Francis Allison: Del calabozo de Miami al sillón de la alcaldía de Lima

Política Francis Allison: Del calabozo de Miami al sillón de la alcaldía de Lima El candidato a la Alcaldía de Lima arrastra una condena en Estados Unidos, denuncias por millones en aportes no pagados y un cuestionamiento de Contraloría que resurgió en pleno debate electoral. Published 2 minutos…

Política

El candidato a la Alcaldía de Lima arrastra una condena en Estados Unidos, denuncias por millones en aportes no pagados y un cuestionamiento de Contraloría que resurgió en pleno debate electoral.

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2 minutos ago

26/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Francis Allison compite por la Alcaldía de Lima con un historial que combina procesos judiciales de distintas épocas, denuncias municipales y cuestionamientos electorales acumulados desde su etapa como ministro de Vivienda y sus dos gestiones al frente de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Entre esos antecedentes hay uno que pocos recuerdan: en 2010 pasó cuatro días en una cárcel de Miami, condenado junto a su esposa por no declarar más de 50 mil dólares en efectivo ante la aduana estadounidense.

A esa condena se suman una investigación por lavado de activos vinculada al caso Business Track que terminó archivada, una denuncia penal por 18 ordenanzas que permitieron edificios de hasta 25 pisos en Magdalena, otra por S/32 millones en aportes de trabajadores municipales que nunca habrían sido entregados, y un informe de Contraloría que la candidata Mónica Yaya sacó a relucir en pleno debate por la Alcaldía de Lima.

El caso business track y la investigación por lavado de activos

Cuando era ministro de Vivienda, en 2009, Allison reconoció haber trabajado como abogado y consultor para Business Track (BTR), la empresa investigada por interceptaciones telefónicas ilegales. Negó haber conocido las actividades ilícitas de la compañía y haber frecuentado sus oficinas. La investigación fiscal derivada de esa relación llegó a incluir hipótesis de lavado de activos, peculado y concusión; la parte de lavado de activos fue archivada, aunque años después la Procuraduría cuestionó ese archivo y pidió revisar con más detalle determinados movimientos financieros.

La condena en Miami por dinero no reclarado

En enero de 2010, una corte federal de Miami condenó a Allison y a su esposa por no declarar 50,250 dólares en efectivo ante las autoridades aduaneras al ingresar a Estados Unidos. La sentencia impuso cuatro días de cárcel y una multa de 3,000 dólares para cada uno, el dinero fue incautado y ambos quedaron impedidos de ingresar al país durante tres años.

Francis Allison y su esposa en el 2010.

Las denuncias de San Isidro por licencia y cambios de jurisdicción

Durante el conflicto territorial entre San Isidro y Magdalena, la Municipalidad de San Isidro denunció penalmente a Allison y a funcionarios de Magdalena por modificaciones de jurisdicción de ciertos predios y el otorgamiento de licencias de construcción que consideraba irregulares. La denuncia se amplió después por una presunta falsedad genérica vinculada a los documentos de esos cambios de jurisdicción.

Los edificios que superaron la altura permitida en Magdalena

Una investigación de El Comercio identificó 18 ordenanzas aprobadas entre 2009 y 2018 que permitieron construcciones de hasta 25 pisos en zonas de Magdalena del Mar donde antes regían límites menores, y que estuvieron relacionadas con 67 edificios construidos entre 2016 y 2019. Varias de esas ordenanzas, según la investigación, se aprobaron sin los informes técnicos y jurídicos correspondientes ni la ratificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En septiembre de 2021, la propia Municipalidad de Magdalena denunció penalmente a Allison y a miembros de los concejos municipales involucrados, en un caso que quedó a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios. Allison respondió que los alcaldes no votan las ordenanzas y que la responsabilidad correspondía a los regidores que las aprobaron.

La denuncia por S/32 millones de aportes de trabajadores

En noviembre de 2019, la Municipalidad de Magdalena denunció a Allison por el presunto incumplimiento de pagos de seguros, retenciones y aportes de pensiones de trabajadores municipales, por una suma cercana a los S/32 millones. La denuncia sostuvo que durante su gestión se habrían hecho descuentos a los trabajadores sin entregar esos fondos a las entidades correspondientes, y fue presentada ante la Segunda Fiscalía Penal de Magdalena del Mar como presunta omisión de funciones y retardo injustificado de pagos. También quedó comprendido el entonces gerente municipal, a quien se cuestionó por no supervisar esos pagos.

La acusación vinculada a la fiscal Elizabeth Peralta

En diciembre de 2024, un reportaje televisivo sostuvo que Allison habría financiado trabajos de remodelación en una vivienda vinculada a la entonces fiscal Elizabeth Peralta, y relacionó esa ayuda con la investigación por lavado de activos que antes lo había involucrado. Allison rechazó la versión y explicó que la investigación en su contra había sido archivada en 2015, mientras que Peralta fue nombrada fiscal especializada en lavado de activos recién en 2016. Reconoció que la conocía y que mantenían una relación de amistad.

La Cámara de EMAPE retirada en la Costa Verde

En 2026, la Municipalidad de Lima cuestionó a Allison por el retiro de una cámara de control instalada en la Costa Verde y anunció acciones legales. Allison respondió que el equipo había sido instalado por Lima sin autorización de la Municipalidad de Magdalena y cuestionó la forma en que se pretendía aplicar las sanciones del sistema de control.

El informe de Contraloría que surgió en el debate electoral

Durante el debate por la Alcaldía de Lima, la candidata Mónica Yaya cuestionó a Allison por el Informe N.º 111-2026 de la Contraloría, que señalaría bienes faltantes valorizados en más de S/2.8 millones y gastos superiores a S/2 millones sin sustento, correspondientes al periodo de 2025. Allison respondió que desconocía el informe y que esos cuestionamientos no correspondían a su gestión; Yaya insistió en que el documento sí estaba referido a ese periodo.

Allison ha respondido a la mayoría de estos casos calificándolos de denuncias políticas o de responsabilidades que no le correspondían, mientras su gestión en Magdalena del Mar —dos periodos consecutivos como alcalde— sigue siendo el terreno donde sus adversarios concentran los cuestionamientos, ahora que busca extender esa gestión a toda la capital.

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Liceo Naval Almirante Guise: la cercanía de la viceministra Miriam Ponce con los liceos de la Marina

Redacción Lima Gris

Política

Liceo Naval Almirante Guise: la cercanía de la viceministra Miriam Ponce con los liceos de la Marina

En el 2023 y 2024, la exministra de Educación Miriam Ponce y hoy viceministra en el MINEDU realizó visitas a los liceos navales Almirante Guise y Contralmirante Montero. Además, el 18 de setiembre, día de la publicación del Decreto Supremo n.º 016-2026-MINEDU que dispuso la reorganización de la gestión educativa y gobernanza a cargo del MINEDU, se reunió con dos oficiales de la marina. Además, en el 2014 se reportó un caso de violencia sexual en el liceo sin que hubiera consecuencias legales para el agresor.

Published

22 minutos ago

26/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 18 de septiembre, el Ministerio de Educación asumió la administración directa del Liceo Naval Almirante Guise (San Borja) hasta diciembre de 2027, luego de la denuncia por presunta agresión sexual contra un alumno de 16 años en un transporte escolar.

La reorganización, de momento, según declaraciones del ministro José Antonio Chang, es conducida con el apoyo de los viceministros Luis Alemán Nakamine (Gestión Institucional) y Miriam Ponce Vértiz (Gestión Pedagógica). El sistema SíseVe está a cargo del Viceministerio de Gestión Institucional (VMGI) del Ministerio de Educación del Perú (Minedu) a través de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar (DIGC) desde el 2015. Sin embargo, la presencia de la hoy viceministra Miriam Ponce genera interrogantes por sus vínculos previos con los liceos de la Marina y sus actuaciones como ministra de Educación frente a los casos de violencia escolar reportados en los liceos navales.

El 22 de noviembre de 2023, la exministra de Educación Miriam Ponce Vértiz y el entonces director del Liceo Naval Almirante Guise, Guido Revilla Obando, la coordinadora del nivel secundaria Carito Ayala Delgado y otros representantes. Fuente: Portal oficial del Liceo Almirante Guise.

El 22 de noviembre de 2023, en su rol de ministra de Educación, visitó el Liceo Naval Almirante Guise. En esa ocasión, posó junto al entonces director Guido Revilla Obando —quien ejerció la titularidad del plantel entre enero de 2023 y diciembre de 2024— y a Carito Ayala Delgado, subdirectora general en esa fecha y posterior directora en 2026.

Fotografía de la visita de la hoy viceministra Miriam Ponce al Liceo Naval «Contralmirante Montero» en agosto del 2024 con la participación de autoridades del Liceo Almirante Guise. Fuente: Portal oficial del Liceo Almirante Guise.

En agosto de 2024, Miriam Ponce participó en un acto institucional en el Liceo Naval Contralmirante Montero junto al contralmirante Alfredo Osorio Bromberg (director de Bienestar de la Marina), el capitán de navío Marco Goytizolo Castagnola (jefe del Departamento de Educación de Bienestar de la Marina), Roberto Jiménez Torreblanca (director ejecutivo de la Fundación de Bienestar Naval) y el entonces director del Liceo Naval Almirante Guise, Guido Revilla Obando.

Según recogió el diario Expresión en: «El portal SíSeVe arrojó que se habían reportado 144 casos de violencia escolar en el Liceo Naval durante los últimos cinco años; el 2023, 31; el 2024, 30; y el 2025 se alcanzó la cifra récord de 45 casos. En lo que va de este año se han reportado 10 casos».

Teniendo en cuenta que Miriam Ponce fue titular del Minedu entre septiembre de 2023 y abril de 2024, y según lo informado, se generaron más de 30 reportes de violencia escolar, surge una interrogante clave: ¿conocía la actual viceministra sobre las alertas de violencia escolar en los liceos navales durante su gestión ministerial? ¿Recibió algún informe? ¿Cuáles fueron sus actuaciones en ese entonces?

El 18 de setiembre, la viceministra Miriam Ponce se reunió (de 18:05 a 19:15 horas) con el vicealmirante Alberto Avilez Puertas (director general del personal de la Marina) y el capitán de navío Marco Goytizolo Castagnola.

Dado que los temas de la reunión no se hicieron públicos, queda pendiente una respuesta pública por parte del Minedu a cargo del Dr. Chang: ¿existe una verdadera voluntad institucional para ejecutar una reingeniería en el Liceo Naval Almirante Guise o primarán las lealtades cruzadas? Asimismo, ¿qué temas abordaron los oficiales de la Marina de Guerra y la viceministra Miriam Ponce? Ministro Chang le preguntó a Miriam Ponce: ¿Qué acciones realizó en su periodo como ministra de educación frente a los hechos de violencia escolar reportados en los liceos navales?

Por otro lado, el pasado 18 de septiembre, seis de los diez adolescentes investigados por la agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), tras dictarse cuatro meses de internamiento preventivo. Sin embargo, su permanencia en el establecimiento ha generado controversia debido a denuncias sobre presuntos privilegios que estarían recibiendo en el centro.

¿Qué papel cumplió Carito Ayala, exdirectora del liceo Almirante Guise, en el caso de presunta violencia sexual?

En una entrevista en Willax, el abogado de la víctima, Jorge Petroscio, afirmó que la denuncia por omisión de funciones contra dos profesores fue presentada a título personal por la subdirectora del Liceo Naval, a quien identificó como la segunda al mando de la entonces directora Carito Ayala: «La Marina, entre comillas, presenta una denuncia ante la comisaría de San Borja por omisión de funciones contra los dos profesores. […] quien ha presentado esa denuncia a título personal es la subdirectora del Liceo Naval, en otras palabras, la segunda al mando de la exdirectora Carito Ayala». También agregó: «Ella sabía perfectamente lo que había pasado. Ella lo sabe desde el día 15, en la noche, en la tarde noche. Ahí está el acta. Podría ir presa».

Para el abogado Petroscio, la subdirectora habría actuado por disposición de la Marina: «Esta subdirectora para nosotros ha actuado porque la Marina le tiene que haber dado la orden y le ha dicho: ‘Anda a la comisaría […] y sentó una denuncia ‘» presentó una denuncia en la comisaría de San Borja limitada al delito de omisión de funciones contra dos profesores, sin incluir a la exdirectora del plantel ni a las autoridades navales de las que depende jerárquicamente la institución, entre ellas el contralmirante Carlos Guerrero, director de Bienestar de la Marina.

Petroscio ha solicitado a la fiscalía ampliar la imputación a delitos de violación sexual por comisión por omisión, abandono de menor, encubrimiento personal y omisión de denuncia, y extenderla a la exdirectora. La estrategia de acotar la responsabilidad a dos docentes, sin tocar la cadena de mando naval, reabre la misma pregunta de fondo: ¿Protege la gestión de José Antonio Chang a la víctima, o protege al Liceo Almirante Guise en coordinación con la Marina de Guerra?

Caso 2014: Los antecedentes de impunidad y «espíritu de cuerpo» en el colegio naval

Abogada penalista Romy Chang durante entrevista con el periodista Christian Hudtwalcker. Fuente: Willax Televisión.

La impunidad frente a los casos de violencia sexual en el Liceo Naval Almirante Guise no sería patrón inédito. En 2014, durante un viaje de promoción a Punta Cana, una estudiante del mismo colegio fue víctima de una violación sexual por parte de un compañero.

Según relató la abogada penalista Romy Chang el día de ayer en el programa Ahora y En La Hora, conducido por el periodista Christian Hudtwalcker en Willax Televisión, quien patrocinó el caso, señaló: «No solamente porque el colegio negaba o quería de alguna manera decir que no tenía mayor responsabilidad, porque decían que era el viaje de promoción».

Según la abogada, el colegio negó responsabilidad institucional: «[…] Todas las reuniones de coordinación fueron en el colegio, partieron desde el colegio», alegando que el hecho ocurrió fuera de sus instalaciones, pese a que el viaje había sido coordinado desde el propio plantel. Además, el agresor habría contado con apoyo de otros padres de familia de los estudiantes del liceo AG, según la versión de la abogada; «hubo también todo un espíritu de cuerpo entre varios papás de otros niños para ayudarlo a salir del país» —varios de ellos vinculados a la Marina—, evadió una orden de captura en República Dominicana y regresó al país.

A pesar de que en primera instancia se le impuso un año de internamiento, el proceso judicial prescribió en segunda instancia debido a que el plazo legal para sancionar a menores infractores era de solo dos años. Como resultado, el estudiante continuó sus clases en el plantel sin recibir sanción disciplinaria alguna. Este antecedente, debidamente documentado, sugiere que la minimización de denuncias por parte del Liceo Naval AG no sería un caso aislado, sino una práctica reiterada. Mantener la atención pública sobre este hecho y otros resultará indispensable para evitar la impunidad de los agresores.

Según la abogada Chang, respecto a la prescripción: «Hay un cambio normativo que hay que hacer. El plazo de prescripción sigue siendo muy corto; 4 años es insuficiente.»Desde la Cámara de Diputados han impulsado el 21 de setiembre una moción de interpelación contra el ministro Chang; sin embargo, las bancadas de oposición no incluyeron dentro de este pliego interpelatorio lo ocurrido dentro del Liceo Naval Almirante Guise.

Finalmente, la designación de Luis Alemán Nakamine como director temporal, oficializada el 21 de septiembre mediante la Resolución Ministerial n.º 576-2026-MINEDU, constituye un hecho relevante en el organigrama del sector. Como viceministro de Gestión Institucional, Alemán es el superior jerárquico de las áreas que administran los sistemas de gestión del Minedu, entre ellos el SíseVe (Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar).

Esta doble función plantea interrogantes de evidente interés público: ¿qué rol asumirá en la supervisión de los informes del SíseVe mientras conduce la reorganización de un colegio investigado por omitir alertas de violencia sexual? ¿Prevalecerá nuevamente el «espíritu de cuerpo», como habría ocurrido en 2014?

La ciudadanía no podrá tener certeza de que la reingeniería prometida en el Liceo Naval Almirante Guise por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se cumplirá mientras persistan zonas de opacidad entre quienes deben fiscalizar y quienes, históricamente, han evadido dicho control.

Hasta el cierre de este informe, este medio se comunicó con la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce Vértiz, a fin de conocer su versión sobre los puntos señalados —su rol durante la gestión ministerial frente a las alertas de violencia escolar en los liceos navales, el contenido de la reunión sostenida el 18 de setiembre con oficiales de la Marina de Guerra y sus vínculos previos con dichas instituciones educativas—; sin embargo, no obtuvimos respuesta de su despacho. Lima Gris mantiene abierto el espacio para publicar sus declaraciones en caso de que decida pronunciarse.

Dato:

Exministro Oscar Becerra visitó a Chang y Ponce

El 21 de septiembre, el exministro de Educación Óscar Becerra (quien ejerció el cargo entre el 21 de diciembre de 2022 y el 23 de abril de 2023) se reunió con el actual titular del sector, José Antonio Chang, y el 22 con la propia viceministra de Gestión Pedagógica. No se trató de una cita entre desconocidos, sino de un encuentro entre el exministro y Miriam Ponce, quien fuera su viceministra, el encuentro con Chang duró 2 horas aproximadamente.

Queda pendiente una interrogante para el exministro Óscar Becerra: ¿Recibió su despacho reportes sobre la situación de los liceos navales y hubo alguna articulación con las autoridades de la Marina durante su período ministerial? Y Finalmente para el ministro José Antonio Chang: ¿Asumirá el exministro Óscar Becerra algún cargo, asesoría o representación dentro del Minedu en los próximos días?

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Política

Gasoductos y TGP: el lobby que impulsa el ministro Guillermo Shinno

El ministro de Energía y Minas habla de seguridad energética, pero el Gobierno vuelve a negociar con TGP la ampliación de una infraestructura estratégica. La coincidencia abre preguntas incómodas sobre concentración, competencia y un millonario lobby que favorece a los actuales concesionarios.

Published

14 horas ago

25/09/2026

Redacción Lima Gris

Hay una pregunta que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, debería responder con documentos y no con declaraciones: ¿el Estado está diseñando una verdadera diversificación del sistema de transporte de gas o simplemente está ampliando la infraestructura existente alrededor de los mismos operadores?

La interrogante no es menor. El propio Shinno sostiene que el Perú necesita nuevos gasoductos y alternativas que permitan evitar que una falla en una sola infraestructura vuelva a poner en jaque el abastecimiento nacional. El argumento resulta razonable. El problema aparece cuando esa supuesta diversificación comienza a construirse alrededor de Transportadora de Gas del Perú (TGP), precisamente la empresa que actualmente opera el sistema troncal de transporte desde Camisea.

El ministro ha confirmado que TGP modificó su propuesta para extender el gasoducto hasta Tacna y que el Ministerio de Energía y Minas evalúa las condiciones planteadas por la empresa. En 2025, además, desde el Gobierno ya se había informado que se estudiaba técnicamente una propuesta de adenda de TGP para un gasoducto valorizado por la empresa en unos US$2.000 millones.

Ministro Guillermo Shinno, el 26 de agosto pasado, se reunió con la presidente del directorio de Transportadora de Gas del Perú (TGP), Leonie Roca.

Aquí aparece la contradicción que merece una investigación. Si el diagnóstico oficial es que el país necesita reducir su vulnerabilidad y evitar la dependencia de una sola infraestructura, ¿por qué la solución vuelve a colocarse en manos del mismo concesionario?

Porque construir más ductos no necesariamente significa diversificar el sistema. Hay un grave sesgo en Shinno. Tener dos caminos para transportar el gas no equivale necesariamente a tener dos operadores, dos concesionarios o dos modelos de gestión.

Y el contexto hace que las preguntas sean todavía más necesarias. El 28 de abril de 2026, Osinergmin informó que había identificado incumplimientos de TGP relacionados con el suministro de flujo y presión de gas durante la emergencia provocada por la deflagración ocurrida en marzo en el sistema de transporte. El regulador remitió sus informes al Minem para que, como entidad concedente, evalúe las acciones correspondientes, incluidas las eventuales consecuencias contractuales.

Por tanto, el asunto no es simplemente que TGP quiera invertir. Las empresas tienen derecho a presentar proyectos y defender sus intereses. La cuestión es otra: ¿por qué el Estado parece partir de la continuidad de los actuales concesionarios como punto de partida para resolver sus necesidades estratégicas?

Más aún cuando existe otro camino para analizar. Para Cusco se viene trabajando un proyecto estructurado por ProInversión que eventualmente puede ser sometido al mercado. Mientras tanto, para la costa sur el Gobierno mantiene conversaciones directas con TGP. La diferencia merece explicación: ¿por qué un proyecto puede abrirse a la competencia y otro se negocia directamente con el operador existente?

El ministro Shinno debería exhibir los estudios comparativos realizados por el Estado. ¿Se evaluaron nuevos concursos? ¿Se consideraron nuevos operadores? ¿Se analizaron concesiones independientes para las nuevas expansiones? ¿Se estudió una infraestructura que permita competir y no simplemente extender el actual modelo de concentración?

Y hay otra pregunta todavía más delicada: ¿quién gana y quién pierde si la expansión del sistema termina consolidando a los mismos actores que ya dominan la infraestructura estratégica?

No hace falta afirmar que existe un lobby para advertir que existen condiciones que deben ser transparentadas. Precisamente porque se trata de infraestructura energética crítica y de inversiones de enorme magnitud, cualquier percepción de trato preferencial debe ser despejada con información pública, criterios técnicos y procedimientos verificables. No olvidemos que incluso hay carpetas fiscales investigando a congresistas por lobby en el sector energético.

El problema, no es solo que existiría es millonario lobby detrás de TGP. El problema sería que el Estado convierta esa aspiración empresarial en su propia hoja de ruta sin demostrar que antes comparó otras alternativas.

La seguridad energética no puede reducirse a construir más kilómetros de tubería. También significa evitar que una infraestructura estratégica permanezca excesivamente concentrada en las mismas manos.

El ministro Shinno tiene la palabra. Y, esta vez, no basta decir que se está negociando “con lupa”. Hay que mostrar qué alternativas fueron evaluadas, bajo qué criterios, quién participó en las decisiones y por qué la expansión propuesta por TGP representa —si así lo concluyen los estudios— la mejor solución para el interés público.

El Gobierno habla de seguridad energética, pero la expansión vuelve a girar alrededor del mismo operador. La pregunta es inevitable: ¿se está reduciendo la dependencia o simplemente se está ampliando el poder de quienes ya controlan el sistema?

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Política

Francisco Calisto Giampietri: “No puede existir ningún privilegio en Maranguita”

El presidente de la Comisión de Defensa anuncia que solicitará información oficial sobre las condiciones de internamiento de los seis adolescentes investigados y exige esclarecer las responsabilidades de los tres adultos que se encontraban en el bus escolar.

Published

23 horas ago

25/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El caso del Liceo Naval vuelve a poner bajo escrutinio las responsabilidades que rodean la presunta agresión contra un estudiante y las condiciones de internamiento de los seis adolescentes investigados. A ello se suma la investigación a un conductor, un entrenador y un docente que se encontraban en el bus durante el traslado. En entrevista con Lima Gris, el presidente de la Comisión de Defensa plantea una investigación “con el máximo rigor”, pide proteger a la víctima y anuncia que solicitará información oficial para determinar si existieron condiciones diferenciadas en Maranguita.

Senador, usted señaló ante la Comisión de Defensa que este caso no va a quedar ahí. ¿Cuál será el siguiente paso para determinar las responsabilidades por lo ocurrido en el Liceo Naval?

Yo creo que lo primero que se debe hacer aquí es proteger a la víctima, que es el primer paso que se tiene que dar, y darle todo el soporte que necesite, tanto la víctima como su familia.

Por otro lado, hay que hacer una profunda investigación para llegar a conocer los detalles, hasta el último detalle, valga la redundancia, y de esta manera poder individualizar cada responsabilidad y, de acuerdo a eso, actuar con el peso máximo que pueda dar la ley en este tipo de casos. Y el tercer punto que tenemos que hacer es activar todos los protocolos para que no se vuelva a presentar una situación de violencia.

La investigación también alcanza al conductor, al entrenador y al docente que estaban en el bus. ¿Debe determinarse si cumplieron con su deber de supervisión y protección de los menores?

Este es un tema que tiene que ser investigado con el máximo rigor, con la máxima pulcritud, a través de los procedimientos establecidos, que en este caso son la Fiscalía y el Poder Judicial. Nosotros vamos a pedir la información correspondiente, pero a quien corresponde actuar de oficio legalmente es a la Policía, a la Fiscalía y al Poder Judicial.Nosotros no podemos interferir en ningún tipo de investigación, más sí podemos complementar la misma y estructurar protocolos para que eso no vuelva a suceder.

Se han difundido denuncias sobre un presunto trato privilegiado a los seis adolescentes en Maranguita. ¿La Comisión solicitará información oficial para determinar si existen condiciones diferenciadas?

Ahí son dos cosas. Primero, que no puede existir ningún trato diferenciado con ningún interno en ningún centro, ni penitenciario ni en un centro de readaptación, como es el caso de Maranguita. No existe ninguna excusa o ninguna situación que pueda poner a personas con privilegios sobre otras personas. Eso no puede presentarse.

A raíz de esta información periodística, nosotros vamos a oficiar al INPE para que dé información clara de qué es lo que ha sucedido y se hagan las investigaciones correspondientes. No se pueden tolerar situaciones de esta naturaleza.

¿Cómo determinará la Comisión si las condiciones de los seis adolescentes responden a medidas especiales por su condición de menores o si se trataría de un trato privilegiado que no tiene sustento legal?

Bueno, como usted lo acaba de decir, no tiene sustento legal y esto tendría que inmediatamente ser denunciado a la Fiscalía y, a través de la Fiscalía, activar los procedimientos correspondientes. No puede existir ni una sola excusa para que suceda una cosa de esta naturaleza, en caso de que esté sucediendo.

No lo podemos afirmar porque todavía no se ha hecho una investigación, pero vamos a pedir la información correspondiente.

¿Considera necesario que PRONACEJ entregue al Congreso información documentada sobre las condiciones de internamiento de los seis adolescentes?

Yo creo que toda la información se debe brindar en forma transparente para que la ciudadanía esté clara de que no existen situaciones de esta naturaleza y, de existir, deben ser sancionadas jurídicamente.

No puede haber privilegios de ninguna especie en ningún centro penitenciario. Yo acabo de estar el día de ayer en el centro penitenciario acá en el Cusco y hemos, de una u otra manera, pasado inspección a todos los ambientes y hemos verificado, por ejemplo, que en este centro penitenciario no existe diferenciación en el trato de los internos. No tiene por qué existir diferenciación en ningún centro de reclusión en el Perú.

En el caso de los tres adultos investigados, si se determina que alguno conocía una situación de riesgo y no actuó oportunamente, ¿podría existir una responsabilidad por omisión del deber de cuidado?

Pero, por supuesto. La presencia en el bus de tres adultos que, de una u otra manera, tienen supervisión sobre los menores que están embarcados en ese bus, involucra una responsabilidad inherente de cuidado hacia los menores de edad. Si esto no ha sucedido así, tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley.

Finalmente, ¿la Comisión de Defensa solicitará información a la Marina, al Liceo Naval y a las autoridades correspondientes?

Nosotros vamos a solicitar la información para poder complementar cualquier necesidad de información que puedan tener las autoridades que tienen que llevar a cargo la investigación, que son la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Esto será evaluado por el Poder Judicial y el Poder Judicial actuará en consecuencia, derivado de la información que recaben de los diferentes medios de información.

Entonces, nosotros vamos a apoyar el esfuerzo de investigación de la Policía Nacional y de la Fiscalía de la Nación para que tome el Poder Judicial la mejor decisión y aplique el máximo rigor de la ley y la transparencia en todo el proceso.

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Política

Los nueve casos que persiguen a Carlos Bruce hasta la alcaldía de Lima

Del video en el que aparece usando una pistola eléctrica contra su asesor a la acusación de narcotráfico que calificó de montaje: el historial de denuncias e investigaciones que Bruce arrastra en su carrera por el sillón municipal de Lima.

Published

1 día ago

25/09/2026

Redacción Lima Gris

Foto: Andina.

Por Giovanna Ríos

Mientras Carlos Bruce recorre Lima en busca de votos para la Alcaldía, detrás de él arrastra una lista de denuncias, investigaciones y escándalos que abarcan casi tres décadas de vida pública. Ninguno de esos casos ha terminado en una sentencia condenatoria, pero juntos dibujan el mapa de un candidato que nunca ha estado del todo lejos de la controversia.

Hay una tacha electoral que buscó sacarlo de la contienda, una acusación de narcotráfico que él mismo calificó de montaje, un video en el que aparece usando una pistola eléctrica contra su asesor y una investigación fiscal abierta el año pasado por la demolición de un inmueble. A eso se suman antecedentes de su paso por el Congreso y el Ministerio de Vivienda, entre denuncias constitucionales y una investigación por presunto tráfico de influencias.

La tacha electoral que el JNE declaró infundada

Un ciudadano presentó una tacha contra la candidatura de Bruce, cuestionando diferencias en las fechas de su declaración jurada de hoja de vida, la forma en que presentó determinados documentos y el porcentaje de candidatos designados directamente por Somos Perú. El JEE Lima Centro la declaró infundada y, tras la apelación, el JNE confirmó esa decisión el 10 de septiembre de 2026. Hoy no existe ninguna tacha pendiente contra él.

La acusación de narcotráfico que Bruce calificó de montaje

Rafael López Aliaga difundió un supuesto informe desclasificado del año 2000, atribuido a un agente de la DEA, que vincula a Unixa —empresa exportadora de la que Bruce fue accionista junto a su hermano— con el envío de cocaína desde el Callao hacia Italia. Bruce lo negó categóricamente, lo calificó de montaje y aseguró que nunca existió una carpeta fiscal ni una investigación policial que respalde esa versión. En septiembre anunció acciones legales contra López Aliaga por difamación.

El video de la pistola eléctrica y la inspección de SUNAFIL

En mayo de 2026 se difundió un video en el que Bruce aparece usando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio Carranza dentro de una oficina municipal. Bobbio sostuvo que el video estaba manipulado con inteligencia artificial; Bruce afirmó que no hubo riesgo real ni consecuencias mayores. Sunafil ordenó una inspección para determinar si hubo alguna vulneración de derechos laborales.

La demolición que abrió una investigación fiscal

La Fiscalía abrió en octubre de 2025 una investigación contra Bruce por la demolición de parte de un inmueble vinculado a la congresista María Acuña, durante un operativo de la Municipalidad de Surco para recuperar un área que consideraba espacio público.

La denuncia partió de la inmobiliaria dueña del predio, que sostiene que no existía una medida correctiva de demolición ni un procedimiento de ejecución coactiva previamente notificado. Se investiga a Bruce por usurpación de funciones y abuso de autoridad, aunque otras versiones periodísticas mencionan también usurpación agravada y violación de domicilio. El Concejo de Surco respaldó la actuación del alcalde.

Los cuestionamientos urbanos en Surco

En 2024, motociclistas y repartidores protestaron contra una ordenanza de Surco que exigía un empadronamiento mediante código QR, con multas e internamiento de vehículos, por considerarla discriminatoria. Ese mismo año, vecinos del distrito denunciaron que varios proyectos inmobiliarios excedían los parámetros de altura permitidos —en un caso, hasta siete pisos de diferencia—; la propia Municipalidad de Surco reconoció unas sesenta edificaciones en esa situación, aunque Bruce responsabilizó de ello a la gestión anterior de Jean Pierre Combe.

El antecedente de “Los temerarios del crimen”

En 2019, cuando era ministro de Vivienda, Bruce fue incluido en una investigación preliminar de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias agravado, dentro del caso “Los Temerarios del Crimen”, vinculado a una presunta red de corrupción alrededor de obras públicas en la Municipalidad de Chiclayo. En total fueron cinco los congresistas investigados por su posible relación con esos hechos.

La vacancia de PPK

En noviembre de 2018, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz y Bruce por el caso de la presunta compra de votos para evitar la vacancia presidencial. La denuncia le atribuía a Bruce presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La denuncia archivada por la inauguración de su restaurante

También en 2018, la entonces congresista Tamar Arimborgo lo denunció constitucionalmente por presunto patrocinio ilegal y peculado doloso, luego de que Bruce pidiera policías y vehículos para la inauguración de su restaurante La Trastienda, en Barranco. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó la denuncia con diez votos en contra y uno a favor, y el expediente fue archivado.

Las controversias se producen mientras Bruce compite por la Alcaldía de Lima con Somos Perú y se mantiene entre los primeros lugares de las encuestas, en una campaña donde varios de sus rivales han hecho de estos casos parte central de sus cuestionamientos.

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Política

Edú Nevado: de investigar la corrupción a disputar la alcaldía de La Unión

Durante 37 años fue policía y formó parte de la unidad especializada conocida como la DIVIAC que investigó grandes casos de corrupción a nivel nacional. Hoy postula por Acción Popular en La Unión, el distrito piurano donde nació, y que lleva más de una década recibiendo agua apenas una o dos horas al día.

Published

2 días ago

24/09/2026

Redacción Lima Gris

Durante años investigó a alcaldes, funcionarios, jueces, fiscales y policías acusados de corrupción. Ahora quiere sentarse al otro lado del escritorio: ser alcalde de su propio pueblo. Edú Nevado Moscol integró la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), la unidad especializada de la Policía Nacional creada para enfrentar los delitos más complejos, entre ellos la corrupción. Hoy, ya en retiro, postula por Acción Popular a la alcaldía de La Unión, el distrito de Piura donde nació.

Cada vez que volvía de visita a La Unión, encontraba lo mismo que había dejado la vez anterior. Las gestiones municipales cambiaban, pero el problema seguía allí: el agua llega una o dos horas al día, casi siempre de madrugada, y los desagües colapsados sacan las aguas servidas a las calles.

Según cuenta, al visitar a su familia y a sus vecinos y verlos vivir en esas condiciones empezó a averiguar y pudo descubrir que gestiones anteriores corruptas no hicieron nada a pesar de que existían fondos para las obras. Esa fue la razón que lo llevó a postular. Por eso su propuesta central empieza por ese expediente: “La primera gran tarea será conocer la verdad de la obra de agua y alcantarillado, sanear los terrenos pendientes y convocar al Ministerio de Vivienda a una mesa pública con plazos y responsables”.

Su caso no es aislado. En el Perú, frente a obras que el Estado no termina y servicios que nunca llegan, algunas personas que conocieron el aparato público desde dentro han decidido dar el salto a la política. Es el mismo camino que siguió el coronel Harvey Colchado, exjefe de la DIVIAC, quien también dejó la Policía y hoy es diputado por Ahora Nación y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. Mientras Colchado dirigió la DIVIAC, Nevado fue uno de los policías más experimentados y mejor preparados de la unidad.

Las razones y circunstancias de cada uno son distintas, pero ambos recorridos plantean la misma pregunta: qué ocurre cuando quienes pasaron años investigando la corrupción y las deficiencias del Estado deciden que ya no basta con señalarlas desde fuera y buscan corregirlas desde un cargo en beneficio de su comunidad. Edú Nevado pasó al retiro y regresó a su poblado natal de La Unión. Es la primera vez que postula a un cargo público.

Diez años sin resolver

El problema del agua en La Unión no es un argumento fabricado para la campaña. En 2016 ya se informaba que existían sectores del distrito que reciben apenas una hora diaria de agua. En abril de 2018 los pobladores paralizaron el distrito para reclamar por el colapso de los desagües y por el abastecimiento restringido. En enero de 2021, la Defensoría del Pueblo advirtió que más de 17 mil habitantes estaban afectados por una obra inconclusa: el agua llegaba una o dos horas al día, generalmente de madrugada, mientras el alcantarillado colapsaba y las aguas servidas salían a las calles.

Años después, el problema sigue igual. El 19 de junio de 2026, el Ministerio de Vivienda informó que había realizado una nueva mesa técnica para “destrabar” el proyecto de agua y saneamiento de La Unión. Según el ministerio, el saldo de obra pendiente debe permitir rehabilitar 6.106 conexiones de agua potable y 3.296 de alcantarillado, en beneficio de más de 22 mil personas.

De lustrabotas a policía

La historia de Edú Nevado empezó en La Unión donde nació el 29 de abril de 1971 y fue el mayor de siete hermanos. Trabajó desde niño: vendió pescado junto a su madre y su abuela, lustró zapatos entre los 11 y los 16 años y, durante el fenómeno de El Niño de 1983, salió a vender pan de madrugada.

A los 17 años viajó a Lima para probar suerte en el fútbol. No resultó. Ingresó entonces a la Escuela Nacional de Policía y empezó una carrera que duraría 37 años. Su primer destino fue Huancavelica, en los años de la violencia terrorista. Décadas después llegaría a la DIVIAC.

La unidad había sido creada en 2016 para investigar organizaciones criminales complejas y ganó notoriedad nacional bajo la jefatura de Colchado. Aunque se la asocia sobre todo con los grandes casos de corrupción política, también investigaba crimen organizado, economías ilegales y delitos violentos.

La participación de Nevado en ese equipo se constata en documentos incorporados a expedientes del Congreso y allí se registran diligencias realizadas y firmadas por él en junio de 2018 desde el Departamento de Investigaciones Especiales de la DIVIAC, a raíz de las pesquisas del megacaso conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Participó también en investigaciones como “Los Intocables Ediles”, el “Club de la Construcción”, el llamado “Gabinete en la sombra de Pedro Castillo” y otros casos de corrupción municipal.

Nevado conoce el lenguaje de una investigación: documentos, fechas, responsabilidades y pruebas, y quiere llevar ese método a la municipalidad. Si los vecinos le dan la oportunidad empezará una batalla, esta vez, a favor de su comunidad.

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Política

Diputado César Tito Rojas: “El problema de la violencia escolar es nacional”

El diputado de JP advierte que el caso del Liceo Naval Almirante Guise revela un problema que, a su juicio, trasciende a una institución educativa y alcanza al sistema educativo peruano. Señala que se debe investigar la actuación de los tres adultos que se encontraban a cargo de los estudiantes y plantea cambios normativos, mayor presencia de psicólogos, recuperación de valores y una revisión del concepto de protección al estudiante.

Published

2 días ago

24/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La situación registrada en el Liceo Naval Almirante Guise ha vuelto a poner bajo escrutinio los mecanismos de prevención y protección de los estudiantes frente a la violencia escolar. En este contexto, conversamos con el integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, quien aborda las responsabilidades que deberán determinarse en torno al caso, la necesidad de revisar los protocolos de supervisión y las medidas que deberían adoptarse para prevenir hechos similares. Durante la entrevista, también plantea cambios en el sistema educativo, desde el fortalecimiento de la disciplina y la formación en valores hasta una mayor presencia de profesionales de psicología en los colegios. Asimismo, se refiere al papel que debe cumplir la educación en la defensa del patrimonio cultural y a la necesidad de recuperar una mayor formación cívica e histórica en las aulas.

En el caso del Liceo Naval Almirante Guise, se investiga la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años y ahora también a los tres adultos que se encontraban en el bus, el conductor, el entrenador y el profesor. ¿Considera que corresponde determinar si existió una omisión en el deber de proteger a los escolares?

Consideramos que ha habido un descuido general y es un problema, es una muestra de los hechos que se han dado en el Liceo Naval y estamos viendo que esto es un problema general de todo el sistema educativo en el Perú y se requiere una reestructuración y un cambio de parte del Ministerio de Educación y del mismo Gobierno Central. Entonces, consideramos que esto se va a tener que investigar hasta alcanzar a los responsables.

El Ejecutivo ya ha dispuesto la reorganización del Liceo Naval. Entonces, ¿cree usted que el problema está solamente en la gestión de este colegio o estamos ante una falla más amplia del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia Escolar?

Esto es un problema nacional, es un problema no solamente en escuelas públicas, e incluso en centros educativos particulares. Entonces, se requiere, tener que cambiar algunas normas en el sistema educativo y, sobre todo, viendo que se ha perdido la autoridad en instituciones educativas, se ha perdido también la autoridad de los mismos profesores dentro de un aula propiamente.

Y requerimos que tenga que cambiarse algunas normas, en ese sentido, es importante que, a través también de la Cámara de Diputados, se planteen iniciativas legislativas para ver cómo cambiamos o damos los correctivos del caso.

La Comisión de Educación aprobó la creación de un grupo de trabajo para fortalecer la prevención de la violencia escolar. ¿Qué aspectos concretos del sistema educativo serán revisados y qué resultados espera que se puedan alcanzar en el plazo establecido para este grupo?

En general, no voy a especificar de una institución en general, porque el bullying, el maltrato a estudiantes vulnerables que, de repente, son débiles frente a otros compañeros, es latente. Entonces, la situación de incluso humillación, insultos y más allá tiene que ver mucho con cómo está el sistema educativo propiamente.

Consideramos que una comisión nada más no va a resolver y, aparte de las comisiones, necesitamos legislar, normar para que podamos cambiar de alguna manera el manejo educativo, sobre todo en la situación de valores, ver también cómo se inculca la disciplina también en estas instituciones educativas. Entonces, en esa medida, creo que una comisión no es suficiente.

Más allá de las responsabilidades que determine el Ministerio Público, ¿qué responsabilidades administrativas o institucionales deberían ser esclarecidas respecto a los mecanismos de supervisión y protección que existan en el Liceo Naval?

Bueno, yo creo que ya el Ministerio ha dispuesto, por ejemplo, un director designado por el mismo Ministerio de Educación. Entonces, a partir de ahí, seguramente uno tendrá que hacer las investigaciones del caso y las responsabilidades que atañen frente a los hechos que se han dado con los estudiantes propiamente.

Se ha señalado también la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva formativa y preventiva. ¿Qué cambios deberían producirse en los colegios para detectar oportunamente situaciones de bullying, violencia o posibles agresiones sexuales antes de que lleguen a situaciones de mayor gravedad?

Es necesario que ahí se tiene que impartir valores, se necesita también psicólogos que, a veces, en una institución educativa grande donde pasan más de mil alumnos, no es suficiente un profesional de psicología; se requiere más.

Entonces, también se tiene que trabajar con los profesores dentro del aula, porque son ellos quienes conocen directamente la conducta y el comportamiento de los estudiantes y pueden identificar determinadas situaciones.

Por ello, se tiene que trabajar concertadamente con la parte administrativa de la institución educativa, con los profesionales de psicología y, en general, con los profesores que imparten los aprendizajes dentro de las aulas.

A propósito de este caso, seis adolescentes tienen actualmente una medida de internamiento preventivo mientras continúan las investigaciones. ¿Qué debería hacer la Comisión de Educación desde el Congreso frente a este caso sin interferir en las investigaciones fiscales?

Bueno, la cuestión de las denuncias, la cuestión judicial, de Fiscalía, etcétera, de investigación, va a tener que seguir su curso. Yo creo que un primer paso es también cambiar a estos malos, digamos, no sé si quepa decir profesores que, de repente, han apañado algunas malas conductas de los estudiantes. Tiene que verse también cómo menguar ese problema, porque la afectación psicológica, en el resto de los estudiantes también trae consecuencias.

Entonces, tendrá que verse, con el correr de los días, la situación de encaminar, por ejemplo, actividades diversas que permitan que el estudiantado, pueda normalizar las labores cotidianas dentro de la institución educativa. Entonces, lo otro seguramente va a seguir su curso y esperemos que se llegue a los responsables definitivamente.

La Comisión de Educación tiene entre sus competencias asuntos vinculados con educación y cultura. Sin embargo, la problemática relacionada con la protección, conservación y puesta en valor de las líneas de Nazca no ha sido abordada hasta el momento por esta comisión. ¿Por qué este tema no ha formado parte de su agenda y considera que debería ser incorporado?

Mire, estamos empezando, con la labor legislativa, hay una necesidad de encaminar, una norma que dé los correctivos del caso para, educar no solamente es impartir aprendizajes, educar es un término muy amplio que tiene que ver con valores, tiene que ver con la situación del comportamiento mismo de los mismos estudiantes.

Entonces, yo creo que el sistema educativo en el Perú está fallando y por eso decíamos instantes atrás: se le ha quitado, esas facultades que tenía el profesor de poder corregir algunas malas conductas y que hoy lo han tergiversado.

Incluso eso, con la situación, si un profesor pretende, llamar la atención, corregir esas malas conductas, inmediatamente es denunciado con el término de maltrato psicológico.

Entonces, eso yo creo que tiene que cambiar, no se puede seguir permitiendo ni tolerar, en ese sentido, son puntos que seguramente se va a tener que debatir también en la Comisión de Educación y con entendidos dentro del Ministerio de Educación propiamente.

Las líneas de Nazca no solamente representan un patrimonio arqueológico, sino que también plantean un desafío educativo sobre la protección de nuestro patrimonio. ¿Qué papel debería cumplir el sistema educativo para generar desde las escuelas una cultura de conservación y defensa del patrimonio nacional?

Claro, mire, se han perdido valores de nación, civismo, patriotismo, querer, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra arqueología. Entonces, es importante que retornen cursos como educación cívica, cursos como historia del Perú, porque necesitamos conocer nuestra historia.

En educación pública prácticamente se ha perdido, en gran parte, profundizar, el estudio y, a veces, el que desconoce su historia lamentablemente está condenado a volver a repetir la misma historia, entonces, es necesario conocer nuestro pasado para no cometer los mismos errores.

En Cusco mismo hemos visto cómo nuestra arqueología, nuestros monumentos arqueológicos turísticos son, de repente, vulnerados, malogrados, como tú bien lo has señalado, esto de las líneas de Nazca que prácticamente como que no lo toman en cuenta. Entonces, en muchos de los casos hasta la situación de no respetar la bandera, el escudo nacional, entonces, falta un poco más de nacionalismo y un poco más de civismo.

Entre violencia escolar, protección de menores, educación inclusiva, patrimonio cultural y otros problemas que enfrenta el país, ¿cuáles deberían convertirse en prioridades de fiscalización de una comisión durante este periodo parlamentario y bajo qué criterios establecerá esa agenda?

Mire, yo creo que todos tienen el mismo peso y el mismo nivel, entonces, la situación de valores es del día a día. La educación es en todo momento, sea en el centro educativo o sea fuera del centro, en el barrio, en la cuadra y más aún dentro de la familia propiamente.

Entonces, ahí se tiene que ir viendo también cómo trabajar, con los padres de familia, reuniones que se tenga con ellos para dar una orientación con la educación de sus hijos propiamente, ahora, lo otro se tendrá que ir desarrollando pues en cursos y materias y también, ojalá, que el Ministerio de Educación, como también lo ha planteado el mismo ministro, se encamine un cambio en la currícula que permita, en este caso, desarrollar todo lo que usted ha señalado también.

Señor diputado, si se demostrara que los tres adultos que estaban a cargo de los escolares y ninguno intervino, ¿estamos ante una falta individual o ante una falla del sistema de protección a los estudiantes?

Mire, ahí hay responsabilidad directa porque, teniendo conocimiento, no hicieron nada, sabiendo de que, de repente, habían problemas con estudiantes y no hicieron nada, hay una responsabilidad tremenda.

Entonces, en ese sentido, consideramos nosotros de que, quien habla es, o en todo caso, fuimos profesores de aula más de 30 años y conocemos la realidad y por eso le decía: cada profesor conoce la conducta incluso de cada estudiante y hay los problemas que pueda tener incluso fuera del centro educativo, incluso se llega a conocer los problemas dentro de la familia de este estudiante.

Entonces, si se tenía conocimiento de parte de estas personas que han estado, de repente, como tutores, etc., y no hicieron nada, hay una responsabilidad tremenda.

Para culminar, señor diputado, si tuviera que señalar una medida concreta que el Congreso debería aprobar antes de terminar este periodo para mejorar la protección de los escolares, ¿cuál sería y qué cambio espera que produzca en la vida de los estudiantes?

Claro, a ver, la protección del estudiante es un punto que tiene que ver uno con el maltrato que pueda sufrir con los propios compañeros, la pérdida de valores, el respeto.

Entonces, si yo trato de corregir a un estudiante, pero no me meto mejor porque estoy propenso a una denuncia, a la Fiscalía, a la UGEL, porque me van a decir que estoy maltratando al estudiante, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Protegiendo al estudiante o cayendo en una situación de liberalismo y falta de valores?

Entonces, todo eso se tiene que ir equilibrando porque la situación de protección del estudiante, o sea, ese término como que se ha mal utilizado y prácticamente ahí el padre de familia ha caído también porque si, un estudiante que de alguna manera fue, reprendido o se le llamó la atención, entonces, inmediatamente el padre de familia, porque claro, el estudiante va y dice: “Me ha reñido, me ha llamado la atención”. Entonces, el padre de familia, ¿qué dice? “¿Quién es ese profesor para que te llame la atención?”.

Entonces, ¿eso es protección al estudiante o estamos cayendo en que el estudiante asuma una conducta negativa más adelante?

Entonces, se tiene que analizar bien todos estos problemas porque, si no, eso de protección del estudiante vamos a caer en una situación de engendrar, de repente, un perfil negativo del mismo estudiante que al final, ya no hace caso a nadie, ya no permite que se le llame la atención, se le corrija y se le puede inculcar valores.

Entonces, es un liberalismo de parte del estudiante, ahí se tiene que ver con mucho cuidado a qué llamamos protección del estudiante. Claro, un estudiante que abuse de uno que es débil, vulnerable, ¿qué hacemos frente a eso? Ahí sí se requiere, por ejemplo, una protección o, en este caso, un maestro que cae en un exceso de repente de violencia o de repente de golpe a un estudiante, claro, ahí sí protección.

Pero no se puede confundir un llamado de atención, tratar de corregir una mala conducta, por ejemplo, de un estudiante que pueda estar dentro del aula o dentro del centro educativo, incluso fuera de la institución educativa.

Porque no olvidemos que ahora los estudiantes a nivel secundario, en algunos casos, son incluso parte de pandillas juveniles, incluso en algunas zonas, Hasta de repente encaminan ya con una situación que van al margen de la ley. Entonces, es un problema fuerte y, en todo caso, ¿qué se está haciendo? Se está protegiendo al adolescente, al estudiante que está estudiando, en el periodo escolar. Entonces, es un problema muy amplio que se tiene que analizar.

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Política

López Aliaga bajo fuego: las denuncias, contratos y el round con Daza que sacuden su regreso a Lima

El exalcalde vuelve a la carrera municipal como primer regidor de Renovación Popular, mientras arrastra investigaciones por el endeudamiento de la comuna, contratos millonarios con un estudio de abogados de EE. UU. y un round con Samuel Daza que terminó en denuncia ante el Tribunal de Honor Electoral.

Published

2 días ago

24/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Rafael López Aliaga vuelve a ser protagonista de la campaña por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El líder de Renovación Popular, alcalde entre 2023 y 2026, participa ahora como candidato a primer regidor de su partido, tras la renuncia de Luis Rubio, quien encabezaba inicialmente la lista.

Su candidatura arrastra cuestionamientos sobre su anterior gestión: proyectos de infraestructura, manejo de recursos públicos, investigaciones fiscales y asuntos electorales. A esto se sumó, en las últimas horas, el enfrentamiento con Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular, durante el debate municipal del martes 22 de septiembre.

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó este mes la continuidad de la candidatura de López Aliaga como regidor, al declarar infundado un recurso de apelación contra la resolución que había declarado improcedente una solicitud relacionada con su postulación.

El mecanismo para volver a la alcaldía

López Aliaga no figura como candidato a alcalde. Su candidatura es para primer regidor de Renovación Popular, luego de que Luis Rubio, quien encabezaba inicialmente la lista como candidato a la alcaldía, renunciara a su postulación. La controversia gira en torno al mecanismo mediante el cual López Aliaga podría asumir nuevamente la alcaldía si su lista gana y se produce una sucesión, pese a las restricciones sobre la reelección inmediata de alcaldes.

En septiembre, el JNE confirmó una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro que había declarado improcedente una solicitud contra López Aliaga, validando que puede continuar como candidato a regidor. La controversia política, sin embargo, sigue siendo uno de los principales argumentos de sus adversarios en campaña.

Una deuda de más de 4,000 millones bajo la lupa fiscal

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el endeudamiento de la Municipalidad de Lima, que supera los 4.000 millones de soles. La investigación contempla presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, y busca determinar si hubo irregularidades en las operaciones de financiamiento de proyectos municipales.

López Aliaga ha rechazado las acusaciones y cuestionado la investigación. El caso está en etapa de investigación preliminar: eso no constituye condena ni determina responsabilidad penal.

Los 48,5 millones para un estudio de abogados de EE. UU

Durante su gestión, la Municipalidad de Lima contrató al estudio estadounidense Boies Schiller Flexner para asesorías y acciones legales relacionadas con Rutas de Lima. Una investigación de La República reportó contratos por aproximadamente 48,5 millones de soles en tres servicios considerados confidenciales, y cuestionó tanto el monto como la falta de información pública disponible sobre esos acuerdos.

La existencia de los contratos y sus montos es un hecho documentado. Los cuestionamientos sobre su legalidad o conveniencia corresponden a investigaciones y posiciones de terceros, no a una sentencia.

Los trenes de Caltrain: ¿donación o compra?

Uno de los proyectos más cuestionados de su gestión. Durante su administración llegaron al Perú locomotoras y vagones del sistema ferroviario Caltrain (EE.UU.), con la idea de implementar un servicio de pasajeros entre Lima y Chosica. Las primeras unidades arribaron a mediados de 2025.

La Municipalidad presentó la operación inicialmente como una donación. En agosto de 2026, el ministro de Transportes, Rafael Rey, sostuvo que los trenes no fueron donados, sino adquiridos por la comuna a Caltrain. El Comercio informó en agosto que los vagones y locomotoras permanecían almacenados en el Parque de la Muralla, mientras el proyecto seguía esperando las condiciones para implementarse.

En diciembre de 2025, la Municipalidad y el Ministerio de Transportes firmaron un convenio para transferir al MTC el uso de las unidades y avanzar en la implementación del servicio. Proinversión quedó involucrada para revisar estudios y evaluar incorporar el servicio de pasajeros al Ferrocarril Central. Durante la campaña de 2022, López Aliaga había presentado el proyecto como una conexión entre Chosica y el Callao; lo que finalmente avanzó fue el tramo Lima-Chosica.

Las 10.000 atrapanieblas que no llegaron a instalarse

Otro proyecto anunciado durante su gestión fue la instalación de 10.000 atrapanieblas en zonas altas de Lima, para aprovechar la humedad de la neblina como fuente de agua. Una investigación de La República publicada el 20 de septiembre de 2026 señaló que esa promesa nunca se cumplió: no se elaboró un plan de trabajo ni informes de seguimiento, y que las pocas estructuras inauguradas en 2023 no fueron financiadas por la municipalidad, sino por otros actores.

Investigación por presuntas amenazas a autoridades electorales

López Aliaga también enfrenta una investigación fiscal por presuntas expresiones intimidatorias contra integrantes de organismos electorales. El Ministerio Público dispuso diligencias, incluida la recopilación de declaraciones y registros audiovisuales para determinar el contexto de las expresiones cuestionadas. El caso sigue en investigación.

Paralelamente, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro revisó cuestionamientos sobre el uso de la imagen del exalcalde en actividades vinculadas a proyectos municipales durante el periodo electoral. Ninguno de estos procedimientos implica, por sí mismo, una infracción ya establecida.

110 candidatos de Renovación Popular con sentencias

Días antes del debate, una investigación periodística identificó a 110 candidatos vinculados con Renovación Popular que registraban sentencias o antecedentes por delitos como homicidio, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, peculado y colusión.

Samuel Daza llevó el tema directamente al debate y cuestionó a López Aliaga por la presencia de esos candidatos en las listas del partido. López Aliaga respondió que el sistema electoral presentó inicialmente las listas sin las observaciones correspondientes, y que tras conocer la información ordenó suspender la militancia de las 110 personas mencionadas.

El round con Samuel Daza que terminó en denuncia

El enfrentamiento entre López Aliaga y Daza fue el momento más intenso de la segunda jornada del debate municipal organizado por el JNE, donde participaron 13 candidatos. Varios cuestionaron desde el inicio la participación de López Aliaga como primer regidor y la posibilidad de que regrese a la alcaldía.

Daza cuestionó la gestión anterior, las promesas de la campaña de 2022 y los candidatos con sentencias. López Aliaga rechazó los cuestionamientos, recordó la relación política entre Renovación Popular y Fuerza Popular en el Congreso, y cuestionó al gobierno de Keiko Fujimori en temas de seguridad, Petroperú y EsSalud. Daza respondió recordando que López Aliaga se había comunicado con él antes del debate, y cuestionó la actuación de la Municipalidad durante su gestión.

El cruce no quedó ahí. Este miércoles 23 de septiembre, Daza presentó una denuncia ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral contra López Aliaga, adjuntando conversaciones de WhatsApp que, según indicó, intercambió con él antes del debate y que constituirían una presunta forma de intimidación o coacción política. La denuncia pide que el Tribunal evalúe si esas comunicaciones incumplieron las reglas del Pacto. Hasta el momento no existe un pronunciamiento que establezca infracción alguna.

Las controversias se producen mientras López Aliaga se mantiene en una posición destacada en las encuestas. La encuesta de Ipsos de agosto ubicó a la lista de Renovación Popular en primer lugar, con 21% de intención de voto; otras mediciones del periodo electoral arrojaron cifras distintas según fecha y metodología.

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Política

Liceo Naval «Almirante Guise»: Ministro Chang encarga dirección al viceministro Luis Alemán ignorando la Ley N° 29944

Todo mal, MINEDU encarga al viceministro de gestión institucional Luis Alemán la dirección del Liceo Naval «Almirante Guise» en contra de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y de la Ley de Reforma Magisterial —Ley N° 29944—, mientras se evalúa la designación del titular de la IE, la norma reserva la dirección de un colegio público a docentes de carrera.

Published

2 días ago

23/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 15 de setiembre de 2026, un estudiante del Liceo Naval «Almirante Guise» fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de otros estudiantes durante su traslado escolar.

Frente a ese hecho gravísimo, el Minedu declaró, mediante el Decreto Supremo N° 016-2026, la reorganización extraordinaria del colegio bajo su conducción hasta 2027, y ordenó designar a un nuevo director. Pero en lugar de activar el mecanismo que la ley ya tenía previsto, el ministro José Antonio Chang firmó la Resolución Ministerial N° 576-2026-MINEDU el 21 de setiembre de 2026 y le encargó la dirección al viceministro de Gestión Institucional, Luis Alemán Nakamine, «en adición a sus funciones», pese a no tener el perfil para el cargo.

Ley N° 27444, que permite encargar actividades materiales o técnicas de un órgano a otro «por razones de eficacia». Es una figura administrativa genérica, pensada para trámites internos entre oficinas del Estado, no para sustituir el mecanismo especializado de acceso a cargos directivos docentes. Al asumir la conducción del colegio, el Minedu absorbió el rol que le correspondía activar ese mecanismo, y no lo hizo.Nos preguntamos: ¿Por qué no se buscó a un docente del propio Liceo Naval, o a uno designado por concurso a través de la UGEL 07? Y quizás la pregunta más urgente: ¿qué garantías hay de que el protocolo de atención a la violencia escolar podrá cumplirse con un director que, en los hechos, tiene otro trabajo de tiempo completo?

Fuente: Reglamento de la Ley de reforma magisterial, Ley de reforma magisterial(Ley N° 29944)

En el Perú, dirigir un colegio público se gana por mérito. Así lo fija la Ley de Reforma Magisterial (Ley N° 29944), que exige estar como mínimo en la tercera escala magisterial para acceder a un cargo directivo y excepcionalmente en primera escala.

El Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, actualmente cuenta con 79 secciones distribuidas en tres niveles (33 secciones del nivel secundaria, 34 del nivel primaria y 12 del nivel inicial), está bajo la administración de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 (UGEL 07), y los docentes de colegios administrados por el ministerio de defensa e Interior ya forman parte de la Carrera Pública Magisterial.

Fuente: Reglamento de la Ley de reforma magisterial, Ley de reforma magisterial (Ley N° 29944)

El director de una institución educativa pública cumple una jornada de 40 horas semanales distribuidas entre la gestión pedagógica (organización del año escolar, monitoreo docente y convivencia escolar), gestión administrativa y, en este caso, dirigir un plan de reorganización dispuesto por el Minedu hacia el 2027.

En este marco, la nueva dirección del Liceo Naval Almirante Guise de producirse nuevos hechos de violencia, debe garantizar las acciones inmediatas dentro del plazo máximo de 24 horas que exige la normativa de violencia escolar según las Resolución Ministerial 274-2020 y R. M. 383-2025-MINEDU (https://limagris.com/ministerio-de-educacion-y-la-gestion-de-la-violencia-escolar-que-debio-hacer-el-liceo-naval-almirante-guise/).

Carito Ayala Delgado, exdirectora del Liceo Naval Almirante Guise.

Estas pautas debieron ser aplicadas por la exdirectora del Liceo Naval Almirante Guise, Carito Ayala Delgado, cuya gestión continúa en proceso de investigación. Según su perfil en LinkedIn, Ayala suma 16 años de experiencia en el plantel, tras haber ocupado los cargos de docente de Comunicación, subdirectora de Secundaria, subdirectora general y, desde comienzos de 2026, directora del colegio, lo que nos lleva a entender que conocía la realidad de la IE.

Una IE como el Liceo Naval “Almirante Guise” en un momento de crisis, necesita un director de dedicación exclusiva que sea de perfil docente, no un funcionario repartido entre dos frentes a la vez como pretende temporalmente la gestión de José Antonio Chang.

La base legal invocada en la Resolución Ministerial 576-2026 no es la CPM ni la RVM 147-2023, sino el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único Ordenado (TUO) de la

La designación o encargatura de la dirección del Liceo Naval «Almirante Guise” debe salir de un concurso público convocado por la UGEL 07, no designado por la viceministra de gestión pedagógica Miriam Ponce ni desde el despacho ministerial, menos para congraciarse con un sector que no quiere cambios en la IE y es muy cercano al poder.

Merece preguntarnos: ¿Por qué el fujimorismo no querría cambios en el Liceo “Almirante Guise”? La UGEL 07 San Borja, incluso ha tramitado encargaturas similares para otros colegios de convenio anteriormente.

Por el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) o la UGEL 07, no ha abierto una convocatoria pública para encargar o designar al nuevo(a) director(a) de la IE pública Liceo Naval Almirante Guise.

Con el ministro Chang enfrentando una moción de interpelación en la Cámara de Diputados, este episodio debería ameritar una fiscalización del proceso de designación del cargo directivo y reorganización del Liceo Naval «Almirante Guise” y de otras IE a cargo de la FFAA y la PNP.

El dato

El 22 de noviembre de 2023, la exministra de Educación Miriam Ponce Vértiz durante el gobierno de Dina Boluarte —actual viceministra de Gestión Pedagógica del MINEDU— visitó el Liceo Naval Almirante Guise. En esa ocasión, fue fotografiada junto a Carito Ayala Delgado, quien entonces se desempeñaba como subdirectora general del plantel antes de asumir la dirección del colegio en 2026.

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