Ley MAPE: Ejecutivo propone nuevo régimen para formalizar a más de 31.000 pequeños mineros artesanales

Actualidad Ley MAPE: Ejecutivo propone nuevo régimen para formalizar a más de 31.000 pequeños mineros artesanales La iniciativa plantea un periodo de consolidación entre 2027 y 2028, la creación de un organismo especializado y mayores mecanismos de control sobre el origen y traslado de los…

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La iniciativa plantea un periodo de consolidación entre 2027 y 2028, la creación de un organismo especializado y mayores mecanismos de control sobre el origen y traslado de los minerales. El Congreso deberá evaluar si la propuesta garantiza una formalización efectiva y evita que el proceso se convierta en una extensión de la informalidad.

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22/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

El Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), una iniciativa que busca establecer nuevas reglas para la formalización de este sector y reemplazar el esquema normativo temporal que actualmente regula parte de sus actividades. El documento fue remitido al Congreso el lunes 19 de octubre, luego de ser aprobado por el Consejo de ministros el día 13 del mismo mes.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), plantea un marco jurídico para autorizar, regular, supervisar y fiscalizar las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el país. Según el director general de Formalización Minera, Paul Vera Regalado, la iniciativa contempla incorporar a un nuevo régimen a 31.563 pequeños mineros y mineros artesanales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

El proyecto llega en un momento decisivo para el sector: el plazo vigente del REINFO concluye el 31 de diciembre de 2026. Por ello, la discusión parlamentaria no solo determinará las condiciones para continuar con los procedimientos de formalización, sino también los mecanismos con los que el Estado buscará diferenciar a los operadores que avanzan hacia la legalidad de aquellos que mantienen actividades al margen de las normas.

Una nueva etapa para la formalización minera

El Gobierno sostiene que la Ley MAPE pretende superar la fragmentación normativa y la dependencia de mecanismos temporales que han caracterizado el proceso de formalización. La propuesta busca establecer reglas permanentes para los nuevos operadores y productores formalizados, así como un régimen específico de consolidación para quienes ya se encuentran inscritos en el REINFO y cumplan las condiciones establecidas.

De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el registro concluirá el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027 comenzaría un régimen de consolidación que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2028, dirigido exclusivamente a los inscritos en el REINFO que reúnan los requisitos correspondientes.

La cifra de 31.563 personas fue comunicada por la Dirección General de Formalización Minera como el universo que podría beneficiarse del nuevo régimen. Sin embargo, la incorporación no sería automática: los interesados tendrían que cumplir las condiciones previstas en la norma y avanzar en los trámites exigidos.

El proyecto, identificado en el Congreso como la Proposición Legislativa 00608-2026-2031-CD, deberá ser debatido y evaluado por las instancias parlamentarias antes de convertirse en ley.

FORMAPE: el organismo especializado que propone el Ejecutivo

Uno de los principales componentes de la iniciativa es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), entidad que estaría adscrita al Ministerio de Energía y Minas.

Según la presentación ministerial, el organismo tendría entre sus funciones promover mejores estándares de operación, buenas prácticas laborales y de seguridad, así como la innovación y la transferencia tecnológica. También administraría sistemas de información y trazabilidad, evaluaría instrumentos de gestión ambiental y emitiría las autorizaciones de inicio o reinicio de actividades mineras contempladas en la propuesta.

El FORMAPE también centralizaría procedimientos administrativos mediante una casilla electrónica única. La finalidad sería reducir la dispersión de trámites y facilitar el seguimiento de los operadores que buscan completar su formalización.

La eficacia de este mecanismo dependerá de su capacidad operativa, los recursos que se le asignen y la coordinación que mantenga con las autoridades responsables de fiscalizar las actividades mineras. La creación de una entidad, por sí sola, no garantiza que se reduzcan las actividades ilegales ni que se cumplan las obligaciones ambientales.

Certificación ambiental y trazabilidad del mineral

La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con la protección ambiental y el seguimiento del mineral durante su recorrido por la cadena productiva.

Según lo explicado por el MINEM, el régimen ordinario para nuevos operadores exigirá autorización sectorial y certificación ambiental, conforme a las características de las actividades. La propuesta señala que las operaciones deberán respetar los principios de protección ambiental del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y contar con la certificación correspondiente antes de iniciar actividades, de acuerdo con la legislación aplicable.

El ámbito de la iniciativa no se limita a quienes extraen el mineral. También comprende a titulares de derechos mineros, responsables de actividades de beneficio, acopiadores, transportistas, procesadores, comercializadores y otros participantes de la cadena.

En ese contexto, los sistemas de trazabilidad que plantea el FORMAPE buscarían registrar el origen, traslado, recepción, beneficio, procesamiento y comercialización de los minerales. El objetivo sería mejorar la identificación de los participantes y facilitar la supervisión de las operaciones.No obstante, uno de los retos centrales será comprobar cómo funcionarán estos controles en la práctica, qué información deberán reportar los operadores y qué mecanismos de fiscalización se utilizarán para detectar incumplimientos.

Trámites simplificados e inclusión financiera

La propuesta plantea procedimientos administrativos adaptados a la escala, naturaleza y nivel de riesgo de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Entre las medidas anunciadas figuran una ventanilla única, una casilla electrónica única y requisitos proporcionales a las condiciones territoriales de las operaciones.

El proyecto también contempla asistencia técnica, asociatividad, incorporación de tecnologías limpias y acceso a mercados e inclusión financiera. Además, autorizaría expresamente al Banco de la Nación a prestar servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales, como parte de las medidas para facilitar su incorporación a la economía formal.

La simplificación de trámites podría facilitar el acceso de los operadores a los procedimientos administrativos. Sin embargo, su implementación deberá mantener las exigencias de protección ambiental, seguridad y salud ocupacional que correspondan a cada actividad.El desafío para las autoridades será evitar que la reducción de barreras burocráticas termine debilitando la fiscalización o permitiendo que actividades que no cumplen las condiciones legales se beneficien de un régimen diseñado para formalizar operaciones.

Contratos de explotación y responsabilidades ambientales

Otro aspecto relevante del proyecto se relaciona con los contratos de explotación o cesión minera y la responsabilidad por los incumplimientos ambientales y de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Energía y Minas, los pequeños mineros y mineros artesanales que desarrollen actividades al amparo de un contrato de explotación o cesión serán responsables por los incumplimientos de las normas ambientales y de seguridad y salud ocupacional derivados de sus operaciones.

La propuesta también señala que, cuando las actividades se desarrollen sin un contrato de explotación o cesión vigente, el titular de la concesión respondería solidariamente con quienes ejecutan las labores por los impactos causados al ambiente.

La aplicación de estas disposiciones requerirá claridad sobre las obligaciones de cada parte, los mecanismos de supervisión y las vías para determinar responsabilidades cuando se produzcan daños ambientales.

El debate en el Congreso y las observaciones pendientes

La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados acordó citar al ministro Guillermo Shinno para la sesión ordinaria del martes 27 de octubre, con el objetivo de que sustente la propuesta. La convocatoria fue aprobada por unanimidad, con 12 votos a favor, según el Centro de Noticias del Congreso.

En la sesión previa, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, informó sobre el nuevo marco legal, las medidas frente al crimen organizado en la actividad minera y el reconocimiento de los derechos ancestrales de la pequeña minería y minería artesanal.

La discusión también tendrá que considerar las observaciones planteadas por especialistas. En una cobertura publicada el 15 de octubre, El Comercio recogió advertencias sobre el riesgo de que el nuevo esquema termine funcionando como una nueva versión del cuestionado REINFO, en lugar de resolver las dificultades del proceso de formalización.Ese cuestionamiento coloca en el centro del debate la necesidad de establecer criterios verificables para permanecer en el régimen, plazos claros, supervisión efectiva y consecuencias ante los incumplimientos. La discusión deberá determinar si el régimen de consolidación propuesto permite completar trámites pendientes sin convertirse en una habilitación indefinida para operar fuera de las exigencias legales.

Una reforma cuyo resultado dependerá de su aplicación

La Ley MAPE plantea cambios que abarcan la formalización, las autorizaciones sectoriales, la certificación ambiental, la trazabilidad del mineral y la inclusión financiera. Su alcance comprende a distintos participantes de la cadena productiva y contempla la creación de un organismo especializado para gestionar parte de estos procedimientos.

Sin embargo, el proyecto todavía debe atravesar el debate legislativo. A la fecha de cierre de este artículo, no corresponde presentarlo como una ley aprobada ni como un régimen ya vigente.

Para evaluar sus resultados será necesario observar si el Congreso establece salvaguardas suficientes, si el Ejecutivo dispone de recursos para fiscalizar las operaciones y si los mecanismos anunciados permiten verificar el origen de los minerales y el cumplimiento de las obligaciones ambientales.La formalización minera constituye un desafío económico, institucional y ambiental. El resultado de esta reforma dependerá no solo de las reglas que finalmente apruebe el Parlamento, sino también de la capacidad del Estado para aplicarlas, supervisarlas y exigir su cumplimiento.

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Colegios de Alto Rendimiento (COAR), 19 casos reportados de violencia sexual en 2026 y solo un 67,2 % logró el Bachillerato Internacional en 2025

Redacción Lima Gris

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Colegios de Alto Rendimiento (COAR), 19 casos reportados de violencia sexual en 2026 y solo un 67,2 % logró el Bachillerato Internacional en 2025

Información oficial del Ministerio de Educación expone la problemática de la violencia escolar en los COAR. En ese sentido, propongo incluir un protocolo específico de disciplina y atención de la violencia escolar para los COAR y secundarias con residencia.

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1 día ago

21/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

La violencia en las escuelas es un problema extendido: según el informe Behind the numbers de la UNESCO (2019), alrededor de un tercio de los estudiantes del mundo había sufrido acoso escolar al menos una vez en el mes previo a la consulta.

En Perú, los Lineamientos de 2018 disponen que todo caso de violencia escolar sea anotado en el Libro de Registro de Incidencias debe reportarse en el SíseVe, lo que da inicio al proceso de atención y seguimiento (Minedu, 2018). Por tanto, la cifra de reportes depende de que los hechos sean conocidos, denunciados y registrados, y no equivale a la incidencia de la violencia. Los protocolos de atención fueron actualizados por la Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU, publicada el 2 de setiembre de 2025, que modificó el Anexo 03: “Protocolos para la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes”.

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) son instituciones públicas de régimen residencial que atienden a estudiantes con habilidades sobresalientes y alto desempeño académico, artístico o deportivo. La combinación de residencia estudiantil, alta exigencia académica y convivencia permanente entre pares y adultos hace relevante conocer cómo evoluciona la violencia reportada en estos colegios y qué apoyos reciben los estudiantes.

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) no son administrados por las UGEL ni por las DRE; su gestión técnica, administrativa y presupuestaria está a cargo directo del Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE).

Entre 2019 y 2026, los Colegios de Alto Rendimiento registraron 66 reportes de violencia escolar en el SíseVe (Tabla 1). Detrás de esa cifra hay adolescentes que viven lejos de casa, bajo un mismo techo, durante meses.

Lo primero que muestran los datos es que los reportes subieron. De 49 en 2022 pasaron a 78 en 2023, el máximo de la serie, con una tasa de 10,6 por cada mil estudiantes (Figura 1). En 2026, con el año todavía abierto, ya van 66, más que en todo 2025. Es una cifra parcial hasta agosto del 2026.

Lo segundo es un cambio de fondo en quién ejerce la violencia reportada. Los reportes de presunta violencia de parte de un adulto a estudiante cayeron de 42 a 19 entre 2023 y 2026, mientras los de estudiante a estudiante crecieron cada año desde 2022 y llegan a 47 (Figura 1). Y hay un detalle que no debería pasar inadvertido: los reportes de violencia sexual entre estudiantes pasaron de 3 en 2023 a 16 en 2026. Por tipo, la violencia psicológica concentra el 42,8 % del total, la sexual el 32,8 % y la física el 24,4 %.

Un reporte no es un hecho probado. No sabemos cuántos se confirmaron, qué acciones reparadoras y de prevención implementaron los 24 COAR a nivel nacional. El Minedu nos informó que el área de bienestar de los COAR realiza el soporte socioemocional «de acuerdo a normativa». Es decir, no existe un protocolo para atender los casos reportados considerando el contexto de residencia de los estudiantes en los COAR.

Respecto al Bachillerato Internacional (IB) el gasto ejecutado en ese programa suma más de 56 millones de soles desde 2019-2026 (Tabla 2, Figura 2). ¿Y los resultados? Entre 2019 y 2025, el promedio es 62,6 % de los inscritos obtuvo el diploma, con años tan dispares como 49,3 % en 2020 y 80,6 % en 2021 (Tabla 3, Figura 3). La cifra de quienes obtuvieron el diploma IB en 2025 fue de 67,2% (1168) de 1737 inscritos para obtener el diploma.

No se puede establecer una relación entre obtener el diploma IB y la gestión de la convivencia escolar. Existe amplia literatura académica respecto a la relación entre un alto nivel de significancia entre las variables de convivencia escolar y rendimiento académico.

Lo que sí creo es que la excelencia académica y el bienestar de los estudiantes no deberían administrarse como asuntos separados sin que alguien lo haya decidido a propósito. Un colegio exigente no se mide solo por cuántos diplomas entrega, sino también por cómo cuida a quienes los persiguen.

El cuadro consigna el total de los COAR, sin desglose por colegio. Para 2026, el Minedu informa que aún no se realiza la evaluación, por lo que no hay resultados. El soporte socioemocional lo brinda el área de bienestar de los COAR; el convenio con el IB no incluye la convivencia escolar.

El Minedu presentó el proyecto de «Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica», prepublicado mediante la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU para recibir aportes entre el 13 y el 27 de octubre de 2026.

Al tratarse de colegios con residencia estudiantil quienes albergan a los mejores alumnos de los últimos tres años de educación secundaria bajo administración directa de la DIGESE – MINEDU, el proyecto de lineamientos de disciplina escolar en consulta no precisa cómo se aplicará la separación definitiva ni de qué manera el sector garantizará la continuidad de estudios de los alumnos que viven dentro de los planteles.

Mi propuesta es incluir un protocolo específico de disciplina y atención de la violencia escolar para los COAR y secundarias con residencia, que defina las competencias directas de la DIGESE para la atención de casos, el debido proceso y la reubicación escolar de corresponder.

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UTEA: Protestas, disputa por el rectorado y medidas de Sunedu ponen a prueba la gobernabilidad universitaria

La toma del campus en la ciudad de Abancay y los reclamos por la continuidad de las autoridades desencadenaron varios días de tensión y paralización en la universidad.

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1 día ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña

La Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA), en Abancay, atravesó días de protestas estudiantiles, paralización de actividades y cuestionamientos a la conducción de sus autoridades. El conflicto, que llegó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), abrió un nuevo frente sobre la gobernabilidad de la casa de estudios, mientras el anuncio del reinicio de clases y las medidas provisionales para garantizar la continuidad del proceso electoral dejaron pendiente una cuestión central: si las acciones adoptadas lograrán restablecer la estabilidad institucional y atender los reclamos de la comunidad universitaria.

El conflicto tomó mayor fuerza el 12 de octubre, cuando estudiantes de distintas carreras ingresaron al campus de Abancay y exigieron el retiro de Carolina Soto Carrión, quien se desempeñaba como rectora interina. Durante la jornada se registraron momentos de tensión, lanzamiento de objetos y huevos, mientras las autoridades cuestionadas se retiraban del recinto, según informó la prensa regional.

Carolina Soto Carrión, cuestionada por estudiantes durante las protestas en la UTEA.

La crisis ya había llegado a la entidad supervisora. El 8 de octubre, Sunedu se reunió con representantes estudiantiles, docentes y trabajadores, además de los congresistas Luz Mérida Soto Ferrari y Jesús Pérez Alccahuamán. Durante el encuentro se expusieron preocupaciones relacionadas con la conducción universitaria, el registro de autoridades y la continuidad de las actividades presenciales. La entidad anunció que evaluaría los asuntos presentados y realizaría acciones de supervisión.

En el plano académico, los días de paralización generaron preocupación por el desarrollo de las clases. El 13 de octubre, Loayza anunció que las actividades académicas se reanudarían al día siguiente. Sin embargo, el anuncio no significaba que las diferencias sobre la conducción de la universidad estuvieran resueltas. La normalización de las clases y la solución del conflicto institucional eran asuntos distintos.

El 14 de octubre, Sunedu adoptó medidas provisionales dirigidas a garantizar la participación de las autoridades en los órganos de gobierno y la continuidad del proceso electoral. La decisión buscaba evitar que la disputa paralizara el funcionamiento institucional mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. No obstante, estas medidas no equivalían a una declaración de que todos los reclamos estudiantiles habían sido atendidos ni suponían, por sí mismas, el cierre definitivo de la crisis.

A partir de entonces, el desafío para la UTEA pasó por sostener las actividades académicas, aclarar la situación de sus autoridades y encaminar la elección de una nueva dirección. El plazo de 90 días anunciado por la rectora interina colocó el proceso electoral entre los principales asuntos pendientes, mientras la comunidad universitaria esperaba respuestas sobre la legitimidad de la conducción y las condiciones para recuperar la estabilidad.

Al cierre de esta nota, el 20 de octubre, las medidas adoptadas por Sunedu y el proceso electoral anunciado marcan el rumbo inmediato de la UTEA. Si bien se comunicó el reinicio de las clases para el 14 de octubre, aún queda por confirmar si las actividades se han normalizado por completo y si las protestas han cesado definitivamente. La evolución del caso dependerá del cumplimiento de las disposiciones adoptadas, de la claridad sobre la conducción de la universidad y de las respuestas que reciban los reclamos de su comunidad. Por ahora, no hay elementos suficientes para dar por superada la crisis institucional.

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Ministerio de la Producción desafía mandato judicial y mantiene en disputa los derechos de dos embarcaciones pesqueras

El empresario Félix Eche Antón denuncia que el Ministerio de la Producción se niega a ejecutar una decisión judicial que ordena reconocer sus derechos sobre las embarcaciones anchoveteras San Jacinto II y San Jacinto III. La controversia involucra al viceministro de Pesquería, Jesús Barrientos Ruiz, y pone bajo cuestionamiento la actuación de los funcionarios responsables de cumplir el mandato judicial.

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1 día ago

21/10/2026

Redacción Lima Gris

Una decisión judicial está en el centro de una controversia que compromete al Ministerio de la Producción (Produce) y enfrenta a un empresario pesquero con la administración pública. Félix Eche Antón sostiene que, pese a existir un mandato judicial a su favor, los funcionarios del sector se niegan a reconocer los derechos administrativos de dos embarcaciones anchoveteras cuya titularidad reclama desde hace décadas.

Según el informe publicado por Diario UNO, el caso involucra a las embarcaciones San Jacinto II, con matrícula PT-5127, y San Jacinto III, con matrícula PT-3971. Según la denuncia del empresario, la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero, dependencia vinculada al Viceministerio de Pesquería y Acuicultura, mantiene una posición que impide restituir los derechos que reclama sobre ambas naves.

Eche Antón señala directamente al viceministro Jesús Barrientos Ruiz y cuestiona la actuación de Jocabed Canchari Soto, funcionaria a quien identifica como una de las responsables de recomendar decisiones administrativas contrarias a sus intereses. La denuncia plantea una interrogante de fondo: ¿puede una entidad del Estado mantener decisiones administrativas que, según el afectado, contradicen un mandato judicial?

Una orden judicial que sigue en disputa

El empresario afirma que el Juzgado Penal Unipersonal Liquidador de Paita ordenó reconocerlo como único y legítimo propietario de las embarcaciones y restituir los derechos administrativos correspondientes a las naves San Jacinto II, anteriormente denominada Silvia, y San Jacinto III, antes conocida como Serpentina.

Las embarcaciones tienen bodegas de 167,27 y 106,27 metros cúbicos, respectivamente. Ambas estaban destinadas a la extracción de anchoveta para el consumo humano indirecto, actividad sujeta a las autorizaciones y condiciones establecidas por la normativa pesquera.

De acuerdo con Eche Antón, Produce no solo se ha negado a reconocer los derechos que reclama, sino que también ha emitido resoluciones administrativas que cuestionan la inscripción de las naves y dificultan la recuperación de sus permisos de pesca.

El denunciante sostiene que estas decisiones desconocen tanto el mandato judicial como los antecedentes de las embarcaciones, que pertenecieron a la empresa estatal Pesca Perú y contaban con autorización para realizar faenas de pesca.

La controversia tiene consecuencias económicas concretas. Sin el reconocimiento de los derechos administrativos y sin la posibilidad de tramitar las autorizaciones correspondientes, el empresario afirma que no puede completar el procedimiento para obtener las licencias de pesca ni acceder a los porcentajes máximos de captura por embarcación (PMCE) que considera aplicables conforme al Decreto Legislativo N.° 1084.

Una disputa que se remonta a 1986

El origen del conflicto se encuentra en la transferencia de embarcaciones pesqueras estatales al sector privado. Los Decretos Leyes N.° 20523 y N.° 21558 regularon este proceso, mientras que la Resolución Ministerial N.° 256-78-PE autorizó expresamente la transferencia de las naves involucradas, según los antecedentes invocados por el empresario.

En 1986, Félix Eche Antón adquirió formalmente las embarcaciones Silvia y Serpentina mediante escritura pública suscrita con Ostilio Jorge Gómez Ávalos y su esposa. Según su versión, la operación comprendió la transferencia de la propiedad y de los derechos inherentes y accesorios, incluidos los permisos y las licencias de pesca.

Sin embargo, el empresario sostiene que los anteriores propietarios realizaron una doble venta de las embarcaciones, hecho que desencadenó el prolongado conflicto sobre su titularidad y los derechos vinculados a la actividad pesquera.

Eche Antón asegura que realizó faenas de pesca hasta 1996 y que posteriormente también pudo operar mediante una medida cautelar. No obstante, denuncia que Produce aún no le permite completar el procedimiento administrativo necesario para recuperar los derechos que reclama por mandato judicial.

El Estado frente a sus propias decisiones

El caso exige esclarecer qué dispone exactamente la resolución judicial, qué actuaciones ha realizado Produce para cumplirla y cuáles son los fundamentos jurídicos de las decisiones administrativas cuestionadas.

La denuncia de Eche Antón sitúa bajo escrutinio al viceministerio responsable del sector y plantea la necesidad de determinar si las resoluciones emitidas por sus dependencias se ajustan al mandato judicial y al marco legal aplicable.

También corresponde conocer la posición oficial de Jesús Barrientos Ruiz y de los funcionarios señalados, así como las razones por las que Produce no habría reconocido los derechos reclamados por el empresario.

Después de décadas de litigio, la controversia no se limita a la propiedad de dos embarcaciones. Lo que está en discusión es el cumplimiento de una decisión judicial y la obligación de la administración pública de actuar conforme a la ley. Si existe un mandato firme y exigible, corresponde establecer por qué no se ha ejecutado; si Produce sostiene una interpretación distinta, debe explicar sus fundamentos.

La respuesta no puede quedar reducida a una disputa entre un empresario y una oficina ministerial. La ciudadanía tiene derecho a conocer si las instituciones del Estado cumplen las decisiones judiciales y quiénes son responsables de las actuaciones administrativas que mantienen abierto el conflicto.

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Fiscalía cuestiona aumento presupuestario del 16 % y pide recursos urgentes para enfrentar el crimen organizado

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, considera insuficiente el incremento planteado por el Ejecutivo para 2027. Además, solicitó al Congreso un crédito suplementario de S/ 232,5 millones para garantizar la continuidad operativa del Ministerio Público durante los últimos meses de 2026.

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3 días ago

20/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La falta de recursos económicos vuelve a colocar al Ministerio Público en el centro del debate sobre la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad en el Perú. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó el incremento presupuestario del 16 % propuesto por el Poder Ejecutivo para el año fiscal 2027, al considerar que no responde a las necesidades de la institución ni compensa las restricciones acumuladas durante los últimos años.

En declaraciones difundidas por RPP el sábado 17 de octubre, Gálvez advirtió que la Fiscalía podría enfrentar dificultades para pagar las remuneraciones de parte de su personal en noviembre y diciembre si no se aprueba una asignación adicional. Por ese motivo, informó que solicitó al Congreso de la República un crédito suplementario de carácter urgente. La controversia no se limita al pago de salarios: también comprende los recursos necesarios para la movilidad, los bienes y servicios, la contratación de peritos y el funcionamiento de las unidades fiscales. RPP, 17 de octubre de 2026.

Un aumento que la Fiscalía considera insuficiente

El incremento del 16 % planteado por el Ejecutivo para el presupuesto institucional de 2027 no satisface, según Gálvez, las necesidades financieras del Ministerio Público. El titular de la institución sostuvo que la propuesta ni siquiera permitiría recuperar el nivel presupuestario que considera necesario para su funcionamiento regular y señaló que la Fiscalía requiere una asignación mucho mayor.

La posición del fiscal de la Nación se relaciona con el presupuesto que la institución solicitó para el próximo ejercicio fiscal. De acuerdo con una nota oficial del Ministerio Público publicada el 7 de octubre, la demanda global presentada para 2027 asciende a S/ 6.902,1 millones. Sin embargo, la entidad identificó una brecha de financiamiento de S/ 3.561,5 millones, equivalente al 51,6 % del presupuesto total requerido.

Esta diferencia, según la Fiscalía, compromete la continuidad de sus operaciones, el cumplimiento de obligaciones laborales y la implementación de medidas destinadas a reforzar la investigación de delitos. Entre las áreas mencionadas figuran la ciberdelincuencia, las unidades de flagrancia, el Sistema Nacional Especializado de Justicia, la extorsión y otros delitos conexos.

La cifra corresponde a la demanda presupuestaria institucional para 2027, por lo que no debe confundirse con el monto finalmente aprobado ni con el presupuesto que la entidad tiene disponible durante 2026. Ministerio Público, 7 de octubre de 2026.

S/ 232,5 millones para cerrar el año fiscal

La preocupación más inmediata de la Fiscalía se concentra en los recursos necesarios para culminar 2026. Gálvez informó que solicitó al Congreso un crédito suplementario de S/ 232,5 millones, con el objetivo de asegurar la operatividad de los despachos fiscales durante el cierre del año.

El pedido busca evitar que la falta de liquidez afecte el pago de remuneraciones y la continuidad de los servicios institucionales. En declaraciones a RPP, el fiscal de la Nación advirtió que, sin recursos adicionales, el Ministerio Público podría quedarse sin fondos suficientes para pagar los salarios de parte de su personal durante noviembre y diciembre.

La solicitud de este crédito suplementario debe distinguirse del debate sobre el presupuesto de 2027: mientras el primero busca atender necesidades inmediatas para terminar el presente ejercicio fiscal, el segundo corresponde a la planificación financiera del siguiente año.

El planteamiento abre una discusión sobre la capacidad del Estado para garantizar que una institución encargada de investigar delitos pueda mantener sus operaciones sin interrupciones.

No obstante, la aprobación del crédito depende del procedimiento presupuestario correspondiente y de las decisiones de las autoridades competentes.

Falta de logística y limitaciones en las unidades de flagrancia

El reclamo presupuestario también comprende las condiciones materiales en las que trabajan los fiscales. Gálvez explicó que la falta de personal y logística llevó al Ministerio Público a unificar los turnos de las unidades de flagrancia a nivel nacional, debido a que la institución no contaba con suficientes recursos para cubrir ambos horarios.

Estas unidades buscan agilizar la atención de casos en los que una persona es intervenida en circunstancias de flagrancia. Su funcionamiento requiere coordinación entre las instituciones del sistema de justicia, además de disponibilidad de fiscales, personal de apoyo, equipos y recursos logísticos.

Según lo declarado por el fiscal de la Nación, la reorganización interna permitió atender el problema relacionado con los turnos, pero no resolvió las carencias materiales. Entre las necesidades pendientes mencionó la movilidad, los bienes y servicios y la disponibilidad de peritos que puedan intervenir oportunamente en los casos.

Las limitaciones logísticas son especialmente relevantes en investigaciones que requieren diligencias inmediatas, evaluación de evidencias y actuaciones especializadas. Sin embargo, para determinar el efecto concreto de estas carencias sobre los tiempos de investigación o la resolución de casos, sería necesario contar con indicadores comparables de desempeño fiscal.

La brecha institucional: infraestructura, tecnología y personal

El diagnóstico presentado por el Ministerio Público ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República el 7 de octubre detalló otros problemas que, de acuerdo con la entidad, restringen su capacidad operativa.

Entre los principales datos comunicados oficialmente figuran:

Infraestructura: 426 de las 580 sedes fiscales se encuentran en condición vulnerable, lo que representa el 73,5 %.
Equipos informáticos: la institución reportó 18.335 equipos obsoletos con más de nueve años de antigüedad.
Medicina Legal: se informó que el 34,3 % de los requerimientos periciales no había sido atendido, con 3.935 solicitudes sin perito asignado.
Flota vehicular: 196 vehículos se encontraban en reparación o destinados a baja, equivalentes al 17,8 % de la flota reportada.
Situación de los fiscales: 4.687 fiscales, el 52,9 % del total indicado por la entidad, trabajaban en condición de provisionales y requerían pasar a la titularidad.

El Ministerio Público también señaló que proyectaba una carga cercana a los tres millones de casos para 2026. Para atenderla, informó contar a escala nacional con 1.472 dependencias fiscales, 8.454 fiscales y 5.435 asistentes en función fiscal.

Estas cifras reflejan las necesidades institucionales descritas por la propia Fiscalía. Su impacto debe analizarse junto con la distribución territorial de los recursos, la carga procesal de cada despacho y los resultados de las investigaciones, información que permitiría identificar dónde se concentran las mayores dificultades.

Crimen organizado, minería ilegal y otros delitos bajo investigación

El debate presupuestario se desarrolla en un escenario en el que el Ministerio Público busca fortalecer las investigaciones sobre criminalidad organizada, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

En su balance del 7 de octubre, la institución informó que había realizado 825 operativos contra el crimen en lo que iba de 2026. De acuerdo con el desglose difundido, 417 estuvieron relacionados con el tráfico ilícito de drogas, 322 con materia ambiental, 55 con criminalidad organizada y 31 con corrupción de funcionarios.

Estos datos corresponden a operativos comunicados por la Fiscalía y no deben interpretarse como el número total de investigaciones, denuncias, personas detenidas o condenas por esos delitos. Cada indicador mide una actividad distinta.

La entidad sostuvo que el fortalecimiento de sus capacidades permitiría consolidar investigaciones y atender las necesidades de áreas estratégicas. En particular, señaló que las restricciones presupuestarias limitan la atención de asuntos relacionados con ciberdelincuencia, extorsión, delitos conexos y unidades de flagrancia.

El financiamiento, por sí solo, no garantiza una reducción de la criminalidad. Para evaluar los resultados también será necesario observar la calidad de las investigaciones, la coordinación con la Policía Nacional y el Poder Judicial, la disponibilidad de personal especializado y la capacidad de llevar los casos ante los tribunales.

El Congreso y el Ejecutivo, ante la discusión presupuestaria

La solicitud de recursos adicionales coloca al Congreso de la República ante el pedido de crédito suplementario para cerrar 2026, mientras continúa el proceso de discusión del presupuesto correspondiente a 2027.

La documentación publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas permite consultar el proyecto de presupuesto del sector público para el próximo año y sus anexos. Estos documentos son relevantes para contrastar la propuesta general del Ejecutivo con los requerimientos presentados por cada entidad.

En este caso, resulta necesario distinguir tres elementos: el incremento del 16 % mencionado por Gálvez, la demanda global de S/ 6.902,1 millones presentada por el Ministerio Público para 2027 y la brecha de S/ 3.561,5 millones calculada por la institución. Son cifras con alcances distintos y no deben presentarse como si fueran montos equivalentes.El cuestionamiento central expuesto por el fiscal de la Nación es que el aumento planteado no cubriría las necesidades institucionales. Para completar el contraste periodístico, corresponde incorporar la respuesta del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los criterios utilizados para definir la propuesta, así como el estado del trámite del crédito suplementario ante el Congreso.

Un debate que va más allá del monto

La discusión sobre los recursos de la Fiscalía plantea una cuestión central para el sistema de justicia: cómo garantizar que las investigaciones penales cuenten con personal, tecnología, infraestructura y servicios especializados suficientes para funcionar de manera continua.

El Ministerio Público sostiene que existe una brecha significativa entre lo solicitado y lo necesario para mantener sus operaciones. El Ejecutivo, por su parte, debe explicar los criterios de su propuesta presupuestaria y el margen disponible para atender las necesidades planteadas por la institución.

La decisión sobre los recursos tendrá que evaluarse no solo por el porcentaje de incremento, sino también por la distribución del dinero, las prioridades de gasto y los resultados que puedan medirse posteriormente. En una coyuntura marcada por la preocupación ciudadana ante la criminalidad, el reto será asegurar que el financiamiento público se traduzca en una capacidad efectiva para investigar delitos y sostener el trabajo fiscal.

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Federación Peruana de Periodistas exige acciones urgentes para proteger las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa

La Federación de Periodistas del Perú alertó sobre el deterioro de este patrimonio de la humanidad, las ocupaciones en zonas intangibles y la falta de financiamiento para su conservación. La institución demanda mayor transparencia, vigilancia efectiva y medidas concretas para garantizar su protección.

Published

3 días ago

19/10/2026

Redacción Lima Gris

La Federación de Periodistas del Perú (FPP) expresó su profunda preocupación por las afectaciones y deficiencias en la gestión de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, y exigió al Estado peruano medidas urgentes para garantizar la conservación de este legado arqueológico, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1994.

El pronunciamiento se produjo tras la exposición de la abogada Noemy Castañeda Pacheco, representante de ciudadanos y defensores del patrimonio de Nasca, durante el V Congreso Nacional y V Foro Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas del Perú y del Abya Yala, realizado en Lima del 12 al 15 de octubre de 2026. La intervención tuvo lugar el martes 13 de octubre, en un encuentro coorganizado por la FPP, como integrante de la sociedad civil, por invitación de OBAAQ-Perú.

Durante su presentación, Castañeda denunció una serie de afectaciones al patrimonio y cuestionó las deficiencias en su administración, varios de cuyos antecedentes figuran en documentos oficiales.

Uno de los casos señalados corresponde a la decisión adoptada en 2025 por el Ministerio de Cultura de reducir en aproximadamente 2.400 km² el área de la Reserva Arqueológica de Nasca. Tras las críticas de ciudadanos, especialistas e instituciones, la medida fue dejada sin efecto y se restituyó la extensión original de 5.633 km². Por estos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar que continúa en curso.

Asimismo, el Ministerio de Cultura ha sancionado daños irreversibles a geoglifos ocasionados por actividades agrícolas dentro de la reserva y ha documentado y remitido a la Fiscalía afectaciones al entorno del sitio arqueológico de Paredones.

A estas situaciones se suma una advertencia de la Contraloría General de la República, emitida en diciembre de 2025, sobre ocupaciones en zonas intangibles, acumulación de residuos y deficiencias en la vigilancia. El organismo también alertó que el Plan de Gestión aprobado en 2015 no se había ejecutado por falta de financiamiento.

Frente a este panorama, la FPP reconoció que el desarrollo urbano, agrícola y de infraestructura es legítimo y necesario para la población de Nasca y Palpa. Sin embargo, advirtió que el progreso no puede justificar la destrucción de un bien de valor universal y recordó que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, con respeto al debido proceso.

Cinco exigencias para proteger el patrimonio

La Federación respaldó las propuestas presentadas durante el encuentro y planteó cinco medidas prioritarias para fortalecer la protección y la gestión de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa.

En primer lugar, demandó al Ministerio de Cultura evaluar la creación de una unidad ejecutora especializada para Nasca y Palpa, con competencias definidas, recursos suficientes, autonomía operativa y mecanismos de rendición de cuentas. También exigió garantizar el financiamiento y la ejecución del Plan de Gestión, con metas públicas, plazos e indicadores verificables.

En segundo lugar, pidió priorizar la delimitación física de los sectores más vulnerables mediante hitos georreferenciados, señalización visible y cartografía oficial actualizada. Esta labor deberá diferenciar técnicamente y jurídicamente las áreas arqueológicas de las zonas urbanas y agrícolas, en coordinación con las municipalidades, el Gobierno Regional de Ica y las autoridades competentes.

Como tercera medida, propuso actualizar, transparentar y articular la información geográfica arqueológica del Estado con los sistemas de catastro, titulación, actividad minera e infraestructura, a fin de identificar posibles superposiciones antes de autorizar intervenciones.

La cuarta exigencia está dirigida a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. A la primera, la FPP le pidió dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones; al segundo, actuar con celeridad en las investigaciones abiertas por afectaciones al patrimonio.

Finalmente, reclamó la publicación de información verificable sobre la recaudación y el destino de los ingresos vinculados a la actividad turística en Nasca y Palpa, además de la promoción de mecanismos de financiamiento sostenible para la conservación, la vigilancia, la investigación y la participación de las comunidades locales.

Ciudadanos en defensa del legado de María Reiche

La FPP saludó a los ciudadanos de Nasca y Palpa que, siguiendo el ejemplo de María Reiche, dedican sus esfuerzos a vigilar y defender este legado histórico. Asimismo, sostuvo que su labor debe contar con canales de denuncia accesibles, respuestas oportunas y garantías para ejercer su defensa del patrimonio.

La institución anunció que permanecerá vigilante y utilizará los mecanismos institucionales a su alcance para exigir información veraz sobre el estado de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano.

La defensa de este patrimonio no puede quedarse en declaraciones: requiere presupuesto, vigilancia, transparencia y acciones concretas para evitar que un legado irreemplazable desaparezca.

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Extorsiones al transporte público: nuevos ataques mantienen en alerta a conductores y pasajeros

Dos ataques registrados en Chosica y San Juan de Miraflores dejaron tres personas heridas el 15 de octubre. Un día antes de la publicación de esta nota, las investigaciones contra presuntas redes de extorsión también registraban operativos en Lima y el Callao

Published

4 días ago

19/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La extorsión contra el transporte público continúa representando un desafío para la seguridad ciudadana en Lima y Callao. Las amenazas contra conductores y empresas, las exigencias de pagos ilegales y los ataques contra unidades afectan a quienes trabajan en el sector y a los pasajeros que dependen diariamente de este servicio para movilizarse.

El jueves 15 de octubre se registraron dos ataques armados contra vehículos de transporte público en Lurigancho-Chosica y San Juan de Miraflores. Los hechos dejaron tres personas heridas: dos conductores y una pasajera, según reportó El Comercio. Las víctimas fueron trasladadas a centros de salud, mientras que las circunstancias de ambos casos quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes.

El primer ataque ocurrió en la avenida Chosica, cerca del sector Aviadores. El segundo se produjo en la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores, donde una cúster recibió disparos. En este último caso, el conductor y una pasajera fueron trasladados al Hospital de Apoyo María Auxiliadora.

Aunque los hechos se produjeron en la misma noche, no corresponde afirmar que ambos ataques estén relacionados entre sí sin una confirmación de las autoridades. La investigación debe establecer las circunstancias de cada caso y determinar si existieron amenazas extorsivas previas.

214 atentados registrados en Lima y Callao

La dimensión del problema también se refleja en las estadísticas del Ministerio Público. Un reporte de su Observatorio de Criminalidad, difundido por el diario oficial El Peruano el 30 de junio de 2026, identificó 214 atentados vinculados con presuntos actos de extorsión contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026.

El balance registró 283 víctimas: 152 fallecidas y 131 heridas. Según el informe, los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores concentraron una parte importante de los atentados analizados.

Las cifras permiten dimensionar la gravedad de la violencia contra el sector, pero deben interpretarse dentro del periodo estudiado. No constituyen un recuento actualizado hasta octubre de 2026 ni deben presentarse como el total definitivo de víctimas de este año.

La extorsión no afecta únicamente a los propietarios de las empresas. Los conductores, cobradores y otros trabajadores pueden quedar expuestos a amenazas, mientras que los usuarios enfrentan el riesgo de viajar en unidades que puedan ser objeto de ataques. Además, el temor y las interrupciones del servicio pueden alterar los desplazamientos cotidianos y las actividades económicas.

Foto: El Peruano

Operativos contra presuntas redes de extorsión

La respuesta de las autoridades también se reflejó en operativos realizados durante la semana. El 15 de octubre, la Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de diez presuntos integrantes de una organización criminal denominada “Al-Qaeda”, investigada por extorsionar a empresas de transporte público en el Callao.

Según la información difundida por la Agencia Andina, el operativo se ejecutó durante la madrugada y comprendió intervenciones en distintos inmuebles. La Policía indicó que las acciones se desarrollaron con apoyo de las Fuerzas Armadas y en el marco de las operaciones contra la criminalidad.

Al día siguiente, el Ministerio Público informó sobre otro operativo vinculado con la misma denominación de la presunta organización. La Fiscalía señaló que nueve personas quedaron detenidas de manera preliminar y que la investigación comprendía a conductores de rutas formales e informales. De acuerdo con las pesquisas fiscales, al menos 83 choferes habrían sido víctimas de las exigencias económicas atribuidas a la red.

La información difundida por las autoridades presenta diferencias en el número de personas detenidas y en el desarrollo de las intervenciones. Por ello, antes de publicar un balance definitivo, es necesario precisar si los reportes corresponden a etapas distintas del operativo o a resultados actualizados. Las personas investigadas deben ser identificadas como presuntos implicados mientras no exista una sentencia firme.

López Mendoza destacó que las intervenciones forman parte de las acciones conjuntas que desarrollan las fuerzas del orden para combatir la criminalidad y desarticular organizaciones vinculadas con delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Tecnología y patrullaje: ¿qué medidas se están aplicando?

La respuesta institucional no se limita a los operativos policiales. En abril de 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre la implementación de un visor de seguridad para apoyar la prevención de delitos contra el transporte público.

La herramienta integra información de rutas autorizadas, empresas y vehículos habilitados con datos policiales sobre casos de extorsión y sicariato. Su objetivo es identificar zonas de riesgo y contribuir a que las autoridades orienten el patrullaje preventivo hacia los puntos críticos.

Posteriormente, el 16 de junio, la ATU informó que entregó al Ministerio del Interior una plataforma tecnológica para que la Policía pueda monitorear las rutas de los buses en tiempo real y mejorar su respuesta ante hechos delictivos.

Estas medidas constituyen herramientas de prevención y coordinación; sin embargo, su existencia no demuestra por sí sola que los ataques hayan disminuido. Para evaluar sus resultados, se necesita conocer cuántas alertas se atienden, en cuánto tiempo responde el personal policial, qué zonas reciben vigilancia y cómo evolucionan los casos denunciados.

En paralelo, la ATU mantiene el programa ASYSTE, que brinda orientación y apoyo legal a operadores, conductores y cobradores afectados por extorsiones y otros delitos. La entidad ha informado que esta estrategia busca facilitar las denuncias, proteger a las víctimas y articular la intervención de las instituciones competentes.

La ATU informó que su plataforma de seguridad permite cruzar información de rutas con datos policiales para orientar las acciones preventivas. Foto: ATU.

El reto de proteger a quienes mantienen las rutas en funcionamiento

Los ataques y las investigaciones recientes vuelven a plantear preguntas sobre la seguridad del transporte urbano. Las intervenciones policiales permiten avanzar en la identificación de presuntos responsables, pero la protección cotidiana de conductores, cobradores y pasajeros requiere también prevención, investigación fiscal, atención a las víctimas y coordinación entre las instituciones.

Para conocer los resultados concretos de las medidas anunciadas, es necesario que las autoridades publiquen información verificable sobre las intervenciones, las denuncias recibidas, los casos esclarecidos y la respuesta ante las amenazas. También resulta importante que las empresas y los gremios puedan comunicar sus preocupaciones sin exponer la identidad ni la seguridad de quienes denuncian.

Al cierre de esta nota, los ataques registrados el 15 de octubre y los operativos comunicados los días 15 y 16 mantienen el tema en la agenda de seguridad ciudadana. El seguimiento periodístico deberá determinar si se han producido nuevos hechos durante el fin de semana, qué avances tienen las investigaciones y qué medidas adicionales se han dispuesto para proteger las rutas.

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Guayaquil: La cruz que debía presidir la fe terminó con la vida del sacerdote Patricio Sánchez Molinari [VIDEO]

Una misa transmitida en directo se convirtió en escenario de una tragedia que sacudió a Ecuador. El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió después de que una pesada cruz se desprendiera y cayera sobre su cabeza. Pero más allá de las imágenes que estremecieron a las redes sociales, el caso deja una pregunta incómoda: ¿se pudo evitar esta muerte?

Published

4 días ago

18/10/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

La tragedia ocurrió en un lugar donde los fieles acuden buscando paz, consuelo y esperanza. El sábado 17 de octubre, mientras el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, una enorme cruz de madera se desprendió de su posición y cayó sobre él, el religioso falleció inmediatamente a consecuencia del impacto, este episodio quedó registrado en la transmisión en vivo de la ceremonia.

El accidente que obliga a mirar más allá de las imágenes

La caída de la cruz plantea interrogantes que todavía no tienen una respuesta pública concluyente. ¿Qué falló para que una estructura de ese tamaño se desprendiera en pleno oficio religioso? ¿Cuándo fue instalada y cuándo se inspeccionó por última vez? ¿Existían señales de deterioro en sus soportes o en la pared donde estaba fijada?

Estas preguntas no constituyen acusaciones contra la parroquia ni permiten afirmar que existió negligencia, son, precisamente, los aspectos que una investigación debería esclarecer para determinar si se trató de un accidente imprevisible o de un riesgo que pudo detectarse a tiempo.

Hasta la información difundida este domingo 18 de octubre, no se había comunicado públicamente una causa definitiva del desprendimiento, tampoco se había explicado de manera concluyente el estado de los anclajes de la estructura.

Una muerte ante los ojos de quienes seguían la misa

El hecho adquirió una dimensión especialmente perturbadora porque la ceremonia estaba siendo transmitida en directo por redes sociales, lo que debía ser un momento de recogimiento quedó interrumpido por el desplome de la cruz y la desesperación de los asistentes, que intentaron auxiliar al sacerdote pidiendo ayuda.

La transmisión convirtió una tragedia ocurrida dentro de un templo en un episodio presenciado también por personas que seguían la celebración a distancia, la difusión de estas imágenes obliga, además, a considerar el respeto debido al fallecido, a su familia y a la comunidad religiosa, evitando convertir el sufrimiento en un espectáculo viral.

La muerte de Sánchez Molinari abre una discusión que trasciende a una sola parroquia, la seguridad de las estructuras instaladas en espacios de reunión pública, incluidos los templos religiosos.

Cruces monumentales, imágenes, lámparas y otros elementos suspendidos o fijados a paredes pueden formar parte de la identidad arquitectónica de una iglesia, precisamente por su peso y ubicación, su estabilidad y mantenimiento merecen atención preventiva.

Esto no significa que otros templos de Guayaquil presenten problemas ni que la cruz del Perpetuo Socorro estuviera necesariamente deteriorada, esto significa que conocer la causa real del accidente es fundamental para establecer responsabilidades, si las hubiera, y evitar que una tragedia semejante vuelva a ocurrir.

La investigación deberá determinar qué provocó la caída y qué medidas corresponden adoptar a partir de sus resultados, hasta entonces, cualquier afirmación sobre fallas de mantenimiento, negligencia o responsabilidades específicas sería prematura.

Patricio Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor y ejercía su labor pastoral en la iglesia del Perpetuo Socorro, su fallecimiento provocó expresiones de pesar en la comunidad católica, mientras fieles y religiosos se reunieron para acompañar a quienes compartían su vida pastoral.

La dimensión humana de esta tragedia no debe quedar sepultada bajo la repetición de las imágenes, detrás del titular hay una persona, una comunidad que pierde a su sacerdote y una familia religiosa que enfrenta una muerte inesperada.

La pregunta que queda en Guayaquil no es si la escena fue impactante: las imágenes hablan por sí solas, la pregunta decisiva es qué ocurrió con la estructura que debía permanecer en su lugar y qué se puede aprender de esta tragedia.

Un sacerdote murió este sábado tras ser aplastado por una cruz que se desprendió de la pared a la que estaba fijada y cayó sobre él en plena misa. El impactante momento quedó registrado por una cámara de la parroquia, que transmitía la celebración en vivo a través de Facebook desde Guayaquil, en Ecuador,
— Revista Lima Gris (@Limagris) October 19, 2026

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¿Adendas con nombre propio? TGP y Cálidda empujan sus prórrogas bajo una premisa equivocada

El Colegio de Ingenieros del Perú cuestiona que las expansiones del gas natural a nuevas regiones se incorporen a contratos vigentes sin concursos competitivos. Las propuestas contemplan diez años adicionales para ambas concesionarias y reabren una discusión de fondo: ¿la urgencia por llevar gas al sur justifica entregar nuevos proyectos a empresas previamente determinadas?

Published

6 días ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

La discusión sobre las adendas de Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Cálidda se ha presentado como un dilema entre acelerar la masificación del gas natural o someter los proyectos a nuevas licitaciones. Sin embargo, esa disyuntiva deja fuera una pregunta fundamental: ¿se pretende ampliar concesiones existentes o incorporar nuevos negocios a contratos que fueron adjudicados bajo otras condiciones?

No es un asunto menor. Las propuestas no se limitan a extender por diez años los plazos de ambas concesiones. También contemplan nuevas infraestructuras, mercados y territorios que no formaban parte del alcance original de los contratos. En esas condiciones, la discusión no puede reducirse al tiempo que tomaría convocar un concurso público. Antes hay que determinar si corresponde entregar directamente esos nuevos proyectos a los operadores actuales.

En los últimos días, el economista Luis Miguel Castilla ha defendido la posibilidad de recurrir a adendas frente a los costos y las demoras que supondría una nueva licitación. Para el caso de Cálidda, ha señalado que un proceso competitivo podría prolongarse entre cinco y seis años. Su argumento tiene una base atendible: el país no puede seguir postergando indefinidamente la expansión del gas natural.

Pero una cosa es reconocer la urgencia y otra muy distinta convertirla en una justificación para prescindir de la competencia. ¿Qué es exactamente lo que se pretende volver a licitar? ¿La misma concesión, con su infraestructura y sus obligaciones actuales, o proyectos nuevos que nunca fueron sometidos al concurso original?

Nuevos proyectos, viejas concesiones

En el caso de Cálidda, la propuesta busca extender la distribución de gas natural hacia siete regiones: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. El proyecto contempla nuevas redes, plantas y puntos de suministro, con la expectativa de atender inicialmente a más de 201 mil usuarios.

No se trata, por tanto, de una simple operación de continuidad contractual. Se pretende incorporar nuevos territorios y desarrollar infraestructura adicional mientras se amplía el plazo de la concesión vigente.

Con TGP ocurre algo similar. La modificación contractual incorpora el denominado Ramal Sur, una infraestructura destinada a extender el sistema de transporte de gas hacia el sur del país. La propuesta también contempla diez años adicionales de concesión.

La pregunta es inevitable: si se trata de nuevas inversiones y nuevos mercados, ¿por qué no permitir que otros operadores presenten sus propuestas? Si las condiciones de Cálidda y TGP son las más convenientes para el país, ¿qué impediría demostrarlo mediante un procedimiento competitivo?

El problema no es de nombres ni de formalidades administrativas. Es de reglas. Una modificación contractual no debería convertirse, por sí sola, en la puerta de entrada para adjudicar proyectos que exceden el ámbito original de una concesión.

El Colegio de Ingenieros cuestiona el mecanismo

El Colegio de Ingenieros del Perú ha puesto el foco precisamente en esa diferencia. En su Pronunciamiento N.° 007-2026-CIP-CN, el gremio reconoce la necesidad de acelerar la masificación del gas natural, pero advierte que la expansión hacia nuevas regiones debe desarrollarse bajo criterios de transparencia, competencia y seguridad jurídica.

Su posición apunta a un principio elemental: una adenda debe servir para modificar las condiciones de una concesión existente, no convertirse en un mecanismo para incorporar nuevos proyectos al margen de la competencia.

Por ello, el CIP plantea que las nuevas expansiones sean evaluadas mediante concursos públicos competitivos. De esa manera, el Estado podría comparar las inversiones ofrecidas, los plazos de ejecución, las condiciones económicas y los riesgos asumidos por cada participante.

La observación merece atención. Si un proyecto nuevo se incorpora directamente al contrato de una empresa instalada, sin permitir que otros operadores compitan, el resultado puede asemejarse al de una adjudicación directa. Que el instrumento empleado sea una adenda no elimina la necesidad de justificar por qué se elige ese camino y no otro.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿puede la demora del Estado convertirse en el argumento para reducir la competencia? ¿Puede una necesidad pública postergada durante años terminar justificando que los nuevos mercados tengan un operador definido antes de evaluar otras alternativas?

El propio Castilla ha reconocido los riesgos de negociar exclusivamente con el concesionario actual, entre ellos perder los beneficios que podría generar la competencia. También ha planteado la necesidad de exigir garantías, penalidades, desempeño acreditado y financiamiento efectivo de las inversiones.

Son condiciones relevantes. Pero corresponde demostrar, antes de ampliar los contratos, si las propuestas satisfacen esas exigencias y si las ventajas ofrecidas compensan el costo de prescindir de un concurso.

## La urgencia no puede convertirse en un cheque en blanco

Nadie discute que el centro y el sur del país necesitan acceso al gas natural. Las regiones llevan años esperando una solución que contribuya a reducir sus costos energéticos y ampliar las oportunidades de desarrollo. Precisamente por eso, la decisión exige mayor rigor.

¿Por qué Cálidda debe ser necesariamente la empresa encargada de ejecutar la expansión en las siete regiones? ¿Por qué el Ramal Sur debe incorporarse necesariamente a la concesión de TGP? ¿Por qué ambas operaciones deben estar acompañadas de una extensión de diez años?

Si las propuestas representan la mejor alternativa disponible, corresponde demostrarlo con información verificable, evaluaciones económicas y condiciones contractuales transparentes. La urgencia no reemplaza esa obligación.

Hay, además, una contradicción que merece examinarse. Si el Estado ha demorado durante años la expansión del gas, ¿por qué esa demora debería convertirse ahora en una razón para evitar la competencia? Los operadores que eventualmente podrían participar en una licitación no son responsables de las postergaciones del aparato estatal.

Aceptar ese razonamiento sentaría un precedente peligroso: bastaría con que un proyecto acumule años de retraso para sostener que ya no existe tiempo suficiente para convocar un concurso público.

Diez años adicionales también tienen un precio

Las adendas no solo comprometen nuevas inversiones. También conceden tiempo adicional a las empresas. Y ese plazo tiene un valor económico que no puede quedar fuera de la discusión.

En ambos casos se plantea una extensión de diez años. Por eso, la evaluación no debería limitarse a calcular cuánto tardaría una licitación. También tendría que establecer cuánto representa económicamente ese periodo adicional, qué obligaciones asumirán las concesionarias, qué riesgos conservarán y qué costos podrían trasladarse a las tarifas o al Estado.

¿Qué recibe el país a cambio de ampliar los contratos? ¿Cómo se determinará que las condiciones pactadas son las más favorables? ¿Qué mecanismos garantizarán el cumplimiento de las inversiones y evitarán que los usuarios terminen asumiendo costos que no les corresponden?

Una licitación competitiva no es un trámite que deba eliminarse cada vez que aparece una urgencia. Es un mecanismo para comparar ofertas, evaluar riesgos y establecer condiciones que protejan el interés público. Prescindir de ella también tiene un costo, aunque no siempre aparezca expresado en una cifra inmediata.

Hasta que ese costo no sea evaluado y las ventajas de las adendas no estén suficientemente acreditadas, el argumento de que una licitación demora demasiado resulta insuficiente.

La pregunta que el Gobierno debe responder

El debate no debería plantearse como una elección automática entre adendas rápidas y licitaciones lentas. La cuestión de fondo es más precisa: ¿corresponde modificar una concesión para garantizar la continuidad de lo existente o utilizarla para incorporar nuevos proyectos que deberían competir por una adjudicación?

El país necesita masificar el gas natural. Las regiones no pueden seguir esperando y el Estado tiene la obligación de encontrar soluciones eficaces. Pero esa deuda histórica no debería convertirse en una vía rápida para ampliar concesiones sin demostrar que se trata de la alternativa más conveniente.

Si TGP y Cálidda ofrecen las mejores condiciones, que lo demuestren. Si sus inversiones son las más eficientes, que se comparen. Y si las adendas representan realmente un beneficio superior para el país, el Gobierno debe explicar con cifras, estudios y condiciones contractuales por qué.

Porque el problema no es que las empresas actuales participen. El problema es que nuevos proyectos, nuevos mercados y diez años adicionales puedan terminar definidos sin una competencia que permita conocer si existe una opción mejor.

La pregunta, entonces, no es cuánto tiempo toma licitar. Es por qué el país debería renunciar a competir antes de saber qué puede ganar con ello.

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