Diputado Óscar Reto sobre el Fenómeno del Niño: “Estamos llegando tarde en la reducción del riesgo”

Política Diputado Óscar Reto sobre el Fenómeno del Niño: “Estamos llegando tarde en la reducción del riesgo” El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, de la bancada del Buen Gobierno, recorrió Chosica y Chaclacayo y advirtió que, de los 536 puntos de intervención considerados para la…

Política

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, de la bancada del Buen Gobierno, recorrió Chosica y Chaclacayo y advirtió que, de los 536 puntos de intervención considerados para la preparación ante emergencias, solo 26 se encontraban en ejecución. El parlamentario señaló que aún existen puntos críticos pendientes, reclamó mayor presupuesto para maquinaria y planteó fortalecer el papel del CENEPRED para anticiparse a los riesgos y evitar que el Estado actúe únicamente después de una emergencia.

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18 minutos ago

27/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La experiencia que dejó el fenómeno de El Niño de 2017 vuelve a poner a prueba la capacidad del Estado para anticiparse a una emergencia. Óscar Reto, quien entonces estuvo al frente de la respuesta militar en el norte del país, ha recorrido nuevamente zonas vulnerables como Chosica, Chaclacayo, Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad para identificar qué se ha hecho y qué continúa pendiente. Desde esa experiencia, advierte que no basta con ejecutar obras de prevención: también es necesario contar con planes de contingencia, maquinaria, zonas de evacuación, agua y logística para atender a la población si las lluvias, huaicos o desbordes llegan antes de que culminen las intervenciones.

Diputado, usted recorrió el día viernes Chosica y Chaclacayo y pidió saber exactamente qué obras están terminadas y cuáles continúan pendientes. Encontró que, de los 536 puntos de intervención considerados para la preparación ante emergencias, solo 26 estaban en ejecución. ¿Estamos llegando tarde a la prevención?

Estamos llegando tarde en la reducción del riesgo. Después de la prevención viene precisamente esta etapa, que comprende los trabajos destinados a evitar y reducir los riesgos.

En algunos puntos de Chosica y Chaclacayo no se llegará a culminar las intervenciones previstas. Por ello, deben activarse los planes de contingencia, los planes de evacuación y las acciones para garantizar la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las zonas que puedan quedar aisladas.

La gestión del riesgo tiene varias fases: estimación, prevención, reducción, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. La estimación y la prevención están a cargo del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), que identifica los riesgos y proporciona información para que las autoridades puedan tomar decisiones, por ejemplo, evitando otorgar títulos de propiedad en lechos de ríos o en laderas inestables.

El problema es que esa información muchas veces no se ejecuta ni se toma en cuenta. Por eso, además de avanzar en la reducción del riesgo, es necesario fortalecer el trabajo preventivo y preparar desde ahora los planes de contingencia para los lugares donde las obras no puedan culminarse a tiempo.

En el caso de la ANA, de los 70 puntos que tiene asignados, 53 permanecían pendientes. ¿Qué está fallando? ¿Falta de presupuesto, problemas de gestión, burocracia o falta de coordinación entre las instituciones? ¿Quién debe responder por estos retrasos?

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) depende del Gobierno central. Entonces, quien tiene que responder por eso es el Gobierno central. En algunos puntos también existe falta de decisión política para contratar maquinaria y de presupuesto para poder hacerlo. Por ejemplo, faltan atender los puntos de Vallecito, Alaceras y Ñaña. Incluso, cuando se desborde esa quebrada, el agua puede llegar hasta la carretera Ramiro Prialé, llevando lodo y dificultando el tránsito. No la inhabilita, pero sí restringe el cauce.

También hay lugares que todavía faltan contemplar como puntos críticos. En otros casos, por falta de maquinaria, no se va a poder intervenir, y ahí es donde entran los planes de contingencia.

Usted también ha dicho que no basta con prevenir, sino que también hay que estar preparados para responder. Si las lluvias intensas o huaicos se producen antes de que culminen las obras, ¿qué capacidad real tiene el Estado para responder y proteger a las poblaciones que ya están identificadas como zonas de riesgo?

Dentro de la respuesta que debe dar el Gobierno, normalmente a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los bomberos, se debe brindar una atención inmediata. Por ejemplo, durante mi intervención en Chaclacayo y Chosica pregunté: “¿Tienen ustedes un lugar donde van a evacuar a su población?”. A lo que respondieron: “Sí, el estadio”.

Muy bien. ¿Cuál es el aforo? Diez mil personas caben en el estadio. Perfecto, entonces estamos hablando de un promedio de unas tres mil familias. Asimismo, pregunté: “¿Tienen agua para abastecer durante 24 horas a diez mil personas?”. Porque una cosa es que el Estado tenga agua y otra es disponer de ella inmediatamente para diez mil personas que pueden llegar en una, dos o tres horas a un estadio. Por eso, advertí que debían tenerlo previsto.

Lo mismo ocurre en un colegio o en un albergue. Si van a llevar allí a la población, también tiene que intervenir la Policía Nacional para mantener el orden. La experiencia que tuve en Piura demuestra que pueden presentarse situaciones como tocamientos indebidos o peleas entre familias, porque tenemos que considerar que la población se encuentra muy tensa y estresada.

Por eso, el responsable de un albergue tiene que ser una persona con capacidad de liderazgo y autoridad; no se puede colocar a cualquier persona. Por ejemplo, si existe un descampado donde se pueda instalar a la población con sus carpas, primero hay que habilitarlo. Se debe establecer dónde estarán las letrinas, la zona de carpas, el lugar de preparación de alimentos, la ubicación del personal policial y la distribución entre personas solteras y familias. Todo eso forma parte de la prevención.

También hay que prever dónde estarán los tanques elevados para abastecer de agua a la población. INDECI entrega una carpa y un balde a cada poblador, por lo que también se debe organizar la distribución de las carpas para que, cuando llegue la cisterna, pueda abastecerlas adecuadamente.

Hay que considerar también los reservorios, las zonas de duchas y todos esos detalles. Son aspectos mínimos, pero muy importantes. No se trata solamente de decir: “Vayan allá”. Hay que organizarse.

Usted ha señalado que la Cámara de Diputados debe fiscalizar y hacer seguimiento. ¿Está dispuesto el Congreso a establecer responsables y pedir sanciones si las entidades que tienen a su cargo las obras no cumplen los cronogramas de prevención?

La labor de determinar responsabilidades corresponde al Poder Judicial, de acuerdo con las leyes. Nosotros fiscalizamos y detectamos situaciones. Si encontramos que algo está mal, en nuestra opinión, corresponde comunicarlo a la Contraloría o a la Fiscalía. Y, si todavía estamos a tiempo, también se puede alertar a la entidad correspondiente, como lo estoy haciendo yo y, en general, los diputados.

Usted ha recorrido diferentes regiones y ha señalado que su experiencia durante el fenómeno de El Niño de 2017 le permite advertir situaciones que podrían repetirse. ¿Qué ha encontrado en estos recorridos?

Yo fui comandante general durante el fenómeno de El Niño de 2017 y responsable de la respuesta militar en el norte, particularmente en Piura. Estuve en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Áncash. Por eso, humanamente y por mi conciencia, no puedo dejar de advertir lo que conozco.

He ido a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad para alertar sobre situaciones concretas: si el agua se desborda por determinado lugar, ¿dónde está la zona de albergues?

Por ejemplo, si en Piura hubo alrededor de 25 mil personas afectadas, debe existir capacidad de albergue para esa cantidad de población. Hay que identificar estadios, colegios y otros espacios, y garantizar que no les falte agua.

Por eso, considero necesario seguir recorriendo estos lugares y advertir sobre aquello que puede mejorarse.

Si hoy ya conocemos cuáles son los puntos críticos y sabemos qué obras están pendientes, ¿qué tendría que ocurrir para que el Estado deje de explicar los retrasos después de una emergencia y empiece a responder antes de que ocurra?

En este momento todavía faltan cubrir algunos puntos críticos. Para ello, se necesita también la participación de la sociedad civil y de la empresa privada. Falta presupuesto. Por eso, sugiero que exista un presupuesto destinado a contratar maquinaria. En el lugar denominado Vizcachera, por ejemplo, los pobladores solicitaron al Ejecutivo que se contrate maquinaria.

También están las zonas de Vallecito, Alaceras, Ñaña y Ramiro Prialé. Están previstas como puntos críticos, pero probablemente no sean cubiertas porque no tienen prioridad.

Si cae un huaico por esa zona, es poco probable que afecte directamente a las personas, pero el agua y el material que arrastre pueden llegar hasta Ramiro Prialé. Eso representa un riesgo importante. Además, hemos detectado tres puntos que no han sido considerados adecuadamente.

Uno es el puente peatonal que une Chaclacayo con Chosica, denominado puente peatonal Pérez de Cuéllar, que actualmente presenta condiciones preocupantes. Cuando llegue el río con piedras y con la fuerza que suele tener, podría llevárselo.

El segundo punto está en Chaclacayo, en Cucipata. Allí el agua puede chocar contra un antiguo botadero. Cuando llegue el agua, puede arrastrar la tierra y entrar en contacto con los residuos, generando malos olores y posibles problemas sanitarios.

El tercer punto está en Huascarán, donde existe un botadero. En Cucipata, Chaclacayo, el agua puede encauzarse no por la ladera del cerro, sino por la zona donde están ubicadas las viviendas, con el riesgo de afectar algunas casas.

Esos son tres puntos que hemos detectado y que no han sido cubiertos como puntos críticos: el puente peatonal Pérez de Cuéllar, la zona de Cucipata, en Chaclacayo, y el exbotadero de Huascarán.

El resto de puntos han sido detectados y, en algunos casos, ya cuentan con presupuesto y se están ejecutando trabajos. En otros, por razones de tiempo o falta de maquinaria, las obras no se están terminando. Sobre esos puntos se deben establecer planes de contingencia.

El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, ¿qué responsabilidad tiene frente a los retrasos en las obras de prevención?

El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, está fiscalizando, personalmente, como le mencioné he estado en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y también en Lima, específicamente en Chosica y Chaclacayo.

En estos lugares existe responsabilidad del gobierno regional en materia de prevención y, en el caso de Lima Metropolitana, del alcalde, sin embargo, cuando un gobernador señala que ya no tiene capacidad para atender una determinada situación, debe intervenir el Gobierno nacional.

En este caso, el Gobierno nacional ya está interviniendo a través de la ANA, el Minagri y el Ministerio de Vivienda, entre otras entidades, se está habilitando presupuesto. Justamente, el viernes, el CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y que debe estar presidido por la presidenta de la República, tuvo su primera sesión.

Como presidente de la Cámara de Diputados, saludo esa decisión de que la presidenta se ponga al frente, porque quien preside el CONAGER es precisamente ella.

Para finalizar, ¿qué mensaje considera importante dejar frente a la preparación de la población ante una eventual emergencia?

Debemos trabajar como una sola fuerza, la población está recibiendo ayuda por parte del Gobierno y del Estado, pero también tiene responsabilidades, hay que brindar una buena educación a los hijos para que las siguientes generaciones no repitan los mismos errores.

Por ejemplo, ¿por qué muchas personas no tienen título de propiedad? Porque en muchos casos fueron invasores. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Treinta y cinco, cuarenta, incluso cuarenta y cinco años, según me comentó una persona.

Ahora que se ha tomado conciencia de esa situación, también hay que enseñar a las nuevas generaciones que esas acciones no deben repetirse, es cierto que hubo inacción del Estado y de las autoridades de aquella época, así como falta de conciencia de parte de la población. Pero ahora debemos tomar conciencia y cumplir las normas cívicas que nos enseñan desde el colegio, como no arrojar basura y respetar las disposiciones. También tenemos que poner de nuestra parte. Todavía hay muchas cosas que están pendientes.

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Sin ser presidente, López Aliaga promete S/ 18 mil millones para el Gobierno de Perú

Redacción Lima Gris

Política

Sin ser presidente, López Aliaga promete S/ 18 mil millones para el Gobierno de Perú

El candidato celeste vuelve a traficar con la ilusión del país prometiendo S/ 18 mil millones sin sustento ni competencia. El mismo que juró que su “palabra vale oro” y abandonó la alcaldía de Lima tras dejarla endeudada, reaparece con cifras al aire. El Perú no necesita más vendedores de humo.

Published

13 horas ago

27/09/2026

Luis Felipe Alpaca

El candidato a primer regidor metropolitano, Rafael López Aliaga vuelve a vender humo y ahora promete públicamente S/18 mil millones. En un programa periodístico de prime time anunció que está gestionando ese monto para inversiones para el Gobierno de Perú antes de fin de año y que se los entregará a la presidenta Keiko Fujimori.

¿De dónde saldrán esos S/18 mil millones? ¿Qué entidad los financiará? ¿Existe un documento, convenio, carta o compromiso que respalde semejante operación? López Aliaga habla de una gestión millonaria, pero no revela la fuente, ni menciona a la entidad en la que, según afirma, viene gestionando el supuesto financiamiento.

No se necesita ser inteligente para darse cuenta que un candidato metropolitano, no tiene ninguna competencia institucional del Poder Ejecutivo para gestionar inversiones nacionales. Anunciar cifras deliberadamente no convierte una promesa política en financiamiento público.

Sin embargo, López Aliaga otra vez arremete con su discurso del gran gestor financiero y asegura que está haciendo el “trabajo” después de las elecciones presidenciales que, según él, le robaron. Dice que no es mezquino y que entregará su plan con los millones a Keiko. “El Perú necesita inversión para que un país crezca al 6%, 7%, porque así disminuye la pobreza, aumenta el empleo y disminuye la anemia. Mi intención es que a este gobierno le vaya bien. Yo me estoy sacando el ancho”, afirmó.

El problema es que el personaje celeste tiene nefastos antecedentes políticos que siempre deben recordarse para el bien de las nuevas generaciones. Luego de ser elegido alcalde de Lima, en 2022 aseguró: “mi palabra vale oro” y prometió que culminaría su gestión municipal. Sin embargo, en octubre de 2025 renunció y abandonó la Municipalidad Metropolitana de Lima para postular a la Presidencia. Felizmente la frase quedó registrada y la decisión de librarse de la MML también. Es decir, todo queda, porque los ‘chanchos ya no vuelan’.

Mientras vuelve a venderse como gestor exitoso todoterreno, los cuestionamientos sobre su administración municipal nunca cesarán. ¿Un político que dejó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) endeudada con S/5 mil millones pagaderos a 20 años, va ahora atraer inversiones para todo el Perú sin ser presidente? La pregunta se cae por sí misma y se convierte en el chiste que se cuenta solo.

Está, además, el caso del bufete estadounidense de abogados ‘Boies Schiller Flexner’, vinculado a su amigo Martín De Luca.

Como se conoce, el Estudio Arbizu & Gamarra denunció penalmente ante la Fiscalía a López Aliaga por presunta colusión y negociación incompatible, señalando nueve contrataciones por S/97.510.450 a favor del estudio de De Luca. La Fiscalía inició una investigación preliminar sobre esos contratos.

Cuando alguien como López Aliaga anuncia S/18 mil millones para el bien del país, pero no muestra de dónde vienen, el periodismo tiene la obligación de preguntar y cuestionar, y no de aplaudir. Porque el Perú ya no necesita un vendedor de humo con calculadora en mano ‘con tal de salir electo y chapar el erario’. Mientras tanto, en redes sociales, la defensa de su candidatura cuenta con un ejército de troles y una granja de BOTS. ¿Cuántos millones cuesta mantener eso?

Un país no se construye con cifras lanzadas al aire, frases populistas, ni marketing político. Se construye con documentos, hechos, instituciones, transparencia y resultados.

Porque prometer S/18 mil millones desde un estudio de televisión es muy fácil, pero responder por cada sol público gastado cuesta muchísimo más. Y si no aparecen los documentos gestionados, nuevamente estamos ante un vendedor compulsivo de humo, especialista en prometer una potencia mundial y experto en inflar cifras y vender esperanzas con la billetera ajena.

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Política

Diputada Yonz exige acelerar convenio para internado médico de estudiantes de la UNICA

Ante la preocupación de los alumnos de Medicina Humana, la diputada por Ica gestiona ante EsSalud y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga la renovación del convenio que permitirá su participación en el internado médico 2027.

Published

13 horas ago

27/09/2026

Redacción Lima Gris

Ante la preocupación expresada por estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) por el riesgo de no acceder al Programa de Internado Médico 2027 de EsSalud, la diputada por Ica, Verónica Yonz Núñez, intensificó sus gestiones para acelerar la renovación del convenio entre ambas instituciones.

La parlamentaria inició sus acciones el pasado 11 de septiembre, cuando solicitó información a la Red Asistencial Ica y a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud sobre el estado del Convenio Marco con la UNICA, las acciones pendientes y los plazos previstos para culminar el proceso de renovación.

El convenio anterior tuvo vigencia hasta agosto de 2026 y su renovación es necesaria para que los estudiantes de Medicina Humana puedan acceder oportunamente a las plazas de internado en los establecimientos de EsSalud.

Como parte del seguimiento, Yonz Núñez sostuvo una reunión con el rector de la UNICA, Dante Calderón Huamaní, a fin de conocer las acciones emprendidas por la universidad y verificar el avance de la documentación requerida por EsSalud.

Durante el encuentro se informó que, mediante el Oficio N.° 1354-2026-R-UNICA, la universidad remitió la documentación solicitada para continuar con el procedimiento. Dichos documentos fueron recibidos por la Red Asistencial Ica de EsSalud el pasado 21 de septiembre.

Con esta información, el 24 de septiembre la parlamentaria remitió un nuevo oficio a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás Gonzales, solicitando que se priorice la evaluación del expediente y que, de verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos, se adopten las medidas necesarias para viabilizar la suscripción del Convenio Marco a la brevedad.

Asimismo, pidió que EsSalud informe cuáles son las acciones que aún se encuentran pendientes y cuál es el plazo estimado para culminar el procedimiento, considerando la proximidad del inicio del internado médico correspondiente al año 2027.

“Los estudiantes están haciendo un justo reclamo y merecen respuestas claras y oportunas. Vamos a exigir tanto a EsSalud como a las autoridades de la universidad que cumplan con lo que les corresponde. No podemos permitir que una falta de respuesta oportuna termine poniendo en riesgo el internado y la formación profesional de nuestros futuros médicos”, sostuvo la diputada Verónica Yonz Núñez.

La parlamentaria señaló que continuará realizando el seguimiento correspondiente hasta obtener una respuesta concreta de las instituciones involucradas y garantizar que los estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para continuar su formación profesional.

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Política

Francis Allison: Del calabozo de Miami al sillón de la alcaldía de Lima

El candidato a la Alcaldía de Lima arrastra una condena en Estados Unidos, denuncias por millones en aportes no pagados y un cuestionamiento de Contraloría que resurgió en pleno debate electoral.

Published

2 días ago

26/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Francis Allison compite por la Alcaldía de Lima con un historial que combina procesos judiciales de distintas épocas, denuncias municipales y cuestionamientos electorales acumulados desde su etapa como ministro de Vivienda y sus dos gestiones al frente de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Entre esos antecedentes hay uno que pocos recuerdan: en 2010 pasó cuatro días en una cárcel de Miami, condenado junto a su esposa por no declarar más de 50 mil dólares en efectivo ante la aduana estadounidense.

A esa condena se suman una investigación por lavado de activos vinculada al caso Business Track que terminó archivada, una denuncia penal por 18 ordenanzas que permitieron edificios de hasta 25 pisos en Magdalena, otra por S/32 millones en aportes de trabajadores municipales que nunca habrían sido entregados, y un informe de Contraloría que la candidata Mónica Yaya sacó a relucir en pleno debate por la Alcaldía de Lima.

El caso business track y la investigación por lavado de activos

Cuando era ministro de Vivienda, en 2009, Allison reconoció haber trabajado como abogado y consultor para Business Track (BTR), la empresa investigada por interceptaciones telefónicas ilegales. Negó haber conocido las actividades ilícitas de la compañía y haber frecuentado sus oficinas. La investigación fiscal derivada de esa relación llegó a incluir hipótesis de lavado de activos, peculado y concusión; la parte de lavado de activos fue archivada, aunque años después la Procuraduría cuestionó ese archivo y pidió revisar con más detalle determinados movimientos financieros.

La condena en Miami por dinero no reclarado

En enero de 2010, una corte federal de Miami condenó a Allison y a su esposa por no declarar 50,250 dólares en efectivo ante las autoridades aduaneras al ingresar a Estados Unidos. La sentencia impuso cuatro días de cárcel y una multa de 3,000 dólares para cada uno, el dinero fue incautado y ambos quedaron impedidos de ingresar al país durante tres años.

Francis Allison y su esposa en el 2010.

Las denuncias de San Isidro por licencia y cambios de jurisdicción

Durante el conflicto territorial entre San Isidro y Magdalena, la Municipalidad de San Isidro denunció penalmente a Allison y a funcionarios de Magdalena por modificaciones de jurisdicción de ciertos predios y el otorgamiento de licencias de construcción que consideraba irregulares. La denuncia se amplió después por una presunta falsedad genérica vinculada a los documentos de esos cambios de jurisdicción.

Los edificios que superaron la altura permitida en Magdalena

Una investigación de El Comercio identificó 18 ordenanzas aprobadas entre 2009 y 2018 que permitieron construcciones de hasta 25 pisos en zonas de Magdalena del Mar donde antes regían límites menores, y que estuvieron relacionadas con 67 edificios construidos entre 2016 y 2019. Varias de esas ordenanzas, según la investigación, se aprobaron sin los informes técnicos y jurídicos correspondientes ni la ratificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En septiembre de 2021, la propia Municipalidad de Magdalena denunció penalmente a Allison y a miembros de los concejos municipales involucrados, en un caso que quedó a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios. Allison respondió que los alcaldes no votan las ordenanzas y que la responsabilidad correspondía a los regidores que las aprobaron.

La denuncia por S/32 millones de aportes de trabajadores

En noviembre de 2019, la Municipalidad de Magdalena denunció a Allison por el presunto incumplimiento de pagos de seguros, retenciones y aportes de pensiones de trabajadores municipales, por una suma cercana a los S/32 millones. La denuncia sostuvo que durante su gestión se habrían hecho descuentos a los trabajadores sin entregar esos fondos a las entidades correspondientes, y fue presentada ante la Segunda Fiscalía Penal de Magdalena del Mar como presunta omisión de funciones y retardo injustificado de pagos. También quedó comprendido el entonces gerente municipal, a quien se cuestionó por no supervisar esos pagos.

La acusación vinculada a la fiscal Elizabeth Peralta

En diciembre de 2024, un reportaje televisivo sostuvo que Allison habría financiado trabajos de remodelación en una vivienda vinculada a la entonces fiscal Elizabeth Peralta, y relacionó esa ayuda con la investigación por lavado de activos que antes lo había involucrado. Allison rechazó la versión y explicó que la investigación en su contra había sido archivada en 2015, mientras que Peralta fue nombrada fiscal especializada en lavado de activos recién en 2016. Reconoció que la conocía y que mantenían una relación de amistad.

La Cámara de EMAPE retirada en la Costa Verde

En 2026, la Municipalidad de Lima cuestionó a Allison por el retiro de una cámara de control instalada en la Costa Verde y anunció acciones legales. Allison respondió que el equipo había sido instalado por Lima sin autorización de la Municipalidad de Magdalena y cuestionó la forma en que se pretendía aplicar las sanciones del sistema de control.

El informe de Contraloría que surgió en el debate electoral

Durante el debate por la Alcaldía de Lima, la candidata Mónica Yaya cuestionó a Allison por el Informe N.º 111-2026 de la Contraloría, que señalaría bienes faltantes valorizados en más de S/2.8 millones y gastos superiores a S/2 millones sin sustento, correspondientes al periodo de 2025. Allison respondió que desconocía el informe y que esos cuestionamientos no correspondían a su gestión; Yaya insistió en que el documento sí estaba referido a ese periodo.

Allison ha respondido a la mayoría de estos casos calificándolos de denuncias políticas o de responsabilidades que no le correspondían, mientras su gestión en Magdalena del Mar —dos periodos consecutivos como alcalde— sigue siendo el terreno donde sus adversarios concentran los cuestionamientos, ahora que busca extender esa gestión a toda la capital.

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Política

Liceo Naval Almirante Guise: la cercanía de la viceministra Miriam Ponce con los liceos de la Marina

En el 2023 y 2024, la exministra de Educación Miriam Ponce y hoy viceministra en el MINEDU realizó visitas a los liceos navales Almirante Guise y Contralmirante Montero. Además, el 18 de setiembre, día de la publicación del Decreto Supremo n.º 016-2026-MINEDU que dispuso la reorganización de la gestión educativa y gobernanza a cargo del MINEDU, se reunió con dos oficiales de la marina. Además, en el 2014 se reportó un caso de violencia sexual en el liceo sin que hubiera consecuencias legales para el agresor.

Published

2 días ago

26/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 18 de septiembre, el Ministerio de Educación asumió la administración directa del Liceo Naval Almirante Guise (San Borja) hasta diciembre de 2027, luego de la denuncia por presunta agresión sexual contra un alumno de 16 años en un transporte escolar.

La reorganización, de momento, según declaraciones del ministro José Antonio Chang, es conducida con el apoyo de los viceministros Luis Alemán Nakamine (Gestión Institucional) y Miriam Ponce Vértiz (Gestión Pedagógica). El sistema SíseVe está a cargo del Viceministerio de Gestión Institucional (VMGI) del Ministerio de Educación del Perú (Minedu) a través de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar (DIGC) desde el 2015. Sin embargo, la presencia de la hoy viceministra Miriam Ponce genera interrogantes por sus vínculos previos con los liceos de la Marina y sus actuaciones como ministra de Educación frente a los casos de violencia escolar reportados en los liceos navales.

El 22 de noviembre de 2023, la exministra de Educación Miriam Ponce Vértiz y el entonces director del Liceo Naval Almirante Guise, Guido Revilla Obando, la coordinadora del nivel secundaria Carito Ayala Delgado y otros representantes. Fuente: Portal oficial del Liceo Almirante Guise.

El 22 de noviembre de 2023, en su rol de ministra de Educación, visitó el Liceo Naval Almirante Guise. En esa ocasión, posó junto al entonces director Guido Revilla Obando —quien ejerció la titularidad del plantel entre enero de 2023 y diciembre de 2024— y a Carito Ayala Delgado, subdirectora general en esa fecha y posterior directora en 2026.

Fotografía de la visita de la hoy viceministra Miriam Ponce al Liceo Naval «Contralmirante Montero» en agosto del 2024 con la participación de autoridades del Liceo Almirante Guise. Fuente: Portal oficial del Liceo Almirante Guise.

En agosto de 2024, Miriam Ponce participó en un acto institucional en el Liceo Naval Contralmirante Montero junto al contralmirante Alfredo Osorio Bromberg (director de Bienestar de la Marina), el capitán de navío Marco Goytizolo Castagnola (jefe del Departamento de Educación de Bienestar de la Marina), Roberto Jiménez Torreblanca (director ejecutivo de la Fundación de Bienestar Naval) y el entonces director del Liceo Naval Almirante Guise, Guido Revilla Obando.

Según recogió el diario Expresión en: «El portal SíSeVe arrojó que se habían reportado 144 casos de violencia escolar en el Liceo Naval durante los últimos cinco años; el 2023, 31; el 2024, 30; y el 2025 se alcanzó la cifra récord de 45 casos. En lo que va de este año se han reportado 10 casos».

Teniendo en cuenta que Miriam Ponce fue titular del Minedu entre septiembre de 2023 y abril de 2024, y según lo informado, se generaron más de 30 reportes de violencia escolar, surge una interrogante clave: ¿conocía la actual viceministra sobre las alertas de violencia escolar en los liceos navales durante su gestión ministerial? ¿Recibió algún informe? ¿Cuáles fueron sus actuaciones en ese entonces?

El 18 de setiembre, la viceministra Miriam Ponce se reunió (de 18:05 a 19:15 horas) con el vicealmirante Alberto Avilez Puertas (director general del personal de la Marina) y el capitán de navío Marco Goytizolo Castagnola.

Dado que los temas de la reunión no se hicieron públicos, queda pendiente una respuesta pública por parte del Minedu a cargo del Dr. Chang: ¿existe una verdadera voluntad institucional para ejecutar una reingeniería en el Liceo Naval Almirante Guise o primarán las lealtades cruzadas? Asimismo, ¿qué temas abordaron los oficiales de la Marina de Guerra y la viceministra Miriam Ponce? Ministro Chang le preguntó a Miriam Ponce: ¿Qué acciones realizó en su periodo como ministra de educación frente a los hechos de violencia escolar reportados en los liceos navales?

Por otro lado, el pasado 18 de septiembre, seis de los diez adolescentes investigados por la agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), tras dictarse cuatro meses de internamiento preventivo. Sin embargo, su permanencia en el establecimiento ha generado controversia debido a denuncias sobre presuntos privilegios que estarían recibiendo en el centro.

¿Qué papel cumplió Carito Ayala, exdirectora del liceo Almirante Guise, en el caso de presunta violencia sexual?

En una entrevista en Willax, el abogado de la víctima, Jorge Petroscio, afirmó que la denuncia por omisión de funciones contra dos profesores fue presentada a título personal por la subdirectora del Liceo Naval, a quien identificó como la segunda al mando de la entonces directora Carito Ayala: «La Marina, entre comillas, presenta una denuncia ante la comisaría de San Borja por omisión de funciones contra los dos profesores. […] quien ha presentado esa denuncia a título personal es la subdirectora del Liceo Naval, en otras palabras, la segunda al mando de la exdirectora Carito Ayala». También agregó: «Ella sabía perfectamente lo que había pasado. Ella lo sabe desde el día 15, en la noche, en la tarde noche. Ahí está el acta. Podría ir presa».

Para el abogado Petroscio, la subdirectora habría actuado por disposición de la Marina: «Esta subdirectora para nosotros ha actuado porque la Marina le tiene que haber dado la orden y le ha dicho: ‘Anda a la comisaría […] y sentó una denuncia ‘» presentó una denuncia en la comisaría de San Borja limitada al delito de omisión de funciones contra dos profesores, sin incluir a la exdirectora del plantel ni a las autoridades navales de las que depende jerárquicamente la institución, entre ellas el contralmirante Carlos Guerrero, director de Bienestar de la Marina.

Petroscio ha solicitado a la fiscalía ampliar la imputación a delitos de violación sexual por comisión por omisión, abandono de menor, encubrimiento personal y omisión de denuncia, y extenderla a la exdirectora. La estrategia de acotar la responsabilidad a dos docentes, sin tocar la cadena de mando naval, reabre la misma pregunta de fondo: ¿Protege la gestión de José Antonio Chang a la víctima, o protege al Liceo Almirante Guise en coordinación con la Marina de Guerra?

Caso 2014: Los antecedentes de impunidad y «espíritu de cuerpo» en el colegio naval

Abogada penalista Romy Chang durante entrevista con el periodista Christian Hudtwalcker. Fuente: Willax Televisión.

La impunidad frente a los casos de violencia sexual en el Liceo Naval Almirante Guise no sería patrón inédito. En 2014, durante un viaje de promoción a Punta Cana, una estudiante del mismo colegio fue víctima de una violación sexual por parte de un compañero.

Según relató la abogada penalista Romy Chang el día de ayer en el programa Ahora y En La Hora, conducido por el periodista Christian Hudtwalcker en Willax Televisión, quien patrocinó el caso, señaló: «No solamente porque el colegio negaba o quería de alguna manera decir que no tenía mayor responsabilidad, porque decían que era el viaje de promoción».

Según la abogada, el colegio negó responsabilidad institucional: «[…] Todas las reuniones de coordinación fueron en el colegio, partieron desde el colegio», alegando que el hecho ocurrió fuera de sus instalaciones, pese a que el viaje había sido coordinado desde el propio plantel. Además, el agresor habría contado con apoyo de otros padres de familia de los estudiantes del liceo AG, según la versión de la abogada; «hubo también todo un espíritu de cuerpo entre varios papás de otros niños para ayudarlo a salir del país» —varios de ellos vinculados a la Marina—, evadió una orden de captura en República Dominicana y regresó al país.

A pesar de que en primera instancia se le impuso un año de internamiento, el proceso judicial prescribió en segunda instancia debido a que el plazo legal para sancionar a menores infractores era de solo dos años. Como resultado, el estudiante continuó sus clases en el plantel sin recibir sanción disciplinaria alguna. Este antecedente, debidamente documentado, sugiere que la minimización de denuncias por parte del Liceo Naval AG no sería un caso aislado, sino una práctica reiterada. Mantener la atención pública sobre este hecho y otros resultará indispensable para evitar la impunidad de los agresores.

Según la abogada Chang, respecto a la prescripción: «Hay un cambio normativo que hay que hacer. El plazo de prescripción sigue siendo muy corto; 4 años es insuficiente.»Desde la Cámara de Diputados han impulsado el 21 de setiembre una moción de interpelación contra el ministro Chang; sin embargo, las bancadas de oposición no incluyeron dentro de este pliego interpelatorio lo ocurrido dentro del Liceo Naval Almirante Guise.

Finalmente, la designación de Luis Alemán Nakamine como director temporal, oficializada el 21 de septiembre mediante la Resolución Ministerial n.º 576-2026-MINEDU, constituye un hecho relevante en el organigrama del sector. Como viceministro de Gestión Institucional, Alemán es el superior jerárquico de las áreas que administran los sistemas de gestión del Minedu, entre ellos el SíseVe (Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar).

Esta doble función plantea interrogantes de evidente interés público: ¿qué rol asumirá en la supervisión de los informes del SíseVe mientras conduce la reorganización de un colegio investigado por omitir alertas de violencia sexual? ¿Prevalecerá nuevamente el «espíritu de cuerpo», como habría ocurrido en 2014?

La ciudadanía no podrá tener certeza de que la reingeniería prometida en el Liceo Naval Almirante Guise por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se cumplirá mientras persistan zonas de opacidad entre quienes deben fiscalizar y quienes, históricamente, han evadido dicho control.

Hasta el cierre de este informe, este medio se comunicó con la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce Vértiz, a fin de conocer su versión sobre los puntos señalados —su rol durante la gestión ministerial frente a las alertas de violencia escolar en los liceos navales, el contenido de la reunión sostenida el 18 de setiembre con oficiales de la Marina de Guerra y sus vínculos previos con dichas instituciones educativas—; sin embargo, no obtuvimos respuesta de su despacho. Lima Gris mantiene abierto el espacio para publicar sus declaraciones en caso de que decida pronunciarse.

Dato:

Exministro Oscar Becerra visitó a Chang y Ponce

El 21 de septiembre, el exministro de Educación Óscar Becerra (quien ejerció el cargo entre el 21 de diciembre de 2022 y el 23 de abril de 2023) se reunió con el actual titular del sector, José Antonio Chang, y el 22 con la propia viceministra de Gestión Pedagógica. No se trató de una cita entre desconocidos, sino de un encuentro entre el exministro y Miriam Ponce, quien fuera su viceministra, el encuentro con Chang duró 2 horas aproximadamente.

Queda pendiente una interrogante para el exministro Óscar Becerra: ¿Recibió su despacho reportes sobre la situación de los liceos navales y hubo alguna articulación con las autoridades de la Marina durante su período ministerial? Y Finalmente para el ministro José Antonio Chang: ¿Asumirá el exministro Óscar Becerra algún cargo, asesoría o representación dentro del Minedu en los próximos días?

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Política

Gasoductos y TGP: el lobby que impulsa el ministro Guillermo Shinno

El ministro de Energía y Minas habla de seguridad energética, pero el Gobierno vuelve a negociar con TGP la ampliación de una infraestructura estratégica. La coincidencia abre preguntas incómodas sobre concentración, competencia y un millonario lobby que favorece a los actuales concesionarios.

Published

2 días ago

25/09/2026

Redacción Lima Gris

Hay una pregunta que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, debería responder con documentos y no con declaraciones: ¿el Estado está diseñando una verdadera diversificación del sistema de transporte de gas o simplemente está ampliando la infraestructura existente alrededor de los mismos operadores?

La interrogante no es menor. El propio Shinno sostiene que el Perú necesita nuevos gasoductos y alternativas que permitan evitar que una falla en una sola infraestructura vuelva a poner en jaque el abastecimiento nacional. El argumento resulta razonable. El problema aparece cuando esa supuesta diversificación comienza a construirse alrededor de Transportadora de Gas del Perú (TGP), precisamente la empresa que actualmente opera el sistema troncal de transporte desde Camisea.

El ministro ha confirmado que TGP modificó su propuesta para extender el gasoducto hasta Tacna y que el Ministerio de Energía y Minas evalúa las condiciones planteadas por la empresa. En 2025, además, desde el Gobierno ya se había informado que se estudiaba técnicamente una propuesta de adenda de TGP para un gasoducto valorizado por la empresa en unos US$2.000 millones.

Ministro Guillermo Shinno, el 26 de agosto pasado, se reunió con la presidente del directorio de Transportadora de Gas del Perú (TGP), Leonie Roca.

Aquí aparece la contradicción que merece una investigación. Si el diagnóstico oficial es que el país necesita reducir su vulnerabilidad y evitar la dependencia de una sola infraestructura, ¿por qué la solución vuelve a colocarse en manos del mismo concesionario?

Porque construir más ductos no necesariamente significa diversificar el sistema. Hay un grave sesgo en Shinno. Tener dos caminos para transportar el gas no equivale necesariamente a tener dos operadores, dos concesionarios o dos modelos de gestión.

Y el contexto hace que las preguntas sean todavía más necesarias. El 28 de abril de 2026, Osinergmin informó que había identificado incumplimientos de TGP relacionados con el suministro de flujo y presión de gas durante la emergencia provocada por la deflagración ocurrida en marzo en el sistema de transporte. El regulador remitió sus informes al Minem para que, como entidad concedente, evalúe las acciones correspondientes, incluidas las eventuales consecuencias contractuales.

Por tanto, el asunto no es simplemente que TGP quiera invertir. Las empresas tienen derecho a presentar proyectos y defender sus intereses. La cuestión es otra: ¿por qué el Estado parece partir de la continuidad de los actuales concesionarios como punto de partida para resolver sus necesidades estratégicas?

Más aún cuando existe otro camino para analizar. Para Cusco se viene trabajando un proyecto estructurado por ProInversión que eventualmente puede ser sometido al mercado. Mientras tanto, para la costa sur el Gobierno mantiene conversaciones directas con TGP. La diferencia merece explicación: ¿por qué un proyecto puede abrirse a la competencia y otro se negocia directamente con el operador existente?

El ministro Shinno debería exhibir los estudios comparativos realizados por el Estado. ¿Se evaluaron nuevos concursos? ¿Se consideraron nuevos operadores? ¿Se analizaron concesiones independientes para las nuevas expansiones? ¿Se estudió una infraestructura que permita competir y no simplemente extender el actual modelo de concentración?

Y hay otra pregunta todavía más delicada: ¿quién gana y quién pierde si la expansión del sistema termina consolidando a los mismos actores que ya dominan la infraestructura estratégica?

No hace falta afirmar que existe un lobby para advertir que existen condiciones que deben ser transparentadas. Precisamente porque se trata de infraestructura energética crítica y de inversiones de enorme magnitud, cualquier percepción de trato preferencial debe ser despejada con información pública, criterios técnicos y procedimientos verificables. No olvidemos que incluso hay carpetas fiscales investigando a congresistas por lobby en el sector energético.

El problema, no es solo que existiría es millonario lobby detrás de TGP. El problema sería que el Estado convierta esa aspiración empresarial en su propia hoja de ruta sin demostrar que antes comparó otras alternativas.

La seguridad energética no puede reducirse a construir más kilómetros de tubería. También significa evitar que una infraestructura estratégica permanezca excesivamente concentrada en las mismas manos.

El ministro Shinno tiene la palabra. Y, esta vez, no basta decir que se está negociando “con lupa”. Hay que mostrar qué alternativas fueron evaluadas, bajo qué criterios, quién participó en las decisiones y por qué la expansión propuesta por TGP representa —si así lo concluyen los estudios— la mejor solución para el interés público.

El Gobierno habla de seguridad energética, pero la expansión vuelve a girar alrededor del mismo operador. La pregunta es inevitable: ¿se está reduciendo la dependencia o simplemente se está ampliando el poder de quienes ya controlan el sistema?

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Política

Francisco Calisto Giampietri: “No puede existir ningún privilegio en Maranguita”

El presidente de la Comisión de Defensa anuncia que solicitará información oficial sobre las condiciones de internamiento de los seis adolescentes investigados y exige esclarecer las responsabilidades de los tres adultos que se encontraban en el bus escolar.

Published

3 días ago

25/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El caso del Liceo Naval vuelve a poner bajo escrutinio las responsabilidades que rodean la presunta agresión contra un estudiante y las condiciones de internamiento de los seis adolescentes investigados. A ello se suma la investigación a un conductor, un entrenador y un docente que se encontraban en el bus durante el traslado. En entrevista con Lima Gris, el presidente de la Comisión de Defensa plantea una investigación “con el máximo rigor”, pide proteger a la víctima y anuncia que solicitará información oficial para determinar si existieron condiciones diferenciadas en Maranguita.

Senador, usted señaló ante la Comisión de Defensa que este caso no va a quedar ahí. ¿Cuál será el siguiente paso para determinar las responsabilidades por lo ocurrido en el Liceo Naval?

Yo creo que lo primero que se debe hacer aquí es proteger a la víctima, que es el primer paso que se tiene que dar, y darle todo el soporte que necesite, tanto la víctima como su familia.

Por otro lado, hay que hacer una profunda investigación para llegar a conocer los detalles, hasta el último detalle, valga la redundancia, y de esta manera poder individualizar cada responsabilidad y, de acuerdo a eso, actuar con el peso máximo que pueda dar la ley en este tipo de casos. Y el tercer punto que tenemos que hacer es activar todos los protocolos para que no se vuelva a presentar una situación de violencia.

La investigación también alcanza al conductor, al entrenador y al docente que estaban en el bus. ¿Debe determinarse si cumplieron con su deber de supervisión y protección de los menores?

Este es un tema que tiene que ser investigado con el máximo rigor, con la máxima pulcritud, a través de los procedimientos establecidos, que en este caso son la Fiscalía y el Poder Judicial. Nosotros vamos a pedir la información correspondiente, pero a quien corresponde actuar de oficio legalmente es a la Policía, a la Fiscalía y al Poder Judicial.Nosotros no podemos interferir en ningún tipo de investigación, más sí podemos complementar la misma y estructurar protocolos para que eso no vuelva a suceder.

Se han difundido denuncias sobre un presunto trato privilegiado a los seis adolescentes en Maranguita. ¿La Comisión solicitará información oficial para determinar si existen condiciones diferenciadas?

Ahí son dos cosas. Primero, que no puede existir ningún trato diferenciado con ningún interno en ningún centro, ni penitenciario ni en un centro de readaptación, como es el caso de Maranguita. No existe ninguna excusa o ninguna situación que pueda poner a personas con privilegios sobre otras personas. Eso no puede presentarse.

A raíz de esta información periodística, nosotros vamos a oficiar al INPE para que dé información clara de qué es lo que ha sucedido y se hagan las investigaciones correspondientes. No se pueden tolerar situaciones de esta naturaleza.

¿Cómo determinará la Comisión si las condiciones de los seis adolescentes responden a medidas especiales por su condición de menores o si se trataría de un trato privilegiado que no tiene sustento legal?

Bueno, como usted lo acaba de decir, no tiene sustento legal y esto tendría que inmediatamente ser denunciado a la Fiscalía y, a través de la Fiscalía, activar los procedimientos correspondientes. No puede existir ni una sola excusa para que suceda una cosa de esta naturaleza, en caso de que esté sucediendo.

No lo podemos afirmar porque todavía no se ha hecho una investigación, pero vamos a pedir la información correspondiente.

¿Considera necesario que PRONACEJ entregue al Congreso información documentada sobre las condiciones de internamiento de los seis adolescentes?

Yo creo que toda la información se debe brindar en forma transparente para que la ciudadanía esté clara de que no existen situaciones de esta naturaleza y, de existir, deben ser sancionadas jurídicamente.

No puede haber privilegios de ninguna especie en ningún centro penitenciario. Yo acabo de estar el día de ayer en el centro penitenciario acá en el Cusco y hemos, de una u otra manera, pasado inspección a todos los ambientes y hemos verificado, por ejemplo, que en este centro penitenciario no existe diferenciación en el trato de los internos. No tiene por qué existir diferenciación en ningún centro de reclusión en el Perú.

En el caso de los tres adultos investigados, si se determina que alguno conocía una situación de riesgo y no actuó oportunamente, ¿podría existir una responsabilidad por omisión del deber de cuidado?

Pero, por supuesto. La presencia en el bus de tres adultos que, de una u otra manera, tienen supervisión sobre los menores que están embarcados en ese bus, involucra una responsabilidad inherente de cuidado hacia los menores de edad. Si esto no ha sucedido así, tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley.

Finalmente, ¿la Comisión de Defensa solicitará información a la Marina, al Liceo Naval y a las autoridades correspondientes?

Nosotros vamos a solicitar la información para poder complementar cualquier necesidad de información que puedan tener las autoridades que tienen que llevar a cargo la investigación, que son la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Esto será evaluado por el Poder Judicial y el Poder Judicial actuará en consecuencia, derivado de la información que recaben de los diferentes medios de información.

Entonces, nosotros vamos a apoyar el esfuerzo de investigación de la Policía Nacional y de la Fiscalía de la Nación para que tome el Poder Judicial la mejor decisión y aplique el máximo rigor de la ley y la transparencia en todo el proceso.

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Política

Los nueve casos que persiguen a Carlos Bruce hasta la alcaldía de Lima

Del video en el que aparece usando una pistola eléctrica contra su asesor a la acusación de narcotráfico que calificó de montaje: el historial de denuncias e investigaciones que Bruce arrastra en su carrera por el sillón municipal de Lima.

Published

3 días ago

25/09/2026

Redacción Lima Gris

Foto: Andina.

Por Giovanna Ríos

Mientras Carlos Bruce recorre Lima en busca de votos para la Alcaldía, detrás de él arrastra una lista de denuncias, investigaciones y escándalos que abarcan casi tres décadas de vida pública. Ninguno de esos casos ha terminado en una sentencia condenatoria, pero juntos dibujan el mapa de un candidato que nunca ha estado del todo lejos de la controversia.

Hay una tacha electoral que buscó sacarlo de la contienda, una acusación de narcotráfico que él mismo calificó de montaje, un video en el que aparece usando una pistola eléctrica contra su asesor y una investigación fiscal abierta el año pasado por la demolición de un inmueble. A eso se suman antecedentes de su paso por el Congreso y el Ministerio de Vivienda, entre denuncias constitucionales y una investigación por presunto tráfico de influencias.

La tacha electoral que el JNE declaró infundada

Un ciudadano presentó una tacha contra la candidatura de Bruce, cuestionando diferencias en las fechas de su declaración jurada de hoja de vida, la forma en que presentó determinados documentos y el porcentaje de candidatos designados directamente por Somos Perú. El JEE Lima Centro la declaró infundada y, tras la apelación, el JNE confirmó esa decisión el 10 de septiembre de 2026. Hoy no existe ninguna tacha pendiente contra él.

La acusación de narcotráfico que Bruce calificó de montaje

Rafael López Aliaga difundió un supuesto informe desclasificado del año 2000, atribuido a un agente de la DEA, que vincula a Unixa —empresa exportadora de la que Bruce fue accionista junto a su hermano— con el envío de cocaína desde el Callao hacia Italia. Bruce lo negó categóricamente, lo calificó de montaje y aseguró que nunca existió una carpeta fiscal ni una investigación policial que respalde esa versión. En septiembre anunció acciones legales contra López Aliaga por difamación.

El video de la pistola eléctrica y la inspección de SUNAFIL

En mayo de 2026 se difundió un video en el que Bruce aparece usando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio Carranza dentro de una oficina municipal. Bobbio sostuvo que el video estaba manipulado con inteligencia artificial; Bruce afirmó que no hubo riesgo real ni consecuencias mayores. Sunafil ordenó una inspección para determinar si hubo alguna vulneración de derechos laborales.

La demolición que abrió una investigación fiscal

La Fiscalía abrió en octubre de 2025 una investigación contra Bruce por la demolición de parte de un inmueble vinculado a la congresista María Acuña, durante un operativo de la Municipalidad de Surco para recuperar un área que consideraba espacio público.

La denuncia partió de la inmobiliaria dueña del predio, que sostiene que no existía una medida correctiva de demolición ni un procedimiento de ejecución coactiva previamente notificado. Se investiga a Bruce por usurpación de funciones y abuso de autoridad, aunque otras versiones periodísticas mencionan también usurpación agravada y violación de domicilio. El Concejo de Surco respaldó la actuación del alcalde.

Los cuestionamientos urbanos en Surco

En 2024, motociclistas y repartidores protestaron contra una ordenanza de Surco que exigía un empadronamiento mediante código QR, con multas e internamiento de vehículos, por considerarla discriminatoria. Ese mismo año, vecinos del distrito denunciaron que varios proyectos inmobiliarios excedían los parámetros de altura permitidos —en un caso, hasta siete pisos de diferencia—; la propia Municipalidad de Surco reconoció unas sesenta edificaciones en esa situación, aunque Bruce responsabilizó de ello a la gestión anterior de Jean Pierre Combe.

El antecedente de “Los temerarios del crimen”

En 2019, cuando era ministro de Vivienda, Bruce fue incluido en una investigación preliminar de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias agravado, dentro del caso “Los Temerarios del Crimen”, vinculado a una presunta red de corrupción alrededor de obras públicas en la Municipalidad de Chiclayo. En total fueron cinco los congresistas investigados por su posible relación con esos hechos.

La vacancia de PPK

En noviembre de 2018, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz y Bruce por el caso de la presunta compra de votos para evitar la vacancia presidencial. La denuncia le atribuía a Bruce presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La denuncia archivada por la inauguración de su restaurante

También en 2018, la entonces congresista Tamar Arimborgo lo denunció constitucionalmente por presunto patrocinio ilegal y peculado doloso, luego de que Bruce pidiera policías y vehículos para la inauguración de su restaurante La Trastienda, en Barranco. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó la denuncia con diez votos en contra y uno a favor, y el expediente fue archivado.

Las controversias se producen mientras Bruce compite por la Alcaldía de Lima con Somos Perú y se mantiene entre los primeros lugares de las encuestas, en una campaña donde varios de sus rivales han hecho de estos casos parte central de sus cuestionamientos.

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Política

Edú Nevado: de investigar la corrupción a disputar la alcaldía de La Unión

Durante 37 años fue policía y formó parte de la unidad especializada conocida como la DIVIAC que investigó grandes casos de corrupción a nivel nacional. Hoy postula por Acción Popular en La Unión, el distrito piurano donde nació, y que lleva más de una década recibiendo agua apenas una o dos horas al día.

Published

3 días ago

24/09/2026

Redacción Lima Gris

Durante años investigó a alcaldes, funcionarios, jueces, fiscales y policías acusados de corrupción. Ahora quiere sentarse al otro lado del escritorio: ser alcalde de su propio pueblo. Edú Nevado Moscol integró la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), la unidad especializada de la Policía Nacional creada para enfrentar los delitos más complejos, entre ellos la corrupción. Hoy, ya en retiro, postula por Acción Popular a la alcaldía de La Unión, el distrito de Piura donde nació.

Cada vez que volvía de visita a La Unión, encontraba lo mismo que había dejado la vez anterior. Las gestiones municipales cambiaban, pero el problema seguía allí: el agua llega una o dos horas al día, casi siempre de madrugada, y los desagües colapsados sacan las aguas servidas a las calles.

Según cuenta, al visitar a su familia y a sus vecinos y verlos vivir en esas condiciones empezó a averiguar y pudo descubrir que gestiones anteriores corruptas no hicieron nada a pesar de que existían fondos para las obras. Esa fue la razón que lo llevó a postular. Por eso su propuesta central empieza por ese expediente: “La primera gran tarea será conocer la verdad de la obra de agua y alcantarillado, sanear los terrenos pendientes y convocar al Ministerio de Vivienda a una mesa pública con plazos y responsables”.

Su caso no es aislado. En el Perú, frente a obras que el Estado no termina y servicios que nunca llegan, algunas personas que conocieron el aparato público desde dentro han decidido dar el salto a la política. Es el mismo camino que siguió el coronel Harvey Colchado, exjefe de la DIVIAC, quien también dejó la Policía y hoy es diputado por Ahora Nación y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. Mientras Colchado dirigió la DIVIAC, Nevado fue uno de los policías más experimentados y mejor preparados de la unidad.

Las razones y circunstancias de cada uno son distintas, pero ambos recorridos plantean la misma pregunta: qué ocurre cuando quienes pasaron años investigando la corrupción y las deficiencias del Estado deciden que ya no basta con señalarlas desde fuera y buscan corregirlas desde un cargo en beneficio de su comunidad. Edú Nevado pasó al retiro y regresó a su poblado natal de La Unión. Es la primera vez que postula a un cargo público.

Diez años sin resolver

El problema del agua en La Unión no es un argumento fabricado para la campaña. En 2016 ya se informaba que existían sectores del distrito que reciben apenas una hora diaria de agua. En abril de 2018 los pobladores paralizaron el distrito para reclamar por el colapso de los desagües y por el abastecimiento restringido. En enero de 2021, la Defensoría del Pueblo advirtió que más de 17 mil habitantes estaban afectados por una obra inconclusa: el agua llegaba una o dos horas al día, generalmente de madrugada, mientras el alcantarillado colapsaba y las aguas servidas salían a las calles.

Años después, el problema sigue igual. El 19 de junio de 2026, el Ministerio de Vivienda informó que había realizado una nueva mesa técnica para “destrabar” el proyecto de agua y saneamiento de La Unión. Según el ministerio, el saldo de obra pendiente debe permitir rehabilitar 6.106 conexiones de agua potable y 3.296 de alcantarillado, en beneficio de más de 22 mil personas.

De lustrabotas a policía

La historia de Edú Nevado empezó en La Unión donde nació el 29 de abril de 1971 y fue el mayor de siete hermanos. Trabajó desde niño: vendió pescado junto a su madre y su abuela, lustró zapatos entre los 11 y los 16 años y, durante el fenómeno de El Niño de 1983, salió a vender pan de madrugada.

A los 17 años viajó a Lima para probar suerte en el fútbol. No resultó. Ingresó entonces a la Escuela Nacional de Policía y empezó una carrera que duraría 37 años. Su primer destino fue Huancavelica, en los años de la violencia terrorista. Décadas después llegaría a la DIVIAC.

La unidad había sido creada en 2016 para investigar organizaciones criminales complejas y ganó notoriedad nacional bajo la jefatura de Colchado. Aunque se la asocia sobre todo con los grandes casos de corrupción política, también investigaba crimen organizado, economías ilegales y delitos violentos.

La participación de Nevado en ese equipo se constata en documentos incorporados a expedientes del Congreso y allí se registran diligencias realizadas y firmadas por él en junio de 2018 desde el Departamento de Investigaciones Especiales de la DIVIAC, a raíz de las pesquisas del megacaso conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Participó también en investigaciones como “Los Intocables Ediles”, el “Club de la Construcción”, el llamado “Gabinete en la sombra de Pedro Castillo” y otros casos de corrupción municipal.

Nevado conoce el lenguaje de una investigación: documentos, fechas, responsabilidades y pruebas, y quiere llevar ese método a la municipalidad. Si los vecinos le dan la oportunidad empezará una batalla, esta vez, a favor de su comunidad.

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