Senadora de JP Svieta Fernández, respalda acciones ante el Tribunal Constitucional y cuestiona al senado por ampliar las facultades legislativas [VIDEO]

Política Senadora de JP Svieta Fernández, respalda acciones ante el Tribunal Constitucional y cuestiona al senado por ampliar las facultades legislativas [VIDEO] La senadora de Juntos por el Perú respalda llevar la controversia al Tribunal Constitucional tras la aprobación de siete puntos…

Política

La senadora de Juntos por el Perú respalda llevar la controversia al Tribunal Constitucional tras la aprobación de siete puntos adicionales al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La disputa pone en el centro del debate los límites del poder parlamentario, el respeto a las reglas constitucionales y la transparencia en las decisiones del Senado, en un caso que podría marcar un precedente sobre las atribuciones de las dos cámaras del Congreso.

Published

18 segundos ago

24/10/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

La senadora Svieta Fernández respaldó la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) frente a la controversia generada por la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. La parlamentaria cuestiona el procedimiento seguido por el Senado, al considerar que la incorporación de nuevas materias habría excedido los límites establecidos por el marco normativo y constitucional.

El conflicto se originó cuando el pedido de delegación de facultades, que contemplaba inicialmente 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados, terminó ampliándose a 27 tras la incorporación de siete propuestas adicionales en el Senado. La decisión fue aprobada por el pleno el 21 de octubre y generó cuestionamientos desde las bancadas opositoras.

Desde esta posición, Fernández respalda que la controversia se someta al máximo intérprete de la Constitución para que se evalúe si el procedimiento respetó las competencias de cada cámara y las reglas que regulan la aprobación de normas.

Los siete puntos adicionales bajo cuestionamiento

La controversia no se limita al número de propuestas incorporadas, sino también al procedimiento parlamentario utilizado para ampliar el contenido del pedido original. Entre las materias añadidas figuran la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de establecimientos penitenciarios, la vigilancia posterior al cumplimiento de condenas por determinados delitos graves, los cambios relacionados con la intervención militar frente a organizaciones criminales y el fortalecimiento del sistema de inteligencia.

También se incluyeron modificaciones sobre legítima defensa y medidas de simplificación administrativa para proyectos de infraestructura. Estas propuestas ampliaron el alcance de la delegación legislativa que el Ejecutivo podrá ejercer durante el plazo autorizado

Para los críticos del procedimiento, el problema central consiste en determinar si el Senado podía incorporar esas materias al texto aprobado previamente por Diputados sin someterlas a un nuevo trámite en la cámara de origen. La respuesta jurídica dependerá de la interpretación constitucional y reglamentaria que corresponda aplicar.

Juntos por el Perú anuncia una demanda de inconstitucionalidad

La bancada de senadores de Juntos por el Perú anunció el 23 de octubre que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En su pronunciamiento, cuestionó las decisiones adoptadas durante el tratamiento y la aprobación de las facultades, alegando que se apartaron del orden constitucional y de las reglas del debate parlamentario.

La iniciativa busca que el TC examine la legalidad del procedimiento y determine si la ampliación aprobada por el Senado se ajusta a la Constitución. El caso adquiere relevancia institucional porque enfrenta distintas interpretaciones sobre las atribuciones de las cámaras en el nuevo esquema de Congreso bicameral.

Comentarios Related Topics:juntos por el PerúSvieta Fernandeztribunal constitucional Don't Miss

Senador Daniel Barragán justifica la renuncia de su hermana en medio de la polémica: “Jamás he referido a un familiar mío” [VIDEO]

Redacción Lima Gris

Política

Senador Daniel Barragán justifica la renuncia de su hermana en medio de la polémica: “Jamás he referido a un familiar mío” [VIDEO]

El caso sacude el entorno político del senador Daniel Barragán y pone bajo la lupa la designación de su hermana en EsSalud, cuyo paso por la institución terminó apenas cinco días después de su nombramiento.

Published

22 minutos ago

24/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador Daniel Barragán de la bancada Obras, se pronunció sobre la renuncia de su hermana, a quien describió como una funcionaria técnica con una larga trayectoria en la administración pública y sin experiencia propiamente política. Según su versión, la decisión habría respondido a la presión mediática y política que venía soportando, así como a su intención de no incomodar la relación que él mantiene en el Congreso de la República.

Barragán sostuvo que su hermana le había comentado que prefería dar un paso al costado antes que continuar expuesta a una situación que, según explicó, le resultaba ajena por su perfil profesional.

“Ella es una técnica nata, es una funcionaria del Estado durante muchos años, no es política”, manifestó el senador al explicar las razones que, de acuerdo con su relato, motivaron la decisión.

El parlamentario defendió así la renuncia como una respuesta a un escenario de presión, aunque sus declaraciones no despejan por sí solas las dudas que puedan existir sobre las circunstancias de su designación, su salida y las posibles implicancias del vínculo familiar.

Barragán niega haber recomendado a un familiar

Al referirse a la pertinencia del nombramiento de su hermana, el senador afirmó que nunca ha recomendado a un familiar suyo, apelando a su experiencia en la administración pública.

“En los años que yo tengo en la administración pública, jamás he referido a un familiar mío”, aseveró.

La declaración coloca en el centro del debate la diferencia entre una recomendación directa y otras posibles formas de influencia política. No obstante, con la información disponible no es posible establecer que Barragán haya intervenido en la designación de su hermana ni atribuirle una responsabilidad sin documentación que lo sustente.

Para esclarecer el caso, corresponde revisar la resolución de nombramiento, el documento de renuncia, los requisitos del puesto y cualquier registro que permita determinar si existió una intervención externa en el proceso.

La clave periodística no está únicamente en la renuncia, sino en la documentación que permita reconstruir cómo se produjo el nombramiento y por qué terminó siendo cuestionado. Las declaraciones de Barragán constituyen su versión de los hechos; las conclusiones sobre posibles irregularidades requieren pruebas y contraste con las fuentes involucradas.

Comentarios Continue Reading

Política

Guido Bellido: “Este gobierno responde a los intereses de los grandes empresarios” [VIDEO]

El excongresista y expresidente del Consejo de Ministros cuestionó la política energética del gobierno de Keiko Fujimori, defendió la renegociación del contrato del gas de Camisea y exigió responsabilidades a las empresas vinculadas a su explotación y transporte. En entrevista con Lima Gris, también calificó de desaprobada la gestión del Ejecutivo y criticó al Congreso bicameral por concentrar el debate en las facultades legislativas mientras, según advirtió, faltan respuestas frente a las emergencias y necesidades del país.

Published

21 horas ago

23/10/2026

Redacción Lima Gris

La renegociación del gas de Camisea, el papel de las empresas privadas en la explotación de los recursos naturales y el desempeño del gobierno de Keiko Fujimori fueron algunos de los principales temas abordados por Guido Bellido, excongresista y expresidente del Consejo de Ministros, durante una entrevista con el periodista Edwin Cavello en el programa Lima Gris, que retorna a las pantallas de Fuego TV y Neo TV, y que se transmite por más de 200 cableoperadores y por el canal 41 de Movistar, con una agenda dedicada a la política y la cultura.

Bellido recordó que, el 27 de septiembre de 2021, cuando encabezaba la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, acudió a las oficinas de Pluspetrol para entregar un oficio que formalizaba el reinicio de las conversaciones sobre la renegociación del contrato de explotación del gas de Camisea. Según explicó, la iniciativa respondía a una preocupación central: Cusco, pese a ser una región productora de gas natural, no recibía los beneficios que, a su juicio, debía generar esa riqueza para la población del sur del país.

El ex premier sostuvo que los acuerdos entre el Estado y las empresas vinculadas a la explotación, comercialización y transporte del gas debían revisarse para determinar si favorecían realmente al interés nacional. En esa línea, defendió la posibilidad de evaluar la nacionalización como una alternativa que permitiría al Estado recuperar la administración de los recursos, previa compensación correspondiente, y decidir si los gestiona directamente o los entrega a otro operador.

“Los recursos deben beneficiar al Estado peruano y no a las empresas”, fue la idea central de su argumento. Bellido insistió en que dialogar y revisar los contratos no constituye, por sí mismo, una actuación ilícita, sino una posibilidad que debe examinarse con transparencia cuando están comprometidos los intereses del país.

La conversación también puso el foco en Transportadora de Gas del Perú (TGP), responsable del transporte del gas mediante el sistema de ductos. Bellido cuestionó que se planteen ampliaciones contractuales sin esclarecer previamente las responsabilidades por los incidentes registrados y sin determinar si la empresa ha respondido adecuadamente por los daños y gastos ocasionados. Para el excongresista, el Estado no debería conceder nuevos plazos sin evaluar antes el cumplimiento de las obligaciones existentes.

Respecto al gobierno de Keiko Fujimori, su diagnóstico fue contundente. Bellido afirmó que la actual administración responde a los intereses del gran empresariado nacional e internacional y advirtió que las decisiones económicas pueden terminar trasladando los costos a la población, especialmente a los trabajadores y las familias que viven de sus ingresos diarios. También cuestionó la disposición de recursos públicos para atender las necesidades empresariales sin garantizar, en paralelo, respuestas suficientes en salud, educación, infraestructura y prevención de desastres.

En el terreno parlamentario, criticó que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo se concentre en la delegación de facultades legislativas. Consideró que ese debate funciona como un “chivo expiatorio” y sostuvo que la prioridad debería ser preparar a las zonas vulnerables ante posibles inundaciones y huaicos, así como garantizar medidas de contingencia para las familias afectadas. Además, expresó preocupación por la discusión del presupuesto público de 2027, al considerar que requiere un análisis profundo de las necesidades de los distintos sectores.

Bellido también rechazó el uso de acusaciones de terrorismo como recurso para desacreditar a los adversarios políticos y reclamó argumentos en el debate público. Sobre la actuación de las fuerzas parlamentarias, cuestionó los cambios de posición de quienes asumen compromisos políticos y luego se apartan de ellos.

Al evaluar al gobierno, su respuesta fue tajante: lo desaprobó. Sostuvo que una administración pública debe esforzarse por encontrar soluciones, atender a los ciudadanos y asumir sus responsabilidades, en lugar de presentar los problemas como situaciones inevitables.

Finalmente, Bellido señaló que busca contribuir a la formación política y recuperar el papel de los partidos en la preparación de nuevos cuadros, la doctrina y el sentido patriótico. Desde su afiliación a Pueblo Consciente, dijo que procura orientar y respaldar a militantes y simpatizantes.

La entrevista deja planteadas preguntas de fondo sobre el futuro del gas de Camisea, la responsabilidad de las empresas concesionarias y la capacidad del poder político para colocar las necesidades ciudadanas por encima de los intereses particulares.

Comentarios Continue Reading

Política

Galarreta y Miki torres: una disputa por el poder sacude a Fuerza Popular

La pugna entre el jefe del gabinete y el presidente del Senado, alimentada por la distribución de cargos y la salida de trabajadores parlamentarios, estalla cuando el Congreso aprueba las facultades legislativas en seguridad ciudadana y prevención ante El Niño. El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta además una caída de su aprobación, que pasó de 57 % a 40 % en dos meses.

Published

2 días ago

23/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Luis Galarreta y Miguel “Miki” Torres, las dos figuras que sostienen al Gobierno desde la Presidencia del Consejo de Ministros y la del Senado, compiten desde finales de agosto de 2026 por el control de los cargos públicos y del personal del Congreso, según algunos medios. Ambos lo niegan, pero las contrataciones cuestionadas, los despidos denunciados y las filtraciones atribuidas alimentan esa versión.

Lo que está en juego es quién pesa más en las decisiones de la presidenta y quién maneja los puestos en el aparato estatal y parlamentario. La disputa se hizo visible el 19 de octubre, cuando se difundió que Galarreta habría ordenado, a finales de septiembre, la salida de trabajadores vinculados a Miki Torres. La tensión se desarrolla entre la PCM y el Senado, las dos sedes desde las que ambos dirigen la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Dos cargos en el centro del oficialismo

Galarreta encabeza el Consejo de Ministros, la posición desde la cual se coordina la agenda del Gobierno. Ha conducido las negociaciones con el Parlamento y defiende las medidas del Ejecutivo en seguridad ciudadana y prevención frente a El Niño.

Torres preside el Senado y participa en la conducción de la actividad parlamentaria. De su cámara dependen los plazos y el alcance de lo que el Ejecutivo solicita al Congreso.

Ambos pertenecen a Fuerza Popular, y de su entendimiento depende que las iniciativas del Gobierno avancen. Por eso cualquier roce entre ellos alcanza la relación entre los dos poderes.

Los despidos y la posible salida de Galarreta

El 19 de octubre, el periodista Rodrigo Chillitupa publicó en X que, según fuentes congresales, Galarreta habría dispuesto a finales de septiembre el despido de trabajadores del servicio parlamentario. Los afectados estarían vinculados a Torres y a Fuerza Popular.

Chillitupa repitió la información en una entrevista con La República. Relacionó los cambios de personal con un supuesto malestar político y con versiones sobre una eventual sustitución de Galarreta antes de que termine 2026.

Una contratación y una filtración atribuida

A finales de agosto, medios de comunicación informaron de la contratación de María Alzamora Carrillo, esposa de Galarreta, en el despacho de la diputada de Fuerza Popular Ana Patiño. Los reportes recogieron su trayectoria en el Congreso, el sector privado y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Galarreta respondió que su esposa cumplía los requisitos, que no había sido contratada por su despacho y que tenía experiencia previa en el sector público y privado. Poco después circularon versiones según las cuales la información se había filtrado desde el entorno de Torres.

“Un hermano menor”

El 30 de agosto, Galarreta rechazó las versiones sobre facciones enfrentadas dentro del Ejecutivo. Afirmó que Torres era para él como un hermano menor.

En esa misma declaración descartó además que existieran grupos políticos enfrentados alrededor de su persona. Fue su primera respuesta pública a los rumores sobre una disputa con el presidente del Senado.

Posteriormente, en una entrevista con Nicolás Lúcar en Exitosa, volvió a negar una confrontación con Torres y aseguró que ambos eran amigos. Contó que él, el presidente del Senado y Keiko Fujimori habían conversado, antes de asumir sus cargos, sobre la posibilidad de que surgieran versiones destinadas a enfrentarlos.

Las facultades: la prueba en el Senado

Dos días después de la denuncia de Chillitupa, el 21 de octubre, el Senado que preside Torres aprobó la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo. La votación fue de 35 a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

La autorización comprende 27 materias sobre seguridad ciudadana y prevención frente a El Niño, por 90 días. El Gobierno había pedido 66: la Cámara de Diputados aprobó 20 y el Senado añadió siete.Era el pedido que Galarreta había negociado desde la PCM.

Torres en el debate

Durante la discusión, Torres defendió la necesidad de avanzar con la delegación y pidió celeridad en el debate parlamentario. Su postura coincidía con lo que Galarreta necesitaba del Senado.

En septiembre, mientras circulaban las versiones sobre su distanciamiento, ya había dicho que la ciudadanía esperaba respuestas ante la inseguridad y El Niño. Entonces respaldó que el Congreso decidiera a tiempo.

El presidente del Senado sostuvo así, en público, la agenda del jefe del gabinete en el trámite más importante del año. Las diferencias atribuidas a ambos no se vieron en la votación.

El Niño, la agenda compartida

La prevención frente a El Niño es una de las materias incluidas en las facultades. El 16 de octubre, tres días antes de la denuncia, la Comisión Multisectorial ENFEN publicó su comunicado número 18 de 2026, con el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

El texto aprobado permite al Ejecutivo adoptar medidas sobre la respuesta ante emergencias y la entrega de ayuda humanitaria. Contempla que el Instituto Nacional de Defensa Civil actúe de forma directa y excepcional durante los primeros días de un desastre.

Un Gobierno que pierde respaldo

Las facultades se aprobaron con el Gobierno en descenso. La encuesta de Ipsos para Perú21, publicada el 16 de octubre, registró 40 % de aprobación y 49 % de desaprobación para Keiko Fujimori.

En agosto, cuando surgieron los primeros rumores, la aprobación era de 57 % y la desaprobación de 25 %. Las negativas de Galarreta y la denuncia de los despidos se produjeron dentro de ese descenso de 17 puntos.

El Senado y la Cámara de Diputados obtuvieron 25 % de aprobación cada uno, frente a 51 % de desaprobación. El 79 % de los encuestados opinó que el Congreso debe cooperar con el Gobierno sin abandonar la fiscalización.

Los dos nombres, en el podio y en la mira

La Encuesta del Poder 2026, de Ipsos para Semana Económica y difundida el 4 de octubre, colocó a Fujimori en el primer lugar de percepción de poder, con 97 %. Galarreta quedó segundo, con 70 %, y Torres tercero, con 63 %.

La misma encuesta preguntó a quién debería dejar de escuchar la presidenta. Galarreta encabezó la lista con 26 % de las menciones, y Torres reunió 9 %.

Los protagonistas de la disputa aparecen así entre quienes más poder concentran y entre los nombres que más cuestionan los líderes de opinión. El sondeo se realizó entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre, con 183 integrantes del panel de Ipsos.

Comentarios Continue Reading

Política

Presidente Keiko Fujimori, frente al Fenómeno El Niño: “estamos tarde”

Según el informe publicado en octubre por la OEA. NOAA indican que hay 100 % de probabilidad de que El Niño se mantenga hasta el primer trimestre de 2027 y que a partir de abril a junio haya aproximadamente 55 % de probabilidades de regreso a condiciones neutrales.

Published

2 días ago

22/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

El fenómeno de El Niño es una alteración de las condiciones del océano y la atmósfera en el Pacífico tropical que modifica los patrones de lluvia y temperatura y aumenta la probabilidad de eventos hidrometeorológicos extremos en todo el mundo.

Según la Nota Técnica del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados Americanos (OEA), elaborada con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el CIIFEN, el evento 2026-2027 fue declarado en junio de 2026 y para septiembre ya había alcanzado reportó +2,0 °C en esa región, lo que lo ubicó en la categoría «muy fuerte».

En la primera semana de octubre, la región Niño 1+2, frente a Ecuador y Perú, alcanzó +4,5 °C sobre su climatología, un valor que el documento califica como un Niño costero extraordinario (OEA, 2026, pp. 3-4, 17). La Figura 1, tomada de la Nota Técnica, muestra el intenso calentamiento del Pacífico ecuatorial y de la costa sudamericana durante la última semana de septiembre y los primeros días de octubre.

Los pronósticos emitidos en octubre de 2026 por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) indican que hay 100 % de probabilidad de que El Niño se mantenga hasta el primer trimestre de 2027 y que, a partir de abril a junio, haya aproximadamente 55 % de probabilidades de regreso a condiciones neutrales. Así lo muestra la Figura 2, incluida en la Nota Técnica Informativa de El Niño 2026-2027. La misma nota señala que la probabilidad de que el evento se mantenga como «muy fuerte» entre octubre y diciembre es de 100 %, que existe un 75 % de probabilidad de que supere los registros históricos desde 1950 y que, desde el punto de vista científico, no existen denominaciones como «Super» El Niño o «Godzilla».

El CIIFEN pronostica que (Figura 3) para el trimestre noviembre de 2026 – enero de 2027, los pronósticos de ATSM, tanto del NMME como del ECMWF, prevén la intensificación de las condiciones cálidas en el Pacífico ecuatorial, con anomalías entre 3°C a 3.5°C.

Además, prevén el fortalecimiento de las anomalías cálidas que se extienden a lo largo del continente americano, desde México hasta Chile.

En cuanto a la lluvia, hay déficit probable en Centroamérica, el Caribe, Colombia, Venezuela, las Guayanas y la Amazonía, y excesos en la costa de Ecuador, la costa de Perú, el sur de Brasil y la Cuenca del Plata. La Tabla 1 sintetiza la zonificación territorial propuesta.

El fenómeno de El Niño amenaza con impactos severos en el país entre octubre de 2026 y marzo de 2027 (Figura 4), proyectando su periodo más crítico entre los meses de noviembre y diciembre. Por un lado, los déficits de lluvia combinados con las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendios forestales, mientras que, por otro lado, el exceso de precipitación eleva la amenaza de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos (OEA, 2026). En materia de salud pública, el almacenamiento doméstico de agua provocado por los racionamientos puede multiplicar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, favoreciendo la rápida aparición de brotes de dengue y fiebre amarilla.

Frente a este panorama, la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfatiza que destinar recursos a la prevención durante el cuarto trimestre de 2026 resulta hasta diez veces más económico y efectivo que financiar la respuesta posterior a la emergencia en el pico del fenómeno (OEA, 2026). Sobre la base de su Nota Técnica, el organismo internacional propone una hoja de ruta con acciones prioritarias en varios frentes. En el recurso hídrico, se recomienda reducir las pérdidas en las redes de acueducto, optimizar la operación de los reservorios y adecuar el sistema de drenaje urbano.

En el sector energético, se plantea preposicionar contratos de suministro térmico e intercambios transfronterizos para evitar racionamientos, mientras que en agricultura y pesca se propone distribuir semillas resistentes al estrés hídrico, facilitar seguros agroclimáticos paramétricos y aplicar vedas adaptativas. Asimismo, en el plano financiero se sugiere activar fondos contingentes y transferencias condicionadas a la activación de alertas tempranas, reforzando de forma simultánea el control vectorial en salud y garantizando el suministro continuo de agua potable en la red hospitalaria.

Elmer Cuba, ministro de Economía.

Por su parte, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, instalado el 28 de julio de 2026, ha colocado la atención de El Niño junto con la inseguridad ciudadana como los dos grandes desafíos de su gestión. En el plano fiscal, el ministro de Economía, Elmer Cuba, destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 incorpora S/ 2 489 millones para intervenciones vinculadas a la prevención y mitigación del fenómeno.

Las lluvias ya iniciaron con moderada intensidad en el norte del país. Sin embargo, la ejecución del presupuesto público por nivel de gobierno, actualizado a las 9:55 a.m. de hoy el Gobierno Nacional encabeza el avance con un 76.2 %, habiendo ejecutado S/ 125 376 millones de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 164 574 millones. En segundo lugar, los Gobiernos Regionales alcanzan un 75.5 % de avance, con un gasto devengado de S/ 50 740 millones sobre un PIM de S/ 67 197 millones.

Por el contrario, los Gobiernos Locales registran el mayor rezago del sistema intergubernamental al ejecutar S/ 34 480 millones de un PIM de S/ 58 337 millones, lo que representa un avance del 59.1 %, a pesar de que su presupuesto modificado se incrementó en un 63 % en comparación con su asignación inicial.

Foto: Waldo Mendoza, economista y exministro de Economía y Finanzas.

Diversos analistas cuestionan la suficiencia de estas medidas públicas. El exministro de Economía Waldo Mendoza advirtió que las autoridades «están subestimando el tamaño del Niño […], la intensidad de lluvias y sequías va a tener un enorme costo y la tarea de reconstrucción va a ser enorme, pero curiosamente en el presupuesto el gasto en inversión pública crece 3 %; en tiempos del Niño uno no puede ser austero fiscalmente».

Mendoza sostuvo además que «el Gobierno debe utilizar sus fortalezas para enfrentar con todo su potencial a este fenómeno natural que va a ser fortísimo», coincidiendo con el diagnóstico de la propia presidenta Keiko Fujimori, quien reconoció públicamente la demora del Estado ante la llegada de la emergencia al admitir que «estamos tarde».

Comentarios Continue Reading

Política

USAID: el pedido de Carmen Duarte que reabre el debate sobre los millones destinados a las ONG y sus vínculos laborales

La congresista del Partido del Buen Gobierno Carmen Duarte, pidió al canciller Carlos Espá gestionar ante Estados Unidos el retorno de los fondos de cooperación suspendidos. Pero su propia trayectoria laboral en una asociación vinculada al sector de las ONG plantea preguntas que merecen respuestas: ¿por qué reclama la restitución de esos recursos, qué entidad los fiscaliza y cuánto dinero estuvo en juego?

Published

2 días ago

22/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La congresista Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet, del Partido del Buen Gobierno, ha reabierto un debate que el país no debería abordar únicamente desde la defensa de los puestos de trabajo o la continuidad de los programas sociales: el destino, la fiscalización y la dependencia de los recursos extranjeros que durante años financiaron proyectos ejecutados por Organizaciones no gubernamentales (ONG).

Durante la presentación del canciller Carlos Espá ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la legisladora le solicitó que intercediera ante el Gobierno de Estados Unidos para conseguir el retorno del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Que USAID regrese al país”, reclamó Duarte, al sostener que la suspensión de la asistencia había perjudicado iniciativas relacionadas con la agricultura, la educación y la lucha contra la pobreza, además de dejar a trabajadores sin empleo. El canciller no ofreció una respuesta específica a su solicitud.

El problema no es que una parlamentaria defienda la cooperación internacional, esta puede aportar recursos, conocimientos y capacidades que el Estado no siempre consigue financiar por sí solo. La cuestión es otra: ¿con qué información respalda la congresista su pedido, qué resultados concretos quiere recuperar y qué mecanismos de transparencia propone para garantizar que cada dólar beneficie realmente a la población peruana?

Solicitar el retorno de los fondos sin plantear metas verificables, mecanismos de auditoría ni una evaluación de los proyectos que se perdieron deja incompleta una discusión de interés público.

Duarte juramentando como congresista.

Más de US$ 2.000 millones: la dimensión del dinero

Las cifras ayudan a entender por qué el debate no puede reducirse a una discusión sobre empleos perdidos. Según inormación de fuentes abiertas, USAID habría transferido más de US$ 2.000 millones para proyectos en el Perú durante aproximadamente 25 años.

Existe otra cifra relevante, en setiembre de 2023, el entonces director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), José Gonzales Norris, informó que la cooperación técnica internacional que recibía el Perú superaba los US$ 400 millones anuales por cuarto año consecutivo, de ese total, el 71 % correspondía a cooperación oficial y el 29 % a cooperación no gubernamental.

Otro dato permite dimensionar la relación bilateral: en agosto de 2023, Estados Unidos anunció US$ 92,5 millones adicionales para proyectos de cooperación con el Perú durante 2023-2024, con lo que el monto acumulado bajo el acuerdo de donación 527-0427 ascendió a US$ 202,9 millones, se trata de un acuerdo específico y no del total histórico de USAID en el país.

Las preguntas pendientes son concretas: ¿cuánto dinero se desembolsó efectivamente en los últimos años?, ¿qué proporción llegó a organizaciones peruanas?, ¿qué instituciones fueron las principales receptoras?, ¿qué proyectos quedaron paralizados y cuáles demostraron resultados medibles?

Sin esa información desagregada, cualquier defensa o cuestionamiento general de los fondos corre el riesgo de convertirse en una disputa política antes que en una evaluación seria del gasto.

APCI: la entidad que debe explicar quién recibió los fondos

En medio de la controversia aparece una institución indispensable para entender cómo funciona el sistema: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La APCI articula la oferta y la demanda de cooperación técnica internacional, coordina con las fuentes cooperantes y supervisa los programas, proyectos y actividades ejecutados por organizaciones inscritas en sus registros. También mantiene información sobre las entidades receptoras y sus actividades.

Su papel resulta central porque permite pasar de las declaraciones políticas a la verificación documental. El registro de las organizaciones, sus proyectos, las fuentes de financiamiento y los montos declarados constituyen elementos para reconstruir el recorrido de los recursos.

La propia APCI publica información sobre el financiamiento de USAID para el período 2019-2023 y estadísticas de cooperación técnica internacional. Además, su Mapa de Cooperación Técnica Internacional permite consultar desembolsos reportados por país, entidad ejecutora, proyecto y ubicación.

Por eso, antes de reclamar el retorno de los fondos, corresponde exigir un balance público: cuánto se recibió, quién lo ejecutó, qué objetivos cumplió, qué recursos quedaron comprometidos y qué resultados se perdieron tras la suspensión.

El debate sobre la transparencia no es nuevo, en 2023, la dirección de la APCI informó ante el Congreso que, de unos 3.000 organismos no gubernamentales y entidades de desarrollo que recibían recursos de fuentes internacionales, aproximadamente la mitad registraba y daba cuenta de sus actividades, según la información presentada en aquella sesión. Ese dato corresponde a lo declarado entonces y no debe interpretarse como una medición actualizada de todas las organizaciones.

La fiscalización, por tanto, no es un argumento accesorio, sino que es parte de la discusión sobre si el Perú debe recuperar, renegociar o reorientar recursos de cooperación.

Carmen Duarte y su paso por una ONG

Hay un antecedente de la trayectoria de la congresista que añade relevancia periodística al caso. Según investigaciones, Duarte declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que trabajó entre 2021 y 2025 en la ONG Asociación Empezamos Creciendo, donde se desempeñó como coordinadora de proyectos.

Ese vínculo profesional es pertinente para examinar su posición pública. La experiencia de una legisladora en una asociación puede explicar su conocimiento de las dificultades que enfrentan las organizaciones sociales cuando pierden una fuente de financiamiento. Pero también hace razonable solicitarle que explique si su experiencia laboral influyó en la prioridad que ha dado a la restitución de esos recursos.

¿Por qué pide el retorno de USAID en esta coyuntura?

El pedido se produce después de que la administración de Donald Trump impulsara, a comienzos de 2025, una revisión y reorientación de la ayuda exterior estadounidense, la medida afectó el funcionamiento de programas de cooperación y abrió un debate sobre el destino de los recursos y los objetivos que deben justificar su continuidad.

En ese contexto, Duarte eligió una intervención ante una comisión parlamentaria para solicitar al canciller que promueva el retorno del financiamiento, su argumento se concentró en el valor de la agencia para la agricultura, la educación, la tecnología y la lucha contra la pobreza, así como en el empleo de quienes participaban en esos programas.

Sin embargo, la coyuntura exige distinguir entre tres asuntos diferentes: la necesidad de mantener proyectos que benefician a la población, la pérdida de puestos de trabajo vinculados a su ejecución y la conveniencia de recuperar una fuente específica de financiamiento extranjero.

Los tres asuntos merecen atención, pero no son equivalentes. La pérdida de empleos puede ser una consecuencia real de la suspensión de proyectos; por sí sola, no demuestra que todos los programas fueran eficaces ni que deban reanudarse bajo las mismas condiciones.

Tampoco se puede afirmar, sin documentación adicional, que el pedido responda a intereses personales, partidarios o económicos, esa hipótesis solo podría evaluarse después de verificar la relación entre las organizaciones beneficiarias, los proyectos financiados y la trayectoria de quienes promueven el retorno de los fondos.

El dinero extranjero no puede convertirse en un cheque en blanco

La cooperación internacional puede contribuir al desarrollo del país. Sería equivocado descartar todos sus aportes por su procedencia extranjera. Pero también sería equivocado asumir que cualquier programa financiado desde el exterior debe continuar automáticamente porque genera empleo o desarrolla actividades sociales.

Si el Perú busca recuperar recursos de USAID o negociar nuevas modalidades de cooperación, debe exigir compromisos claros: publicación de los montos recibidos, identificación de las entidades ejecutoras, auditorías, indicadores de resultados, evaluación independiente y mecanismos para evitar que los proyectos dependan indefinidamente de una fuente externa.

La Cancillería, como responsable de gestionar la cooperación internacional ante otros gobiernos, puede evaluar las posibilidades diplomáticas. La APCI debe aportar la información sobre las entidades y proyectos bajo su ámbito de supervisión. Y el Congreso tiene la responsabilidad de exigir datos, no limitarse a defender o rechazar los fondos desde una posición partidaria.

La congresista Duarte tiene derecho a promover una política de cooperación que considere beneficiosa para el país. Pero su propuesta también debe someterse a las mismas exigencias de transparencia que cualquier iniciativa pública.

Comentarios Continue Reading

Política

Pedro Castillo vuelve a exigir su libertad y cuestiona la respuesta del Estado

Un grupo de trabajo vinculado al Consejo de Derechos Humanos consideró arbitraria la detención de Pedro Castillo y recomendó liberarlo, pero la Cancillería sostiene que el Perú no está obligado a hacerlo.

Published

2 días ago

22/10/2026

Redacción Lima Gris

Foto: Andina

Por Giovanna Ríos

La Fiscalía inició actuaciones y luego formuló cargos por su participación en los hechos. Las autoridades peruanas calificaron el anuncio como un intento de golpe de Estado, mientras que Castillo cuestionó la legalidad de su destitución y de las medidas en su contra.

La condena por conspiración para la rebelión

El 27 de noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión. La sentencia incluyó la inhabilitación para ejercer la función pública y llegó después de un juicio oral, en el que la Fiscalía sustentó su acusación y la defensa expuso sus argumentos.

El tribunal evaluó la actuación de Castillo y de otros integrantes de su Gobierno durante la crisis. Entre los procesados estuvieron la expremier Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el expremier Aníbal Torres, aunque cada uno tuvo penas y situaciones procesales distintas. La defensa del expresidente cuestionó la sentencia y presentó recursos para que una instancia superior la revise. Castillo sostiene que el proceso vulneró sus derechos.

Las investigaciones fiscales por presunta corrupción

Durante el Gobierno de Castillo, el Ministerio Público abrió investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, nombramientos y decisiones administrativas. Entre los casos más conocidos están Puente Tarata III, la compra de biodiésel por Petroperú, los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y las adjudicaciones de obras vinculadas con el distrito cajamarquino de Anguía.

En el caso Puente Tarata III, la Fiscalía investigó presuntas gestiones para favorecer a un consorcio en la adjudicación de una obra pública en la región San Martín. Entre los nombres que aparecieron en las diligencias figuran la empresaria Karelim López y Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno. Lo que se buscó establecer fue si hubo influencias indebidas y delitos ligados al proceso de contratación. Algo parecido se vio en Petroperú, donde la pesquisa giró en torno a la compra de biodiésel B100 para el periodo de enero a abril de 2022, con presuntas intervenciones para beneficiar a una empresa proveedora.

José Medina Guerrero, alcalde de la localidad de Anguía, en Chota, fue detenido por la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú.

Otro frente fue el de los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde se revisaron presuntas irregularidades en los procesos de promoción de oficiales. La Fiscalía quiso saber si algunas personas lograron subir de grado mediante pagos o gestiones indebidas, y si funcionarios del Gobierno intervinieron en esas decisiones. Las diligencias alcanzaron al exministro de Defensa Walter Ayala y a otros funcionarios vinculados con el proceso. El Ministerio Público examinó además las comunicaciones y actuaciones relacionadas con los ascensos, así como las presuntas intervenciones desde Palacio de Gobierno.

En agosto de 2023, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Castillo por este caso y el expediente fue remitido al Congreso para que siga el procedimiento correspondiente. La investigación abarcó presuntos delitos vinculados con pagos, tráfico de influencias y actuaciones de funcionarios en los procesos de promoción.

Distinto es el caso Anguía, que se relaciona con presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y con personas del entorno presidencial. La Fiscalía revisó contratos, empresas y funcionarios para determinar si hubo favorecimientos indebidos y posibles delitos contra la administración pública, y también las relaciones entre empresarios y funcionarios del distrito cajamarquino. En julio de 2026, el Poder Judicial ordenó a la Fiscalía concluir la investigación preparatoria y emitir el requerimiento que correspondiera. La decisión respondió a los recursos de las defensas contra la ampliación del plazo de investigación.

Las denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso

Además de los casos de Puente Tarata III, Petroperú, Anguía y los ascensos militares, Castillo enfrentó otras denuncias constitucionales por presuntas irregularidades durante su mandato. Entre los asuntos investigados figuraron el nombramiento de Daniel Salaverry al frente de Perupetro, la designación de Juan Carrasco en el Ministerio del Interior, las contrataciones en Agro Rural y los cuestionamientos vinculadas con la empresaria Sada Goray. En el caso de Perupetro, la denuncia giró en torno a la designación de Salaverry como presidente del directorio de la empresa estatal. El expediente revisó si se respetaron los procedimientos administrativos y los requisitos exigidos para ocupar el cargo, y le correspondía al Congreso decidir si el procedimiento constitucional debía avanzar.

Otra investigación es la del caso conocido como «Los Niños», que apunta a presuntos favores políticos a congresistas a cambio de respaldo al Gobierno. La Fiscalía indagó si algunos legisladores habrían recibido beneficios a través de puestos y contratos públicos mientras apoyaban al Ejecutivo en las votaciones parlamentarias. También se investigaron presuntos pagos ilícitos en contrataciones estatales y con funcionarios del Ministerio de Vivienda, donde apareció el nombre de Sada Goray, empresaria investigada por presuntas irregularidades en operaciones vinculadas con el Fondo Mivivienda.

Lilia Paredes y sus hijos en México

Mientras Castillo enfrenta los procesos desde la cárcel, su esposa, Lilia Paredes, y los dos hijos de la pareja siguen fuera del país. Viajaron a México en diciembre de 2022, luego de que el Gobierno mexicano les concediera asilo político. La salida se dio tras la crisis que terminó con la destitución y detención de Castillo, y las autoridades peruanas otorgaron el salvoconducto correspondiente.

El traslado ocurrió en medio de tensiones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México. El Gobierno peruano cuestionó declaraciones de autoridades mexicanas sobre la situación de Castillo y, en diciembre de 2022, declaró persona non grata al entonces embajador mexicano Pablo Monroy. Sostuvo además que ciertas declaraciones constituían una injerencia en los asuntos internos del país.

Comentarios Continue Reading

Política

¿Decisión tomada? Ministro Shinno desafía el rechazo a la adenda: dice que proyecto de Cálidda “va a ocurrir de todas maneras”

El ministro de Energía y Minas asegura que el proyecto para llevar gas natural a siete regiones estará resuelto en aproximadamente un mes, aunque el MEF continúa evaluándolo y persisten diferencias técnicas con Osinergmin. La declaración contradice su posición del 9 de octubre y reaviva las interrogantes sobre una operación que el Congreso, el Colegio de Ingenieros y organizaciones sociales han pedido revisar antes de comprometer nuevos mercados y extender la concesión.

Published

2 días ago

22/10/2026

Redacción Lima Gris

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, ha dejado una declaración que obliga a mirar más allá de la anunciada masificación del gas natural. El 21 de octubre aseguró que el proyecto para abastecer a siete regiones del país mediante Cálidda “va a ocurrir de todas maneras”, pese a que la propuesta todavía se encuentra en evaluación y existen diferencias técnicas pendientes de resolver. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el titular del sector anticipar el desenlace de un procedimiento que, según el propio Gobierno, aún no ha concluido?

“En un mes ya debería estar resuelto con todas las exigencias que le pediremos al concesionario para llevar adelante este proyecto. Va a ocurrir de todas maneras”, afirmó Shinno. El ministro confirmó que el Ministerio de Energía y Minas realizó una primera evaluación y que actualmente desarrolla una segunda junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, su seguridad pública contrasta con la incertidumbre que, hasta hace pocos días, el propio Ejecutivo reconocía.

El 9 de octubre, apenas doce días antes, Shinno sostenía que la decisión todavía no estaba tomada. Admitía discrepancias entre los criterios del Minem y Osinergmin, observaciones sobre las inversiones y el tratamiento de los activos, además de conversaciones pendientes con el MEF. “Todavía no es algo decidido. Estamos en plena evaluación”, declaró entonces. Ahora, en cambio, presenta la ejecución del proyecto como un resultado inevitable.

¿Qué cambió en esos doce días? ¿Se levantaron las observaciones técnicas? ¿El MEF aprobó las condiciones económicas? ¿Osinergmin modificó sus reparos? ¿O el Gobierno ya tomó una decisión política y las evaluaciones institucionales han quedado reducidas a establecer las condiciones para ejecutarla? No existen elementos suficientes para afirmar que el resultado esté formalmente decidido, pero la contradicción entre ambas declaraciones exige una explicación pública.

El ministro Shinno, designado por Keiko Fujimori es cuestiondo por presunto lobby.

El Congreso pidió no firmar la adenda

La declaración del ministro tampoco puede separarse de la oposición que ha surgido frente al mecanismo propuesto. El 13 de octubre, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas realizada en Cusco, diputados y senadores de diversas bancadas exigieron acelerar la masificación del gas natural, pero pidieron al Ejecutivo abstenerse de firmar una nueva adenda con Cálidda. Autoridades y representantes de la sociedad civil respaldaron esa posición, según lo registrado por el propio Congreso.

El reclamo tiene un sentido preciso: las regiones quieren gas, pero cuestionan que esa necesidad histórica termine justificando la incorporación de siete nuevos mercados a la concesión de una empresa determinada. Dos días después, el Colegio de Ingenieros del Perú planteó que, al tratarse de proyectos nuevos fuera del ámbito original de la concesión de Lima y Callao, corresponde evaluar mecanismos competitivos y licitaciones.

El 19 de octubre, organizaciones sociales de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Apurímac acordaron exigir la culminación del Gasoducto Sur Peruano y rechazar las adendas de Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP). El mensaje es claro: no se oponen a la llegada del gas; cuestionan la forma en que se pretende resolver el problema y las consecuencias de comprometer nuevas regiones mediante ampliaciones contractuales.

La diferencia resulta fundamental. Una política pública puede establecer que el gas natural debe llegar a los territorios históricamente postergados, fijar plazos y disponer mecanismos de financiamiento. Pero esa decisión no responde automáticamente a otra pregunta: ¿por qué debe ser Cálidda la empresa encargada de operar esos nuevos mercados?

Siete regiones y un negocio de largo plazo

La propuesta contempla extender las operaciones de Cálidda, cuyo ámbito original comprende Lima y Callao, hacia Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica. Se trata de nuevos territorios, infraestructura adicional y potenciales cientos de miles de usuarios. No es una modificación menor ni un asunto que pueda evaluarse exclusivamente bajo el argumento de la rapidez.

Shinno sostiene que ProInversión ya intentó adjudicar el proyecto en dos oportunidades y no encontró postores. El antecedente merece ser considerado, pero no resuelve por sí solo la discusión actual. Que una licitación haya quedado desierta demuestra que no se presentaron ofertas bajo las condiciones entonces establecidas; no demuestra que Cálidda tenga un derecho exclusivo sobre las siete regiones ni que resulte imposible convocar una nueva competencia.

El exoperador minero ahora convertido en ministro de Energía y Minas.

Por eso, el Gobierno debe explicar si las condiciones económicas, tarifarias, de financiamiento y distribución de riesgos que ahora se negocian con Cálidda son equivalentes a las que se ofrecieron en los procesos anteriores. Si han cambiado, corresponde justificar por qué esos cambios hacen viable una operación que antes no consiguió interesados. Una licitación desierta puede revelar falta de atractivo, pero también puede obligar a revisar el diseño del proyecto.

Lo que no debería ocurrir es que un proceso sin postores se convierta, sin una nueva evaluación de alternativas, en argumento suficiente para entregar posteriormente los mercados a un operador determinado. La urgencia de las regiones es real. Precisamente por eso, las condiciones de la solución deben ser transparentes y responder al interés público.

La urgencia no puede sustituir a la competencia

El argumento de que una nueva licitación retrasaría durante años la llegada del gas tiene una parte indiscutible: el tiempo importa. Cusco y las demás regiones llevan demasiado tiempo esperando una solución. Sin embargo, esa demora acumulada no puede convertirse automáticamente en la justificación para descartar cualquier alternativa a la adenda.

La pregunta que el Ejecutivo debe responder es por qué el país ha llegado nuevamente a un escenario en el que la urgencia amenaza con imponerse sobre la discusión de las condiciones contractuales. Las demoras de proyectos anteriores y las decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos requieren una explicación; no pueden utilizarse como una razón definitiva para sostener que ya no existe margen para evaluar otras opciones.

El problema no consiste en acelerar la llegada del gas, sino en determinar si el mecanismo elegido garantiza las mejores condiciones para el Estado y los usuarios. Si el Gobierno considera que la adenda es la alternativa más conveniente, debe sustentar esa conclusión con información verificable, estudios comparativos y una explicación de las razones por las que otras modalidades no ofrecerían mejores resultados.

También debe aclarar el alcance de la extensión contractual por diez años que se plantea en torno a la operación. Una ampliación de ese horizonte tiene consecuencias económicas y comerciales que deben ser evaluadas antes de comprometer nuevos territorios. Corresponde conocer quiénes negociaron las condiciones, qué observaciones fueron aceptadas o rechazadas, qué informes respaldan la propuesta y qué alternativas se examinaron.

Estas interrogantes no constituyen, por sí mismas, una prueba de favorecimiento irregular. Pero sí justifican exigir transparencia, especialmente cuando el ministro presenta el resultado como inevitable mientras las evaluaciones siguen abiertas.

¿Por qué Cálidda “de todas maneras”?

La cuestión central ya no es si las siete regiones necesitan gas natural. Esa necesidad no está en discusión. Lo que el Ejecutivo debe explicar es por qué la masificación tendría que concretarse necesariamente mediante la incorporación de esos mercados a la concesión de Cálidda.

¿Desde cuándo se considera esa alternativa como la definitiva? ¿Qué opciones se compararon? ¿Qué informes demuestran que una adenda ofrece mejores condiciones que una convocatoria competitiva? ¿Qué reuniones se realizaron con la empresa y qué compromisos se han asumido durante las negociaciones? Y, sobre todo, ¿por qué Shinno parece anticipar el desenlace antes de que las instituciones involucradas terminen sus evaluaciones?

El ministro puede comprometer políticamente a su sector con el objetivo de llevar gas natural a las regiones. Lo que debe justificar es la elección del mecanismo para conseguirlo. El MEF continúa evaluando la propuesta, Osinergmin mantiene diferencias técnicas, el Colegio de Ingenieros reclama competencia y representantes del Congreso y organizaciones sociales han pedido que no se firme la adenda.

Frente a ese escenario, la declaración de que el proyecto “va a ocurrir de todas maneras” plantea una interrogante institucional que no puede quedar sin respuesta: ¿se está ante una evaluación cuyo resultado todavía puede cambiar o ante una decisión previamente encaminada que ahora busca formalizarse mediante una adenda?

El Ejecutivo tiene la obligación de despejar esa duda con documentos, argumentos técnicos y transparencia. No basta invocar la urgencia de las regiones ni recordar que anteriores licitaciones quedaron desiertas. Si la propuesta es la mejor opción, debe poder demostrarlo.

Porque el gas natural debe llegar a las regiones. Pero esa necesidad no elimina el deber de proteger el interés público, justificar las condiciones contractuales y evaluar alternativas. El objetivo de la masificación y la elección de la empresa encargada son decisiones distintas.

El país necesita una garantía: que el gas llegue a las siete regiones. Lo que todavía falta explicar es por qué esa garantía tendría que incluir, necesariamente, a Cálidda.

Comentarios Continue Reading

Política

Senador Calisto Giampietri respalda la ofensiva legislativa contra el crimen y exige fiscalización al Ejecutivo

El senador Francisco Calisto Giampietri defiende la ampliación de 20 a 27 puntos de las facultades legislativas que deberá debatir el Senado y sostiene que los cambios permitirán mejorar la lucha contra el crimen organizado y reforzar la capacidad operativa del Estado. Anuncia que su posición será respaldar el paquete, cuyo plazo de aplicación se ha reducido de 120 a 90 días, y asegura que el Congreso tendrá la responsabilidad de fiscalizar al Ejecutivo.

Published

3 días ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

En medio del debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, el senador Francisco Calisto Giampietri defiende la incorporación de siete puntos adicionales a los veinte aprobados por la Cámara de Diputados.

En entrevista con Lima Gris, sostiene que la ampliación permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado, especialmente en materia de inteligencia y apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. También asegura que el Congreso ejercerá mecanismos de fiscalización para evitar excesos. Sin embargo, la aprobación de estas atribuciones plantea un desafío ineludible: demostrar que las nuevas herramientas se traducirán en resultados concretos frente al crimen organizado y las emergencias que afronta el país.

¿Por qué se consideró necesario incorporar siete puntos adicionales a los veinte aprobados por la Cámara de Diputados?

La propuesta original de la Cámara de Senadores, como usted precisa, llegó con veinte puntos para discutir, los cuales han sido aceptados. Pero dentro de las facultades que tiene la Cámara de Senadores, una de ellas es modificar lo que venga de la Cámara de Diputados, siempre y cuando no se desnaturalice el proyecto. Se vio la necesidad de incorporar siete puntos adicionales que enriquecen el pedido que vino de Diputados.

Varias de estas incorporaciones fueron planteadas y enriquecidas por el Partido de Obras. Se discutieron y, a raíz de eso, se votó en la Comisión de Constitución y se ganó en forma unánime.

En medio de la crisis de seguridad ciudadana, con extorsiones, asesinatos y ataques contra transportistas, ¿qué medidas específicas permitirían estas facultades que el Gobierno no puede aplicar con las leyes vigentes?

El marco legal que existe actualmente en el país no permite una actuación muy efectiva de los medios que tiene el Estado en cuanto a la lucha contra la criminalidad y el crimen transnacional, que es lo que en este momento nos está afectando.

La incorporación de facultades a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mediante la modificación de su ley orgánica, permitirá realizar actividades operativas de inteligencia. Esto va a mejorar la capacidad de recolección de información y traducirse en programas más operativos y eficientes para la lucha contra todos estos flagelos que estamos viviendo en este momento.

Otra medida es la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional cuando esta haya sido rebasada en su capacidad. Era un tema que tampoco estaba muy bien definido y considero que estas modificaciones van a permitir que funcione mucho mejor.

¿Qué límites y mecanismos de fiscalización impedirán excesos y garantizarán que los decretos legislativos respeten la Constitución?

Hay dos temas. Primero, en el caso de la Dirección de Inteligencia y la capacidad operativa que se le está otorgando con esta ley, se está colocando un mecanismo de control a través de la Comisión de Inteligencia del Senado de la República, para verificar los alcances de estas operaciones y facultades, de manera que no se extralimite en sus funciones.

Ese era uno de los cuestionamientos que se tenían con respecto a situaciones que habían sucedido anteriormente. Además, hay una Comisión de Control del Senado que permitirá, después de la expedición de estos decretos legislativos, hacer el seguimiento y la fiscalización correspondiente.

Esto no es un cheque en blanco que se le da al Gobierno. Es una facultad que le va a permitir hacer expeditivos sus procesos, pero con el debido control político.

Si el Senado aprueba los 27 puntos, ¿qué resultados concretos debería presentar el Gobierno en seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño?

Tenemos que precisar que, si bien es cierto las facultades que se estaban pidiendo estaban conceptuadas para ser entregadas por 120 días, este plazo se ha recortado a solamente 90, porque entendemos que el Ejecutivo ya tiene todo un paquete de decretos legislativos listo para salir y ser promulgado inmediatamente.

Esto le va a dar las herramientas al Gobierno de turno para operativizar todos estos decretos legislativos y comenzar a trabajar desde la parte ejecutiva, que es lo que le corresponde.

El cuestionamiento a la eficiencia o no de las acciones y actividades que se vayan a realizar vendrá de acuerdo con lo que vaya sucediendo en el desarrollo de las propias actividades.

¿La incorporación de los siete puntos adicionales responde a una evaluación técnica de las necesidades del país o también hubo negociaciones políticas para conseguir los votos en el Senado?

Yo creo que la incorporación de siete puntos adicionales a los veinte que remitió la Cámara de Diputados lo que hace es enriquecer este paquete legislativo y, de esta manera, hacer más efectiva la actuación del Poder Ejecutivo.

Hay que mirarlo desde ese punto de vista. No es una negociación netamente política. Por supuesto que ha tenido que llegar a un nivel de conversación de tipo político, pero lo que ha prevalecido aquí es la parte técnica sobre la política.

Ante el próximo debate, ¿cuál será su posición sobre el paquete de 27 puntos y qué condiciones considera indispensables para respaldarlo?

Nuestra posición tiene que ser la de apoyar las normas que se han pedido, que se incluyan estos siete puntos adicionales a los veinte que vinieron de Diputados, y que este paquete sea aprobado por la Cámara de Senadores.

Una vez que este paquete sea aprobado, el Ejecutivo tendrá que emitir los decretos legislativos correspondientes para poder operativizarlos. Nosotros, como Congreso, tendremos la obligación de verificar que no se extralimite en el uso de sus facultades.

Comentarios Continue Reading Advertisement

Más reciente
Popular
Videos

Política19 segundos ago