia humanitaria más allá de sus fronteras. La participación del BAP “PAITA» y del equipo USAR GRAU PER-11 en SOLIDAREX V 2026 fortalece el alistamiento operacional, la cooperación con las Armadas de la región y la preparación de las fuerzas multinacionales para brindar una respuesta oportuna y eficaz ante desastres naturales, contribuyendo a la protección de la vida humana.
Vicealmirante Chiapperini responde a vínculos de altos oficiales de la Marina con exterrorista de Sendero Luminoso
El pasado 11 de setiembre se publicó en nuestro medio sobre la presencia de un peligroso terrorista de Sendero Luminoso en reuniones institucionales en la ciudad de Iquitos. Consultado al vicealmirante Chiapperini, dijo:
“Sobre el particular, resulta necesario precisar el contexto en el que se produjo la citada fotografía. La actividad correspondió al foro «Conociendo Nuestra Historia» realizado el día 3 de enero del 2025, en el marco de las actividades en conmemoración del 161° aniversario de la ciudad de Iquitos como puerto fluvial sobre el río Amazonas. Mi participación se produjo en atención a una invitación cursada por la Municipalidad Provincial de Maynas con Oficio Múltiple N.º 26-2024-GPE-MPM de fecha 27 de diciembre del 2024.
El evento antes mencionado contó con la exposición de diversos ensayos y estudios sobre la fundación de la ciudad de Iquitos; entre otros por la publicación del libro de la autoría del capitán de Corbeta Franco Piazzini Santillana, quien con el suscrito, participamos del citado evento en representación de la Marina de Guerra del Perú, atendiendo el contexto del acto cultural que se llevó a cabo en dicha fecha.
El referido foro contó, pues, con la participación de autoridades, representantes institucionales, expositores e invitados convocados por la entidad organizadora. La Marina de Guerra del Perú no tuvo participación en la determinación de los asistentes ni en la convocatoria de las personas presentes en el evento, aspectos que correspondieron exclusivamente a la institución organizadora.
En ese sentido, la participación institucional respondió exclusivamente a la invitación recibida y al carácter histórico y cultural de la actividad. Asimismo, debe quedar claramente establecido que la presencia coincidente de diversas personas en una fotografía grupal tomada durante una actividad pública, no constituye, ni puede ser presentada por sí misma como evidencia de una relación personal, coordinación previa o vínculo institucional entre quienes aparecen en ella.
Según lo expuesto, y atendiendo que en su publicación se ha mencionado al suscrito en mi calidad de Comandante General de Operaciones del Pacífico y a la Marina de Guerra del Perú, considero oportuno efectuar esta aclaración, a fin de evitar interpretaciones que pudieran asociar nuestra presencia en dicho acto con personas u organizaciones ideológicas ajenas a la finalidad de la actividad”.
Asimismo, hemos intentado tener una respuesta de la convocatoria cuestionada de un terrorista de Sendero Luminoso a un evento institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas y hasta la fecha no desean abordar el tema porque aducen que pertenece a la anterior gestión cuando fue alcalde el Econ. Vladimir Chong Ríos.
El negocio del “destrabe”: el golpe de las adendas que amenaza el bolsillo de los peruanos
Redacción Lima Gris
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El negocio del “destrabe”: el golpe de las adendas que amenaza el bolsillo de los peruanosMientras el Gobierno promete llevar gas natural al sur y al centro del país, dos adendas contractuales podrían redefinir el mapa energético sin una nueva competencia. Cálidda busca incorporar siete regiones y extender su concesión hasta 2043; TGP plantea un nuevo Ramal Sur y otra década adicional de contrato. La discusión ya no es solo cuánto se invertirá, sino quién pagará la cuenta y quién se beneficiará del “destrabe”.
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12 horas agoon
03/11/2026By
Elio León
Bajo el argumento de acelerar las inversiones y saldar una deuda histórica con las regiones, el Gobierno se aproxima a decisiones contractuales que podrían comprometer al Estado peruano durante diez años adicionales. La masificación del gas natural es una necesidad indiscutible, particularmente para las poblaciones del centro y sur del país, que llevan décadas esperando una infraestructura energética que les permita acceder a un recurso que ya beneficia a Lima. Sin embargo, una necesidad pública no puede convertirse en argumento suficiente para modificar contratos de concesión sin explicar sus consecuencias económicas, jurídicas y regulatorias.
El último impulso provino de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), que pidió públicamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a ProInversión priorizar la suscripción de las adendas contractuales pendientes para destrabar inversiones y acelerar la masificación del gas natural. El planteamiento parece razonable en su formulación, pero deja de serlo cuando se examinan las condiciones concretas de las operaciones que se pretende aprobar. La pregunta no es si el país necesita inversiones, sino por qué esas inversiones deben quedar necesariamente en manos de los actuales concesionarios y bajo condiciones que incluyen una década adicional de explotación.
Zorros viejos en un gremio joven
La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) es una organización relativamente reciente, fundada en 2022, pero sus principales dirigentes cuentan con una larga trayectoria empresarial, jurídica y de relación con el Estado. Su presidente es Roque Benavides Ganoza, expresidente de la Confiep y empresario minero, mientras que su vicepresidente y director ejecutivo es César Candela Jara, abogado especializado en infraestructura, asociaciones público-privadas y contratación pública, quien anteriormente integró el Consejo Directivo del entonces Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y asesoró a distintas instancias de la administración pública.
El propio gremio señala en su presentación institucional que tiene como propósito representar y gestionar los intereses de sus asociados, además de fortalecer la articulación entre el sector empresarial y el Estado. No existe irregularidad alguna en que una organización empresarial defienda los intereses de sus integrantes. Sin embargo, resulta indispensable dimensionar el peso que puede adquirir cuando interviene públicamente para impulsar decisiones regulatorias y contractuales de enorme impacto económico. La SNCI ha tomado posición y reclama que las adendas pendientes avancen, precisamente cuando las condiciones de esas modificaciones todavía generan cuestionamientos entre organismos técnicos y representantes políticos.
La deuda histórica de las regiones como argumento de presión
El discurso favorable a las adendas tiene un componente difícil de cuestionar: el centro y sur del país llevan demasiado tiempo esperando gas natural. Las poblaciones de Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y otras regiones han sido testigos de sucesivos anuncios gubernamentales que no consiguieron materializar una solución energética. Esa deuda existe y el Estado tiene la obligación de atenderla. Lo que no corresponde es utilizar ese retraso histórico para presentar como inevitable una determinada fórmula contractual, como si no existieran otras alternativas para ejecutar los proyectos.
En el caso de Cálidda, la modificación permitiría incorporar siete nuevas regiones —Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali— a una concesión originalmente destinada a Lima y Callao, además de extender el plazo contractual por diez años, hasta 2043. En TGP, la Novena Adenda plantea incorporar un nuevo Ramal Sur, con una inversión estimada cercana a los US$2.000 millones, y ampliar por diez años el contrato BOOT, hasta enero de 2044. No estamos ante modificaciones menores, sino ante proyectos de gran dimensión que incorporan nuevos territorios, infraestructura, inversiones y mercados a contratos existentes.
La cuestión central es si la urgencia de llevar gas a las regiones justifica que esas oportunidades sean asignadas directamente a los actuales operadores. La necesidad de infraestructura no elimina la obligación del Estado de evaluar las mejores condiciones económicas y contractuales para el país. Tampoco impide analizar si una nueva convocatoria permitiría obtener propuestas más competitivas. Presentar la discusión como una elección entre firmar las adendas o condenar a las regiones a seguir esperando constituye una simplificación que termina favoreciendo a quienes ya tienen una posición privilegiada en el mercado.
Los antecedentes de los concesionarios también deben evaluarse
La discusión sobre las nuevas concesiones no puede desarrollarse como si los operadores involucrados carecieran de antecedentes. En abril de 2026, Osinergmin concluyó que Transportadora de Gas del Perú (TGP) incumplió obligaciones de sus contratos de concesión durante la crisis producida después de la deflagración registrada en marzo. Según las conclusiones del regulador, entre el 1 y el 13 de marzo la empresa no garantizó el flujo y la presión necesarios para atender los requerimientos máximos diarios. Los informes correspondientes fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas, en su condición de concedente, para que evaluara las consecuencias contractuales.
El episodio se suma a una trayectoria de incidentes, observaciones y actuaciones de supervisión vinculadas al sistema de transporte de gas operado por TGP. La investigación sobre las causas técnicas del evento de marzo de 2026 también continuó durante varios meses, lo que obliga a examinar con especial cuidado cualquier decisión que implique ampliar las responsabilidades y el horizonte contractual de la empresa. La continuidad de un concesionario no debería convertirse en una decisión automática cuando existen antecedentes que merecen una evaluación integral.
Cálidda enfrenta una situación diferente, aunque tampoco está libre de cuestionamientos. Existen procedimientos vinculados al cumplimiento de planes quinquenales anteriores y, durante la evaluación de la propuesta para incorporar las siete regiones, Osinergmin ha formulado observaciones económicas y tarifarias de importancia. Por ello, antes de conceder una década adicional de operación, corresponde que el Estado explique cómo ha evaluado el desempeño de cada empresa, qué obligaciones pendientes existen y cuáles serán las garantías para evitar que los nuevos compromisos terminen perjudicando a los usuarios.
El rechazo desde Cusco y el frente legislativo
La presión para acelerar las adendas tampoco ha encontrado una aceptación unánime. El 13 de octubre, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas realizada en Cusco, legisladores de distintas bancadas exigieron acelerar la masificación del gas natural, pero solicitaron expresamente al Ejecutivo abstenerse de firmar la nueva adenda con Cálidda. La posición resulta relevante porque establece una diferencia que el Gobierno no debería ignorar: respaldar la llegada del gas a las regiones no significa necesariamente respaldar las condiciones contractuales propuestas por el concesionario.
Organizaciones sociales de distintas regiones del sur también han expresado cuestionamientos a las modificaciones planteadas para Cálidda y TGP, mientras mantienen sus demandas para que el Estado concrete la infraestructura energética prometida durante años. El reclamo no consiste en impedir las inversiones, sino en exigir que estas respondan al interés público y no se conviertan en una ampliación de oportunidades para empresas que ya controlan concesiones estratégicas. El debate, por tanto, no es gas sí o gas no. Es cómo llevarlo a las regiones, bajo qué condiciones y con qué garantías para el país.
¿Una adenda puede convertirse en una nueva adjudicación?
Aquí aparece uno de los aspectos jurídicos más delicados de las propuestas. El régimen de asociaciones público-privadas contempla mecanismos para modificar contratos de concesión mediante adendas, siempre que se cumplan las condiciones y evaluaciones establecidas por la normativa. Sin embargo, la existencia de ese mecanismo no significa que cualquier modificación sea admisible ni que pueda utilizarse para incorporar proyectos cuya dimensión y características alteren sustancialmente el objeto económico de una concesión original.
La pregunta que el Estado debe responder es hasta dónde puede modificarse un contrato vigente antes de que la operación termine produciendo los mismos efectos económicos que una nueva adjudicación sin competencia. En Cálidda se pretende incorporar siete regiones que no formaban parte de la concesión original de Lima y Callao. En TGP se plantea construir un nuevo Ramal Sur de gran escala, con una inversión estimada en US$2.000 millones. En ambos casos, los operadores que recibirían esas nuevas oportunidades ya están identificados, mientras que otros posibles interesados no han tenido necesariamente la posibilidad de presentar propuestas alternativas.
Presidenta Keiko Fujimori y el cuestionada ministro de Energía, Guillermo Shinno.
Esto no permite concluir, por sí solo, que las adendas sean ilegales. Para establecerlo habría que examinar el objeto contractual original, la naturaleza de las modificaciones, los informes técnicos, las evaluaciones económicas y las disposiciones aplicables al procedimiento. Pero precisamente por la magnitud de los proyectos, el Gobierno tiene la obligación de explicar por qué considera que las modificaciones propuestas son la mejor alternativa y qué mecanismos ha utilizado para garantizar que el Estado no renuncie innecesariamente a los beneficios de la competencia.
El usuario podría terminar pagando parte de la factura
Otro aspecto que merece una evaluación rigurosa es el origen de los recursos y la forma en que se recuperarán las inversiones. En el proyecto de las siete regiones, el Gobierno plantea utilizar la economía de la concesión de Lima y mecanismos de subsidio para viabilizar la expansión, mientras que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) mantiene un papel importante en el financiamiento de las conexiones domiciliarias. Por tanto, no sería correcto afirmar que toda la expansión será financiada directamente con recursos del FISE. Sin embargo, sí corresponde examinar el impacto económico de los mecanismos propuestos y sus eventuales consecuencias sobre el sistema tarifario.
Osinergmin ha formulado observaciones relevantes sobre la propuesta de Cálidda. Entre ellas, ha cuestionado el tratamiento económico de determinados activos después de 2033 y ha advertido sobre las consecuencias que algunas condiciones contractuales podrían generar en favor del concesionario. También ha observado que las metas mínimas de conexión propuestas resultan reducidas frente al universo potencial de viviendas en determinadas localidades. Estos cuestionamientos no son detalles administrativos: comprometen la evaluación sobre cuánto costará realmente llevar gas a las nuevas regiones y qué obligaciones concretas asumirá la empresa.
En TGP, la propuesta contractual también contempla mecanismos para reconocer inversiones y costos dentro del régimen tarifario. Por eso, el análisis no puede limitarse a repetir las cifras de inversión anunciadas por las compañías. Una inversión de US$600 millones o de US$2.000 millones no significa necesariamente que todo ese monto será asumido a riesgo empresarial. El Estado debe determinar qué parte será financiada directamente por las empresas, qué mecanismos permitirán recuperar los recursos y qué consecuencias podrían recaer sobre los usuarios mediante tarifas, subsidios u otros instrumentos del sistema. El negocio puede resultar atractivo para el sector privado, pero el riesgo no debería trasladarse desproporcionadamente a los consumidores.
Shinno y una decisión que parece adelantarse a las evaluaciones
La actuación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, también merece atención. El 9 de octubre sostuvo que la adenda de Cálidda todavía no era una decisión tomada y reconoció que existían diferencias con Osinergmin y evaluaciones pendientes con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, días después afirmó que el proyecto para incorporar las siete regiones «va a ocurrir de todas maneras», pese a que la evaluación conjunta con el MEF continuaba en trámite. El propio ministro señaló que el procedimiento se encontraba en una segunda evaluación y que posteriormente se establecerían las exigencias que debería cumplir el concesionario.
La contradicción merece una explicación. Una cosa es que el titular del sector garantice políticamente que el gas llegará a las regiones, compromiso que corresponde asumir a cualquier Gobierno. Otra muy distinta es transmitir que una determinada empresa recibirá necesariamente esos territorios cuando las evaluaciones institucionales todavía no han concluido. Si el procedimiento seguía abierto, ¿sobre qué sustento se podía presentar como inevitable una decisión que formalmente permanecía en evaluación?
No corresponde anticipar responsabilidades ni atribuir delitos a partir de declaraciones políticas. Sin embargo, si se acreditara que una decisión favorable a un concesionario fue previamente comprometida, concertada o direccionada al margen de los procedimientos y evaluaciones correspondientes, podrían surgir responsabilidades administrativas y, dependiendo de los hechos y de la intervención de funcionarios y particulares, eventuales responsabilidades penales. Por eso es indispensable conocer las reuniones realizadas, las agendas de los funcionarios, los informes técnicos y económicos, los participantes en las negociaciones y los criterios utilizados para evaluar las alternativas disponibles.
La puerta giratoria y los conflictos de interés
En sectores altamente regulados, como energía e infraestructura, la circulación de ejecutivos, abogados, consultores y funcionarios entre empresas privadas, gremios y entidades estatales constituye un riesgo permanente de conflictos de interés. La denominada «silla giratoria» adquiere especial relevancia cuando quienes participan en la regulación, negociación o evaluación de contratos han trabajado anteriormente para empresas del mismo sector, mantienen relaciones profesionales con ellas o podrían incorporarse posteriormente a sus estructuras privadas.
Esa trayectoria profesional no convierte automáticamente una decisión en irregular. Sin embargo, cuando se discuten concesiones estratégicas, inversiones multimillonarias y extensiones contractuales por diez años, el Estado tiene la obligación de despejar cualquier duda sobre la imparcialidad de sus decisiones. Corresponde transparentar quiénes han participado en las negociaciones, cuáles son sus antecedentes profesionales, qué reuniones mantuvieron con Cálidda, TGP y los gremios empresariales, y si existieron circunstancias que exigieran declarar un conflicto de interés o abstenerse de intervenir.
Si aparecieran vínculos relevantes omitidos, intereses particulares no declarados o decisiones adoptadas para favorecer indebidamente a determinados operadores, el problema dejaría de ser exclusivamente una controversia sobre política energética. Podría ingresar al terreno de las responsabilidades administrativas y, si se acreditaran los elementos exigidos por la ley, también al ámbito penal. La puerta giratoria no se demuestra mediante sospechas, pero tampoco puede descartarse sin transparencia sobre las relaciones y actuaciones de quienes toman las decisiones.
La SNCI y sus intereses en el mercado arbitral
Hay otro elemento que merece incorporarse al análisis de la actuación de la SNCI. El gremio cuenta con su propio centro de arbitraje y resolución de controversias, denominado Resolutio-SNCI. César Candela ejerce la presidencia de esa institución y Roque Benavides encabeza su Consejo Superior de Solución de Controversias, según la estructura institucional difundida por el propio centro.
Roque Benavides y César Candela.
Al mismo tiempo, Candela ha cuestionado públicamente determinadas restricciones impuestas a las instituciones arbitrales bajo la Ley General de Contrataciones Públicas. La Ley N.° 32069 establece, como regla general, requisitos de experiencia para las instituciones que administran determinadas controversias en contratación pública, aunque contempla un régimen diferenciado para las instituciones de reciente constitución. Su reglamento establece condiciones específicas para su incorporación y funcionamiento durante los primeros años.
Resolutio-SNCI puede desarrollar sus actividades dentro del marco permitido por la legislación. El cuestionamiento no consiste en afirmar que su existencia sea irregular, sino en advertir que la organización empresarial que reclama modificaciones o flexibilizaciones de determinadas reglas del sistema arbitral administra simultáneamente una institución que participa en ese mismo mercado. Se trata de un interés institucional concreto que merece ser conocido por la opinión pública cuando la SNCI interviene en debates regulatorios.
La posición del gremio puede ser legítima y sus argumentos deben ser evaluados por su contenido. Sin embargo, la transparencia exige que también se conozcan los intereses institucionales que podrían estar relacionados con sus pronunciamientos. Un gremio empresarial no tiene obligación de ser neutral, pero sí debe permitir que la ciudadanía conozca desde qué posición interviene cuando reclama cambios que pueden beneficiar directa o indirectamente a entidades vinculadas con su propia estructura.
El destrabe no puede convertirse en una patente de corso
La masificación del gas natural es una deuda que el Estado debe saldar con el centro y sur del país. No existe justificación para prolongar indefinidamente la ausencia de infraestructura energética en regiones que llevan años esperando una solución. Pero tampoco existe justificación para convertir esa necesidad en una autorización automática para modificar contratos, incorporar nuevos proyectos y extender concesiones sin demostrar que las condiciones propuestas representan la mejor alternativa para el interés público.
Cálidda busca incorporar siete nuevas regiones y ampliar su concesión hasta 2043. TGP propone construir un Ramal Sur de aproximadamente US$2.000 millones y extender su contrato hasta enero de 2044. Ambas operaciones comprometen decisiones de largo plazo y pueden tener consecuencias económicas que alcancen a los usuarios y al propio Estado. Mientras tanto, los reguladores mantienen observaciones que deben ser atendidas y las evaluaciones institucionales tienen que concluir antes de cualquier decisión definitiva.
El Gobierno debe explicar por qué estos proyectos tienen que quedar en manos de los actuales concesionarios, cuánto representan económicamente diez años adicionales de contrato, qué proporción de las inversiones será asumida a riesgo empresarial y qué beneficios podría obtener el país si se evaluaran otras alternativas. También debe demostrar que las condiciones propuestas garantizan tarifas razonables, metas verificables de cobertura y mecanismos efectivos de supervisión.
La deuda histórica de las regiones no puede convertirse en una herramienta de presión para cerrar un debate que compromete recursos y oportunidades durante una década. El país necesita gas, necesita inversiones y necesita empresas dispuestas a asumir riesgos. Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de negociar en defensa del interés público y no de los intereses particulares de quienes aspiran a conservar o ampliar sus negocios.
Porque una cosa es destrabar inversiones para llevar gas a los peruanos y otra, muy distinta, es destrabar contratos para que los mismos operadores sigan haciendo negocios durante diez años más.
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Penal El Milagro: requisa policial tras enfrentamiento que dejó tres internos fallecidos y ocho heridos en TrujilloUn enfrentamiento registrado el domingo 1 de noviembre en el pabellón 4 del establecimiento penitenciario El Milagro dejó tres internos fallecidos y ocho heridos. Tras el incidente, el INPE aseguró que la situación estaba controlada y dispuso una intervención especializada. Este lunes, la Policía ejecutó una requisa en el recinto para reforzar la seguridad y esclarecer las circunstancias del hecho.
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12 horas agoon
03/11/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
La seguridad del establecimiento penitenciario El Milagro, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región La Libertad, volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de que una gresca registrada durante la mañana del domingo 1 de noviembre en el pabellón 4 dejara tres internos fallecidos y ocho heridos.
De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, cuatro internos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo debido a la gravedad de sus lesiones. Tres de ellos fallecieron en el establecimiento de salud. Entre los afectados se encontraba Alexander Zapata Miranda, conocido como «Panchata», quien se desempeñaba como delegado del pabellón 4. Las circunstancias exactas del enfrentamiento continúan bajo investigación. Por su parte, RPP informó que una cuarta persona permanecía hospitalizada tras el incidente. La información sobre los otros afectados fue reportada por medios locales, que señalaron que varios internos recibieron atención en el tópico del penal.
El Hospital Regional Docente de Trujillo recibió a los internos trasladados de emergencia tras el enfrentamiento registrado en el penal El Milagro. Foto: La República.
INPE asegura que la situación se encuentra controlada
Luego de lo ocurrido, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que la situación dentro del penal se encontraba controlada y que los internos involucrados habían sido aislados para evitar nuevos enfrentamientos.
La institución también informó que la Presidencia del INPE dispuso la intervención inmediata de un equipo especializado para evaluar lo sucedido y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, indicó que la Dirección Regional coordinaba acciones con el Ministerio del Interior y que el caso había sido comunicado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
Como parte de las medidas posteriores, el organismo penitenciario dispuso que los directores regionales del país reforzaran los controles, la seguridad y la vigilancia en los establecimientos penitenciarios.
Policía realizó una requisa en el establecimiento penitenciario
Durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, efectivos de la Policía Nacional ejecutaron una requisa en el penal El Milagro, como parte de las acciones posteriores al enfrentamiento. El operativo fue encabezado por el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Eric Ángeles Puente.
Según informó Noticias Trujillo, la intervención comprendió distintos pabellones del establecimiento y estuvo orientada a detectar objetos cuya presencia está prohibida en los centros penitenciarios. El medio reportó que también se acordonó el perímetro exterior para prevenir posibles alteraciones del orden.
Antes del operativo, el general Ángeles señaló que la intervención buscaba contribuir a la seguridad y al control del recinto. La requisa se realizó un día después de que la gresca dejara tres internos fallecidos y ocho heridos.
Efectivos policiales ejecutaron una requisa en el penal El Milagro, un día después del enfrentamiento que dejó tres internos fallecidos. Foto: Noticias Trujillo.
Hacinamiento: un problema que agrava la situación penitenciaria
El incidente vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad y capacidad del penal El Milagro. Según información difundida por El Comercio el 1 de noviembre, el establecimiento fue construido para albergar aproximadamente a 1.500 internos, pero su población superaba los 6.000.
El mismo reporte recordó que, durante una supervisión realizada el 9 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori señaló que las visitas al penal se habían reducido en un 50 % tras la implementación de medidas de seguridad más rigurosas. Entre estas acciones se mencionaron la vigilancia perimetral a cargo de las Fuerzas Armadas y la instalación de equipos para controlar el ingreso de personas y paquetes.
En esa ocasión, también se informó sobre más de 300 casos de tuberculosis entre la población penitenciaria. Estas cifras reflejan que los desafíos del establecimiento no se limitan a la seguridad interna, sino que también involucran las condiciones de salud y habitabilidad de los internos.
Milagro tiene una capacidad aproximada para 1.500 internos, pero su población supera los 6.000, según información difundida por El Comercio.
Investigación deberá esclarecer las causas y determinar responsabilidades
Aunque el INPE informó que el orden había sido restablecido y que los internos involucrados fueron aislados, todavía corresponde esclarecer qué originó el enfrentamiento y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjeron las muertes y lesiones.
La intervención de un equipo especializado, la comunicación del caso al Ministerio Público y la requisa policial forman parte de las acciones anunciadas tras el incidente. Sin embargo, será necesario conocer los resultados de las investigaciones y las medidas concretas que se adoptarán para evitar nuevos episodios de violencia.
El caso del penal El Milagro vuelve a poner en discusión la capacidad del sistema penitenciario para garantizar la seguridad, el control y condiciones adecuadas de reclusión. La respuesta institucional deberá traducirse en resultados verificables y no limitarse a intervenciones posteriores a hechos de esta gravedad.
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Carta de acreedores laborales solicitando audiencia a Ricardo Belmont Cassinelli y Ricardo Belmont VallarinoEl caso RBC
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1 día agoon
02/11/2026By
Redacción Lima Gris
Lima, lunes 2 de noviembre del 2026
Señor
Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
Dueño y accionista mayoritario de Red Bicolor de Comunicaciones SAA
Atención:
Señor Ricardo Martín Belmont Vallarino
Presidente de la Junta de Acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones SAA
Los suscritos, extrabajadores y acreedores laborales solicitamos, en razón de asuntos de interés público y de los derechos humanos que nos son inherentes, una audiencia a realizarse en la sede empresarial que ustedes determinen a fin de someter a diálogo y esclarecimiento temas de dominio público donde la persona de Ricardo Martín Belmont Vallarino ha sido objeto de investigaciones y sanciones en el marco del proceso concursal de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., y donde él actúa como administrador.
Urge conversar acerca de las principales sanciones y multas aplicadas por el INDECOPI al citado ciudadano, como por el Ocultamiento de Bienes (Resolución Nº 5132-2024/CCO-INDECOPI), perjudicando a la concursada Red Bicolor de Comunicaciones SAA, tema que conllevó a una multa, además de desviar fondos a cuentas bancarias externas en perjuicio del pago de las acreencias laborales.
También se le cuestiona por la falta de presentación de informes (Resolución Nº 9086-2025/CCO-INDECOPI) y se sanciona a la empresa (Expediente Nº 13-2025/FCO-SANCIONADOR) por incumplir la obligación legal de presentar los informes trimestrales obligatorios sobre el estado de la empresa y la evolución del procedimiento concursal.
Por otro lado, también debería ser materia de esclarecimiento en el diálogo que solicitamos todo lo relacionado a la sanción a Red Bicolor de Comunicaciones impuestas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con una multa de 112.5 UIT, por incurrir en nueve infracciones de naturaleza grave vinculadas a la transparencia y la entrega de información al mercado de valores.
En consecuencia, es muy grave la vulneración directa al destino patrimonial de la empresa concursada, lo que derivó en la apertura de expedientes sancionadores como el Expediente N° 02-2024/FCO-SANCIONADOR. Al respecto, los hechos indican que el esquema doloso operaba principalmente a través de los tres siguientes mecanismos interconectados:
UNO.- Desvío hacia empresas personales: Martín Belmont Vallarino, utilizando su posición de administrador y gerente general, percibía ingresos comerciales bajo la marca comercializadora Viva TV (RBC Televisión). En lugar de destinar este dinero a una cuenta de la empresa concursada para honrar las deudas laborales y comerciales acumuladas, desvió sistemáticamente los fondos hacia cuentas bancarias externas de sus empresas personales, de manera específica a la firma Inversiones Belva.
DOS.- Ocultamiento intencional de bienes (Resolución Nº 5132-2024/CCO): La autoridad del INDECOPI determinó la existencia de dolo al comprobarse que Belmont Vallarino ocultó información real de los activos fijos de RBC tanto a las autoridades supervisoras como a la junta de acreedores legítimos. De este modo, evitaba que dichos activos fueran tasados o liquidados en favor de los acreedores laborales.
TRES.- Afectación al Crédito Laboral: Las resoluciones (incluyendo la ratificación de la Resolución Nº 78-2025/SCO) hicieron hincapié en que la empresa generaba suficiente liquidez para cumplir con los cronogramas de pago de deudas, pero la administración prefirió descapitalizar la empresa de manera artificial.
De otro lado, también resulta muy preocupante el estado de las denuncias penales en la Fiscalía tanto ante el señor Ricardo Martín Belmont Vallarino como ante su padre, el señor Ricardo Pablo Belmont Cassinelli. Es decir, a nivel del Ministerio Público, las investigaciones penales se dividen en dos frentes cruzados debido a la severa disputa familiar y comercial por el control de las señales del Canal 11 y la frecuencia radial 91.1 FM. Así tenemos:
1.- Denuncias contra Ricardo Martín Belmont Vallarino y socios
- – A raíz de los hallazgos de Indecopi y de las denuncias presentadas por su padre (Ricardo Belmont Cassinelli, fundador de RBC), «Ricky» Belmont y otros terceros afrontan investigaciones en sede fiscal por la presunta comisión de delitos económicos y de fraude en la administración de personas jurídicas.
- – Investigación por fraude e insolvencia fraudulenta: Se les acusa de haber simulado un estado de insolvencia crítica para forzar el concurso de acreedores y licuar el valor real del canal.
- – Implicación de terceros: En los expedientes fiscales y quejas públicas se incluye al comunicador Phillip Butters Rivadeneyra. La acusación sostiene un presunto despojo orquestado de la señal radial (usada para la emisión de PBO Radio) y del local central de RBC ubicado en La Victoria.
- – Estado procesal: los trabajadores y acreedores han denunciado públicamente una excesiva lentitud y demoras burocráticas en las carpetas fiscales a cargo de las fiscalías corporativas penales.
2.- El «contra-frente» penal: Denuncias hacia Belmont padre
En paralelo, la situación legal se enturbió con acusaciones en sentido contrario, donde Ricardo Martín Belmont Vallarino, actuando en representación formal de Red Bicolor de Comunicaciones y Radio Tigre S.A.C., presentó denuncias contra su propio padre.
Actualmente, el caso RBC Televisión sigue trabado en medio de un fuego cruzado donde la viabilidad comercial de la televisora está severamente comprometida debido a las multas millonarias de la SMV (112.5 UIT) y las órdenes de reestructuración de pagos dictadas a la administración que está en manos de Martín Belmont Vallarino.
Dada esta triste realidad se requiere de la mejor inteligencia y de la sabiduría de todos los involucrados, confiando en las virtudes de la verdad y de la integridad, pues solo con ellas en una reunión presencial podríamos entendernos y coadyuvar a hacer cumplir la ley.
Los suscritos quedamos de ustedes muy atentos a fin de recibir una respuesta afirmativa por ambos ante nuestra solicitud, formulando votos para que la reunión sea lo más pronto posible, conociendo ustedes nuestras direcciones domiciliarias, correos electrónicos y los números de celulares a fin de ser convocados en la fecha y hora que indiquen, por ser de Justicia.
Atentamente,
Karim Yuliet Alegría del Águila
Evelyn Jacqueline Agreda Alarcón
Miriane Luz Mogollón Tinoco
Lenith Ariana Checa Tuesta
Rafael Romero Vásquez
Ángel Ganoza Sousa
Comentarios Continue ReadingActualidad
El Niño amenaza al norte del Perú mientras 171 obras de prevención permanecen paralizadasA pocos meses del periodo más crítico de lluvias, las regiones del norte acumulan proyectos de prevención detenidos y varias administraciones registran una ejecución presupuestal inferior al 50 %. La situación preocupa especialmente en La Libertad, Lambayeque y Piura, donde persisten trabajos pendientes en ríos, quebradas y zonas vulnerables.
Published
1 día agoon
02/11/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
Un riesgo anunciado y una prevención que avanza lentamente
La preparación del país frente al Fenómeno El Niño vuelve a estar bajo cuestionamiento. Mientras las autoridades advierten sobre la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos, distintas regiones mantienen proyectos de prevención paralizados o con avances presupuestales limitados.
Un informe publicado por Perú21 el 1 de noviembre señala que las regiones del norte concentran 171 obras de gestión del riesgo de desastres y emergencias en situación de abandono o paralización. A nivel nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades acumulan 1.075 proyectos en esas condiciones, distribuidos entre el norte (171), Lima (300) y otras regiones (604).
El escenario resulta preocupante porque estas intervenciones buscan reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a lluvias, inundaciones y deslizamientos. Su retraso podría limitar la capacidad de respuesta de las autoridades cuando se intensifiquen las condiciones
La Libertad, Lambayeque y Arequipa no alcanzan el 50 % de ejecución
Uno de los principales problemas identificados es la ejecución de los recursos destinados a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres. Según información del Instituto Peruano de Economía (IPE), recogida por Perú21 a partir del portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los gobiernos regionales y municipales cuentan con aproximadamente S/ 710 millones para 2026 en la categoría presupuestal 0068.
Sin embargo, el avance registrado al 31 de octubre evidencia diferencias importantes entre regiones. Amazonas alcanzó el 88 % de ejecución; Ica, el 86 %; Tumbes, el 85,6 %; Lima, el 74 %; Ucayali, el 71,2 %; Huánuco, el 60,6 %; Áncash, el 60,1 %; Cajamarca, el 59,5 %; y Piura, el 59,1 %.
En contraste, La Libertad registró un 49,2 %; Lambayeque, un 48,3 %; y Arequipa, un 44,9 %. Estas tres regiones se encontraban por debajo de la mitad de sus recursos modificados para el rubro analizado.
El porcentaje de ejecución presupuestal no equivale necesariamente al avance físico de una obra. Por ello, resulta necesario revisar cada proyecto, su presupuesto, su cronograma y el estado real de los trabajos para determinar si los recursos se traducen en infraestructura preventiva.
Ejecución de los recursos destinados a prevención de desastres al 31 de octubre de 2026. Fuentes: Perú 21/MEF/Datos ANA/IPE / Infografía: Augusto Calixtro
Imagen referencial tomada para la creación de la infografía. Fuente: MEF
Más de mil proyectos permanecen detenidos a nivel nacional
La problemática no se limita a las administraciones regionales. De acuerdo con los datos recogidos por el IPE, entre 2012 y septiembre de 2026 los gobiernos regionales y las municipalidades acumularon 1.075 proyectos de inversión vinculados con la gestión del riesgo de desastres y la atención de emergencias en condición de abandono o paralización.
El informe diferencia ambas situaciones: se considera abandonado un proyecto con menos del 90 % de avance y sin desembolsos durante 18 meses; mientras que un proyecto paralizado es aquel que no registra ejecución durante seis meses. Estas condiciones reflejan dificultades que pueden prolongarse y afectar la culminación de intervenciones necesarias para proteger a la población.
A esta situación se suma la cartera de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que cuenta con 140 proyectos localizados principalmente en el norte del país. De ellos, 105 comenzaron a gestionarse entre 2017 y 2022 y, según el reporte del IPE citado por Perú21, registraban una ejecución promedio del 35 % a octubre de 2026.
Se trata de una situación que pone en discusión la continuidad de los proyectos públicos, la planificación de las intervenciones y la coordinación entre las entidades responsables de ejecutarlas.
La cartera de proyectos de la ANIN presenta distintos niveles de ejecución, según el año en que comenzaron a gestionarse. Fuente: SIAF-MEF.
Solo el 17 % de los puntos críticos tenía intervenciones en ejecución
La demora también se observa en los trabajos destinados a atender los puntos críticos identificados ante el Fenómeno El Niño. Según un análisis del IPE publicado en octubre, el Gobierno había priorizado 536 puntos críticos en ocho regiones de la costa.
Sin embargo, con información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el instituto advirtió que al 7 de octubre solo el 17 % de esos puntos tenía intervenciones en ejecución. En el macrorregión norte, que comprendía 191 puntos críticos, y en Lima, con 141, la proporción de intervenciones en ejecución no superaba el 20 %. Además, ninguna de las intervenciones consideradas en ese reporte había culminado a esa fecha.
Estos trabajos incluyen acciones como la limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas, así como la conformación de bordos de protección. Su finalidad es reducir los riesgos asociados al incremento del caudal y a las precipitaciones.
La cifra evidencia la distancia entre la identificación de zonas vulnerables y la ejecución efectiva de medidas preventivas. También plantea interrogantes sobre la capacidad de las entidades responsables para acelerar las intervenciones antes de que se presenten las condiciones más adversas.
Los trabajos de limpieza y descolmatación forman parte de las intervenciones previstas para reducir el riesgo de desbordes. Foto: ANDINA.
Piura: distrito ejecutó solo el 31,2 % de su presupuesto
En Piura, una de las regiones expuestas a las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, también se han identificado dificultades en la ejecución de medidas preventivas.
Una publicación de La República, del 24 de octubre, informó que la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre había ejecutado solo el 31,2 % de su presupuesto destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres. La Contraloría advirtió que todavía no se había iniciado la limpieza de nueve drenes ni de la quebrada Pajaritos, pese a que más de 90.000 habitantes vivían en zonas de riesgo muy alto, según el reporte.
La situación resulta especialmente relevante porque las labores de limpieza de drenes y quebradas buscan facilitar el desplazamiento del agua y reducir la posibilidad de aniegos e inundaciones en sectores poblados. Este caso permite observar cómo los retrasos presupuestales y operativos pueden tener consecuencias directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. También pone en evidencia la necesidad de que las autoridades locales informen sobre los plazos de ejecución y las medidas que adoptarán para atender los puntos pendientes.
La Contraloría advirtió que aún estaban pendientes trabajos de limpieza en drenes y quebradas del distrito de Veintiséis de Octubre. Foto: La República.
La prevención requiere coordinación y respuestas concretas
Especialistas consultados por Perú21 señalaron que los retrasos pueden estar relacionados con la falta de experiencia de algunas autoridades, demoras en la elaboración de expedientes técnicos y dificultades para priorizar los proyectos de inversión.
El economista sénior del IPE, Miguel Alzamora, advirtió que el avance limitado de las intervenciones preventivas podría afectar el crecimiento económico y la generación de empleo ante los impactos del Fenómeno El Niño. Por su parte, el exministro de Vivienda Milton Von Hesse cuestionó la falta de prioridad otorgada a la prevención y señaló que, por la proximidad de la temporada crítica, el margen para ejecutar determinadas obras de gran envergadura sería limitado.
En este contexto, la responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos regionales y municipales. La articulación con el Gobierno nacional y las entidades técnicas resulta necesaria para acelerar las intervenciones, identificar los puntos de mayor riesgo y garantizar que los recursos asignados se conviertan en medidas concretas. El desafío para las autoridades es demostrar que la prevención no se limita a anuncios o asignaciones presupuestales, sino que se traduce en obras culminadas y acciones oportunas para proteger a la población.
El exministro de Vivienda Milton Von Hesse cuestionó la falta de prioridad que, a su juicio, los gobiernos regionales han otorgado a las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño. Foto: Perú21.
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EsSalud desplegará ambulancias UCI y puestos médicos para atender emergencias durante la visita del papa León XIVEl Seguro Social implementará el denominado «Operativo Papa León» del 11 al 16 de noviembre, con ambulancias especializadas, personal médico y establecimientos hospitalarios en alerta. El plan contempla atención en Lima, Lambayeque, Cusco y Ucayali, ante la llegada de miles de fieles que participarán en las actividades programadas.
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3 días agoon
31/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció el despliegue de ambulancias, puestos médicos y personal especializado para atender posibles emergencias durante las actividades programadas entre el 11 y el 16 de noviembre. La medida forma parte del denominado «Operativo Papa León», un plan de respuesta sanitaria que busca garantizar la atención del pontífice, su comitiva y los miles de fieles que asistirán a los encuentros religiosos.
La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, informó que la institución movilizará recursos del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), Hospital Perú y más de 15 establecimientos hospitalarios. Estos centros permanecerán en alerta amarilla para disponer de personal, equipos y servicios ante cualquier eventualidad.
El despliegue se realizará en coordinación con las instituciones involucradas en la organización de la visita, entre ellas el Ministerio de Salud (Minsa), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos y representantes de la Iglesia católica.
Ambulancia UCI acompañará los desplazamientos del pontífice
Uno de los principales componentes del operativo será una ambulancia tipo III, acondicionada como una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) móvil, que estará disponible durante los desplazamientos del papa León XIV. Esta unidad contará con ventilador mecánico de transporte, bomba de infusión y monitor-desfibrilador multiparámetro, equipos destinados a brindar soporte especializado ante emergencias respiratorias y cardíacas.
Asimismo, una segunda ambulancia tipo II reforzará la cobertura sanitaria de la comitiva oficial. Ambas unidades estarán integradas al dispositivo de respuesta coordinado por EsSalud.
El Servicio de Transporte Asistido de Emergencia tendrá un papel central en la atención y traslado de pacientes que requieran asistencia médica. La institución también incorporará brigadas de orientación y prevención para informar a los asistentes sobre los cuidados que deben adoptar durante las concentraciones multitudinarias.
Lima tendrá ambulancias y puestos médicos en los principales escenarios
La capital concentrará parte importante del despliegue debido a las actividades multitudinarias previstas durante la visita papal. Según la información difundida por EsSalud y recogida por medios periodísticos, se contempla la distribución de 18 ambulancias tipo II en cuatro puntos: cuatro en el Gran Teatro Nacional, seis en la Base Aérea Las Palmas, cuatro en el Estadio Nacional y cuatro en la Plaza de Armas.
Para la misa programada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, EsSalud instalará dos Puestos Médicos de Avanzada (PMA) y dos Puestos Médicos Satélite (PMS). Estos espacios permitirán atender a los asistentes y realizar una primera evaluación ante posibles emergencias.
Cada puesto médico de avanzada contará con dos médicos, dos profesionales de enfermería, un técnico de enfermería y un técnico de campo. En tanto, los puestos satélites estarán orientados principalmente a la atención de casos leves y al apoyo sanitario de los participantes.
Además, la cobertura de EsSalud comenzará el 11 de noviembre con atención para las actividades previstas en el Centro Histórico de Lima y el Gran Teatro Nacional.
¿Cómo será la atención médica en las regiones?
El operativo también alcanzará las ciudades incluidas en el recorrido del pontífice. En Lambayeque, se instalarán puntos de atención en Pimentel, Zaña, Santa Cruz y la Plaza de Armas de Chiclayo, con el propósito de responder ante posibles emergencias durante las actividades religiosas.
En Cusco, se habilitará un Puesto Médico de Avanzada en el complejo arqueológico de Sacsayhuamán y un Puesto Médico Satélite en la Plaza de Armas para atender a los asistentes.
Por su parte, en Ucayali se acondicionará un ambiente de atención en el Hospital II Pucallpa y se reforzará la capacidad de respuesta del servicio de emergencia del Centro Médico Manantay.
Entre los establecimientos hospitalarios que permanecerán en alerta amarilla figuran los hospitales nacionales Edgardo Rebagliati Martins y Guillermo Almenara Irigoyen, en Lima; Almanzor Aguinaga Asenjo, en Lambayeque; y Adolfo Guevara Velasco, en Cusco. La medida permitirá preparar los servicios y recursos necesarios ante una eventual demanda adicional de atención.
Foto: Andina.
Minsa anuncia despliegue sanitario para millones de asistentes
La preparación de EsSalud se complementa con el plan de operaciones del Ministerio de Salud, que contempla recursos adicionales para atender las actividades de la visita papal en distintas regiones.
Según información difundida por la Agencia Andina el 30 de octubre, el Minsa dispuso 4 111 recursos humanos para la cobertura sanitaria de los eventos, en los que se estima una asistencia aproximada de 3 millones 400 mil personas.
El plan contempla 93 puestos médicos de avanzada, más de 150 ambulancias, 1 950 brigadistas y 192 puntos de hidratación. También se prevé soporte aéreo de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional.
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que coordina con las entidades de primera respuesta para garantizar la preparación y atención de emergencias en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Cajamarca, Pucallpa y Cusco. Como parte de estas acciones, anunció un simulacro para el 4 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.
EsSalud recomienda hidratación y protección frente al calor
Ante las largas jornadas y la concentración de personas, EsSalud exhortó a los fieles a adoptar medidas preventivas para evitar complicaciones de salud. Entre las recomendaciones se encuentran utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y ropa ligera, además de mantenerse hidratados durante las actividades.
La institución también pidió prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que pueden requerir cuidados adicionales durante las concentraciones multitudinarias.
Asimismo, recomendó evitar las aglomeraciones, seguir las indicaciones del personal de seguridad y salud y atender las orientaciones de las brigadas de emergencia.
Para facilitar la atención de incidentes, la central de emergencias del STAE mantendrá operativa la línea gratuita 117, disponible las 24 horas dentro de su ámbito de cobertura.
Un operativo sanitario ante una visita multitudinaria
La visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, representa un desafío de organización para las instituciones responsables de la seguridad, el transporte y la atención sanitaria. El despliegue anunciado por EsSalud y el Minsa busca responder a la concentración de fieles en Lima y otras regiones, así como garantizar la disponibilidad de servicios médicos durante las actividades.
En los próximos días, la ejecución de los simulacros, la instalación de los puestos médicos y la coordinación entre las entidades participantes serán aspectos fundamentales para evaluar la preparación del país ante posibles emergencias.
La cobertura sanitaria no solo estará dirigida al pontífice y su comitiva, sino también a los ciudadanos nacionales y extranjeros que participen en los encuentros religiosos. Por ello, las autoridades han insistido en que la prevención y la colaboración de los asistentes serán necesarias para el desarrollo seguro de las actividades.
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Dengue: Piura registra un avance del 42% en la vacunación contra el dengue y MINSA anuncia compra de más de un millón de dosisEl Ministerio de Salud busca proteger a 50 mil niños y adolescentes de entre 10 y 20 años en Piura ante el riesgo de incremento de casos por las lluvias y el fenómeno El Niño. El Dr. Alexis Holguín Ruiz, Director Adjunto de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, asegura que no existe desabastecimiento de vacunas y destaca que, tras la aplicación de más de 445 mil dosis durante el año pasado, no se han registrado eventos adversos severos relacionados con la inmunización.
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4 días agoon
30/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
En entrevista con Lima Gris, el Dr. Alexis Holguín Ruiz, explicó los avances de esta segunda fase de inmunización, los criterios para seleccionar a la población beneficiaria, la disponibilidad de dosis y la seguridad de la vacuna.
¿Cómo garantizará el Ministerio de Salud que las vacunas contra el dengue lleguen oportunamente a los 50 mil niños y adolescentes que se busca proteger en Piura?
Sí, efectivamente, la región Piura es una de las regiones más priorizadas en esta implementación, que es la vacunación, si bien esta es una segunda fase, tuvo una primera fase de implementación que empezó en noviembre de 2024. En ese momento también se aplicaron más de 260 mil primeras dosis a nivel nacional. El 50 % de estas dosis fue asignado a la región Piura.
En esta segunda fase, lo que se está haciendo es cerrar estas brechas, terminar de vacunar a estos grupos y también incorporar nuevos distritos en la misma región de Piura, sobre todo, porque son zonas donde hemos tenido casos frecuentemente y sabemos que, en estas épocas de lluvias e inundaciones, podrían verse afectadas. La idea es tratar de mitigar al máximo las atenciones y hospitalizaciones en estos grupos priorizados, que son de 10 a 20 años.
Hay que tener en cuenta que no es la única estrategia, también está la prevención a través de la búsqueda de criaderos y la fumigación para tratar de eliminar a los mosquitos adultos cuando sea necesario.
¿Cuál es el avance actual de la vacunación contra el dengue en Piura?
En el caso de Piura, como mencionaba previamente, ya tenemos un avance en la primera fase, prácticamente, el 50 % de las vacunas que llegaron al país fueron aplicadas en esta región. Ahora nos encontramos en esta segunda fase, con una nueva programación enfocada en estas poblaciones y nuevos distritos, estamos en un 42 %, que es un avance bastante significativo, teniendo en cuenta que ellos ya se han vacunado previamente y también están buscando cerrar las brechas de segundas dosis de los adolescentes que, de repente, no pudieron completarlas a inicios de año o el año pasado.
¿Qué criterios están utilizando para seleccionar a los niños y adolescentes que recibirán la vacuna?
En este caso, son todos los niños y adolescentes de 10 hasta los 20 años, las únicas contraindicaciones son la gestación y las personas que tienen algún tipo de contraindicación. Después, no hay ninguna otra contraindicación absoluta para ello.
¿Qué distritos de Piura tienen prioridad en esta campaña?
A nivel nacional son 50 distritos priorizados, el año pasado fueron 16 y actualmente son 50 distritos. En la región Piura, los que se iniciaron son Bellavista, Castilla, Chulucanas, Pariñas, Piura, Sullana y Tambogrande, a ellos se han agregado algunos distritos más para tratar de cubrir al máximo la población objetivo de esta zona.
¿Qué medidas se han previsto para evitar el desabastecimiento de vacunas y garantizar que los establecimientos de salud cuenten con las dosis necesarias durante toda la campaña?
No tenemos un tema de desabastecimiento, porque son vacunas que se han adquirido recientemente y que en este momento están disponibles en todo el país, en estas regiones y en los distritos priorizados. A ello se ha sumado la gestión de una nueva compra, como muy bien lo ha mencionado el ministro de Salud, de más de un millón de dosis, para dar continuidad a la estrategia, cerrar brechas y, además, ampliar la cobertura a otros distritos que también se tengan priorizados.
¿Qué información deben conocer los padres de familia sobre la eficacia y seguridad de la vacuna contra el dengue?
Se ha trabajado y se ha hecho un estudio durante mucho tiempo, la mayor población que se ha estudiado corresponde a estos grupos etarios, con más de 200 mil niños y adolescentes en quienes se hizo seguimiento para evaluar la eficacia y la seguridad.
Nosotros, como país, somos el tercer país que ha implementado esta estrategia. El primer país fue Brasil, luego siguió Argentina y nosotros, como Perú, somos el tercer país que ha implementado esta intervención.
No es una vacuna que esté disponible en cualquier farmacia o en cualquier lugar, es una compra internacional y son pocos los países que la han implementado. Nosotros estamos apostando por una estrategia nueva, que es prevenir a través de la vacunación, sobre todo en esta población que también es vulnerable.
¿Cuáles son las posibles reacciones adversas que podría generar la vacuna?
En el caso de la vacunación, puede producir algunas molestias como dolor, y fiebre, como cualquier otra vacuna, y, si soy alérgico, puede presentarse algún tipo de alergia, pero nuestras brigadas están capacitadas para manejar estos casos.
¿Estas reacciones se presentan necesariamente en todos los niños y adolescentes vacunados?
Exacto, eso no significa que necesariamente vaya a pasar, en algunas personas no va a haber ningún problema, ni siquiera dolor por el pinchazo. En otras sí puede producir un poco de dolor, enrojecimiento o fiebre.
No son más reacciones que las que se presentan con otro tipo de vacunas, no se han reportado más eventos adversos y, teniendo en cuenta que el año pasado se han aplicado más de 445 mil dosis, entre primeras y segundas dosis, no hemos tenido eventos severos relacionados con la vacuna. Eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Qué mecanismos de seguimiento aplicará el Ministerio de Salud para verificar que se cumpla la meta de vacunación?
Es importante sensibilizar a la población y explicarles que esta vacunación es importante, también, en el caso de los menores de edad, se necesita el consentimiento informado.
Es una vacuna eficaz, es una vacuna segura y es una vacuna gratuita, está disponible en el país. No nos olvidemos de que son dos dosis y están separadas por tres meses, por ello, es importante la comunicación, llegar a los padres de familia y a la población, y explicarles las ventajas de la vacunación.
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SUTEP movilizó a más de 16 mil docentes en 17 regiones y exige mayor presupuesto para EducaciónLa paralización nacional de 24 horas reunió a maestros, auxiliares, cesantes y jubilados en distintas ciudades del país. El gremio reclamó el cumplimiento de acuerdos laborales, mejores pensiones y una mayor inversión educativa, mientras el Ministerio de Educación advirtió que descontaría el día no laborado a quienes acataran la medida.
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5 días agoon
30/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Augusto Calixtro
El paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) se desarrolló el jueves 29 de octubre con movilizaciones en distintas regiones del país. La jornada tuvo como principales demandas el incremento del presupuesto destinado al sector educativo, el cumplimiento de los compromisos laborales pendientes y la mejora de las condiciones económicas de los docentes activos, cesantes y jubilados.
De acuerdo con el reporte difundido por la Defensoría del Pueblo a las 11:04 a. m. del jueves, se registraron movilizaciones en 17 regiones, con una participación estimada de 16 730 personas. Lima y Cajamarca concentraron las mayores cifras, con aproximadamente 3 000 manifestantes cada una, seguidas de Ica, con 2 500; Piura, con 2 000; Loreto, con 1 200; y Arequipa, con 1 000 participantes.
La movilización se produjo en medio de las diferencias entre la dirigencia sindical y el Ministerio de Educación (Minedu) respecto a la legalidad de la paralización y la atención de los reclamos del magisterio. Mientras el sindicato defendió la protesta como una medida para exigir el cumplimiento de sus derechos, la cartera educativa anunció descuentos para los trabajadores que no asistieran a sus centros laborales.
Mayor presupuesto educativo: el principal reclamo del magisterio
Uno de los puntos centrales de la plataforma sindical fue exigir que el presupuesto destinado a Educación alcance el 6 % del producto bruto interno (PBI). Para el SUTEP, el incremento de los recursos resulta necesario para atender las deficiencias de infraestructura de los colegios públicos, mejorar la alimentación escolar, fortalecer la conectividad e incorporar herramientas tecnológicas en las aulas.
El secretario general del gremio, Lucio Castro, cuestionó la asignación presupuestal prevista para el próximo año y sostuvo que los recursos anunciados no responderían a las necesidades del sistema educativo. En declaraciones recogidas por medios de comunicación, el dirigente señaló que la inversión debe reflejarse tanto en mejores condiciones para los estudiantes como en la dignificación del trabajo docente.
El sindicato también solicitó que el Gobierno y el Congreso prioricen los compromisos asumidos con el sector, especialmente aquellos relacionados con la negociación colectiva y las obligaciones económicas pendientes. Entre sus pedidos figuran mejoras en las asignaciones para los maestros que trabajan en zonas rurales, de frontera y del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Pagos pendientes y beneficios laborales: las exigencias del SUTEP
La protesta también puso en agenda las deudas y beneficios laborales que, según la dirigencia sindical, todavía no han sido atendidos por el Estado. Entre los reclamos se encuentran los pagos pendientes de la compensación por tiempo de servicios (CTS) para docentes y auxiliares, así como los subsidios por luto y las asignaciones por tiempo de servicios.
El gremio sostuvo que existen trabajadores que esperan la entrega de estos beneficios durante periodos prolongados, pese a que corresponden a derechos laborales reconocidos. Asimismo, solicitó el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio colectivo suscrito con el Estado el 15 de julio, cuya implementación constituye uno de los principales motivos de la paralización.
Otro punto de la plataforma está relacionado con las condiciones económicas de los docentes que desempeñan sus funciones en localidades alejadas o que enfrentan mayores dificultades de acceso. El sindicato considera que las asignaciones diferenciadas deben ser atendidas para reconocer las condiciones particulares en las que trabajan estos profesionales.
En ese contexto, la dirigencia sindical advirtió que la falta de respuestas concretas podría incrementar el conflicto entre el magisterio y las autoridades nacionales.
Foto: Infobae.
Maestros cesantes y jubilados exigen pensiones dignas
Los docentes retirados también formaron parte de los reclamos, principalmente por la reglamentación de la Ley N.° 32581, vinculada con la mejora de las pensiones de los maestros cesantes y jubilados.
La norma busca establecer mejores condiciones previsionales para los integrantes del magisterio comprendidos en sus alcances. Sin embargo, el SUTEP ha insistido en que su implementación requiere la reglamentación correspondiente y la asignación de recursos que permitan hacer efectivo el beneficio.Para los representantes sindicales, la situación de los docentes jubilados constituye una de las principales deudas pendientes del Estado con quienes dedicaron años de servicio a la educación pública. Por ello, exigieron que el Ejecutivo y el Congreso adopten medidas concretas para avanzar en la aplicación de la norma.
El reclamo previsional se sumó a las demandas por el pago de beneficios laborales y el cumplimiento de los acuerdos colectivos, ampliando el alcance de la movilización más allá de los docentes que actualmente trabajan en las instituciones educativas.
Defensoría del Pueblo reportó más de 16 mil personas movilizadas
La Defensoría del Pueblo desplegó personal en distintas regiones para supervisar el desarrollo de las manifestaciones y verificar el respeto de los derechos de los participantes y de la ciudadanía.
En su reporte de las 11:04 a. m. del 29 de octubre, la institución contabilizó 16 730 personas movilizadas en 17 regiones. Además de Lima y Cajamarca, se registraron concentraciones en Ica, Piura, Loreto, Arequipa, Cusco, Lambayeque, Huánuco, La Libertad, Ucayali, San Martín, Amazonas, Tacna, Tumbes, Áncash y Junín.
La entidad informó que sus oficinas defensoriales realizaron intervenciones para promover el diálogo y facilitar la atención de las demandas del magisterio. En regiones como Loreto, Tumbes y Piura, su personal medió ante los gobiernos regionales para que los representantes de los docentes fueran recibidos por las autoridades.
La Defensoría recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica y sin afectar la integridad de las personas, la propiedad pública o privada ni el libre tránsito. También exhortó a la Policía Nacional a actuar bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Finalmente, pidió al Minedu, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la dirigencia sindical instalar mesas técnicas que permitan alcanzar acuerdos viables y atender las demandas laborales y previsionales sin perjudicar la continuidad del servicio educativo.
Minedu advirtió descuentos por inasistencia a los docentes
Antes de la paralización, el Ministerio de Educación declaró improcedente la convocatoria mediante la Resolución de Secretaría General N.º 239-2026-MINEDU. La cartera argumentó que la medida no cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley N.º 28988, que reconoce a la Educación Básica Regular como servicio público esencial.
A través de un comunicado, el ministerio advirtió que la ausencia de los docentes sería considerada una interrupción del servicio educativo y dispuso que las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) adoptaran las medidas correspondientes.
Asimismo, indicó que los directores de las instituciones educativas debían informar, dentro de un plazo de 24 horas, la relación del personal que no asistiera a dictar clases. Con esa información, se aplicarían los descuentos remunerativos por el día no laborado y se evaluarían las responsabilidades administrativas correspondientes.
La advertencia generó una posición contraria por parte de la dirigencia sindical. Lucio Castro cuestionó la medida y sostuvo que los descuentos buscaban intimidar a los trabajadores que participarían en la movilización. El dirigente también afirmó que el sindicato había planteado alternativas para evitar perjudicar a los estudiantes, entre ellas la recuperación de las clases.
Foto: Defensoría del Pueblo.
SUTEP no descarta una huelga nacional indefinida
Tras la convocatoria del paro, la dirigencia del SUTEP advirtió que podría adoptar medidas de mayor alcance si el Gobierno y el Congreso no atienden sus exigencias. Lucio Castro señaló que una huelga nacional indefinida no está descartada y que su eventual convocatoria dependerá de la decisión de las bases y de la respuesta de las autoridades.
El sindicato manifestó su disposición a participar en espacios de diálogo, siempre que se incorporen sus principales demandas relacionadas con el presupuesto educativo, los beneficios laborales y las pensiones de los docentes retirados.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, reiteró la necesidad de establecer mesas de trabajo que permitan resolver las diferencias sin afectar el derecho a la educación. De esta manera, el desarrollo de las próximas reuniones entre el Ejecutivo, el Legislativo y los representantes sindicales será determinante para conocer si el conflicto se encamina hacia una solución o si se anuncian nuevas medidas de protesta.
La jornada del 29 de octubre volvió a colocar en el debate público las condiciones del sistema educativo y las demandas históricas del magisterio. Aunque la movilización permitió visibilizar los reclamos de miles de trabajadores, la atención de sus exigencias dependerá de los compromisos que asuman las autoridades y de su capacidad para convertirlos en medidas concretas.
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Keiko Fujimori en El Salvador: el modelo Bukele, la mano dura salvadoreña y el CECOT en la mira del PerúDel control de las cárceles a los hospitales y las escuelas, la comitiva peruana revisará qué piezas del modelo salvadoreño podrían influir en las políticas públicas del país.
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5 días agoon
30/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Giovanna Ríos
La presidenta Keiko Fujimori aterrizó en San Salvador el miércoles 28 de octubre de 2026 para iniciar una visita oficial que se extenderá hasta el 31. Allí recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conversará con el presidente Nayib Bukele y sus autoridades, y conocerá de cerca cómo funcionan los sectores de salud y educación. Su objetivo es intercambiar conocimientos frente a la criminalidad y la gestión de los servicios públicos.
Una invitación que terminó en el avión presidencial
Todo empezó a finales de septiembre, cuando Fujimori contó que Bukele la había invitado a conocer El Salvador. Poco después, el canciller Carlos Espá confirmó el encuentro y adelantó que la seguridad ciudadana sería el tema principal de las conversaciones. La propuesta llegó en medio de la preocupación por el avance de las organizaciones criminales y la búsqueda de respuestas del Estado frente a la violencia.
El 7 de octubre, el Senado peruano autorizó el viaje con 38 votos a favor, 11 en contra y una abstención. La resolución legislativa permitió fijar la visita entre el 28 y el 31 de octubre, antes del desplazamiento de la presidenta a España para participar en la Cumbre Iberoamericana. Desde entonces, los equipos diplomáticos de ambos países coordinaron las reuniones previstas en territorio salvadoreño.
La delegación que acompaña a la mandataria reúne a representantes de los sectores Interior, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Salud. También viajan funcionarios vinculados con la gestión pedagógica y la infraestructura educativa. Cada integrante participará en las actividades de su área, que incluyen visitas a establecimientos y reuniones con sus pares salvadoreños durante los días de la agenda oficial.
La comitiva peruana encabezada por la presidenta Keiko Fujimori.
Dentro del CECOT
El CECOT abrió sus puertas en 2023, en el municipio de Tecoluca, y desde entonces se convirtió en uno de los grandes símbolos de la política de seguridad de Bukele. Fue diseñado para albergar hasta 40.000 internos, todos ellos considerados integrantes de organizaciones criminales. Su infraestructura de máxima seguridad forma parte de una estrategia que busca limitar la capacidad de las pandillas para mantener sus operaciones desde las cárceles.
Durante el recorrido, la presidenta conocerá las instalaciones y los mecanismos de funcionamiento del penal. Entre los puntos de la visita figuran la distribución de los internos, los sistemas de vigilancia, el control de las comunicaciones y la organización de los establecimientos de máxima seguridad. Los funcionarios del sector Justicia y del sector Interior participarán de la revisión junto con las autoridades salvadoreñas.
La experiencia salvadoreña incluye también el programa “Cero ocio”, que organiza actividades laborales y productivas para determinados internos. Los presos elaboran mobiliario escolar, confeccionan uniformes y realizan tareas de mantenimiento de infraestructura pública. La delegación peruana tiene previsto revisar cómo funciona esta iniciativa dentro del sistema penitenciario salvadoreño y qué tareas desempeñan los internos que participan en ella.
Los números de Bukele y las dudas que los acompañan
La ofensiva salvadoreña se intensificó en marzo de 2022, cuando el Gobierno declaró el régimen de excepción tras una escalada de homicidios vinculados con las pandillas. Desde entonces se han desarrollado operativos de gran escala y se ha detenido a decenas de miles de personas sospechosas de pertenecer a esos grupos. La política modificó las condiciones de detención y procesamiento judicial, y amplió las facultades del Estado.
Las cifras oficiales muestran una caída pronunciada de los homicidios. La Policía Nacional Civil informó que El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios intencionales y una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes. El Gobierno atribuye ese resultado a las medidas aplicadas durante la administración de Bukele, mientras que algunos analistas han planteado la necesidad de examinar los criterios de contabilización y otros factores.
Del otro lado están las denuncias de organizaciones internacionales, que hablan de detenciones arbitrarias, malos tratos, muertes bajo custodia y restricciones al debido proceso durante la aplicación del régimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció la reducción de la violencia reportada oficialmente, pero cuestionó la prolongación de las medidas extraordinarias y reclamó garantías judiciales para los detenidos.
El espejo peruano: cárceles llenas y celulares en las celdas
En julio de 2025, el Instituto Nacional Penitenciario informó que los 69 establecimientos del país albergaban a 102.854 internos. La sobrepoblación afecta las condiciones de alojamiento, la atención sanitaria, la vigilancia y los programas de rehabilitación.
A ese cuadro se suma el uso de teléfonos celulares y otros objetos prohibidos dentro de los penales, que facilita la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de las cárceles. Las autoridades peruanas enfrentan además delitos organizados desde algunos establecimientos, por lo que el control de las comunicaciones figura entre los temas que la delegación revisará durante su visita a El Salvador.
En enero de 2026, el INPE informó sobre requisas y traslados de internos a centros de mayor contención por razones de seguridad. Estas intervenciones se desarrollan junto con el trabajo de inteligencia criminal, las investigaciones fiscales y la labor de los tribunales, encargados de procesar los casos de las personas detenidas.
Más allá de las rejas: hospitales y colegios
La agenda incluye una visita al Hospital Nacional Rosales, uno de los principales centros públicos de salud de El Salvador. Los funcionarios peruanos conocerán allí experiencias de atención médica y el uso de herramientas digitales, entre ellas la plataforma DoctorSV. El recorrido les permitirá observar cómo se organizan los servicios sanitarios y cómo funcionan las consultas dentro del hospital.
El componente sanitario abarca la gestión de citas, la interoperabilidad de los sistemas clínicos y el uso de tecnología para facilitar la atención de los pacientes. La delegación también observará cómo se coordinan los distintos establecimientos de salud entre sí y qué soluciones digitales utilizan para mejorar el acceso a las consultas. Los representantes del sector Salud encabezarán esta parte del programa.
En el ámbito educativo, la comitiva visitará una institución escolar y sostendrá contactos con autoridades del sector. Los funcionarios peruanos buscan conocer experiencias sobre infraestructura, equipamiento y gestión pedagógica. La visita abarca prácticas relacionadas con la planificación de obras escolares, el mantenimiento de locales y la organización de los servicios educativos, a cargo de los integrantes de la delegación vinculados con esa área.
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