Jorge Gavidia Rodríguez: “El INCOR necesita una mayor capacidad de atención y autonomía para responder a las demandas de la población”

Política Jorge Gavidia Rodríguez: “El INCOR necesita una mayor capacidad de atención y autonomía para responder a las demandas de la población” Durante su visita al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), el senador Jorge Gavidia destacó la calidad de sus servicios, la disponibilidad de insumos…

Política

Durante su visita al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), el senador Jorge Gavidia destacó la calidad de sus servicios, la disponibilidad de insumos médicos y la labor de investigación científica. Asimismo, recogió las demandas del personal asistencial y planteó reformas para fortalecer la atención especializada, la autonomía de gestión y el desarrollo de nuevas tecnologías en salud.

Published

17 minutos ago

22/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) se ha convertido en uno de los principales centros especializados del país para la atención de enfermedades cardiovasculares, pero también enfrenta el desafío de ampliar su capacidad y fortalecer su autonomía de gestión. Tras recorrer sus instalaciones y conocer de cerca el trabajo de médicos, personal asistencial y equipos de investigación, el senador plantea la necesidad de impulsar una reforma que permita dotar al instituto de mayores herramientas financieras y logísticas, integrar digitalmente la información clínica a nivel nacional y fortalecer la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

En esta entrevista, además, aborda el papel que deberían cumplir el CONCYTEC y la cooperación internacional para potenciar la investigación científica del INCOR y convertir su experiencia especializada en una fuente de innovación médica para el Perú.

Senador, usted visitó el Instituto Nacional Cardiovascular. ¿En qué condiciones encontró sus instalaciones y cuáles fueron las principales situaciones que pudo constatar durante su recorrido?

Visité el INCOR y tengo la mejor sorpresa, es decir, muy agradable sorpresa en relación a la gestión. Considerando, además, que es un centro de asistencia de alta emergencia, por lo tanto, requiere una gestión de primer nivel.

He podido constatar que la logística es muy buena. Incluso me mostraron los almacenes donde se encuentran los dispositivos que generalmente se utilizan para las intervenciones quirúrgicas, y pude comprobar que prácticamente todos están en stock. Esto, además, responde a las demandas que han tenido, a la casuística y a la proyección epidemiológica de las emergencias habituales que puede presentar la población.

También niveles de limpieza, incluso me mostraron el haber alcanzado como primer centro asistencial del Estado certificación internacional de calidad, factor muy importante fue que me mostraron un centro de investigación que genera publicaciones científicas a partir de casos especiales, de cirugía y también de tratamientos de alguna patología congénita en niños, de primer nivel, incluso a nivel regional, en publicaciones científicas propias del país y también en grupos de estudios internacionales.

Recibió información de los médicos y del personal asistencial sobre las dificultades que enfrentan para brindar atención a los pacientes. ¿Cuáles fueron las demandas más importantes que le plantearon?

La demanda mayor ha sido siempre la capacidad instalada, la necesidad de proyectar, diríamos, el centro a una mayor escala, considerando la población, y la recurrencia de los procesos cardiovasculares.

Por otro lado, también el buscar algún nivel de autonomía de la gestión del presupuesto, porque siempre tienen que estar adelantándose a los procesos, considerando que hay cierta burocracia, desde el sistema centralizado que tiene salud, porque ellos pertenecen a la salud, entonces, esa siempre es la ocupación, buscar un nivel de independencia.

Y con respecto a los casos, han atendido principalmente casos de adulto mayor, o con marcapasos y sistemas de monitoreo, pero en niños, especialmente cirugías especiales, pude conocer a los tres o cuatro médicos líderes de cada sector.

¿Qué información pudo recoger sobre los tiempos de espera para las consultas, las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos cardiológicos?

En ese sentido, sí, lo único que he podido reconocer es la necesidad de la capacidad de atención, no he tenido referencias exactas sobre las demoras en personas que esperen algún tratamiento, pero sí se podía reconocer que, lógicamente, no pueden atender a todos los que asisten, porque especialmente vienen de provincias.

Lo que sí me hicieron referencia es que ellos priorizan casos, que vienen de provincias con niveles de emergencia mayor, pero que vienen incluso de lugares alejados de la selva, y personas que han referido meses atrás, sus tratamientos o la necesidad ya de alguna cirugía especial.

Y usted como senador de la República, ¿qué acciones concretas impulsará para que las necesidades identificadas en el INCOR sean atendidas por las autoridades competentes?

Principalmente, una es que requiere una reforma de salud, considerando que INCOR ha logrado desarrollarse muy bien, pero que requiere, por ejemplo, por el nivel de especialización que tiene, el sistema cardiovascular requiere una independencia de gestión financiera y logística, totalmente independiente del sistema en el cual la salud está comprometida.

Segundo, que requiere, un sistema nacional integrado, sobre la casuística de los problemas cardiovasculares, es decir, una plataforma de digitalización de las historias clínicas que estén integradas en todo el país.

Por otro lado, también promover la salud cardiovascular, que es una de las estrategias que todavía la salud no tiene muy clara, porque INCOR no podría darse abasto solo. No está en las prioridades de salud, probablemente, pero requiere promover salud cardiovascular.

Y el otro tema es, considerando que es un nivel de especialización mayor, el INCOR, y tiene un centro de investigación que, en realidad, al conocerlo, veo que simplemente es un centro de base de datos, para publicar y de computadoras, probablemente requiera ser certificado y validado por el gobierno, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, especialmente por el CONCYTEC, para que pueda acceder a la cooperación internacional de fondos de investigación, y a la vez el gobierno poder tener una contrapartida para investigación científica.

Al final, va a tener un beneficio en lo que es promover la salud cardiovascular y, por otro lado, también, tener una mejor atención o innovaciones en algunos procesos de cirugía o de tratamientos en patologías que tienen monitoreo y seguimiento.

¿Y qué importancia tiene fortalecer la investigación científica y la incorporación de nuevas tecnologías en los tratamientos cardiovasculares?

En realidad, el mundo ahorita es sujeto a estrés, y problemas de alimentación, los problemas cardiovasculares están vinculados generalmente también a los problemas de rama cerebral o problemas que están vinculados, por lo tanto, el Perú creo que necesita fortalecer al INCOR en lograr condiciones internacionales, para eso tiene que validar su centro de investigación.

Al validarlo, va a poder formar parte de la red de centros de investigación y referencia en temas cardiovasculares en general y, por lo tanto, puede tener pasantías o intercambios de investigadores, y el Perú puede ser un líder mundial o internacional, menos regional, en este sector.

Es necesariamente importante que el CONCYTEC tenga ahí una participación y reconozca la realidad de un centro asistencial que, finalmente, por su nivel de especialización, se convierte en un centro de referencia.

Y en materia presupuestal, ¿considera que los recursos destinados a la atención especializada en salud responden a las necesidades actuales de la población?

Es bien complejo porque, si vemos números en lo presupuestal, no es malo, el gran problema es que no tiene una buena aplicación, no se refleja necesariamente, pese a que el INCOR está bastante mejor gestionado que otros centros que uno puede ver, pero es por la presión del tipo de atención que tiene, pero el presupuesto, lógicamente, puede mejorar, pero no creo que sea la principal limitante.

La principal limitante es la mejor gestión del presupuesto y el reconocer cuáles son realmente las necesidades de nuestra población.

Finalmente, después de su visita al INCOR, ¿cuál es el principal mensaje que llevaría al Senado y qué compromiso puede asumir con los pacientes y sus familiares

Yo quisiera que el Senado tenga mejores referencias sobre las necesidades de los servicios especializados que tiene el Estado peruano, especialmente en salud, para comprender cómo, incluso en el mundo, el conocimiento que se refleja en la base de la ciencia y la tecnología son determinantes para reducir costos, para mejorar calidad de vida y, lógicamente, para incluso establecer una nueva propuesta desde el país hacia el mundo.

Es decir, incorporar nuestros propios conocimientos y lograr avances propios en el país en cuanto a la medicina y, en general, en otros sectores donde la ciencia y tecnología permiten brindar servicios a la comunidad.

Eso nos va a permitir la madurez y la sabiduría o, diríamos, el nivel reflexivo de poder reconocer en la legislación qué es lo que necesitamos, cómo poder incluso lograr la mayor factibilidad de la base legislativa y de la base legal que permita el desarrollo de estas iniciativas desde el Estado y el sector privado.

Porque también el sector privado es un factor muy importante para las innovaciones en terapia, en seguimiento, monitoreo de la salud, promoción de la salud y, lógicamente, la atención.

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Jesús Maldonado: la trayectoria de denuncias, investigaciones y cuestionamientos que acompañan al alcalde de SJL

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Redacción Lima Gris

Política

Jesús Maldonado: la trayectoria de denuncias, investigaciones y cuestionamientos que acompañan al alcalde de SJL

Antes de la disputa electoral de 2026, ya existía un historial de denuncias, investigaciones y conflictos alrededor del alcalde de San Juan de Lurigancho. Un repaso a los episodios que han marcado su carrera pública, desde sus primeros años como regidor hasta las pesquisas sobre su patrimonio y sus contrataciones.

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53 segundos ago

22/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Abuso de autoridad, usurpación, hurto agravado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. La lista de presuntos delitos que acompañan el nombre de Jesús Maldonado es larga, y crece justo cuando el alcalde de San Juan de Lurigancho atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera política: la disputa por seguir en el poder pese a que la ley se lo prohíbe.

Porque a las denuncias por los desalojos a comerciantes y al expediente abierto por su patrimonio, se suma ahora un round electoral incómodo. Maldonado terminó inscrito como primer regidor de la lista de Somos Perú para SJL después de que su propio sobrino, César Usquiano, renunciara a la candidatura a la alcaldía. La jugada reabrió la pregunta de siempre: ¿busca quedarse en el cargo por otra vía, así la Constitución le prohíba la reelección inmediata?

De regidor a alcalde: la tratectoria política de Maldona

La carrera de Maldonado en SJL no es de ayer. Lleva casi 20 años metido en la política del distrito. Debutó como regidor en 2006, con la Alianza Electoral Unidad Nacional, para el periodo 2007-2010, y repitió la regiduría cuatro años más tarde, ahora con el PPC, hasta 2014.

Su primer intento por la alcaldía fue en 2018, con Somos Perú, y perdió frente a Álex Gonzales. Probó suerte en el Congreso en 2020, en las parlamentarias extraordinarias, y tampoco le alcanzó. Recién en 2022, con Somos Perú otra vez, logró ganar la alcaldía que ejerce desde 2023.

Denuncia por abuso de autoridad y usurpación

El primer proceso judicial relevante contra Maldonado llegó en 2023, cuando Josefina Pinto lo denunció penalmente por presunto abuso de autoridad y usurpación. La denuncia coincidió con el arranque de los operativos municipales para recuperar espacios tomados por comerciantes informales y locales sin autorización.

Consultada por El Comercio, la municipalidad respondió que esa denuncia —y otras investigaciones fiscales similares— tenían origen justamente en esos desalojos.

Investigación por hurto agravado y usurpación

Un año después, en mayo de 2024, se sumó otra investigación fiscal, esta vez por presunto hurto agravado y usurpación. El trasfondo era el mismo: la política de recuperación de espacios públicos y el choque permanente con los comerciantes que ocupaban ciertas zonas de SJL.

Los conflictos con comerciantes informales

Si hay un tema que marcó la gestión de Maldonado, es la guerra con el comercio ambulatorio. En febrero de 2024, TV Perú reportó el retiro de cientos de vendedores de la avenida Los Jardines Oeste. En mayo, según La República, comerciantes del mercado San Rafael pidieron reunirse con el alcalde tras un desalojo.

En julio le tocó el turno a Canto Grande, donde el procurador municipal, Rafael Chacón Saravia, defendió el retiro de comerciantes alegando que el terreno era propiedad del Estado. Y en junio de ese mismo año, más de 180 mercados del distrito cerraron sus puertas y salieron a marchar contra la gestión municipal, con pedidos abiertos de revocatoria. En septiembre, RPP reportó un nuevo desalojo, con más de cien ambulantes retirados cerca del mercado San Hilarión y denuncias de violencia durante el operativo.

Foto: RPP.

El patrimonio de Maldonado bajo la lupa

En septiembre de 2026 apareció el capítulo que más ruido generó: una investigación periodística puso el foco en el patrimonio del alcalde. Según el diario UNO, Maldonado vive en una casa de San Borja valorizada en cerca de US$500 mil (unos S/1,7 millones), una operación que el Ministerio Público estaría mirando por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El dato que llamó la atención: los antiguos dueños del inmueble habrían señalado que la compraventa se firmó ante notaría, pero jamás se inscribió en Sunarp. Para la publicación, dejar fuera del registro público una propiedad de esa magnitud complica que aparezca a nombre del comprador en búsquedas públicas y dificulta su fiscalización.

¿Y los ingresos? Según el Ministerio de Trabajo, Maldonado gana S/13.260 mensuales como alcalde, y ante el JNE declaró S/185.640 anuales por el sector público. El informe agrega que tiene participación en dos empresas —Agencia Gubernamental JM S.A.C. e Instituto de Gobierno y Desarrollo Estratégico S.R.L.— pero que declaró no percibir remuneración ni utilidades de ninguna.

Publicación de Diario UNO.

Es decir, la diferencia entre lo declarado y el valor de la vivienda no explicaría una compra al contado. Cita, además, el testimonio de un ciudadano identificado como Simón Meléndez, cuya declaración ante las autoridades —siempre según el diario— pondría en duda no solo el origen del dinero para la casa, sino también el financiamiento de la campaña del entorno de Maldonado. Se trata de un testimonio que Lima Gris no ha podido verificar de forma independiente.

Denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Todo ese cuestionamiento patrimonial ya tiene forma de denuncia formal ante el Ministerio Público, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Maldonado respondió con una carta notarial rechazando las imputaciones, tanto las de su patrimonio como las relacionadas con las contrataciones municipales.

Ccontrataciones municipales cuestionadas

Ahí entra el otro frente de la investigación: las compras de la municipalidad. Apoyada también en un informe de la Contraloría, la publicación sostiene que la comuna dejó de publicar con regularidad sus contratos y órdenes de servicio en el portal del OECE desde que Maldonado llegó al sillón municipal.

La cifra que maneja es alta: 2.818 órdenes de compra y servicios no transparentadas, por S/13.232.553. Según esa investigación, esa falta de publicidad le cierra la puerta a regidores de oposición, prensa y vecinos que quieran fiscalizar el gasto público. Es una interpretación de esa investigación, que Lima Gris recoge con la atribución correspondiente.

La miniván de Sillisens General Services

Uno de los casos más llamativos que se revisó es el alquiler de una miniván para la Subgerencia de Fiscalización, contratada a la empresa Sillisens General Services E.I.R.L. Esta compañía fue constituida en diciembre de 2019 con un capital social de apenas S/2.300, por Juan Jiménez Alcalde, identificado como diseñador gráfico. Aun así, recibió 15 órdenes de servicio entre 2023 y 2024, por S/342 mil en total.

Lo curioso está en las bitácoras del vehículo —placa AYL937—: 14 registros de viajes marcados el mismo día, a la misma hora, pero con destinos distintos entre sí. Se lee esto como un posible indicio de simulación de servicios. Es una interpretación, no una determinación judicial sobre esos recorridos.

La orden de servicio N.° 5774-2024

Otro caso puntual: la Orden de Servicio N.° 5774-2024, cuyo expediente incluía una cotización atribuida a la empresa H. Mendizábal E.I.R.L. El gerente de esa firma aseguró que la municipalidad nunca le pidió ninguna propuesta económica y que ese documento no salió de su empresa. Se relaciona este tipo de hallazgo con la práctica de simular pluralidad de postores en procesos que, en realidad, ya tenían proveedor definido de antemano.

Contrataciones vinculadas a familiares

Los cuestionamientos también tocaron a la familia de Maldonado. Trinidad Maldonado, hermana del alcalde, recibió 18 órdenes de servicio en la Municipalidad de Carabayllo por unos S/148 mil. Saúl Usquiano Ávila, señalado como su cuñado, recibió nueve órdenes por cerca de S/60 mil.

Y el cruce va en las dos direcciones: familiares del alcalde de Carabayllo también aparecen con órdenes de servicio en la Municipalidad de SJL. Jimmy Mendoza Peláez recibió ocho, por aproximadamente S/132 mil, y Pilar Mendoza Peláez, tres, por unos S/55 mil.

La controversia electoral del 2026

El capítulo más fresco de esta historia es puramente electoral. Maldonado se inscribió como primer regidor de la lista de Somos Perú para SJL, mientras que la candidatura a la alcaldía la llevaba inicialmente su sobrino, César André Usquiano Maldonado.

El asunto no es menor porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. El 27 de junio de 2026, ya con su candidatura oficializada, Maldonado le dijo al diario Expreso que la decisión respondía a darle continuidad a un proyecto político para el distrito, y negó que se tratara de una reelección disfrazada. Días antes, en RPP, había explicado la postulación de su sobrino como «una decisión que tomamos en Somos Perú y en la familia».

Foto: Facebook/Jesús Maldonado

La respuesta de Maldona y la posición del JNE

Maldonado ha sido tajante: rechaza que su candidatura como primer regidor sea una «reelección encubierta». El JNE, por su lado, ha dicho que no puede inventar impedimentos que la Constitución o la ley no contemplan, y que cada caso se resuelve según si el candidato fue alcalde en el periodo inmediatamente anterior. Vale aclarar que «reelección encubierta» es una etiqueta que usan medios y analistas para describir este mecanismo, no una calificación jurídica que el JNE haya hecho sobre el caso de Maldonado en particular.

Entre denuncias por los desalojos, investigaciones por presuntos delitos, un patrimonio cuestionado, contratos poco claros y hasta un atentado de por medio, la trayectoria de Maldonado deja más preguntas que respuestas. Será el Ministerio Público, y eventualmente el Poder Judicial, quien determine si alguna de estas denuncias tiene el sustento suficiente para avanzar.

Lima Gris intentó comunicarse con Jesús Maldonado para conocer su posición sobre las denuncias, investigaciones y cuestionamientos mencionados en esta nota, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.

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Política

Violencia escolar en Perú: más de 50 mil reportes en SiseVe (2024-206) y 91 casos con armas registrados en 2026

El SíseVe contabilizó 50,633 reportes de violencia escolar entre enero de 2024 y agosto de 2026. La violencia física concentra el 42.3% de los registros, mientras que la sexual suma 9,407 (2024-2026). Este año, además, el sistema incorporó el registro de casos con uso de armas.

Published

12 horas ago

21/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

La violencia escolar constituye un problema de salud pública y un obstáculo para el derecho a una educación libre de violencia. En el Perú, el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe), administrado por el Ministerio de Educación, registra los casos reportados por las instituciones educativas y por la ciudadanía, lo que significa que muchos se encuentran en investigación.

La Tabla 1 y Figura 1 muestran que entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026, registró 50,633 reportes a nivel nacional. La información revela que la violencia física representa la mayor proporción, con 21,425 casos (42.3%), seguida de la violencia psicológica, con 19,801 (39.1%). La violencia sexual registra 9,407 reportes, equivalentes al 18.6% del total.

La Tabla 2 y Figura 2 muestra el comportamiento anual de casos reportados de violencia escolar 19,297 reportes durante 2024 y 19,531 en 2025. En los primeros ocho meses de 2026 se contabilizaron 11,805.

Esta última cifra no puede compararse directamente con los años completos porque comprende únicamente el periodo enero-agosto. Más de 50 mil casos de violencia escolar reportados en el SiseVe (2024-2026) 9 mil casos de violencia sexual, más de 2 mil este año.

La Tabla 3 y la Figura 3 presentan la distribución de los casos según tipo de violencia por región (Dirección Regional de Educación, DRE), ordenadas de mayor a menor número total de casos reportados.

Lima concentra la mayor carga de reportes. Lima Metropolitana acumula 17,030 casos entre 2024 y 2026, equivalentes a un tercio del total nacional, muy por delante de Arequipa (3,522) y Piura (2,997), las siguientes regiones con mayor incidencia.

Tabla 4

Distribución de casos reportados según tipo de violencia escolar, por UGEL (15 UGEL con mayor frecuencia), periodo 2024-2026

Figura 4

Distribución de los casos reportados según tipo de violencia escolar, por UGEL (15 UGEL con mayor número de casos) periodo 2024-2026.

Nota. Barras apiladas por tipo de violencia; se muestran las 15 UGEL con mayor número de casos reportados. Elaboración propia a partir de la base de datos del SíseVe.

La Tabla 4 y la Figura 4, periodo 2024-2026 a nivel de UGEL, la UGEL 03 Cercado (f = 3,494) distribuidas Física (1,426) Psicológica (1,603) Sexual (465) y la UGEL 07 San Borja (f = 3,233) son las que concentran más reportes a nivel nacional, seguidas de la UGEL 01 San Juan de Miraflores (f = 2,521) y la UGEL 02 Rímac (f = 2,385). Solo estas quince UGEL con mayor frecuencia concentran más de la mitad de los casos reportados en el país (53.4%), lo que evidencia una fuerte concentración geográfica del fenómeno en distritos densamente poblados de Lima y en las principales ciudades de la costa.

La Tabla 5, corresponde al subtipo de violencia reportado, con uso de armas, incorporado como categoría de registro durante 2025. Entre abril y agosto se contabilizaron 91 reportes bajo esta categoría: 64 relacionados con violencia física y 27 con violencia psicológica.

De acuerdo con la base analizada, 82 casos —el 90.1%— ocurrieron en secundaria, mientras que nueve correspondieron a primaria. Todos fueron registrados bajo la modalidad “entre escolares”.

Como información complementaria, cabe señalar que el nivel secundario concentra el 63.7% de los casos (f = 32,255), frente a 31.0% en primaria (f = 15,686), lo que sugiere que la adolescencia es la etapa de mayor vulnerabilidad frente a la violencia escolar en sus tres modalidades.

Asimismo, el 77.5% de los reportes del periodo figura con atención finalizada, mientras que un 3.8% permanece pendiente de atención por la institución educativa y un 1.1% se encuentra observado por la UGEL correspondiente, lo que da cuenta de una capacidad de respuesta relativamente alta del sistema, aunque con un remanente de casos que requiere seguimiento.

Estas cifras revelan parte de la realidad en las Instituciones educativas del país. La norma Resolución Ministerial N.º 383-2025-MINEDU, que aprobó los 7 protocolos de violencia escolar publicada en agosto de 2025, es relativamente nueva, y determina los roles de los actores educativos.

Queda pendiente de parte del ministerio de educación a cargo del ministro Chang la implementación de nuevas medidas, recordemos que en el año 2015 se desactivó la histórica Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE).

Esto podría explicar parte del problema, la falta de continuidad de políticas educativas respecto a la gestión de la convivencia escolar. Sin embargo, queda pendiente asumir de manera proactiva relaciones interpersonales armónicas, satisfactorias y seguras entre los actores de la comunidad educativa. Y una nueva mirada a la gestión de la violencia escolar desde la promoción de la práctica de valores.

La violencia escolar también, es un tema de la salud pública, me pregunto dónde está el ministro Luis Dyer. Debería estar preocupado en cómo garantizar el acceso a los servicios de salud mental para las más de 50 mil casos reportados de violencia escolar. ¿Los peruanos tenemos ministro de salud? Habría que considerar que muchos casos no son reportados por las IE y padres de familia, por desconocimiento del procedimiento o por no dañar la imagen institucional.

Otro tipo de violencia, la violencia institucional y estructural que vulnera el derecho fundamental a la educación. En el reportaje de ayer de Cuarto Poder sobre la toma de espacios educativo por privados, incluidas disputas judiciales, dio la impresión que al ministro Chang le preocupa reorientar algunos temas.

Pero debe empezar por conocer, qué tipo de contratos suscriben las IE y si lo hacen en el marco normativo (Decreto Supremo N.° 028-2007-ED), decreto firmado por el ministro Chang durante el segundo gobierno de Alan García, y que años después, a pesar de la obligatoriedad de la norma, no se garantiza el servicio educativo. Lo he dicho antes, y lo sostengo, los estudiantes de algunos CEBA públicos de Lima no usan los espacios educativos por mantenerse alquilados.

Si están dispuestos a poner orden, no solo requieren el compromiso del sector, también de nosotros los docentes, padres de familia y sociedad civil organizada. Es momento de demostrar que estamos unidos en causas que involucren el interés general y no partidario.

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Política

Senador Jaime Delgado: «Los galones no pueden estar por encima de la autoridad educativa ni de los derechos de los estudiantes»

El senador Jaime Delgado plantea revisar las responsabilidades de las autoridades del Liceo Naval Almirante Guise ante la denuncia de presunta agresión sexual contra un escolar y advierte que ninguna jerarquía institucional puede estar por encima de la protección de los estudiantes. Cuestiona las posibles omisiones frente a anteriores alertas, exige protocolos efectivos de vigilancia y reclama al Estado medidas concretas para garantizar que ningún menor vuelva a sentirse desprotegido dentro de un colegio.

Published

1 día ago

21/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

En entrevista con Lima Gris, el senador Jaime Delgado Zegarra aborda los desafíos que enfrenta el sistema educativo, la necesidad de revisar los protocolos de intervención y la importancia de garantizar tanto la protección de la presunta víctima como el debido proceso de los adolescentes investigados.

Senador, a raíz de la denuncia por presunta agresión sexual ocurrida en un bus del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, ¿qué aspectos de la actuación de las autoridades educativas considera prioritario esclarecer y qué responsabilidades administrativas podrían determinarse, respetando la investigación fiscal en curso?

De hecho hay responsabilidad del colegio, no solamente por este hecho, sino por lo que se viene sabiendo de que reiteradamente se han presentado este tipo de denuncias y el colegio no ha hecho nada, y eso es grave, por otro lado lo acontecido dentro del bus, con presencia de adultos que tenían responsabilidad de custodiar, de garantizar que todo esté en orden, que haya disciplina, y no haber hecho nada al respecto frente a un acto de esa naturaleza, obviamente existe responsabilidad, que podría llegar a ser responsabilidad penal, en la medida que se esclarezcan los hechos.

Pero, por otro lado, eso nos denota que no existen normas lo suficientemente gráficas, firmes, claras para que los colegios, los directores, los profesores tomen acciones inmediatas frente a este tipo de bullying y, además, agresiones, delitos. Delitos no propiamente en la medida que son menores de edad. Pero infracciones de esta naturaleza.

Por eso, en el Congreso, la Comisión de Salud y Educación del Senado de la República hemos formado una Comisión a fin de que se haga una evaluación de esta situación y plantee las medidas correspondientes para que los protocolos, los estándares de intervención de las autoridades educativas sean oportunos, claros y firmes, para evitar que este tipo de situaciones se sigan dando.

El Poder Judicial ha dispuesto cuatro meses de internamiento preventivo para seis escolares investigados. Desde la perspectiva de la Comisión de Educación, ¿cómo debe abordarse este caso para garantizar el debido proceso de los adolescentes, sin descuidar el derecho de la presunta víctima a recibir protección, atención y justicia?

En primer lugar, me parece muy irresponsable que se haya incluso mencionado el nombre del afectado, pero por otro lado, existe la necesidad de tomar las medidas disciplinarias correspondientes. Y proteger fundamentalmente a la víctima.

Y la primera protección es no exponer su identidad, obviamente, porque imagínate, digamos, en una sociedad tan conservadora como la que tenemos, finalmente, identificar un acto de esta naturaleza puede afectar tremendamente.

Pero más allá de eso, yo creo que se tienen que establecer sanciones drásticas, y este comportamiento revela que hay problemas serios en el sistema educativo de ese colegio, donde, de pronto, los galones pesan más que la autoridad educativa. Y los galones determinan superioridad o inferioridad, no solo en los padres de familia que pueden ser militares, sino en los propios hijos. Entonces, eso nos parece sumamente grave, porque los escolares todos son iguales, se califica por su rendimiento, no por los galones que tienen sus padres.

El Gobierno ha anunciado la reorganización del Liceo Naval Almirante Guise y el traslado de su administración al Ministerio de Educación. ¿Qué medidas concretas debería implementar el Minedu para garantizar la seguridad de los estudiantes y recuperar la confianza de las familias?

Se tiene que restablecer la disciplina en este colegio, y probablemente en otros, se ha perdido la autoridad del director y la autoridad del profesor, y nadie puede vulnerar esa autoridad. A veces, digamos, con el surgimiento de pretendidos derechos, queremos cuestionar la autoridad del director y del profesor, y en una institución de tipo militar como la que tenemos, obviamente, los profesores y los directores han perdido autoridad porque por encima de ellos pueden estar los galones, Y eso no puede ser.

Los hechos denunciados habrían ocurrido durante el traslado de estudiantes en un bus escolar, pese a la presencia de personal adulto. ¿Considera necesario revisar los protocolos de supervisión, vigilancia y actuación frente a situaciones de violencia en el transporte escolar?

La cosa tampoco no es muy compleja, porque históricamente siempre los colegios han mantenido una disciplina, y tratándose de los buses de transporte escolar, obviamente, cualquiera que sea el tamaño de la unidad, hay un adulto que se encarga de poner orden, es inexplicable cómo dentro de un bus se haya producido una violación. Es inexplicable, es inaudito, es imperdonable, a vista y paciencia de gente adulta que estaba ahí. Eso es inaceptable.

Este caso ha generado preocupación entre las familias y la comunidad educativa. ¿Qué estrategias de prevención de la violencia sexual, educación socioemocional y convivencia escolar deberían reforzarse en los colegios del país, especialmente en el nivel secundario?

Todos los colegios tienen que tener un protocolo de intervención rápida, a la primera señal, al primer comentario o denuncia sobre acoso, sobre violencia, los profesores y los directores tienen que tomar intervenciones directas y sanciones disciplinarias inmediatas.

Cuando no lo hacen, están dejando pasar y están generando un ambiente de impunidad, si los chicos se han atrevido a hacer esto delante de los adultos, es porque ya han perdido respeto a los adultos. Y los adultos ya cierran los ojos, dejan pasar, porque saben que su autoridad no vale nada frente a los alumnos, y esta es la revelación más patética de lo que ha sucedido.

Senador Jaime Delgado.

La Comisión de Educación tiene previsto convocar a representantes del Liceo Naval, del Ministerio de Educación y de otras instituciones involucradas para conocer las medidas adoptadas. Como parte del proceso de construcción de estas medidas, ¿se contempla convocar a los responsables?

Sí, no descartamos la idea de convocar a los responsables, pero convocar a las autoridades del Ministerio de Educación también para ver y revisar todos los protocolos de intervención, para asegurarnos de que las medidas que se han de adoptar sean lo suficientemente claras y que se respeten.

¿Qué resultados concretos espera alcanzar el Congreso a partir de esta fiscalización?

Una vigilancia oportuna, no basta con la norma, sino un sistema de vigilancia oportuna para que se enciendan las alertas cada vez que haya un acto de esta naturaleza, no que se llegue a la violación, por cierto, cualquier acto de acoso, cualquier acto de bullying, cualquier situación de agresión, inmediatamente se actúe, y quien no lo haga, tenga responsabilidad legal frente a eso.

Finalmente, más allá de las investigaciones y de las medidas judiciales, ¿qué garantías puede ofrecer el Estado para que ningún estudiante vuelva a sentirse desprotegido dentro de una institución educativa?

Tienen que establecerse medidas para que los jóvenes, los niños que están siendo acosados puedan tener medidas de protección inmediata dentro del colegio, es decir, deben de tener mecanismos para que el joven, el niño sienta confianza, de denunciar estas cosas.

Porque hay niños que lamentablemente por la edad o por sus orígenes o por sus galones o por lo que sea, se creen superiores a otros y cometen abusos. Entonces, muchas veces los niños y las niñas se doblegan frente a eso y procuran no decir nada para no seguir siendo golpeados y agredidos.

Pero precisamente para eso está el colegio, para garantizar la protección de estas personas y sacar, exterminar, expulsar y tomar medidas disciplinarias contra los abusadores, cualquiera sea el abuso, abuso verbal, abuso físico, etcétera.

Si no lo hace, finalmente están dejando empoderarse a estos abusivos y hemos llegado a esta situación tan inaceptable.

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Política

La renuncia de Rafael Rey y las presiones del fujimorismo [VIDEO]

El exministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia irrevocable alegando motivos de salud, apenas 52 días después de asumir el cargo. Su salida se convierte en la primera baja del gabinete de Luis Galarreta y vuelve a poner bajo la lupa las tensiones políticas alrededor de una de las carteras más importantes del Gobierno.

Published

2 días ago

20/09/2026

Redacción Lima Gris

Rafael Rey ya no es ministro de Transportes y Comunicaciones. El funcionario presentó su renuncia irrevocable el 17 de septiembre y el Ejecutivo aceptó formalmente su salida mediante una resolución suprema publicada este 19 de septiembre. Rey había asumido el cargo el 28 de julio y permaneció apenas 52 días al frente de una cartera estratégica para el país.

En su carta dirigida a la presidenta Keiko Fujimori y al premier Luis Galarreta, Rey sostuvo que su decisión responde a razones de salud que le impedían continuar ejerciendo las responsabilidades del cargo con la dedicación requerida. No precisó públicamente cuál es la condición que motivó su renuncia.

Pero esta salida deja preguntas políticas que van más allá del contenido formal de la carta. El MTC administra una enorme cartera de infraestructura, transporte, conectividad y proyectos estratégicos, por lo que el cambio de ministro se produce en un momento particularmente sensible para el Gobierno.

Y aquí aparece un antecedente que Lima Gris puso sobre la mesa el pasado 23 de agosto: “Tensión en el MTC: el ministro Rafael Rey vendría recibiendo presiones por parte del fujimorismo”. Aquella publicación recogió versiones sobre disputas y presiones políticas alrededor de la composición del ministerio y de algunos viceministerios. Esas versiones, sin embargo, no han sido confirmadas como la causa de la renuncia y deben diferenciarse de la explicación oficial presentada por Rey.

La pregunta que queda ahora es qué ocurrirá con la conducción del MTC y cuánto impactará este relevo en la continuidad de sus proyectos y políticas. El propio Rey señaló que colaboraría con una transferencia ordenada y transparente de la gestión.

En Lima Gris analizamos la salida del primer ministro que abandona el gabinete de Luis Galarreta, los antecedentes que rodearon al MTC y las preguntas que esta renuncia deja abiertas para el Gobierno de Keiko Fujimori. Según fuentes, Rafael Rey sería designado como embajador del Perú en El Vaticano.

¿Fue únicamente una decisión personal por motivos de salud o existen otros elementos políticos que todavía no han salido a la luz? Esa es una de las preguntas que queda planteada tras la salida de Rafael Rey.

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Política

Senadora Juana Guisella Ticona: “Mi propuesta es que haya un psicólogo en cada colegio para prevenir la violencia escolar”

La senadora Juana Ticona, del partido Cívico Obras, se pronuncia sobre la preocupación generada por las denuncias de violencia y acoso escolar en el Liceo Naval. Desde su perspectiva, resulta fundamental garantizar la protección de los menores, fortalecer el cumplimiento de los protocolos de atención e incrementar el presupuesto destinado a profesionales de psicología y convivencia escolar.

Published

3 días ago

19/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El caso del Liceo Naval ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de garantizar entornos educativos seguros y mecanismos eficaces para prevenir y atender situaciones de violencia y acoso escolar. Mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones y la institución educativa atraviesa un proceso de reorganización, la discusión también alcanza a las responsabilidades de las autoridades y a la aplicación de los protocolos de protección de los menores. En esta entrevista, la senadora aborda los principales aspectos que deberían esclarecerse, las medidas que deben adoptarse para fortalecer la convivencia escolar y el papel que corresponde al Congreso frente a estos casos.

El caso del Liceo Naval ha generado preocupación por la protección de los estudiantes. Desde su labor parlamentaria, ¿qué aspectos de la actuación de la institución educativa considera necesario esclarecer?

Al respecto, sobre este lamentable hecho, puedo indicar que todo menor tiene derecho a ser protegido y a que se preserve su identidad. Considero que las acciones que se están realizando deben orientarse en esa dirección. Asimismo, creo que la protección de los estudiantes debe garantizarse sin distinciones, independientemente de la institución educativa a la que pertenezcan o de la vinculación que esta tenga con una determinada entidad. Todos los menores merecen el mismo nivel de protección. Desde la Comisión de Educación todavía no hemos actuado sobre este caso, pero seguramente lo haremos en los próximos días.

Se ha informado sobre la existencia de antecedentes de presuntos casos de acoso relacionados con algunos estudiantes investigados. ¿Qué mecanismos deberían activarse en un colegio cuando se presentan situaciones de esta naturaleza y qué responsabilidades corresponden a las autoridades educativas?

El Ministerio de Educación cuenta con protocolos y herramientas para atender este tipo de situaciones. Los directivos, docentes, auxiliares y cualquier persona que tome conocimiento de un posible caso de violencia tienen la obligación de comunicarlo y activar las acciones correspondientes. También pueden denunciar los padres de familia y los propios estudiantes.

Me llama la atención que, en una institución educativa, aparentemente no se hayan seguido todos los pasos establecidos. Si se hubieran aplicado oportunamente los procedimientos, quizás la situación habría tenido otro desarrollo. Se ha informado sobre la existencia de algunas denuncias previas que no se habrían atendido como correspondía. De confirmarse ello, sería necesario determinar las responsabilidades respectivas.

Aquí es fundamental la comunicación entre los estudiantes, sus familias y los docentes. Muchas veces, los menores no cuentan lo que les sucede. Por eso, los padres y profesores deben generar espacios de confianza y actuar oportunamente ante cualquier señal de violencia.

La Marina ha separado temporalmente a la directora, a un docente y al entrenador de fútbol, mientras continúan las investigaciones. ¿Considera que las instituciones educativas cuentan actualmente con protocolos suficientemente claros para actuar de manera inmediata ante denuncias de violencia o acoso escolar?

Sí. El Ministerio de Educación cuenta con protocolos que establecen las pautas de actuación frente a estos casos, además de capacitaciones para su aplicación. En este caso, la separación temporal de las personas involucradas puede entenderse como una medida orientada a facilitar el esclarecimiento de los hechos y garantizar la transparencia de las investigaciones, sin que ello implique establecer responsabilidades antes de que concluyan las indagaciones. Lo importante es que las instituciones actúen de manera oportuna y cumplan con los procedimientos establecidos.

La administración del Liceo Naval ha sido anunciada en proceso de reorganización y con una transferencia al Ministerio de Educación. ¿Qué cambios deberían implementarse para garantizar que los estudiantes cuenten con un entorno seguro y mecanismos eficaces de denuncia y protección?

Se deben desarrollar diversas acciones, porque toda la comunidad educativa se encuentra afectada por este tipo de hechos. Es necesario trabajar con los estudiantes, los padres de familia, los docentes y los directivos para fortalecer la convivencia escolar.

Considero que la reorganización y la participación del Ministerio de Educación en la administración de la institución pueden contribuir a revisar su funcionamiento y los mecanismos de protección de los alumnos.

También es importante analizar si determinadas diferencias jerárquicas o sociales dentro de la comunidad educativa han podido influir en la manera en que se gestionaron los problemas. Todos los estudiantes deben recibir el mismo trato y contar con las mismas garantías de protección, sin importar la condición de sus padres.

Más allá de este caso particular, ¿qué medidas considera necesarias para mejorar la prevención de la violencia escolar en el país? ¿Se requiere fortalecer la supervisión, revisar la normativa o incrementar los recursos destinados a psicología y convivencia escolar?

Se tienen que mejorar los protocolos de atención y fortalecer las acciones de prevención. Considero fundamental que cada institución educativa cuente con profesionales que puedan atender las distintas necesidades de los estudiantes. Mi propuesta es que haya un psicólogo en cada colegio. También sería importante contar con personal de enfermería y otros especialistas que contribuyan a la formación integral de los alumnos, incluida la educación sexual.

Creo que uno de los aspectos que debemos trabajar es el desarrollo de valores y el respeto hacia los demás. Esto no solo debe promoverse en los colegios, sino también en la sociedad.

Los maestros tienen muchas responsabilidades y no pueden asumir todas las funciones de manera simultánea. Por eso, es necesario que el Estado evalúe un incremento del presupuesto destinado a educación, con el fin de incorporar más profesionales y mejorar la calidad del servicio educativo público.

Finalmente, ¿qué acciones concretas debería impulsar el Congreso para evitar que los casos de violencia escolar sean detectados demasiado tarde y garantizar que las denuncias sean atendidas oportunamente, sin revictimizar a los menores?

Considero que el Congreso podría impulsar propuestas normativas destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de los protocolos de prevención y atención de la violencia escolar. También sería importante promover campañas de formación en valores y respeto, tanto en los colegios como en los distintos espacios de la sociedad.

Debemos evitar que la falta de consideración hacia las personas vulnerables se convierta en una conducta normalizada. La protección de los menores requiere el compromiso de las autoridades, las familias, los docentes y toda la comunidad. El objetivo debe ser que las denuncias sean atendidas de manera oportuna y que ningún estudiante tenga que atravesar nuevamente una situación de violencia durante el proceso de búsqueda de justicia.

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Política

Analí Márquez exige resultados al Gobierno: “No vemos una estrategia integral contra la criminalidad”

Tras la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, la diputada Analí Márquez cuestiona la falta de una estrategia integral frente al avance de la extorsión, el sicariato y los homicidios. La parlamentaria exige resultados, plantea reforzar la inteligencia y la investigación criminal y anuncia proyectos para evaluar a los altos mandos policiales y restituir la facultad de remoción del comandante general de la PNP.

Published

4 días ago

18/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La inseguridad dejó de ser una preocupación episódica para convertirse en una de las principales demandas de la ciudadanía. En medio del avance de la extorsión, el sicariato y los homicidios, la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, volvió a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. En esta entrevista, la diputada Analí Márquez Huanca explica las razones que la llevaron a impulsar la interpelación, cuestiona la falta de una estrategia integral contra la delincuencia y plantea medidas concretas para fortalecer la inteligencia, la investigación criminal y la conducción de la Policía Nacional. También adelanta iniciativas legislativas destinadas a evaluar a los altos mandos policiales y restituir mecanismos de control sobre quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de millones de peruanos.

Señora diputada, usted promovió la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo. Luego de su presentación ante la Cámara de Diputados, ¿cuáles considera que son las principales interrogantes que el ministro todavía debe aclarar ante el país y qué aspectos de su gestión requieren una explicación más detallada?

Debemos empezar por una cuestión bastante fundamental: hoy no vemos una estrategia integral y clara para enfrentar la inseguridad y la criminalidad en el país. Cuando hablamos de una estrategia, hablamos de planificación, de recursos suficientes, de tecnología, de inteligencia y, sobre todo, de contar con el personal adecuado para ejecutarla. No podemos pensar que la lucha contra la delincuencia solamente consiste en realizar operativos cuando se produce un determinado hecho.

También existe un problema que no podemos ignorar, que es la confianza de la ciudadanía en quienes tienen la responsabilidad de conducir la lucha contra el crimen. En los últimos meses se han conocido hechos y cuestionamientos que involucran incluso a altos mandos policiales y que requieren explicaciones claras ante el país.

La lucha contra la criminalidad no se resuelve únicamente con medidas coyunturales. Se necesita inteligencia, tecnología, investigación criminal y capacidad operativa, pero también liderazgo, conducción política y legitimidad ante la ciudadanía.

Quien dirige esta lucha debe transmitir confianza y demostrar que las instituciones están del lado de la población. Por eso hemos planteado interrogantes que van más allá de las cifras. Queremos saber cuál es realmente la estrategia del Gobierno, qué resultados concretos ha producido, quiénes son responsables de ejecutarla y cómo se está trabajando para recuperar la confianza ciudadana.

Cuando una estrategia no ofrece los resultados que espera la población, corresponde evaluar también la responsabilidad de quienes la diseñan y conducen, así como de las fuerzas políticas que han respaldado determinadas decisiones. El país merece explicaciones con precisión, claridad y transparencia.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el avance de la extorsión, el sicariato y los homicidios. Desde su perspectiva como parlamentaria, ¿qué resultados concretos debería mostrar el Ministerio del Interior?

Tiene que existir una conducción firme que nos permita anticiparnos al delito y recuperar la seguridad de la ciudadanía. No solamente debemos reaccionar cuando ocurre un homicidio, una extorsión o un caso de sicariato. La Policía y las instituciones responsables deben tener la capacidad de prevenir, investigar y desarticular las organizaciones criminales antes de que continúen generando víctimas.

También tenemos que hacer un trabajo articulado con las rondas campesinas y las juntas vecinales. Ellos conocen la realidad de sus comunidades y pueden contribuir a la prevención y a la identificación de situaciones de riesgo. La ciudadanía exige acciones eficaces frente al crimen organizado, especialmente en sectores como el transporte, el comercio y la construcción, donde la extorsión está generando preocupación entre trabajadores y empresarios.

El Ministerio del Interior tiene una responsabilidad muy importante en este tema y cuenta con un presupuesto asignado para enfrentar la inseguridad. Por eso debemos saber cómo se están utilizando esos recursos y cuáles son los resultados que se están obteniendo.

¿Qué medidas considera que deben priorizarse para mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional y garantizar una respuesta oportuna frente a estos delitos?

El objetivo de toda política de seguridad debe ser muy concreto: tiene que llegar el momento en que la ciudadanía, nuestros hijos, nuestras familias y todos los peruanos puedan salir a las calles y sentirse seguros.

Cuando una persona se encuentra con un policía, debe sentir que está frente a una autoridad cercana que puede protegerla. Una madre o un padre debe poder enviar a sus hijos al colegio con tranquilidad y tener la certeza de que existe una institución capaz de responder ante una emergencia. Llegar a ese punto requiere mucho más que operativos aislados. Se necesita liderazgo, planificación y una acción articulada entre la Policía y el sistema de justicia.

Tenemos que construir una verdadera corriente ciudadana de rechazo a la delincuencia. Autoridades y sociedad deben actuar de manera conjunta, con firmeza y transparencia, para prevenir el delito, enfrentar la criminalidad y recuperar la confianza y la tranquilidad en nuestras calles. Hoy existe una preocupación legítima de la ciudadanía porque muchas personas salen de sus hogares sin saber si regresarán con vida. Esa situación no puede ser normalizada.

En relación con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, ¿qué criterios debería utilizar el Ejecutivo para garantizar que los principales cargos del Ministerio del Interior y de la Policía estén ocupados por funcionarios con respaldo institucional y capacidad para responder a la actual situación de seguridad?

Es muy práctico. El profesional que asuma una responsabilidad tan importante debe tener, primero, idoneidad. Considero además que debería pasar por una prueba de polígrafo y demostrar un compromiso de trabajo probado. No podemos colocar en puestos de tanta responsabilidad a personas que no generen confianza o que tengan cuestionamientos que puedan comprometer el ejercicio de sus funciones.

Para nosotros también es importante que no tengan denuncias o investigaciones vinculadas con hechos que puedan afectar el desempeño de sus responsabilidades. Estamos hablando de cargos relacionados directamente con la seguridad de millones de peruanos. Por eso se necesita un compromiso bastante grande con el país y con la institución policial.

Más allá de las respuestas que entregue el ministro, ¿qué acciones concretas impulsará usted desde el Congreso después de esta interpelación? ¿Habrá seguimiento a los compromisos asumidos, pedidos de información, investigaciones u otra medida de control político?

Nosotros vamos a continuar definitivamente con nuestras funciones de fiscalización y control político. No consideramos que la interpelación sea el final del proceso. Por el contrario, debe permitir que el Congreso continúe haciendo seguimiento a las políticas que se están aplicando y a los resultados que se obtengan.

Además, estamos trabajando una iniciativa legislativa para someter a la prueba del polígrafo a quienes puedan aspirar a determinados niveles de mando de la Policía Nacional del Perú, como podría ser el caso del comandante general de la Policía. Consideramos que quienes ocupen los más altos cargos deben demostrar idoneidad y generar confianza institucional.

Asimismo, hemos presentado un proyecto de ley que busca restituir la facultad de remoción por pérdida de confianza del comandante general de la Policía.

¿Por qué considera necesario restituir esa facultad de remoción y qué cambiaría con esta propuesta?

Esta propuesta surge a raíz de una situación que se presentó con el comandante general que dejó el cargo. El marco legal existente no permitía al Ejecutivo removerlo y establecía una permanencia determinada en el cargo. Desde nuestra perspectiva, necesitamos contar con mecanismos que permitan al Ejecutivo actuar cuando un comandante general no responde a las necesidades de seguridad del país.

No se trata simplemente de cambiar a una persona por otra. Lo que buscamos es que exista una herramienta institucional que permita tomar decisiones cuando quien ocupa una responsabilidad tan importante no responde a las circunstancias o no está a la altura de las necesidades del momento. Por eso consideramos necesario restituir esa facultad de remoción. Este proyecto ya ha sido presentado desde la bancada de Juntos por el Perú.

Finalmente, señora diputada, la ciudadanía está preocupada porque la inseguridad afecta no solamente a las grandes ciudades, sino también a comerciantes, transportistas, trabajadores y familias en general. ¿Qué medidas considera prioritarias para que la respuesta del Estado pase del debate parlamentario a resultados concretos en las calles?

Lo mínimo que espera la ciudadanía es que las propias autoridades sean las primeras en cumplir la ley y respetar el Estado de derecho. También es fundamental acatar las decisiones de los jueces y garantizar que los fiscales puedan investigar el crimen con total independencia. La justicia debe actuar sin presiones ni interferencias.

No podemos exigirle al ciudadano que respete la ley si quienes ejercen el poder no empiezan por dar el ejemplo. El Estado tiene que recuperar la confianza de la población y demostrar que sus instituciones funcionan. La seguridad no puede quedarse únicamente en discursos, anuncios o debates. Tiene que traducirse en resultados concretos que puedan ser percibidos por las personas en su vida cotidiana.

Si después de esta interpelación los índices de extorsión, sicariato y homicidios continúan aumentando, ¿qué responsabilidad política debería asumir el ministro del Interior y qué debería hacer el Congreso?

Esta situación debe ser evaluada permanentemente. Como Congreso tenemos funciones de fiscalización y control político y debemos ejercerlas. Si las medidas implementadas no producen los resultados que la ciudadanía espera, corresponde pedir explicaciones, solicitar información y evaluar las responsabilidades políticas que correspondan dentro del marco institucional.

La interpelación justamente busca eso: que el responsable del sector explique qué está haciendo, cuáles son sus objetivos y qué resultados espera obtener. Pero también debemos mirar más allá de una sola persona. La seguridad es una responsabilidad que involucra a distintas instituciones del Estado. Se necesita coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos locales y otras instituciones.

Lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a vivir con miedo. La ciudadanía tiene derecho a recuperar la tranquilidad y el Estado tiene la obligación de trabajar para garantizarla.

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Política

Diana Gonzales: de vender autos y piezas automotrices en FAGA MOTORS a directora de PRONABEC. ¿Cumple los requisitos para el cargo?

El caso de Diana Gonzales Delgado, excandidata a la cámara de diputados, excongresista (2021-2026) por el partido Avanza País y su designación como directora ejecutiva del PRONABEC del MINEDU en la gestión de José Antonio Chang durante el gobierno de la presidente Keiko Fujimori. Merece una exhaustiva revisión de las autoridades.

Published

4 días ago

17/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 1 de setiembre de 2026, mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, Diana Gonzales Delgado dejó de ser excongresista de Avanza País para convertirse en directora ejecutiva del PRONABEC, el programa del Ministerio de Educación que administra becas y créditos educativos. Pocos exparlamentarios logran ese salto directo del hemiciclo a la máxima autoridad administrativa de un programa estatal, sin pasar antes por ningún cargo en el Ejecutivo.

El cargo había quedado vacante el 28 de julio de 2026, cuando Enrique Roberto Kocyen Chon Yamasato —designado apenas el 25 de marzo mediante la Resolución Ministerial N.° 185-2026-MINEDU— presentó su renuncia. Fue el Despacho Viceministerial de Gestión Institucional, a cargo de Luis Antonio Alemán Nakamine, del cual depende PRONABEC, el que propuso a Gonzales mediante el Memorándum N.° 00141-2026-MINEDU/VMGI, remitiendo su currículum documentado para evaluación conforme a la Ley N.° 31419, la norma que regula el acceso a la función pública.

Esa evaluación debía medir su trayectoria contra el perfil del puesto de director o directora Ejecutivo(a), código DP0001, definido en la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 139-2025-MINEDU/VMGI-PRONABEC como la máxima autoridad administrativa de la entidad, dentro del órgano de Alta Dirección. Ese perfil exige ocho años de experiencia general, cuatro años de experiencia específica en la función o materia y dos años en cargos de nivel directivo o sus equivalencias.

Lima Gris tuvo acceso a los documentos con los que se sustentó esa evaluación: el Anexo N.° 01, sobre cumplimiento de requisitos de formación y experiencia, y el Anexo N.° 02, sobre verificación de registros e impedimentos legales, ambos elaborados por la Coordinación de Selección y Organización del Trabajo de la Oficina de Gestión de Personal del MINEDU, y recogidos en el Informe N.° 00271-2026-MINEDU/SG-OGRH, firmado el 31 de agosto de 2026 por la jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del MINEDU, Karin Cáceres Durango.

¿Cómo se acreditó los ocho años de experiencia general?

Según el Anexo N.° 01 y 02, los ocho años de experiencia general se acreditaron: cinco años en el Congreso de la República, entre el 26 de julio de 2021 y el 26 de julio de 2026, como congresista y en distintas presidencias, vicepresidencias y secretarías de comisiones; dos años, cinco meses y veintisiete días como jefa de Post Venta en Service Faga S.A.C. y Faga Motors S.A., ambas empresas automotrices ligadas a la familia Gagó; y un período del 1 de abril de 2015 al 31 de julio de 2016 como coordinadora de selecciones nacionales en la Federación Peruana de Vóleibol. Sumados, superan el mínimo exigido. El problema aparece en los dos tramos siguientes, donde la experiencia legislativa y la experiencia privada en el rubro del comercio automotriz habrían tenido que estirarse para encajar en un perfil pensado para la gestión pública.

¿Como se acreditó los 4 años de experiencia específica en la función o materia?

Para acreditar los cuatro años de experiencia específica en la función o materia, el MINEDU se apoyó por completo en la carrera parlamentaria de Gonzales, sustentada en una constancia expedida por la Oficialía Mayor del Congreso el 25 de agosto de 2026.

Ese documento detalla que, en sus cargos de presidenta de comisiones, condujo sesiones ordinarias y extraordinarias y formuló y aprobó planes de trabajo, reglamentos internos, informes finales, memorias anuales e instrumentos normativos de control legislativo y administrativo; y que, como vicepresidenta y secretaria, evaluó y emitió opinión técnica y/o legal sobre proyectos de ley, decretos legislativos y de urgencia, organizó audiencias públicas y mesas de trabajo, y formuló requerimientos de control político y seguimiento a políticas públicas.

Fuente: Hoja de vida de la excongresista Diana Gonzales.

Con esa sola constancia, la Oficina de Recursos Humanos del MINEDU, bajo la gestión del ministro José Antonio Chang y a cargo de Karin Cáceres Durango, concluyó que las funciones inherentes a legislar son equivalentes a las funciones o materia ejecutiva y de gestión de recursos de una dirección ejecutiva. Es exactamente esa equivalencia la que debería auditarse: presidir una comisión del Congreso no es lo mismo que administrar el presupuesto, el personal y los servicios de un programa que atiende a miles de becarios, y las autoridades competentes son quienes deben determinar si ese criterio se ajustó a la norma vigente.

¿Como se acreditó los 2 años de experiencia específica en la función o materia?

El tramo más frágil es el de los dos años en cargos de nivel directivo, porque la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 139-2025-MINEDU/VMGI-PRONABEC es explícita en este punto: exige experiencia como funcionario público en un órgano de Alta Dirección, como ejecutivo o subjefe de una unidad orgánica, como responsable de una unidad funcional con uno o más equipos a cargo, en asesoría a órganos de Alta Dirección, o como miembro de directorio de una empresa del Estado, y excluye de manera expresa a los coordinadores parlamentarios, a los asesores de consejos directivos y a los asesores con función política.

Al no calzar su experiencia congresal en ese molde, el MINEDU recurrió a la experiencia privada de Gonzales en dos empresas de la familia Gagó.

El primer certificado, de Service Faga S.A.C. (RUC 20537889986), firmado por su gerente general Adrián Gagó Pérez, acredita que trabajó como jefa de Post Venta del 30 de junio de 2018 al 3 de mayo de 2019, diez meses y cuatro días; según SUNAT, el rubro de esta empresa es el mantenimiento y la reparación de vehículos automotores.

El segundo, de Faga Motors S.A. (RUC 20519093724), firmado por la gerente general Carmen Aurora Gagó Pérez, certifica que continuó en el mismo puesto un día después (4 de mayo) de dejar Service Faga, hasta el 26 de diciembre de 2020 —un año, siete meses y veintitrés días—, en pleno periodo de pandemia por COVID-19. ¿Trabajó realmente en Service Faga?

Una fotografía de la propia empresa, fechada el 28 de diciembre de 2019, la muestra a Diana Gonzales como parte del equipo en el local de San Juan de Lurigancho, en el 2020 solo mostró este post del 28 de marzo de 2020 se puede leer: “Hoy que nos toca estar separados es momento de pintarnos de rojo y blanco para cuidarnos y protegernos”.

En las redes sociales de Gonzales, no se muestran fotografías del 2018 al 2020 en alguno de los espacios durante su paso por las empresas Faga Motors S.A. o Service Faga, según los documentos, laboró. Sin embargo, lo que sí mostró en una publicación realizada el 22 de octubre de 2020 en su cuenta oficial de Facebook su participación en su programa de YouTube “En la Net Alta” en el canal A Presión, que inició a transmitirse el 6 de noviembre 2020 al 23 de diciembre de 2020 (8 programas).

En el programa transmitido el 23 de diciembre de 2020 se puede apreciar como: Diana Gonzales junto al DT de vóley Hernán Artieda le dan un repaso al título conseguido por Deportivo Jaamsa. Durante la entrevista Gonzales mencionó: «JAAMSA tiene 6, 7 años, primero de la mano de Adrián Gagó, ahora asumiendo la presidencia Julio Gagó…»

En 2014, el propio Julio Gagó declaró que seguía siendo accionista de JAAMSA. La pregunta que la investigación debe aclarar es ¿Trabajó realmente Diana Gonzales en Faga Motors S.A. durante la pandemia?

Faga Motors, otra empresa ligada a la familia Gagó, dedicada a la venta de vehículos automotores, su mantenimiento y reparación, y la venta de partes, piezas y accesorios, registra en SUNAT una reducción de su planilla de 40 a 36 trabajadores entre 2025 y 2026.

Junto a ambos certificados, Gonzales presentó una declaración jurada donde afirma haber liderado una oficina o área y haber tenido personal a su cargo.

Sin embargo, en los registros de SUNAT, Service Faga S.A.C. —dada de baja de oficio desde el 31 de julio de 2026— no registra trabajadores en ningún periodo. Esa contradicción, entre lo declarado bajo juramento y lo que muestra el registro tributario, es la que las autoridades tendrían que esclarecer: si en Service Faga no hubo personal a cargo, no hay cargo directivo que acreditar con ese certificado, y sin ese requisito cumplido, la designación entera podría perder parte de su sustento.

El apellido Gagó no es un dato irrelevante en esta historia, y merece explicarse con el mismo detalle que el resto del expediente. Adrián Gagó Pérez, quien firmó el certificado de Service Faga, es hijo del exparlamentario fujimorista Julio Gagó, elegido por Fuerza 2011 para el período 2011-2016.

En 2014, Julio Gagó quedó en el centro de una investigación después de que se difundieran audios en los que se refería a una empresa, Copy Depot, como un vehículo que podía canalizarle ventas al Estado mientras él ejercía como congresista. La Comisión de Ética del Congreso decidió investigarlo en marzo de ese año, con el voto a favor de los propios congresistas fujimoristas que la integraban: Jesús Hurtado, Segundo Tapia, Ángel Neyra y Juan Díaz. Consultada sobre el caso en una entrevista en el programa Panorama, en marzo de 2014, la entonces candidata y hoy presidenta de la República, Keiko Fujimori, respondió: «Voy a darle el beneficio de la duda». Ese mismo año, los locales de la familia Gagó fueron allanados.

Tres meses después, el 18 de junio de 2014, el Pleno del Congreso aprobó suspender a Gagó por 120 días sin goce de haber, con 79 votos a favor, 1 en contra y 29 abstenciones; el único voto en contra fue del entonces fujimorista José Luis Elías Dávalos. Según informó el diario Perú21, la conclusión de la Comisión de Ética fue que Copy Depot habría sido utilizada para que Gagó continuara contratando con el Estado mientras era congresista. Sin embargo, en setiembre de 2014, la Fiscalía de la Nación archivó investigación a Julio Gagó por Copy Depot y consideró NO HA LUGAR para formular denuncia constitucional.

Que sea precisamente una empresa de esa misma familia —con un historial ya cuestionado por su relación con el poder político fujimorista— la que, una década después, emite los certificados que permiten a otra excongresista de esa misma línea política acceder a la dirección de un programa estatal, no prueba ninguna irregularidad por sí solo. Pero es un antecedente que las autoridades deberían tener presente al verificar si el paso de Gonzales por Service Faga y Faga Motors correspondió a funciones reales de jefatura, tal como exige la equivalencia aplicada por el MINEDU, o si los certificados se emitieron para facilitar el cumplimiento formal de un requisito que de otro modo no se completaba.

El caso merece que el Congreso, Contraloría General de la República y, de corresponder, el Ministerio Público revisen si ese salto se ajustó a la norma o si se forzaron las equivalencias para que calzara.

Lo que está en juego, en el fondo, es si Diana Gonzales Delgado cumplía o no los requisitos para dirigir PRONABEC, o si el MINEDU flexibilizó dos equivalencias —la función legislativa por la función ejecutiva, y un puesto comercial sin personal comprobado por uno de nivel directivo— para que su nombramiento calzara en la resolución. Esa es la pregunta que corresponde responder a la Contraloría General de la República y, de encontrarse indicios de irregularidad, al Ministerio Público.

Senadores y diputados del Congreso de la República: correspondería fiscalizar si este nombramiento se ajustó a la norma, antes de que la equivalencia entre función legislativa y función ejecutiva se convierta en precedente para futuros excongresistas y exasesores.

Buscamos obtener la versión de Diana Gonzales Delgado, actual directora ejecutiva del PRONABEC, respecto de los hechos y documentos señalados en esta investigación. Hasta el cierre de este informe, no se recibió respuesta a las preguntas remitidas para recoger sus descargos.

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Política

Línea 113: cuando pedir ayuda al MINSA de Luis Dyer en el gobierno de Keiko Fujimori no encuentra respuesta

El 10 de setiembre se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. En el Perú existe la Línea 113, opción 5, que ofrece orientación psicológica gratuita las 24 horas. Llamamos para conocer el acceso al servicio, no nos contestaron.

Published

5 días ago

17/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El Ministerio de Salud (MINSA) forma parte de una de las redes de apoyo para la prevención del suicidio más importantes que existen en nuestro país: la de los profesionales de salud mental. Si esa red falla justo en el momento en que alguien se atreve a pedir ayuda, las consecuencias no son abstractas.

Como parte de las actividades del taller de prevención del suicidio, y a solicitud de uno de los estudiantes, se realizó un ejercicio práctico de verificación del servicio telefónico de la Línea 113, opción 5, línea de orientación en salud mental del MINSA.

Se efectuaron llamadas en cuatro oportunidades: el 14 de septiembre, entre las 8:00 y las 10:00 a. m., y el 15 de septiembre, entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. En ambas ocasiones, no se logró obtener respuesta por parte del servicio. Este ejercicio permitió identificar una oportunidad de mejora en cuanto a la disponibilidad y tiempos de respuesta de la línea.

Cabe preguntarse qué ocurre con quien llama en el momento más difícil de su vida. Las redes de apoyo solo cumplen su función si están, efectivamente, disponibles.

Esto me hizo pensar. En el acceso al servicio de salud mental que promociona el MINSA y más aún en tiempos dónde según el MINSA, 2025, los Centros de Salud Mental Comunitarios atendieron más de 1.3 millones de casos en 2024. Cuando alguien atraviesa una crisis, cada minuto sin respuesta cuenta.

Que la línea 113 (opción 5) no responda es grave. No hablamos de un trámite administrativo que puede esperar, sino de un servicio que según el portal oficial del MINSA debería funcionar las 24 horas precisamente para los momentos en que alguien ya no encuentra otra salida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), Perú está entre los países de Latinoamérica con mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión. Una llamada sin respuesta en ese contexto no es un inconveniente: es una oportunidad perdida para salvar una vida.

El MINSA debería garantizar tiempos de respuesta medibles en la Línea 113, hacer públicos los indicadores de cuántas llamadas se atienden y cuántas se pierden, y el ministro Dyer debería usar la misma exposición mediática que dedica a sus recorridos para posicionar la salud mental como prioridad real, no solo declarativa.

El contraste es revelador. El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, no ha escatimado presencia mediática: sus recorridos por hospitales, transmitidos y replicados en redes sociales, se han convertido en una constante de su gestión. Sin embargo, al revisar sus canales oficiales y la cobertura de prensa de los días previos y posteriores al 10 de setiembre, no encontré un pronunciamiento público suyo sobre la fecha. Si el titular del sector encuentra tiempo para protagonizar cada inspección con cámaras en mano, cabe preguntarle por qué la salud mental, y en particular la prevención del suicidio, no mereció ni una mención en un día que organismos de salud de toda la región sí conmemoraron.

El silencio del ministro y la presidente Keiko Fujimori frente al tema no es neutral: envía la señal de que la salud mental sigue siendo secundaria frente a la salud física, a pesar que según CEPLAN (2015) “En el Perú, 1 de cada 4 personas considera que el sistema de salud actual considera igual de importante la salud mental y física”. La salud mental, aunque no generan titulares, salvan vidas.

Para la OMS, existen señales de alerta que conviene reconocer: cambios importantes de ánimo, retraimiento social, expresiones de que la vida no tiene sentido o de que los demás estarían mejor sin la persona, despedidas inusuales y entrega de pertenencias valiosas. Es importante subrayar algo que suele olvidarse: estas señales no son un diagnóstico, sino indicios que ameritan atención y cercanía.

Según la OMS, “las conductas suicidas surgen de la interacción entre factores de salud física y mental, acontecimientos vitales estresantes, y factores sociales y culturales. No hay una causa única ni una explicación simple”.

Tener pensamientos suicidas es una señal de malestar psíquico intenso. No es una debilidad ni una razón para sentir culpa. Hablar de lo que ocurre y conectarse con ayuda especializada en salud mental puede abrir posibilidades de atención que, muchas veces, la persona no ve por sí sola. Por eso las líneas de ayuda no son un servicio más: son, para muchos, el primer y único puente hacia esa ayuda.

A pesar de las deficiencias en la política pública de salud mental del gobierno de Keiko Fujimori, recuerden que no están solos y que siempre pueden buscar ayuda.

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