Quinto Inuma: condenan a sus asesinos tres años después

Actualidad Quinto Inuma: condenan a sus asesinos tres años después Casi tres años después del asesinato del apu kichwa, cuatro hombres fueron condenados hasta a 35 años de prisión. El tribunal determinó que el crimen fue planificado y estuvo relacionado con la defensa del territorio que Inuma…

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Casi tres años después del asesinato del apu kichwa, cuatro hombres fueron condenados hasta a 35 años de prisión. El tribunal determinó que el crimen fue planificado y estuvo relacionado con la defensa del territorio que Inuma sostenía frente a intereses vinculados con actividades ilícitas y el aprovechamiento de los recursos naturales. La sentencia cierra una parte de la historia.

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17 segundos ago

31/08/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña Cruz

En Santa Rosillo de Yanayacu, una comunidad nativa kichwa de San Martín, el Estado puede estar presente en un documento, en una resolución, en una firma. Puede reconocer un peligro, activar una alerta y otorgar garantías. Pero otra cosa muy distinta es estar allí cuando llegan los hombres armados.

Quinto Inuma Alvarado conocía esa contradicción. Era el apu de Santa Rosillo de Yanayacu y llevaba años enfrentando una realidad que en Lima suele parecer lejana: la disputa por un territorio amazónico donde sus habitantes denunciaban tala ilegal, tráfico de tierras y narcotráfico. Entre 2016 y 2023, la comunidad presentó 13 denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales y tráfico de drogas. La vigilancia del territorio también había generado hostigamientos y agresiones contra integrantes de la ronda comunal.

Quinto no hablaba de un peligro imaginario. Denunciaba aquello que veía. Y cuando alguien se interpone frente a intereses ilegales, el bosque deja de ser solamente bosque. Se convierte en territorio en disputa.

El Estado lo sabía

Aquí aparece la parte más grave de esta historia: el Estado sabía. En 2021, una evaluación de riesgo realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos identificó la situación de los dirigentes de Santa Rosillo como de riesgo alto. En febrero de ese año se activó un procedimiento de alerta temprana a favor de Quinto y de su hermano Manuel. También existían garantías personales.

No era una advertencia menor. En julio de 2021, después de sufrir una agresión física, Quinto tuvo que ser trasladado de la comunidad en un helicóptero de la Policía Nacional.

Es decir, antes de su asesinato ya existían las amenazas, los ataques, las denuncias y la evaluación oficial que advertía del peligro. Todo estaba escrito. Lo que no estaba garantizado era que alguien pudiera impedir que ese peligro se convirtiera en realidad.

Y entonces aparece la pregunta que ninguna ceremonia oficial puede borrar: ¿Qué significa realmente proteger a una persona? Porque proteger no puede significar únicamente emitir una resolución.

El último viaje

El 29 de noviembre de 2023, Quinto regresaba a su comunidad después de participar en un encuentro de defensores ambientales en Pucallpa. Viajaba por el río Yanayacu. Era un recorrido conocido. Pero aquella vez el río se convirtió en una emboscada.

Según el Poder Judicial, los atacantes dispararon desde la orilla contra la embarcación. Quinto recibió varios impactos y murió. Axeldina Barbarán Tapullima, quien viajaba con él, resultó herida.

El tribunal estableció que hubo un acuerdo para asesinar al apu y que el crimen estuvo relacionado con su posición como dirigente y con la defensa del territorio frente a intereses vinculados con la explotación de recursos naturales. Quinto llevaba años denunciando.

Aquel 29 de noviembre dejaron de existir sus denuncias. Pero no desapareció aquello contra lo que denunciaba.

PNP en la captura de los asesinos de Quinto.

Tres años después

La justicia peruana necesitó casi tres años para llegar a una conclusión. El juicio oral comenzó en enero de 2026 y se prolongó durante casi ocho meses. Hubo 31 sesiones, 22 testigos, 13 peritos y alrededor de 76 medios probatorios documentales. Los jueces incluso se trasladaron a Tarapoto para realizar sesiones presenciales.

El resultado fue contundente. Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión. Segundo Juan Villalobos Guevara recibió 28 años y cuatro meses. Jerrly Saboya Saboya fue condenado a 15 años como cómplice primario.

El tribunal determinó, además, que Villalobos ofreció un beneficio económico para que se ejecutara el asesinato y estableció las responsabilidades de los demás condenados en la ejecución y facilitación del arma.

También fijó una reparación civil de un millón de soles: S/750.000 para los herederos de Quinto y S/250.000 para Axeldina Barbarán Tapullima, la sobreviviente del ataque. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.

La justicia llegó. Tarde, pero llegó. Y eso importa. Porque durante años estos crímenes han alimentado una sensación devastadora: que matar a quien defiende su territorio puede resultar más sencillo que protegerlo. La sentencia rompe, al menos en este caso, parte de esa lógica.

Una sentencia no devuelve a un padre

Pero una condena no puede hacer retroceder el tiempo. No devuelve a Quinto. No devuelve a un padre. No devuelve a una familia los días anteriores al asesinato.

Para Kevin Inuma, hijo del apu, las condenas significan cierta tranquilidad. Pero la historia que enfrentaba su padre continúa. Santa Rosillo de Yanayacu todavía espera la titulación de su territorio. Actualmente, nuevas personas estarían intentando ingresar a la comunidad. Ahí está la paradoja. La justicia ha encontrado a los responsables de la muerte de Quinto. Pero el problema por el que Quinto murió sigue esperando una respuesta.

La geografía amazónica, la distancia y las dificultades logísticas explicaban parte de las limitaciones de la Policía para realizar patrullajes preventivos en Santa Rosillo. Pero ninguna de esas dificultades puede convertirse en una excusa permanente para que el Estado llegue siempre después de la tragedia. La verdadera pregunta no es solamente quién disparó. La justicia ya respondió eso. La pregunta que queda pendiente es otra: ¿Por qué un hombre que había advertido durante años que estaba en peligro terminó muriendo exactamente como había advertido que podía ocurrir?

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Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Miguel Canchari Huamaní, es denunciado por falsificación y uso de documentos

Redacción Lima Gris

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Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Miguel Canchari Huamaní, es denunciado por falsificación y uso de documentos

La máxima autoridad del gremio que debe garantizar la ética y el ejercicio profesional de la arqueología enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de firmas, alteración de documentos y uso de experiencia laboral que habría sido utilizada para acreditar requisitos en una millonaria licitación de PROVIAS.

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9 horas ago

31/08/2026

Unidad de Investigación

El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) es fundamental como el organismo rector que garantiza el ejercicio ético, legal y científicamente riguroso de la arqueología en el país. Su importancia radica, en primer lugar, en la defensa y preservación del Patrimonio Cultural de la Nación, asegurando que toda investigación, excavación o intervención en sitios arqueológicos cumpla con los más altos estándares metodológicos y con la legislación vigente, como la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Al colegiar, certificar y fiscalizar a los profesionales, actúa como un baluarte contra las intervenciones inadecuadas, protegiendo así la memoria histórica y la identidad del Perú frente a amenazas constantes como la expansión urbana desordenada, el vandalismo o la explotación de recursos naturales sin la debida supervisión técnica.

Además de su rol fiscalizador y protector, es un actor clave en el fortalecimiento académico y social de la disciplina, promoviendo la capacitación continua, la investigación aplicada y la difusión responsable del conocimiento arqueológico. Funciona como un interlocutor válido y asesor técnico del Estado, particularmente del Ministerio de Cultura, en la formulación de políticas públicas, normativas y planes de gestión territorial que involucren el patrimonio.

Al mismo tiempo, vela por los derechos laborales y la dignificación de la profesión del arqueólogo, fomentando que esta ciencia no sea solo un instrumento de estudio del pasado, sino una herramienta activa para el desarrollo sostenible, el turismo cultural responsable y la revalorización de las comunidades locales como guardianas legítimas de su propio legado ancestral.

Denuncia por falsificación de documentos y fraude al Estado

La máxima autoridad del COARPE es actualmente el arqueólogo Miguel Antonio Canchari Huamaní, quien asumió el cargo en febrero del presente año, gestión que durará hasta febrero de 2028. Una arqueóloga ayacuchana denunció a Miguel Antonio Canchari Huamani de falsificar su firma y alterar fechas de proyectos de monitoreo para acreditar experiencia laboral apócrifa en una millonaria licitación de PROVIAS. El caso ha encendido las alarmas sobre la ética en la profesión que tutela el patrimonio cultural del país.

Este escándalo de proporciones nacionales ha sacudido los cimientos del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (CPAP). Miguel Antonio Canchari Huamani, actual Decano Nacional de la institución encargada de velar por la ética y el ejercicio profesional de la arqueología en el país, ha sido denunciado administrativa y penalmente por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Documentos Privados y Uso de Documento Falso, además de incurrir en faltas muy graves contra el decoro y la ética profesional.

Decano de COARPE Miguel Antonio Canchari Huamani.

La denuncia, formalizada ante el Tribunal de Honor del CPAP y puesta en conocimiento del Ministerio Público, fue interpuesta por la arqueóloga Rocio Coras Contreras, quien descubrió que su firma fue falsificada y que su historial profesional fue manipulado para acreditar una experiencia laboral inexistente a favor del propio Decano y de un contratista del Estado. El documento falsificado habría sido utilizado en la licitación en el año 2025, cuando Canchari Huamaní era director de asuntos gremiales del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, además de ser Gerente del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga (doblemente autoridad).

El detonante: una fiscalización de PROVIAS

El caso salió a la luz en abril de 2026, cuando el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS DESCENTRALIZADO), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició una fiscalización posterior al proceso de Contratación Pública Especial N° 20-2025-MTC/21-1.

Dicho proceso buscaba adjudicar el «Servicio de Consultoría de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Vial Paquete 3R Tramo: Empalme PE-16 (DV. Ocros) – Ticllos – Corpanqui – Cajamarquilla – Tacra – Ocros – Rinconada – Huanchay – Huaylillas Grande», un proyecto de gran envergadura en la región Áncash.

Para postular, el contratista Reynaldo Wilber Serna Dueñas presentó el currículum y los documentos de sustento de experiencia del arqueólogo Miguel Antonio Canchari Huamani. Sin embargo, al cruzar la información con los registros oficiales del Ministerio de Cultura y de los directores de los proyectos originales, las inconsistencias saltaron a la vista. PROVIAS y Contraloría remitió una carta a la presunta afectada, Rocio Coras, para verificar la autenticidad de los documentos.

La respuesta de la arqueóloga, fechada el 20 de abril de 2026, fue contundente: «En honor a la verdad, debo señalar que son completamente FALSOS. Es evidente que el Arqlg. Miguel Antonio Canchari Huamani utilizó mis datos para elaborar sus contratos y constancias para servicios de Planes de Monitoreo Arqueológico (PMAR), en las que NO tuvo participación alguna».

El Modus Operandi: Alteración de Fechas y Roles

Según la documentación de la denuncia, Canchari Huamani no solo habría falsificado la firma de Coras Contreras en documentos privados, sino que también alteró sustancialmente las fechas de ejecución y los roles desempeñados en dos proyectos viales reales en el departamento de Ayacucho, con el fin de que su perfil encajara en los requisitos de la licitación de 2025.

1.- El Proyecto Quinua – San Francisco (VRAEM):

La Realidad: Ejecutado entre el 08 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016. Rocio Coras figuró como Arqueóloga Directora (no hubo residente arqueólogo).
La Falsificación: Canchari presentó un contrato y una constancia de trabajo fechados entre el 01 de marzo de 2016 y el 10 de enero de 2017, adjudicándose el cargo de «Arqueólogo Residente».

2.- El Proyecto Abra Toccto – Vilcashuamán:

La Realidad: Ejecutado entre el 25 de agosto de 2016 y noviembre de 2017 (con informe final aprobado en marzo de 2018). Coras fue nuevamente la Directora del Plan de Monitoreo.
La Falsificación: Se presentaron documentos con fechas alteradas que abarcaban desde el 05 de marzo de 2018 hasta el 08 de junio de 2019, nuevamente con la firma de Coras falsificada para dar fe de que Canchari fue el «Arqueólogo Residente».

Pruebas contundentes del Ministerio de Cultura

La denuncia cuenta con un respaldo documental que hace casi imposible el descargo del Decano. Se han adjuntado las Resoluciones Directorales emitidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho (Resoluciones N° 005-2015, N° 043-2016, N° 361-2016 y N° 056-2018).

En estos documentos oficiales del Ministerio de Cultura se certifica que la Lic. Rocio Coras Contreras (RNA N° BC-1145) fue la única directora autorizada de los Planes de Monitoreo Arqueológico en las fechas reales, desmintiendo categóricamente los contratos apócrifos presentados por Canchari Huamani.

Un golpe a la Ética y al Patrimonio Cultural

El caso no solo representaría un fraude al Estado peruano al alterar las bases de una contratación pública millonaria, sino que constituye un agravio directo a la deontología de la arqueología.

La denunciante ha invocado el Artículo 427 del Código Penal Peruano, que sanciona la falsificación de documentos privados con penas privativas de libertad de dos a cuatro años, además de la tipificación como Falta Muy Grave en el Estatuto del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (Artículo 129°), al tratarse de «hechos constitutivos de delito que afecten el decoro o la ética profesional».

Asimismo, se ha puesto en conocimiento del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú la presunta violación a los principios de Probidad e Idoneidad (Artículos 3.2 y 3.4 del Código de Ética del CDCP), los cuales exigen a los representantes de los colegios profesionales actuar con «moralidad, integridad, honradez y honestidad, desechando todo provecho o ventaja personal indebida».

Exigencia de sanción ejemplar

«El accionar del Decano Nacional corresponde a un hecho constitutivo de delito… afectando gravemente la confianza pública y el prestigio de la profesión», señala el escrito de denuncia. Coras Contreras ha solicitado la apertura inmediata del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) por parte del Tribunal de Honor del COARPE, instando a la suspensión preventiva del Decano mientras duren las investigaciones.

De igual manera, la arqueóloga ha solicitado que se ponga en conocimiento de la Fiscalía Penal para que se inicien las acciones penales correspondientes, recordando que «no se puede reparar en atentar contra el Estado peruano, que somos toda la ciudadanía en común».

Hasta el cierre de esta edición, ni el Decano Miguel Antonio Canchari Huamani ni el Consejo Directivo Nacional del COARPE han emitido un pronunciamiento oficial respecto a esta grave denuncia. Sin embargo, el caso ya ha generado un profundo malestar entre los colegiados de todo el país, quienes exigen transparencia y cuestionan cómo la máxima autoridad de la institución que debe proteger el patrimonio cultural y la ética profesional se encuentra, presuntamente, involucrada en una red de falsificación para lucrarse con contratos del Estado.

Constancias de trabajo de 2017 y 2019.

Nos comunicamos telefónicamente con Miguel Canchari Huamaní quien señaló raudamente que la denuncia es falsa y que se encontraba ocupado, que la denuncia se encuentra en investigación y al culminar esta etapa emitirá su pronunciamiento. Lo cierto es que el mismo decano ha paralizado el proceso de investigación al interior del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Nos comunicamos con el arqueólogo Wilber Bolivar Yapura, presidente del Consejo de Decanos del COARPE, quien manifestó desconocer oficialmente la denuncia y el expediente, manifestando: “Hasta este momento no se me ha remitido dicha denuncia. Se comunicaron telefónicamente dos personas mencionando esta denuncia. Le remití un documento al Decano solicitándole que me pueda remitir las denuncias que hubiera, pero hasta la fecha no nos ha remitido nada”.

Esta situación evidencia la actitud del decano de entorpecer las investigaciones a pesar que la denuncia fue presentada el 31 de julio pasado, lo cual también podría ser objeto de otra denuncia penal.

Desde Lima Gris, haremos seguimiento a las investigaciones del Ministerio Público y a la resolución que emita el Tribunal de Honor del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú.

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Dictan prisión preventiva contra seis presuntos atacantes durante protestas en Ucayali [VIDEO]

Los investigados son señalados como presuntos responsables de los hechos violentos registrados durante una manifestación en el kilómetro 35 de la carretera Federico Basadre. Otros cuatro afrontarán el proceso en libertad con restricciones.

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3 días ago

28/08/2026

Redacción Lima Gris

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Campo Verde, en Ucayali, consiguió que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra seis presuntos atacantes, investigados por su participación en los violentos disturbios ocurridos durante una jornada de protestas en el kilómetro 35 de la carretera Federico Basadre.

Los investigados son Pablo P. A., Julio C. R., Eber E. M., Jeison H. C., Brandon R. S. y Edwar P. V., a quienes la Fiscalía atribuye, de manera preliminar, los presuntos delitos de entorpecimiento de servicios públicos, disturbios, daños agravados y violencia contra la autoridad.

Los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2026, durante una manifestación protagonizada por ciudadanos que protestaban en esta zona de Ucayali. Según la investigación fiscal, un grupo de manifestantes habría protagonizado actos de violencia contra efectivos policiales, utilizando piedras y presuntas bombas molotov.

Como consecuencia de estos enfrentamientos, varios agentes resultaron lesionados y un patrullero policial fue incendiado.

La Fiscalía sostiene que los seis investigados estarían vinculados con estos hechos, por lo que solicitó la medida de prisión preventiva mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer responsabilidades individuales.

En tanto, Richard C. C., Edson A. M., Reineiro V. D. y Abdías V. V., también investigados por estos hechos, afrontarán el proceso bajo comparecencia con restricciones. El Poder Judicial, además, les impuso el pago de una caución de S/ 1,000 a cada uno.

La investigación continuará para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados, quienes mantienen su condición de presuntos responsables mientras no exista una sentencia judicial firme.

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FPP y COSCO SHIPPING fortalecen vínculo informativo en torno al Megapuerto de Chancay

La Federación de Periodistas del Perú recibió a una delegación de ejecutivos del conglomerado marítimo-logístico chino para abordar el desarrollo del puerto de Chancay, la transferencia tecnológica, la generación de empleo y nuevas estrategias de comunicación e intercambio periodístico entre Perú y China.

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3 días ago

28/08/2026

Redacción Lima Gris

En el marco del fortalecimiento de las relaciones de cooperación e intercambio informativo entre Perú y China, la Federación de Periodistas del Perú (FPP) recibió en su sede central a una delegación de ejecutivos de COSCO SHIPPING, conglomerado marítimo y logístico vinculado a la operación del Megapuerto de Chancay.

El encuentro tuvo como principal objetivo establecer mecanismos de comunicación directa que permitan un mayor intercambio de información sobre el desarrollo del proyecto portuario, su impacto en la economía nacional y las oportunidades que genera para las comunidades de Chancay y el país.

La delegación de COSCO SHIPPING estuvo integrada por Kang Bingjian, gerente general adjunto, y Hu Yu, vicepresidente ejecutivo, quienes destacaron el alcance internacional de la compañía, con operaciones vinculadas a una amplia red portuaria a nivel mundial.

Durante la reunión, los representantes de la empresa resaltaron la importancia de mantener una relación transparente y fluida con los medios de comunicación peruanos. El diálogo permitió abordar, además, los desafíos derivados de las diferencias culturales y la necesidad de fortalecer los canales de información sobre las inversiones en infraestructura, así como las acciones de responsabilidad social que se desarrollan en Chancay, particularmente en los ámbitos de salud y educación.

Comunicación, tecnología y desarrollo

Los directivos de la Federación de Periodistas del Perú señalaron que el proyecto portuario de Chancay constituye una de las principales inversiones de infraestructura en el país y se encuentra relacionado con la iniciativa global de la Franja y la Ruta.

En ese contexto, la FPP manifestó su interés en realizar un seguimiento periodístico permanente al proceso de transferencia tecnológica, la creación de puestos de trabajo y los efectos económicos y sociales que el desarrollo del megapuerto pueda generar en las comunidades locales y en el conjunto del país.

La Federación enfatizó que esta labor informativa deberá desarrollarse bajo criterios de independencia periodística, pluralidad y transparencia, principios que deben orientar la cobertura de cualquier proyecto de gran impacto nacional.

Durante el encuentro, la dirigencia de la FPP también presentó los avances en la implementación de su nuevo canal de televisión digital, cuya señal será próximamente difundida en distintas localidades del territorio nacional.

Esta nueva plataforma, junto con los medios digitales de la organización, permitirá ampliar la cobertura informativa descentralizada sobre el desarrollo del comercio transpacífico, la infraestructura portuaria y sus repercusiones en la economía peruana.

El presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Ángel Sánchez, planteó la posibilidad de establecer una alianza estratégica de comunicación que permita fortalecer los vínculos institucionales y generar nuevos espacios de intercambio informativo entre ambas organizaciones.

Formación periodística y cooperación con China

La reunión también permitió destacar el papel de la FPP en la formación y capacitación de nuevas generaciones de periodistas. En ese sentido, se puso en valor el trabajo desarrollado mediante convenios con facultades universitarias de Ciencias de la Comunicación y las actividades impulsadas desde la Casa de Cooperación con China.

Estos espacios buscan facilitar que estudiantes, practicantes y jóvenes periodistas tengan acceso a experiencias de intercambio y participen en coberturas vinculadas a temas de relevancia económica, comercial y geopolítica.

La agenda de cooperación contempla, además, la posibilidad de fortalecer los intercambios periodísticos y académicos, incluyendo futuras actividades y visitas a China.

En la reunión participaron los dirigentes nacionales de la FPP Daniel Vento, Juan Cueva y Miguel Zea; el periodista Edwin Cavello, director del portal Lima Gris; el equipo de soporte administrativo y técnico, encabezado por Edwin López; la directora de plataformas digitales, Carmen Cabellos; y miembros del equipo de reporteros de las plataformas informativas del gremio, entre ellos Brenda Porras Almanacin.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo e intercambio de información, en un momento en que el Megapuerto de Chancay adquiere creciente importancia dentro de la agenda económica y geopolítica del Perú y de su relación con el Asia-Pacífico.

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Fiscalía Anticorrupción interviene el Ministerio de Cultura y la BNP por contrataciones de madre e hija

La Segunda Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional para recabar documentos sobre la contratación de Lourdes Morales Morote y el nombramiento de su hija, Sofía Aguayo Morales en la gestión del ministro Beingolea. La investigación se origina tras la denuncia periodística de Lima Gris y busca determinar si los hechos podrían constituir delito.

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5 días ago

26/08/2026

Redacción Lima Gris

El Ministerio de Cultura vuelve a quedar bajo la lupa de la Fiscalía. Esta vez, la investigación se centra en una contratación y una designación que involucran a una madre y a su hija y que, en apenas 25 días de gestión, han abierto una nueva interrogante sobre el uso del aparato estatal.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios —Primer Despacho— realizó diligencias urgentes en las instalaciones del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú. El objetivo: obtener documentación relacionada con la contratación de Lourdes Morales Morote en el Despacho Ministerial y con la designación de su hija, Sofía Aguayo Morales, como gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú.

Las diligencias estuvieron a cargo de la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo, quien deberá determinar, a partir de la documentación recabada, si los hechos denunciados presentan relevancia penal.

La intervención fiscal constituye un nuevo capítulo de una historia que Lima Gris puso en evidencia: la llegada de dos familiares a posiciones vinculadas directamente con la administración cultural del Estado.

Según la información difundida, Morales Morote obtuvo una orden de servicio por S/ 32.500 para prestar servicios en el despacho del ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Paralelamente, su hija, Sofía Aguayo Morales, fue designada en un puesto de alta responsabilidad dentro de la Biblioteca Nacional.

El problema no es únicamente el monto de una contratación ni la existencia de un vínculo familiar. La pregunta central que ahora deberá responder el Ministerio Público es otra: ¿qué criterios se utilizaron para realizar ambas incorporaciones y existió algún tipo de favorecimiento indebido?

La investigación adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con la denuncia periodística, Sofía Aguayo Morales, es una exmilitante del Partido Popular Cristiano (PPC) y ha sido vinculada a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Estos antecedentes deberán ser contrastados por el Ministerio Público y confrontados con la documentación oficial que sustenta su contratación.

La coincidencia temporal de ambas incorporaciones plantea, por ello, un asunto que trasciende los nombres propios: la necesidad de transparencia en las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Cultura.

El Estado no es una agencia de colocaciones. Cada contratación, designación u orden de servicio debe responder a criterios objetivos, verificables y compatibles con las exigencias de idoneidad y mérito que demanda la administración pública.

Y cuando aparecen familiares ocupando posiciones vinculadas a una misma estructura institucional, la obligación de explicar los procedimientos utilizados se vuelve todavía mayor.

Ahora corresponde conocer qué documentos encontró la Fiscalía, quién autorizó la contratación de Morales Morote, qué informes sustentaron la orden de servicio por S/ 32.500, cuáles fueron los criterios empleados para la designación de Sofía Aguayo Morales y qué funcionarios participaron en esas decisiones.

También será necesario determinar si se cumplieron los procedimientos administrativos y si existieron evaluaciones previas de idoneidad, experiencia y compatibilidad para ambos casos.

El ministro Alberto Beingolea tiene, en consecuencia, una explicación pendiente. Ya no podrá mantenerse silencio.

La discusión ya no está solamente en las redes sociales ni en una denuncia periodística. Una Fiscalía Anticorrupción ha ingresado al Ministerio de Cultura y a la Biblioteca Nacional para revisar los documentos.

Hay una pregunta que queda flotando ¿el Ministerio de Cultura está siendo administrado bajo criterios de mérito y transparencia o se está convirtiendo en un botín para repartir cargos y contratos entre allegados?

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Juzgado de Familia de Jaén dicta medidas de protección en solo dos horas para niña sobreviviente de tragedia familiar

La menor, de tres años, habría estado presente durante un violento episodio ocurrido en un hospedaje que terminó con la muerte de su padre. El juez Elmer Alonso Torres Huamanchumo dispuso medidas urgentes para garantizar su integridad física y emocional, pese a que el expediente no contaba con una Ficha de Valoración de Riesgo.

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6 días ago

25/08/2026

Redacción Lima Gris

En apenas dos horas, el Tercer Juzgado de Familia de Jaén, Subespecialidad en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, dictó medidas de protección a favor de una niña de tres años que quedó en situación de extrema vulnerabilidad tras una tragedia familiar ocurrida en esta ciudad.

La decisión fue adoptada por el juez Elmer Alonso Torres Huamanchumo, luego de que el caso ingresara a su despacho durante la tarde del 20 de agosto de 2026, remitido por la Fiscalía Provincial de Familia de Jaén.

Según los actuados fiscales, la menor habría estado presente durante un grave episodio de violencia registrado al interior de un establecimiento de hospedaje, hecho que terminó con la muerte de su padre. Su madre permanece detenida en relación con estos acontecimientos.

Ante la gravedad de la situación, el magistrado determinó judicialmente un nivel de riesgo severo, aun cuando el expediente no contaba con una Ficha de Valoración de Riesgo. Para adoptar esta decisión consideró elementos objetivos como la corta edad de la niña, las lesiones traumáticas acreditadas médicamente, su exposición directa a un episodio de violencia extrema y la ausencia de una red familiar protectora inmediata.

Frente a este escenario, el juzgado emitió una resolución debidamente motivada y dispuso medidas destinadas a garantizar la protección integral de la menor. Entre ellas, ordenó la prohibición de acercamiento y de cualquier acto de violencia en su contra, así como el acceso a tratamiento psicológico especializado para atender las consecuencias emocionales derivadas de la experiencia traumática.

También se dispuso el monitoreo permanente por parte del Centro Emergencia Mujer de Jaén y la coordinación con las instituciones responsables de su cuidado y protección, con el objetivo de asegurar que permanezca en un entorno seguro y reciba la atención que requiere.

El juez Torres Huamanchumo, además, delimitó las competencias correspondientes y puso el caso en conocimiento del órgano jurisdiccional que viene atendiendo el proceso relacionado con la desprotección familiar. Asimismo, ordenó verificar la situación de una adolescente vinculada al mismo grupo familiar, a fin de garantizar también la protección de sus derechos e integridad.

La actuación judicial constituye una respuesta inmediata ante un caso de violencia que involucra a una niña en condición de especial vulnerabilidad. La decisión pone en primer plano la necesidad de que el sistema de justicia actúe con rapidez cuando existen elementos que advierten un riesgo grave para la integridad física y emocional de menores de edad.

Con esta intervención, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una justicia oportuna y célere, orientada a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y a garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes sea una prioridad en la actuación judicial.

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Ucayali: líder ashéninka no estaba muerto

La ORAU rectificó la información difundida inicialmente sobre la supuesta muerte del exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari. Una comisión llegó hasta la comunidad y confirmó que el dirigente se encuentra con vida y junto a su familia.

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6 días ago

25/08/2026

Redacción Lima Gris

En la Amazonía peruana, una alerta sobre la supuesta muerte de un defensor indígena terminó convirtiéndose en una grave rectificación. Américo Pascuala Tomisha, líder ashéninka de 57 años y exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari, se encuentra con vida en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, región Ucayali.

La información inicial sobre su presunto asesinato fue difundida el 24 de agosto por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y posteriormente recogida por diversos medios de comunicación. Según esa primera versión, Pascuala Tomisha habría muerto el domingo 23 de agosto durante labores de monitoreo y vigilancia territorial, luego de encontrarse con terceros que presuntamente realizaban extracción de aceite de copaiba dentro de la comunidad.

Sin embargo, la propia ORAU rectificó la información el 26 de agosto, después de que una comisión llegara hasta Onconashari y verificara directamente que el dirigente estaba vivo. De acuerdo con la nueva información, un familiar pudo constatar personalmente su presencia en la comunidad, mientras que fotografías y videos registrados posteriormente confirmaron que Pascuala Tomisha se encontraba a salvo junto a sus familiares.

El Ministerio de Cultura también confirmó que el líder ashéninka se encontraba con vida y junto a sus familiares, descartando así la información que había circulado sobre su supuesto fallecimiento.

Una alerta que generó preocupación

La versión inicial provocó una amplia reacción entre organizaciones indígenas y de derechos humanos. La denuncia señalaba que Pascuala Tomisha, quien había ejercido como jefe de Onconashari y cumplía funciones vinculadas con la vigilancia territorial, habría encontrado a personas ajenas a la comunidad mientras realizaba un recorrido de monitoreo.

La alerta sostenía que estas personas presuntamente estaban extrayendo aceite de copaiba y que se había producido un enfrentamiento con armas de fuego. La información generó preocupación debido a los antecedentes de denuncias sobre la presencia de terceros y actividades extractivas dentro del territorio comunal.

No obstante, estos hechos deben diferenciarse ahora de la supuesta muerte del dirigente, que ha quedado descartada tras la verificación realizada en territorio.

Una grave falla de información

La rectificación deja además una pregunta sobre los mecanismos de verificación de información en zonas amazónicas de difícil acceso. La noticia del supuesto asesinato fue difundida inicialmente como un hecho consumado y provocó reacciones de organizaciones indígenas, instituciones y medios de comunicación antes de que se pudiera comprobar directamente la situación del dirigente.

El caso demuestra los riesgos de difundir información proveniente de zonas remotas sin contar con una verificación independiente y directa, especialmente cuando se trata de hechos de extrema gravedad como el asesinato de un líder indígena.

Por ahora, Américo Pascuala Tomisha está vivo y permanece junto a su familia en la Comunidad Nativa Onconashari. La información sobre su supuesto asesinato debe considerarse errónea y oficialmente rectificada por la propia organización que la difundió inicialmente.

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Cálidda busca diez años más de concesión a cambio de llevar gas a siete regiones: las preguntas que el Estado aún debe responder

La empresa Cálidda propone llevar gas natural a siete regiones y 15 ciudades mediante una inversión de cientos de millones de dólares. A cambio, busca extender hasta 2043 la concesión que actualmente opera en Lima y Callao. Pero aquí hay que plantear una pregunta fundamental: ¿cuánto vale para Cálidda la ampliación de su negocio y cuánto está entregando el Estado a cambio?

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6 días ago

25/08/2026

Redacción Lima Gris

El Gobierno se encuentra frente a una decisión que puede modificar durante las próximas décadas el mapa de la distribución de gas natural en el Perú. Sobre la mesa está una adenda que permitiría a Cálidda, concesionaria de la distribución de gas natural en Lima y Callao, extender sus operaciones hacia Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

El argumento político es difícil de cuestionar: llevar gas natural a 15 ciudades que llevan años esperando acceder a una energía más económica. Pero detrás de ese anuncio existe una operación económica de dimensiones mucho mayores.

Cálidda ofrece ejecutar inversiones por cientos de millones de dólares. A cambio, la propuesta contempla ampliar por diez años una concesión que originalmente culminaría en 2033 y llevarla hasta 2043, además de incorporar siete nuevos mercados.

Y aquí aparece la pregunta que debería estar en el centro del debate público: ¿Cuánto vale para Cálidda aquello que el Estado está dispuesto a entregarle?

De US$550 millones a US$663 millones: ¿cuál es la cifra definitiva?

Las propias cifras conocidas hasta ahora requieren una explicación. El Ministerio de Energía y Minas ha difundido una versión que contempla una inversión superior a los US$550 millones, aproximadamente 3.700 kilómetros de redes y más de 300 mil usuarios potenciales.

Sin embargo, documentos posteriores de la cartera de proyectos han registrado una inversión de hasta US$663 millones, 2.510 kilómetros de redes y 150.914 hogares potencialmente beneficiados. No se trata de una diferencia menor.

Si el Estado está a punto de modificar una concesión por diez años y ampliar considerablemente su ámbito territorial, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el proyecto que realmente se encuentra sobre la mesa. ¿Cuál es la inversión definitiva? ¿Cuántos kilómetros de redes se construirán? ¿Cuántos hogares serán efectivamente beneficiados? ¿Qué obligaciones quedarán incorporadas en la adenda?

Las respuestas no pueden quedar en el terreno de los anuncios.

La pregunta que falta: ¿cómo recuperará Cálidda su inversión?

Decir que el proyecto será ejecutado mediante “inversión privada” explica quién coloca inicialmente el dinero. Pero no explica quién terminará pagando esa inversión.

Una empresa privada no invierte cientos de millones de dólares para no recuperar su capital y obtener una rentabilidad. Por eso, antes de aprobar la adenda, el Estado debería hacer público el modelo económico-financiero completo.

¿Cuánto recuperará Cálidda mediante las tarifas?, ¿Existirán subsidios?, ¿Qué participación tendrá el FISE?, ¿Habrá mecanismos de compensación?, ¿Existirán subsidios cruzados entre consumidores?, ¿Alguna parte del costo terminará incorporándose, directa o indirectamente, a cargos que pagan usuarios de otros servicios energéticos? Estas preguntas son el corazón económico de la operación.

Porque una cosa es anunciar que una empresa privada construirá las redes y otra muy distinta determinar quién pagará finalmente esas redes durante los años de vigencia de la concesión.

¿Cuánto valen diez años adicionales en Lima y Callao?

Hay una cifra que debería ocupar un lugar central en cualquier evaluación seria: el valor económico de los diez años adicionales de concesión.

¿Cuál es el valor presente de extender hasta 2043 la explotación de la distribución de gas natural en Lima y Callao? Sin ese cálculo resulta imposible determinar si existe una verdadera equivalencia económica entre lo que Cálidda promete invertir y aquello que el Estado le concede.

La comparación no puede reducirse a una fórmula políticamente cómoda: US$550 millones de inversión privada frente a cero gasto estatal.

La comparación correcta es mucho más compleja: valor de las inversiones y riesgos asumidos por Cálidda frente al valor económico de la extensión contractual, los nuevos mercados, los ingresos futuros y los demás beneficios derivados de la adenda. Sin esa información, la ciudadanía conoce solamente una parte de la operación.

Antes de ampliar la concesión, hay que mirar cómo se cumplió la anterior

Existe además un antecedente que el Gobierno debería revisar antes de entregar siete nuevas regiones al actual concesionario de Lima y Callao. ¿Cómo cumplió Cálidda las obligaciones de inversión que ya tenía?

En marzo de este año, Osinergmin aprobó la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026. Posteriormente, Cálidda interpuso un recurso de reconsideración solicitando que se reconociera un saldo superior a US$20,4 millones y que se considerara la totalidad de determinada infraestructura ejecutada entre 2022 y 2025.

No es el único antecedente regulatorio. Durante ese periodo hubo modificaciones de planes y discusiones relacionadas con inversiones, cronogramas y ejecución.

Nada de ello demuestra, por sí solo, un incumplimiento generalizado de las obligaciones del concesionario. Pero sí obliga a formular una pregunta elemental antes de ampliar el negocio: ¿Cuál fue exactamente el porcentaje de cumplimiento de las inversiones comprometidas por Cálidda durante los últimos planes quinquenales?

Y cuando determinadas metas originales no fueron alcanzadas, ¿qué razones se invocaron?, ¿cuáles fueron aceptadas por Osinergmin?, ¿qué consecuencias económicas tuvieron esas modificaciones para el concesionario y para los usuarios?

Antes de firmar una nueva adenda, el Estado debería tener esas respuestas sobre la mesa.

El peligro de que las excepciones terminen convertidas en nuevas adendas

Llevar gas a las siete regiones planteadas no será una tarea sencilla. Permisos municipales, servidumbres, arqueología, geografía, conflictos sociales, distancias y baja densidad de usuarios son riesgos previsibles.

Y precisamente porque son previsibles deberían estar claramente distribuidos en el contrato desde el primer día. De lo contrario puede aparecer un mecanismo conocido: se anuncia una inversión, aparecen dificultades, se postergan metas, se modifican obligaciones y finalmente se solicita una nueva modificación contractual.

Por ello, la adenda debería establecer con precisión qué circunstancias permitirían a Cálidda solicitar futuras modificaciones, reequilibrios económicos o ampliaciones de plazo. El Estado no puede entregar hoy una concesión ampliada para discutir mañana las condiciones que debieron quedar resueltas desde el comienzo.

Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

¿Por qué una adenda y no un nuevo proceso competitivo?

Existe, además, una discusión estructural. La distribución de gas mediante redes tiene características de monopolio natural. No resulta económicamente razonable que varias empresas construyan tuberías paralelas para atender una misma calle.

Pero una cosa es que la distribución constituya un monopolio natural y otra muy distinta que desaparezca la competencia para acceder al mercado. El anterior proceso para concesionar las siete regiones quedó desierto. Ese antecedente explica, en parte, el camino que ahora se pretende adoptar.

Pero han pasado varios años. Antes de incorporar siete regiones al contrato de un operador existente, el Estado debería demostrar, con números y análisis técnico, que una adenda ofrece mejores condiciones económicas y sociales que volver a estructurar un procedimiento competitivo. La pregunta no es si Cálidda puede ejecutar el proyecto. La pregunta es si el Estado obtiene con esta negociación las mejores condiciones posibles para el país.

MINEM, MEF, ProInversión y Osinergmin también están bajo examen

La decisión no compromete únicamente a Cálidda. También coloca bajo escrutinio al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Economía y Finanzas, a ProInversión y a Osinergmin.

El Estado no tiene como única obligación conseguir que alguien construya las redes. Tiene también que negociar adecuadamente el valor de los derechos públicos que entrega, impedir que los riesgos privados terminen siendo trasladados a la sociedad y garantizar que las obligaciones contractuales puedan hacerse cumplir incluso frente a un operador económicamente poderoso.

Cuando existe un único operador, la fortaleza del regulador deja de ser una cuestión administrativa y se convierte en una garantía para los usuarios.

Contraloría tendrá una oportunidad decisiva

El MINEM ha anunciado que la propuesta será remitida a la Contraloría para su revisión. Ese análisis debería servir para responder una cuestión que hasta ahora permanece detrás de las cifras, los anuncios y las promesas: ¿El balance económico de la adenda beneficia realmente al interés público?

No basta con saber cuánto invertirá Cálidda. Hay que conocer cuánto recibirá. No basta con anunciar cuántos kilómetros de redes serán construidos. Hay que establecer qué ocurrirá si no se construyen dentro de los plazos comprometidos.

No basta con afirmar que el proyecto será financiado con inversión privada. Hay que identificar quién terminará pagando cada componente durante toda la vida de la concesión.

Y tampoco basta con afirmar que siete regiones necesitan gas —porque efectivamente lo necesitan desde hace años— para concluir que cualquier mecanismo utilizado para llevarlo resulta automáticamente conveniente para el Estado. La necesidad de gas natural no debería convertirse en una carta en blanco.

Antes de extender una concesión hasta 2043 y ampliar sustancialmente el territorio entregado al mismo operador, el Gobierno tiene una responsabilidad elemental: demostrar que la operación más conveniente para Cálidda también es la más conveniente para el Estado y, sobre todo, para los consumidores peruanos.

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Actualidad

Santa Rosa Radio TV recibe el Premio Nacional de Comunicaciones Cardenal Juan Landázuri Ricketts

La institución fue reconocida en la categoría Radio y Podcast por “El Santo de América”, producción inspirada en la vida y obra de Santo Toribio de Mogrovejo y que destaca por su aporte a la comunicación, la cultura y la evangelización.

Published

6 días ago

25/08/2026

Redacción Lima Gris

anta Rosa Radio TV fue distinguida con el Premio Nacional de Comunicaciones Cardenal Juan Landázuri Ricketts, en la categoría Radio y Podcast, por su producción radial “El Santo de América”, una propuesta que recrea y difunde la vida y obra de Santo Toribio de Mogrovejo, figura fundamental de la historia religiosa y cultural del Perú.

El reconocimiento fue entregado en el marco de la Asamblea de los Obispos del Perú, realizada en la Casa de Retiro San José de Cluny, donde se destacó el aporte de esta producción al ámbito de las comunicaciones con contenido evangelizador, histórico y cultural.

“El Santo de América” fue escrita por Richard Morris Riofrio y contó con la dirección del padre Alejandro Maquera Calderón. La edición y musicalización estuvieron a cargo de Akito Bello y Cristina Martínez Fernández, mientras que trabajadores y voluntarios de Santa Rosa Radio TV participaron con sus voces para dar vida a los personajes y construir esta propuesta radial.

Para Santa Rosa Radio TV, este galardón representa un reconocimiento al trabajo colectivo de quienes hicieron posible la producción, así como al compromiso de la institución con una comunicación que busca fortalecer la fe, preservar la memoria histórica y acercar contenidos culturales a la ciudadanía.

La institución expresó su especial agradecimiento a la Comisión Episcopal de Comunicaciones por esta distinción, que constituye un estímulo para continuar desarrollando propuestas de comunicación comprometidas con la historia, la cultura, la fe y los valores.

El premio también reconoce la dedicación, creatividad y esfuerzo de todos los integrantes de Santa Rosa Radio TV, cuyo trabajo permite que su misión comunicadora llegue cada día a miles de personas.

Con este reconocimiento, Santa Rosa Radio TV reafirma su compromiso de comunicar, evangelizar y generar contenidos que contribuyan al conocimiento de nuestra historia y al encuentro con nuestra identidad y tradición.

“El Santo de América” se suma así a las producciones que, desde la radio, buscan recuperar personajes y episodios fundamentales de la historia peruana y convertirlos en relatos capaces de acercar la cultura y la fe a nuevas audiencias.

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