SUNAT incauta joyas y gemas por s/ 300 mil a dos pasajeras en el aeropuerto Jorge Chávez

Actualidad SUNAT incauta joyas y gemas por s/ 300 mil a dos pasajeras en el aeropuerto Jorge Chávez La ley peruana sanciona el contrabando con penas de entre cinco y ocho años de prisión, además de días-multa. Published 13 minutos ago on 24/10/2026 By Redacción Lima Gris Share Tweet Por Giovanna…

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La ley peruana sanciona el contrabando con penas de entre cinco y ocho años de prisión, además de días-multa.

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13 minutos ago

24/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) incautó joyas, gemas y aretes valorizados en cerca de S/ 300 mil a dos pasajeras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. Las piezas iban adheridas a sus prendas de vestir y fueron detectadas con un escáner corporal durante una inspección, así lo comunicó la entidad en su cuenta de X (antes Twitter) este 23 de octubre.

A las dos las estaban esperando

Esta revisión no se hizo al azar. Miguel Cama, jefe de la unidad de equipajes de la SUNAT, contó a través del programa Aliados por la Seguridad de TV Perú que la institución ya tenía información sobre las dos pasajeras y que esa información fue justamente lo que motivó la intervención. No eran dos viajeras elegidas por casualidad entre los cientos de personas que pasan cada día por el principal aeropuerto del país.

Cama explicó cómo se llega a una decisión así. En la SUNAT hay un área de gestión de riesgos que reúne información para identificar a los viajeros que necesitan una revisión más a fondo. Con esos datos se orienta el trabajo del personal aduanero, que de ese modo sabe dónde poner más atención y a quiénes revisar con más cuidado.

Ya en el control, los equipos tecnológicos hicieron su parte. Detectaron los objetos que las mujeres llevaban pegados a la ropa. Después vino la revisión de lo hallado, que permitió saber de qué se trataba: joyas, gemas y aretes. Según la información difundida por la propia institución, todo junto valía unos S/ 300 mil.

Pero los dos casos no fueron iguales, y esa diferencia explica lo que vino después. Cama precisó que a una de las pasajeras se le encontró la mercadería oculta, mientras que en el caso de la otra los artículos fueron detectados mediante los equipos tecnológicos. Esa distinción, sumada al valor de los bienes que se atribuyó a cada mujer, definió el tratamiento que correspondía a cada intervención.

Un caso podría ser delito; el otro quedó en lo administrativo

Del hallazgo salieron dos procedimientos. La SUNAT informó que uno de los casos podría constituir un presunto delito de contrabando, mientras que el otro quedó en el ámbito administrativo. Será el Ministerio Público el que determine las responsabilidades correspondientes.

Para entender por qué los caminos se separaron hay que mirar la ley. La Ley de los Delitos Aduaneros, la Ley N.º 28008, establece que el contrabando puede castigarse con una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años, además de días-multa. Es una sanción dura, pero no se aplica por el solo hecho de que alguien lleve joyas encima.

Para que se aplique deben acreditarse los elementos del delito. Uno es el valor que la ley exige para las mercancías: no cualquier monto configura contrabando, hay un mínimo. Otro es la conducta: tiene que haber una acción destinada a eludir o burlar el control aduanero. Dicho de forma simple, no basta con cuánto vale lo que se trae, también importa cómo se lo trae.

En el caso de la pasajera cuya intervención podría tener consecuencias penales, el representante de la SUNAT señaló que se habría superado el umbral de cuatro unidades impositivas tributarias (UIT). Cama indicó además que el hecho de que las joyas estuvieran ocultas es un elemento relevante para evaluar la presunta intención de evitar la revisión de las mercancías. El monto y el ocultamiento, juntos, son lo que lleva este caso hacia una posible vía penal.

La situación de la segunda pasajera fue otra. Según explicó Cama, su caso no superó el umbral económico que se requiere para configurar el delito. Por eso quedó en el ámbito administrativo, el terreno donde la normativa aduanera prevé medidas que pueden aplicarse según las circunstancias que se logren acreditar. No hay cárcel en juego por ese camino, pero eso tampoco significa que el asunto termine sin consecuencias.

Qué se puede traer al Perú

El caso deja en el aire una pregunta que muchos viajeros se hacen cada vez que aterrizan: ¿qué puedo ingresar al país y qué no? Durante la entrevista, Cama dio algunas pistas.

Las personas que llegan al Perú pueden transportar determinados bienes de uso personal y artículos comprendidos en las franquicias aduaneras, siempre que se cumplan las condiciones que fija el reglamento de equipaje. Como ejemplos concretos, el funcionario mencionó hasta dos teléfonos celulares y una computadora portátil, y aclaró que su admisión depende de las disposiciones que se aplican a cada categoría de bienes. No hay una regla única para todo: las normas cambian según lo que se traiga.

Lo que va más allá de eso entra en otro terreno. Los artículos adicionales pueden estar sujetos a límites de valor, a la obligación de declararlos y al pago de tributos. Cama habló de un importe de US$ 500 al referirse a determinadas mercancías comprendidas en las franquicias, pero hay que leer ese dato con cuidado: no es una autorización general para ingresar cualquier producto sin declararlo. También se consideran la naturaleza del artículo, la cantidad que se trae y el tratamiento aduanero que le corresponde. Una cifra suelta no resuelve el asunto.

¿Y las joyas que uno lleva puestas?

Este caso podría hacer pensar que viajar con joyas caras es un problema en sí mismo. No lo es, y la SUNAT lo dejó claro. La institución distingue entre los artículos que una persona lleva para su uso personal y las mercancías que ingresan bajo otras condiciones.

Cama puso un ejemplo sencillo y cotidiano: portar un reloj en la muñeca puede corresponder al uso personal que la normativa permite. Por eso, llevar una joya de valor elevado no constituye automáticamente un delito. Una persona puede entrar al país con un reloj costoso puesto sin que eso active una investigación.

Lo que cambia la evaluación son dos situaciones. La primera, que existan indicios de que los artículos fueron ocultados para evitar la revisión aduanera. La segunda, que las mercancías superen los límites que establece la legislación. En cualquiera de los dos escenarios, las autoridades deben examinar cuánto valen los bienes, cuál era su finalidad y en qué condiciones ingresaron al país. Con ese análisis determinan qué corresponde: exigir el pago de tributos, aplicar una sanción administrativa o investigar un posible delito.

En abril de 2024: joyas por S/ 160 mil

Lo ocurrido ahora no es un hecho aislado en el aeropuerto. El 22 de abril de 2024, la SUNAT intervino a dos pasajeros que pretendían ingresar al Perú más de medio kilogramo de joyas de oro y plata, valorizadas en aproximadamente S/ 160 mil. Las piezas estaban ocultas entre sus prendas y fueron detectadas con un equipo de inspección corporal conocido como BodyScan, durante los controles realizados en el Jorge Chávez.

Foto: Infobae.

Según la información difundida sobre aquella intervención, los pasajeros se dirigían hacia la salida del salón internacional por la zona denominada “nada por declarar”. Es decir, caminaban hacia la puerta que usan quienes aseguran no traer nada que declarar, con la mercadería escondida bajo la ropa.

Tras el hallazgo, las autoridades comunicaron los hechos al Ministerio Público y se dispuso la detención preliminar de ambos pasajeros, ante los indicios de un posible delito aduanero. En aquella ocasión, el caso pasó rápidamente a la vía penal.

En octubre de 2014: joyas y relojes por más de medio millón de dólares

Hace más de una década hubo otro caso que también terminó en el aeropuerto. El 23 de octubre de 2014, una pasajera procedente de Estados Unidos fue intervenida en el Jorge Chávez cuando se detectaron joyas con piedras preciosas y relojes de lujo que llevaba en los bolsillos de su casaca. La mercadería no había sido declarada y, de acuerdo con la información periodística difundida en ese momento, fue valorizada en más de medio millón de dólares.

Durante la inspección, el personal aduanero revisó la casaca y encontró pequeños sobres con joyas y relojes de la marca Hublot. Entre las piezas había artículos con piedras preciosas, cuyo ingreso debía evaluarse conforme a las obligaciones aduaneras correspondientes. Nada estaba a la vista: todo iba guardado en sobres, dentro de los bolsillos.

El caso fue comunicado a las autoridades competentes para investigar un presunto delito de contrabando.

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El Niño amenaza la economía peruana y pone a prueba la prevención ante las lluvias de 2027

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Corte Superior de Justicia de La Libertad obtiene certificación internacional antisoborno

Redacción Lima Gris

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El Niño amenaza la economía peruana y pone a prueba la prevención ante las lluvias de 2027

El calentamiento del mar preocupa por sus posibles efectos en la pesca, la agricultura y el transporte. El meteorólogo Abraham Levy advierte que el riesgo no solo depende de la intensidad de las precipitaciones, sino también de la vulnerabilidad de las ciudades y de la falta de infraestructura adecuada.

Published

46 segundos ago

24/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

El Fenómeno El Niño mantiene en alerta a las autoridades y a los especialistas ante la posibilidad de que sus efectos se intensifiquen durante los próximos meses. El calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana está asociado a cambios en las condiciones climáticas, con riesgos de lluvias intensas en el norte del país y posibles consecuencias para diferentes actividades económicas.

De acuerdo con el informe técnico de octubre de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), las condiciones cálidas del Pacífico oriental, especialmente frente a la costa norte, pueden favorecer precipitaciones intensas durante el verano y generar impactos en los sectores socioeconómicos.

En entrevista para Lima Gris, el meteorólogo Abraham Levy, conocido como “El hombre del tiempo”, describió el escenario actual como un proceso de calentamiento severo que se ha extendido mar adentro y en profundidad. Para el especialista, esta evolución constituye una señal relevante para anticipar los posibles efectos del fenómeno.

Levy explicó que las lluvias ya comenzaron a manifestarse de manera esporádica en el norte y advirtió que podrían aumentar su frecuencia, persistencia e intensidad conforme avance la temporada. Sin embargo, la magnitud de las precipitaciones y sus consecuencias deben evaluarse junto con los pronósticos y avisos oficiales.

Lluvias intensas, inundaciones y daños en infraestructura

Uno de los principales riesgos asociados a El Niño es la posibilidad de que las lluvias superen la capacidad de respuesta de las ciudades, especialmente en zonas con drenaje insuficiente, cauces vulnerables o viviendas próximas a quebradas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido que los mayores riesgos de desbordes, activación de quebradas e inundaciones podrían presentarse entre diciembre y los primeros meses de 2027. La entidad también informó sobre el adelanto de las precipitaciones en la costa norte y el registro de lluvias excepcionales en sectores de Tumbes y Piura.

Levy sostuvo que el problema no se limita a la cantidad de lluvia que puede caer, sino a la preparación de las ciudades para enfrentarla. El especialista, cuestionó que, pese a los antecedentes de grandes episodios de El Niño, el país todavía presente dificultades para proteger su infraestructura y organizar sus espacios urbanos frente a las precipitaciones intensas.

Levy recordó los daños registrados durante los episodios de 1983 y 1998 y planteó que la prevención debe priorizar las obras de ingeniería destinadas a proteger a la población. Según su análisis, las labores de limpieza de cauces son importantes, pero no siempre resultan suficientes ante precipitaciones de gran magnitud.

Pesca: la anchoveta entre los sectores más afectados

Los efectos de El Niño no se limitan a las lluvias. El calentamiento del mar también modifica las condiciones del ecosistema marino y puede afectar la disponibilidad de especies como la anchoveta, un recurso importante para la actividad pesquera peruana.

El análisis de BBVA Research sobre los impactos del fenómeno señala que la menor disponibilidad de anchoveta ya ha repercutido en la pesca y en la producción de harina y aceite de pescado. La evolución de estas actividades dependerá, entre otros factores, de la intensidad y duración del calentamiento marino.

La advertencia de Levy sobre la extensión del calentamiento frente a la costa peruana complementa esta evaluación, pues pone en contexto la dimensión oceánica del fenómeno. No obstante, la cuantificación de las pérdidas en el sector debe sustentarse en estadísticas oficiales de producción y desembarque.

Agricultura: riesgos para las cosechas y el abastecimiento

El sector agrícola también enfrenta riesgos ante las variaciones de temperatura y precipitación. Según BBVA Research, cultivos como el mango, la uva y el arándano podrían verse afectados, aunque las consecuencias dependerán de las condiciones específicas de cada zona productora y del desarrollo del fenómeno.

En el norte, las lluvias intensas pueden afectar campos de cultivo, vías de transporte y actividades de distribución. Las inundaciones o la interrupción de carreteras también pueden dificultar el traslado de productos hacia los mercados, con posibles repercusiones para productores, comerciantes y consumidores.

La entrevista a Levy aporta un punto importante para comprender esta situación: el país necesita prepararse para escenarios climáticos que pueden alterar el funcionamiento habitual de sus ciudades y actividades productivas. La planificación y la prevención resultan fundamentales para reducir la exposición de las zonas agrícolas y de las comunidades que dependen de ellas.

El impacto económico podría extenderse hasta 2027

El impacto de El Niño también genera preocupación por sus posibles consecuencias para el crecimiento económico. En su informe publicado en octubre de 2026, BBVA Research estimó que el fenómeno podría restar 0,9 puntos porcentuales al crecimiento de la economía peruana en 2026 y 1,3 puntos porcentuales en 2027.

La entidad señaló que el efecto económico dependerá no solo de la intensidad del calentamiento, sino también de la coincidencia con la temporada de lluvias, que se extiende entre diciembre y abril. Durante ese periodo, las inundaciones, los desbordes de ríos y las interrupciones de carreteras podrían afectar actividades como el transporte, el comercio y algunos servicios.

En ese contexto, las advertencias de Levy sobre la vulnerabilidad de la infraestructura cobran relevancia. Los daños no dependen únicamente del fenómeno climático: también están relacionados con la ubicación de las viviendas, la capacidad de drenaje de las ciudades y la existencia de obras de protección.

Las proyecciones económicas son estimaciones y pueden variar conforme se actualicen los pronósticos climáticos y la información sobre los sectores productivos. Por ello, deben entenderse como escenarios de riesgo y no como resultados definitivos.

BBVA Research estima que el Fenómeno El Niño podría reducir el crecimiento de la economía peruana durante 2026 y 2027.

Lima también enfrenta riesgos ante lluvias inusuales

Aunque la costa norte concentra una parte importante de la preocupación por las precipitaciones, Lima Metropolitana tampoco está exenta de riesgos. Durante la entrevista, Levy explicó que la capital presenta características geográficas diferentes de las de Piura, pero advirtió que la ocupación de quebradas y laderas puede incrementar la vulnerabilidad ante lluvias intensas.

El especialista mencionó zonas de Lima como Carabayllo, Comas, Ancón, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Chosica y Chaclacayo, donde existen quebradas y áreas pobladas expuestas a posibles emergencias. En estos lugares, el agua puede arrastrar sedimentos y materiales desde las partes altas, dificultando el tránsito y poniendo en peligro a las viviendas ubicadas cerca de los cauces.

Levy también señaló que Lima cumple un papel clave en la respuesta nacional ante emergencias, debido a la concentración de población, servicios e instituciones. “Entonces hay que proteger Lima”, remarcó durante la conversación.

Su advertencia no significa que la capital vaya a experimentar necesariamente las mismas precipitaciones que Piura. El riesgo debe evaluarse según las condiciones locales y los pronósticos oficiales, considerando que incluso lluvias inusuales pueden generar complicaciones en una ciudad con sectores vulnerables y limitada infraestructura de drenaje.

Prevención: el desafío antes de la temporada de lluvias

La preparación frente a El Niño requiere coordinación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, además de sistemas de monitoreo y alerta que permitan anticipar situaciones peligrosas.

Levy sostuvo que una parte central de la prevención consiste en atender los riesgos antes de que se produzca una emergencia. También destacó la importancia de contar con información meteorológica oficial y con equipos preparados para monitorear las lluvias y los caudales de los ríos, de modo que las alertas puedan emitirse oportunamente.

La preocupación por la ejecución de obras preventivas también aparece en información publicada por El Comercio, que reportó que solo el 17 % de los puntos críticos priorizados frente al Fenómeno El Niño tenía intervenciones en ejecución, según datos de la Autoridad Nacional del Agua difundidos en octubre. El medio también informó sobre obras de gestión del riesgo paralizadas o abandonadas.

Este escenario refuerza la necesidad de acelerar las intervenciones en zonas expuestas, mantener despejados los cauces, revisar las rutas de evacuación y comunicar con claridad los avisos oficiales a la población.

El desarrollo de El Niño durante los próximos meses todavía requiere seguimiento. Por ello, las autoridades y la ciudadanía deberán mantenerse atentas a los comunicados del ENFEN, los pronósticos del Senamhi y las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). La anticipación y la preparación serán determinantes para reducir los posibles daños en las comunidades más vulnerables.

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Corte Superior de Justicia de La Libertad obtiene certificación internacional antisoborno

La distinción ISO 37001 reconoce la implementación de mecanismos de integridad, prevención del soborno y gestión de riesgos de corrupción en la institución judicial. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la importancia de fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana en la justicia.

Published

5 horas ago

23/10/2026

Redacción Lima Gris

La Corte Superior de Justicia de La Libertad obtuvo la certificación internacional ISO 37001, correspondiente al Sistema de Gestión Antisoborno, en reconocimiento a la implementación de mecanismos de integridad y acciones orientadas a prevenir la corrupción. Este logro es resultado del trabajo conjunto y el compromiso de magistrados, así como del personal jurisdiccional y administrativo de la institución.

La distinción fue entregada por la empresa Global Certification Bureau durante una ceremonia de reconocimiento al Poder Judicial y a las cortes superiores que registraron avances en la incorporación de herramientas para la prevención, gestión y análisis de riesgos de soborno, así como en el fortalecimiento de la integridad en el sistema de justicia.

Durante el acto, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo que los avances alcanzados reflejan un esfuerzo sostenido por consolidar mecanismos de prevención frente al soborno. Asimismo, exhortó a los titulares de las cortes y a las instituciones públicas a redoblar esfuerzos para erradicar la corrupción, un problema que afecta la confianza ciudadana y obstaculiza el desarrollo del país.

“Que las personas desconfíen de la justicia significa que también desconfían de nuestra capacidad para proteger sus derechos independientemente de su condición, y esa situación no la podemos dejar pasar”, afirmó la magistrada.

Tello Gilardi remarcó que el valor de esta certificación no se limita al reconocimiento institucional, sino que radica en demostrar que el Poder Judicial evalúa permanentemente sus mecanismos de prevención, asume compromisos verificables y está dispuesto a revisar sus procedimientos para mejorar la calidad del servicio que brinda a la ciudadanía.

Por su parte, Gisela Cruzado Agüero, representante de la empresa certificadora, señaló que este reconocimiento contribuye a fortalecer la imagen del Poder Judicial y reafirma el compromiso de la institución con la prestación de un servicio más transparente, eficiente e íntegro.

Además de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, recibieron reconocimiento el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), la Sala Penal Permanente, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria y la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. También fueron distinguidas las cortes superiores de justicia de Arequipa, San Martín y Huancavelica.

La norma ISO 37001 establece los requisitos para implementar y mantener un sistema de gestión antisoborno, mediante políticas, procedimientos y controles destinados a prevenir, detectar y gestionar los riesgos relacionados con estas prácticas. Su aplicación busca fortalecer la capacidad de las organizaciones para enfrentar la corrupción y promover una cultura de integridad.

La certificación representa un avance para la Corte Superior de Justicia de La Libertad; sin embargo, el desafío principal será sostener estos mecanismos en la práctica cotidiana, garantizar su cumplimiento y traducirlos en resultados verificables que contribuyan a fortalecer la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

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Directora del colegio Alfonso Ugarte solicita reorganización a la UGEL 03 sin obtener respuesta

Pese al pedido formal presentado a la UGEL 03 luego de analizar la problemática con representantes de UGEL 03 y DRELM para reestructurar el emblemático plantel, la autoridad educativa local aún no atiende la solicitud.

Published

12 horas ago

23/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

Hay documentos que se envían para que alguien actúe y otros que parecen escritos para que alguien los archive. El Oficio N.° 956-2026, firmado el 24 de setiembre por la directora (e) de la I.E. Alfonso Ugarte, directora Jessica Doza Caballero de la IE. Alfonso Ugarte solicita reorganización de toda la IE. Alfonso Ugarte, ante los presuntos hechos de corrupción denunciados por padres de familia, por ahora para las autoridades de la Ugel 03 hoy bajo la gestión de Carmen Medina Rosas, estaría en un segundo plano.

El pedido no es menor: reorganizar toda la institución. No lo hacen padres enfurecidos, sino la propia dirección del colegio, con un acta firmada por especialistas de la UGEL 03 y de la DRELM que estuvieron en la mesa. Es decir, quienes deberían responder ya escucharon el diagnóstico. Y casi un mes después, nadie sabe qué piensan hacer con él.

El inventario es largo. Una APAFA sin reconocimiento y con un proceso electoral enredado desde diciembre de 2025. Comisiones que no se completan porque los docentes temen acabar suspendidos. Actividades pagadas “por costumbre” con dinero de bolsillo ajeno. Una columna rota en un aula de primaria. Y alquileres de canchas, auditorio y cochera sin control claro de lo que realmente ingresa. Cualquiera de esos puntos merecería un expediente administrativo y judicial. Lo irónico es que la UGEL 03 sí supo reaccionar cuando tocó sancionar al anterior director. Entonces hubo proceso, resolución y documentos. Pero cuando una dirección pide ayuda, el despacho parece haber descubierto el arte del silencio administrativo. ¿Se sanciona, pero se acompaña lento? ¿O la reorganización incomoda más de lo que conviene al bienestar educativo?

Mientras tanto, los perjudicados no firman actas. Son los niños y jóvenes que estudian en un colegio sin enfermera, los docentes que dudan de participar en comisiones y los padres cuyas becas y talleres quedaron congelados por una APAFA que nadie reconoce ni resuelve.

El director regional de la DRELM Cornelio Gonzales visitó el colegio hace pocos días. Fue una buena señal, pero una visita no es una decisión. Una foto con el patio de fondo no reemplaza una resolución que ordene qué se corrige, quién responde y en qué plazo.

La UGEL 03 tiene en su escritorio un documento que dice, con todas sus letras, que algo anda muy mal. Puede actuar, puede responder que no corresponde o puede explicar por qué todavía no lo hace. Lo único que no puede es seguir fingiendo que ese oficio nunca llegó y que en la IE. Alfonso Ugarte, todo está en orden.

Porque si la reorganización que pide el colegio no la atiende la autoridad, la hará el desorden. Y el desorden nunca ha sido buen director.

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Cálidda y TGP: el Perú debe preparar la relicitación de las concesiones del gas

Las concesiones de distribución de gas en Lima y Callao, a cargo de Cálidda, y de transporte, operada por Transportadora de Gas del Perú (TGP), vencen en 2033 y enero de 2034, respectivamente. Los cuestionamientos regulatorios y los incumplimientos contractuales atribuidos a TGP por Osinergmin refuerzan la necesidad de que el Estado prepare una nueva licitación y permita que otros operadores compitan por administrar infraestructuras estratégicas para el país.

Published

23 horas ago

23/10/2026

Elio León

Durante más de dos décadas, Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP) han operado dos de los principales eslabones de la cadena del gas natural en el Perú. El tiempo transcurrido, sin embargo, no convierte una concesión en un derecho perpetuo ni obliga al Estado a renovar automáticamente la confianza en quienes han administrado estas infraestructuras. Los contratos tienen fecha de vencimiento y, cuando llegue ese momento, el país debe estar preparado para decidir si mantiene a los actuales operadores o abre la puerta a nuevas empresas.

Cálidda tiene como horizonte contractual el año 2033, mientras que la concesión de TGP vence en enero de 2034. Aunque todavía faltan varios años, el calendario no justifica la inacción. Por el contrario, ese margen debería permitir al Estado diseñar un proceso competitivo, evaluar el interés de operadores nacionales e internacionales y establecer condiciones contractuales que respondan a las necesidades energéticas del Perú. La pregunta de fondo es sencilla: ¿por qué dar por descontado que las mismas empresas deben continuar si todavía es posible comparar alternativas?

Dos concesionarios bajo observación

La discusión adquiere mayor relevancia por los antecedentes de ambas compañías. En el caso de TGP, los problemas de su sistema de transporte han vuelto a poner en cuestión la confiabilidad de una infraestructura esencial para el abastecimiento energético nacional. Tras la emergencia de marzo de 2026, Osinergmin determinó que la empresa incumplió obligaciones de su contrato de concesión al no garantizar el flujo y la presión necesarios entre el 1 y el 13 de marzo. Los informes fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para las acciones contractuales correspondientes.

Este antecedente no es menor. El transporte de gas natural constituye una actividad estratégica, y las obligaciones asumidas por un concesionario no pueden quedar reducidas a declaraciones de inversión o compromisos de continuidad. Cuando el sistema falla, corresponde establecer responsabilidades, evaluar las consecuencias y determinar si las garantías contractuales son suficientes para proteger al país frente a futuras contingencias.

Cálidda, por su parte, también ha enfrentado observaciones regulatorias y tarifarias formuladas por Osinergmin, así como revisiones y liquidaciones sucesivas de sus planes de inversión en Lima y Callao. En 2025, además, el Minem concluyó que una versión de su propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones 2026-2030 no era concordante con la Política Energética Nacional. Estos antecedentes deben ser considerados al evaluar el futuro de la concesión, sin confundir las observaciones administrativas con una declaración de incumplimiento definitivo.

Lo que está en discusión, por tanto, no es solamente la continuidad de dos empresas. Se trata de determinar qué condiciones debe exigir el Estado a quienes administran servicios estratégicos y qué mecanismos tiene para obtener mejores resultados para los consumidores, el sistema energético y las finanzas públicas.

La competencia no debe ser una amenaza

Si Cálidda y TGP consideran que cuentan con la experiencia, la capacidad técnica y el respaldo financiero para seguir operando sus respectivas concesiones, pueden demostrarlo en una nueva licitación. Nadie plantea excluirlas de antemano. Lo que corresponde es evitar que su condición de operadores actuales se convierta en una ventaja que cierre el paso a cualquier alternativa.

Una relicitación permitiría comparar propuestas sobre la base de criterios verificables: tarifas, inversiones comprometidas, garantías financieras, estándares de seguridad, capacidad de respuesta ante emergencias, distribución de riesgos y condiciones económicas para el Estado. También permitiría determinar si existen empresas dispuestas a asumir la operación bajo condiciones más favorables para el país.

Hoy, sin un proceso competitivo, el Estado no tiene una comparación integral de lo que otros operadores podrían ofrecer para asumir estas concesiones. Las empresas actuales pueden sostener que sus planes son los más convenientes, pero esa afirmación debe contrastarse con alternativas reales, no aceptarse como una conclusión anticipada.

La competencia tampoco garantiza, por sí sola, tarifas más bajas o mejores servicios. Para conseguir esos resultados se necesitan bases bien diseñadas, reglas transparentes, evaluación técnica rigurosa y contratos que distribuyan adecuadamente las obligaciones y los riesgos. Precisamente por eso, la preparación debe comenzar con anticipación.

Ministro Guillermo Shinno cuestionado por presunto lobby a favor de TGP y Cálidda.

Siete regiones y un nuevo ramal en disputa

El debate no se limita a las infraestructuras que ya están en funcionamiento. Cálidda busca incorporar siete nuevas regiones a una concesión cuyo ámbito original corresponde a Lima y Callao. TGP, por su parte, plantea incorporar el denominado Ramal Sur, un proyecto de infraestructura de gran escala.

Se trata de nuevos territorios, mercados e inversiones. Por eso, el Estado debe evaluar si la ampliación de las concesiones vigentes es necesariamente la alternativa más conveniente o si corresponde explorar otras modalidades de participación empresarial. La incorporación de nuevas regiones y la construcción de infraestructura adicional no deberían convertirse en decisiones automáticas por el solo hecho de que los actuales concesionarios ya operan parte del sistema.

Antes de comprometer nuevas oportunidades de negocio, las autoridades deben comparar costos, beneficios, riesgos y obligaciones. También deben determinar qué mecanismos permitirían garantizar que las inversiones se ejecuten, que los usuarios reciban un servicio confiable y que las decisiones respondan a una política energética de alcance nacional.

El Estado todavía está a tiempo

Uno de los argumentos que podría utilizarse para postergar la discusión es que una nueva licitación demanda estudios, evaluaciones, negociaciones y un complejo diseño contractual. Pero ese razonamiento conduce a la conclusión contraria: si el proceso requiere varios años, debe comenzar cuanto antes.

El Gobierno tiene la oportunidad de realizar estudios de mercado, identificar posibles interesados, evaluar modelos de concesión, definir los criterios de adjudicación y establecer un cronograma que permita una transición ordenada. También debe analizar las consecuencias jurídicas y técnicas del vencimiento de los contratos, de modo que la continuidad del suministro no dependa de decisiones improvisadas a última hora.

Dejar el asunto para los últimos años de las concesiones colocaría nuevamente al Estado bajo presión, con menos margen para negociar y mayor riesgo de que la urgencia termine condicionando las decisiones. Una infraestructura estratégica no puede administrarse con la lógica de esperar hasta que el plazo esté por agotarse.

¿Cuánto podría ganar el Perú con una nueva licitación?

Cálidda y TGP pueden presentar sus proyectos de inversión y defender la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, el interés público exige conocer qué ofrecen otras empresas y bajo qué condiciones estarían dispuestas a asumir estas responsabilidades. Una competencia bien estructurada podría revelar mejores propuestas económicas, compromisos de inversión más exigentes, garantías superiores o una distribución más equilibrada de los riesgos.

También podría confirmar que los actuales concesionarios son los mejores candidatos. Pero esa conclusión tendría mayor sustento si surge de una comparación transparente y abierta, y no de la ausencia de competidores.

El Minem y las entidades competentes deben iniciar desde ahora la evaluación del escenario posterior a 2033 y 2034. La planificación energética no consiste únicamente en garantizar que el gas siga circulando, sino en establecer las condiciones bajo las cuales ese servicio se prestará durante las próximas décadas.

Después de tantos años de operación, el Perú no debería limitarse a preguntar cuánto ofrecen Cálidda y TGP para continuar. Debe formular una pregunta más importante: ¿cuánto podrían ofrecer otros operadores y qué beneficios adicionales estaría dispuesto a obtener el país si abre la competencia?

La decisión no debe tomarse por inercia ni por presión empresarial. Debe sustentarse en información, evaluación técnica y defensa del interés público. Las concesiones tienen fecha de vencimiento. La obligación del Estado es llegar a ese momento con alternativas sobre la mesa, no con una sola puerta abierta.

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Produce descarta segunda temporada de anchoveta en el norte-centro y el sector pesquero enciende alerta por el empleo

La decisión del Ministerio de la Producción se sustenta en una evaluación científica que identificó una biomasa de 5,12 millones de toneladas y una elevada presencia de ejemplares juveniles. Mientras las autoridades priorizan la conservación del recurso, la Sociedad Nacional de Pesquería advierte sobre el impacto económico y laboral que podría extenderse hasta 2027.

Published

24 horas ago

23/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La decisión de no autorizar una segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del litoral peruano abrió un nuevo frente de preocupación para la industria pesquera. El Ministerio de la Producción (Produce) comunicó que no habilitará esta campaña durante 2026, luego de que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) identificará condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables para la extracción del recurso.

La medida busca proteger la capacidad reproductiva de la anchoveta y evitar una mayor presión sobre su población. Sin embargo, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) advirtió que la suspensión podría mantener paralizada buena parte de la actividad industrial hasta la siguiente temporada, prevista para 2027, con consecuencias para trabajadores, armadores, empresas proveedoras y otras actividades vinculadas con la cadena productiva.

Una evaluación científica determinó el cierre de la temporada

Los resultados del Crucero Científico 2609-10 del Imarpe, con información recopilada hasta el 7 de octubre de 2026, estimaron una biomasa acústica de anchoveta de aproximadamente 5,12 millones de toneladas en la zona evaluada.

De acuerdo con los datos difundidos por Produce y recogidos por medios especializados, el volumen representa una disminución cercana al 27,9 % frente al verano de este año y se encuentra alrededor de un 22,8 % por debajo del promedio de las biomasas acústicas registradas durante los periodos de invierno y primavera entre 1996 y 2025.

Otro factor determinante fue la estructura de tallas de la población: los ejemplares juveniles representaban el 79 % de los individuos evaluados en número y el 65 % en peso. A ello se sumó una actividad reproductiva inferior a sus patrones históricos, aunque se identificaron episodios de desove entre Chimbote y Pisco.

Estos indicadores llevaron a las autoridades a priorizar la conservación del recurso. El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, sostuvo que la decisión busca preservar la anchoveta y mantener las posibilidades de aprovechamiento pesquero para los próximos años.

El Niño modifica la distribución de la anchoveta

Las condiciones oceanográficas también forman parte de la evaluación. El Imarpe identificó anomalías cálidas en el mar que modificaron la distribución del recurso, con una mayor concentración cerca de la costa, desplazamientos hacia el sur y cardúmenes ubicados a mayor profundidad.

Estos cambios dificultan las condiciones para desarrollar una campaña extractiva sin incrementar los riesgos para la población de anchoveta. La presencia de juveniles resulta especialmente relevante porque estos ejemplares necesitan alcanzar su madurez para contribuir a la renovación del recurso.

La decisión de Produce, por tanto, responde a una evaluación que considera tanto la cantidad estimada de anchoveta como su composición por tallas, su actividad reproductiva y las condiciones del ecosistema marino.

El ministerio señaló que continuará monitoreando la biomasa, la estructura de tallas y la actividad reproductiva para evaluar cómo evoluciona la población y determinar las medidas que correspondan.

La Sociedad Nacional de Pesquería advierte sobre el impacto laboral

La suspensión de la campaña generó preocupación entre los representantes de la industria. La Sociedad Nacional de Pesquería señaló que respeta las decisiones sustentadas en evidencia científica, pero pidió al Gobierno evaluar medidas que permitan sostener el empleo y reducir el impacto económico sobre las empresas y los trabajadores.

El 21 de octubre, la presidenta de la SNP, Jéssica Luna, advirtió en declaraciones a RPP que la crisis del sector podría ocasionar la pérdida de cerca de 100.000 puestos de trabajo entre 2026 y 2027. La estimación, según la información difundida por el medio, se basa en un estudio elaborado por Apoyo Consultoría para el gremio empresarial y contempla distintos escenarios de inactividad pesquera.

La cifra debe entenderse como una proyección presentada por el sector, no como un registro oficial de empleos ya perdidos. La eventual magnitud del impacto dependerá de la evolución de las condiciones marítimas, las decisiones de las autoridades y la continuidad de las actividades relacionadas con la pesca.

La SNP solicitó que se evalúen medidas tributarias para proporcionar liquidez a las empresas, mecanismos de financiamiento para determinados armadores y acciones que permitan mantener la cobertura de salud de los tripulantes. También pidió proteger la continuidad de los proveedores y de los negocios que dependen de la actividad pesquera.

¿Qué actividades se ven afectadas por la paralización?

La pesca industrial de anchoveta no involucra únicamente a las embarcaciones que salen al mar. Su cadena productiva también comprende la descarga del recurso en los puertos, el procesamiento, la producción de harina y aceite de pescado, el transporte, los servicios portuarios y las empresas proveedoras.

Por ello, una temporada que no llega a desarrollarse puede reducir los ingresos de trabajadores y negocios que dependen directa o indirectamente de las capturas. El efecto puede alcanzar a tripulantes, pequeños armadores, operarios de plantas, transportistas y proveedores de servicios.

La anchoveta es una materia prima importante para la producción peruana de harina y aceite de pescado, productos destinados en gran medida a mercados internacionales. La duración y magnitud del impacto económico, sin embargo, deberán evaluarse con datos de desembarques, producción, exportaciones y empleo conforme avance el año.

Para Lima Gris, el tema también permite observar cómo las decisiones sobre los recursos marinos repercuten en la economía de las comunidades costeras y en los trabajadores que forman parte de esta cadena.

La pesca exploratoria de anchoveta blanca es una medida distinta

En medio de la discusión sobre la temporada norte-centro, Produce autorizó al Imarpe a ejecutar una pesca exploratoria de anchoveta blanca o samasa (Anchoa nasus), mediante la Resolución Ministerial N.º 00363-2026-PRODUCE.

La actividad tiene como finalidad evaluar la distribución, disponibilidad y características biológico-pesqueras de esta especie. La norma establece que se desarrollará fuera de las cinco millas náuticas de la costa, con embarcaciones de cerco de mayor escala que tengan hasta 110 metros cúbicos de capacidad de bodega, por un periodo máximo de 15 días calendario, sujeto a las condiciones establecidas.

El Imarpe deberá realizar el seguimiento científico y comunicar los resultados a Produce. La actividad podrá suspenderse o cerrarse si se detecta una incidencia de juveniles, captura incidental u otras circunstancias que lo justifiquen por razones de conservación.

Esta autorización no significa que se haya reabierto la temporada de pesca de anchoveta común en la zona norte-centro. Se trata de una evaluación exploratoria de otro recurso, cuyos resultados servirán para sustentar las medidas de manejo que correspondan.

La decisión no comprende toda la pesca de anchoveta del país

Es importante precisar que la no autorización anunciada por Produce se refiere a la segunda temporada de anchoveta en la zona norte-centro del litoral peruano durante 2026. No equivale a una prohibición nacional de toda actividad pesquera relacionada con la especie.

En junio, el Gobierno autorizó por separado la segunda temporada de anchoveta y anchoveta blanca en la zona sur, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2026, con una cuota inicial de captura de 251.000 toneladas, sujeta a las condiciones y medidas de conservación establecidas en la normativa.

La diferencia geográfica y normativa es relevante para entender el alcance de las decisiones y evitar que la suspensión de una temporada se interprete como el cierre de todas las actividades pesqueras del país.

Conservación del recurso y protección del empleo: el desafío del sector

La decisión de no autorizar una segunda temporada en la zona norte-centro pone de manifiesto la necesidad de conciliar la conservación de los recursos marinos con la continuidad económica de las actividades que dependen de ellos.

Por un lado, la evaluación científica advierte que la elevada presencia de ejemplares juveniles y las condiciones oceanográficas actuales requieren actuar con cautela. Por otro, el sector empresarial alerta sobre las consecuencias que una prolongada inactividad puede tener para los trabajadores y la cadena productiva.

El siguiente paso será observar la evolución de la anchoveta mediante el monitoreo del Imarpe y conocer qué medidas propone o adopta el Gobierno para atender el impacto laboral y económico. También será necesario contrastar las proyecciones del gremio con información oficial sobre empleo, producción y actividad pesquera.

La discusión no se limita a abrir o cerrar una temporada: plantea cómo proteger la capacidad de recuperación de un recurso fundamental para el ecosistema marino y, al mismo tiempo, atender a las familias que dependen de la pesca.

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Actualidad

Ley MAPE: Ejecutivo propone nuevo régimen para formalizar a más de 31.000 pequeños mineros artesanales

La iniciativa plantea un periodo de consolidación entre 2027 y 2028, la creación de un organismo especializado y mayores mecanismos de control sobre el origen y traslado de los minerales. El Congreso deberá evaluar si la propuesta garantiza una formalización efectiva y evita que el proceso se convierta en una extensión de la informalidad.

Published

1 día ago

22/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

El Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), una iniciativa que busca establecer nuevas reglas para la formalización de este sector y reemplazar el esquema normativo temporal que actualmente regula parte de sus actividades. El documento fue remitido al Congreso el lunes 19 de octubre, luego de ser aprobado por el Consejo de ministros el día 13 del mismo mes.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), plantea un marco jurídico para autorizar, regular, supervisar y fiscalizar las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el país. Según el director general de Formalización Minera, Paul Vera Regalado, la iniciativa contempla incorporar a un nuevo régimen a 31.563 pequeños mineros y mineros artesanales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

El proyecto llega en un momento decisivo para el sector: el plazo vigente del REINFO concluye el 31 de diciembre de 2026. Por ello, la discusión parlamentaria no solo determinará las condiciones para continuar con los procedimientos de formalización, sino también los mecanismos con los que el Estado buscará diferenciar a los operadores que avanzan hacia la legalidad de aquellos que mantienen actividades al margen de las normas.

Una nueva etapa para la formalización minera

El Gobierno sostiene que la Ley MAPE pretende superar la fragmentación normativa y la dependencia de mecanismos temporales que han caracterizado el proceso de formalización. La propuesta busca establecer reglas permanentes para los nuevos operadores y productores formalizados, así como un régimen específico de consolidación para quienes ya se encuentran inscritos en el REINFO y cumplan las condiciones establecidas.

De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el registro concluirá el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027 comenzaría un régimen de consolidación que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2028, dirigido exclusivamente a los inscritos en el REINFO que reúnan los requisitos correspondientes.

La cifra de 31.563 personas fue comunicada por la Dirección General de Formalización Minera como el universo que podría beneficiarse del nuevo régimen. Sin embargo, la incorporación no sería automática: los interesados tendrían que cumplir las condiciones previstas en la norma y avanzar en los trámites exigidos.

El proyecto, identificado en el Congreso como la Proposición Legislativa 00608-2026-2031-CD, deberá ser debatido y evaluado por las instancias parlamentarias antes de convertirse en ley.

FORMAPE: el organismo especializado que propone el Ejecutivo

Uno de los principales componentes de la iniciativa es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), entidad que estaría adscrita al Ministerio de Energía y Minas.

Según la presentación ministerial, el organismo tendría entre sus funciones promover mejores estándares de operación, buenas prácticas laborales y de seguridad, así como la innovación y la transferencia tecnológica. También administraría sistemas de información y trazabilidad, evaluaría instrumentos de gestión ambiental y emitiría las autorizaciones de inicio o reinicio de actividades mineras contempladas en la propuesta.

El FORMAPE también centralizaría procedimientos administrativos mediante una casilla electrónica única. La finalidad sería reducir la dispersión de trámites y facilitar el seguimiento de los operadores que buscan completar su formalización.

La eficacia de este mecanismo dependerá de su capacidad operativa, los recursos que se le asignen y la coordinación que mantenga con las autoridades responsables de fiscalizar las actividades mineras. La creación de una entidad, por sí sola, no garantiza que se reduzcan las actividades ilegales ni que se cumplan las obligaciones ambientales.

Certificación ambiental y trazabilidad del mineral

La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con la protección ambiental y el seguimiento del mineral durante su recorrido por la cadena productiva.

Según lo explicado por el MINEM, el régimen ordinario para nuevos operadores exigirá autorización sectorial y certificación ambiental, conforme a las características de las actividades. La propuesta señala que las operaciones deberán respetar los principios de protección ambiental del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y contar con la certificación correspondiente antes de iniciar actividades, de acuerdo con la legislación aplicable.

El ámbito de la iniciativa no se limita a quienes extraen el mineral. También comprende a titulares de derechos mineros, responsables de actividades de beneficio, acopiadores, transportistas, procesadores, comercializadores y otros participantes de la cadena.

En ese contexto, los sistemas de trazabilidad que plantea el FORMAPE buscarían registrar el origen, traslado, recepción, beneficio, procesamiento y comercialización de los minerales. El objetivo sería mejorar la identificación de los participantes y facilitar la supervisión de las operaciones.No obstante, uno de los retos centrales será comprobar cómo funcionarán estos controles en la práctica, qué información deberán reportar los operadores y qué mecanismos de fiscalización se utilizarán para detectar incumplimientos.

Trámites simplificados e inclusión financiera

La propuesta plantea procedimientos administrativos adaptados a la escala, naturaleza y nivel de riesgo de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Entre las medidas anunciadas figuran una ventanilla única, una casilla electrónica única y requisitos proporcionales a las condiciones territoriales de las operaciones.

El proyecto también contempla asistencia técnica, asociatividad, incorporación de tecnologías limpias y acceso a mercados e inclusión financiera. Además, autorizaría expresamente al Banco de la Nación a prestar servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales, como parte de las medidas para facilitar su incorporación a la economía formal.

La simplificación de trámites podría facilitar el acceso de los operadores a los procedimientos administrativos. Sin embargo, su implementación deberá mantener las exigencias de protección ambiental, seguridad y salud ocupacional que correspondan a cada actividad.El desafío para las autoridades será evitar que la reducción de barreras burocráticas termine debilitando la fiscalización o permitiendo que actividades que no cumplen las condiciones legales se beneficien de un régimen diseñado para formalizar operaciones.

Contratos de explotación y responsabilidades ambientales

Otro aspecto relevante del proyecto se relaciona con los contratos de explotación o cesión minera y la responsabilidad por los incumplimientos ambientales y de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Energía y Minas, los pequeños mineros y mineros artesanales que desarrollen actividades al amparo de un contrato de explotación o cesión serán responsables por los incumplimientos de las normas ambientales y de seguridad y salud ocupacional derivados de sus operaciones.

La propuesta también señala que, cuando las actividades se desarrollen sin un contrato de explotación o cesión vigente, el titular de la concesión respondería solidariamente con quienes ejecutan las labores por los impactos causados al ambiente.

La aplicación de estas disposiciones requerirá claridad sobre las obligaciones de cada parte, los mecanismos de supervisión y las vías para determinar responsabilidades cuando se produzcan daños ambientales.

El debate en el Congreso y las observaciones pendientes

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados acordó citar al ministro Guillermo Shinno para la sesión ordinaria del martes 27 de octubre, con el objetivo de que sustente la propuesta. La convocatoria fue aprobada por unanimidad, con 12 votos a favor, según el Centro de Noticias del Congreso.

En la sesión previa, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, informó sobre el nuevo marco legal, las medidas frente al crimen organizado en la actividad minera y el reconocimiento de los derechos ancestrales de la pequeña minería y minería artesanal.

La discusión también tendrá que considerar las observaciones planteadas por especialistas. En una cobertura publicada el 15 de octubre, El Comercio recogió advertencias sobre el riesgo de que el nuevo esquema termine funcionando como una nueva versión del cuestionado REINFO, en lugar de resolver las dificultades del proceso de formalización.Ese cuestionamiento coloca en el centro del debate la necesidad de establecer criterios verificables para permanecer en el régimen, plazos claros, supervisión efectiva y consecuencias ante los incumplimientos. La discusión deberá determinar si el régimen de consolidación propuesto permite completar trámites pendientes sin convertirse en una habilitación indefinida para operar fuera de las exigencias legales.

Una reforma cuyo resultado dependerá de su aplicación

La Ley MAPE plantea cambios que abarcan la formalización, las autorizaciones sectoriales, la certificación ambiental, la trazabilidad del mineral y la inclusión financiera. Su alcance comprende a distintos participantes de la cadena productiva y contempla la creación de un organismo especializado para gestionar parte de estos procedimientos.

Sin embargo, el proyecto todavía debe atravesar el debate legislativo. A la fecha de cierre de este artículo, no corresponde presentarlo como una ley aprobada ni como un régimen ya vigente.

Para evaluar sus resultados será necesario observar si el Congreso establece salvaguardas suficientes, si el Ejecutivo dispone de recursos para fiscalizar las operaciones y si los mecanismos anunciados permiten verificar el origen de los minerales y el cumplimiento de las obligaciones ambientales.La formalización minera constituye un desafío económico, institucional y ambiental. El resultado de esta reforma dependerá no solo de las reglas que finalmente apruebe el Parlamento, sino también de la capacidad del Estado para aplicarlas, supervisarlas y exigir su cumplimiento.

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Actualidad

Colegios de Alto Rendimiento (COAR), 19 casos reportados de violencia sexual en 2026 y solo un 67,2 % logró el Bachillerato Internacional en 2025

Información oficial del Ministerio de Educación expone la problemática de la violencia escolar en los COAR. En ese sentido, propongo incluir un protocolo específico de disciplina y atención de la violencia escolar para los COAR y secundarias con residencia.

Published

2 días ago

21/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

La violencia en las escuelas es un problema extendido: según el informe Behind the numbers de la UNESCO (2019), alrededor de un tercio de los estudiantes del mundo había sufrido acoso escolar al menos una vez en el mes previo a la consulta.

En Perú, los Lineamientos de 2018 disponen que todo caso de violencia escolar sea anotado en el Libro de Registro de Incidencias debe reportarse en el SíseVe, lo que da inicio al proceso de atención y seguimiento (Minedu, 2018). Por tanto, la cifra de reportes depende de que los hechos sean conocidos, denunciados y registrados, y no equivale a la incidencia de la violencia. Los protocolos de atención fueron actualizados por la Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU, publicada el 2 de setiembre de 2025, que modificó el Anexo 03: “Protocolos para la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes”.

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) son instituciones públicas de régimen residencial que atienden a estudiantes con habilidades sobresalientes y alto desempeño académico, artístico o deportivo. La combinación de residencia estudiantil, alta exigencia académica y convivencia permanente entre pares y adultos hace relevante conocer cómo evoluciona la violencia reportada en estos colegios y qué apoyos reciben los estudiantes.

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) no son administrados por las UGEL ni por las DRE; su gestión técnica, administrativa y presupuestaria está a cargo directo del Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE).

Entre 2019 y 2026, los Colegios de Alto Rendimiento registraron 66 reportes de violencia escolar en el SíseVe (Tabla 1). Detrás de esa cifra hay adolescentes que viven lejos de casa, bajo un mismo techo, durante meses.

Lo primero que muestran los datos es que los reportes subieron. De 49 en 2022 pasaron a 78 en 2023, el máximo de la serie, con una tasa de 10,6 por cada mil estudiantes (Figura 1). En 2026, con el año todavía abierto, ya van 66, más que en todo 2025. Es una cifra parcial hasta agosto del 2026.

Lo segundo es un cambio de fondo en quién ejerce la violencia reportada. Los reportes de presunta violencia de parte de un adulto a estudiante cayeron de 42 a 19 entre 2023 y 2026, mientras los de estudiante a estudiante crecieron cada año desde 2022 y llegan a 47 (Figura 1). Y hay un detalle que no debería pasar inadvertido: los reportes de violencia sexual entre estudiantes pasaron de 3 en 2023 a 16 en 2026. Por tipo, la violencia psicológica concentra el 42,8 % del total, la sexual el 32,8 % y la física el 24,4 %.

Un reporte no es un hecho probado. No sabemos cuántos se confirmaron, qué acciones reparadoras y de prevención implementaron los 24 COAR a nivel nacional. El Minedu nos informó que el área de bienestar de los COAR realiza el soporte socioemocional «de acuerdo a normativa». Es decir, no existe un protocolo para atender los casos reportados considerando el contexto de residencia de los estudiantes en los COAR.

Respecto al Bachillerato Internacional (IB) el gasto ejecutado en ese programa suma más de 56 millones de soles desde 2019-2026 (Tabla 2, Figura 2). ¿Y los resultados? Entre 2019 y 2025, el promedio es 62,6 % de los inscritos obtuvo el diploma, con años tan dispares como 49,3 % en 2020 y 80,6 % en 2021 (Tabla 3, Figura 3). La cifra de quienes obtuvieron el diploma IB en 2025 fue de 67,2% (1168) de 1737 inscritos para obtener el diploma.

No se puede establecer una relación entre obtener el diploma IB y la gestión de la convivencia escolar. Existe amplia literatura académica respecto a la relación entre un alto nivel de significancia entre las variables de convivencia escolar y rendimiento académico.

Lo que sí creo es que la excelencia académica y el bienestar de los estudiantes no deberían administrarse como asuntos separados sin que alguien lo haya decidido a propósito. Un colegio exigente no se mide solo por cuántos diplomas entrega, sino también por cómo cuida a quienes los persiguen.

El cuadro consigna el total de los COAR, sin desglose por colegio. Para 2026, el Minedu informa que aún no se realiza la evaluación, por lo que no hay resultados. El soporte socioemocional lo brinda el área de bienestar de los COAR; el convenio con el IB no incluye la convivencia escolar.

El Minedu presentó el proyecto de «Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica», prepublicado mediante la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU para recibir aportes entre el 13 y el 27 de octubre de 2026.

Al tratarse de colegios con residencia estudiantil quienes albergan a los mejores alumnos de los últimos tres años de educación secundaria bajo administración directa de la DIGESE – MINEDU, el proyecto de lineamientos de disciplina escolar en consulta no precisa cómo se aplicará la separación definitiva ni de qué manera el sector garantizará la continuidad de estudios de los alumnos que viven dentro de los planteles.

Mi propuesta es incluir un protocolo específico de disciplina y atención de la violencia escolar para los COAR y secundarias con residencia, que defina las competencias directas de la DIGESE para la atención de casos, el debido proceso y la reubicación escolar de corresponder.

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Actualidad

UTEA: Protestas, disputa por el rectorado y medidas de Sunedu ponen a prueba la gobernabilidad universitaria

La toma del campus en la ciudad de Abancay y los reclamos por la continuidad de las autoridades desencadenaron varios días de tensión y paralización en la universidad.

Published

3 días ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña

La Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA), en Abancay, atravesó días de protestas estudiantiles, paralización de actividades y cuestionamientos a la conducción de sus autoridades. El conflicto, que llegó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), abrió un nuevo frente sobre la gobernabilidad de la casa de estudios, mientras el anuncio del reinicio de clases y las medidas provisionales para garantizar la continuidad del proceso electoral dejaron pendiente una cuestión central: si las acciones adoptadas lograrán restablecer la estabilidad institucional y atender los reclamos de la comunidad universitaria.

El conflicto tomó mayor fuerza el 12 de octubre, cuando estudiantes de distintas carreras ingresaron al campus de Abancay y exigieron el retiro de Carolina Soto Carrión, quien se desempeñaba como rectora interina. Durante la jornada se registraron momentos de tensión, lanzamiento de objetos y huevos, mientras las autoridades cuestionadas se retiraban del recinto, según informó la prensa regional.

Carolina Soto Carrión, cuestionada por estudiantes durante las protestas en la UTEA.

La crisis ya había llegado a la entidad supervisora. El 8 de octubre, Sunedu se reunió con representantes estudiantiles, docentes y trabajadores, además de los congresistas Luz Mérida Soto Ferrari y Jesús Pérez Alccahuamán. Durante el encuentro se expusieron preocupaciones relacionadas con la conducción universitaria, el registro de autoridades y la continuidad de las actividades presenciales. La entidad anunció que evaluaría los asuntos presentados y realizaría acciones de supervisión.

En el plano académico, los días de paralización generaron preocupación por el desarrollo de las clases. El 13 de octubre, Loayza anunció que las actividades académicas se reanudarían al día siguiente. Sin embargo, el anuncio no significaba que las diferencias sobre la conducción de la universidad estuvieran resueltas. La normalización de las clases y la solución del conflicto institucional eran asuntos distintos.

El 14 de octubre, Sunedu adoptó medidas provisionales dirigidas a garantizar la participación de las autoridades en los órganos de gobierno y la continuidad del proceso electoral. La decisión buscaba evitar que la disputa paralizara el funcionamiento institucional mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. No obstante, estas medidas no equivalían a una declaración de que todos los reclamos estudiantiles habían sido atendidos ni suponían, por sí mismas, el cierre definitivo de la crisis.

A partir de entonces, el desafío para la UTEA pasó por sostener las actividades académicas, aclarar la situación de sus autoridades y encaminar la elección de una nueva dirección. El plazo de 90 días anunciado por la rectora interina colocó el proceso electoral entre los principales asuntos pendientes, mientras la comunidad universitaria esperaba respuestas sobre la legitimidad de la conducción y las condiciones para recuperar la estabilidad.

Al cierre de esta nota, el 20 de octubre, las medidas adoptadas por Sunedu y el proceso electoral anunciado marcan el rumbo inmediato de la UTEA. Si bien se comunicó el reinicio de las clases para el 14 de octubre, aún queda por confirmar si las actividades se han normalizado por completo y si las protestas han cesado definitivamente. La evolución del caso dependerá del cumplimiento de las disposiciones adoptadas, de la claridad sobre la conducción de la universidad y de las respuestas que reciban los reclamos de su comunidad. Por ahora, no hay elementos suficientes para dar por superada la crisis institucional.

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