La extraña fumigación que afectó a los deportistas ya tiene denuncia. El coordinador general de Seguridad del IPD, y el coordinador de Seguridad de la Sede Videna, señalan a Miguel Toledo Pérez por presunta suplantación de identidad de Juan Joya. Y, justo entonces, Sergio Ludeña deja el cargo.
El caso de la fumigación realizada en el albergue de la VIDENA, mientras deportistas de la selección nacional de judo permanecían en sus instalaciones, no solo dejó atletas afectados y una denuncia penal. También abrió una pregunta incómoda que el Gobierno de Keiko Fujimori deberá responder: ¿cómo pudo ocurrir un hecho de esta naturaleza dentro de una instalación deportiva del Estado y por qué, inmediatamente después, se produjo la salida del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña Visalot?
Ayer, Ludeña Visalot había anunciado una investigación administrativa interna destinada a establecer responsabilidades. El propio IPD comunicó que el entonces presidente dispuso “la separación de la institución de los responsables vinculados a la autorización, administración, supervisión y coordinación del servicio de saneamiento ambiental en el albergue del Estado Atlético de la Videna”. Además, el organismo anunció una exhaustiva investigación y presentó una denuncia penal para identificar a los responsables.
Hasta ahí, la respuesta institucional parecía encaminada a esclarecer los hechos. Pero entonces ocurrió algo que vuelve el caso todavía más extraño: Ludeña Visalot dejó la presidencia del IPD. El ministro de Educación, José Antonio Chang, aceptó su renuncia mediante la Resolución Suprema N° 020-2026-MINEDU. Inmediatamente después, el Gobierno de Keiko Fujimori designó como nuevo presidente del IPD al exministro de Trabajo durante los gobiernos de José Jerí y José María Balcázar, Óscar Fernández Cáceres, mediante la resolución suprema N° 021-2026-MINEDU.
La coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. ¿Por qué ocurrió la fumigación la noche del domingo 16 de agosto? ¿Quién tomó la decisión? ¿Qué protocolos se incumplieron? Y, sobre todo, ¿la salida de Ludeña Visalot guarda alguna relación con este episodio?
El domingo 16 de agosto, mientras 15 atletas se encontraban en la Videna, se ejecutaron labores de fumigación en el albergue. Yuliana Bolívar, entrenadora del Equipo Nacional de Judo, informó que varios deportistas presentaron sangrado por la nariz y dolores en el pecho y la espalda. Un episodio que, lejos de ser presentado como un simple incidente administrativo, exige determinar quién ordenó, autorizó, supervisó o permitió que se realizara un servicio de saneamiento ambiental con personas dentro del recinto.
Deportistas y entrenadora de Judo afectados por la fumigación.
La denuncia policial, obtenida por Lima Gris y presentada en la Comisaría de San Luis, introduce una nueva arista al caso. Su autoría corresponde a Nelson Alegría Barrientos, coordinador general de Seguridad del IPD, junto a Lenin Terrazas Flores, Coordinador de Seguridad de la Sede Videna. El documento acusa formalmente a Miguel Toledo Pérez por el presunto delito de suplantación de identidad de Juan Joya. La acusación se centra en su intento de facilitar el ingreso de supuestos reporteros de América Televisión.
Denuncia policial obtenida por Lima Gris contra Toledo Pérez en la Comisaria de San Luis, Lima.
Según el acta detallada, Toledo Pérez conocía el acceso exclusivo destinado a deportistas provenientes del Comité Olímpico Peruano. Esta puerta había sido habilitada previamente por coordinaciones directas entre el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, y las autoridades del IPD. Por lo tanto, habría proporcionado deliberadamente el nombre de "Juan Joya" al personal de seguridad de Prosegur para permitir la entrada de Nelson Espinoza y Gian Paul Cuadros, quienes manifestaron pertenecer a América Televisión.
Los agentes, sin embargo, verificaron la identidad en el momento y descubrieron que no se trataba de Juan Joya. La persona que intentaba ingresar era Miguel Toledo Pérez, un extrabajador perteneciente a la Federación de Judo. De esta manera, se confirmó la maniobra de suplantación.
Demasiadas preguntas para un solo episodio. La fumigación masiva, los deportistas afectados por el evento, la denuncia penal recién revelada, el intento de ingreso mediante una identidad ajena y, finalmente, el relevo inmediato del presidente del IPD conforman una cadena de hechos que merece una explicación completa. Si todo fue una simple sucesión de casualidades, el Gobierno debe demostrarlo con documentos oficiales y responsabilidades claras asignadas.
La diputada Verónica Yonz ha tomado nota de esta situación institucional: "La DGAC debe realizar una fiscalización extraordinaria a todas las empresas que operan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa".
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La diputada por Ica explica los alcances de su proyecto de ley para fortalecer la fiscalización de los vuelos turísticos y plantea una vigilancia continua y basada en riesgos. Tras los recientes accidentes registrados en Nasca, también cuestiona la capacidad del Estado para responder con equipos forenses, presupuesto y personal especializado ante tragedias de gran magnitud.
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Los recientes accidentes registrados en Nasca han vuelto a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad de los vuelos turísticos y la capacidad de las instituciones del Estado para responder ante una emergencia con múltiples víctimas. En este contexto, la diputada por Ica, Mady Verónica Yonz Núñez, presentó el Proyecto de Ley N.° 00037-2026-2031-CD, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad operacional y establecer un sistema de vigilancia permanente para el transporte aéreo turístico y determinadas operaciones de aviación comercial no regular.
La propuesta plantea que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) deje atrás una fiscalización principalmente reactiva y adopte un modelo de supervisión basado en el nivel de riesgo de cada operador. El proyecto contempla inspecciones programadas e inopinadas, control de la aeronavegabilidad, revisión del mantenimiento de las aeronaves, licencias y capacitación de las tripulaciones, además del seguimiento de antecedentes de accidentes e incidentes. Para Yonz, la seguridad aérea debe convertirse en una política preventiva capaz de identificar y corregir riesgos antes de que estos terminen en una tragedia.
Después de lo ocurrido en Nasca, ¿qué acciones concretas está dispuesta a promover desde el Congreso para evitar que una futura tragedia vuelva a enfrentar a los peritos forenses con falta de personal, insumos y presupuesto?
Desde el Congreso promoveré, mediante el seguimiento de las medidas implementadas y el control político a los titulares de las entidades competentes, que el Ejecutivo y el Ministerio Público fortalezcan los protocolos de movilización inmediata de equipos forenses multidisciplinarios. Esto busca asegurar la respuesta oportuna ante emergencias como lo sucedido en el accidente de Nasca, respetando su autonomía y sus competencias de ejecución y presupuesto.
¿Debería el Congreso impulsar una partida presupuestal específica para fortalecer la antropología forense, los laboratorios de ADN y la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal?
El artículo 79 de la Constitución impide que los parlamentarios creen o aumenten directamente gasto público; sin embargo, podemos fiscalizar, sustentar técnicamente la necesidad, formular recomendaciones durante el debate presupuestal y exhortar al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público a priorizar recursos específicos para la atención oportuna de emergencias como lo sucedido en el accidente de Nasca.
La investigación revela que las pruebas de ADN estuvieron inicialmente paralizadas por falta de presupuesto. ¿Considera que el Estado está destinando recursos suficientes al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para responder oportunamente ante tragedias de esta magnitud?
La presunta paralización de las pruebas de ADN por falta de presupuesto es un supuesto que debe verificarse con información oficial. De confirmarse, evidenciaría una brecha urgente; por ello, desde el Congreso, se podría formular el requerimiento de información al Ministerio Público respecto a los recursos asignados y ejecutados, respetando su autonomía y sin adelantar conclusiones.
¿Cómo evalúa que, ante una tragedia con múltiples víctimas y restos humanos altamente fragmentados y quemados, el trabajo de antropología forense haya contado únicamente con un especialista en el lugar del accidente?
Los hechos que habrían determinado, presuntamente, la participación de un solo especialista debe investigarse, sin adelantar conclusiones ni responsabilidades. En respeto de la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Público, corresponde a esta institución conducir la investigación y disponer la intervención del Instituto de Medicina Legal, sin perjuicio de la función fiscalizadora del Congreso.
En esta entrevista, la parlamentaria también aborda uno de los aspectos más sensibles de los recientes hechos ocurridos en Nasca: la respuesta forense y la presunta falta de presupuesto para procesar pruebas de ADN. Yonz sostiene que cualquier eventual deficiencia debe ser investigada por las instituciones competentes y plantea que desde el Congreso corresponde ejercer fiscalización, solicitar información oficial y promover que el Estado fortalezca sus capacidades de respuesta.
Asimismo, considera necesaria una fiscalización extraordinaria a las empresas que realizan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa, mientras su iniciativa legislativa busca convertir esa intervención excepcional en un sistema permanente de vigilancia y prevención.
Tras los recientes accidentes registrados en Nasca, ¿qué medidas urgentes deberían aplicarse incluso antes de que este proyecto se convierta en ley? ¿La DGAC debería realizar una fiscalización extraordinaria a todas las empresas que realizan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa?
Sí, la DGAC debe realizar de inmediato una fiscalización extraordinaria a todas las empresas que operan vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca y Palpa. Este escrutinio debe verificar la aeronavegabilidad de sus unidades, los programas de mantenimiento, las licencias y entrenamiento de las tripulaciones, así como los sistemas de gestión de seguridad y los antecedentes de supervisión. La Ley 27261 ya reconoce a la DGAC como autoridad aeronáutica y le permite ejercer inspección y vigilancia; no obstante, la aprobación del proyecto resulta indispensable para convertir esa intervención excepcional y reactiva en una vigilancia continua, preventiva y basada en riesgos, que reduzca la posibilidad de nuevas tragedias.
El proyecto de ley que presentó, plantea pasar de una fiscalización reactiva a una vigilancia permanente y basada en riesgos. ¿Qué mecanismos concretos propone para garantizar que la DGAC pueda realizar inspecciones inopinadas y controles continuos, y no quede nuevamente limitada por falta de personal o presupuesto?
La propuesta establece un régimen obligatorio de vigilancia permanente basado en el perfil de riesgo de cada operador, considerando su flota, mantenimiento, antecedentes, incidentes y resultados de inspecciones. De esta forma, la DGAC determinará controles programados e inopinados para supervisar la aeronavegabilidad, las tripulaciones y el cumplimiento de medidas correctivas. La idea es priorizar y organizar las capacidades existentes con criterios técnicos; paralelamente, mediante la fiscalización y el debate presupuestal, corresponde exigir al MTC que sustente si dispone del personal y los recursos necesarios para cumplir eficazmente ese mandato.
Es fundamental asegurar que la autoridad pueda operar sin restricciones. La nueva norma busca blindar las inspecciones ante carencias administrativas o financieras. El objetivo final es transformar un sistema deficiente en uno robusto, capaz de prevenir desastres antes de que ocurran. Así se garantiza que la vigilancia no sea solo un trámite burocrático, sino una herramienta real de protección para todos los ciudadanos que disfrutan de este patrimonio natural y cultural único del Perú.
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