Robo en restaurante Chepita Royal de San Miguel: delincuentes se llevan mochila con laptop e información de colaborador de Lima Gris

Actualidad Robo en restaurante Chepita Royal de San Miguel: delincuentes se llevan mochila con laptop e información de colaborador de Lima Gris El hurto ocurrió el martes 13 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde, en el segundo piso del restaurante Chepita Royal, ubicado en la calle La Mar…

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El hurto ocurrió el martes 13 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde, en el segundo piso del restaurante Chepita Royal, ubicado en la calle La Mar 2376. Las cámaras de seguridad registraron los movimientos de los delincuentes. Lima Gris pide que la Policía Nacional profundice las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer si hubo coordinación con personal del establecimiento.

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15 minutos ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Un almuerzo de trabajo terminó en un robo que compromete no solo las pertenencias de un colaborador de Lima Gris, sino también información periodística de investigaciones que se encontraban en curso. El hecho ocurrió el martes 13 de octubre, aproximadamente a las 3 de la tarde, en el segundo piso del restaurante Chepita Royal, ubicado en la calle La Mar 2376, en el distrito de San Miguel.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, dos sujetos se sentaron en una mesa contigua a la que ocupaba nuestro colaborador. Uno vestía una prenda negra y el otro llevaba una camisa clara a cuadros, pantalón jean azul y zapatillas blancas. Durante su permanencia en el local, los individuos habrían aprovechado la cercanía para sustraer una mochila que contenía objetos personales y una computadora portátil.

En esa laptop se encontraba información vinculada a dos investigaciones periodísticas pendientes relacionadas con el sector cultural. Por esa razón, lo ocurrido trasciende el robo de bienes materiales: también pone en riesgo documentación de trabajo y el desarrollo de pesquisas que Lima Gris tenía previsto continuar.

Al advertir la desaparición de la mochila, nuestro colaborador solicitó de inmediato la revisión de las cámaras de seguridad. Las grabaciones permitieron observar los movimientos de los delincuentes, desde su presencia en el restaurante hasta su salida del establecimiento.

Pero hay un detalle que merece la atención de los investigadores. Según la información recogida por nuestro equipo, minutos antes de la sustracción también habría aparecido un tercer sujeto, vestido con un polo blanco, cuya presencia resulta relevante para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si tuvo alguna participación.

Una actuación que debe esclarecerse

Las circunstancias del robo plantean preguntas que la Policía Nacional debe responder. ¿Cómo ingresaron los sujetos al segundo piso? ¿Por qué permanecieron allí durante varios minutos sin consumir? ¿El personal del establecimiento advirtió su presencia? ¿Qué controles se aplicaron cuando ingresaron y cuando abandonaron el restaurante con una mochila que no les pertenecía?

Nuestro colaborador sostiene que el vigilante permitió su ingreso sin mochilas ni paquetes, mientras que los delincuentes salieron del local llevando la mochila sustraída. Este punto debe ser contrastado con las grabaciones y los testimonios de quienes se encontraban trabajando en el restaurante.

Asimismo, después de realizar algunas indagaciones en la zona, nuestro equipo recibió referencias de que se habrían producido otros robos en establecimientos de la zona. También recogió versiones de trabajadores de otros negocios sobre una presunta coordinación entre delincuentes y empleados de locales comerciales. Corresponde a las autoridades determinar si existe alguna relación con el caso denunciado.

En el caso de Chepita Royal, Lima Gris considera necesario que se esclarezca la actuación del personal que se encontraba de servicio. Nuestro equipo sospecha que el vigilante de la entrada y un mozo podrían haber ayudado con información a los sujetos.

Vigilante del restaurante es uno de los sospechosos.

La preocupación aumenta porque, según nuestro colaborador, al solicitar al administrador los nombres del vigilante y del mozo que habrían estado de turno, este se negó a proporcionarlos. Esa negativa dificulta las indagaciones inmediatas y hace necesario que la Policía requiera formalmente la identificación de los trabajadores y recoja sus declaraciones. Ya que podrían ser parte de una red.

Administrador del restaurante se negó a entregar información.

La Policía tiene la palabra

La denuncia fue presentada en la Comisaría de Maranga. Corresponde ahora a la Policía Nacional del Perú revisar íntegramente las grabaciones, establecer la identidad de los sujetos registrados, identificar al tercer individuo y determinar la ruta que siguieron antes y después del robo.

También resulta fundamental preservar las imágenes originales, establecer los horarios de ingreso y salida, tomar declaraciones al personal y verificar si existen denuncias anteriores que puedan aportar elementos útiles a la investigación.

Lima Gris espera que las diligencias avancen con la celeridad necesaria. No se trata únicamente de recuperar una mochila, objetos personales y una computadora. Se trata de esclarecer un hecho delictivo ocurrido en un establecimiento abierto al público y determinar si existieron responsabilidades adicionales.

Las imágenes están ahí. Los movimientos quedaron registrados. Ahora corresponde a las autoridades convertir esos elementos en pruebas, identificar a los responsables y establecer, sin especulaciones ni encubrimientos, qué ocurrió aquella tarde en el segundo piso de Chepita Royal.

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UGEL 03: Docentes y directivos de EBA presentaron buenas prácticas pedagógicas en jornada virtual

Redacción Lima Gris

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UGEL 03: Docentes y directivos de EBA presentaron buenas prácticas pedagógicas en jornada virtual

En el marco de la semana de gestión, la Red 18 difundió innovaciones orientadas a evitar la deserción escolar, el desarrollo de competencias y garantizar que estudiantes desde los 14 años hasta adultos mayores concluyan la educación básica en los 19 CEBA públicos.

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17 horas ago

14/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 13 de octubre de 2026. Directores y docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de los 19 CEBA de la Red 18 de la UGEL 03 se conectaron la tarde y noche de este martes para compartir experiencias y mejorar su práctica de gestión directiva y de desempeño en el aula.

La actividad, coordinada por Sandra Rojas Valdez, directora del CEBA Bartolomé Herrera, se extendió desde las 5:30 p. m. hasta cerca de las 10 p. m. Contó con la presencia de Rosa Isabel Ninamango Baldeón, jefa del Área de Gestión de la Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva de la UGEL 03, entre otras autoridades.

Tecnología para acompañar la deserción escolar

La propuesta que más atención generó fue la del CEBA Juana Alarco de Dammert. Su directora, Gisella García Moncada, y el profesor Orlando Huincho presentaron un sistema que registra la asistencia mediante códigos QR y notifica por WhatsApp a las familias cuando el estudiante llega y sale del colegio.

El sistema emite alertas automáticas tras tres faltas o tardanzas, permite reportar incidencias y comunicar eventos, y se complementa con un blog de fichas para quienes se ausentan. «Ya no vamos a esperar dos o tres semanas para darnos cuenta de que un estudiante dejó de venir», explicó el docente Huincho, quien propuso extender la herramienta a los 19 CEBA públicos de la jurisdicción.

Pertenencia y tutoría

El CEBA San Francisco de Sales, dirigido por el director Silvio Aylas Gonzales, expuso «Familias que educan», una estrategia tutorial que agrupa a estudiantes de los cuatro grados en «familias» con nombre, valor, color y asesor propios. Según Aylas, el modelo fortalece el sentido de pertenencia y no requiere grandes recursos.

Desde el CEBA Melitón Carvajal, la profesora Diana Melo Olivera destacó la tutoría mensual por valores, una biblioteca digital creada por los docentes Richard Zuma y Alexander Ortega para el plan lector, y el uso de herramientas de gamificación como Kahoot para cerrar las clases.

Inclusión y vida cotidiana

El CEBA Miguel Grau, liderado por la directora Dilcia Chinguel Orozco, presentó dos prácticas. En «Aprendemos para la vida», la profesora Karem Huamán explicó cómo el quiosco escolar sirve de laboratorio para aplicar matemática, lectura y emprendimiento, con participación de unos ocho estudiantes con necesidades educativas especiales. En «Bienestar en movimiento», el profesor Justo Félix Guerrero detalló actividades deportivas, de higiene y alimentación saludable, con apoyo de la red de salud local y los Bomberos.

El CEBA Víctor Andrés Belaúnde, con su directora Liliam Contreras Zambrano y la profesora Lourdes Heredia, mostró su programa con adultos mayores en dos centros de La Victoria, bajo el lema «Nunca es tarde para soñar». El CEBA 1110 República de Panamá, con el director César Dávila Vásquez y la profesora Alison Gutiérrez Calcina, presentó un proyecto de «lectura crítica con enfoque de igualdad de género».

El CEBA Bartolomé Herrera con su directora Sandra Rojas expuso un modelo basado en el diagnóstico, el trabajo colegiado, el monitoreo como acompañamiento, el uso de inteligencia artificial y el plan lector articulado a todas las áreas. La profesora Liliana Moreno, coordinadora del ciclo inicial-intermedio, mostró una sesión sobre el uso del celular, trabajada en los niveles literal, inferencial y crítico, y la técnica SQA para docentes de otras áreas.

Finalmente, la directora Sandra Rojas Valdez, describió una necesidad, que merece una reflexión respecto de las políticas educativas en favor de la modalidad EBA: «A diferencia de la Educación Básica Regular (EBR), nosotros (EBA) no tenemos asignada la hora de tutoría».

Por esta razón, la Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) —liderada hoy por Luis Vásquez Quispe y que en 2015 estuvo a cargo de la exministra de educación Marilú Martens— debe gestionar ante el ministro José Antonio Chang el incremento de dos horas de tutoría para la EBA en el plan de estudios y cuadro de horas 2027.

Esta medida debe contar con financiamiento específico. No puede reducirse a la fórmula de «cumplirse con el propio techo presupuestal», la cual sobrecarga a los CEBA públicos sin otorgarles recursos económicos reales.

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Minedu plantea nuevas sanciones escolares: celulares, tardanzas y agresiones bajo la lupa

El Ministerio de Educación publicó un proyecto que clasifica las faltas en leves, graves y muy graves. La propuesta contempla medidas correctivas, suspensiones y expulsiones, además de restablecer la nota de conducta. Sin embargo, el documento todavía está abierto a comentarios y plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones y la convivencia escolar.

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18 horas ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en debate una nueva propuesta para regular la disciplina en los colegios del país. Mediante la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU, publicada el 12 de octubre en el diario oficial El Peruano, se dispuso difundir el proyecto de decreto supremo que establece los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”.

La iniciativa busca establecer criterios para que directores, docentes y auxiliares intervengan frente a comportamientos que alteren la convivencia en las aulas. Entre los principales cambios planteados figuran una clasificación de las faltas en tres niveles, medidas correctivas y sancionadoras, y el restablecimiento de la nota de conducta.

No obstante, el documento aún no constituye una norma definitiva: el Minedu abrió un plazo de 15 días calendario, contado desde el día siguiente de su publicación, para recibir aportes de entidades públicas y privadas y de la ciudadanía. Por ello, su contenido podría ser objeto de observaciones antes de su aprobación final.

Una propuesta que busca recuperar la disciplina

El ministro de Educación, José Antonio Chang, presentó la iniciativa junto con la presidenta Keiko Fujimori en la institución educativa Felipe Santiago Estenós, ubicada en Chaclacayo. Según la explicación difundida por la Agencia Andina, el objetivo es fortalecer la autoridad de los docentes, promover el respeto mutuo y establecer procedimientos para responder a las conductas que afectan el ambiente escolar.

La propuesta también plantea que las medidas se apliquen de manera gradual y proporcional, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso. Esto implica que no todas las infracciones recibirían la misma respuesta y que las autoridades educativas tendrían que evaluar la conducta, sus consecuencias y los antecedentes del estudiante.

Tres niveles de faltas: ¿qué conductas se considerarían infracciones?

Uno de los principales componentes del proyecto es la clasificación de las conductas estudiantiles en faltas leves, graves y muy graves. La finalidad es establecer una escala de intervención que distinga entre incumplimientos cotidianos y hechos que comprometen la integridad o los derechos de otros integrantes de la comunidad educativa.

Faltas leves: conductas que alteran el desarrollo de las clases

Dentro de esta categoría se consideran comportamientos como distraerse reiteradamente durante las sesiones o perturbar la atención de los compañeros. Para estos casos, la propuesta contempla medidas formativas aplicadas por los docentes, con la finalidad de corregir la conducta y evitar que se repita.

Entre las medidas correctivas mencionadas se encuentran la amonestación verbal o escrita, la reparación del daño ocasionado, la restricción temporal de determinados espacios recreativos o actividades y la separación temporal del aula, manteniendo al estudiante dentro de la institución educativa.

Faltas graves: celulares, tardanzas y agresiones

La propuesta incluye entre las faltas graves el uso indebido de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, así como acumular más de tres tardanzas injustificadas durante un bimestre. También contempla daños a la propiedad escolar, la reincidencia en tres o más faltas leves, agresiones físicas leves sin lesiones, agresiones psicológicas y la posesión o el consumo de sustancias prohibidas.

La lista difundida por Andina añade la presentación de justificativos adulterados, las conductas que vulneren la intimidad o dignidad de los estudiantes, la incitación a retos peligrosos y los actos que afecten la imagen institucional.

Para estas infracciones, el proyecto prevé sanciones que podrían incluir la suspensión de la asistencia hasta por tres días hábiles y la matrícula condicional. La aplicación correspondería a la dirección del colegio, con criterios de gradualidad y proporcionalidad.

Faltas muy graves: violencia, acoso y vulneración de derechos

El tercer nivel reúne conductas que, por su naturaleza, pueden afectar seriamente la seguridad y los derechos de los integrantes de la comunidad educativa. Entre ellas se encuentran el acoso escolar sistemático, la violencia sexual, los actos de odio o apología de la violencia, la extorsión, el cobro de cupos, la discriminación y la alteración violenta del orden.

La propuesta también menciona el hurto o robo de bienes, el porte o uso de armas u objetos punzocortantes, los artefactos incendiarios o explosivos, las grabaciones que vulneren la intimidad, la destrucción intencional de infraestructura, la organización de actividades delictivas o apuestas y la falsificación de documentos.

Asimismo, incluye la promoción o venta de sustancias prohibidas, las falsas denuncias, la difamación, la obstrucción de la labor docente, la suplantación de identidad, la difusión de información privada y el fraude en las evaluaciones.

Para las faltas muy graves, el proyecto contempla la separación definitiva del estudiante. También establece que los hechos que pudieran constituir delitos deben comunicarse a las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

¿Qué sanciones plantea el proyecto?

La iniciativa distingue entre medidas correctivas de carácter formativo y medidas sancionadoras. Las primeras buscan que el estudiante comprenda las consecuencias de su comportamiento y, cuando corresponda, repare el daño. Las segundas se reservan para infracciones de mayor gravedad o conductas reiteradas.

Entre las principales medidas anunciadas figuran:

Amonestaciones: verbales o escritas, según la conducta.
Reparación del daño: acciones destinadas a corregir las consecuencias de una afectación material.
Restricciones temporales: limitaciones sobre determinados espacios recreativos o actividades.
Separación temporal del aula: el estudiante permanece dentro de la institución educativa.
Suspensión: hasta tres días hábiles, bajo las condiciones previstas en el proyecto.
Matrícula condicional: medida planteada para determinados casos graves o reiterados.
Separación definitiva: propuesta para faltas muy graves y algunos supuestos de reiteración.

El documento también contempla un procedimiento para solicitar la reconsideración de una separación definitiva: la familia dispondría de tres días hábiles para presentar la solicitud y la institución tendría cinco días hábiles para resolverla.

Según la información difundida por Andina, la propuesta incluye mecanismos para procurar que los estudiantes separados definitivamente no queden sin acceso a la educación, mediante alternativas educativas a cargo de la UGEL correspondiente.

Celulares en el colegio: disciplina sin vulnerar la intimidad

El uso de dispositivos electrónicos es uno de los puntos que más atención ha generado. La propuesta considera falta grave el uso indebido de celulares y otros equipos electrónicos. Sin embargo, este tema debe analizarse junto con la regulación específica sobre el uso de teléfonos en las instituciones educativas.

El Minedu ha señalado que las medidas de supervisión deben respetar la dignidad y la intimidad de los estudiantes. En la información publicada por Andina se precisa que la vigilancia escolar no autoriza a revisar el contenido de los celulares, como mensajes, fotografías o llamadas.

También se contemplan excepciones para usos con fines pedagógicos, necesidades vinculadas con la salud o discapacidad y situaciones de emergencia, de acuerdo con las condiciones aplicables.

La discusión, por tanto, no se limita a restringir el uso de dispositivos: también involucra la protección de datos personales, la prevención del ciberacoso y la responsabilidad compartida entre las escuelas y las familias.

La nota de conducta vuelve al debate educativo

Otro de los aspectos anunciados es el restablecimiento de la nota de conducta en las escuelas. Según la presentación difundida por Andina, se plantea una calificación vigesimal de 0 a 20, en la que una nota inferior a 11 sería desaprobatoria.

La incorporación de esta evaluación abre interrogantes sobre los criterios que utilizarán los colegios, la manera en que se documentarán las faltas y las garantías para evitar decisiones arbitrarias. Para que el sistema sea comprensible para estudiantes y familias, será importante conocer cómo se determinará la calificación y qué mecanismos de revisión estarán disponibles.

El reto: establecer límites sin convertir la disciplina en castigo

La propuesta coloca en primer plano una discusión que atraviesa a las comunidades educativas: cómo responder a las agresiones, el acoso escolar y las conductas que interrumpen las clases sin vulnerar los derechos de los estudiantes.

El establecimiento de procedimientos claros puede ayudar a reducir la discrecionalidad en la aplicación de sanciones. Sin embargo, la eficacia de cualquier medida dependerá de su aplicación, de la capacitación del personal educativo y de la existencia de mecanismos para prevenir la violencia y atender a quienes la sufren.

También será relevante que el Minedu explique cómo se garantizará la continuidad educativa en los casos de separación definitiva y cómo se evaluará el impacto de las medidas en la convivencia escolar.

El proyecto todavía está en etapa de recepción de comentarios. Por eso, las observaciones de docentes, especialistas, familias y estudiantes pueden contribuir a precisar las medidas, identificar posibles dificultades y fortalecer las garantías antes de su aprobación final.

Una norma en consulta, no un reglamento definitivo

La Resolución Ministerial N.º 613-2026-MINEDU dispone la publicación del proyecto y establece un plazo de 15 días calendario para remitir aportes y opiniones al correo [email protected], utilizando el formato previsto por el sector.

La Dirección de Gestión Escolar será la encargada de recibir, procesar, sistematizar y evaluar los comentarios. El resultado de esta etapa será importante para conocer qué aspectos se mantienen, cuáles se modifican y cuándo se aprobará la versión definitiva.

Hasta entonces, la discusión debe centrarse en el contenido de la propuesta y sus posibles consecuencias, sin confundir los lineamientos en consulta con una regulación final ya implementada.

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Chorrillos bajo la lupa: funcionaria firmó documentos presupuestales durante viaje a Francia y gerente municipal es cuestionado

Mayra Bejar Villegas, jefa de Planeamiento y Presupuesto, figura suscribiendo certificaciones por S/ 43.494 mientras se encontraba fuera del país. Una denuncia ciudadana solicita investigar las autorizaciones, los registros de asistencia y la supervisión del gerente municipal Pablo Zegarra. La comuna aún no ha ofrecido una explicación oficial.

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18 horas ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Un viaje a Europa, documentos presupuestales firmados durante una ausencia del país y cuestionados movimientos de personal en áreas clave han puesto bajo la lupa a la Municipalidad Distrital de Chorrillos. En el centro de la controversia aparece Mayra Alejandra Bejar Villegas, jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, cuya actuación ha motivado una denuncia ciudadana que también alcanza al gerente municipal, Pablo Gustavo Zegarra Urquizo, por presuntas omisiones en sus responsabilidades de supervisión.

Los documentos adjuntos a la denuncia presentada por el ciudadano Víctor Raúl Huamán Rojas revelan una situación que merece ser esclarecida. Según el certificado de movimientos migratorios, Bejar Villegas salió del Perú rumbo a Francia el 18 de septiembre de 2026 y retornó el 29 del mismo mes. Sin embargo, durante su permanencia en Europa, se emitieron documentos oficiales de la Municipalidad de Chorrillos que llevan su firma digital, pese a encontrarse fuera del territorio nacional.

El 21 de septiembre, mediante Memorándum N.° 001513-2026-MDCH/OPE, la funcionaria figura aprobando una certificación de crédito presupuestario por S/ 41,994 para la adquisición de repuestos de motor destinados a una unidad vehicular municipal. Dos días después, el 23 de septiembre, aparece nuevamente su firma digital en el Memorándum N.° 001538-2026-MDCH/OPE, correspondiente a otros S/ 1,500 para la contratación de un certificado digital. En total, S/ 43,494 en certificaciones presupuestales fueron suscritas durante su estadía en el extranjero, aunque estos documentos no acreditan desembolsos efectivos ni, por sí solos, la comisión de una irregularidad.

Viaje a Francia y descuentos por inasistencia

La controversia tomó mayor notoriedad tras una publicación difundida en Facebook, acompañada de fotografías atribuidas a Bejar Villegas durante su viaje a Francia. En las imágenes aparece frente a la Torre Eiffel y en un recinto deportivo. Si bien las fotografías no permiten precisar cuándo fueron tomadas, el registro migratorio presentado confirma su salida y retorno del territorio nacional.

A ello se suma un documento que plantea nuevas interrogantes. La boleta de remuneraciones de septiembre consigna un sueldo mensual de S/ 13,000 y un descuento de S/ 3,900 correspondiente a nueve días de faltas. Es decir, mientras la administración municipal registraba inasistencias, también se emitían documentos presupuestales con su firma digital.

Fuente: Migraciones.

La pregunta resulta inevitable: ¿contaba la funcionaria con alguna autorización para ejercer sus atribuciones desde el extranjero? ¿Quién supervisó estas actuaciones y bajo qué condiciones se realizaron? La documentación disponible no permite establecer que las firmas fueran ilegales, pero sí justifica que la municipalidad explique la situación administrativa de Bejar Villegas durante esos días.

Gerente municipal en el centro de los cuestionamientos

La denuncia también pone bajo cuestionamiento a Pablo Gustavo Zegarra Urquizo, gerente municipal de Chorrillos, por su presunto conocimiento de los hechos y la supuesta falta de medidas de supervisión frente a las actuaciones de la funcionaria.

El denunciante sostiene, además, que entre ambos existiría una relación sentimental que podría representar un conflicto de intereses. Sin embargo, esta afirmación no ha sido corroborada de manera independiente y tampoco constituye, por sí misma, evidencia de colusión o encubrimiento. Lo que corresponde determinar es si existieron autorizaciones, omisiones funcionales o decisiones administrativas contrarias a las normas que rigen la gestión municipal.

Cambios en áreas financieras generan más interrogantes

Los cuestionamientos no se limitan al viaje. La publicación difundida en Facebook también señala movimientos de personal registrados el 6 de octubre en dos áreas vinculadas con la administración de recursos municipales.

Según dicha publicación, mediante Resolución de Gerencia N.° 000278-2026 se habría dispuesto el cese de Jorge Leonardo Valdivia Bancoff, vinculado a Administración y Finanzas. Asimismo, a través de la Resolución N.° 000272-2026, se habría aceptado la renuncia de Jorge Armando Huertas López, del área de Tesorería.

El denunciante cuestiona estos cambios y plantea que podrían formar parte de una reorganización de puestos estratégicos. No obstante, las resoluciones originales y los expedientes correspondientes deberán ser revisados para determinar las razones de cada decisión. Hasta el momento, la documentación examinada no acredita que los movimientos hayan sido arbitrarios ni que respondan a intereses particulares.

Exigen intervención de los órganos de control

En su escrito del 30 de septiembre, Huamán Rojas solicita verificar los registros de asistencia, permisos, licencias, remuneraciones y autorizaciones administrativas de Bejar Villegas. Asimismo, pide que los hechos sean evaluados por la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y el Órgano de Control Institucional.

El caso exige esclarecer si se respetaron las disposiciones sobre el ejercicio de funciones durante las ausencias laborales y si los mecanismos de supervisión municipal operaron correctamente. De identificarse indicios de alguna conducta delictiva, corresponderá su evaluación por parte del Ministerio Público.

Al cierre de esta edición, no se contaba con una explicación oficial de la Municipalidad de Chorrillos ni con los descargos de los funcionarios cuestionados. La atención recae ahora sobre la gestión del alcalde Richard Cortez Melgarejo, a quien corresponde garantizar que los hechos sean esclarecidos y que las instancias competentes actúen conforme a sus atribuciones.

Porque el fondo de esta denuncia no es el viaje de una funcionaria a Francia, sino las condiciones en que continuó suscribiendo documentos oficiales mientras registraba días de inasistencia. Y cuando se trata de administrar recursos públicos, las autorizaciones, los controles y las responsabilidades deben estar claramente establecidos.

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Cantagallo: familias shipibo-konibo, cada vez más cerca de acceder a una vivienda

Tras el incendio de 2016, el Estado anunció alternativas habitacionales para las familias de la comunidad shipibo-konibo del Rímac. El proyecto inicial enfrentó dificultades por las condiciones del terreno y, posteriormente, se planteó el acceso al programa Techo Propio.

Published

2 días ago

13/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La búsqueda de una vivienda digna se convirtió en una de las principales demandas de las familias shipibo-konibo de Cantagallo, en el distrito limeño del Rímac. Después del incendio de noviembre de 2016, que destruyó numerosas viviendas, las autoridades anunciaron alternativas para atender a la población afectada. Sin embargo, las dificultades técnicas del terreno previsto para el proyecto original obligaron a evaluar otras opciones habitacionales.

En julio de 2021, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció una convocatoria especial del programa Techo Propio para que familias empadronadas pudieran acceder a un Bono Familiar Habitacional. La medida buscaba facilitar la adquisición de una vivienda nueva, aunque el anuncio no demuestra por sí solo que todas las familias hayan recibido el beneficio.

El incendio que cambió la situación de Cantagallo

La emergencia de 2016 destruyó viviendas y dejó a numerosas familias damnificadas. Foto: consignar autor y medio originales.

El incendio ocurrido el 4 de noviembre de 2016 afectó gravemente a la comunidad. De acuerdo con el reportaje publicado por RPP en septiembre de 2017, el siniestro destruyó 436 viviendas y dejó a más de 2.000 personas damnificadas.

Frente a la emergencia, se planteó la construcción de un complejo habitacional para 238 familias empadronadas. La propuesta contemplaba viviendas de material noble y servicios básicos, con el objetivo de ofrecer una alternativa a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaba la población.

No obstante, los anuncios iniciales debían superar una serie de requisitos técnicos antes de convertirse en viviendas entregadas. El desarrollo del proyecto evidenció que la solución no dependía únicamente de construir, sino también de asegurar que el terreno cumpliera con las condiciones necesarias para albergar a la comunidad.

Más de 430 viviendas fueron afectadas y decenas de familias quedaron en la calle por el incendio de 2016. Foto: El Comercio / Collage Edición: Augusto Calixtro.

El terreno y los riesgos identificados

El estudio técnico del terreno fue determinante para replantear la alternativa habitacional. Foto o documento: MVCS, según el material original utilizado.

En septiembre de 2019, el Ministerio de Vivienda informó que un estudio geotécnico había identificado condiciones que requerían atención en el terreno previsto para el proyecto. El comunicado también reportó la presencia de plomo y arsénico.

Según la información ministerial, la evaluación de riesgos identificó un escenario de peligro muy alto, vulnerabilidad alta y riesgo muy alto. Estas condiciones llevaron a revisar la propuesta inicial y a evaluar alternativas para atender a las familias.

El caso puso en evidencia la importancia de que cualquier solución habitacional garantice la seguridad de sus ocupantes. Una vivienda debe ofrecer protección frente a los riesgos del entorno y contar con condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida cotidiana.

Foto: Mininter / Collage Edición: Augusto Calixtro.

Techo Propio como alternativa para las familias

En 2021, el MVCS anunció una convocatoria especial para facilitar la adquisición de vivienda nueva. Foto: identificar la autoría en la publicación original.

El 16 de julio de 2021, el Ministerio de Vivienda anunció una convocatoria especial del programa Techo Propio dirigida a las familias empadronadas de Cantagallo. La medida se enmarcó en la Resolución Ministerial N° 201-2021-VIVIENDA y contemplaba un Bono Familiar Habitacional de hasta S/ 109.200 por familia, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

La propuesta buscaba que los beneficiarios pudieran comprar una vivienda en lugar de continuar con el proyecto en el terreno originalmente previsto. El ministerio también informó sobre mecanismos de coordinación intersectorial para elaborar una intervención que atendiera las necesidades de la comunidad.

Sin embargo, existe una diferencia entre anunciar una convocatoria, aprobar un subsidio y confirmar que una familia adquirió una vivienda. Para establecer cuántas personas accedieron efectivamente al beneficio, se requiere información actualizada del ministerio y de los representantes de Cantagallo.

Foto: Andina.

La vivienda también implica servicios básicos e identidad cultural

La atención habitacional debe considerar también las necesidades sociales y culturales de la comunidad. La demanda de vivienda no se limita a disponer de una construcción segura. También comprende el acceso al agua potable, el saneamiento y otros servicios esenciales, además de condiciones que permitan mantener la organización comunitaria y las prácticas culturales de la población shipibo-konibo.

En abril de 2020, RPP informó sobre las dificultades de integrantes de la comunidad para acceder a servicios básicos de agua y desagüe. El reporte recogió demandas de intervención estatal frente a las condiciones en las que vivían algunas familias.

Por ello, la atención del caso requiere una mirada integral. La solución habitacional debe considerar la seguridad física de las viviendas y las condiciones necesarias para que las familias puedan desarrollar sus actividades cotidianas, económicas y culturales.

Foto: Bussiness Empresarial.

¿Cuántas familias han accedido a una vivienda?

Los antecedentes publicados entre 2017 y 2021 permiten reconstruir los anuncios y las dificultades que marcaron el proceso habitacional de Cantagallo. Sin embargo, no permiten confirmar cuántas familias han adquirido una vivienda hasta octubre de 2026, cuántos bonos fueron desembolsados o qué compromisos siguen pendientes.

Para actualizar la situación, el Ministerio de Vivienda debe precisar el número de beneficiarios, los subsidios efectivamente otorgados y las viviendas adquiridas. También resulta necesario recoger la versión de los dirigentes de la comunidad y conocer las condiciones en las que viven actualmente las familias que todavía esperan una solución.

El caso de Cantagallo exige diferenciar entre los compromisos anunciados y los resultados concretos. El seguimiento periodístico debe determinar si las medidas implementadas han permitido que las familias accedan a viviendas seguras, servicios básicos y condiciones adecuadas para preservar su identidad cultural.

Foto: Untold Magazine / Collage Edición: Augusto Calixtro.

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Cusco arde: cuatro incendios activos y cinco muertos en lo que va del año

En Cusco, los incendios forestales superan los 300 en lo que va de 2026. El fuego ha destruido vegetación, pastizales y cultivos, afectando los ecosistemas y las actividades agropecuarias de las zonas perjudicadas.

Published

2 días ago

13/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Cuatro incendios forestales permanecen activos en Cusco, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y recogió el diario oficial El Peruano el 11 de octubre. Los focos se ubican en las comunidades de Accha Baja y Rayampata, en la provincia de Calca; en Limatambo, en Anta; y en los distritos de Inkahuasi y Maranura, en La Convención.

Efectivos del Ejército y bomberos voluntarios trabajan en el terreno junto a autoridades nacionales, regionales y locales. El Gobierno dio prioridad a Calca porque las condiciones del terreno dificultan el acceso a los sectores comprometidos. La presidenta Keiko Fujimori anunció el envío de helicópteros y de un avión para apoyar el control del fuego.

Lo que se quemó

Los incendios destruyeron vegetación natural, pastizales y cultivos. En Calca, el de Accha Baja habría consumido cerca de 200 hectáreas, según Correo, y llegó hasta el canal inca que lleva agua a las parcelas entre San José de Urco, Rayampata y Accha Baja. Para los productores, perder pastos y sembríos es quedarse sin el alimento del ganado y sin la cosecha con la que se sostienen.

Dimensionar el daño total, sin embargo, no es sencillo. Los reportes publicados dan cifras distintas y no existe un balance único que mida la extensión con una metodología homogénea: la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres habló de más de 16.000 hectáreas afectadas este año, el COER Cusco reportó más de 8.000 y Correo, más de 10.000.

Con el número de incendios pasa algo parecido. Según Correo, en Cusco ya pasan de 300 en lo que va del 2026, y a escala nacional el Indeci contabilizaba 58 activos hasta el 11 de octubre, mientras que el Serfor registraba 77 confirmados hasta el 10, con Cusco, Apurímac y Junín entre los más afectados.

Cinco muertos en cuatro provincias

La Defensoría del Pueblo informó de cinco fallecimientos relacionados con los incendios forestales en Cusco este año. Las muertes ocurrieron a lo largo de la temporada, en las provincias de Acomayo, Urubamba, Calca y Paucartambo. Según La República, tres de las víctimas eran adultos mayores y las otras dos son los hermanos de 11 y 18 años, que murieron por las quemaduras que sufrieron en Pomacanchi. La Defensoría hizo seguimiento a la atención hospitalaria que recibieron.

En 2024 y en 2025, la región había reportado cuatro muertes por incendios forestales cada año. Las autoridades regionales pidieron a las familias proteger a los adultos mayores en zonas rurales y no dejarlos solos cuando el fuego amenaza sus viviendas.

Los anuncios de la presidenta

Frente a ese panorama, el Gobierno reforzó la respuesta. Keiko Fujimori supervisó las operaciones desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y, anunció el envío a Cusco de dos helicópteros equipados con helibaldes y de un avión Spartan acondicionado para transportar agua. Un helicóptero con helibalde puede cargar 1.200 litros por vuelo, según el Midagri, y el Spartan, 1.000, según el mayor general Luis Cortijo, de la FAP.

En su intervención, Fujimori destacó el papel de las Fuerzas Armadas cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta local y reconoció el trabajo de los bomberos y de la población organizada. Pidió además precaución con las quemas agrícolas y advirtió que el fuego puede descontrolarse con condiciones climáticas adversas.

La falta del riego y El Niño agravan el escenario

La advertencia de Fujimori sobre el clima coincide con lo que muestran los reportes técnicos. El Senamhi mantuvo hasta el 10 de octubre una alerta por condiciones favorables para que el fuego se inicie y se propague, sobre todo en la sierra sur: ausencia de lluvias, menos humedad, más calor durante el día y ráfagas de viento.

El meteorólogo Abraham Levy explicó que gran parte de la sierra sur tiene el aire muy seco, algo ideal para que los incendios se formen y crezcan, y lo relacionó con El Niño, que dejará lluvias insuficientes en la sierra y la selva. En Calca ya se vio: el fuego llegó a darse por controlado hacia el mediodía del 11 de octubre, pero los fuertes vientos reavivaron las llamas.

Detrás de los incendios, las quemas

En Cusco, las autoridades identifican como causas habituales las quemas para preparar terrenos agrícolas, eliminar vegetación, alimentar al ganado y cocinar, además de rituales y ofrendas a la Pachamama. Según La República, el 98% de los incendios forestales tiene origen humano.

Las autoridades pidieron no quemar pastizales, residuos agrícolas, maleza ni basura, y evitar arrojar fósforos o colillas en zonas secas. El vicecomandante departamental de los Bomberos pidió que quien haga roce o quema de pastizales lo haga a una hora en que no haya viento y con personas que ayuden a controlar cualquier fuga de fuego. Provocar un incendio forestal se castiga con hasta seis años de cárcel y multas de hasta S/ 27,5 millones.

Ayuda para los productores afectados

Para quienes perdieron pastos y cultivos, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció la entrega de kits de alimentación animal, abonos foliares, semillas, pacas de heno, sistemas de riego y materiales para conservar praderas. La ayuda incluye también asistencia técnica y capacitación para los beneficiarios.

AGRO RURAL tiene a su cargo la alimentación del ganado, la recuperación de cultivos y la conservación de pastizales. Es la entidad que responde por lo que los productores necesitan para que sus animales vuelvan a comer y sus campos vuelvan a producir.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria ya hizo entregas. Dio 400 kilogramos de avena en Calca y, en Paccaritambo, provincia de Paruro, entregó 500 kilogramos de avena, 500 de trigo y 300 de haba, destinados a la recuperación agrícola en las zonas atendidas.

Foto: Andina.

¿Está sirviendo la ayuda?

La respuesta es limitada frente a la magnitud del problema. Los cuatro focos siguen activos, la superficie quemada no tiene una cifra única y no se sabe cuántas familias recibirán los kits anunciados. El avión Spartan y el helicóptero MI-17 ya operan en Calca, pero el vicecomandante departamental de los Bomberos reconoció que ni con ellos se pudo controlar el fuego. Con lo que hay hasta ahora, la ayuda llega, pero no alcanza para controlar el fuego ni para cubrir lo que las familias perdieron.

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Actualidad

Extorsiones y ataques contra transportistas en Lima: ¿qué medidas de protección se están aplicando?

El Plan Escudo, el despliegue de efectivos policiales, el patrullaje en rutas y la coordinación entre transportistas y autoridades forman parte de la respuesta estatal frente a la criminalidad. Sin embargo, los recientes ataques mantienen en debate la capacidad de estas acciones para proteger a conductores, pasajeros y empresas de transporte.

Published

3 días ago

12/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La extorsión contra el transporte público continúa siendo uno de los problemas de seguridad que afectan a Lima y Callao. Las amenazas contra empresas, los ataques a unidades y la violencia contra conductores no solo ponen en riesgo la vida de los trabajadores y pasajeros, sino que también generan incertidumbre sobre la continuidad de un servicio utilizado diariamente por miles de personas.

El problema volvió a la agenda pública el viernes 9 de octubre, cuando representantes de empresas de transporte urbano se reunieron con altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la sede del Ministerio del Interior (Mininter), en San Isidro, para coordinar acciones frente a los ataques delincuenciales. Julio Bretoneche, representante de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, señaló que no existía, hasta ese momento, un acuerdo para realizar un paro en Lima y Callao.

La reunión evidenció que la respuesta frente a las extorsiones no depende únicamente de los operativos policiales: también requiere coordinación con los gremios, seguimiento de las denuncias e información verificable sobre los resultados de las intervenciones.

El Plan Escudo: presencia policial en rutas y paraderos

Una de las principales medidas anunciadas por el Ministerio del Interior es el Plan Escudo, estrategia que contempla el despliegue de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas en puntos considerados prioritarios para la seguridad del transporte público.

Según información oficial publicada por el Mininter el 11 de agosto de 2026, más de 4.000 efectivos policiales, con apoyo militar, participaban en acciones de prevención en patios de maniobras, paraderos y principales rutas de Lima Metropolitana. El operativo incluía patrullaje motorizado, puestos fijos de vigilancia y acompañamiento policial a unidades de transporte.

El ministerio también informó que las unidades incorporadas a esta estrategia estaban interconectadas con la Central de Emergencia 105 de la PNP, mecanismo destinado a facilitar la comunicación y la respuesta ante una situación de riesgo.

Estas acciones buscan aumentar la presencia del Estado en los espacios donde operan las empresas y circulan los vehículos. No obstante, para evaluar su efectividad es necesario conocer cuántas rutas reciben acompañamiento, durante qué horarios se mantienen los controles, qué tiempo de respuesta se registra y cuántas denuncias han derivado en investigaciones o detenciones.

Fuente: Ministerio del Interior, nota de prensa del 11 de agosto de 2026, sobre el despliegue del Plan Escudo.

Fotos: Mininter.

Coordinación entre transportistas y Policía

Las reuniones entre los gremios y las autoridades constituyen otro componente de la respuesta. El encuentro del 9 de octubre permitió abordar la preocupación de los representantes del sector frente a los ataques y coordinar acciones con mandos policiales.

De acuerdo con los reportes periodísticos de RPP y Diario Correo, en la reunión participaron representantes de la Policía vinculados con la investigación criminal. Sin embargo, la información publicada sobre el encuentro no detalla un cronograma completo de nuevas medidas, metas cuantificables ni resultados posteriores que permitan establecer el alcance de los acuerdos.

Por ello, el seguimiento periodístico debe precisar qué compromisos asumió cada institución, qué responsables quedaron a cargo de ejecutarlos y cuándo se presentarán resultados. La coordinación institucional es un paso importante, pero necesita traducirse en acciones comprobables para los trabajadores del transporte.

Un problema respaldado por cifras del Ministerio Público

La magnitud de la violencia también aparece en las estadísticas oficiales. Un reporte del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, difundido por la Agencia Andina el 29 de junio de 2026, identificó 214 atentados vinculados con presuntos casos de extorsión contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026.

Estos hechos dejaron 283 víctimas: 152 fallecidas y 131 heridas, según el reporte. Además, el 94,4 % de los atentados tuvo como objetivo unidades de transporte público, mientras que los conductores concentraron el mayor porcentaje de víctimas.

El documento también identificó a San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores entre los distritos con mayor concentración de ataques. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 126 atentados, de los cuales 87 tuvieron víctimas fallecidas o lesionadas.Las cifras permiten dimensionar la gravedad del problema, pero deben interpretarse dentro del periodo estudiado. No representan necesariamente el total de casos ocurridos después de mayo de 2026 ni permiten afirmar, por sí solas, que las medidas actuales hayan fracasado o tenido éxito.

Capacitación y prevención de la extorsión

La intervención policial no es la única herramienta contemplada por las instituciones. En diciembre de 2025, el Mininter informó que más de 800 transportistas habían recibido capacitación en prevención de extorsiones y protección de datos personales, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Las sesiones incluyeron orientación sobre cómo actuar y denunciar sin exponer innecesariamente la integridad de los trabajadores, preservar evidencias para las investigaciones y proteger sus datos personales en redes sociales y grupos de mensajería.

El ministerio también informó sobre mecanismos para reportar cuentas utilizadas en presuntas extorsiones mediante billeteras digitales, a fin de facilitar el rastreo correspondiente por las autoridades competentes.

Estas acciones preventivas complementan el trabajo policial, aunque su alcance debe examinarse con preguntas concretas: ¿cuántas empresas y trabajadores han sido capacitados durante 2026?, ¿qué seguimiento reciben después de los talleres?, ¿y qué canales de orientación están disponibles para quienes denuncian nuevas amenazas?

Tecnología para identificar zonas de riesgo

Otra iniciativa reportada por la Agencia Andina en abril de 2026 fue el lanzamiento de un visor de seguridad de la ATU, destinado a contribuir a la prevención de extorsiones y sicariato en el transporte público.

Según la información publicada, la herramienta cruza datos relacionados con casos registrados por la Policía durante 2025 y lo que iba de 2026 para identificar zonas de riesgo y apoyar la planificación del patrullaje preventivo.

El uso de información georreferenciada puede ayudar a priorizar recursos y reconocer patrones delictivos. Sin embargo, el lanzamiento de una herramienta no demuestra automáticamente una reducción de los ataques. Para medir su utilidad, sería necesario conocer si la información se actualiza, qué entidades la utilizan y qué resultados se obtienen en las zonas priorizadas.

¿Qué falta para medir la efectividad de las medidas?

La existencia de operativos, capacitaciones y mecanismos de coordinación demuestra que se han anunciado o ejecutado distintas acciones de protección. El siguiente paso es comprobar su continuidad y sus resultados.

Para ello, el Mininter y la PNP deberían precisar el número de efectivos asignados por zona y horario, las rutas que cuentan con acompañamiento, los tiempos de respuesta ante emergencias y los resultados de las investigaciones por extorsión. La ATU, por su parte, puede aportar información sobre las empresas y rutas comprendidas en sus iniciativas de seguridad.

También es importante recoger testimonios de conductores, cobradores, dirigentes y pasajeros. Sus experiencias permitirían conocer si la presencia policial se mantiene durante los recorridos, si existen canales accesibles para reportar amenazas y si los trabajadores reciben orientación cuando son víctimas de extorsión.

La información debe contrastarse con registros oficiales y testimonios independientes, sin atribuir a una persona o grupo la responsabilidad de un delito cuando no haya confirmación de las autoridades competentes.

La seguridad del transporte exige resultados verificables

La extorsión contra transportistas no afecta únicamente a las empresas. También compromete la integridad de conductores y pasajeros, la estabilidad laboral de quienes dependen del servicio y la movilidad cotidiana de la ciudad.

El Plan Escudo, el patrullaje preventivo, el acompañamiento policial, la coordinación entre gremios y autoridades, las capacitaciones y el uso de herramientas tecnológicas forman parte de las medidas reportadas para enfrentar el problema. Sin embargo, la respuesta no puede evaluarse solamente por la cantidad de operativos anunciados.

El desafío para las instituciones es demostrar que estas acciones se mantienen, llegan a las zonas de mayor riesgo y contribuyen a reducir los ataques. Para Lima, recuperar la seguridad del transporte público requiere una intervención sostenida, investigaciones eficaces y transparencia sobre los resultados.

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Actualidad

Luz Venus Flores Qqesihuallpa: la jueza que decidió hablarle a una niña en el lenguaje de la justicia verdadera [VIDEO]

La magistrada del Juzgado de Familia de Anta, en Cusco, elaboró un video animado para explicar a una niña de siete años las medidas dictadas para protegerla de la violencia que habría sufrido. Una iniciativa que coloca la sensibilidad humana en el centro de la función judicial y demuestra que una resolución no basta si quien necesita protección no puede comprenderla.

Published

3 días ago

11/10/2026

Redacción Lima Gris

La justicia suele tener un idioma propio. Habla mediante expedientes, resoluciones, notificaciones y términos jurídicos que incluso los adultos tienen dificultades para comprender. Para una niña de siete años, enfrentada a una situación de violencia familiar, ese lenguaje puede convertirse en una barrera más en medio del miedo y la incertidumbre.

En el programa Hora 13, conducido por el periodista Servando Morales, que se transmite por Inka Visión en Cusco, se mencionó que la jueza Luz Venus Flores Qqesihuallpa, del Juzgado de Familia de Anta, en Cusco, decidió romper esa barrera. En lugar de limitarse a notificar una resolución judicial, preparó un video animado titulado Mi decisión para cuidarte, con el propósito de explicarle a la menor, mediante palabras sencillas e imágenes, las medidas adoptadas para protegerla.

La diferencia parece elemental. No lo es. En un sistema judicial acostumbrado a medir su trabajo por resoluciones emitidas, audiencias realizadas y expedientes tramitados, detenerse a pensar cómo entiende una niña lo que acaba de decidir un juez supone colocar a la persona por encima del papel. Y eso, precisamente, es lo que merece ser reconocido.

Una resolución que también debía ser comprendida

El caso involucra a una menor que habría sufrido violencia por parte de su madre y su padrastro. Según la información difundida sobre la intervención judicial, las medidas de protección establecen su permanencia en una casa de acogida, atención psicológica especializada y la prohibición de acercamiento o de nuevas agresiones por parte de los denunciados, bajo apercibimiento de sanción penal.

Pero la jueza entendió que dictar esas disposiciones no era suficiente. También debía conseguir que la niña supiera por qué se encontraba en un nuevo entorno, qué significaban las medidas y a quién podía acudir si necesitaba ayuda.

Por eso, el video presenta a la magistrada como una guardiana encargada de velar por la seguridad de la infancia. Con un tono cercano, le explica a la menor que nadie tiene derecho a hacerle daño, ni mediante golpes ni con gritos o palabras hirientes. Le recuerda, además, que no es culpable de lo ocurrido y que las autoridades deben velar por su bienestar.

Hay una frase que resume el sentido de toda la iniciativa: la niña no tiene la culpa de nada.

En un contexto de violencia familiar, esa explicación tiene un valor que trasciende el procedimiento judicial. Un niño puede llegar a creer que es responsable de los conflictos de los adultos, que merece el castigo o que debe guardar silencio. Explicarle que tiene derechos y que existen personas e instituciones obligadas a protegerlo constituye también una forma de acompañamiento.

El interés superior del niño no puede quedarse en el expediente

Durante años, las instituciones han invocado el principio del interés superior del niño. Aparece en normas, informes y discursos oficiales. Sin embargo, su cumplimiento exige algo más que citar una disposición legal: requiere decisiones oportunas, escucha efectiva y una atención que considere las necesidades particulares de cada menor.

La iniciativa de Flores Qqesihuallpa apunta precisamente en esa dirección. La magistrada no reemplaza la resolución judicial con un video ni convierte un proceso de protección en una pieza audiovisual. Hace algo más concreto: utiliza una herramienta comprensible para acercar la decisión a la persona que debe beneficiarse de ella.

La experiencia se vincula con la Ley 3364 y las Reglas de Brasilia, referencias mencionadas en la información difundida sobre el caso, en el marco de la eliminación de barreras de acceso a la justicia. La aplicación específica de estas normas debe evaluarse a partir de la resolución y de los antecedentes completos del expediente.

Lo relevante es el principio que inspira la actuación: la infancia no debe quedar excluida de las decisiones que afectan directamente su vida por el simple hecho de no dominar el lenguaje de los adultos.

¿Cuántas veces una decisión judicial llega tarde? ¿Cuántas veces los conflictos familiares se prolongan mientras los niños esperan respuestas que no entienden o no reciben? No todos los problemas del sistema judicial se resuelven con creatividad, pero esta experiencia demuestra que la manera de ejercer la función pública también importa.

Una iniciativa que merece ser replicada

La actuación de la jueza Luz Venus Flores Qqesihuallpa merece reconocimiento porque recuerda una verdad que las instituciones suelen olvidar: la autoridad no se demuestra únicamente mediante la capacidad de ordenar, sino también mediante la responsabilidad de hacerse entender.

Su propuesta puede servir de referencia para otros juzgados de familia y para las instituciones que intervienen en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Adaptar las notificaciones a la edad de cada menor, utilizar recursos audiovisuales apropiados y garantizar que sus dudas sean escuchadas son medidas que pueden contribuir a una atención más humana, siempre con las debidas garantías de protección y confidencialidad.

No se trata de idealizar una actuación ni de dar por resuelto un caso porque se haya elaborado un video. La protección efectiva también depende del seguimiento de las medidas, de la atención psicológica, de las condiciones de acogida y de la prevención de nuevas agresiones.

Pero tampoco corresponde minimizar el valor de una iniciativa que pone en el centro a una niña y su derecho a comprender.

La justicia no termina cuando el juez firma una resolución. Tampoco cuando un funcionario entrega una notificación. En casos como este, comienza a cumplir su verdadera finalidad cuando la persona protegida entiende que sus derechos importan, que puede pedir ayuda y que no tiene por qué afrontar sola una situación de violencia.

Luz Venus Flores Qqesihuallpa ha mostrado que, en ocasiones, acercar la justicia a la ciudadanía exige algo tan sencillo y tan extraordinario como cambiar el lenguaje.

Porque una niña de siete años quizá no comprenda un expediente de decenas de páginas. Pero sí puede entender que nadie tiene derecho a hacerle daño, que no es culpable de la violencia y que hay adultos cuya obligación es protegerla.

Y esa también es una manera de hacer justicia.

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Actualidad

El calor persiste en Lima: Senamhi activa una nueva alerta por temperaturas elevadas hasta el 13 de octubre

La capital registró noches cálidas y sensaciones térmicas cercanas a los 30 °C en algunos distritos. Mientras culmina un aviso meteorológico, una nueva advertencia anticipa el incremento de las temperaturas diurnas y una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

Published

5 días ago

10/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

El calor continúa marcando el inicio de la primavera en Lima. Aunque todavía faltan semanas para el verano, las temperaturas elevadas se han hecho sentir tanto durante el día como por las noches, mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas en la capital.

El seguimiento meteorológico cobra importancia este viernes 9 de octubre, fecha en la que culmina el aviso anterior por incremento de las temperaturas. Sin embargo, el organismo ha activado una nueva alerta que estará vigente del sábado 10 al martes 13 de octubre y que comprende a Lima y otras regiones del país. El pronóstico advierte sobre temperaturas diurnas elevadas, escasa nubosidad hacia el mediodía y un posible aumento de los niveles de radiación ultravioleta. Fuente: RPP, 9 de octubre de 2026.

Temperaturas que se sienten más allá del mediodía

El incremento térmico no se limita a las horas de mayor radiación solar. Un reporte publicado por Infobae el 8 de octubre informó que Lima y Callao alcanzaron una temperatura nocturna de 22,7 °C, un registro destacado por sus condiciones cálidas durante la primavera. La situación también puso en evidencia la persistencia del calor después de la puesta del sol. Fuente: Infobae, 8 de octubre de 2026.

En el ámbito metropolitano, el comportamiento de las temperaturas no es uniforme. Los sectores alejados del litoral, como Carabayllo y La Molina, han registrado valores de sensación térmica superiores a los de otras zonas de la ciudad. El Senamhi reportó una sensación térmica de 29 °C en ambos distritos durante la mañana del 6 de octubre, según información difundida por el organismo y recogida por medios nacionales.

Estas diferencias son relevantes para el seguimiento de la noticia: las condiciones que experimentan los residentes de los distritos cercanos al mar pueden no ser las mismas que enfrentan quienes viven o trabajan en zonas interiores de Lima. Por ello, las mediciones de las estaciones meteorológicas y las actualizaciones oficiales permiten comprender mejor la evolución del fenómeno.

Una nueva alerta extiende el seguimiento

La nueva advertencia meteorológica comprende el periodo del 10 al 13 de octubre. De acuerdo con el reporte difundido por RPP, el Senamhi prevé un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

Entre las condiciones anunciadas figuran la escasa nubosidad hacia el mediodía —que favorecería una mayor incidencia de radiación ultravioleta— y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde. El aviso incluye a Lima y a la Provincia Constitucional del Callao, además de otras regiones.Es importante precisar que las temperaturas previstas varían según la localidad. Por ello, los valores generales difundidos para la costa no deben interpretarse como una máxima que se alcanzará necesariamente en todos los distritos de Lima Metropolitana. Para conocer el pronóstico específico de la capital, corresponde revisar las actualizaciones oficiales del Senamhi. Fuente: RPP, 9 de octubre de 2026.

El impacto en la rutina de los limeños

Las temperaturas elevadas pueden representar una dificultad adicional para las personas que pasan varias horas en la calle, trabajan al aire libre o se desplazan por zonas con poca sombra. El calor nocturno, por su parte, puede reducir el confort dentro de las viviendas cuando los ambientes conservan temperaturas altas.

En ese contexto, el seguimiento periodístico debe observar no solo los termómetros, sino también las condiciones de la población: la disponibilidad de espacios sombreados, el acceso al agua, la exposición de trabajadores al sol y las medidas de prevención difundidas por las autoridades.

El fenómeno también plantea la necesidad de comunicar las diferencias entre temperatura del aire, sensación térmica y radiación ultravioleta. Son indicadores relacionados, pero no equivalentes: una sensación de calor elevada no significa que la temperatura del aire sea idéntica, y la intensidad de la radiación requiere una evaluación específica.

Prevención frente al calor y la radiación UV

Ante las condiciones anunciadas, el Senamhi recomienda reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y utilizar sombreros o gorros de ala ancha, lentes con protección UV, ropa que cubra la piel y protector solar. Mantener una hidratación adecuada y buscar lugares con sombra son medidas importantes para reducir los riesgos asociados al calor. Estas recomendaciones fueron recogidas por la Agencia Andina en su reporte sobre las previsiones meteorológicas para octubre. Fuente: Agencia Andina, 27 de septiembre de 2026.

La prevención debe prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que realizan actividades prolongadas al aire libre. Asimismo, las recomendaciones deben adaptarse a las condiciones locales y a las actualizaciones de las autoridades meteorológicas y sanitarias.

Un seguimiento que continúa durante octubre

La nueva alerta extiende la vigilancia meteorológica hasta el martes 13 de octubre, pero sus efectos concretos deberán evaluarse mediante los registros diarios y las actualizaciones oficiales. Para Lima, el desafío periodístico consiste en determinar si las temperaturas elevadas se mantienen, cómo varían entre los distritos y qué consecuencias tienen para las actividades cotidianas.Más allá de una cifra máxima, la evolución del calor en la capital requiere información precisa, fuentes verificables y recomendaciones claras. El monitoreo del Senamhi será clave para conocer el comportamiento de las temperaturas durante los próximos días y orientar a la ciudadanía frente a las condiciones previstas.

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