Ministerio de Cultura convertido en botín: un ministro, una madre, una hija y miles de soles

Cultura

El Ministerio de Cultura se ha transformado en apenas veinticinco días en el escenario de un nuevo escándalo administrativo. El excandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, desde su llegada al Mincul, viene acomodando a diferentes personajes en puestos clave de la sede central, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). El problema es que Beingolea no designa a los mejores profesionales; lo que hace es colocar a allegados o expartidarios del PPC en cargos estratégicos. Su primer mes de gestión se ha destacado por el clientelismo, la falta de meritocracia y el uso político del aparato estatal.

In this first installment of a series of reports on Beingolea's allies in the Mincul, we will reveal how a mother, Lourdes Beatriz Morales Morote, and her daughter, Sofía Magali Aguayo Morales, have been placed by order of the minister into privileged offices of the Ministry of Culture. El resultado es que una exmilitante del PPC investigada por la Fiscalía Anticorrupción terminó al frente de la Gerencia General de la Biblioteca Nacional, mientras su madre consiguió una orden de servicio por 32,500 soles para trabajar en el despacho del propio ministro.

La hija: Sofía Aguayo Morales

El 31 de julio, tres días después de que Beingolea asumiera el cargo de ministro, Sofía Aguayo Morales llegó hasta el octavo piso de la sede central del Ministerio de Cultura, ubicada en la avenida Javier Prado, en San Borja. Su ingreso al despacho del ministro quedó registrado a las 10:52 de la mañana. Según testigos, ingresó ansiosa y saludó al ministro de manera efusiva. Casi cuatro horas después, a las 2:32 de la tarde, Aguayo se retiró con rostro amable y con un nuevo cargo bajo el brazo.

Visita registrada de Sofía Aguayo al ministro de Cultura. Fuente: Mincul.

Es importante señalar que, el 31 de julio, día en que visitó al ministro de Cultura, Aguayo Morales todavía ocupaba el cargo de subdirectora de la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias de la Dirección de Infraestructura de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El detalle es que, en la ATU, Sofía Aguayo viene siendo investigada por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública: cohecho pasivo impropio y negociación incompatible, en agravio del Estado peruano (Caso N.° 506015506-2025-314-0). La investigación avanza en manos de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mientras su defensa legal es pagada con dinero de todos los peruanos.

Fuente: ATU.

Tras la visita de Sofía Aguayo, el ministro Beingolea ordenó a su círculo de confianza abrir un espacio para Aguayo Morales en el Ministerio de Cultura. Es decir, a Beingolea no le importó que su amiga tenga una investigación por graves delitos en agravio del Estado. Según fuentes, Iván Pereyra Villanueva, jefe de gabinete del despacho ministerial, y Abraham Alex Rivas Lombardi, secretario general del Mincul, habrían sido los personajes que se encargaron de mover los hilos en las entrañas del Mincul para, finalmente, colocar, por orden del ministro, a Sofía Aguayo Morales como gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), con un sueldo de S/ 15 600.

La BNP es una institución adscrita al Ministerio de Cultura y ahora su gerencia general, que dirige la ejecución del presupuesto institucional, ha caído en manos de una expepecista investigada por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Fuentes de la sede central de la cartera de Cultura señalan que, bajo el pretexto de expedientes técnicos, continuarán las oscuras movidas en la gestión de Beingolea. El control de la gerencia general de la BNP sería el inicio de una próxima articulación con intereses económicos y políticos.

Gerente General de la BNP, Sofía Aguayo.

El perfil profesional de Sofía Aguayo Morales para asumir el cargo de gerente general en una Biblioteca Nacional no resulta adecuado. Su trayectoria laboral muestra que, antes de unirse a la Administración del Tesoro (ATU), ejerció como secretaria en el Ministerio del Interior. Posteriormente, figura un contrato temporal de seis meses como abogada de la Municipalidad de Lima y dos años laborando en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A., lo que indica que su mayor experiencia profesional se circunscribe al sector inmobiliario. A pesar de contar con una investigación grave pendiente y carecer del perfil técnico idóneo para el puesto, Sofía Aguayo Morales fue designada como gerente general de la Biblioteca Nacional el 6 de agosto pasado. Un día antes, específicamente el 5 de agosto, se oficializó su renuncia a la ATU mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 187-2026-ATU/PE.

Fuente: ATU.

La vinculación de Sofía Aguayo con el partido político PPC se mantuvo entre el 12 de septiembre de 2011 y el 7 de septiembre de 2021, permaneciendo casi una década en la organización. Durante este periodo compartió diversas actividades con Alberto Beingolea, quien también fue exmiembro del partido. Sin embargo, Sofía Aguayo no llegó sola al Ministerio de Cultura; al igual que ella, su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote —otro expepecista— fue colocada en un puesto privilegiado por el mismo Beingolea.

Morales Morete como candidata del PPC.

Tras la llegada de su hija a la BNP, surgió la necesidad de encontrar un puesto laboral para Lourdes Beatriz Morales Morote dentro de la sede central del Mincul. La movida familiar contó con el total apoyo del ministro Beingolea y la nueva orden de contratación fue dictada por Iván Pereyra Villanueva, jefe de gabinete del despacho ministerial. Aquí emerge un detalle crucial: Lourdes Morales, conocida expepecista afiliada al PPC entre el 7 de junio de 2005 y el 7 de septiembre de 2021, es una mujer de confianza de Alberto Beingolea, pero no posee grados o títulos académicos registrados en Sunedu. Ante esta situación para acceder a un cargo público, se decidió inventarle un perfil desde la Oficina de Gabinete de Asesores con aprobación directa del ministro. El 8 de agosto pasado se habilitó la Orden de Servicio N.° 03991-2026-S, a nombre de Lourdes Beatriz Morales Morote, por un valor de S/ 32 500 destinados a prestar servicios durante 145 días. Esto equivale a una remuneración mensual aproximada de S/ 6 500, todo ello sin tener los grados o títulos universitarios requeridos y registrados en Sunedu. La descripción oficial del servicio detalla que la madre de Sofía Aguayo fue contratada para prestar el «Servicio de Asistencia Técnica en Gestión de Procesos Administrativos para el despacho ministerial», lo que implica que el ministro Beingolea colocó a su familiar directamente en su propio gabinete.

Alberto Beingolea y Lourdes Morales en cuadros rojos, participan de una reunión virtual del PPC.

En los detalles específicos del contrato se señala que la madre de la gerente general de la BNP y amiga cercana de Beingolea gestionará, junto a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, las actividades protocolares que demanden la participación del ministro. Además, brindará apoyo administrativo directo al titular en reuniones y en la gestión y coordinación vinculadas a comisiones de servicio a nivel nacional. También tendrá a cargo gestionar, planificar y mantener al día la agenda oficial del ministro Beingolea. Adicionalmente, colaborará en la filtración y recepción de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes oficiales, así como en la logística de viajes oficiales, incluyendo viáticos y desplazamientos del titular del Mincul. En su declaración jurada de intereses, la propia Sofía Aguayo Morales declara explícitamente que Lourdes Morales Morote es su madre. Hasta aquí, toda la documentación presentada nos habla de hechos concretos que revelan una operación familiar dentro del Ministerio de Cultura.

Ministro Alberto Beingolea e Iván Pereyra, jefe de Gabinete de Asesores del Mincul.

La administración pública no puede convertirse en una bolsa de empleos para personas vinculadas a funcionarios. La meritocracia exige que los cargos sean espacios de trabajo y no mecanismos de favorecimiento personal. La Ley N.° 31299, que modificó las normas sobre nepotismo, incorporó disposiciones claras relacionadas con los principios de meritocracia, buena administración y correcto uso y asignación de los recursos públicos.

Aquí aparece un aspecto crítico que debe ser documentado: si la hija fue colocada en una gerencia importante, corresponde comprobar si cumplía exactamente con el perfil profesional, la experiencia y los demás requisitos establecidos para el cargo. La pregunta decisiva es: ¿cumplía los requisitos del puesto o se modificó, flexibilizó o acomodó el perfil para permitir su ingreso?

No se trata únicamente de determinar quién fue contratado. Mediante una investigación desde el Congreso o el Ministerio Público, se debería conocer quién elaboró los términos de referencia, quién estableció los requisitos, quién evaluó los perfiles, cuántas personas participaron en la contratación y por qué Beingolea intenta convertir el Ministerio de Cultura en un botín.

El antecedente Richard Swing

Todo comenzó con la contratación de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, por parte del Ministerio de Cultura mediante órdenes de servicio que, según las investigaciones, generaron serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos y la justificación de los servicios contratados. El caso escaló rápidamente: llegó al Congreso, provocó investigaciones fiscales y puso bajo la lupa a funcionarios del Ministerio de Cultura y de Palacio de Gobierno.

Fuente: Contraloría General de la República.

El caso Richard Swing se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos del gobierno de Martín Vizcarra. Funcionarios vinculados al Mincul y a Palacio de Gobierno fueron investigados y algunos afrontaron medidas como detención y prisión preventiva. Lo que empezó como una serie de cuestionadas órdenes de servicio a favor de Richard Swing terminó convertido en una crisis que golpeó directamente al Gobierno y colocó al Ministerio de Cultura en el centro de una investigación que trascendió sus propias oficinas.

La investigación terminó adquiriendo una dimensión política de enorme impacto. El escándalo también terminó siendo uno de los detonantes de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra.

Un ministerio no debe ser un botín

La designación de una madre y una hija muy cercanas al ministro Beingolea plantea serias preguntas sobre ética, idoneidad, meritocracia y un eventual favorecimiento indebido. En la administración pública, los cargos no deberían convertirse en espacios de confianza personal ni en mecanismos para favorecer a personas cercanas al poder. La regla es otra: quienes ejercen una función pública deben actuar en defensa del interés general, con imparcialidad, probidad, transparencia y respeto por las condiciones de idoneidad exigidas para cada puesto. Beingolea ha demostrado que no le importa nada de esto.

El primer elemento es el conflicto de intereses. La Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece deberes y prohibiciones orientados a garantizar que los intereses personales no interfieran con el cumplimiento de la función pública. También prohíbe obtener ventajas indebidas mediante el uso del cargo.

Queda claro que el ministro Beingolea intervino directamente para favorecer la contratación de la hija y de la madre, personajes cercanos a su entorno. Aquí, la primera pregunta que corresponde formular es sencilla: ¿se tomó la decisión en función del interés institucional o de una relación personal?

El tercer elemento clave es la idoneidad: un cargo de responsabilidad dentro de un ministerio exige que quien lo asume cuente con las competencias necesarias para ejercerlo. Si la documentación demuestra que no cumplía los requisitos establecidos, la entidad tendría que explicar cómo fue seleccionada y quién asumió la responsabilidad de esa decisión. Más delicada aún resulta la situación de la madre designada, quien no cuenta con documentación académica registrada en Sunedu. Una orden de servicio por S/ 32 500 al estilo Richard Swing genera interrogantes; por ello, las condiciones de la contratación y las funciones asignadas deben ser revisadas para determinar si existe correspondencia entre el servicio contratado, los requisitos exigidos y el pago que se efectuará. Los S/ 6 500 mensuales también merecen una explicación detallada sobre los criterios utilizados para fijar dicha remuneración. El cuarto punto es el favorecimiento indebido. El ministro Beingolea intervino para beneficiar a personas de su entorno, por lo que la discusión deja de ser solamente política; se tendría que abrir también una investigación administrativa para determinar si existió vulneración de los deberes y prohibiciones éticas, así como de las reglas que regulan la contratación y el ejercicio de la función pública. Beingolea, en los últimos días, ha copado el Ministerio de Cultura con una larga lista de personajes que vistieron la camiseta del PPC. Entre los recientes llegados al Mincul también aparecen Rosario Payet Bedoya y Katem Craff Malaga. El problema es que, en estas designaciones, no se estaría aplicando la meritocracia, sino la dedocracia. Así las cosas, las acciones del ministro Beingolea pueden ingresar a una dimensión mucho más grave: la eventual responsabilidad penal. El Código Penal contempla el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo cuando un funcionario, directa o indirectamente, se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero, por un contrato u operación en la que interviene debido al cargo que ocupa. En la administración pública, la confianza política no reemplaza la idoneidad. La amistad no reemplaza el mérito. Y una orden de servicio no puede convertirse en una puerta lateral para colocar personas dentro del Estado. Lo que viene pasando en el Ministerio de Cultura también compromete políticamente a la presidenta Keiko Fujimori, debido a que la mandataria permitió que los ministerios se convirtieran en cuotas de poder. ¡Basta de saquear el Estado! La abogada anunció que esta semana entregará nuevos informes y elementos probatorios a la Comisión de Cultura y a las bancadas del Congreso para sustentar las acciones legales y políticas contra el ministro de Cultura. Acusó al titular del sector de una presunta omisión de funciones y cuestionó su falta de respuesta ante la crisis que afecta al patrimonio de Nasca y Palpa.

Nasca impulsa censura contra ministro Alberto Beingolea por su actuación frente al patrimonio mundial de la humanidad [VIDEO]

Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, y columnista del diario La Razón, Actualmente es Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

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