Presidente Keiko Fujimori, frente al Fenómeno El Niño: “estamos tarde”

Política Presidente Keiko Fujimori, frente al Fenómeno El Niño: “estamos tarde” Según el informe publicado en octubre por la OEA. NOAA indican que hay 100 % de probabilidad de que El Niño se mantenga hasta el primer trimestre de 2027 y que a partir de abril a junio haya aproximadamente 55 % de…

Política

Según el informe publicado en octubre por la OEA. NOAA indican que hay 100 % de probabilidad de que El Niño se mantenga hasta el primer trimestre de 2027 y que a partir de abril a junio haya aproximadamente 55 % de probabilidades de regreso a condiciones neutrales.

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11 segundos ago

22/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

El fenómeno de El Niño es una alteración de las condiciones del océano y la atmósfera en el Pacífico tropical que modifica los patrones de lluvia y temperatura y aumenta la probabilidad de eventos hidrometeorológicos extremos en todo el mundo.

Según la Nota Técnica del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados Americanos (OEA), elaborada con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el CIIFEN, el evento 2026-2027 fue declarado en junio de 2026 y para septiembre ya había alcanzado reportó +2,0 °C en esa región, lo que lo ubicó en la categoría «muy fuerte».

En la primera semana de octubre, la región Niño 1+2, frente a Ecuador y Perú, alcanzó +4,5 °C sobre su climatología, un valor que el documento califica como un Niño costero extraordinario (OEA, 2026, pp. 3-4, 17). La Figura 1, tomada de la Nota Técnica, muestra el intenso calentamiento del Pacífico ecuatorial y de la costa sudamericana durante la última semana de septiembre y los primeros días de octubre.

Los pronósticos emitidos en octubre de 2026 por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) indican que hay 100 % de probabilidad de que El Niño se mantenga hasta el primer trimestre de 2027 y que, a partir de abril a junio, haya aproximadamente 55 % de probabilidades de regreso a condiciones neutrales. Así lo muestra la Figura 2, incluida en la Nota Técnica Informativa de El Niño 2026-2027. La misma nota señala que la probabilidad de que el evento se mantenga como «muy fuerte» entre octubre y diciembre es de 100 %, que existe un 75 % de probabilidad de que supere los registros históricos desde 1950 y que, desde el punto de vista científico, no existen denominaciones como «Super» El Niño o «Godzilla».

El CIIFEN pronostica que (Figura 3) para el trimestre noviembre de 2026 – enero de 2027, los pronósticos de ATSM, tanto del NMME como del ECMWF, prevén la intensificación de las condiciones cálidas en el Pacífico ecuatorial, con anomalías entre 3°C a 3.5°C.

Además, prevén el fortalecimiento de las anomalías cálidas que se extienden a lo largo del continente americano, desde México hasta Chile.

En cuanto a la lluvia, hay déficit probable en Centroamérica, el Caribe, Colombia, Venezuela, las Guayanas y la Amazonía, y excesos en la costa de Ecuador, la costa de Perú, el sur de Brasil y la Cuenca del Plata. La Tabla 1 sintetiza la zonificación territorial propuesta.

El fenómeno de El Niño amenaza con impactos severos en el país entre octubre de 2026 y marzo de 2027 (Figura 4), proyectando su periodo más crítico entre los meses de noviembre y diciembre. Por un lado, los déficits de lluvia combinados con las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendios forestales, mientras que, por otro lado, el exceso de precipitación eleva la amenaza de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos (OEA, 2026). En materia de salud pública, el almacenamiento doméstico de agua provocado por los racionamientos puede multiplicar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, favoreciendo la rápida aparición de brotes de dengue y fiebre amarilla.

Frente a este panorama, la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfatiza que destinar recursos a la prevención durante el cuarto trimestre de 2026 resulta hasta diez veces más económico y efectivo que financiar la respuesta posterior a la emergencia en el pico del fenómeno (OEA, 2026). Sobre la base de su Nota Técnica, el organismo internacional propone una hoja de ruta con acciones prioritarias en varios frentes. En el recurso hídrico, se recomienda reducir las pérdidas en las redes de acueducto, optimizar la operación de los reservorios y adecuar el sistema de drenaje urbano.

En el sector energético, se plantea preposicionar contratos de suministro térmico e intercambios transfronterizos para evitar racionamientos, mientras que en agricultura y pesca se propone distribuir semillas resistentes al estrés hídrico, facilitar seguros agroclimáticos paramétricos y aplicar vedas adaptativas. Asimismo, en el plano financiero se sugiere activar fondos contingentes y transferencias condicionadas a la activación de alertas tempranas, reforzando de forma simultánea el control vectorial en salud y garantizando el suministro continuo de agua potable en la red hospitalaria.

Elmer Cuba, ministro de Economía.

Por su parte, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, instalado el 28 de julio de 2026, ha colocado la atención de El Niño junto con la inseguridad ciudadana como los dos grandes desafíos de su gestión. En el plano fiscal, el ministro de Economía, Elmer Cuba, destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 incorpora S/ 2 489 millones para intervenciones vinculadas a la prevención y mitigación del fenómeno.

Las lluvias ya iniciaron con moderada intensidad en el norte del país. Sin embargo, la ejecución del presupuesto público por nivel de gobierno, actualizado a las 9:55 a.m. de hoy el Gobierno Nacional encabeza el avance con un 76.2 %, habiendo ejecutado S/ 125 376 millones de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 164 574 millones. En segundo lugar, los Gobiernos Regionales alcanzan un 75.5 % de avance, con un gasto devengado de S/ 50 740 millones sobre un PIM de S/ 67 197 millones.

Por el contrario, los Gobiernos Locales registran el mayor rezago del sistema intergubernamental al ejecutar S/ 34 480 millones de un PIM de S/ 58 337 millones, lo que representa un avance del 59.1 %, a pesar de que su presupuesto modificado se incrementó en un 63 % en comparación con su asignación inicial.

Foto: Waldo Mendoza, economista y exministro de Economía y Finanzas.

Diversos analistas cuestionan la suficiencia de estas medidas públicas. El exministro de Economía Waldo Mendoza advirtió que las autoridades «están subestimando el tamaño del Niño […], la intensidad de lluvias y sequías va a tener un enorme costo y la tarea de reconstrucción va a ser enorme, pero curiosamente en el presupuesto el gasto en inversión pública crece 3 %; en tiempos del Niño uno no puede ser austero fiscalmente».

Mendoza sostuvo además que «el Gobierno debe utilizar sus fortalezas para enfrentar con todo su potencial a este fenómeno natural que va a ser fortísimo», coincidiendo con el diagnóstico de la propia presidenta Keiko Fujimori, quien reconoció públicamente la demora del Estado ante la llegada de la emergencia al admitir que «estamos tarde».

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USAID: el pedido de Carmen Duarte que reabre el debate sobre los millones destinados a las ONG y sus vínculos laborales

Leonardo Serrano Zapata

Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).

Política

USAID: el pedido de Carmen Duarte que reabre el debate sobre los millones destinados a las ONG y sus vínculos laborales

La congresista del Partido del Buen Gobierno Carmen Duarte, pidió al canciller Carlos Espá gestionar ante Estados Unidos el retorno de los fondos de cooperación suspendidos. Pero su propia trayectoria laboral en una asociación vinculada al sector de las ONG plantea preguntas que merecen respuestas: ¿por qué reclama la restitución de esos recursos, qué entidad los fiscaliza y cuánto dinero estuvo en juego?

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8 horas ago

22/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La congresista Carmen Georgina Duarte Patiño de Pezet, del Partido del Buen Gobierno, ha reabierto un debate que el país no debería abordar únicamente desde la defensa de los puestos de trabajo o la continuidad de los programas sociales: el destino, la fiscalización y la dependencia de los recursos extranjeros que durante años financiaron proyectos ejecutados por Organizaciones no gubernamentales (ONG).

Durante la presentación del canciller Carlos Espá ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la legisladora le solicitó que intercediera ante el Gobierno de Estados Unidos para conseguir el retorno del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Que USAID regrese al país”, reclamó Duarte, al sostener que la suspensión de la asistencia había perjudicado iniciativas relacionadas con la agricultura, la educación y la lucha contra la pobreza, además de dejar a trabajadores sin empleo. El canciller no ofreció una respuesta específica a su solicitud.

El problema no es que una parlamentaria defienda la cooperación internacional, esta puede aportar recursos, conocimientos y capacidades que el Estado no siempre consigue financiar por sí solo. La cuestión es otra: ¿con qué información respalda la congresista su pedido, qué resultados concretos quiere recuperar y qué mecanismos de transparencia propone para garantizar que cada dólar beneficie realmente a la población peruana?

Solicitar el retorno de los fondos sin plantear metas verificables, mecanismos de auditoría ni una evaluación de los proyectos que se perdieron deja incompleta una discusión de interés público.

Duarte juramentando como congresista.

Más de US$ 2.000 millones: la dimensión del dinero

Las cifras ayudan a entender por qué el debate no puede reducirse a una discusión sobre empleos perdidos. Según inormación de fuentes abiertas, USAID habría transferido más de US$ 2.000 millones para proyectos en el Perú durante aproximadamente 25 años.

Existe otra cifra relevante, en setiembre de 2023, el entonces director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), José Gonzales Norris, informó que la cooperación técnica internacional que recibía el Perú superaba los US$ 400 millones anuales por cuarto año consecutivo, de ese total, el 71 % correspondía a cooperación oficial y el 29 % a cooperación no gubernamental.

Otro dato permite dimensionar la relación bilateral: en agosto de 2023, Estados Unidos anunció US$ 92,5 millones adicionales para proyectos de cooperación con el Perú durante 2023-2024, con lo que el monto acumulado bajo el acuerdo de donación 527-0427 ascendió a US$ 202,9 millones, se trata de un acuerdo específico y no del total histórico de USAID en el país.

Las preguntas pendientes son concretas: ¿cuánto dinero se desembolsó efectivamente en los últimos años?, ¿qué proporción llegó a organizaciones peruanas?, ¿qué instituciones fueron las principales receptoras?, ¿qué proyectos quedaron paralizados y cuáles demostraron resultados medibles?

Sin esa información desagregada, cualquier defensa o cuestionamiento general de los fondos corre el riesgo de convertirse en una disputa política antes que en una evaluación seria del gasto.

APCI: la entidad que debe explicar quién recibió los fondos

En medio de la controversia aparece una institución indispensable para entender cómo funciona el sistema: la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La APCI articula la oferta y la demanda de cooperación técnica internacional, coordina con las fuentes cooperantes y supervisa los programas, proyectos y actividades ejecutados por organizaciones inscritas en sus registros. También mantiene información sobre las entidades receptoras y sus actividades.

Su papel resulta central porque permite pasar de las declaraciones políticas a la verificación documental. El registro de las organizaciones, sus proyectos, las fuentes de financiamiento y los montos declarados constituyen elementos para reconstruir el recorrido de los recursos.

La propia APCI publica información sobre el financiamiento de USAID para el período 2019-2023 y estadísticas de cooperación técnica internacional. Además, su Mapa de Cooperación Técnica Internacional permite consultar desembolsos reportados por país, entidad ejecutora, proyecto y ubicación.

Por eso, antes de reclamar el retorno de los fondos, corresponde exigir un balance público: cuánto se recibió, quién lo ejecutó, qué objetivos cumplió, qué recursos quedaron comprometidos y qué resultados se perdieron tras la suspensión.

El debate sobre la transparencia no es nuevo, en 2023, la dirección de la APCI informó ante el Congreso que, de unos 3.000 organismos no gubernamentales y entidades de desarrollo que recibían recursos de fuentes internacionales, aproximadamente la mitad registraba y daba cuenta de sus actividades, según la información presentada en aquella sesión. Ese dato corresponde a lo declarado entonces y no debe interpretarse como una medición actualizada de todas las organizaciones.

La fiscalización, por tanto, no es un argumento accesorio, sino que es parte de la discusión sobre si el Perú debe recuperar, renegociar o reorientar recursos de cooperación.

Carmen Duarte y su paso por una ONG

Hay un antecedente de la trayectoria de la congresista que añade relevancia periodística al caso. Según investigaciones, Duarte declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que trabajó entre 2021 y 2025 en la ONG Asociación Empezamos Creciendo, donde se desempeñó como coordinadora de proyectos.

Ese vínculo profesional es pertinente para examinar su posición pública. La experiencia de una legisladora en una asociación puede explicar su conocimiento de las dificultades que enfrentan las organizaciones sociales cuando pierden una fuente de financiamiento. Pero también hace razonable solicitarle que explique si su experiencia laboral influyó en la prioridad que ha dado a la restitución de esos recursos.

¿Por qué pide el retorno de USAID en esta coyuntura?

El pedido se produce después de que la administración de Donald Trump impulsara, a comienzos de 2025, una revisión y reorientación de la ayuda exterior estadounidense, la medida afectó el funcionamiento de programas de cooperación y abrió un debate sobre el destino de los recursos y los objetivos que deben justificar su continuidad.

En ese contexto, Duarte eligió una intervención ante una comisión parlamentaria para solicitar al canciller que promueva el retorno del financiamiento, su argumento se concentró en el valor de la agencia para la agricultura, la educación, la tecnología y la lucha contra la pobreza, así como en el empleo de quienes participaban en esos programas.

Sin embargo, la coyuntura exige distinguir entre tres asuntos diferentes: la necesidad de mantener proyectos que benefician a la población, la pérdida de puestos de trabajo vinculados a su ejecución y la conveniencia de recuperar una fuente específica de financiamiento extranjero.

Los tres asuntos merecen atención, pero no son equivalentes. La pérdida de empleos puede ser una consecuencia real de la suspensión de proyectos; por sí sola, no demuestra que todos los programas fueran eficaces ni que deban reanudarse bajo las mismas condiciones.

Tampoco se puede afirmar, sin documentación adicional, que el pedido responda a intereses personales, partidarios o económicos, esa hipótesis solo podría evaluarse después de verificar la relación entre las organizaciones beneficiarias, los proyectos financiados y la trayectoria de quienes promueven el retorno de los fondos.

El dinero extranjero no puede convertirse en un cheque en blanco

La cooperación internacional puede contribuir al desarrollo del país. Sería equivocado descartar todos sus aportes por su procedencia extranjera. Pero también sería equivocado asumir que cualquier programa financiado desde el exterior debe continuar automáticamente porque genera empleo o desarrolla actividades sociales.

Si el Perú busca recuperar recursos de USAID o negociar nuevas modalidades de cooperación, debe exigir compromisos claros: publicación de los montos recibidos, identificación de las entidades ejecutoras, auditorías, indicadores de resultados, evaluación independiente y mecanismos para evitar que los proyectos dependan indefinidamente de una fuente externa.

La Cancillería, como responsable de gestionar la cooperación internacional ante otros gobiernos, puede evaluar las posibilidades diplomáticas. La APCI debe aportar la información sobre las entidades y proyectos bajo su ámbito de supervisión. Y el Congreso tiene la responsabilidad de exigir datos, no limitarse a defender o rechazar los fondos desde una posición partidaria.

La congresista Duarte tiene derecho a promover una política de cooperación que considere beneficiosa para el país. Pero su propuesta también debe someterse a las mismas exigencias de transparencia que cualquier iniciativa pública.

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Política

Pedro Castillo vuelve a exigir su libertad y cuestiona la respuesta del Estado

Un grupo de trabajo vinculado al Consejo de Derechos Humanos consideró arbitraria la detención de Pedro Castillo y recomendó liberarlo, pero la Cancillería sostiene que el Perú no está obligado a hacerlo.

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8 horas ago

22/10/2026

Redacción Lima Gris

Foto: Andina

Por Giovanna Ríos

La Fiscalía inició actuaciones y luego formuló cargos por su participación en los hechos. Las autoridades peruanas calificaron el anuncio como un intento de golpe de Estado, mientras que Castillo cuestionó la legalidad de su destitución y de las medidas en su contra.

La condena por conspiración para la rebelión

El 27 de noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Castillo a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión. La sentencia incluyó la inhabilitación para ejercer la función pública y llegó después de un juicio oral, en el que la Fiscalía sustentó su acusación y la defensa expuso sus argumentos.

El tribunal evaluó la actuación de Castillo y de otros integrantes de su Gobierno durante la crisis. Entre los procesados estuvieron la expremier Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el expremier Aníbal Torres, aunque cada uno tuvo penas y situaciones procesales distintas. La defensa del expresidente cuestionó la sentencia y presentó recursos para que una instancia superior la revise. Castillo sostiene que el proceso vulneró sus derechos.

Las investigaciones fiscales por presunta corrupción

Durante el Gobierno de Castillo, el Ministerio Público abrió investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, nombramientos y decisiones administrativas. Entre los casos más conocidos están Puente Tarata III, la compra de biodiésel por Petroperú, los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y las adjudicaciones de obras vinculadas con el distrito cajamarquino de Anguía.

En el caso Puente Tarata III, la Fiscalía investigó presuntas gestiones para favorecer a un consorcio en la adjudicación de una obra pública en la región San Martín. Entre los nombres que aparecieron en las diligencias figuran la empresaria Karelim López y Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno. Lo que se buscó establecer fue si hubo influencias indebidas y delitos ligados al proceso de contratación. Algo parecido se vio en Petroperú, donde la pesquisa giró en torno a la compra de biodiésel B100 para el periodo de enero a abril de 2022, con presuntas intervenciones para beneficiar a una empresa proveedora.

José Medina Guerrero, alcalde de la localidad de Anguía, en Chota, fue detenido por la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú.

Otro frente fue el de los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde se revisaron presuntas irregularidades en los procesos de promoción de oficiales. La Fiscalía quiso saber si algunas personas lograron subir de grado mediante pagos o gestiones indebidas, y si funcionarios del Gobierno intervinieron en esas decisiones. Las diligencias alcanzaron al exministro de Defensa Walter Ayala y a otros funcionarios vinculados con el proceso. El Ministerio Público examinó además las comunicaciones y actuaciones relacionadas con los ascensos, así como las presuntas intervenciones desde Palacio de Gobierno.

En agosto de 2023, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Castillo por este caso y el expediente fue remitido al Congreso para que siga el procedimiento correspondiente. La investigación abarcó presuntos delitos vinculados con pagos, tráfico de influencias y actuaciones de funcionarios en los procesos de promoción.

Distinto es el caso Anguía, que se relaciona con presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y con personas del entorno presidencial. La Fiscalía revisó contratos, empresas y funcionarios para determinar si hubo favorecimientos indebidos y posibles delitos contra la administración pública, y también las relaciones entre empresarios y funcionarios del distrito cajamarquino. En julio de 2026, el Poder Judicial ordenó a la Fiscalía concluir la investigación preparatoria y emitir el requerimiento que correspondiera. La decisión respondió a los recursos de las defensas contra la ampliación del plazo de investigación.

Las denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso

Además de los casos de Puente Tarata III, Petroperú, Anguía y los ascensos militares, Castillo enfrentó otras denuncias constitucionales por presuntas irregularidades durante su mandato. Entre los asuntos investigados figuraron el nombramiento de Daniel Salaverry al frente de Perupetro, la designación de Juan Carrasco en el Ministerio del Interior, las contrataciones en Agro Rural y los cuestionamientos vinculadas con la empresaria Sada Goray. En el caso de Perupetro, la denuncia giró en torno a la designación de Salaverry como presidente del directorio de la empresa estatal. El expediente revisó si se respetaron los procedimientos administrativos y los requisitos exigidos para ocupar el cargo, y le correspondía al Congreso decidir si el procedimiento constitucional debía avanzar.

Otra investigación es la del caso conocido como «Los Niños», que apunta a presuntos favores políticos a congresistas a cambio de respaldo al Gobierno. La Fiscalía indagó si algunos legisladores habrían recibido beneficios a través de puestos y contratos públicos mientras apoyaban al Ejecutivo en las votaciones parlamentarias. También se investigaron presuntos pagos ilícitos en contrataciones estatales y con funcionarios del Ministerio de Vivienda, donde apareció el nombre de Sada Goray, empresaria investigada por presuntas irregularidades en operaciones vinculadas con el Fondo Mivivienda.

Lilia Paredes y sus hijos en México

Mientras Castillo enfrenta los procesos desde la cárcel, su esposa, Lilia Paredes, y los dos hijos de la pareja siguen fuera del país. Viajaron a México en diciembre de 2022, luego de que el Gobierno mexicano les concediera asilo político. La salida se dio tras la crisis que terminó con la destitución y detención de Castillo, y las autoridades peruanas otorgaron el salvoconducto correspondiente.

El traslado ocurrió en medio de tensiones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México. El Gobierno peruano cuestionó declaraciones de autoridades mexicanas sobre la situación de Castillo y, en diciembre de 2022, declaró persona non grata al entonces embajador mexicano Pablo Monroy. Sostuvo además que ciertas declaraciones constituían una injerencia en los asuntos internos del país.

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Política

¿Decisión tomada? Ministro Shinno desafía el rechazo a la adenda: dice que proyecto de Cálidda “va a ocurrir de todas maneras”

El ministro de Energía y Minas asegura que el proyecto para llevar gas natural a siete regiones estará resuelto en aproximadamente un mes, aunque el MEF continúa evaluándolo y persisten diferencias técnicas con Osinergmin. La declaración contradice su posición del 9 de octubre y reaviva las interrogantes sobre una operación que el Congreso, el Colegio de Ingenieros y organizaciones sociales han pedido revisar antes de comprometer nuevos mercados y extender la concesión.

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9 horas ago

22/10/2026

Redacción Lima Gris

Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas, ha dejado una declaración que obliga a mirar más allá de la anunciada masificación del gas natural. El 21 de octubre aseguró que el proyecto para abastecer a siete regiones del país mediante Cálidda “va a ocurrir de todas maneras”, pese a que la propuesta todavía se encuentra en evaluación y existen diferencias técnicas pendientes de resolver. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el titular del sector anticipar el desenlace de un procedimiento que, según el propio Gobierno, aún no ha concluido?

“En un mes ya debería estar resuelto con todas las exigencias que le pediremos al concesionario para llevar adelante este proyecto. Va a ocurrir de todas maneras”, afirmó Shinno. El ministro confirmó que el Ministerio de Energía y Minas realizó una primera evaluación y que actualmente desarrolla una segunda junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, su seguridad pública contrasta con la incertidumbre que, hasta hace pocos días, el propio Ejecutivo reconocía.

El 9 de octubre, apenas doce días antes, Shinno sostenía que la decisión todavía no estaba tomada. Admitía discrepancias entre los criterios del Minem y Osinergmin, observaciones sobre las inversiones y el tratamiento de los activos, además de conversaciones pendientes con el MEF. “Todavía no es algo decidido. Estamos en plena evaluación”, declaró entonces. Ahora, en cambio, presenta la ejecución del proyecto como un resultado inevitable.

¿Qué cambió en esos doce días? ¿Se levantaron las observaciones técnicas? ¿El MEF aprobó las condiciones económicas? ¿Osinergmin modificó sus reparos? ¿O el Gobierno ya tomó una decisión política y las evaluaciones institucionales han quedado reducidas a establecer las condiciones para ejecutarla? No existen elementos suficientes para afirmar que el resultado esté formalmente decidido, pero la contradicción entre ambas declaraciones exige una explicación pública.

El ministro Shinno, designado por Keiko Fujimori es cuestiondo por presunto lobby.

El Congreso pidió no firmar la adenda

La declaración del ministro tampoco puede separarse de la oposición que ha surgido frente al mecanismo propuesto. El 13 de octubre, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas realizada en Cusco, diputados y senadores de diversas bancadas exigieron acelerar la masificación del gas natural, pero pidieron al Ejecutivo abstenerse de firmar una nueva adenda con Cálidda. Autoridades y representantes de la sociedad civil respaldaron esa posición, según lo registrado por el propio Congreso.

El reclamo tiene un sentido preciso: las regiones quieren gas, pero cuestionan que esa necesidad histórica termine justificando la incorporación de siete nuevos mercados a la concesión de una empresa determinada. Dos días después, el Colegio de Ingenieros del Perú planteó que, al tratarse de proyectos nuevos fuera del ámbito original de la concesión de Lima y Callao, corresponde evaluar mecanismos competitivos y licitaciones.

El 19 de octubre, organizaciones sociales de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Apurímac acordaron exigir la culminación del Gasoducto Sur Peruano y rechazar las adendas de Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP). El mensaje es claro: no se oponen a la llegada del gas; cuestionan la forma en que se pretende resolver el problema y las consecuencias de comprometer nuevas regiones mediante ampliaciones contractuales.

La diferencia resulta fundamental. Una política pública puede establecer que el gas natural debe llegar a los territorios históricamente postergados, fijar plazos y disponer mecanismos de financiamiento. Pero esa decisión no responde automáticamente a otra pregunta: ¿por qué debe ser Cálidda la empresa encargada de operar esos nuevos mercados?

Siete regiones y un negocio de largo plazo

La propuesta contempla extender las operaciones de Cálidda, cuyo ámbito original comprende Lima y Callao, hacia Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica. Se trata de nuevos territorios, infraestructura adicional y potenciales cientos de miles de usuarios. No es una modificación menor ni un asunto que pueda evaluarse exclusivamente bajo el argumento de la rapidez.

Shinno sostiene que ProInversión ya intentó adjudicar el proyecto en dos oportunidades y no encontró postores. El antecedente merece ser considerado, pero no resuelve por sí solo la discusión actual. Que una licitación haya quedado desierta demuestra que no se presentaron ofertas bajo las condiciones entonces establecidas; no demuestra que Cálidda tenga un derecho exclusivo sobre las siete regiones ni que resulte imposible convocar una nueva competencia.

El exoperador minero ahora convertido en ministro de Energía y Minas.

Por eso, el Gobierno debe explicar si las condiciones económicas, tarifarias, de financiamiento y distribución de riesgos que ahora se negocian con Cálidda son equivalentes a las que se ofrecieron en los procesos anteriores. Si han cambiado, corresponde justificar por qué esos cambios hacen viable una operación que antes no consiguió interesados. Una licitación desierta puede revelar falta de atractivo, pero también puede obligar a revisar el diseño del proyecto.

Lo que no debería ocurrir es que un proceso sin postores se convierta, sin una nueva evaluación de alternativas, en argumento suficiente para entregar posteriormente los mercados a un operador determinado. La urgencia de las regiones es real. Precisamente por eso, las condiciones de la solución deben ser transparentes y responder al interés público.

La urgencia no puede sustituir a la competencia

El argumento de que una nueva licitación retrasaría durante años la llegada del gas tiene una parte indiscutible: el tiempo importa. Cusco y las demás regiones llevan demasiado tiempo esperando una solución. Sin embargo, esa demora acumulada no puede convertirse automáticamente en la justificación para descartar cualquier alternativa a la adenda.

La pregunta que el Ejecutivo debe responder es por qué el país ha llegado nuevamente a un escenario en el que la urgencia amenaza con imponerse sobre la discusión de las condiciones contractuales. Las demoras de proyectos anteriores y las decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos requieren una explicación; no pueden utilizarse como una razón definitiva para sostener que ya no existe margen para evaluar otras opciones.

El problema no consiste en acelerar la llegada del gas, sino en determinar si el mecanismo elegido garantiza las mejores condiciones para el Estado y los usuarios. Si el Gobierno considera que la adenda es la alternativa más conveniente, debe sustentar esa conclusión con información verificable, estudios comparativos y una explicación de las razones por las que otras modalidades no ofrecerían mejores resultados.

También debe aclarar el alcance de la extensión contractual por diez años que se plantea en torno a la operación. Una ampliación de ese horizonte tiene consecuencias económicas y comerciales que deben ser evaluadas antes de comprometer nuevos territorios. Corresponde conocer quiénes negociaron las condiciones, qué observaciones fueron aceptadas o rechazadas, qué informes respaldan la propuesta y qué alternativas se examinaron.

Estas interrogantes no constituyen, por sí mismas, una prueba de favorecimiento irregular. Pero sí justifican exigir transparencia, especialmente cuando el ministro presenta el resultado como inevitable mientras las evaluaciones siguen abiertas.

¿Por qué Cálidda “de todas maneras”?

La cuestión central ya no es si las siete regiones necesitan gas natural. Esa necesidad no está en discusión. Lo que el Ejecutivo debe explicar es por qué la masificación tendría que concretarse necesariamente mediante la incorporación de esos mercados a la concesión de Cálidda.

¿Desde cuándo se considera esa alternativa como la definitiva? ¿Qué opciones se compararon? ¿Qué informes demuestran que una adenda ofrece mejores condiciones que una convocatoria competitiva? ¿Qué reuniones se realizaron con la empresa y qué compromisos se han asumido durante las negociaciones? Y, sobre todo, ¿por qué Shinno parece anticipar el desenlace antes de que las instituciones involucradas terminen sus evaluaciones?

El ministro puede comprometer políticamente a su sector con el objetivo de llevar gas natural a las regiones. Lo que debe justificar es la elección del mecanismo para conseguirlo. El MEF continúa evaluando la propuesta, Osinergmin mantiene diferencias técnicas, el Colegio de Ingenieros reclama competencia y representantes del Congreso y organizaciones sociales han pedido que no se firme la adenda.

Frente a ese escenario, la declaración de que el proyecto “va a ocurrir de todas maneras” plantea una interrogante institucional que no puede quedar sin respuesta: ¿se está ante una evaluación cuyo resultado todavía puede cambiar o ante una decisión previamente encaminada que ahora busca formalizarse mediante una adenda?

El Ejecutivo tiene la obligación de despejar esa duda con documentos, argumentos técnicos y transparencia. No basta invocar la urgencia de las regiones ni recordar que anteriores licitaciones quedaron desiertas. Si la propuesta es la mejor opción, debe poder demostrarlo.

Porque el gas natural debe llegar a las regiones. Pero esa necesidad no elimina el deber de proteger el interés público, justificar las condiciones contractuales y evaluar alternativas. El objetivo de la masificación y la elección de la empresa encargada son decisiones distintas.

El país necesita una garantía: que el gas llegue a las siete regiones. Lo que todavía falta explicar es por qué esa garantía tendría que incluir, necesariamente, a Cálidda.

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Política

Senador Calisto Giampietri respalda la ofensiva legislativa contra el crimen y exige fiscalización al Ejecutivo

El senador Francisco Calisto Giampietri defiende la ampliación de 20 a 27 puntos de las facultades legislativas que deberá debatir el Senado y sostiene que los cambios permitirán mejorar la lucha contra el crimen organizado y reforzar la capacidad operativa del Estado. Anuncia que su posición será respaldar el paquete, cuyo plazo de aplicación se ha reducido de 120 a 90 días, y asegura que el Congreso tendrá la responsabilidad de fiscalizar al Ejecutivo.

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1 día ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

En medio del debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, el senador Francisco Calisto Giampietri defiende la incorporación de siete puntos adicionales a los veinte aprobados por la Cámara de Diputados.

En entrevista con Lima Gris, sostiene que la ampliación permitirá fortalecer la capacidad operativa del Estado, especialmente en materia de inteligencia y apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. También asegura que el Congreso ejercerá mecanismos de fiscalización para evitar excesos. Sin embargo, la aprobación de estas atribuciones plantea un desafío ineludible: demostrar que las nuevas herramientas se traducirán en resultados concretos frente al crimen organizado y las emergencias que afronta el país.

¿Por qué se consideró necesario incorporar siete puntos adicionales a los veinte aprobados por la Cámara de Diputados?

La propuesta original de la Cámara de Senadores, como usted precisa, llegó con veinte puntos para discutir, los cuales han sido aceptados. Pero dentro de las facultades que tiene la Cámara de Senadores, una de ellas es modificar lo que venga de la Cámara de Diputados, siempre y cuando no se desnaturalice el proyecto. Se vio la necesidad de incorporar siete puntos adicionales que enriquecen el pedido que vino de Diputados.

Varias de estas incorporaciones fueron planteadas y enriquecidas por el Partido de Obras. Se discutieron y, a raíz de eso, se votó en la Comisión de Constitución y se ganó en forma unánime.

En medio de la crisis de seguridad ciudadana, con extorsiones, asesinatos y ataques contra transportistas, ¿qué medidas específicas permitirían estas facultades que el Gobierno no puede aplicar con las leyes vigentes?

El marco legal que existe actualmente en el país no permite una actuación muy efectiva de los medios que tiene el Estado en cuanto a la lucha contra la criminalidad y el crimen transnacional, que es lo que en este momento nos está afectando.

La incorporación de facultades a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mediante la modificación de su ley orgánica, permitirá realizar actividades operativas de inteligencia. Esto va a mejorar la capacidad de recolección de información y traducirse en programas más operativos y eficientes para la lucha contra todos estos flagelos que estamos viviendo en este momento.

Otra medida es la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional cuando esta haya sido rebasada en su capacidad. Era un tema que tampoco estaba muy bien definido y considero que estas modificaciones van a permitir que funcione mucho mejor.

¿Qué límites y mecanismos de fiscalización impedirán excesos y garantizarán que los decretos legislativos respeten la Constitución?

Hay dos temas. Primero, en el caso de la Dirección de Inteligencia y la capacidad operativa que se le está otorgando con esta ley, se está colocando un mecanismo de control a través de la Comisión de Inteligencia del Senado de la República, para verificar los alcances de estas operaciones y facultades, de manera que no se extralimite en sus funciones.

Ese era uno de los cuestionamientos que se tenían con respecto a situaciones que habían sucedido anteriormente. Además, hay una Comisión de Control del Senado que permitirá, después de la expedición de estos decretos legislativos, hacer el seguimiento y la fiscalización correspondiente.

Esto no es un cheque en blanco que se le da al Gobierno. Es una facultad que le va a permitir hacer expeditivos sus procesos, pero con el debido control político.

Si el Senado aprueba los 27 puntos, ¿qué resultados concretos debería presentar el Gobierno en seguridad ciudadana y prevención del fenómeno de El Niño?

Tenemos que precisar que, si bien es cierto las facultades que se estaban pidiendo estaban conceptuadas para ser entregadas por 120 días, este plazo se ha recortado a solamente 90, porque entendemos que el Ejecutivo ya tiene todo un paquete de decretos legislativos listo para salir y ser promulgado inmediatamente.

Esto le va a dar las herramientas al Gobierno de turno para operativizar todos estos decretos legislativos y comenzar a trabajar desde la parte ejecutiva, que es lo que le corresponde.

El cuestionamiento a la eficiencia o no de las acciones y actividades que se vayan a realizar vendrá de acuerdo con lo que vaya sucediendo en el desarrollo de las propias actividades.

¿La incorporación de los siete puntos adicionales responde a una evaluación técnica de las necesidades del país o también hubo negociaciones políticas para conseguir los votos en el Senado?

Yo creo que la incorporación de siete puntos adicionales a los veinte que remitió la Cámara de Diputados lo que hace es enriquecer este paquete legislativo y, de esta manera, hacer más efectiva la actuación del Poder Ejecutivo.

Hay que mirarlo desde ese punto de vista. No es una negociación netamente política. Por supuesto que ha tenido que llegar a un nivel de conversación de tipo político, pero lo que ha prevalecido aquí es la parte técnica sobre la política.

Ante el próximo debate, ¿cuál será su posición sobre el paquete de 27 puntos y qué condiciones considera indispensables para respaldarlo?

Nuestra posición tiene que ser la de apoyar las normas que se han pedido, que se incluyan estos siete puntos adicionales a los veinte que vinieron de Diputados, y que este paquete sea aprobado por la Cámara de Senadores.

Una vez que este paquete sea aprobado, el Ejecutivo tendrá que emitir los decretos legislativos correspondientes para poder operativizarlos. Nosotros, como Congreso, tendremos la obligación de verificar que no se extralimite en el uso de sus facultades.

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Política

Comisión de Ética abre investigaciones contra Catherin Palomino y Julián Pérez Mallqui por presuntas faltas parlamentarias

La Comisión aprobó dos informes para iniciar investigaciones por presuntos cobros a trabajadores del despacho y la contratación de una persona con quien el legislador tendría una relación afectiva. En la misma sesión, recomendó suspender a Pérez Mallqui por 120 días en un expediente distinto.

Published

1 día ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó el lunes 19 de octubre dos informes de calificación que recomiendan iniciar investigaciones contra los legisladores Catherin Palomino Casavilca y Julián Pérez Mallqui, ambos integrantes de la bancada de Juntos por el Perú. Los casos están relacionados con presuntas irregularidades en el funcionamiento de sus despachos parlamentarios y el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.

Las decisiones fueron adoptadas durante una sesión presidida por Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras. Según la información difundida por el Centro de Noticias del Congreso, el informe correspondiente a Pérez Mallqui fue aprobado por unanimidad, mientras que el referido a Palomino Casavilca obtuvo cinco votos a favor y una abstención.

Dos expedientes y presuntas irregularidades en los despachos

El primer informe de calificación corresponde al expediente 005-2026-2027/CEP-CD, seguido contra Julián Pérez Mallqui. La denuncia señala que el legislador habría contratado como técnica a una ciudadana con quien presuntamente mantendría una relación afectiva. De acuerdo con la Comisión de Ética, esta situación podría contravenir las disposiciones del Reglamento del Congreso y las normas que prohíben determinadas contrataciones cuando existe ese tipo de vínculo.

El documento fue aprobado por unanimidad, con seis votos a favor. Con esta decisión, la comisión consideró procedente la denuncia y dispuso el inicio de la etapa de investigación, en la que deberán evaluarse los hechos y los elementos presentados.

Diputado Julián Pérez Mallqui.

La segunda investigación está contenida en el expediente 006-2026-2027/CEP-CD y corresponde a la diputada Catherin Palomino Casavilca. Según la imputación recogida por la comisión, la parlamentaria habría solicitado a trabajadores de su despacho que asumieran el costo de tarjetas de presentación, cuadros y alimentos.

La comisión consideró que estos hechos podrían constituir una vulneración al ejercicio adecuado de la investidura y de la función parlamentaria. El informe fue aprobado por mayoría, con cinco votos a favor y una abstención. La aprobación de ambos documentos permite que los casos avancen a la etapa de investigación, pero no constituye por sí misma una declaración definitiva de responsabilidad.

Palomino: cuestionamientos por gastos del despacho

El caso de Catherin Palomino se centra en la presunta solicitud de aportes a los trabajadores de su despacho para cubrir determinados gastos. Entre los conceptos mencionados figuran tarjetas de presentación, cuadros y alimentos, según la información difundida tras la sesión del grupo de trabajo.

La investigación deberá establecer las circunstancias en que se habrían realizado esas solicitudes, si existieron pagos por parte de los trabajadores y qué responsabilidades podrían derivarse de los hechos denunciados.

Diputada Catherin Palomino.

La parlamentaria había rechazado previamente las imputaciones y manifestó su disposición a someterse a las investigaciones, según reportó Latina Noticias. Esa posición deberá ser considerada junto con los elementos que se incorporen al procedimiento.

El expediente tendrá que avanzar conforme a las reglas de la Comisión de Ética, con la evaluación de los hechos atribuidos y la oportunidad de que la legisladora presente sus descargos. Hasta que exista una decisión correspondiente, las imputaciones deben mantenerse en el terreno de las presuntas irregularidades.

Pérez Mallqui: investigación por una presunta contratación

En el caso de Julián Pérez Mallqui, la comisión evaluará la denuncia referida a la presunta contratación de una ciudadana con quien tendría una relación afectiva para desempeñarse como técnica en su despacho. La cuestión central será determinar si el vínculo señalado existió y si la contratación se realizó en condiciones incompatibles con las normas aplicables a la función parlamentaria.

El informe de calificación fue aprobado por seis votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, según el reporte oficial del Congreso. La decisión supone el inicio de una investigación ética sobre este asunto, distinto del procedimiento que también se sigue contra el legislador por una denuncia relacionada con presuntas agresiones contra su expareja.

La separación de ambos expedientes es relevante para comprender el alcance de las decisiones adoptadas: la presunta contratación constituye el objeto de una investigación recién habilitada, mientras que el otro caso ya llegó a la aprobación de un informe final con una recomendación de sanción.

Otro expediente recomienda suspender a Pérez Mallqui por 120 días

Durante la misma sesión del 19 de octubre, la Comisión de Ética aprobó por mayoría un informe final que recomienda al pleno de la Cámara de Diputados suspender a Julián Pérez Mallqui durante 120 días de legislatura y descontarle sus haberes durante ese periodo. Esta recomendación corresponde al expediente 001-2026-2027/CEP-CD, referido a una denuncia por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

El informe obtuvo cinco votos a favor y uno en contra. La recomendación se sustenta en la evaluación disciplinaria realizada por la comisión, que consideró que la conducta atribuida al legislador habría vulnerado deberes vinculados con la ética parlamentaria y la dignidad del cargo.

Sin embargo, la suspensión no quedó ejecutada automáticamente con la votación de la comisión: el informe debe ser sometido a consideración del pleno, instancia que deberá decidir si corresponde aprobar la sanción propuesta. De manera paralela, el caso también ha sido materia de actuaciones fiscales, cuyo resultado corresponde a las autoridades competentes.

La existencia de este expediente añade un componente político e institucional al caso del legislador, pero no debe confundirse con la investigación por la presunta contratación de una persona con quien mantendría una relación afectiva. Son procedimientos diferentes, con imputaciones y etapas distintas.

El papel de la Comisión de Ética y los siguientes pasos

La Comisión de Ética Parlamentaria tiene a su cargo evaluar denuncias sobre posibles infracciones a las normas de conducta de los legisladores y tramitar los procedimientos que correspondan. La aprobación de un informe de calificación permite que una denuncia avance a investigación; posteriormente, según el desarrollo del expediente y sus resultados, podrán adoptarse nuevas decisiones dentro del procedimiento.

En los casos de Palomino Casavilca y Pérez Mallqui por presuntas irregularidades en sus despachos, el siguiente paso será desarrollar las investigaciones y evaluar los elementos relacionados con cada imputación. Los informes aprobados no equivalen a sanciones definitivas ni permiten dar por probados los hechos denunciados.

En el expediente distinto por presuntas agresiones contra su expareja, la recomendación de suspensión de 120 días deberá ser evaluada por el pleno de la Cámara de Diputados. Por ello, el seguimiento periodístico deberá distinguir entre el avance de las investigaciones, los eventuales descargos de los legisladores y las decisiones que finalmente adopten las instancias parlamentarias competentes.

Los casos vuelven a poner bajo escrutinio la conducta de los representantes y la capacidad de los mecanismos internos del Congreso para responder a las denuncias. El desenlace dependerá de la evaluación de los expedientes y de las resoluciones que se emitan en cada procedimiento.

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Política

Daniel Barragán: del uniforme militar al respaldo que inclinó la balanza en el Senado

Fue candidato, asesor parlamentario y ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, un paso que duró poco más de dos meses. Hoy su respaldo a la delegación de facultades legislativas coincide con la designación de su hermana en la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, un vínculo que él niega.

Published

1 día ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Daniel Hugo Barragán Coloma es capitán de la Fuerza Aérea en retiro, senador del Partido Cívico Obras y, desde esta semana, uno de los nombres que más pesan en el debate sobre las facultades legislativas que pide el Gobierno de Keiko Fujimori. Su bancada ayudó a reactivar la Comisión de Constitución del Senado, paralizada después de que varias agrupaciones se retiraran de la sesión, y con ello el dictamen pudo encaminarse hacia el Pleno.

Casi al mismo tiempo, EsSalud designó a su hermana, María del Carmen Barragán Coloma, como asesora de su Presidencia Ejecutiva. La resolución se conoció el mismo día en que el senador reafirmó que votaría a favor de la delegación. Él dice que no hubo ninguna negociación.

Su trayectoria

Barragán nació en Lima el 21 de agosto de 1961. Ingresó en 1981 a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, donde se especializó en administración general y estudió Ciencias de la Administración Aeroespacial. En 1999 hizo un curso especial de Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Según los perfiles biográficos publicados sobre él, llegó al grado de capitán y pasó a retiro a mediados de los años noventa. Después trabajó en el sector privado, con cargos directivos en empresas de construcción, servicios y seguridad, entre ellas Manfasa Contratistas Generales, Constructora SMC Contratistas Generales y Plus Seguser S. A. También presidió la Asociación Nacional de Emprendedores.

Su primera candidatura fue en 2016, al Congreso por Lima, en una lista vinculada a Solidaridad Nacional. No obtuvo escaño. En 2018 postuló a regidor de Lima por Unión por el Perú. En 2021 fue candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula de ese partido, con José Vega Luna como candidato presidencial.

Esa plancha estaba ligada al entorno de Antauro Humala y al movimiento etnocacerista. Unión por el Perú había impulsado primero la postulación de Humala, pero al final Vega encabezó la candidatura. Barragán no llegó a ocupar el cargo.

Entre marzo de 2020 y julio de 2021 hizo labores de asesoría y coordinación parlamentaria. Luego fue coordinador macroregional de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), hasta enero de 2022.

Ministro de Defensa con Castillo

El 23 de septiembre de 2022, Pedro Castillo lo nombró ministro de Defensa, en reemplazo de Richard Tineo Quispe. El país vivía una etapa de inestabilidad y cambios frecuentes de ministros. Su formación militar y sus estudios en defensa nacional eran su principal antecedente para el cargo.

Estuvo poco más de dos meses. El 3 de diciembre presentó su renuncia irrevocable y dijo que se debía a motivos estrictamente personales. Se fue cuatro días antes del debate de la vacancia presidencial, en medio de la crisis entre el Ejecutivo y el Congreso.

Cabe indicar que el 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y un gobierno de emergencia, en un intento de golpe de Estado. No prosperó: las instituciones del Estado lo rechazaron, el Congreso aprobó la vacancia y Castillo fue detenido ese mismo día.

Obras y el Senado

Tras dejar Defensa, Barragán se vinculó al Partido Cívico Obras, donde tuvo funciones dirigenciales antes de postular al Senado en las elecciones generales de 2026. Llegó al Parlamento con una bancada que podía pesar en votaciones ajustadas.

En octubre presidía la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría. El 13 de octubre informó que su comisión enviaría aportes por escrito sobre la solicitud de facultades del Ejecutivo, mientras la Comisión de Constitución discutía el dictamen que fijaría las materias y condiciones de la delegación.

Ese día dijo a RPP que Obras estaba dispuesto a apoyar que se incorporaran más temas a la delegación, aunque no necesariamente en los términos planteados por Fuerza Popular. Sostuvo que la ampliación debía responder a las necesidades de la población y conversarse con las demás bancadas.

La sesión suspendida

El 15 de octubre, la Comisión de Constitución debía debatir y votar el dictamen. La sesión se complicó por los cuestionamientos al manejo de una cuestión de orden presentada por Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno, y por el enfrentamiento entre bancadas sobre si se podía modificar el texto remitido por la Cámara de Diputados.

Barragán se retiró junto con representantes de Obras, Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno. Cuestionó la conducción del presidente de la comisión, Carlos Mesía, de Fuerza Popular, y dijo que el Congreso debía garantizar el debate antes de aprobar el dictamen. Sin esos legisladores no había condiciones para continuar, y Mesía suspendió la sesión hasta nuevo aviso.

Al día siguiente, Mesía indicó que no convocaría otra sesión sin un acuerdo previo sobre los temas a debatir. Sin consenso y con legisladores ausentes, no estaban asegurados ni el quórum ni los votos. Las bancadas que se habían retirado pedían una nueva convocatoria que garantizara el debate.

El lunes 19 la situación cambió. El senador Roger Astucuri, de Obras, completó el quórum para reanudar la sesión, y Barragán también acudió, aunque no es miembro titular. Con Obras presente, el dictamen se sometió a votación y fue aprobado. A las veinte materias enviadas por Diputados se agregaron siete, para un total de 27, con un plazo de delegación de 90 días calendario.

“No somos oposición, somos solución”

Después de la votación, Barragán defendió a su bancada y rechazó que Obras fuera una fuerza de oposición. “Nosotros no somos oposición, somos solución”, declaró a la prensa el 19 de octubre. Agregó que su partido haría el control necesario para que el Gobierno cumpliera los objetivos de su solicitud.

Al día siguiente, en el podcast Tenemos que Hablar, de El Comercio, confirmó que mantendría su posición cuando el tema llegara al Pleno. Dijo que aún no había conversado con toda su bancada sobre la votación definitiva, pero que él apoyaría las facultades.

Le preguntaron si Obras podía aportar el voto decisivo. Respondió: “Creo que el voto 31 —si es el mínimo— va a ser de Obras”.

Barragán negó que hubiera una negociación política. Afirmó que no pidió concesiones ni recibió propuestas a cambio de su apoyo. Al cierre del 20 de octubre, el dictamen había pasado la votación en comisión y esperaba su debate en el Pleno del Senado.

El nombramiento de su hermana

La designación de María del Carmen Barragán Coloma se formalizó el 17 de octubre y trascendió el martes 20, el mismo día en que el senador confirmó que respaldaría las facultades en el Pleno.

Ocupará el cargo de Asesor III, nivel Ejecutivo 3, un puesto de confianza en la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. La resolución la firmó la presidenta ejecutiva, Elizabeth Zulema Tomás Gonzales. Según el documento difundido por la prensa, el nombre lo propuso la propia Presidencia Ejecutiva y la unidad de Gestión de las Personas evaluó su perfil antes de formalizar la contratación.

María del Carmen Barragán es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Privada San Juan Bautista. Fue gerente central de Asesoría Jurídica de EsSalud entre 2017 y 2018, y trabajó también en la Contraloría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia de la Magistratura. En 2023 fue directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Cuando se conoció el nombramiento, Daniel Barragán negó que tuviera relación con la votación. Defendió la experiencia de su hermana y dijo que no había hablado de su designación con la presidenta ejecutiva de EsSalud ni con el ministro de Trabajo, Juan Sheput. Sobre su asistencia a la sesión del 19 de octubre, explicó que obedeció a un acuerdo previo entre los voceros parlamentarios para participar en el debate.

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Política

Senador Daniel Barragán desafía las críticas: “Acá no se trata de votar por un equipo u otro equipo” [VIDEO]

El senador de Obras defendió su respaldo a 27 puntos de facultades legislativas, pese a haber planteado previamente respetar los 20 aprobados por la Cámara de Diputados. Argumentó que el país necesita medidas adicionales frente a la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, y reveló que las decisiones de su bancada son consultadas con el líder partidario, Ricardo Belmont.

Published

2 días ago

20/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador Daniel Barragán, de Obras, respondió a los cuestionamientos por apoyar la aprobación de 27 puntos de facultades legislativas, siete más que los 20 aprobados previamente por la Cámara de Diputados, pese a haber defendido antes la necesidad de respetar esa decisión.

Ante las críticas por el aparente cambio de posición, Barragán sostuvo que su respaldo responde a la evaluación de las necesidades del país y no a una disputa entre fuerzas políticas.

“Vemos la necesidad de que se requieren algunos puntos más, bajo el mismo marco: fenómeno El Niño, seguridad ciudadana”, explicó.

Con esta declaración, el senador justificó la incorporación de medidas adicionales dentro de los mismos ejes de atención, aunque el debate sobre su alcance y contenido continúa siendo relevante para determinar qué facultades requiere el Ejecutivo y con qué límites debería ejercerlas.

Frente a los cuestionamientos por una posible contradicción entre su postura inicial y su voto posterior, Barragán defendió la necesidad de revisar el conjunto de propuestas antes de tomar una decisión definitiva.

“Tenemos que evaluar todo lo presentado y discutirlo para el bien de nuestro país. Acá no se trata de votar por un equipo u otro equipo”, afirmó.

Su argumento coloca el foco en la evaluación de las medidas y en la posibilidad de introducir cambios durante el debate parlamentario, sin embargo, también deja abierta una interrogante política: ¿qué criterios determinaron que los 20 puntos inicialmente defendidos ya no fueran suficientes y que resultara necesario respaldar otros siete?

La respuesta resulta clave para comprender si el cambio obedeció exclusivamente a razones técnicas y de interés público o si también estuvo condicionado por las negociaciones entre las fuerzas políticas.

Barragán también se refirió al proceso de decisión dentro de su agrupación política y confirmó que las determinaciones son consultadas con Ricardo Belmont, líder de Obras.

“Todas las decisiones que tomamos siempre son consultadas con el líder del partido, Ricardo Belmont”, declaró.

La afirmación introduce otro elemento en la discusión: el papel de la conducción partidaria en las decisiones parlamentarias y la coordinación entre sus representantes. No obstante, el senador no precisó qué posición específica adoptó Belmont sobre cada uno de los siete puntos adicionales.

La controversia trasciende las diferencias entre los 20 puntos aprobados por Diputados y los 27 respaldados por Barragán. El asunto central es determinar qué medidas adicionales se necesitan para responder a la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño, cuáles son sus alcances y qué mecanismos permitirán evaluar su aplicación.

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Política

Senadora Patricia Juárez: «Las sillas vacías representan a quienes le dan la espalda al pueblo» [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular lanzó duras críticas contra los parlamentarios que no dieron quórum para avanzar con las facultades legislativas. Frente a las sillas vacías, los acusó de darle la espalda a las demandas ciudadanas y de anteponer sus diferencias políticas a la lucha contra la delincuencia, la prevención frente al fenómeno de El Niño y la generación de oportunidades económicas.

Published

2 días ago

20/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

Con un discurso de confrontación, la senadora Juárez sostuvo que quienes abandonaron la sesión le dieron la espalda al reclamo de los ciudadanos. Además, cuestionó lo que consideró una contradicción entre los discursos políticos en defensa del pueblo y la falta de respaldo a medidas que, según su posición, buscan responder a las principales urgencias del país.

“Son los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre del pueblo, se llenan la boca hablando de justicia y por detrás huyen cuando se trata de castigar a los delincuentes”, afirmó.

La parlamentaria vinculó la discusión sobre las facultades legislativas con tres preocupaciones centrales: la inseguridad ciudadana, la preparación ante el fenómeno El Niño y la falta de oportunidades económicas.

Según Juárez, la negativa a facilitar el avance de estas medidas deja a los peruanos desprotegidos frente a problemas que requieren respuestas políticas e institucionales. En esa línea, sostuvo que las diferencias entre las bancadas no deberían colocarse por encima de las necesidades de la población.

Su argumento fue más allá de la crítica a la inasistencia: presentó la discusión como una disyuntiva entre respaldar acciones contra la criminalidad o asumir responsabilidad política por no facilitar su avance.

“La única batalla es la pelea contra la vida y la muerte que miles de peruanos sufren hoy en las calles del Perú”, manifestó.

La frase más contundente de Juárez llegó a plantear que, frente a la delincuencia, no puede haber posiciones intermedias ni cálculos políticos.

Sin embargo, el debate sobre las facultades legislativas también exige esclarecer qué medidas concretas se busca aprobar, cuáles son sus alcances y qué argumentos sostienen las bancadas que no dieron quórum.

Esos elementos resultan fundamentales para evaluar el fondo de la controversia, más allá de los enfrentamientos entre representantes. Juárez anunció que esperarán a los grupos políticos cuestionados en el pleno del miércoles y expresó su expectativa de que expliquen su posición frente a la falta de quórum.

La próxima sesión pondrá nuevamente sobre la mesa el conflicto en torno a las facultades legislativas y la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos sobre las medidas propuestas.

Por ahora, las sillas vacías han dejado una imàgen que la congresista convirtió en una denuncia política. La interrogante pendiente es si el Parlamento logrará superar el enfrentamiento entre bancadas y ofrecer una respuesta concreta a las demandas ciudadanas que ambas partes dicen representar.

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