Tras los recientes accidentes registrados en Nasca, que han puesto bajo escrutinio la seguridad de los vuelos turísticos y la capacidad estatal para responder ante emergencias con múltiples víctimas, la diputada por Ica, Mady Verónica Yonz Núñez, presentó el Proyecto de Ley N.° 00037-2026-2031-CD.
Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad operacional y establecer un sistema de vigilancia permanente para el transporte aéreo turístico y operaciones comerciales no regular. Según Yonz, la seguridad aérea debe convertirse en una política preventiva capaz de identificar riesgos antes de que se conviertan en tragedias. Por ello, propone que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) deje atrás un modelo fiscalizador reactiva para adoptar uno basado en el nivel de riesgo de cada operador.
El proyecto contempla inspecciones programadas e inopinadas, control de aeronavegabilidad y revisión del mantenimiento. Además, incluye la supervisión de licencias, capacitación de tripulaciones y seguimiento de antecedentes de accidentes o incidentes. La diputada considera que es vital transformar esa intervención excepcional en un sistema duradero para evitar futuros desastres.
En una entrevista, Yonz aborda uno de los puntos más sensibles: la respuesta forense y la presunta falta de presupuesto para procesar pruebas de ADN tras las catástrofes aéreas. Sostiene que cualquier deficiencia debe ser investigada por las instituciones competentes.
Desde el Congreso, ella plantea ejercer fiscalización, solicitar información oficial y promover que el Estado fortalezca sus capacidades de respuesta. Asimismo, considera necesaria una fiscalización extraordinaria a todas las empresas que operan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa.
Preguntada sobre cómo evalúa el trabajo forense ante una tragedia con múltiples víctimas y restos humanos altamente fragmentados y quemados, Yonz responde: «¿Cómo es posible que haya contado únicamente con un especialista en el lugar del accidente?». Este cuestionamiento resalta la urgencia de mejorar los protocolos.
El contexto actual exige una vigilancia continua. La parlamentaria explica los alcances de su propuesta para asegurar que las instituciones puedan responder eficazmente ante tragedias de gran magnitud, garantizando tanto la prevención operativa como una respuesta forense digna y completa para las familias afectadas por estos sucesos aéreos.
La iniciativa legislativa busca convertir esa intervención excepcional en un sistema permanente de vigilancia y prevención. Con esto, el objetivo es blindar a los turistas y proteger la integridad del espacio aéreo nacional frente a riesgos operativos y administrativos que han sido expuestos por los recientes hechos trágicos ocurridos en la región sur.
El artículo 79 de la Constitución impide que los parlamentarios creen o aumenten directamente gasto público; sin embargo, podemos fiscalizar, sustentar técnicamente la necesidad, formular recomendaciones durante el debate presupuestal y exhortar al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público a priorizar recursos específicos para la atención oportuna de emergencias como lo sucedido en el accidente de Nasca.
El proyecto de ley que presentó, plantea pasar de una fiscalización reactiva a una vigilancia permanente y basada en riesgos. ¿Qué mecanismos concretos propone para garantizar que la DGAC pueda realizar inspecciones inopinadas y controles continuos, y no quede nuevamente limitada por falta de personal o presupuesto?
El proyecto establece un régimen obligatorio de vigilancia permanente basado en el perfil de riesgo de cada operador, considerando su flota, mantenimiento, antecedentes, incidentes y resultados de inspecciones, para que la DGAC determine controles programados e inopinados, supervise la aeronavegabilidad, las tripulaciones y el cumplimiento de medidas correctivas. La propuesta obliga a priorizar y organizar las capacidades existentes con criterios técnicos; paralelamente, mediante la fiscalización y el debate presupuestal, corresponde exigir al MTC que sustente si dispone del personal y los recursos necesarios para cumplir eficazmente ese mandato.
Después de lo ocurrido en Nasca, ¿qué acciones concretas está dispuesta a promover desde el Congreso para evitar que una futura tragedia vuelva a enfrentar a los peritos forenses con falta de personal, insumos y presupuesto?
Desde el Congreso promoveré, mediante el seguimiento de las medidas implementadas y el control político a los titulares de las entidades competentes, que el Ejecutivo y el Ministerio Público fortalezcan los protocolos de movilización inmediata de equipos forenses multidisciplinarios, respetando su autonomía y sus competencias de ejecución y presupuesto.
La investigación revela que las pruebas de ADN estuvieron inicialmente paralizadas por falta de presupuesto. ¿Considera que el Estado está destinando recursos suficientes al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para responder oportunamente ante tragedias de esta magnitud?
La presunta paralización de las pruebas de ADN por falta de presupuesto es un supuesto que debe verificarse con información oficial. De confirmarse, evidenciaría una brecha urgente; por ello, desde el Congreso, se podría formular el requerimiento de información al Ministerio Público respecto a los recursos asignados y ejecutados, respetando su autonomía y sin adelantar conclusiones.
Los hechos que habrían determinado, presuntamente, la participación de un solo especialista debe investigarse, sin adelantar conclusiones ni responsabilidades. En respeto de la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Público, corresponde a esta institución conducir la investigación y disponer la intervención del Instituto de Medicina Legal, sin perjuicio de la función fiscalizadora del Congreso.
¿Debería el Congreso impulsar una partida presupuestal específica para fortalecer la antropología forense, los laboratorios de ADN y la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal?
Tras los recientes accidentes registrados en Nasca, ¿qué medidas urgentes deberían aplicarse incluso antes de que este proyecto se convierta en ley? ¿La DGAC debería realizar una fiscalización extraordinaria a todas las empresas que realizan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa?
Sí, la respuesta es contundente: la Dirección General de Aviación Civil debe ejecutar de inmediato una fiscalización extraordinaria dirigida a todas las compañías aéreas operativas en la zona de Las Líneas de Nasca y Palpa. Esta acción implica verificar rigurosamente la aeronavegabilidad de sus unidades, evaluar los programas de mantenimiento, auditar las licencias y entrenamiento de las tripulaciones, revisar los sistemas de gestión de seguridad y contrastar los antecedentes de supervisión existentes. Es importante destacar que la Ley 27261 ya reconoce a la DGAC como autoridad aeronáutica, otorgándole el poder para ejercer inspección y vigilancia; sin embargo, la aprobación del proyecto resulta indispensable para transformar esa intervención excepcional y reactiva en una vigilancia continua, preventiva y basada en riesgos. El objetivo final es reducir drásticamente la posibilidad de nuevas tragedias aéreas.
Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, y columnista del diario La Razón. Actualmente es Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.
Actualidad
Lima Gris tuvo acceso a la información sobre los resultados de la investigación antropológica forense realizada tras el accidente de la avioneta de Aerodiana en Nasca. La identificación de los fallecidos enfrentó graves limitaciones: restos humanos altamente fragmentados y quemados, falta de presupuesto para pruebas de ADN y un reducido número de antropólogos para una labor que se prolongó durante jornadas extenuantes.
Nuestra fuente sostiene que dentro del equipo forense solo hubo un antropólogo que participó en las labores de campo. El equipo estuvo integrado, además, por tres odontólogos, dos médicos legistas y dos técnicos. La desproporción, según explica, fue particularmente evidente en el ámbito de la antropología forense. «Donde debería de haber más antropólogos solamente fue uno», señala.
La documentación y testimonios revela que el trabajo en el lugar del accidente fue realizado bajo presión, con recursos limitados y con una dificultad central: en algunos casos prácticamente no existían elementos anatómicos suficientes para establecer una identificación convencional. El accidente terminó en un escenario que, para los especialistas forenses, poco tenía que ver con un cuerpo humano reconocible. En el lugar donde se estrelló la avioneta de Aerodiana, en Nasca, quedaron fragmentos, restos óseos, tejidos y segmentos corporales sometidos a las consecuencias del impacto y del fuego. La tarea no consistía simplemente en recoger cuerpos. Había que reconstruir, pieza por pieza, una identidad.
Foto: Andina.
En Nasca, la labor de antropología forense enfrentó condiciones particularmente difíciles. La observación no es menor: cuando los cuerpos han sufrido una destrucción severa, el especialista debe analizar restos óseos y segmentos corporales para establecer correspondencias y reasociar los elementos que pertenecen a una misma persona.
Ropa, anillos y tatuajes
Uno de los aspectos más reveladores del procedimiento fue el uso de la denominada cultura material. Las prendas de vestir, los anillos y los tatuajes observados en algunos de los restos se convirtieron en elementos relevantes para establecer una primera identificación.
Reconstruir una identidad entre fragmentos
Foto: Andina.
La fuente relata que los profesionales trabajaron durante largas jornadas. El domingo pasado, según su testimonio, llegaron temprano y continuaron con las labores hasta aproximadamente las dos de la madrugada. «Todavía quedaba una bolsa por revisar. Era la número 14 y contenía otros segmentos corporales. La decisión fue continuar al día siguiente». No se trataba solamente de cansancio físico; después de una jornada completa de análisis, la capacidad de observación y los parámetros disponibles ya no eran los mismos.
En una investigación antropológica forense, un error de asociación puede tener consecuencias graves. Un fragmento no puede atribuirse arbitrariamente a una persona; cada elemento debe ser evaluado y relacionado con el conjunto de evidencias disponible.
La reasociación de los restos se realizó utilizando información proporcionada por las embajadas de Italia, España y Alemania, mientras que en el caso de ciudadanos peruanos también se trabajó con los datos disponibles. Sin embargo, no hubo un trabajo directo con los familiares durante la primera etapa; la información llegó a través de la Cancillería. Fue con esos datos, sumados a la evidencia recuperada en el lugar, que los especialistas pudieron avanzar.
Cuando los cuerpos han sufrido una destrucción severa, la antropología forense cumple un papel decisivo para recuperar identidades entre fragmentos, donde cada detalle de vestimenta o marca corporal se convierte en prueba vital para reconstruir la historia de quienes perdieron sus vidas sobre el desierto.
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