¿Decisión tomada? Ministro Shinno desafía el rechazo a la adenda: dice que proyecto de Cálidda “va a ocurrir de todas maneras”

Política ¿Decisión tomada? Ministro Shinno desafía el rechazo a la adenda: dice que proyecto de Cálidda “va a ocurrir de todas maneras” El ministro de Energía y Minas asegura que el proyecto para llevar gas natural a siete regiones estará resuelto en aproximadamente un mes, aunque el MEF continúa…

Política

El ministro de Energía y Minas asegura que el proyecto para llevar gas natural a siete regiones estará resuelto en aproximadamente un mes, aunque el MEF continúa evaluándolo y persisten diferencias técnicas con Osinergmin. La declaración contradice su posición del 9 de octubre y reaviva las interrogantes sobre una operación que el Congreso, el Colegio de Ingenieros y organizaciones sociales han pedido revisar antes de comprometer nuevos mercados y extender la concesión.

Published

22 segundos ago

22/10/2026

Redacción Lima Gris

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, ha dejado una declaración que obliga a mirar más allá de la anunciada masificación del gas natural. El 21 de octubre aseguró que el proyecto para abastecer a siete regiones del país mediante Cálidda “va a ocurrir de todas maneras”, pese a que la propuesta todavía se encuentra en evaluación y existen diferencias técnicas pendientes de resolver. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el titular del sector anticipar el desenlace de un procedimiento que, según el propio Gobierno, aún no ha concluido?

“En un mes ya debería estar resuelto con todas las exigencias que le pediremos al concesionario para llevar adelante este proyecto. Va a ocurrir de todas maneras”, afirmó Shinno. El ministro confirmó que el Ministerio de Energía y Minas realizó una primera evaluación y que actualmente desarrolla una segunda junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, su seguridad pública contrasta con la incertidumbre que, hasta hace pocos días, el propio Ejecutivo reconocía.

El 9 de octubre, apenas doce días antes, Shinno sostenía que la decisión todavía no estaba tomada. Admitía discrepancias entre los criterios del Minem y Osinergmin, observaciones sobre las inversiones y el tratamiento de los activos, además de conversaciones pendientes con el MEF. “Todavía no es algo decidido. Estamos en plena evaluación”, declaró entonces. Ahora, en cambio, presenta la ejecución del proyecto como un resultado inevitable.

¿Qué cambió en esos doce días? ¿Se levantaron las observaciones técnicas? ¿El MEF aprobó las condiciones económicas? ¿Osinergmin modificó sus reparos? ¿O el Gobierno ya tomó una decisión política y las evaluaciones institucionales han quedado reducidas a establecer las condiciones para ejecutarla? No existen elementos suficientes para afirmar que el resultado esté formalmente decidido, pero la contradicción entre ambas declaraciones exige una explicación pública.

El ministro Shinno, designado por Keiko Fujimori es cuestiondo por presunto lobby.

El Congreso pidió no firmar la adenda

La declaración del ministro tampoco puede separarse de la oposición que ha surgido frente al mecanismo propuesto. El 13 de octubre, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas realizada en Cusco, diputados y senadores de diversas bancadas exigieron acelerar la masificación del gas natural, pero pidieron al Ejecutivo abstenerse de firmar una nueva adenda con Cálidda. Autoridades y representantes de la sociedad civil respaldaron esa posición, según lo registrado por el propio Congreso.

El reclamo tiene un sentido preciso: las regiones quieren gas, pero cuestionan que esa necesidad histórica termine justificando la incorporación de siete nuevos mercados a la concesión de una empresa determinada. Dos días después, el Colegio de Ingenieros del Perú planteó que, al tratarse de proyectos nuevos fuera del ámbito original de la concesión de Lima y Callao, corresponde evaluar mecanismos competitivos y licitaciones.

El 19 de octubre, organizaciones sociales de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Apurímac acordaron exigir la culminación del Gasoducto Sur Peruano y rechazar las adendas de Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP). El mensaje es claro: no se oponen a la llegada del gas; cuestionan la forma en que se pretende resolver el problema y las consecuencias de comprometer nuevas regiones mediante ampliaciones contractuales.

La diferencia resulta fundamental. Una política pública puede establecer que el gas natural debe llegar a los territorios históricamente postergados, fijar plazos y disponer mecanismos de financiamiento. Pero esa decisión no responde automáticamente a otra pregunta: ¿por qué debe ser Cálidda la empresa encargada de operar esos nuevos mercados?

Siete regiones y un negocio de largo plazo

La propuesta contempla extender las operaciones de Cálidda, cuyo ámbito original comprende Lima y Callao, hacia Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica. Se trata de nuevos territorios, infraestructura adicional y potenciales cientos de miles de usuarios. No es una modificación menor ni un asunto que pueda evaluarse exclusivamente bajo el argumento de la rapidez.

Shinno sostiene que ProInversión ya intentó adjudicar el proyecto en dos oportunidades y no encontró postores. El antecedente merece ser considerado, pero no resuelve por sí solo la discusión actual. Que una licitación haya quedado desierta demuestra que no se presentaron ofertas bajo las condiciones entonces establecidas; no demuestra que Cálidda tenga un derecho exclusivo sobre las siete regiones ni que resulte imposible convocar una nueva competencia.

El exoperador minero ahora convertido en ministro de Energía y Minas.

Por eso, el Gobierno debe explicar si las condiciones económicas, tarifarias, de financiamiento y distribución de riesgos que ahora se negocian con Cálidda son equivalentes a las que se ofrecieron en los procesos anteriores. Si han cambiado, corresponde justificar por qué esos cambios hacen viable una operación que antes no consiguió interesados. Una licitación desierta puede revelar falta de atractivo, pero también puede obligar a revisar el diseño del proyecto.

Lo que no debería ocurrir es que un proceso sin postores se convierta, sin una nueva evaluación de alternativas, en argumento suficiente para entregar posteriormente los mercados a un operador determinado. La urgencia de las regiones es real. Precisamente por eso, las condiciones de la solución deben ser transparentes y responder al interés público.

La urgencia no puede sustituir a la competencia

El argumento de que una nueva licitación retrasaría durante años la llegada del gas tiene una parte indiscutible: el tiempo importa. Cusco y las demás regiones llevan demasiado tiempo esperando una solución. Sin embargo, esa demora acumulada no puede convertirse automáticamente en la justificación para descartar cualquier alternativa a la adenda.

La pregunta que el Ejecutivo debe responder es por qué el país ha llegado nuevamente a un escenario en el que la urgencia amenaza con imponerse sobre la discusión de las condiciones contractuales. Las demoras de proyectos anteriores y las decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos requieren una explicación; no pueden utilizarse como una razón definitiva para sostener que ya no existe margen para evaluar otras opciones.

El problema no consiste en acelerar la llegada del gas, sino en determinar si el mecanismo elegido garantiza las mejores condiciones para el Estado y los usuarios. Si el Gobierno considera que la adenda es la alternativa más conveniente, debe sustentar esa conclusión con información verificable, estudios comparativos y una explicación de las razones por las que otras modalidades no ofrecerían mejores resultados.

También debe aclarar el alcance de la extensión contractual por diez años que se plantea en torno a la operación. Una ampliación de ese horizonte tiene consecuencias económicas y comerciales que deben ser evaluadas antes de comprometer nuevos territorios. Corresponde conocer quiénes negociaron las condiciones, qué observaciones fueron aceptadas o rechazadas, qué informes respaldan la propuesta y qué alternativas se examinaron.

Estas interrogantes no constituyen, por sí mismas, una prueba de favorecimiento irregular. Pero sí justifican exigir transparencia, especialmente cuando el ministro presenta el resultado como inevitable mientras las evaluaciones siguen abiertas.

¿Por qué Cálidda “de todas maneras”?

La cuestión central ya no es si las siete regiones necesitan gas natural. Esa necesidad no está en discusión. Lo que el Ejecutivo debe explicar es por qué la masificación tendría que concretarse necesariamente mediante la incorporación de esos mercados a la concesión de Cálidda.

¿Desde cuándo se considera esa alternativa como la definitiva? ¿Qué opciones se compararon? ¿Qué informes demuestran que una adenda ofrece mejores condiciones que una convocatoria competitiva? ¿Qué reuniones se realizaron con la empresa y qué compromisos se han asumido durante las negociaciones? Y, sobre todo, ¿por qué Shinno parece anticipar el desenlace antes de que las instituciones involucradas terminen sus evaluaciones?

El ministro puede comprometer políticamente a su sector con el objetivo de llevar gas natural a las regiones. Lo que debe justificar es la elección del mecanismo para conseguirlo. El MEF continúa evaluando la propuesta, Osinergmin mantiene diferencias técnicas, el Colegio de Ingenieros reclama competencia y representantes del Congreso y organizaciones sociales han pedido que no se firme la adenda.

Frente a ese escenario, la declaración de que el proyecto “va a ocurrir de todas maneras” plantea una interrogante institucional que no puede quedar sin respuesta: ¿se está ante una evaluación cuyo resultado todavía puede cambiar o ante una decisión previamente encaminada que ahora busca formalizarse mediante una adenda?

El Ejecutivo tiene la obligación de despejar esa duda con documentos, argumentos técnicos y transparencia. No basta invocar la urgencia de las regiones ni recordar que anteriores licitaciones quedaron desiertas. Si la propuesta es la mejor opción, debe poder demostrarlo.

Porque el gas natural debe llegar a las regiones. Pero esa necesidad no elimina el deber de proteger el interés público, justificar las condiciones contractuales y evaluar alternativas. El objetivo de la masificación y la elección de la empresa encargada son decisiones distintas.

El país necesita una garantía: que el gas llegue a las siete regiones. Lo que todavía falta explicar es por qué esa garantía tendría que incluir, necesariamente, a Cálidda.

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Senador Calisto Giampietri respalda la ofensiva legislativa contra el crimen y exige fiscalización al Ejecutivo

Redacción Lima Gris

Política

Senador Calisto Giampietri respalda la ofensiva legislativa contra el crimen y exige fiscalización al Ejecutivo

El senador Francisco Calisto Giampietri defiende la ampliación de 20 a 27 puntos de las facultades legislativas que deberá debatir el Senado y sostiene que los cambios permitirán mejorar la lucha contra el crimen organizado y reforzar la capacidad operativa del Estado. Anuncia que su posición será respaldar el paquete, cuyo plazo de aplicación se ha reducido de 120 a 90 días, y asegura que el Congreso tendrá la responsabilidad de fiscalizar al Ejecutivo.

Published

19 horas ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

En medio del debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, el senador Francisco Calisto Giampietri defiende la incorporación de siete puntos adicionales a los veinte aprobados por la Cámara de Diputados.

En entrevista con Lima Gris, sostiene que la ampliación permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado, especialmente en materia de inteligencia y apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. También asegura que el Congreso ejercerá mecanismos de fiscalización para evitar excesos. Sin embargo, la aprobación de estas atribuciones plantea un desafío ineludible: demostrar que las nuevas herramientas se traducirán en resultados concretos frente al crimen organizado y las emergencias que afronta el país.

¿Por qué se consideró necesario incorporar siete puntos adicionales a los veinte aprobados por la Cámara de Diputados?

La propuesta original de la Cámara de Senadores, como usted precisa, llegó con veinte puntos para discutir, los cuales han sido aceptados. Pero dentro de las facultades que tiene la Cámara de Senadores, una de ellas es modificar lo que venga de la Cámara de Diputados, siempre y cuando no se desnaturalice el proyecto. Se vio la necesidad de incorporar siete puntos adicionales que enriquecen el pedido que vino de Diputados.

Varias de estas incorporaciones fueron planteadas y enriquecidas por el Partido de Obras. Se discutieron y, a raíz de eso, se votó en la Comisión de Constitución y se ganó en forma unánime.

En medio de la crisis de seguridad ciudadana, con extorsiones, asesinatos y ataques contra transportistas, ¿qué medidas específicas permitirían estas facultades que el Gobierno no puede aplicar con las leyes vigentes?

El marco legal que existe actualmente en el país no permite una actuación muy efectiva de los medios que tiene el Estado en cuanto a la lucha contra la criminalidad y el crimen transnacional, que es lo que en este momento nos está afectando.

La incorporación de facultades a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mediante la modificación de su ley orgánica, permitirá realizar actividades operativas de inteligencia. Esto va a mejorar la capacidad de recolección de información y traducirse en programas más operativos y eficientes para la lucha contra todos estos flagelos que estamos viviendo en este momento.

Otra medida es la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional cuando esta haya sido rebasada en su capacidad. Era un tema que tampoco estaba muy bien definido y considero que estas modificaciones van a permitir que funcione mucho mejor.

¿Qué límites y mecanismos de fiscalización impedirán excesos y garantizarán que los decretos legislativos respeten la Constitución?

Hay dos temas. Primero, en el caso de la Dirección de Inteligencia y la capacidad operativa que se le está otorgando con esta ley, se está colocando un mecanismo de control a través de la Comisión de Inteligencia del Senado de la República, para verificar los alcances de estas operaciones y facultades, de manera que no se extralimite en sus funciones.

Ese era uno de los cuestionamientos que se tenían con respecto a situaciones que habían sucedido anteriormente. Además, hay una Comisión de Control del Senado que permitirá, después de la expedición de estos decretos legislativos, hacer el seguimiento y la fiscalización correspondiente.

Esto no es un cheque en blanco que se le da al Gobierno. Es una facultad que le va a permitir hacer expeditivos sus procesos, pero con el debido control político.

Si el Senado aprueba los 27 puntos, ¿qué resultados concretos debería presentar el Gobierno en seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño?

Tenemos que precisar que, si bien es cierto las facultades que se estaban pidiendo estaban conceptuadas para ser entregadas por 120 días, este plazo se ha recortado a solamente 90, porque entendemos que el Ejecutivo ya tiene todo un paquete de decretos legislativos listo para salir y ser promulgado inmediatamente.

Esto le va a dar las herramientas al Gobierno de turno para operativizar todos estos decretos legislativos y comenzar a trabajar desde la parte ejecutiva, que es lo que le corresponde.

El cuestionamiento a la eficiencia o no de las acciones y actividades que se vayan a realizar vendrá de acuerdo con lo que vaya sucediendo en el desarrollo de las propias actividades.

¿La incorporación de los siete puntos adicionales responde a una evaluación técnica de las necesidades del país o también hubo negociaciones políticas para conseguir los votos en el Senado?

Yo creo que la incorporación de siete puntos adicionales a los veinte que remitió la Cámara de Diputados lo que hace es enriquecer este paquete legislativo y, de esta manera, hacer más efectiva la actuación del Poder Ejecutivo.

Hay que mirarlo desde ese punto de vista. No es una negociación netamente política. Por supuesto que ha tenido que llegar a un nivel de conversación de tipo político, pero lo que ha prevalecido aquí es la parte técnica sobre la política.

Ante el próximo debate, ¿cuál será su posición sobre el paquete de 27 puntos y qué condiciones considera indispensables para respaldarlo?

Nuestra posición tiene que ser la de apoyar las normas que se han pedido, que se incluyan estos siete puntos adicionales a los veinte que vinieron de Diputados, y que este paquete sea aprobado por la Cámara de Senadores.

Una vez que este paquete sea aprobado, el Ejecutivo tendrá que emitir los decretos legislativos correspondientes para poder operativizarlos. Nosotros, como Congreso, tendremos la obligación de verificar que no se extralimite en el uso de sus facultades.

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Política

Comisión de Ética abre investigaciones contra Catherin Palomino y Julián Pérez Mallqui por presuntas faltas parlamentarias

La Comisión aprobó dos informes para iniciar investigaciones por presuntos cobros a trabajadores del despacho y la contratación de una persona con quien el legislador tendría una relación afectiva. En la misma sesión, recomendó suspender a Pérez Mallqui por 120 días en un expediente distinto.

Published

22 horas ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó el lunes 19 de octubre dos informes de calificación que recomiendan iniciar investigaciones contra los legisladores Catherin Palomino Casavilca y Julián Pérez Mallqui, ambos integrantes de la bancada de Juntos por el Perú. Los casos están relacionados con presuntas irregularidades en el funcionamiento de sus despachos parlamentarios y el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.

Las decisiones fueron adoptadas durante una sesión presidida por Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras. Según la información difundida por el Centro de Noticias del Congreso, el informe correspondiente a Pérez Mallqui fue aprobado por unanimidad, mientras que el referido a Palomino Casavilca obtuvo cinco votos a favor y una abstención.

Dos expedientes y presuntas irregularidades en los despachos

El primer informe de calificación corresponde al expediente 005-2026-2027/CEP-CD, seguido contra Julián Pérez Mallqui. La denuncia señala que el legislador habría contratado como técnica a una ciudadana con quien presuntamente mantendría una relación afectiva. De acuerdo con la Comisión de Ética, esta situación podría contravenir las disposiciones del Reglamento del Congreso y las normas que prohíben determinadas contrataciones cuando existe ese tipo de vínculo.

El documento fue aprobado por unanimidad, con seis votos a favor. Con esta decisión, la comisión consideró procedente la denuncia y dispuso el inicio de la etapa de investigación, en la que deberán evaluarse los hechos y los elementos presentados.

Diputado Julián Pérez Mallqui.

La segunda investigación está contenida en el expediente 006-2026-2027/CEP-CD y corresponde a la diputada Catherin Palomino Casavilca. Según la imputación recogida por la comisión, la parlamentaria habría solicitado a trabajadores de su despacho que asumieran el costo de tarjetas de presentación, cuadros y alimentos.

La comisión consideró que estos hechos podrían constituir una vulneración al ejercicio adecuado de la investidura y de la función parlamentaria. El informe fue aprobado por mayoría, con cinco votos a favor y una abstención. La aprobación de ambos documentos permite que los casos avancen a la etapa de investigación, pero no constituye por sí misma una declaración definitiva de responsabilidad.

Palomino: cuestionamientos por gastos del despacho

El caso de Catherin Palomino se centra en la presunta solicitud de aportes a los trabajadores de su despacho para cubrir determinados gastos. Entre los conceptos mencionados figuran tarjetas de presentación, cuadros y alimentos, según la información difundida tras la sesión del grupo de trabajo.

La investigación deberá establecer las circunstancias en que se habrían realizado esas solicitudes, si existieron pagos por parte de los trabajadores y qué responsabilidades podrían derivarse de los hechos denunciados.

Diputada Catherin Palomino.

La parlamentaria había rechazado previamente las imputaciones y manifestó su disposición a someterse a las investigaciones, según reportó Latina Noticias. Esa posición deberá ser considerada junto con los elementos que se incorporen al procedimiento.

El expediente tendrá que avanzar conforme a las reglas de la Comisión de Ética, con la evaluación de los hechos atribuidos y la oportunidad de que la legisladora presente sus descargos. Hasta que exista una decisión correspondiente, las imputaciones deben mantenerse en el terreno de las presuntas irregularidades.

Pérez Mallqui: investigación por una presunta contratación

En el caso de Julián Pérez Mallqui, la comisión evaluará la denuncia referida a la presunta contratación de una ciudadana con quien tendría una relación afectiva para desempeñarse como técnica en su despacho. La cuestión central será determinar si el vínculo señalado existió y si la contratación se realizó en condiciones incompatibles con las normas aplicables a la función parlamentaria.

El informe de calificación fue aprobado por seis votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, según el reporte oficial del Congreso. La decisión supone el inicio de una investigación ética sobre este asunto, distinto del procedimiento que también se sigue contra el legislador por una denuncia relacionada con presuntas agresiones contra su expareja.

La separación de ambos expedientes es relevante para comprender el alcance de las decisiones adoptadas: la presunta contratación constituye el objeto de una investigación recién habilitada, mientras que el otro caso ya llegó a la aprobación de un informe final con una recomendación de sanción.

Otro expediente recomienda suspender a Pérez Mallqui por 120 días

Durante la misma sesión del 19 de octubre, la Comisión de Ética aprobó por mayoría un informe final que recomienda al pleno de la Cámara de Diputados suspender a Julián Pérez Mallqui durante 120 días de legislatura y descontarle sus haberes durante ese periodo. Esta recomendación corresponde al expediente 001-2026-2027/CEP-CD, referido a una denuncia por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

El informe obtuvo cinco votos a favor y uno en contra. La recomendación se sustenta en la evaluación disciplinaria realizada por la comisión, que consideró que la conducta atribuida al legislador habría vulnerado deberes vinculados con la ética parlamentaria y la dignidad del cargo.

Sin embargo, la suspensión no quedó ejecutada automáticamente con la votación de la comisión: el informe debe ser sometido a consideración del pleno, instancia que deberá decidir si corresponde aprobar la sanción propuesta. De manera paralela, el caso también ha sido materia de actuaciones fiscales, cuyo resultado corresponde a las autoridades competentes.

La existencia de este expediente añade un componente político e institucional al caso del legislador, pero no debe confundirse con la investigación por la presunta contratación de una persona con quien mantendría una relación afectiva. Son procedimientos diferentes, con imputaciones y etapas distintas.

El papel de la Comisión de Ética y los siguientes pasos

La Comisión de Ética Parlamentaria tiene a su cargo evaluar denuncias sobre posibles infracciones a las normas de conducta de los legisladores y tramitar los procedimientos que correspondan. La aprobación de un informe de calificación permite que una denuncia avance a investigación; posteriormente, según el desarrollo del expediente y sus resultados, podrán adoptarse nuevas decisiones dentro del procedimiento.

En los casos de Palomino Casavilca y Pérez Mallqui por presuntas irregularidades en sus despachos, el siguiente paso será desarrollar las investigaciones y evaluar los elementos relacionados con cada imputación. Los informes aprobados no equivalen a sanciones definitivas ni permiten dar por probados los hechos denunciados.

En el expediente distinto por presuntas agresiones contra su expareja, la recomendación de suspensión de 120 días deberá ser evaluada por el pleno de la Cámara de Diputados. Por ello, el seguimiento periodístico deberá distinguir entre el avance de las investigaciones, los eventuales descargos de los legisladores y las decisiones que finalmente adopten las instancias parlamentarias competentes.

Los casos vuelven a poner bajo escrutinio la conducta de los representantes y la capacidad de los mecanismos internos del Congreso para responder a las denuncias. El desenlace dependerá de la evaluación de los expedientes y de las resoluciones que se emitan en cada procedimiento.

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Política

Daniel Barragán: del uniforme militar al respaldo que inclinó la balanza en el Senado

Fue candidato, asesor parlamentario y ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, un paso que duró poco más de dos meses. Hoy su respaldo a la delegación de facultades legislativas coincide con la designación de su hermana en la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, un vínculo que él niega.

Published

22 horas ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Daniel Hugo Barragán Coloma es capitán de la Fuerza Aérea en retiro, senador del Partido Cívico Obras y, desde esta semana, uno de los nombres que más pesan en el debate sobre las facultades legislativas que pide el Gobierno de Keiko Fujimori. Su bancada ayudó a reactivar la Comisión de Constitución del Senado, paralizada después de que varias agrupaciones se retiraran de la sesión, y con ello el dictamen pudo encaminarse hacia el Pleno.

Casi al mismo tiempo, EsSalud designó a su hermana, María del Carmen Barragán Coloma, como asesora de su Presidencia Ejecutiva. La resolución se conoció el mismo día en que el senador reafirmó que votaría a favor de la delegación. Él dice que no hubo ninguna negociación.

Su trayectoria

Barragán nació en Lima el 21 de agosto de 1961. Ingresó en 1981 a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, donde se especializó en administración general y estudió Ciencias de la Administración Aeroespacial. En 1999 hizo un curso especial de Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Según los perfiles biográficos publicados sobre él, llegó al grado de capitán y pasó a retiro a mediados de los años noventa. Después trabajó en el sector privado, con cargos directivos en empresas de construcción, servicios y seguridad, entre ellas Manfasa Contratistas Generales, Constructora SMC Contratistas Generales y Plus Seguser S. A. También presidió la Asociación Nacional de Emprendedores.

Su primera candidatura fue en 2016, al Congreso por Lima, en una lista vinculada a Solidaridad Nacional. No obtuvo escaño. En 2018 postuló a regidor de Lima por Unión por el Perú. En 2021 fue candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula de ese partido, con José Vega Luna como candidato presidencial.

Esa plancha estaba ligada al entorno de Antauro Humala y al movimiento etnocacerista. Unión por el Perú había impulsado primero la postulación de Humala, pero al final Vega encabezó la candidatura. Barragán no llegó a ocupar el cargo.

Entre marzo de 2020 y julio de 2021 hizo labores de asesoría y coordinación parlamentaria. Luego fue coordinador macroregional de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), hasta enero de 2022.

Ministro de Defensa con Castillo

El 23 de septiembre de 2022, Pedro Castillo lo nombró ministro de Defensa, en reemplazo de Richard Tineo Quispe. El país vivía una etapa de inestabilidad y cambios frecuentes de ministros. Su formación militar y sus estudios en defensa nacional eran su principal antecedente para el cargo.

Estuvo poco más de dos meses. El 3 de diciembre presentó su renuncia irrevocable y dijo que se debía a motivos estrictamente personales. Se fue cuatro días antes del debate de la vacancia presidencial, en medio de la crisis entre el Ejecutivo y el Congreso.

Cabe indicar que el 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y un gobierno de emergencia, en un intento de golpe de Estado. No prosperó: las instituciones del Estado lo rechazaron, el Congreso aprobó la vacancia y Castillo fue detenido ese mismo día.

Obras y el Senado

Tras dejar Defensa, Barragán se vinculó al Partido Cívico Obras, donde tuvo funciones dirigenciales antes de postular al Senado en las elecciones generales de 2026. Llegó al Parlamento con una bancada que podía pesar en votaciones ajustadas.

En octubre presidía la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría. El 13 de octubre informó que su comisión enviaría aportes por escrito sobre la solicitud de facultades del Ejecutivo, mientras la Comisión de Constitución discutía el dictamen que fijaría las materias y condiciones de la delegación.

Ese día dijo a RPP que Obras estaba dispuesto a apoyar que se incorporaran más temas a la delegación, aunque no necesariamente en los términos planteados por Fuerza Popular. Sostuvo que la ampliación debía responder a las necesidades de la población y conversarse con las demás bancadas.

La sesión suspendida

El 15 de octubre, la Comisión de Constitución debía debatir y votar el dictamen. La sesión se complicó por los cuestionamientos al manejo de una cuestión de orden presentada por Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno, y por el enfrentamiento entre bancadas sobre si se podía modificar el texto remitido por la Cámara de Diputados.

Barragán se retiró junto con representantes de Obras, Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno. Cuestionó la conducción del presidente de la comisión, Carlos Mesía, de Fuerza Popular, y dijo que el Congreso debía garantizar el debate antes de aprobar el dictamen. Sin esos legisladores no había condiciones para continuar, y Mesía suspendió la sesión hasta nuevo aviso.

Al día siguiente, Mesía indicó que no convocaría otra sesión sin un acuerdo previo sobre los temas a debatir. Sin consenso y con legisladores ausentes, no estaban asegurados ni el quórum ni los votos. Las bancadas que se habían retirado pedían una nueva convocatoria que garantizara el debate.

El lunes 19 la situación cambió. El senador Roger Astucuri, de Obras, completó el quórum para reanudar la sesión, y Barragán también acudió, aunque no es miembro titular. Con Obras presente, el dictamen se sometió a votación y fue aprobado. A las veinte materias enviadas por Diputados se agregaron siete, para un total de 27, con un plazo de delegación de 90 días calendario.

“No somos oposición, somos solución”

Después de la votación, Barragán defendió a su bancada y rechazó que Obras fuera una fuerza de oposición. “Nosotros no somos oposición, somos solución”, declaró a la prensa el 19 de octubre. Agregó que su partido haría el control necesario para que el Gobierno cumpliera los objetivos de su solicitud.

Al día siguiente, en el podcast Tenemos que Hablar, de El Comercio, confirmó que mantendría su posición cuando el tema llegara al Pleno. Dijo que aún no había conversado con toda su bancada sobre la votación definitiva, pero que él apoyaría las facultades.

Le preguntaron si Obras podía aportar el voto decisivo. Respondió: “Creo que el voto 31 —si es el mínimo— va a ser de Obras”.

Barragán negó que hubiera una negociación política. Afirmó que no pidió concesiones ni recibió propuestas a cambio de su apoyo. Al cierre del 20 de octubre, el dictamen había pasado la votación en comisión y esperaba su debate en el Pleno del Senado.

El nombramiento de su hermana

La designación de María del Carmen Barragán Coloma se formalizó el 17 de octubre y trascendió el martes 20, el mismo día en que el senador confirmó que respaldaría las facultades en el Pleno.

Ocupará el cargo de Asesor III, nivel Ejecutivo 3, un puesto de confianza en la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. La resolución la firmó la presidenta ejecutiva, Elizabeth Zulema Tomás Gonzales. Según el documento difundido por la prensa, el nombre lo propuso la propia Presidencia Ejecutiva y la unidad de Gestión de las Personas evaluó su perfil antes de formalizar la contratación.

María del Carmen Barragán es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Privada San Juan Bautista. Fue gerente central de Asesoría Jurídica de EsSalud entre 2017 y 2018, y trabajó también en la Contraloría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia de la Magistratura. En 2023 fue directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Cuando se conoció el nombramiento, Daniel Barragán negó que tuviera relación con la votación. Defendió la experiencia de su hermana y dijo que no había hablado de su designación con la presidenta ejecutiva de EsSalud ni con el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Sobre su asistencia a la sesión del 19 de octubre, explicó que obedeció a un acuerdo previo entre los voceros parlamentarios para participar en el debate.

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Política

Senador Daniel Barragán desafía las críticas: “Acá no se trata de votar por un equipo u otro equipo” [VIDEO]

El senador de Obras defendió su respaldo a 27 puntos de facultades legislativas, pese a haber planteado previamente respetar los 20 aprobados por la Cámara de Diputados. Argumentó que el país necesita medidas adicionales frente a la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, y reveló que las decisiones de su bancada son consultadas con el líder partidario, Ricardo Belmont.

Published

2 días ago

20/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador Daniel Barragán, de Obras, respondió a los cuestionamientos por apoyar la aprobación de 27 puntos de facultades legislativas, siete más que los 20 aprobados previamente por la Cámara de Diputados, pese a haber defendido antes la necesidad de respetar esa decisión.

Ante las críticas por el aparente cambio de posición, Barragán sostuvo que su respaldo responde a la evaluación de las necesidades del país y no a una disputa entre fuerzas políticas.

“Vemos la necesidad de que se requieren algunos puntos más, bajo el mismo marco: fenómeno El Niño, seguridad ciudadana”, explicó.

Con esta declaración, el senador justificó la incorporación de medidas adicionales dentro de los mismos ejes de atención, aunque el debate sobre su alcance y contenido continúa siendo relevante para determinar qué facultades requiere el Ejecutivo y con qué límites debería ejercerlas.

Frente a los cuestionamientos por una posible contradicción entre su postura inicial y su voto posterior, Barragán defendió la necesidad de revisar el conjunto de propuestas antes de tomar una decisión definitiva.

“Tenemos que evaluar todo lo presentado y discutirlo para el bien de nuestro país. Acá no se trata de votar por un equipo u otro equipo”, afirmó.

Su argumento coloca el foco en la evaluación de las medidas y en la posibilidad de introducir cambios durante el debate parlamentario, sin embargo, también deja abierta una interrogante política: ¿qué criterios determinaron que los 20 puntos inicialmente defendidos ya no fueran suficientes y que resultara necesario respaldar otros siete?

La respuesta resulta clave para comprender si el cambio obedeció exclusivamente a razones técnicas y de interés público o si también estuvo condicionado por las negociaciones entre las fuerzas políticas.

Barragán también se refirió al proceso de decisión dentro de su agrupación política y confirmó que las determinaciones son consultadas con Ricardo Belmont, líder de Obras.

“Todas las decisiones que tomamos siempre son consultadas con el líder del partido, Ricardo Belmont”, declaró.

La afirmación introduce otro elemento en la discusión: el papel de la conducción partidaria en las decisiones parlamentarias y la coordinación entre sus representantes. No obstante, el senador no precisó qué posición específica adoptó Belmont sobre cada uno de los siete puntos adicionales.

La controversia trasciende las diferencias entre los 20 puntos aprobados por Diputados y los 27 respaldados por Barragán. El asunto central es determinar qué medidas adicionales se necesitan para responder a la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño, cuáles son sus alcances y qué mecanismos permitirán evaluar su aplicación.

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Política

Senadora Patricia Juárez: «Las sillas vacías representan a quienes le dan la espalda al pueblo» [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular lanzó duras críticas contra los parlamentarios que no dieron quórum para avanzar con las facultades legislativas. Frente a las sillas vacías, los acusó de darle la espalda a las demandas ciudadanas y de anteponer sus diferencias políticas a la lucha contra la delincuencia, la prevención frente al fenómeno de El Niño y la generación de oportunidades económicas.

Published

2 días ago

20/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

Con un discurso de confrontación, la senadora Juárez sostuvo que quienes abandonaron la sesión le dieron la espalda al reclamo de los ciudadanos. Además, cuestionó lo que consideró una contradicción entre los discursos políticos en defensa del pueblo y la falta de respaldo a medidas que, según su posición, buscan responder a las principales urgencias del país.

“Son los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre del pueblo, se llenan la boca hablando de justicia y por detrás huyen cuando se trata de castigar a los delincuentes”, afirmó.

La parlamentaria vinculó la discusión sobre las facultades legislativas con tres preocupaciones centrales: la inseguridad ciudadana, la preparación ante el fenómeno El Niño y la falta de oportunidades económicas.

Según Juárez, la negativa a facilitar el avance de estas medidas deja a los peruanos desprotegidos frente a problemas que requieren respuestas políticas e institucionales. En esa línea, sostuvo que las diferencias entre las bancadas no deberían colocarse por encima de las necesidades de la población.

Su argumento fue más allá de la crítica a la inasistencia: presentó la discusión como una disyuntiva entre respaldar acciones contra la criminalidad o asumir responsabilidad política por no facilitar su avance.

“La única batalla es la pelea contra la vida y la muerte que miles de peruanos sufren hoy en las calles del Perú”, manifestó.

La frase más contundente de Juárez llegó a plantear que, frente a la delincuencia, no puede haber posiciones intermedias ni cálculos políticos.

Sin embargo, el debate sobre las facultades legislativas también exige esclarecer qué medidas concretas se busca aprobar, cuáles son sus alcances y qué argumentos sostienen las bancadas que no dieron quórum.

Esos elementos resultan fundamentales para evaluar el fondo de la controversia, más allá de los enfrentamientos entre representantes. Juárez anunció que esperarán a los grupos políticos cuestionados en el pleno del miércoles y expresó su expectativa de que expliquen su posición frente a la falta de quórum.

La próxima sesión pondrá nuevamente sobre la mesa el conflicto en torno a las facultades legislativas y la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos sobre las medidas propuestas.

Por ahora, las sillas vacías han dejado una imàgen que la congresista convirtió en una denuncia política. La interrogante pendiente es si el Parlamento logrará superar el enfrentamiento entre bancadas y ofrecer una respuesta concreta a las demandas ciudadanas que ambas partes dicen representar.

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Política

Beca 18: vence el plazo de inscripción y vuelve la atención sobre el financiamiento de las becas

Ayer viernes 16 de octubre culminó la inscripción al Examen Nacional de Preselección para acceder a una de las 6.000 becas de la convocatoria 2027. Mientras miles de jóvenes buscan una oportunidad para estudiar una carrera profesional, las solicitudes de recursos adicionales realizadas este año ponen en debate la sostenibilidad del programa.

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5 días ago

17/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La inscripción para participar en Beca 18-2027 culminó ayer 16 de octubre a las 11:59 p. m. El concurso, administrado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ofrece 6.000 becas dirigidas a jóvenes peruanos con alto rendimiento académico que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o alguna condición especial.

El proceso es virtual y gratuito, y permite a los postulantes iniciar su participación en el Examen Nacional de Preselección (ENP). Sin embargo, la convocatoria también invita a observar otro aspecto de la política educativa: los recursos que el Estado destina a sostener las becas vigentes y financiar nuevas oportunidades de acceso a la educación superior.

Según el cronograma publicado por Pronabec, la inscripción al examen comenzó el 9 de octubre y concluye hoy. La revisión de las solicitudes continuará hasta el 6 de noviembre; la lista de postulantes aptos se publicará el 11 de noviembre y el examen presencial se realizará el 22 de noviembre. Los resultados de preselección están previstos para el 23 de diciembre.

Seis mil oportunidades para acceder a la educación superior

La convocatoria 2027 comprende nueve modalidades: Ordinaria, Huallaga, Vraem, Protección, Repared, Comunidades Nativas Amazónicas, Pueblo Afroperuano, Educación Intercultural Bilingüe y Fuerzas Armadas. Cada una responde a condiciones específicas y establece requisitos particulares.

Entre los criterios generales figuran tener nacionalidad peruana, estar cursando el último grado de secundaria o haber egresado, acreditar un alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos y cumplir las condiciones de vulnerabilidad o situación especial correspondientes a la modalidad elegida.

Los límites de edad también varían según la modalidad. Por ello, los interesados deben revisar las bases oficiales antes de completar su inscripción y verificar que la información y los documentos presentados sean correctos.

La beca cubre costos académicos, como matrícula, pensiones y obtención del grado o título, de acuerdo con las condiciones del concurso. Determinados beneficiarios también pueden acceder a apoyos no académicos, como alimentación, alojamiento, movilidad, materiales de estudio y una computadora portátil. La cobertura de cada concepto depende de las reglas aplicables a la modalidad y de las condiciones establecidas para la convocatoria.

El programa representa una alternativa para jóvenes que, pese a cumplir los requisitos académicos, afrontan dificultades económicas para continuar sus estudios. No obstante, inscribirse no garantiza la obtención de una beca: los participantes deben superar las etapas de evaluación y selección.

El presupuesto de 2026: recursos para mantener las becas

El financiamiento constituye una parte central de la discusión. En diciembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el presupuesto público de 2026 contempla S/ 1.429 millones para garantizar la continuidad de las becas de educación superior.

Esta cifra corresponde al conjunto de becas de educación superior, por lo que no debe interpretarse como el presupuesto exclusivo de Beca 18 ni como el monto asignado únicamente a la convocatoria 2027. El MEF también señaló que la normativa presupuestaria permite realizar modificaciones para asegurar la sostenibilidad de las becas administradas por Pronabec.

El marco presupuestario es relevante porque estos programas no solo deben financiar nuevas asignaciones, sino también atender los compromisos asumidos con estudiantes que ya obtuvieron una beca. La continuidad de sus estudios depende de que el Estado pueda cubrir las obligaciones previstas en las condiciones de cada programa.

Foto: UPAO.

El presupuesto de 2026: recursos para mantener las becas

Solicitudes de recursos adicionales: el antecedente que importa

En mayo de 2026, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, solicitó ante la Comisión de Educación del Congreso un crédito suplementario de S/ 105,5 millones para Beca 18 y S/ 14 millones para Beca Generación del Bicentenario.

De acuerdo con la información publicada por el diario oficial El Peruano, los recursos solicitados para Beca 18 buscaban atender a 5.316 becarios adicionales. En el caso de Beca Generación del Bicentenario, el pedido apuntaba a financiar entre 147 y 150 nuevos beneficiarios de estudios de posgrado en el extranjero.

Este antecedente permite identificar una tensión presupuestaria que merece seguimiento periodístico: las metas de ampliación de cobertura deben estar respaldadas por recursos suficientes. Sin embargo, la solicitud de un crédito suplementario no equivale, por sí misma, a una prueba de que todas las becas estén desfinanciadas ni permite concluir que la convocatoria 2027 carezca de presupuesto.

Además, una resolución publicada por Pronabec en febrero de 2026 documentó una habilitación de S/ 50 millones para ampliar la cobertura de Beca 18 de ese año en 2.592 becas adicionales. El documento señaló que, con esta ampliación, la oferta de la convocatoria 2026 alcanzaría hasta 5.184 becas.

Las cifras corresponden a la convocatoria 2026 y no deben confundirse con las 6.000 vacantes anunciadas para 2027. Para determinar cuánto dinero está efectivamente disponible para la nueva convocatoria, se requiere revisar la asignación presupuestaria específica y sus modificaciones.

Foto: El Peruano.

¿Qué se sabe del presupuesto para 2027?

El MEF publicó el proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, que debe analizarse junto con sus anexos de distribución por entidades, programas y actividades. La propuesta presupuestaria general no debe confundirse con una asignación definitiva y exclusiva para Beca 18-2027.

A la fecha de publicación de esta nota, las fuentes consultadas permiten identificar el presupuesto general de becas para 2026 y los pedidos de recursos adicionales realizados durante ese año. Sin embargo, no permiten establecer de manera concluyente una cifra final y específica para financiar las 6.000 becas de la convocatoria 2027 ni el porcentaje de ejecución presupuestaria de Pronabec al 16 de octubre.

Para responder esa pregunta es necesario contrastar los anexos presupuestarios de 2027 con la Consulta Amigable del MEF y los documentos presupuestarios de Pronabec. En particular, se deben revisar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el gasto devengado y los montos comprometidos para becas nuevas y becarios continuadores.

Esta distinción es importante: el presupuesto aprobado, el presupuesto modificado y el gasto efectivamente ejecutado son indicadores diferentes. Sin esa comparación, no sería correcto afirmar que el programa cuenta con recursos suficientes o insuficientes para cumplir todas sus metas de 2027.

El reto: ampliar el acceso sin comprometer la continuidad

La convocatoria 2027 vuelve a poner sobre la mesa la relación entre oportunidades educativas y planificación presupuestaria. Para los postulantes, el primer paso es completar la inscripción dentro del plazo establecido y cumplir las etapas del concurso. Para las autoridades, el desafío consiste en garantizar que las becas anunciadas cuenten con respaldo financiero y que los beneficiarios puedan continuar sus estudios según las condiciones ofrecidas.

En ese contexto, el seguimiento no debe limitarse al número de vacantes. También debe observar la asignación de recursos, las modificaciones presupuestarias, la ejecución del gasto y la atención de los compromisos con los becarios actuales.

La pregunta que queda abierta es cuánto del presupuesto previsto para 2027 se destinará específicamente a las nuevas becas y cómo se garantizará su financiamiento durante el desarrollo de los estudios. La respuesta exige cifras oficiales desagregadas y una comparación transparente entre los recursos programados, los ejecutados y las metas anunciadas.

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Política

Keiko Fujimori y la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados: lo que dice la Constitución, los votos que hacen falta y las opciones del gobierno

La presidenta dijo que la Constitución “permite otras cosas” si el Congreso no le da facultades. Qué establece realmente la Carta sobre disolver la Cámara de Diputados y qué pasó este jueves en el Senado.

Published

5 días ago

17/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

El pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori quedó paralizado el jueves 15 de octubre en el Senado. En la Comisión de Constitución, cuatro bancadas de oposición abandonaron la sala tras una discusión sobre cuánto puede cambiar la Cámara alta el texto que ya aprobó la Cámara de Diputados. La comisión se quedó sin quórum y sin fecha para volver a reunirse.

El episodio reavivó una pregunta que circula desde fines de septiembre, cuando la presidenta dijo que la Constitución “permite otras cosas”. La oposición lo leyó como la amenaza de disolver la Cámara de Diputados, es decir, sacar a los 130 diputados de sus cargos y convocar a elecciones en un máximo de cuatro meses.

¿Puede hacerlo? La respuesta está en el artículo 134 de la Constitución y en lo que ocurra con el gabinete de Luis Galarreta, el primero de este periodo.

Keiko Fujimori junto al premier Luis Galarreta y el presidente del Senado Miki Torres.

Choque en la Comisión de Constitución

Cuatro bancadas de oposición se levantaron y se fueron de la Comisión de Constitución del Senado el jueves 15 de octubre, en plena sesión sobre el pedido de facultades del Gobierno. Eran las de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras. Se retiraron después de que el presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), tumbara una votación que ellos daban por ganada.

Todo empezó cuando la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) pidió que, antes de entrar al contenido, se definiera hasta dónde puede el Senado cambiar lo que ya aprobó la Cámara de Diputados. Ganó por un voto, pero Mesía la declaró rechazada: dijo que faltaba registrar el voto virtual del senador Alejandro Aguinaga, que habría empatado el resultado y le habría dado a él el voto dirimente. La oposición contestó que la votación ya estaba cerrada.

Por la tarde, los cuatro grupos pidieron votar solo lo aprobado por Diputados. Mesía se negó, no volvieron y, sin quórum, la comisión quedó suspendida “hasta nuevo aviso”. Fuerza Popular habló de boicot, y Mesía dijo: “Los grupos de izquierda pedían debate y ahora se corren”. Este viernes advirtió que, sin un consenso previo, “no habrá facultades delegadas”.

La advertencia de la presidenta

El 29 de septiembre, con el pedido de facultades en la Cámara de Diputados desde hacía un mes, Fujimori dijo que se estaba “poniendo a prueba” la paciencia del Gobierno. Agregó que ser respetuoso no es ser débil, que las leyes y la Constitución también permiten otras cosas y que el Ejecutivo abriría todos los caminos contra la delincuencia, siempre dentro del marco constitucional.

La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) preguntó entonces si lo que venía era disolver la Cámara, y el ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó esa intención. El premier Galarreta dijo después que hacerlo “no está en los planes” y que el Gobierno seguirá por la vía legislativa ordinaria. La presidenta ya lo había descartado el 28 de agosto en Tacna, según La República, y a una periodista de Latina le respondió que no iba a ahondar en el debate. Tras el choque en el Senado pidió unidad ante el fenómeno El Niño.

La popularidad de la presidenta

El choque llega cuando el respaldo a Fujimori cae, a menos de tres meses de que asumiera el cargo, el 28 de julio. La encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, difundida el 14 de octubre, la ubica en 28,3 %, 14,5 puntos menos que en septiembre, con 53,6 % de desaprobación.

El 62 % de los encuestados cree que la economía va mal, y Bloomberg vincula la caída con la preocupación por la economía y la delincuencia y con cierto recelo ante el acercamiento del Gobierno a Donald Trump y Estados Unidos.

Otra medición, la de CB Global Data, la puso en 46,3 %, frente a 52,4 % del mes anterior: la mayor caída entre los presidentes de la región, con 50,8 % de desaprobación. Las cifras difieren porque cada empresa usa metodologías distintas, pero apuntan en la misma dirección.

El recuerdo de 1992

La pregunta pesa más en el Perú por un antecedente que lleva el mismo apellido. El 5 de abril de 1992, a las 10:36 de la noche, Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta, anunció por televisión la disolución temporal del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público.

El mensaje duró unos veinte minutos y esa misma noche el Ejército salió a las calles de Lima. Fujimori dijo que el Parlamento era obstruccionista y le impedía enfrentar la crisis económica y el terrorismo; su bancada tenía 32 de los 180 diputados y 14 de los 62 senadores.

Los congresistas, impedidos de entrar a su sede, se reunieron en el Colegio de Abogados de Lima, declararon la vacancia de Fujimori y juramentaron a su vicepresidente, Máximo San Román, el 21 de abril. El gobierno de hecho se mantuvo y, tras un llamado de la OEA, convocó a elecciones para un Congreso Constituyente, que redactó una nueva Constitución con reelección presidencial.

La base constitucional

La Ley 31988, de marzo de 2024, restableció la bicameralidad y modificó el artículo 134, que rige desde las elecciones de 2026:

Artículo 134.- El presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para una nueva Cámara de Diputados, que se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. La Cámara así elegida sustituye a la anterior y completa su período. No puede disolverse la Cámara de Diputados en el último año de su mandato. Disuelta la cámara, se mantiene en funciones el Senado, el cual no puede ser disuelto. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, la Cámara de Diputados no puede ser disuelta.

Lo que tendría que cumplirse

La Constitución habla de dos gabinetes, no de dos votaciones. Como explicó el exoficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes, hace falta la censura de dos gabinetes o la negación de confianza a dos gabinetes. Hasta ahora no ha ocurrido ninguna de las dos cosas con el de Galarreta, que ni siquiera pasó por un voto de investidura: desde la reforma, la exposición inicial del premier ante Diputados no da lugar a cuestión de confianza.

Quedan dos caminos, previstos en los artículos 132 y 133. El primero es la censura: la moción necesita al menos 33 firmas, el 25 % de los 130 diputados, no puede votarse antes del tercer día y debe votarse a más tardar el décimo, y para aprobarse exige más de la mitad del número legal, es decir 66 votos. El segundo es que el propio premier plantee una cuestión de confianza a nombre del gabinete; si la Cámara se la rehúsa, el gabinete cae. En ambos casos, tendría que repetirse con un segundo gabinete.

El segundo camino es el más discutido. La Ley 31355, de 2021, limita las cuestiones de confianza, y según constitucionalistas consultados por RPP no pueden versar sobre competencias exclusivas del Congreso. El Tribunal Constitucional, en 2023, sostuvo que solo el Congreso interpreta el sentido de su decisión sobre la confianza. Delgado-Guembes agregó, el 7 de octubre, que la confianza solo cabe sobre competencias del Ejecutivo y su política general, que no puede plantearse con condiciones ni plazos, que la Cámara puede rechazarla de plano sin que cuente como denegatoria y que el gabinete no puede condicionar las facultades a ese mecanismo, porque delegar es potestad del Congreso. Con ese marco, dijo, cerrar la Cámara se ha vuelto “más complejo”.

El antecedente es el de septiembre de 2019, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso unicameral alegando una “denegación fáctica” de la confianza. El Tribunal Constitucional avaló la disolución en enero de 2020 por cuatro votos contra tres; sus críticos sostienen que esa figura no está en la Constitución, y la Ley 31355 vino después a reforzar la posición del Congreso. Otros abogados, citados por medios regionales, creen que una disolución sería poco probable o que, de negarse la confianza, el Ejecutivo podría acudir al Tribunal con una demanda competencial; son opiniones, no decisiones.

Si la disolución llegara a darse, el Ejecutivo gobernaría con decretos de urgencia hasta que se instale la nueva Cámara, dando cuenta al Senado, según el artículo 135, y esa nueva Cámara podría censurar al gabinete después de que el premier exponga lo actuado. Disolver la Cámara fuera de los casos del artículo 134 es una de las pocas causales por las que el presidente puede ser acusado durante su mandato, según el artículo 117.

Los números en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados tiene 130 integrantes repartidos en seis bancadas. Fuerza Popular, el partido de la presidenta, tiene 41; Juntos por el Perú, 32; el Partido del Buen Gobierno, 18; Renovación Popular, 15; Obras, 14, y Ahora Nación, 10. Ninguna llega sola a los 66 votos que forman mayoría.

Fuerza Popular y Renovación Popular suman 56, diez menos de los necesarios. Las otras cuatro bancadas, que en julio se agruparon como Consenso por la Democracia para disputarles la conducción de la Cámara, sumaban 74, según Infobae. Si votaran juntas, serían las únicas con los votos para censurar a un gabinete.

El pedido de facultades, sin embargo, se aprobó en la Cámara con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, luego de rechazar el dictamen en una primera votación. Eso quiere decir que Fuerza Popular y Renovación Popular sumaron al menos diez votos de otras bancadas. La Constitución también impide disolver la Cámara en el último año de su mandato, que termina en 2031.

Qué puede pasar ahora

El Gobierno tiene hoy dos escenarios. En el primero, el Senado y la oposición se ponen de acuerdo sobre cómo tratar el pedido de facultades. Hay dos fórmulas sobre la mesa: votar primero los 20 puntos que aprobó Diputados y después los siete que agregó el Senado, o que el Ejecutivo tome esos 20 y pida el resto con proyectos de ley urgentes. Si hay acuerdo, el texto pasaría al Pleno del Senado, donde estaba previsto debatirlo el lunes 19.

En el segundo, no hay acuerdo y las facultades no se aprueban. El Gobierno ha dicho que en ese caso seguirá por la vía legislativa ordinaria, es decir, con proyectos de ley que pasan por el Congreso. La disolución de la Cámara de Diputados sería un tercer camino, y no depende del Senado. Exigiría que los diputados censuren o le nieguen la confianza a un primer gabinete y luego a un segundo, con una mayoría que hoy ninguna bancada tiene sola. Hasta ahora ni la presidenta ni el premier han dicho que vayan a plantearlo, y el ministro Juan Sheput descartó esa intención.

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Política

Diputado César Holguín rechaza adendas de Cálidda y TGP: “No vamos a permitir que posterguen nuevamente a nuestra región» [VIDEO]

El diputado de Ahora Nación advierte que las modificaciones contractuales podrían poner en riesgo el proyecto de distribución de gas y cuestiona la falta de estudios comparativos sobre rentabilidad social, seguridad energética y desarrollo regional. Junto con las organizaciones sociales, exige que las decisiones prioricen los intereses de la población y no se adopten al margen de la competencia.

Published

6 días ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El diputado César Holguín expresó su rechazo a las condiciones planteadas para una eventual adenda con Cálidda y a la propuesta de modificación contractual de Transportadora de Gas del Perú (TGP), al considerar que ambas alternativas podrían perjudicar las aspiraciones de desarrollo energético de su región.

“Si se firma esa adenda con Cálidda en esos términos, es decirle adiós a otros proyectos y eso no lo vamos a permitir”, advirtió el parlamentario.

Holguín también rechazó la posibilidad de impulsar una adenda con TGP para trasladar el gas por la costa sin que, según sostuvo, existan criterios de seguridad suficientes. Para el diputado, ambas propuestas representan un riesgo de postergación para la región y sus demandas de acceso a los recursos energéticos.

“Con ambas fórmulas, lo que se está haciendo es postergar nuevamente a nuestra región”, manifestó, al remarcar que esta posición es compartida con las organizaciones sociales involucradas en la defensa de los intereses regionales.

Cuestiona falta de competencia y rentabilidad social

Uno de los principales cuestionamientos del diputado está dirigido a la forma en que se estarían planteando las modificaciones contractuales. Holguín sostuvo que las denominadas “adendas a dedo” entrarían en conflicto con el principio de competencia y con los objetivos de desarrollo regional.

Asimismo, señaló que, hasta la fecha, no se habría presentado un estudio comparativo que permita sustentar las decisiones desde el principio de rentabilidad social. En esa línea, cuestionó que las propuestas no demuestren, a su juicio, beneficios concretos para la población ni garantías suficientes para la seguridad energética.

El parlamentario insistió en que las decisiones sobre el transporte y la distribución del gas deben responder a criterios técnicos, transparentes y orientados al interés público. En ese sentido, consideró que no basta con modificar las condiciones contractuales si no se acredita cómo estas contribuirán al bienestar de la población y al desarrollo de la región.

Organizaciones sociales respaldan la defensa regional

El diputado Holguín afirmó que la posición expresada responde también a una preocupación compartida con las organizaciones sociales, que buscan evitar que las decisiones sobre la infraestructura gasífera releguen nuevamente las necesidades regionales.

El debate, según el planteamiento del diputado, no se limita a las condiciones de las adendas con Cálidda y TGP, sino que involucra el futuro del proyecto de distribución de gas, la seguridad del transporte y la posibilidad de que la región acceda a beneficios concretos derivados de su desarrollo energético.

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