Docente tacneño denuncia hostigamiento laboral de la directora del CEBA «Fray Melchor Aponte» en Huacho

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Renato Zapata, docente tacneño diagnosticado con fibromialgia, denuncia un presunto hostigamiento laboral por parte de María Salazar Santillán. La directora del CEBA «Fray Melchor Aponte» en Huacho habría actuado así durante la licencia médica del educador con goce de sueldo.

El pasado 17 de agosto, el educador elevó una denuncia administrativa disciplinaria ante la UGEL N.° 09 – Huaura contra Salazar Santillán. El informe apunta a abuso de autoridad, conducta hostil y trato denigrante, solicitando que el caso sea derivado a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD).

Zapata, natural de Tacna, fue internado de urgencia el 13 de agosto en el Hospital II Gustavo Lanatta Luján de EsSalud, ubicado en Huacho. La atención médica quedó registrada bajo el Acto Médico N.° 10382189 y derivó en un Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT). Este documento otorgó dos días de descanso médico, correspondientes al periodo del 13 al 14 de agosto.

Fuente: Resolución Viceministerial N.° 031-2026-MINEDU, “Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial”.

Según la norma citada, que regula licencias y permisos docentes en el marco de la Ley N.° 29944, la licencia por hospitalización puede ser tramitada por un familiar adjuntando la constancia respectiva. Asimismo, establece que el CITT debe presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión. La normativa no exige, además, presentar fotografías u otra evidencia adicional de la condición del docente.

Dada la imposibilidad física del profesor para comunicarse al estar hospitalizado, fue su madre quien, la noche del 13 de agosto, avisó a la directora Salazar sobre el internamiento y el envío del CITT. Sin embargo, la directiva exigió fotografías como evidencia extra además de enviar por vía WhatsApp el mensaje: «Hoy tenía que presentar un proyecto por lo menos ayer en la noche me hubiera comunicado sobre su salud delicada él se responsabilizó no me presenta ningún documento por su salud».

Incluso se solicitó al docente comunicarse con quien sería la especialista de EBA, la Lic. Esther Haydee Sierra Chávez, algo que no está contemplado en el procedimiento establecido. Según la denuncia, la respuesta de la directora fue un audio en el que cuestionaba la ausencia del educador: «Vamos a ver si va a venir profesor (…) Debe hablarme, llamarme pues profesor, no me sorprenda».

Foto: Capturas de pantalla de la conversación entre la directora y la madre del docente del 13 de agosto de 2026.

Audios enviados por la directora Salazar en respuesta a la comunicación de la condición de salud del docente.

Horas después de los hechos, esa misma noche se remitió a Salazar la evidencia fotográfica del ticket de atención y del CITT. Posteriormente, el docente presentaría su solicitud de licencia por salud conforme a norma para justificar las inasistencias de los días 13 y 14 de agosto. «El día 21 de julio durante la jornada laboral, la directora Salazar me llamó a su oficina para solicitarme que yo envíe un documento a la UGEL con la finalidad de retirar la denuncia, eso me hace sentir incómodo», agregó Zapata en su versión sobre lo ocurrido. Hasta el momento, la UGEL 09 Huaura no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso ni sobre el inicio del procedimiento disciplinario contra la directora denunciada.

El hostigamiento laboral se define como cualquier conducta abusiva o injusta que afecta la dignidad, la salud física o mental de un trabajador, o que pone en riesgo su empleo y daña el ambiente de trabajo. De acuerdo con SERVIR (Resolución N.° 001900-2026-SERVIR/TSC-Primera Sala), este acoso puede manifestarse a través de un solo acto o por acciones repetidas. El hecho de que la directora hubiera sido informada de la condición de salud del docente —licencia con goce— y, pese a ello, cuestionar el incumplimiento de una obligación laboral durante el periodo de incapacidad constituye un elemento clave. Este punto deberá ser evaluado por la CDPADD de la UGEL 09 para determinar responsabilidad de la denunciada.

El caso se suma a otras presuntas irregularidades en la UGEL 09. El exdirector Luis Parcco Quispe habría resuelto en 2024, con su firma única y sin respaldo de las áreas correspondientes, un recurso administrativo contrario al nombramiento de Zapata. Un conflicto de larga data subyace a esta situación: el enfrentamiento entre ambos se remonta al concurso de nombramiento docente de 2022, cuando Zapata obtuvo el primer puesto en su especialidad y eligió una plaza en el CEBA Fray Melchor Aponte. La UGEL 09, sin embargo, no formalizó su nombramiento tras una carta de oposición presentada por la propia directora Salazar, pese a que la normativa prohíbe a los directivos interferir en estos procesos.

Zapata trabajó bajo contrato en la institución durante 2024 y demandó al Estado; en 2025 el Poder Judicial falló a su favor, reconociendo que la plaza de 2022 le correspondía y ordenando su nombramiento. Para asumirla, renunció a otra plaza que había ganado por mérito propio en Huaral. Mientras tanto, Salazar continúa a cargo de la dirección en condición de encargada desde hace varios años, pese a que en el concurso de ascenso docente de 2025 obtuvo 46.50 puntos, cifra inferior al mínimo requerido para acceder a la segunda escala magisterial.

Zapata expresó su preocupación por lo que considera una vulneración de sus derechos laborales, agravada por su estado de salud, y pidió la intervención de la Dra. Arístida Rufina Cisneros Flores (DRE Lima Provincias), el ministro de Educación José Antonio Chang, así como de representantes electos de Lima Provincias y Tacna, para garantizar transparencia y debido procedimiento. La situación actual deja a las partes en tensión administrativa mientras se aguarda una resolución formal que pueda cerrar este ciclo de disputas legales y laborales dentro del sistema educativo regional.

Nos comunicamos con la directora Salazar para pedirle su descargo, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

DATO:

En marzo de 2024, durante una reunión en el Gobierno Regional de Lima Provincias para tratar la negativa de su nombramiento en el proceso 2022, Leonardo Serrano Zapata sufrió un infarto y fue auxiliado por el médico Bryan Fernández, quien se encontraba en el lugar salvándole la vida.

El caso de la fumigación realizada en el albergue de la VIDENA, mientras deportistas de la selección nacional de judo permanecían en sus instalaciones, no solo dejó atletas afectados y una denuncia penal. También abrió una pregunta incómoda que el Gobierno de Keiko Fujimori deberá responder: ¿cómo pudo ocurrir un hecho de esta naturaleza dentro de una instalación deportiva del Estado y por qué, inmediatamente después, se produjo la salida del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña Visalot?

Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).

Ayer, Ludeña Visalot había anunciado una investigación administrativa interna destinada a establecer responsabilidades. El propio IPD comunicó que el entonces presidente dispuso "la separación de la institución de los responsables vinculados a la autorización, administración, supervisión y coordinación del servicio de saneamiento ambiental en el albergue del Estado Atlético de la Videna".

El domingo 16 de agosto, mientras 15 atletas se encontraban en la Videna, se ejecutaron labores de fumigación en el albergue. Yuliana Bolívar, entrenadora del Equipo Nacional de Judo, informó que varios deportistas presentaron sangrado por la nariz y dolores en el pecho y la espalda. Un episodio que, lejos de ser presentado como un simple incidente administrativo, exige determinar quién ordenó, autorizó, supervisó o permitió que se realizara un servicio de saneamiento ambiental con personas dentro del recinto.

Deportistas y entrenadora de Judo afectados por la fumigación.

El IPD, además, anunció una exhaustiva investigación y presentó una denuncia penal para identificar a los responsables. La extraña fumigación que afectó a los deportistas ya tiene denuncia. El coordinador general de Seguridad del IPD, y el coordinador de Seguridad de la Sede Videna, señalan a Miguel Toledo Pérez por presunta suplantación de identidad de Juan Joya. Y, justo entonces, Sergio Ludeña deja el cargo.

Hasta ese punto, la respuesta institucional parecía orientada a aclarar los hechos. Sin embargo, el caso se vuelve aún más extraño cuando ocurre algo inesperado: Ludeña Visalot deja la presidencia del IPD.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, aceptó su renuncia mediante la Resolución Suprema N° 020-2026-MINEDU. Inmediatamente después, el Gobierno de Keiko Fujimori designó como nuevo presidente al exministro de Trabajo durante los gobiernos de José Jerí y José María Balcázar, Óscar Fernández Cáceres, a través de la resolución suprema N° 021-2026-MINEDU.

La coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. ¿Por qué ocurrió la fumigación la noche del domingo 16 de agosto? ¿Quién tomó la decisión y qué protocolos se incumplieron? Sobre todo, surge una interrogante clave: ¿la salida de Ludeña Visalot guarda alguna relación con este episodio?

La denuncia policial obtenida por Lima Gris añade otra arista a esta confusión. Fue presentada en la Comisaría de San Luis por Nelson Alegría Barrientos, coordinador general de Seguridad del IPD, y Lenin Terrazas Flores, Coordinador de Seguridad de la Sede Videna. El documento denuncia a Miguel Toledo Pérez por el presunto delito de suplantación de identidad de Juan Joya.

Denuncia policial obtenida por Lima Gris contra Toledo Pérez en la Comisaria de San Luis, Lima.

Según el acta, Toledo Pérez conocía el acceso destinado a deportistas provenientes del Comité Olímpico Peruano. Esta puerta había sido habilitada por coordinaciones del presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, y el IPD. Por ello, habría proporcionado deliberadamente el nombre de "Juan Joya" al personal de seguridad de Prosegur para permitir el ingreso de Nelson Espinoza y Gian Paul Cuadros.

Dichos individuos manifestaron pertenecer a América Televisión. Los agentes, sin embargo, verificaron la identidad y descubrieron que no se trataba de Juan Joya, sino de Miguel Toledo Pérez, extrabajador perteneciente a la Federación de Judo.

Demasiadas preguntas para un solo episodio. La fumigación, los deportistas afectados, la denuncia penal, el intento de ingreso mediante una identidad ajena y, finalmente, el relevo inmediato del presidente del IPD conforman una cadena de hechos que merece una explicación completa.

Si todo fue una simple sucesión de casualidades, el Gobierno debe demostrarlo con documentos y responsabilidades claras. Porque cuando un extraño suceso ocurre dentro de una institución pública y, casi de inmediato, cambia su máxima autoridad, el silencio deja de ser prudencia y empieza a parecer sospecha.

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