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Frente a una tragedia familiar que dejó en extrema vulnerabilidad a una niña de tres años, el Tercer Juzgado de Familia de Jaén dictó medidas de protección en apenas dos horas tras recibir el caso. El magistrado Elmer Alonso Torres Huamanchumo adoptó esta decisión crítica luego de que la Fiscalía Provincial de Familia remitiera el expediente durante la tarde del 20 de agosto de 2026.
Según los actuados fiscales, la menor habría estado presente durante un violento episodio ocurrido dentro de un establecimiento de hospedaje, hecho que terminó con la muerte de su padre. Su madre permanece detenida en relación directa con estos acontecimientos. Ante la gravedad inminente, el juez determinó judicialmente un nivel de riesgo severo para la víctima.
Lo más relevante de este procedimiento es que el expediente no contaba con una Ficha de Valoración de Riesgo, documento usualmente necesario para tal determinación. No obstante, Torres Huamanchumo consideró elementos objetivos contundentes: la corta edad de la niña, las lesiones traumáticas acreditadas médicamente, su exposición directa a violencia extrema y la ausencia total de una red familiar protectora inmediata.
Frente a este escenario crítico, el juzgado emitió una resolución debidamente motivada dispuesta a garantizar la protección integral. Entre las órdenes más urgentes se incluye la prohibición expresa de acercamiento y cualquier acto de violencia en contra de la menor.
También se ordenó el acceso inmediato a tratamiento psicológico especializado para atender las consecuencias emocionales derivadas de la experiencia traumática vivida en aquel hospedaje. La resolución establece un monitoreo permanente por parte del Centro Emergencia Mujer de Jaén, coordinado con las instituciones responsables de su cuidado y protección.
El objetivo es asegurar que la niña permanezca en un entorno seguro y reciba la atención que requiere tras el shock vivido. Además, el juez Torres Huamanchumo delimitó las competencias correspondientes y puso el caso en conocimiento del órgano jurisdiccional que viene atendiendo el proceso relacionado con la desprotección familiar.
En una medida adicional de protección, se ordenó verificar la situación de una adolescente vinculada al mismo grupo familiar. Esta acción busca garantizar también los derechos e integridad de un miembro más de la familia afectado por los hechos. Así, en un lapso de tiempo récord, el sistema judicial actuó para blindar a las víctimas sobrevivientes.
El caso de violencia que involucra a una niña en condición de especial vulnerabilidad ha sido respondido con inmediatez por el sistema judicial. La actuación del Juzgado de Familia de Jaén, al dictar medidas de protección en solo dos horas, pone en primer plano la necesidad imperiosa de que la justicia actúe con rapidez ante elementos que advierten un riesgo grave para la integridad física y emocional de los menores. Esta intervención no es aislada; la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma así su compromiso con una justicia oportuna y célere, orientada a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
El objetivo central de esta decisión es garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes sea la prioridad absoluta en cualquier actuación judicial. Sin embargo, mientras se busca protección inmediata para menores, otras realidades en el país continúan exigiendo respuestas contundentes del Estado.
En la Amazonía peruana, defender el territorio puede convertirse en una sentencia de muerte. Américo Pascuala Tomisha, líder ashéninka de 57 años y exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari, fue asesinado el domingo 23 de agosto en el distrito de Yurúa, región Ucayali.
El ataque ocurrió mientras realizaba labores de vigilancia dentro del territorio comunal. Según la información difundida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Pascuala Tomisha detectó la presencia de terceros en la comunidad, quienes presuntamente se encontraban extrayendo aceite de copaiba. El encuentro terminó fatalmente con un ataque que provocó su muerte.
No se trata de un episodio inesperado ni aislado. Desde 2020 existen reportes sobre el ingreso no autorizado de terceros al territorio de Onconashari, la extracción ilegal de copaiba y amenazas contra comuneros. Estas alertas fueron comunicadas previamente por las organizaciones a la Policía Nacional y al Ministerio de Cultura.
Organizaciones indígenas sostienen que el crimen ocurre en un contexto de años de denuncias persistentes. Ahora, un dirigente que había participado activamente en la defensa de su territorio está muerto. Ante esta situación, exigen al Ministerio Público y a la Policía investigar no solo a los autores materiales del asesinato, sino también a quienes podrían estar detrás de este hecho.
La muerte de Pascuala Tomisha subraya la urgencia de que el Estado asuma sus responsabilidades frente a la violencia territorial. La falta de acción previa ante las alertas emitidas desde 2020 genera una preocupación legítima sobre la capacidad del sistema para proteger tanto los derechos de comunidades indígenas como, en otros casos, la vida de menores vulnerables.
Un territorio bajo presión
Pascuala Tomisha realizaba un recorrido de monitoreo y vigilancia territorial cuando detectó a personas ajenas a la comunidad. ORAU sostiene que el dirigente ya había denunciado anteriormente la presencia de terceros dentro de Onconashari y que su labor estaba directamente relacionada con la protección del territorio comunal y de los bosques.
El enfrentamiento ocurrido tras el encuentro terminó con disparos. El líder ashéninka recibió impactos de arma de fuego y murió dentro del territorio de su propia comunidad.
AIDESEP expresó sus condolencias a la familia de Pascuala Tomisha, a la Comunidad Nativa Onconashari y al pueblo ashéninka. La organización lo identificó como un defensor del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas.
La CNDDHH, por su parte, advierte que el crimen debe ser investigado tomando en cuenta los antecedentes existentes. La pregunta central es inevitable: ¿quiénes ingresaban al territorio de Onconashari, qué actividades realizaban y por qué las denuncias formuladas durante años no consiguieron impedir que la situación terminara en un asesinato?
Las denuncias que quedaron pendientes
Los antecedentes adquieren especial relevancia después del crimen. De acuerdo con la CNDDHH, desde el año 2020 se habían reportado situaciones vinculadas con la presunta extracción de copaiba dentro del territorio comunal y amenazas contra comuneros. Las organizaciones sostienen que estas alertas fueron comunicadas a las autoridades.
ORAU también ha señalado que el propio Pascuala Tomisha había advertido sobre la presencia de personas ajenas dentro de la comunidad.
Si esas denuncias fueron efectivamente comunicadas a las instituciones competentes, la investigación deberá determinar qué acciones se adoptaron, qué medidas de protección fueron implementadas y si existieron omisiones que permitieron que el riesgo aumentara hasta desembocar en la muerte del dirigente. No basta, por ello, con identificar a quien apretó el gatillo.
La exigencia: autores materiales e intelectuales
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió al Ministerio Público y a la Policía Nacional realizar una investigación inmediata y diligente que permita esclarecer las circunstancias del asesinato.
El pedido tiene una dimensión adicional: determinar las responsabilidades materiales e intelectuales que pudieran estar vinculadas con el crimen.
Las organizaciones solicitan que la investigación incorpore un enfoque intercultural y considere la condición de Pascuala Tomisha como defensor indígena del territorio y los bosques. También reclaman al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una evaluación urgente sobre el nivel de riesgo que enfrentan las autoridades y las personas defensoras de Onconashari.
AIDESEP y ORAU se sumaron a la exigencia de una investigación efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables, además de adoptar medidas de protección para quienes continúan defendiendo los territorios indígenas.
Una muerte que vuelve a interpelar al Estado
El asesinato de Pascuala Tomisha se incorpora, según las organizaciones que han denunciado el caso, a una larga lista de agresiones contra defensores ambientales y territoriales en el Perú. La información difundida por estas organizaciones señala que más de 60 defensores ambientales han sido asesinados en el país desde 2012.
Ahora la Comunidad Nativa Onconashari enfrenta una nueva amenaza: no solo perdió a uno de sus dirigentes, sino que sus integrantes continúan necesitando protección. La senadora Ruth Luque también solicitó una investigación sobre el crimen y acciones estatales frente a la inseguridad que afecta a los territorios indígenas y a sus dirigentes.
La investigación deberá responder preguntas esenciales. ¿Quién disparó? ¿Quiénes eran los terceros que se encontraban dentro del territorio? ¿Qué actividad realizaban? ¿Existían denuncias previas y qué hicieron las autoridades frente a ellas? Y, sobre todo, hubo alguien que ordenó o facilitó el crimen?
Las respuestas corresponden al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Porque si durante años se advirtió que había terceros ingresando a un territorio indígena y un dirigente terminó asesinado mientras intentaba vigilarlo, el caso ya no puede ser presentado únicamente como un enfrentamiento ocurrido en algún lugar remoto de la Amazonía.
Es también una prueba para el Estado: determinar si las denuncias fueron escuchadas antes de que fuera demasiado tarde.
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La empresa Cálidda propone llevar gas natural a siete regiones y 15 ciudades mediante una inversión de cientos de millones de dólares. A cambio, busca extender hasta 2043 la concesión que actualmente opera en Lima y Callao. Pero aquí hay que plantear una pregunta fundamental: ¿cuánto vale para Cálidda la ampliación de su negocio y cuánto está entregando el Estado a cambio?
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