Fiscalía Anticorrupción interviene el Ministerio de Cultura y la BNP por contrataciones de madre e hija

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La Segunda Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional para recabar documentos sobre la contratación de Lourdes Morales Morote y el nombramiento de su hija, Sofía Aguayo Morales en la gestión del ministro Beingolea. La investigación se origina tras la denuncia periodística de Lima Gris y busca determinar si los hechos podrían constituir delito.

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28 segundos ago

26/08/2026

Redacción Lima Gris

El Ministerio de Cultura vuelve a quedar bajo la lupa de la Fiscalía. Esta vez, la investigación se centra en una contratación y una designación que involucran a una madre y a su hija y que, en apenas 25 días de gestión, han abierto una nueva interrogante sobre el uso del aparato estatal.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios —Primer Despacho— realizó diligencias urgentes en las instalaciones del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional del Perú. El objetivo: obtener documentación relacionada con la contratación de Lourdes Morales Morote en el Despacho Ministerial y con la designación de su hija, Sofía Aguayo Morales, como gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú.

Las diligencias estuvieron a cargo de la fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo, quien deberá determinar, a partir de la documentación recabada, si los hechos denunciados presentan relevancia penal.

La intervención fiscal constituye un nuevo capítulo de una historia que Lima Gris puso en evidencia: la llegada de dos familiares a posiciones vinculadas directamente con la administración cultural del Estado.

Según la información difundida, Morales Morote obtuvo una orden de servicio por S/ 32.500 para prestar servicios en el despacho del ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Paralelamente, su hija, Sofía Aguayo Morales, fue designada en un puesto de alta responsabilidad dentro de la Biblioteca Nacional.

El problema no es únicamente el monto de una contratación ni la existencia de un vínculo familiar. La pregunta central que ahora deberá responder el Ministerio Público es otra: ¿qué criterios se utilizaron para realizar ambas incorporaciones y existió algún tipo de favorecimiento indebido?

La investigación adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con la denuncia periodística, Sofía Aguayo Morales, es una exmilitante del Partido Popular Cristiano (PPC) y ha sido vinculada a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Estos antecedentes deberán ser contrastados por el Ministerio Público y confrontados con la documentación oficial que sustenta su contratación.

La coincidencia temporal de ambas incorporaciones plantea, por ello, un asunto que trasciende los nombres propios: la necesidad de transparencia en las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Cultura.

El Estado no es una agencia de colocaciones. Cada contratación, designación u orden de servicio debe responder a criterios objetivos, verificables y compatibles con las exigencias de idoneidad y mérito que demanda la administración pública.

Y cuando aparecen familiares ocupando posiciones vinculadas a una misma estructura institucional, la obligación de explicar los procedimientos utilizados se vuelve todavía mayor.

Ahora corresponde conocer qué documentos encontró la Fiscalía, quién autorizó la contratación de Morales Morote, qué informes sustentaron la orden de servicio por S/ 32.500, cuáles fueron los criterios empleados para la designación de Sofía Aguayo Morales y qué funcionarios participaron en esas decisiones.

También será necesario determinar si se cumplieron los procedimientos administrativos y si existieron evaluaciones previas de idoneidad, experiencia y compatibilidad para ambos casos.

El ministro Alberto Beingolea tiene, en consecuencia, una explicación pendiente. Ya no podrá mantenerse silencio.

La discusión ya no está solamente en las redes sociales ni en una denuncia periodística. Una Fiscalía Anticorrupción ha ingresado al Ministerio de Cultura y a la Biblioteca Nacional para revisar los documentos.

Hay una pregunta que queda flotando ¿el Ministerio de Cultura está siendo administrado bajo criterios de mérito y transparencia o se está convirtiendo en un botín para repartir cargos y contratos entre allegados?

Juzgado de Familia de Jaén dicta medidas de protección en solo dos horas para niña sobreviviente de tragedia familiar

Redacción Lima Gris

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Juzgado de Familia de Jaén dicta medidas de protección en solo dos horas para niña sobreviviente de tragedia familiar

La menor, de tres años, habría estado presente durante un violento episodio ocurrido en un hospedaje que terminó con la muerte de su padre. El juez Elmer Alonso Torres Huamanchumo dispuso medidas urgentes para garantizar su integridad física y emocional, pese a que el expediente no contaba con una Ficha de Valoración de Riesgo.

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23 horas ago

25/08/2026

Redacción Lima Gris

En apenas dos horas, el Tercer Juzgado de Familia de Jaén, Subespecialidad en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, dictó medidas de protección a favor de una niña de tres años que quedó en situación de extrema vulnerabilidad tras una tragedia familiar ocurrida en esta ciudad.

La decisión fue adoptada por el juez Elmer Alonso Torres Huamanchumo, luego de que el caso ingresara a su despacho durante la tarde del 20 de agosto de 2026, remitido por la Fiscalía Provincial de Familia de Jaén.

Según los actuados fiscales, la menor habría estado presente durante un grave episodio de violencia registrado al interior de un establecimiento de hospedaje, hecho que terminó con la muerte de su padre. Su madre permanece detenida en relación con estos acontecimientos.

Ante la gravedad de la situación, el magistrado determinó judicialmente un nivel de riesgo severo, aun cuando el expediente no contaba con una Ficha de Valoración de Riesgo. Para adoptar esta decisión consideró elementos objetivos como la corta edad de la niña, las lesiones traumáticas acreditadas médicamente, su exposición directa a un episodio de violencia extrema y la ausencia de una red familiar protectora inmediata.

Frente a este escenario, el juzgado emitió una resolución debidamente motivada y dispuso medidas destinadas a garantizar la protección integral de la menor. Entre ellas, ordenó la prohibición de acercamiento y de cualquier acto de violencia en su contra, así como el acceso a tratamiento psicológico especializado para atender las consecuencias emocionales derivadas de la experiencia traumática.

También se dispuso el monitoreo permanente por parte del Centro Emergencia Mujer de Jaén y la coordinación con las instituciones responsables de su cuidado y protección, con el objetivo de asegurar que permanezca en un entorno seguro y reciba la atención que requiere.

El juez Torres Huamanchumo, además, delimitó las competencias correspondientes y puso el caso en conocimiento del órgano jurisdiccional que viene atendiendo el proceso relacionado con la desprotección familiar. Asimismo, ordenó verificar la situación de una adolescente vinculada al mismo grupo familiar, a fin de garantizar también la protección de sus derechos e integridad.

La actuación judicial constituye una respuesta inmediata ante un caso de violencia que involucra a una niña en condición de especial vulnerabilidad. La decisión pone en primer plano la necesidad de que el sistema de justicia actúe con rapidez cuando existen elementos que advierten un riesgo grave para la integridad física y emocional de menores de edad.

Con esta intervención, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una justicia oportuna y célere, orientada a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y a garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes sea una prioridad en la actuación judicial.

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Ucayali: asesinan a líder ashéninka durante vigilancia de su territorio y organizaciones exigen identificar a los responsables

Américo Pascuala Tomisha, de 57 años y exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari, fue atacado con arma de fuego cuando realizaba labores de vigilancia territorial en Yurúa. Organizaciones indígenas sostienen que el crimen ocurre después de años de denuncias por el ingreso de terceros y la presunta extracción ilegal de copaiba. Exigen al Ministerio Público y a la Policía investigar no solo a los autores materiales, sino también a quienes podrían estar detrás del asesinato.

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1 día ago

25/08/2026

Redacción Lima Gris

En la Amazonía peruana, defender el territorio puede convertirse en una sentencia de muerte. Américo Pascuala Tomisha, líder ashéninka de 57 años y exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari, fue asesinado el domingo 23 de agosto en el distrito de Yurúa, región Ucayali, mientras realizaba labores de vigilancia dentro del territorio comunal.

Según la información difundida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Pascuala Tomisha detectó la presencia de terceros dentro de la comunidad. Las organizaciones señalan que estas personas presuntamente se encontraban extrayendo aceite de copaiba. El encuentro terminó en un ataque con arma de fuego que provocó la muerte del dirigente.

No se trata, según las organizaciones indígenas, de un episodio aislado ni inesperado. Desde 2020 existen reportes sobre el ingreso no autorizado de terceros al territorio de Onconashari, la extracción de copaiba y amenazas contra comuneros. Estas alertas, de acuerdo con la CNDDHH, fueron comunicadas previamente al Ministerio de Cultura y a la Policía Nacional.

Ahora, un dirigente que había participado en la defensa de su territorio está muerto.

Un territorio bajo presión

Pascuala Tomisha realizaba un recorrido de monitoreo y vigilancia territorial cuando detectó a personas ajenas a la comunidad. ORAU sostiene que el dirigente ya había denunciado anteriormente la presencia de terceros dentro de Onconashari y que su labor estaba directamente relacionada con la protección del territorio comunal y de los bosques.

El enfrentamiento ocurrido tras el encuentro terminó con disparos. El líder ashéninka recibió impactos de arma de fuego y murió dentro del territorio de su propia comunidad.

AIDESEP expresó sus condolencias a la familia de Pascuala Tomisha, a la Comunidad Nativa Onconashari y al pueblo ashéninka. La organización lo identificó como un defensor del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas.

La CNDDHH, por su parte, advierte que el crimen debe ser investigado tomando en cuenta los antecedentes existentes. La pregunta central es inevitable: ¿quiénes ingresaban al territorio de Onconashari, qué actividades realizaban y por qué las denuncias formuladas durante años no consiguieron impedir que la situación terminara en un asesinato?

Las denuncias que quedaron pendientes

Los antecedentes adquieren especial relevancia después del crimen. De acuerdo con la CNDDHH, desde el año 2020 se habían reportado situaciones vinculadas con la presunta extracción de copaiba dentro del territorio comunal y amenazas contra comuneros. Las organizaciones sostienen que estas alertas fueron comunicadas a las autoridades.

ORAU también ha señalado que el propio Pascuala Tomisha había advertido sobre la presencia de personas ajenas dentro de la comunidad.

Si esas denuncias fueron efectivamente comunicadas a las instituciones competentes, la investigación deberá determinar qué acciones se adoptaron, qué medidas de protección fueron implementadas y si existieron omisiones que permitieron que el riesgo aumentara hasta desembocar en la muerte del dirigente. No basta, por ello, con identificar a quien apretó el gatillo.

La exigencia: autores materiales e intelectuales

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió al Ministerio Público y a la Policía Nacional realizar una investigación inmediata y diligente que permita esclarecer las circunstancias del asesinato.

El pedido tiene una dimensión adicional: determinar las responsabilidades materiales e intelectuales que pudieran estar vinculadas con el crimen.

Las organizaciones solicitan que la investigación incorpore un enfoque intercultural y considere la condición de Pascuala Tomisha como defensor indígena del territorio y los bosques. También reclaman al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una evaluación urgente sobre el nivel de riesgo que enfrentan las autoridades y las personas defensoras de Onconashari.

AIDESEP y ORAU se sumaron a la exigencia de una investigación efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables, además de adoptar medidas de protección para quienes continúan defendiendo los territorios indígenas.

Una muerte que vuelve a interpelar al Estado

La senadora Ruth Luque también solicitó una investigación sobre el crimen y acciones estatales frente a la inseguridad que afecta a los territorios indígenas y a sus dirigentes.

El asesinato de Pascuala Tomisha se incorpora, según las organizaciones que han denunciado el caso, a una larga lista de agresiones contra defensores ambientales y territoriales en el Perú. La información difundida por estas organizaciones señala que más de 60 defensores ambientales han sido asesinados en el país desde 2012.

Ahora la Comunidad Nativa Onconashari enfrenta una nueva amenaza: no solo perdió a uno de sus dirigentes, sino que sus integrantes continúan necesitando protección.

La investigación deberá responder preguntas esenciales. ¿Quién disparó? ¿Quiénes eran los terceros que se encontraban dentro del territorio? ¿Qué actividad realizaban? ¿Existían denuncias previas y qué hicieron las autoridades frente a ellas? Y, sobre todo, hubo alguien que ordenó o facilitó el crimen?

Las respuestas corresponden al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Porque si durante años se advirtió que había terceros ingresando a un territorio indígena y un dirigente terminó asesinado mientras intentaba vigilarlo, el caso ya no puede ser presentado únicamente como un enfrentamiento ocurrido en algún lugar remoto de la Amazonía.

Es también una prueba para el Estado: determinar si las denuncias fueron escuchadas antes de que fuera demasiado tarde.

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Cálidda busca diez años más de concesión a cambio de llevar gas a siete regiones: las preguntas que el Estado aún debe responder

La empresa Cálidda propone llevar gas natural a siete regiones y 15 ciudades mediante una inversión de cientos de millones de dólares. A cambio, busca extender hasta 2043 la concesión que actualmente opera en Lima y Callao. Pero aquí hay que plantear una pregunta fundamental: ¿cuánto vale para Cálidda la ampliación de su negocio y cuánto está entregando el Estado a cambio?

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1 día ago

25/08/2026

Redacción Lima Gris

El Gobierno se encuentra frente a una decisión que puede modificar durante las próximas décadas el mapa de la distribución de gas natural en el Perú. Sobre la mesa está una adenda que permitiría a Cálidda, concesionaria de la distribución de gas natural en Lima y Callao, extender sus operaciones hacia Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

El argumento político es difícil de cuestionar: llevar gas natural a 15 ciudades que llevan años esperando acceder a una energía más económica. Pero detrás de ese anuncio existe una operación económica de dimensiones mucho mayores.

Cálidda ofrece ejecutar inversiones por cientos de millones de dólares. A cambio, la propuesta contempla ampliar por diez años una concesión que originalmente culminaría en 2033 y llevarla hasta 2043, además de incorporar siete nuevos mercados.

Y aquí aparece la pregunta que debería estar en el centro del debate público: ¿Cuánto vale para Cálidda aquello que el Estado está dispuesto a entregarle?

De US$550 millones a US$663 millones: ¿cuál es la cifra definitiva?

Las propias cifras conocidas hasta ahora requieren una explicación. El Ministerio de Energía y Minas ha difundido una versión que contempla una inversión superior a los US$550 millones, aproximadamente 3.700 kilómetros de redes y más de 300 mil usuarios potenciales.

Sin embargo, documentos posteriores de la cartera de proyectos han registrado una inversión de hasta US$663 millones, 2.510 kilómetros de redes y 150.914 hogares potencialmente beneficiados. No se trata de una diferencia menor.

Si el Estado está a punto de modificar una concesión por diez años y ampliar considerablemente su ámbito territorial, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el proyecto que realmente se encuentra sobre la mesa. ¿Cuál es la inversión definitiva? ¿Cuántos kilómetros de redes se construirán? ¿Cuántos hogares serán efectivamente beneficiados? ¿Qué obligaciones quedarán incorporadas en la adenda?

Las respuestas no pueden quedar en el terreno de los anuncios.

La pregunta que falta: ¿cómo recuperará Cálidda su inversión?

Decir que el proyecto será ejecutado mediante “inversión privada” explica quién coloca inicialmente el dinero. Pero no explica quién terminará pagando esa inversión.

Una empresa privada no invierte cientos de millones de dólares para no recuperar su capital y obtener una rentabilidad. Por eso, antes de aprobar la adenda, el Estado debería hacer público el modelo económico-financiero completo.

¿Cuánto recuperará Cálidda mediante las tarifas?, ¿Existirán subsidios?, ¿Qué participación tendrá el FISE?, ¿Habrá mecanismos de compensación?, ¿Existirán subsidios cruzados entre consumidores?, ¿Alguna parte del costo terminará incorporándose, directa o indirectamente, a cargos que pagan usuarios de otros servicios energéticos? Estas preguntas son el corazón económico de la operación.

Porque una cosa es anunciar que una empresa privada construirá las redes y otra muy distinta determinar quién pagará finalmente esas redes durante los años de vigencia de la concesión.

¿Cuánto valen diez años adicionales en Lima y Callao?

Hay una cifra que debería ocupar un lugar central en cualquier evaluación seria: el valor económico de los diez años adicionales de concesión.

¿Cuál es el valor presente de extender hasta 2043 la explotación de la distribución de gas natural en Lima y Callao? Sin ese cálculo resulta imposible determinar si existe una verdadera equivalencia económica entre lo que Cálidda promete invertir y aquello que el Estado le concede.

La comparación no puede reducirse a una fórmula políticamente cómoda: US$550 millones de inversión privada frente a cero gasto estatal.

La comparación correcta es mucho más compleja: valor de las inversiones y riesgos asumidos por Cálidda frente al valor económico de la extensión contractual, los nuevos mercados, los ingresos futuros y los demás beneficios derivados de la adenda. Sin esa información, la ciudadanía conoce solamente una parte de la operación.

Antes de ampliar la concesión, hay que mirar cómo se cumplió la anterior

Existe además un antecedente que el Gobierno debería revisar antes de entregar siete nuevas regiones al actual concesionario de Lima y Callao. ¿Cómo cumplió Cálidda las obligaciones de inversión que ya tenía?

En marzo de este año, Osinergmin aprobó la liquidación del Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026. Posteriormente, Cálidda interpuso un recurso de reconsideración solicitando que se reconociera un saldo superior a US$20,4 millones y que se considerara la totalidad de determinada infraestructura ejecutada entre 2022 y 2025.

No es el único antecedente regulatorio. Durante ese periodo hubo modificaciones de planes y discusiones relacionadas con inversiones, cronogramas y ejecución.

Nada de ello demuestra, por sí solo, un incumplimiento generalizado de las obligaciones del concesionario. Pero sí obliga a formular una pregunta elemental antes de ampliar el negocio: ¿Cuál fue exactamente el porcentaje de cumplimiento de las inversiones comprometidas por Cálidda durante los últimos planes quinquenales?

Y cuando determinadas metas originales no fueron alcanzadas, ¿qué razones se invocaron?, ¿cuáles fueron aceptadas por Osinergmin?, ¿qué consecuencias económicas tuvieron esas modificaciones para el concesionario y para los usuarios?

Antes de firmar una nueva adenda, el Estado debería tener esas respuestas sobre la mesa.

El peligro de que las excepciones terminen convertidas en nuevas adendas

Llevar gas a las siete regiones planteadas no será una tarea sencilla. Permisos municipales, servidumbres, arqueología, geografía, conflictos sociales, distancias y baja densidad de usuarios son riesgos previsibles.

Y precisamente porque son previsibles deberían estar claramente distribuidos en el contrato desde el primer día. De lo contrario puede aparecer un mecanismo conocido: se anuncia una inversión, aparecen dificultades, se postergan metas, se modifican obligaciones y finalmente se solicita una nueva modificación contractual.

Por ello, la adenda debería establecer con precisión qué circunstancias permitirían a Cálidda solicitar futuras modificaciones, reequilibrios económicos o ampliaciones de plazo. El Estado no puede entregar hoy una concesión ampliada para discutir mañana las condiciones que debieron quedar resueltas desde el comienzo.

Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

¿Por qué una adenda y no un nuevo proceso competitivo?

Existe, además, una discusión estructural. La distribución de gas mediante redes tiene características de monopolio natural. No resulta económicamente razonable que varias empresas construyan tuberías paralelas para atender una misma calle.

Pero una cosa es que la distribución constituya un monopolio natural y otra muy distinta que desaparezca la competencia para acceder al mercado. El anterior proceso para concesionar las siete regiones quedó desierto. Ese antecedente explica, en parte, el camino que ahora se pretende adoptar.

Pero han pasado varios años. Antes de incorporar siete regiones al contrato de un operador existente, el Estado debería demostrar, con números y análisis técnico, que una adenda ofrece mejores condiciones económicas y sociales que volver a estructurar un procedimiento competitivo. La pregunta no es si Cálidda puede ejecutar el proyecto. La pregunta es si el Estado obtiene con esta negociación las mejores condiciones posibles para el país.

MINEM, MEF, ProInversión y Osinergmin también están bajo examen

La decisión no compromete únicamente a Cálidda. También coloca bajo escrutinio al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Economía y Finanzas, a ProInversión y a Osinergmin.

El Estado no tiene como única obligación conseguir que alguien construya las redes. Tiene también que negociar adecuadamente el valor de los derechos públicos que entrega, impedir que los riesgos privados terminen siendo trasladados a la sociedad y garantizar que las obligaciones contractuales puedan hacerse cumplir incluso frente a un operador económicamente poderoso.

Cuando existe un único operador, la fortaleza del regulador deja de ser una cuestión administrativa y se convierte en una garantía para los usuarios.

Contraloría tendrá una oportunidad decisiva

El MINEM ha anunciado que la propuesta será remitida a la Contraloría para su revisión. Ese análisis debería servir para responder una cuestión que hasta ahora permanece detrás de las cifras, los anuncios y las promesas: ¿El balance económico de la adenda beneficia realmente al interés público?

No basta con saber cuánto invertirá Cálidda. Hay que conocer cuánto recibirá. No basta con anunciar cuántos kilómetros de redes serán construidos. Hay que establecer qué ocurrirá si no se construyen dentro de los plazos comprometidos.

No basta con afirmar que el proyecto será financiado con inversión privada. Hay que identificar quién terminará pagando cada componente durante toda la vida de la concesión.

Y tampoco basta con afirmar que siete regiones necesitan gas —porque efectivamente lo necesitan desde hace años— para concluir que cualquier mecanismo utilizado para llevarlo resulta automáticamente conveniente para el Estado. La necesidad de gas natural no debería convertirse en una carta en blanco.

Antes de extender una concesión hasta 2043 y ampliar sustancialmente el territorio entregado al mismo operador, el Gobierno tiene una responsabilidad elemental: demostrar que la operación más conveniente para Cálidda también es la más conveniente para el Estado y, sobre todo, para los consumidores peruanos.

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Santa Rosa Radio TV recibe el Premio Nacional de Comunicaciones Cardenal Juan Landázuri Ricketts

La institución fue reconocida en la categoría Radio y Podcast por “El Santo de América”, producción inspirada en la vida y obra de Santo Toribio de Mogrovejo y que destaca por su aporte a la comunicación, la cultura y la evangelización.

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2 días ago

25/08/2026

Redacción Lima Gris

anta Rosa Radio TV fue distinguida con el Premio Nacional de Comunicaciones Cardenal Juan Landázuri Ricketts, en la categoría Radio y Podcast, por su producción radial “El Santo de América”, una propuesta que recrea y difunde la vida y obra de Santo Toribio de Mogrovejo, figura fundamental de la historia religiosa y cultural del Perú.

El reconocimiento fue entregado en el marco de la Asamblea de los Obispos del Perú, realizada en la Casa de Retiro San José de Cluny, donde se destacó el aporte de esta producción al ámbito de las comunicaciones con contenido evangelizador, histórico y cultural.

“El Santo de América” fue escrita por Richard Morris Riofrio y contó con la dirección del padre Alejandro Maquera Calderón. La edición y musicalización estuvieron a cargo de Akito Bello y Cristina Martínez Fernández, mientras que trabajadores y voluntarios de Santa Rosa Radio TV participaron con sus voces para dar vida a los personajes y construir esta propuesta radial.

Para Santa Rosa Radio TV, este galardón representa un reconocimiento al trabajo colectivo de quienes hicieron posible la producción, así como al compromiso de la institución con una comunicación que busca fortalecer la fe, preservar la memoria histórica y acercar contenidos culturales a la ciudadanía.

La institución expresó su especial agradecimiento a la Comisión Episcopal de Comunicaciones por esta distinción, que constituye un estímulo para continuar desarrollando propuestas de comunicación comprometidas con la historia, la cultura, la fe y los valores.

El premio también reconoce la dedicación, creatividad y esfuerzo de todos los integrantes de Santa Rosa Radio TV, cuyo trabajo permite que su misión comunicadora llegue cada día a miles de personas.

Con este reconocimiento, Santa Rosa Radio TV reafirma su compromiso de comunicar, evangelizar y generar contenidos que contribuyan al conocimiento de nuestra historia y al encuentro con nuestra identidad y tradición.

“El Santo de América” se suma así a las producciones que, desde la radio, buscan recuperar personajes y episodios fundamentales de la historia peruana y convertirlos en relatos capaces de acercar la cultura y la fe a nuevas audiencias.

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¿Está Lima preparada para un terremoto? Un especialista advierte que solo el 20% de las viviendas soportaría un gran movimiento sísmico [VIDEO]

El Dr. Víctor Antonio Zelaya, especialista en sismología e ingeniería antisísmica formado en Japón, cuestiona la informalidad de la construcción, reclama una política de prevención sostenida y advierte que la ciencia todavía no puede predecir cuándo, dónde ni con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

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4 días ago

22/08/2026

Redacción Lima Gris

La pregunta vuelve cada vez que la tierra se mueve: ¿está Lima preparada para enfrentar un gran terremoto? Para el Dr. Víctor Antonio Zelaya, especialista en sismología e ingeniería antisísmica, la respuesta es preocupante. En entrevista con Lima Gris, sostuvo que apenas el 20% de las viviendas peruanas estaría adecuadamente preparado para enfrentar un movimiento sísmico, mientras que el 80% restante presenta algún grado de informalidad constructiva.

Zelaya explicó que el problema no depende únicamente del lugar donde está ubicada una vivienda, sino de la interacción entre suelo, cimentación y estructura. Una casa construida en un buen terreno puede ser vulnerable si no respeta las normas técnicas, mientras que una edificación levantada correctamente puede responder mejor incluso en condiciones complejas. Para el especialista, el estudio de mecánica de suelos resulta fundamental para determinar el tipo de cimentación y los materiales que deben utilizarse.

Uno de los principales riesgos está en la construcción informal. Zelaya cuestionó que muchas viviendas sean levantadas sin participación profesional y sin respetar aspectos básicos como la calidad de los materiales, las proporciones del concreto o las características de la cimentación. También alertó sobre prácticas deficientes durante la ejecución de las obras, capaces de comprometer estructuras que inicialmente fueron correctamente calculadas.

El especialista también puso el foco en la falta de prevención estatal. Afirmó que no conoce un programa gubernamental de suficiente magnitud para reforzar las viviendas vulnerables y recordó que la ingeniería puede intervenir estructuras existentes para mejorar su comportamiento frente a un sismo. En particular, planteó la necesidad de trabajar con las familias de menores recursos y propuso enseñar técnicas de construcción más seguras para viviendas de adobe y otros sistemas tradicionales.

Respecto al denominado “silencio sísmico” de Lima, Zelaya pidió evitar el alarmismo. Recordó que Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico y que la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa continental sudamericana, proceso que genera acumulación y liberación de energía. Según sus declaraciones, entre enero y la fecha de la entrevista se habían registrado aproximadamente 595 sismos en el Perú, frente a unos 60.000 en el mundo durante el mismo periodo.

Otro de los mensajes centrales de la entrevista fue contundente: ninguna persona ni institución puede predecir científicamente un terremoto indicando con precisión dónde, cuándo y con qué magnitud ocurrirá. Zelaya diferenció la predicción de los sistemas de alerta temprana, que funcionan después de iniciado el sismo y pueden otorgar algunos segundos para reaccionar. Explicó que las ondas sísmicas pueden desplazarse a velocidades diferentes según las características del suelo y que ese intervalo puede ser determinante para evacuar.

El investigador también rechazó las teorías que atribuyen los terremotos a tecnologías como HAARP y cuestionó las supuestas predicciones basadas en fenómenos astronómicos u otros indicadores sin respaldo científico. Para él, el gran desafío sigue siendo fortalecer la investigación, la educación y la calidad de las construcciones.

Finalmente, Zelaya reveló el potencial de una investigación desarrollada durante décadas: un método para analizar edificios de concreto armado existentes y determinar qué parte de una estructura podría fallar durante un terremoto y qué medidas correctivas podrían aplicarse. Según explicó, su metodología fue contrastada con cientos de edificaciones en Japón, incluyendo oficinas gubernamentales, edificios particulares y centros educativos.

La entrevista deja así una conclusión que trasciende el temor al próximo terremoto: el verdadero riesgo no está únicamente en que la tierra vuelva a temblar, sino en llegar a ese momento con viviendas vulnerables, construcción informal y una prevención insuficiente. Preparar Lima, en consecuencia, no significa adivinar cuándo ocurrirá el gran sismo, sino reducir desde ahora las condiciones que podrían convertirlo en una tragedia.

Aquí el video de la entrevista:

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Docente tacneño denuncia hostigamiento laboral de la directora del CEBA «Fray Melchor Aponte» en Huacho

Renato Zapata, docente diagnosticado con fibromialgia denuncia presunto hostigamiento laboral de María Salazar Santillán directora del CEBA «Fray Melchor Aponte» en Huacho durante su licencia con goce.

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4 días ago

22/08/2026

Leonardo Serrano Zapata

El pasado 17 de agosto, Zapata presentó una denuncia administrativa disciplinaria contra Salazar Santillán ante la UGEL N.° 09 – Huaura, por presunto abuso de autoridad, conducta hostil y trato denigrante, solicitando su derivación a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD).

El docente, natural de Tacna y diagnosticado con fibromialgia —enfermedad autoinmune—, fue internado de urgencia el 13 de agosto en el Hospital II Gustavo Lanatta Luján de EsSalud, en Huacho, tras un cuadro agudo de salud. La atención médica quedó registrada bajo el Acto Médico N.° 10382189 y derivó en un Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) con dos días de descanso médico, del 13 al 14 de agosto.

Lo que establece la norma

Fuente: Resolución Viceministerial N.° 031-2026-MINEDU, “Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial”.

Según la Resolución Viceministerial N.° 031-2026-MINEDU, que regula licencias, permisos y vacaciones docentes en el marco de la Ley N.° 29944 (Ley de Reforma Magisterial), la licencia por hospitalización puede ser tramitada por un familiar, adjuntando la constancia respectiva, y el CITT debe presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión.

Foto: Capturas de pantalla de la conversación entre la directora y la madre del docente del 13 de agosto de 2026.

Ante la imposibilidad del profesor de comunicarse por estar hospitalizado, fue su madre quien, la noche del 13 de agosto, avisó a la directora Salazar sobre el internamiento y el envío de CITT.

La norma no exige, además, presentar fotografías u otra evidencia adicional de la condición del docente. Sin embargo, la directora le solicitó fotografías como evidencia además de enviar por vía WhatsApp: “Hoy tenía que presentar un proyecto por lo menos ayer en la noche me hubiera comunicado sobre su salud delicada él se responsabilizó no me presenta ningún documento por su salud.” E incluso se solicitó al docente comunicarse con quien sería la especialista de EBA la Lic. Esther Haydee Sierra Chávez, algo que no contemplado en el procedimiento.

En breve: Renato Zapata, docente diagnosticado con fibromialgia denuncia presunto hostigamiento laboral de María Salazar Santillán directora del CEBA «Fray Melchor Aponte» en Huacho durante su licencia con goce.@MineduPeru pic.twitter.com/hu0aKs4OCa
— Revista Lima Gris (@Limagris) August 22, 2026

Audios enviados por la directora Salazar en respuesta a la comunicación de la condición de salud del docente.

Según la denuncia, la respuesta de la directora fue un audio en el que cuestionaba la ausencia del docente: «Vamos a ver si va a venir profesor (…) Debe hablarme, llamarme pues profesor, no me sorprenda».

Horas después, esa misma noche, se le remitieron a Salazar las fotos del ticket de atención y del CITT y posteriormente, según comenta el docente, presentó posteriormente de acuerdo a norma la solicitud de licencia por salud para justificar la inasistencia de 13 y 14 de agosto.

¿Qué se entiende por hostigamiento laboral?

El hostigamiento laboral es cualquier conducta abusiva o injusta que afecta la dignidad, la salud física o mental de un trabajador, o que pone en riesgo su empleo y daña el ambiente de trabajo. De acuerdo con SERVIR (Resolución N.° 001900-2026-SERVIR/TSC-Primera Sala), este acoso puede manifestarse a través de un solo acto o por acciones repetidas. El hecho de que la directora hubiera sido informada de la condición de salud (licencia con goce) y, pese a ello, cuestionar el incumplimiento de una obligación laboral durante el periodo de incapacidad constituye un elemento que deberá ser evaluado por la CDPADD de la UGEL 09 para determinar responsabilidad de la denunciada.

Antecedentes en la UGEL 09

El caso se suma a otras presuntas irregularidades en la UGEL 09: el exdirector Luis Parcco Quispe (Resolución directoral UGEL 09 N° 00672-2024 del 28 de febrero de 20024) habría resuelto en 2024, con su firma única y sin respaldo de las áreas correspondientes, un recurso administrativo contrario al nombramiento de Zapata.

Un conflicto de larga data

El conflicto entre ambos se remonta al concurso de nombramiento docente de 2022, cuando Zapata obtuvo el primer puesto en su especialidad y eligió una plaza en el CEBA Fray Melchor Aponte. La UGEL 09, sin embargo, no formalizó su nombramiento tras una carta de oposición presentada por la propia directora Salazar, pese a que la normativa prohíbe a los directivos interferir en estos procesos.

Zapata trabajó bajo contrato en la institución durante 2024 y demandó al Estado; en 2025 el Poder Judicial falló a su favor, reconociendo que la plaza de 2022 le correspondía y ordenando su nombramiento. Para asumirla, renunció a otra plaza que había ganado por mérito propio en Huaral.

Mientras tanto, Salazar continúa a cargo de la dirección en condición de encargada desde hace varios años, pese a que en el concurso de ascenso docente de 2025 obtuvo 46.50 puntos, por debajo del mínimo requerido para acceder a la segunda escala magisterial.

La versión del docente

Zapata expresó su preocupación por lo que considera una vulneración de sus derechos laborales, agravada por su estado de salud, y pidió la intervención de la Dra. Arístida Rufina Cisneros Flores (DRE Lima Provincias), el ministro de Educación José Antonio Chang, así como de representantes electos de Lima Provincias y Tacna, para garantizar transparencia y debido procedimiento.

Además, agregó: “El día 21 de julio durante la jornada laboral, la directora Salazar me llamó a su oficina para solicitarme que yo envíe un documento a la UGEL con la finalidad de retirar la denuncia, eso me hace sentir incómodo”.

Hasta el momento, la UGEL 09 Huaura no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso ni sobre el inicio del procedimiento disciplinario contra la directora denunciada.

Nos comunicamos con la directora Salazar para pedirle su descargo y hasta el cierre de este informe, no obtuvimos respuesta.

DATO:

En marzo de 2024, durante una reunión en el Gobierno Regional de Lima Provincias para tratar la negativa de su nombramiento en el proceso 2022, Zapata sufrió un infarto y fue auxiliado por el médico Bryan Fernández, quien se encontraba en el lugar, salvándole la vida.

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Fumigaron la VIDENA con judocas dentro: denuncia penal y salida del presidente del IPD

La extraña fumigación que afectó a los deportistas ya tiene denuncia. El coordinador general de Seguridad del IPD, y el coordinador de Seguridad de la Sede Videna, señalan a Miguel Toledo Pérez por presunta suplantación de identidad de Juan Joya. Y, justo entonces, Sergio Ludeña deja el cargo.

Published

1 semana ago

18/08/2026

Redacción Lima Gris

El caso de la fumigación realizada en el albergue de la VIDENA, mientras deportistas de la selección nacional de judo permanecían en sus instalaciones, no solo dejó atletas afectados y una denuncia penal. También abrió una pregunta incómoda que el Gobierno de Keiko Fujimori deberá responder: ¿cómo pudo ocurrir un hecho de esta naturaleza dentro de una instalación deportiva del Estado y por qué, inmediatamente después, se produjo la salida del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña Visalot?

El domingo 16 de agosto, mientras 15 atletas se encontraban en la Videna, se ejecutaron labores de fumigación en el albergue. Yuliana Bolívar, entrenadora del Equipo Nacional de Judo, informó que varios deportistas presentaron sangrado por la nariz y dolores en el pecho y la espalda. Un episodio que, lejos de ser presentado como un simple incidente administrativo, exige determinar quién ordenó, autorizó, supervisó o permitió que se realizara un servicio de saneamiento ambiental con personas dentro del recinto.

Deportistas y entrenadora de Judo afectados por la fumigación.

Ayer, Ludeña Visalot había anunciado una investigación administrativa interna destinada a establecer responsabilidades. El propio IPD comunicó que el entonces presidente dispuso “la separación de la institución de los responsables vinculados a la autorización, administración, supervisión y coordinación del servicio de saneamiento ambiental en el albergue del Estado Atlético de la Videna”.

El IPD, además, anunció una exhaustiva investigación y presentó una denuncia penal para identificar a los responsables.

Hasta ahí, la respuesta institucional parecía encaminada a esclarecer los hechos. Pero entonces ocurrió algo que vuelve el caso todavía más extraño: Ludeña Visalot dejó la presidencia del IPD.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, aceptó su renuncia mediante la Resolución Suprema N° 020-2026-MINEDU. Inmediatamente después, el Gobierno de Keiko Fujimori designó como nuevo presidente del IPD al exministro de Trabajo durante los gobiernos de José Jerí y José María Balcázar, Óscar Fernández Cáceres, mediante la resolución suprema N° 021-2026-MINEDU.

La coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. ¿Por qué ocurrió la fumigación la noche del domingo 16 de agosto? ¿Quién tomó la decisión? ¿Qué protocolos se incumplieron? Y, sobre todo, ¿la salida de Ludeña Visalot guarda alguna relación con este episodio?

La denuncia policial obtenida por Lima Gris añade otra arista. Fue presentada en la Comisaría de San Luis por Nelson Alegría Barrientos, coordinador general de Seguridad del IPD, y Lenin Terrazas Flores, Coordinador de Seguridad de la Sede Videna. El documento denuncia a Miguel Toledo Pérez por el presunto delito de suplantación de identidad de Juan Joya, al intentar facilitar el ingreso de supuestos reporteros de América Televisión.

Denuncia policial obtenida por Lima Gris contra Toledo Pérez en la Comisaria de San Luis, Lima.

Según el acta, Toledo Pérez conocía el acceso destinado a deportistas provenientes del Comité Olímpico Peruano, cuya puerta había sido habilitada por coordinaciones del presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, y el IPD. Por lo que habría proporcionado deliberadamente el nombre de “Juan Joya” al personal de seguridad de Prosegur para permitir el ingreso de Nelson Espinoza y Gian Paul Cuadros, quienes manifestaron pertenecer a América Televisión.

Los agentes, sin embargo, verificaron la identidad y descubrieron que no se trataba de Juan Joya, sino de Miguel Toledo Pérez, extrabajador perteneciente a la Federación de Judo.

Demasiadas preguntas para un solo episodio. La fumigación, los deportistas afectados, la denuncia penal, el intento de ingreso mediante una identidad ajena y, finalmente, el relevo inmediato del presidente del IPD conforman una cadena de hechos que merece una explicación completa. Si todo fue una simple sucesión de casualidades, el Gobierno debe demostrarlo con documentos y responsabilidades claras. Porque cuando un extraño suceso ocurre dentro de una institución pública y, casi de inmediato, cambia su máxima autoridad, el silencio deja de ser prudencia y empieza a parecer sospecha.

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Diputada Verónica Yonz: “La DGAC debe realizar una fiscalización extraordinaria a todas las empresas que operan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa»

La diputada por Ica explica los alcances de su proyecto de ley para fortalecer la fiscalización de los vuelos turísticos y plantea una vigilancia continua y basada en riesgos. Tras los recientes accidentes registrados en Nasca, también cuestiona la capacidad del Estado para responder con equipos forenses, presupuesto y personal especializado ante tragedias de gran magnitud.

Published

1 semana ago

18/08/2026

Edwin Cavello Limas

Los recientes accidentes registrados en Nasca han vuelto a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad de los vuelos turísticos y la capacidad de las instituciones del Estado para responder ante una emergencia con múltiples víctimas. En este contexto, la diputada por Ica, Mady Verónica Yonz Núñez, presentó el Proyecto de Ley N.° 00037-2026-2031-CD, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad operacional y establecer un sistema de vigilancia permanente para el transporte aéreo turístico y determinadas operaciones de aviación comercial no regular.

La propuesta plantea que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) deje atrás una fiscalización principalmente reactiva y adopte un modelo de supervisión basado en el nivel de riesgo de cada operador. El proyecto contempla inspecciones programadas e inopinadas, control de la aeronavegabilidad, revisión del mantenimiento de las aeronaves, licencias y capacitación de las tripulaciones, además del seguimiento de antecedentes de accidentes e incidentes. Para Yonz, la seguridad aérea debe convertirse en una política preventiva capaz de identificar y corregir riesgos antes de que estos terminen en una tragedia.

En esta entrevista, la parlamentaria también aborda uno de los aspectos más sensibles de los recientes hechos ocurridos en Nasca: la respuesta forense y la presunta falta de presupuesto para procesar pruebas de ADN. Yonz sostiene que cualquier eventual deficiencia debe ser investigada por las instituciones competentes y plantea que desde el Congreso corresponde ejercer fiscalización, solicitar información oficial y promover que el Estado fortalezca sus capacidades de respuesta. Asimismo, considera necesaria una fiscalización extraordinaria a las empresas que realizan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa, mientras su iniciativa legislativa busca convertir esa intervención excepcional en un sistema permanente de vigilancia y prevención.

¿Cómo evalúa que, ante una tragedia con múltiples víctimas y restos humanos altamente fragmentados y quemados, el trabajo de antropología forense haya contado únicamente con un especialista en el lugar del accidente?

Los hechos que habrían determinado, presuntamente, la participación de un solo especialista debe investigarse, sin adelantar conclusiones ni responsabilidades. En respeto de la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Público, corresponde a esta institución conducir la investigación y disponer la intervención del Instituto de Medicina Legal, sin perjuicio de la función fiscalizadora del Congreso.

La investigación revela que las pruebas de ADN estuvieron inicialmente paralizadas por falta de presupuesto. ¿Considera que el Estado está destinando recursos suficientes al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para responder oportunamente ante tragedias de esta magnitud?

La presunta paralización de las pruebas de ADN por falta de presupuesto es un supuesto que debe verificarse con información oficial. De confirmarse, evidenciaría una brecha urgente; por ello, desde el Congreso, se podría formular el requerimiento de información al Ministerio Público respecto a los recursos asignados y ejecutados, respetando su autonomía y sin adelantar conclusiones.

¿Debería el Congreso impulsar una partida presupuestal específica para fortalecer la antropología forense, los laboratorios de ADN y la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal?

El artículo 79 de la Constitución impide que los parlamentarios creen o aumenten directamente gasto público; sin embargo, podemos fiscalizar, sustentar técnicamente la necesidad, formular recomendaciones durante el debate presupuestal y exhortar al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público a priorizar recursos específicos para la atención oportuna de emergencias como lo sucedido en el accidente de Nasca.

Después de lo ocurrido en Nasca, ¿qué acciones concretas está dispuesta a promover desde el Congreso para evitar que una futura tragedia vuelva a enfrentar a los peritos forenses con falta de personal, insumos y presupuesto?

Desde el Congreso promoveré, mediante el seguimiento de las medidas implementadas y el control político a los titulares de las entidades competentes, que el Ejecutivo y el Ministerio Público fortalezcan los protocolos de movilización inmediata de equipos forenses multidisciplinarios, respetando su autonomía y sus competencias de ejecución y presupuesto.

El proyecto de ley que presentó, plantea pasar de una fiscalización reactiva a una vigilancia permanente y basada en riesgos. ¿Qué mecanismos concretos propone para garantizar que la DGAC pueda realizar inspecciones inopinadas y controles continuos, y no quede nuevamente limitada por falta de personal o presupuesto?

El proyecto establece un régimen obligatorio de vigilancia permanente basado en el perfil de riesgo de cada operador, considerando su flota, mantenimiento, antecedentes, incidentes y resultados de inspecciones, para que la DGAC determine controles programados e inopinados, supervise la aeronavegabilidad, las tripulaciones y el cumplimiento de medidas correctivas. La propuesta obliga a priorizar y organizar las capacidades existentes con criterios técnicos; paralelamente, mediante la fiscalización y el debate presupuestal, corresponde exigir al MTC que sustente si dispone del personal y los recursos necesarios para cumplir eficazmente ese mandato.

Tras los recientes accidentes registrados en Nasca, ¿qué medidas urgentes deberían aplicarse incluso antes de que este proyecto se convierta en ley? ¿La DGAC debería realizar una fiscalización extraordinaria a todas las empresas que realizan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa?

Sí, la DGAC debe realizar de inmediato una fiscalización extraordinaria a todas las empresas que operan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa, verificando la aeronavegabilidad de sus unidades, los programas de mantenimiento, las licencias y entrenamiento de las tripulaciones, los sistemas de gestión de seguridad y los antecedentes de supervisión. La Ley 27261 ya reconoce a la DGAC como autoridad aeronáutica y le permite ejercer inspección y vigilancia; no obstante, la aprobación del proyecto resulta indispensable para convertir esa intervención excepcional y reactiva en una vigilancia continua, preventiva y basada en riesgos, que reduzca la posibilidad de nuevas tragedias.

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