El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó hasta 35 años de cárcel a cuatro personas por el sicariato contra Quinto Inuma Alvarado, apu de la Comunidad Nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. El crimen ocurrió el 29 de noviembre de 2023 cuando el líder indígena se desplazaba junto con su familia y otros integrantes de su comunidad a bordo de una embarcación conocida como peque-peque por el río Yanayacu. La embarcación se detuvo debido a la presencia de un árbol que obstaculizaba el paso, situación que los atacantes aprovecharon para disparar contra Inuma. Tras determinar su responsabilidad en el delito, el Poder Judicial impuso penas diferenciadas según la gravedad del rol en el ataque. Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz recibieron la pena máxima de 35 años de prisión. Segundo Juan Villalobos Guevara fue condenado a 28 años y cuatro meses de cárcel. Por su parte, Jerly Saboya Saboya recibió una sentencia de 15 años de prisión, en calidad de cómplice primario. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas personales, documentales y periciales que, según informó la autoridad judicial, permitieron acreditar la participación de los sentenciados en el asesinato del líder indígena. Esta decisión judicial cierra un capítulo de violencia contra las comunidades nativas en la región amazónica, donde Quinto Inuma ejercía su liderazgo defensor de sus tierras. El fallo refleja la gravedad con la que el sistema penal peruano aborda estos crímenes de lesa humanidad contra los pueblos originarios, estableciendo un precedente importante para futuras demandas similares. La condena busca garantizar justicia y seguridad para las comunidades que habitan en estas zonas del país, donde el acceso a servicios básicos y la protección estatal son desafíos constantes. El caso resalta también la vulnerabilidad de los líderes indígenas frente a intereses económicos ilegales que operan con impunidad en la selva peruana.

A pesar de que el Estado activó un Procedimiento de Alerta Temprana tras identificar ataques contra la vida de Quinto Inuma y su comunidad Kichwa de Santa Rosillo, el líder indígena fue asesinado en noviembre de 2023 durante una agresión en el río Yanayacu. El Poder Judicial determinó que el crimen no fue aleatorio: fue un atentado planificado como represalia por la labor del apu defendiendo los derechos humanos y el medio ambiente. Inuma había sido reconocido formalmente como defensor de derechos humanos por la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Pese a estas medidas preventivas, el ataque resultó mortal. El líder murió producto de los impactos, mientras que otros ocupantes de la embarcación también fueron heridos, entre ellos Axeldina Barbarán Tapullima, quien recibió proyectiles de arma de fuego.

El apu había presentado denuncias contra los acusados con el objetivo específico de impedir la deforestación de los bosques de su comunidad. Su labor incluía, entre otras actividades delictivas, combatir el tráfico ilícito de drogas. Por ello, las autoridades judiciales condenaron a cuatro personas hasta 35 años de cárcel por este homicidio y los hechos conexos.

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