Analí Márquez exige resultados al Gobierno: “No vemos una estrategia integral contra la criminalidad”

Política Analí Márquez exige resultados al Gobierno: “No vemos una estrategia integral contra la criminalidad” Tras la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, la diputada Analí Márquez cuestiona la falta de una estrategia integral frente al avance de la extorsión, el sicariato y…

Política

Tras la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, la diputada Analí Márquez cuestiona la falta de una estrategia integral frente al avance de la extorsión, el sicariato y los homicidios. La parlamentaria exige resultados, plantea reforzar la inteligencia y la investigación criminal y anuncia proyectos para evaluar a los altos mandos policiales y restituir la facultad de remoción del comandante general de la PNP.

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30 segundos ago

18/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La inseguridad dejó de ser una preocupación episódica para convertirse en una de las principales demandas de la ciudadanía. En medio del avance de la extorsión, el sicariato y los homicidios, la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, volvió a poner bajo la lupa la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. En esta entrevista, la diputada Analí Márquez Huanca explica las razones que la llevaron a impulsar la interpelación, cuestiona la falta de una estrategia integral contra la delincuencia y plantea medidas concretas para fortalecer la inteligencia, la investigación criminal y la conducción de la Policía Nacional. También adelanta iniciativas legislativas destinadas a evaluar a los altos mandos policiales y restituir mecanismos de control sobre quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de millones de peruanos.

Señora diputada, usted promovió la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo. Luego de su presentación ante la Cámara de Diputados, ¿cuáles considera que son las principales interrogantes que el ministro todavía debe aclarar ante el país y qué aspectos de su gestión requieren una explicación más detallada?

Debemos empezar por una cuestión bastante fundamental: hoy no vemos una estrategia integral y clara para enfrentar la inseguridad y la criminalidad en el país. Cuando hablamos de una estrategia, hablamos de planificación, de recursos suficientes, de tecnología, de inteligencia y, sobre todo, de contar con el personal adecuado para ejecutarla. No podemos pensar que la lucha contra la delincuencia solamente consiste en realizar operativos cuando se produce un determinado hecho.

También existe un problema que no podemos ignorar, que es la confianza de la ciudadanía en quienes tienen la responsabilidad de conducir la lucha contra el crimen. En los últimos meses se han conocido hechos y cuestionamientos que involucran incluso a altos mandos policiales y que requieren explicaciones claras ante el país.

La lucha contra la criminalidad no se resuelve únicamente con medidas coyunturales. Se necesita inteligencia, tecnología, investigación criminal y capacidad operativa, pero también liderazgo, conducción política y legitimidad ante la ciudadanía.

Quien dirige esta lucha debe transmitir confianza y demostrar que las instituciones están del lado de la población. Por eso hemos planteado interrogantes que van más allá de las cifras. Queremos saber cuál es realmente la estrategia del Gobierno, qué resultados concretos ha producido, quiénes son responsables de ejecutarla y cómo se está trabajando para recuperar la confianza ciudadana.

Cuando una estrategia no ofrece los resultados que espera la población, corresponde evaluar también la responsabilidad de quienes la diseñan y conducen, así como de las fuerzas políticas que han respaldado determinadas decisiones. El país merece explicaciones con precisión, claridad y transparencia.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el avance de la extorsión, el sicariato y los homicidios. Desde su perspectiva como parlamentaria, ¿qué resultados concretos debería mostrar el Ministerio del Interior?

Tiene que existir una conducción firme que nos permita anticiparnos al delito y recuperar la seguridad de la ciudadanía. No solamente debemos reaccionar cuando ocurre un homicidio, una extorsión o un caso de sicariato. La Policía y las instituciones responsables deben tener la capacidad de prevenir, investigar y desarticular las organizaciones criminales antes de que continúen generando víctimas.

También tenemos que hacer un trabajo articulado con las rondas campesinas y las juntas vecinales. Ellos conocen la realidad de sus comunidades y pueden contribuir a la prevención y a la identificación de situaciones de riesgo. La ciudadanía exige acciones eficaces frente al crimen organizado, especialmente en sectores como el transporte, el comercio y la construcción, donde la extorsión está generando preocupación entre trabajadores y empresarios.

El Ministerio del Interior tiene una responsabilidad muy importante en este tema y cuenta con un presupuesto asignado para enfrentar la inseguridad. Por eso debemos saber cómo se están utilizando esos recursos y cuáles son los resultados que se están obteniendo.

¿Qué medidas considera que deben priorizarse para mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional y garantizar una respuesta oportuna frente a estos delitos?

El objetivo de toda política de seguridad debe ser muy concreto: tiene que llegar el momento en que la ciudadanía, nuestros hijos, nuestras familias y todos los peruanos puedan salir a las calles y sentirse seguros.

Cuando una persona se encuentra con un policía, debe sentir que está frente a una autoridad cercana que puede protegerla. Una madre o un padre debe poder enviar a sus hijos al colegio con tranquilidad y tener la certeza de que existe una institución capaz de responder ante una emergencia. Llegar a ese punto requiere mucho más que operativos aislados. Se necesita liderazgo, planificación y una acción articulada entre la Policía y el sistema de justicia.

Tenemos que construir una verdadera corriente ciudadana de rechazo a la delincuencia. Autoridades y sociedad deben actuar de manera conjunta, con firmeza y transparencia, para prevenir el delito, enfrentar la criminalidad y recuperar la confianza y la tranquilidad en nuestras calles. Hoy existe una preocupación legítima de la ciudadanía porque muchas personas salen de sus hogares sin saber si regresarán con vida. Esa situación no puede ser normalizada.

En relación con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, ¿qué criterios debería utilizar el Ejecutivo para garantizar que los principales cargos del Ministerio del Interior y de la Policía estén ocupados por funcionarios con respaldo institucional y capacidad para responder a la actual situación de seguridad?

Es muy práctico. El profesional que asuma una responsabilidad tan importante debe tener, primero, idoneidad. Considero además que debería pasar por una prueba de polígrafo y demostrar un compromiso de trabajo probado. No podemos colocar en puestos de tanta responsabilidad a personas que no generen confianza o que tengan cuestionamientos que puedan comprometer el ejercicio de sus funciones.

Para nosotros también es importante que no tengan denuncias o investigaciones vinculadas con hechos que puedan afectar el desempeño de sus responsabilidades. Estamos hablando de cargos relacionados directamente con la seguridad de millones de peruanos. Por eso se necesita un compromiso bastante grande con el país y con la institución policial.

Más allá de las respuestas que entregue el ministro, ¿qué acciones concretas impulsará usted desde el Congreso después de esta interpelación? ¿Habrá seguimiento a los compromisos asumidos, pedidos de información, investigaciones u otra medida de control político?

Nosotros vamos a continuar definitivamente con nuestras funciones de fiscalización y control político. No consideramos que la interpelación sea el final del proceso. Por el contrario, debe permitir que el Congreso continúe haciendo seguimiento a las políticas que se están aplicando y a los resultados que se obtengan.

Además, estamos trabajando una iniciativa legislativa para someter a la prueba del polígrafo a quienes puedan aspirar a determinados niveles de mando de la Policía Nacional del Perú, como podría ser el caso del comandante general de la Policía. Consideramos que quienes ocupen los más altos cargos deben demostrar idoneidad y generar confianza institucional.

Asimismo, hemos presentado un proyecto de ley que busca restituir la facultad de remoción por pérdida de confianza del comandante general de la Policía.

¿Por qué considera necesario restituir esa facultad de remoción y qué cambiaría con esta propuesta?

Esta propuesta surge a raíz de una situación que se presentó con el comandante general que dejó el cargo. El marco legal existente no permitía al Ejecutivo removerlo y establecía una permanencia determinada en el cargo. Desde nuestra perspectiva, necesitamos contar con mecanismos que permitan al Ejecutivo actuar cuando un comandante general no responde a las necesidades de seguridad del país.

No se trata simplemente de cambiar a una persona por otra. Lo que buscamos es que exista una herramienta institucional que permita tomar decisiones cuando quien ocupa una responsabilidad tan importante no responde a las circunstancias o no está a la altura de las necesidades del momento. Por eso consideramos necesario restituir esa facultad de remoción. Este proyecto ya ha sido presentado desde la bancada de Juntos por el Perú.

Finalmente, señora diputada, la ciudadanía está preocupada porque la inseguridad afecta no solamente a las grandes ciudades, sino también a comerciantes, transportistas, trabajadores y familias en general. ¿Qué medidas considera prioritarias para que la respuesta del Estado pase del debate parlamentario a resultados concretos en las calles?

Lo mínimo que espera la ciudadanía es que las propias autoridades sean las primeras en cumplir la ley y respetar el Estado de derecho. También es fundamental acatar las decisiones de los jueces y garantizar que los fiscales puedan investigar el crimen con total independencia. La justicia debe actuar sin presiones ni interferencias.

No podemos exigirle al ciudadano que respete la ley si quienes ejercen el poder no empiezan por dar el ejemplo. El Estado tiene que recuperar la confianza de la población y demostrar que sus instituciones funcionan. La seguridad no puede quedarse únicamente en discursos, anuncios o debates. Tiene que traducirse en resultados concretos que puedan ser percibidos por las personas en su vida cotidiana.

Si después de esta interpelación los índices de extorsión, sicariato y homicidios continúan aumentando, ¿qué responsabilidad política debería asumir el ministro del Interior y qué debería hacer el Congreso?

Esta situación debe ser evaluada permanentemente. Como Congreso tenemos funciones de fiscalización y control político y debemos ejercerlas. Si las medidas implementadas no producen los resultados que la ciudadanía espera, corresponde pedir explicaciones, solicitar información y evaluar las responsabilidades políticas que correspondan dentro del marco institucional.

La interpelación justamente busca eso: que el responsable del sector explique qué está haciendo, cuáles son sus objetivos y qué resultados espera obtener. Pero también debemos mirar más allá de una sola persona. La seguridad es una responsabilidad que involucra a distintas instituciones del Estado. Se necesita coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos locales y otras instituciones.

Lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a vivir con miedo. La ciudadanía tiene derecho a recuperar la tranquilidad y el Estado tiene la obligación de trabajar para garantizarla.

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Diana Gonzales: de vender autos y piezas automotrices en FAGA MOTORS a directora de PRONABEC. ¿Cumple los requisitos para el cargo?

Redacción Lima Gris

Política

Diana Gonzales: de vender autos y piezas automotrices en FAGA MOTORS a directora de PRONABEC. ¿Cumple los requisitos para el cargo?

El caso de Diana Gonzales Delgado, excandidata a la cámara de diputados, excongresista (2021-2026) por el partido Avanza País y su designación como directora ejecutiva del PRONABEC del MINEDU en la gestión de José Antonio Chang durante el gobierno de la presidente Keiko Fujimori. Merece una exhaustiva revisión de las autoridades.

Published

17 horas ago

17/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 1 de setiembre de 2026, mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, Diana Gonzales Delgado dejó de ser excongresista de Avanza País para convertirse en directora ejecutiva del PRONABEC, el programa del Ministerio de Educación que administra becas y créditos educativos. Pocos exparlamentarios logran ese salto directo del hemiciclo a la máxima autoridad administrativa de un programa estatal, sin pasar antes por ningún cargo en el Ejecutivo.

El cargo había quedado vacante el 28 de julio de 2026, cuando Enrique Roberto Kocyen Chon Yamasato —designado apenas el 25 de marzo mediante la Resolución Ministerial N.° 185-2026-MINEDU— presentó su renuncia. Fue el Despacho Viceministerial de Gestión Institucional, a cargo de Luis Antonio Alemán Nakamine, del cual depende PRONABEC, el que propuso a Gonzales mediante el Memorándum N.° 00141-2026-MINEDU/VMGI, remitiendo su currículum documentado para evaluación conforme a la Ley N.° 31419, la norma que regula el acceso a la función pública.

Esa evaluación debía medir su trayectoria contra el perfil del puesto de director o directora Ejecutivo(a), código DP0001, definido en la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 139-2025-MINEDU/VMGI-PRONABEC como la máxima autoridad administrativa de la entidad, dentro del órgano de Alta Dirección. Ese perfil exige ocho años de experiencia general, cuatro años de experiencia específica en la función o materia y dos años en cargos de nivel directivo o sus equivalencias.

Lima Gris tuvo acceso a los documentos con los que se sustentó esa evaluación: el Anexo N.° 01, sobre cumplimiento de requisitos de formación y experiencia, y el Anexo N.° 02, sobre verificación de registros e impedimentos legales, ambos elaborados por la Coordinación de Selección y Organización del Trabajo de la Oficina de Gestión de Personal del MINEDU, y recogidos en el Informe N.° 00271-2026-MINEDU/SG-OGRH, firmado el 31 de agosto de 2026 por la jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del MINEDU, Karin Cáceres Durango.

¿Cómo se acreditó los ocho años de experiencia general?

Según el Anexo N.° 01 y 02, los ocho años de experiencia general se acreditaron: cinco años en el Congreso de la República, entre el 26 de julio de 2021 y el 26 de julio de 2026, como congresista y en distintas presidencias, vicepresidencias y secretarías de comisiones; dos años, cinco meses y veintisiete días como jefa de Post Venta en Service Faga S.A.C. y Faga Motors S.A., ambas empresas automotrices ligadas a la familia Gagó; y un período del 1 de abril de 2015 al 31 de julio de 2016 como coordinadora de selecciones nacionales en la Federación Peruana de Vóleibol. Sumados, superan el mínimo exigido. El problema aparece en los dos tramos siguientes, donde la experiencia legislativa y la experiencia privada en el rubro del comercio automotriz habrían tenido que estirarse para encajar en un perfil pensado para la gestión pública.

¿Como se acreditó los 4 años de experiencia específica en la función o materia?

Para acreditar los cuatro años de experiencia específica en la función o materia, el MINEDU se apoyó por completo en la carrera parlamentaria de Gonzales, sustentada en una constancia expedida por la Oficialía Mayor del Congreso el 25 de agosto de 2026.

Ese documento detalla que, en sus cargos de presidenta de comisiones, condujo sesiones ordinarias y extraordinarias y formuló y aprobó planes de trabajo, reglamentos internos, informes finales, memorias anuales e instrumentos normativos de control legislativo y administrativo; y que, como vicepresidenta y secretaria, evaluó y emitió opinión técnica y/o legal sobre proyectos de ley, decretos legislativos y de urgencia, organizó audiencias públicas y mesas de trabajo, y formuló requerimientos de control político y seguimiento a políticas públicas.

Fuente: Hoja de vida de la excongresista Diana Gonzales.

Con esa sola constancia, la Oficina de Recursos Humanos del MINEDU, bajo la gestión del ministro José Antonio Chang y a cargo de Karin Cáceres Durango, concluyó que las funciones inherentes a legislar son equivalentes a las funciones o materia ejecutiva y de gestión de recursos de una dirección ejecutiva. Es exactamente esa equivalencia la que debería auditarse: presidir una comisión del Congreso no es lo mismo que administrar el presupuesto, el personal y los servicios de un programa que atiende a miles de becarios, y las autoridades competentes son quienes deben determinar si ese criterio se ajustó a la norma vigente.

¿Como se acreditó los 2 años de experiencia específica en la función o materia?

El tramo más frágil es el de los dos años en cargos de nivel directivo, porque la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 139-2025-MINEDU/VMGI-PRONABEC es explícita en este punto: exige experiencia como funcionario público en un órgano de Alta Dirección, como ejecutivo o subjefe de una unidad orgánica, como responsable de una unidad funcional con uno o más equipos a cargo, en asesoría a órganos de Alta Dirección, o como miembro de directorio de una empresa del Estado, y excluye de manera expresa a los coordinadores parlamentarios, a los asesores de consejos directivos y a los asesores con función política.

Al no calzar su experiencia congresal en ese molde, el MINEDU recurrió a la experiencia privada de Gonzales en dos empresas de la familia Gagó.

El primer certificado, de Service Faga S.A.C. (RUC 20537889986), firmado por su gerente general Adrián Gagó Pérez, acredita que trabajó como jefa de Post Venta del 30 de junio de 2018 al 3 de mayo de 2019, diez meses y cuatro días; según SUNAT, el rubro de esta empresa es el mantenimiento y la reparación de vehículos automotores.

El segundo, de Faga Motors S.A. (RUC 20519093724), firmado por la gerente general Carmen Aurora Gagó Pérez, certifica que continuó en el mismo puesto un día después (4 de mayo) de dejar Service Faga, hasta el 26 de diciembre de 2020 —un año, siete meses y veintitrés días—, en pleno periodo de pandemia por COVID-19. ¿Trabajó realmente en Service Faga?

Una fotografía de la propia empresa, fechada el 28 de diciembre de 2019, la muestra a Diana Gonzales como parte del equipo en el local de San Juan de Lurigancho, en el 2020 solo mostró este post del 28 de marzo de 2020 se puede leer: “Hoy que nos toca estar separados es momento de pintarnos de rojo y blanco para cuidarnos y protegernos”.

En las redes sociales de Gonzales, no se muestran fotografías del 2018 al 2020 en alguno de los espacios durante su paso por las empresas Faga Motors S.A. o Service Faga, según los documentos, laboró. Sin embargo, lo que sí mostró en una publicación realizada el 22 de octubre de 2020 en su cuenta oficial de Facebook su participación en su programa de YouTube “En la Net Alta” en el canal A Presión, que inició a transmitirse el 6 de noviembre 2020 al 23 de diciembre de 2020 (8 programas).

En el programa transmitido el 23 de diciembre de 2020 se puede apreciar como: Diana Gonzales junto al DT de vóley Hernán Artieda le dan un repaso al título conseguido por Deportivo Jaamsa. Durante la entrevista Gonzales mencionó: «JAAMSA tiene 6, 7 años, primero de la mano de Adrián Gagó, ahora asumiendo la presidencia Julio Gagó…»

En 2014, el propio Julio Gagó declaró que seguía siendo accionista de JAAMSA. La pregunta que la investigación debe aclarar es ¿Trabajó realmente Diana Gonzales en Faga Motors S.A. durante la pandemia?

Faga Motors, otra empresa ligada a la familia Gagó, dedicada a la venta de vehículos automotores, su mantenimiento y reparación, y la venta de partes, piezas y accesorios, registra en SUNAT una reducción de su planilla de 40 a 36 trabajadores entre 2025 y 2026.

Junto a ambos certificados, Gonzales presentó una declaración jurada donde afirma haber liderado una oficina o área y haber tenido personal a su cargo.

Sin embargo, en los registros de SUNAT, Service Faga S.A.C. —dada de baja de oficio desde el 31 de julio de 2026— no registra trabajadores en ningún periodo. Esa contradicción, entre lo declarado bajo juramento y lo que muestra el registro tributario, es la que las autoridades tendrían que esclarecer: si en Service Faga no hubo personal a cargo, no hay cargo directivo que acreditar con ese certificado, y sin ese requisito cumplido, la designación entera podría perder parte de su sustento.

El apellido Gagó no es un dato irrelevante en esta historia, y merece explicarse con el mismo detalle que el resto del expediente. Adrián Gagó Pérez, quien firmó el certificado de Service Faga, es hijo del exparlamentario fujimorista Julio Gagó, elegido por Fuerza 2011 para el período 2011-2016.

En 2014, Julio Gagó quedó en el centro de una investigación después de que se difundieran audios en los que se refería a una empresa, Copy Depot, como un vehículo que podía canalizarle ventas al Estado mientras él ejercía como congresista. La Comisión de Ética del Congreso decidió investigarlo en marzo de ese año, con el voto a favor de los propios congresistas fujimoristas que la integraban: Jesús Hurtado, Segundo Tapia, Ángel Neyra y Juan Díaz. Consultada sobre el caso en una entrevista en el programa Panorama, en marzo de 2014, la entonces candidata y hoy presidenta de la República, Keiko Fujimori, respondió: «Voy a darle el beneficio de la duda». Ese mismo año, los locales de la familia Gagó fueron allanados.

Tres meses después, el 18 de junio de 2014, el Pleno del Congreso aprobó suspender a Gagó por 120 días sin goce de haber, con 79 votos a favor, 1 en contra y 29 abstenciones; el único voto en contra fue del entonces fujimorista José Luis Elías Dávalos. Según informó el diario Perú21, la conclusión de la Comisión de Ética fue que Copy Depot habría sido utilizada para que Gagó continuara contratando con el Estado mientras era congresista. Sin embargo, en setiembre de 2014, la Fiscalía de la Nación archivó investigación a Julio Gagó por Copy Depot y consideró NO HA LUGAR para formular denuncia constitucional.

Que sea precisamente una empresa de esa misma familia —con un historial ya cuestionado por su relación con el poder político fujimorista— la que, una década después, emite los certificados que permiten a otra excongresista de esa misma línea política acceder a la dirección de un programa estatal, no prueba ninguna irregularidad por sí solo. Pero es un antecedente que las autoridades deberían tener presente al verificar si el paso de Gonzales por Service Faga y Faga Motors correspondió a funciones reales de jefatura, tal como exige la equivalencia aplicada por el MINEDU, o si los certificados se emitieron para facilitar el cumplimiento formal de un requisito que de otro modo no se completaba.

El caso merece que el Congreso, Contraloría General de la República y, de corresponder, el Ministerio Público revisen si ese salto se ajustó a la norma o si se forzaron las equivalencias para que calzara.

Lo que está en juego, en el fondo, es si Diana Gonzales Delgado cumplía o no los requisitos para dirigir PRONABEC, o si el MINEDU flexibilizó dos equivalencias —la función legislativa por la función ejecutiva, y un puesto comercial sin personal comprobado por uno de nivel directivo— para que su nombramiento calzara en la resolución. Esa es la pregunta que corresponde responder a la Contraloría General de la República y, de encontrarse indicios de irregularidad, al Ministerio Público.

Senadores y diputados del Congreso de la República: correspondería fiscalizar si este nombramiento se ajustó a la norma, antes de que la equivalencia entre función legislativa y función ejecutiva se convierta en precedente para futuros excongresistas y exasesores.

Buscamos obtener la versión de Diana Gonzales Delgado, actual directora ejecutiva del PRONABEC, respecto de los hechos y documentos señalados en esta investigación. Hasta el cierre de este informe, no se recibió respuesta a las preguntas remitidas para recoger sus descargos.

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Política

Línea 113: cuando pedir ayuda al MINSA de Luis Dyer en el gobierno de Keiko Fujimori no encuentra respuesta

El 10 de setiembre se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. En el Perú existe la Línea 113, opción 5, que ofrece orientación psicológica gratuita las 24 horas. Llamamos para conocer el acceso al servicio, no nos contestaron.

Published

1 día ago

17/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El Ministerio de Salud (MINSA) forma parte de una de las redes de apoyo para la prevención del suicidio más importantes que existen en nuestro país: la de los profesionales de salud mental. Si esa red falla justo en el momento en que alguien se atreve a pedir ayuda, las consecuencias no son abstractas.

Como parte de las actividades del taller de prevención del suicidio, y a solicitud de uno de los estudiantes, se realizó un ejercicio práctico de verificación del servicio telefónico de la Línea 113, opción 5, línea de orientación en salud mental del MINSA.

Se efectuaron llamadas en cuatro oportunidades: el 14 de septiembre, entre las 8:00 y las 10:00 a. m., y el 15 de septiembre, entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. En ambas ocasiones, no se logró obtener respuesta por parte del servicio. Este ejercicio permitió identificar una oportunidad de mejora en cuanto a la disponibilidad y tiempos de respuesta de la línea.

Cabe preguntarse qué ocurre con quien llama en el momento más difícil de su vida. Las redes de apoyo solo cumplen su función si están, efectivamente, disponibles.

Esto me hizo pensar. En el acceso al servicio de salud mental que promociona el MINSA y más aún en tiempos dónde según el MINSA, 2025, los Centros de Salud Mental Comunitarios atendieron más de 1.3 millones de casos en 2024. Cuando alguien atraviesa una crisis, cada minuto sin respuesta cuenta.

Que la línea 113 (opción 5) no responda es grave. No hablamos de un trámite administrativo que puede esperar, sino de un servicio que según el portal oficial del MINSA debería funcionar las 24 horas precisamente para los momentos en que alguien ya no encuentra otra salida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), Perú está entre los países de Latinoamérica con mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión. Una llamada sin respuesta en ese contexto no es un inconveniente: es una oportunidad perdida para salvar una vida.

El MINSA debería garantizar tiempos de respuesta medibles en la Línea 113, hacer públicos los indicadores de cuántas llamadas se atienden y cuántas se pierden, y el ministro Dyer debería usar la misma exposición mediática que dedica a sus recorridos para posicionar la salud mental como prioridad real, no solo declarativa.

El contraste es revelador. El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, no ha escatimado presencia mediática: sus recorridos por hospitales, transmitidos y replicados en redes sociales, se han convertido en una constante de su gestión. Sin embargo, al revisar sus canales oficiales y la cobertura de prensa de los días previos y posteriores al 10 de setiembre, no encontré un pronunciamiento público suyo sobre la fecha. Si el titular del sector encuentra tiempo para protagonizar cada inspección con cámaras en mano, cabe preguntarle por qué la salud mental, y en particular la prevención del suicidio, no mereció ni una mención en un día que organismos de salud de toda la región sí conmemoraron.

El silencio del ministro y la presidente Keiko Fujimori frente al tema no es neutral: envía la señal de que la salud mental sigue siendo secundaria frente a la salud física, a pesar que según CEPLAN (2015) “En el Perú, 1 de cada 4 personas considera que el sistema de salud actual considera igual de importante la salud mental y física”. La salud mental, aunque no generan titulares, salvan vidas.

Para la OMS, existen señales de alerta que conviene reconocer: cambios importantes de ánimo, retraimiento social, expresiones de que la vida no tiene sentido o de que los demás estarían mejor sin la persona, despedidas inusuales y entrega de pertenencias valiosas. Es importante subrayar algo que suele olvidarse: estas señales no son un diagnóstico, sino indicios que ameritan atención y cercanía.

Según la OMS, “las conductas suicidas surgen de la interacción entre factores de salud física y mental, acontecimientos vitales estresantes, y factores sociales y culturales. No hay una causa única ni una explicación simple”.

Tener pensamientos suicidas es una señal de malestar psíquico intenso. No es una debilidad ni una razón para sentir culpa. Hablar de lo que ocurre y conectarse con ayuda especializada en salud mental puede abrir posibilidades de atención que, muchas veces, la persona no ve por sí sola. Por eso las líneas de ayuda no son un servicio más: son, para muchos, el primer y único puente hacia esa ayuda.

A pesar de las deficiencias en la política pública de salud mental del gobierno de Keiko Fujimori, recuerden que no están solos y que siempre pueden buscar ayuda.

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Política

Ana Luisa Yuffra: “La cooperación con Estados Unidos puede contribuir a mejorar nuestras capacidades de inteligencia”

Frente a los 248 homicidios registrados en los primeros 46 días del gobierno de Keiko Fujimori, la diputada Ana Luisa Yuffra defiende acelerar las decisiones del Estado, priorizar la lucha contra el crimen organizado y destrabar proyectos paralizados, mientras plantea mayor cooperación internacional y coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Published

1 día ago

17/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La inseguridad ciudadana, el avance del crimen organizado, la falta de presupuesto para las regiones y las dificultades que enfrenta el Estado para ejecutar proyectos públicos constituyen algunos de los principales desafíos de la actual coyuntura nacional. En un escenario marcado por la preocupación de la población ante los homicidios y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones, el debate sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno y el papel que le corresponde al Congreso adquiere especial relevancia.

Durante la entrevista con Lima Gris, la parlamentaria también se pronunció sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Gobierno, la lucha contra el crimen transnacional, la cooperación con Estados Unidos y la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas.

Señora diputada, se han reportado 248 homicidios durante los primeros 46 días del gobierno de la señora Keiko Fujimori. Desde su perspectiva, ¿la estrategia que está aplicando el Ejecutivo está dando resultados o considera que se necesita un cambio urgente de rumbo?

Soy diputada de la bancada de Fuerza Popular, represento a Loreto, pero también a toda la República, por esa razón, considero que es importante evaluar la situación del país no solamente desde una perspectiva nacional, sino también desde la realidad que viven nuestras regiones.

Durante este corto tiempo he tenido la oportunidad de visitar distintos sectores, entre ellos Salud, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, y Energía y Minas. En cada uno de estos sectores hemos encontrado situaciones complejas que requieren atención y que reflejan las dificultades que existen para atender oportunamente las demandas de la población.

He acudido a estas reuniones acompañada de autoridades que han llegado a mi despacho para expresar sus preocupaciones y solicitar apoyo. Estamos hablando de representantes de zonas muy alejadas de Loreto, como la provincia de Maynas, las localidades fronterizas con Ecuador, Teniente Manuel Clavero, en la frontera con Colombia, y la alcaldesa de Alto Nanay, que ha planteado problemas relacionados con la contaminación de un río importante.

Cuando uno escucha a estas autoridades, puede comprender las dificultades que enfrentan diariamente, muchas de ellas llegan a Lima después de realizar largos desplazamientos, con la expectativa de encontrar una respuesta de las instituciones del Estado.

En ese sentido, considero que las medidas que viene aplicando el Ejecutivo durante este corto periodo muestran una disposición para atender las necesidades de las regiones. Hemos encontrado ministros que han recibido a los alcaldes y a las autoridades de pueblos alejados que llegan a Lima en busca de una solución para sus problemas.

Para nosotros, como representantes de Loreto, es importante que estas autoridades puedan ser escuchadas. En ocasiones anteriores, muchas de ellas no encontraban los espacios necesarios para presentar sus demandas.

Sin embargo, debo reconocer que las soluciones todavía están en camino. La falta de disponibilidad presupuestal en los ministerios impide que los pedidos puedan ser atendidos de manera inmediata. A pesar de ello, se están buscando alternativas y eso me parece importante. Considero que existe un esfuerzo legítimo por hacer bien las cosas, atender a la población y buscar soluciones a los problemas que hemos heredado.

Señora diputada, usted ha mencionado las dificultades que existen en distintos sectores del Estado, pero, en paralelo, el país enfrenta una preocupación creciente por la inseguridad ciudadana, las extorsiones y el avance del crimen organizado. Ante este escenario ¿Considera que el Parlamento está haciendo lo suficiente para responder a esta problemática?

Considero que todavía faltan algunos ajustes, pero también debemos entender que el Estado tiene procedimientos y plazos que, en muchas ocasiones, impiden avanzar con la rapidez que la población necesita. Actualmente, el Ejecutivo ha solicitado la delegación de facultades legislativas con la finalidad de acortar determinados plazos y destrabar los obstáculos burocráticos que existen en la administración pública.

Desde Loreto puedo hablar de una realidad muy particular. nuestra región tiene una extensa frontera amazónica y enfrenta diversas dificultades relacionadas con el control territorial, la presencia de actividades ilícitas y los problemas de seguridad que se presentan en las zonas más alejadas.

Es una situación que requiere una atención permanente por parte del Estado, no podemos analizar la seguridad únicamente desde las grandes ciudades, porque existen regiones que enfrentan amenazas y dificultades específicas.

Considero que el Congreso tiene una responsabilidad importante en la evaluación de las medidas que se plantean y en la aprobación de aquellas iniciativas que resulten necesarias para enfrentar los problemas del país.

Sin embargo, también creo que debemos trabajar de manera conjunta. El Perú necesita de todos, no necesita solamente de una bancada o de un grupo de legisladores. Se requiere la participación de los distintos sectores políticos y de las instituciones que tienen responsabilidad en la seguridad y el desarrollo nacional.

El país atraviesa una situación difícil, hemos recibido una serie de problemas y pasivos que debemos asumir con responsabilidad. Por ello, considero que las autoridades tienen que trabajar de manera permanente para encontrar soluciones, no podemos limitarnos a señalar las dificultades. Tenemos que contribuir a resolverlas.

En sus declaraciones usted ha destacado la importancia de que los distintos sectores políticos trabajen en conjunto. Sin embargo, en el Congreso se han evidenciado diferencias entre agrupaciones y posiciones divergentes frente a las iniciativas del Gobierno. ¿Considera que estas discrepancias están dificultando la adopción de medidas concretas para enfrentar la crisis de seguridad y las necesidades de las regiones?

Yo creo que existen dos aspectos que debemos considerar. Por un lado, está la voluntad de combatir el crimen organizado, las extorsiones y las actividades ilícitas que afectan a la población, pero, por otro lado, también considero que existen actitudes que pueden generar confrontación y dificultar el trabajo conjunto.

Desde mi perspectiva, lo que necesita el Perú es que todos los legisladores contribuyamos a buscar soluciones, independientemente de nuestras diferencias políticas. Durante la primera semana de representación, viajé a Loreto con el grupo de legisladores de la región. Nuestro objetivo era escuchar a las autoridades y conocer de cerca sus problemas.

En ese contexto, nos enteramos de que la senadora Ruth Luque se encontraba realizando actividades en una zona de la región vinculadas a la problemática de los ríos. No tengo todos los detalles de esa situación, pero considero que, cuando existen problemas tan serios en Loreto, lo importante es que los legisladores podamos trabajar de manera coordinada.

No se trata de que todos pensemos igual, se trata de que podamos sentarnos a conversar, identificar las necesidades y buscar alternativas que beneficien a la población.

El Perú necesita de todos. No solamente de quienes formamos parte de una bancada. Necesitamos que todos contribuyamos, porque el país atraviesa una situación complicada y la ciudadanía espera resultados.

¿Considera que deben concederse las facultades solicitadas o que el Gobierno debería presentar proyectos específicos para que sean evaluados individualmente?

Personalmente, considero que la solicitud del Ejecutivo al Legislativo debió ser aceptada, sin embargo, entiendo que existen diferentes posiciones dentro del Congreso.

En algunos casos, se han denegado determinadas facultades y, en otros, se ha planteado que el Ejecutivo retire algunas solicitudes para concentrarse en materias más específicas, si tiene que ser así, que se haga. Pero considero fundamental que el proceso avance con rapidez.

El país necesita capacidad de reacción de sus autoridades. La población no puede esperar indefinidamente a que se resuelvan los problemas administrativos mientras sus necesidades continúan creciendo. Desde Loreto, puedo hablar de una realidad que requiere respuestas urgentes. Tenemos una problemática importante relacionada con la anemia infantil. Según los datos que manejamos, el índice de anemia en la primera infancia llega al 56 %.

Esta situación nos obliga a trabajar en distintos frentes. Necesitamos agua segura, mejores servicios de salud y la ejecución de proyectos que permitan atender a las comunidades más alejadas. También es necesario avanzar en la digitalización del sistema de salud, en nuestra región, las enormes distancias geográficas dificultan la comunicación y el traslado de los pacientes.

Por ello, considero que deben realizarse los ajustes necesarios en las facultades legislativas, pero sin demoras innecesarias. Debemos discutir con responsabilidad, evitar la confrontación y procurar que las decisiones se adopten con rapidez. El Perú necesita soluciones y no podemos prolongar indefinidamente los debates cuando la población exige respuestas.

Si finalmente el Congreso decide otorgar al Ejecutivo las facultades legislativas, ¿cuáles considera que deberían ser las materias prioritarias? ¿Qué aspectos deberían recibir una atención inmediata por parte del Gobierno?

En primer lugar, considero que la seguridad debe ser una prioridad, el país necesita enfrentar el crimen organizado, las extorsiones y las distintas modalidades delictivas que afectan a la ciudadanía. Para ello, se requieren medidas que permitan mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de la seguridad.

En segundo lugar, considero importante atender la problemática de los desastres naturales, cuyos efectos ya se están sintiendo en distintas regiones del país. No podemos esperar a que ocurran situaciones más graves para comenzar a actuar, se necesita una política de prevención y una respuesta oportuna frente a las emergencias.

En tercer lugar, considero fundamental destrabar los proyectos de inversión pública, los distintos sectores necesitan mayor dinamismo en sus decisiones. Existen proyectos que llevan mucho tiempo esperando la asignación de recursos o la superación de obstáculos administrativos.

Si logramos destrabar estas inversiones, podremos contribuir a mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de la población.

Por eso, considero que la seguridad, la atención de los desastres naturales y la ejecución de los proyectos deben formar parte de las prioridades del Ejecutivo.

El Perú ha sido incorporado al denominado Escudo de las Américas ¿qué significa concretamente esta incorporación para nuestro país y qué beneficios podría representar en la lucha contra el crimen organizado?

En primer lugar, considero que esta incorporación puede contribuir a enfrentar el terrorismo y el crimen transnacional. En la actualidad, existen actividades delictivas que trascienden las fronteras de los países, algunas modalidades de criminalidad que observamos en nuestra región requieren respuestas coordinadas entre los Estados.

Para nadie es desconocido que determinados grupos delictivos han extendido sus actividades a distintos territorios, por ello, necesitamos fortalecer nuestras capacidades de prevención, investigación y respuesta. En ese sentido, considero que el Perú debe contar con mejores herramientas para enfrentar estas amenazas.

Necesitamos tecnologías que quizá todavía no tenemos, así como el desarrollo de estrategias que nos permitan mejorar nuestra capacidad operativa.

Si existen países que cuentan con mayor experiencia y preparación en materia de lucha contra el crimen transnacional, considero que podemos aprovechar la cooperación y el intercambio de conocimientos para fortalecer nuestras instituciones.

Desde mi perspectiva, la criminalidad transnacional debe ser enfrentada en un nivel distinto al de la delincuencia común. Se requieren estrategias específicas, coordinación entre las autoridades y mecanismos que permitan actuar de manera conjunta.

Por ello, considero que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas puede ser una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades de seguridad y enfrentar amenazas que no se limitan a las fronteras nacionales.

¿Considera que una mayor cooperación con Estados Unidos contribuirá a fortalecer la seguridad del Perú? ¿Qué límites deberían establecerse para garantizar el respeto a nuestra soberanía nacional?

Definitivamente, considero que la cooperación internacional puede ser útil para fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Hemos visto situaciones preocupantes en distintos países de la región y hemos conocido información sobre la presencia de estructuras vinculadas con el narcotráfico en determinados ámbitos del poder.

Estos hechos nos muestran que el crimen transnacional constituye un desafío que no puede ser enfrentado de manera aislada. En ese sentido, creo que la cooperación con Estados Unidos puede contribuir a mejorar nuestras capacidades de inteligencia y a fortalecer las herramientas que tenemos para combatir las organizaciones criminales.

El objetivo debe ser proteger al país y evitar que organizaciones delictivas que operan desde otros territorios intenten expandir sus actividades en el Perú. Naturalmente, toda cooperación debe desarrollarse dentro del marco de nuestras leyes y respetando la soberanía nacional, pero considero que no debemos cerrar las puertas a las herramientas que puedan ayudarnos a enfrentar el crimen organizado. La seguridad de los ciudadanos debe ser una prioridad.

Finalmente, ¿cuál considera que debería ser la prioridad para comenzar a reducir los homicidios y enfrentar al crimen organizado? Asimismo, ¿en qué plazo deberían observarse resultados concretos para la ciudadanía?

En materia de seguridad, el Ejecutivo tiene una estrategia que se viene implementando progresivamente. La presidenta ha informado algunos aspectos de esa estrategia, aunque considero que también es importante mantener en reserva determinadas acciones para no revelar todos los detalles de las operaciones que se puedan desarrollar.

Desde mi perspectiva, me parece una buena decisión la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, porque puede contribuir a enfrentar el crimen transnacional y fortalecer nuestras capacidades de respuesta.

Por otro lado, también estamos observando determinadas acciones en las calles de Loreto, en los últimos días he podido apreciar una mayor presencia policial en distintos sectores. Se realizan operativos de control y se solicita la identificación de las personas, considero que esta presencia de la Policía es importante para la seguridad ciudadana.

Antes no veíamos el mismo despliegue en determinados lugares y, por ello, creo que es positivo que los agentes estén presentes en las calles. Sin embargo, también considero que la presencia policial debe complementarse con medidas de fondo, no basta con realizar operativos, se requiere fortalecer las instituciones, mejorar las herramientas de investigación y enfrentar las causas que permiten que las organizaciones criminales continúen operando.

En cuanto a los plazos, considero que el país necesita respuestas oportunas, no podemos esperar indefinidamente para comenzar a atender una problemática que afecta a miles de familias. La seguridad debe ser una prioridad permanente y las autoridades deben trabajar con responsabilidad para ofrecer resultados concretos a la población.

El Perú atraviesa un momento difícil, pero considero que, con voluntad política, coordinación y trabajo conjunto, podemos avanzar en la búsqueda de soluciones.

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Política

Diputada Mery Infantas: “El Perú necesita decisiones firmes para enfrentar al crimen organizado”

Ante el incremento de la violencia criminal y el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, la diputada Mery Infantas Castañeda, de Fuerza Popular, sostiene que el Congreso debe contribuir a destrabar las medidas destinadas a combatir la inseguridad ciudadana.

Published

1 día ago

17/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

En diálogo con Lima Gris, la parlamentaria también se pronunció sobre la necesidad de revisar el funcionamiento de las escuelas de la Policía Nacional, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen y la cooperación internacional impulsada por el Gobierno.

En las primeras semanas del Gobierno de Keiko Fujimori se registraron 248 homicidios a nivel nacional, según datos preliminares difundidos a partir del SINADEF. Desde su perspectiva, ¿la estrategia del Ejecutivo está dando resultados o se necesita un cambio urgente de rumbo?

Para mí, sí se necesita actuar con mayor firmeza. Le vuelvo a repetir: todavía estamos a la espera de que se aprueben las facultades que se están solicitando. Queremos empezar a trabajar.

Estamos viendo de qué manera podemos coordinar con el Ejército y la Policía. Inclusive, se busca contar con el apoyo de grupos internacionales que puedan contribuir a la lucha contra el crimen organizado, como los equipos que han colaborado en investigaciones contra la delincuencia en el país.

Lo que necesitamos en estos momentos son medidas más drásticas. Yo considero que el Poder Ejecutivo está esperando la aprobación de las facultades para tomar decisiones con mayores herramientas. También debemos evitar que, posteriormente, se generen responsabilidades cruzadas entre el Ejecutivo y el Congreso. No se trata de buscar culpables, sino de trabajar y tomar decisiones.

Señora diputada, frente al incremento de la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado, la minería ilegal y la trata de personas ¿qué responsabilidad le corresponde al Congreso? ¿Considera que el Parlamento está haciendo lo suficiente para responder a esta problemática?

Antes que nada debo manifestar que lo que nos corresponde es ver de qué manera podemos apoyar al Ejecutivo, sobre todo en este momento en que estamos tratando la delegación de facultades a nivel de las comisiones.

Considero que no estamos encontrando la mejor manera de llevar adelante las respuestas que el Perú espera. Nosotros queremos que se llegue a un acuerdo para aprobar las facultades que está solicitando el Poder Ejecutivo y, de esa manera, podamos empezar a trabajar.

Se está convocando a las comisiones y se está llamando a los ministros para que respondan las mismas preguntas. Como congresistas, tenemos que facilitar el trabajo y buscar que los tres poderes del Estado puedan actuar de manera conjunta. Y por qué no decirlo, también debemos considerar a los medios de comunicación, porque para mí la prensa cumple un papel fundamental en este proceso. Todos tenemos que contribuir a sacar adelante al país.

Más allá de las facultades legislativas, ¿considera que la situación actual requiere una reforma profunda de la Policía Nacional del Perú?

Pienso que sí. En la Policía, como en cualquier institución, existen malos elementos, y eso se viene demostrando. Lamentablemente, considero que durante los últimos años no se ha evaluado adecuadamente a quienes postulan a las escuelas policiales. Se necesita que los futuros agentes cuenten con un perfil idóneo y, sobre todo, con una formación basada en valores, ética y vocación de servicio.

También existen denuncias sobre presuntos cobros irregulares para ingresar a las escuelas de la Policía. Recuerdo que un general me comentó esta problemática cuando tuve la oportunidad de acudir a una de estas instituciones. No podemos esperar a que la Policía mejore por sí sola. Es necesario revisar cómo se están llevando a cabo los procesos de selección y formación. Eso tiene que cambiar.

Perú ha anunciado su incorporación al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué significa concretamente esta incorporación para nuestro país?

La presidenta ya lo ha explicado claramente. Se trata de una forma de agrupar a varios países y tomar como referencia las experiencias de aquellos que ya han participado en este tipo de iniciativas. Estamos enfrentando problemas que se han extendido por diferentes partes del mundo, especialmente en nuestra región: el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y otras actividades delictivas.

Se está buscando asociarse con otros países, especialmente con Estados Unidos, que tiene una importante capacidad de cooperación internacional, para que puedan apoyarnos en esta lucha.

Esta problemática viene creciendo desde hace años. También tenemos dificultades relacionadas con el control de nuestras fronteras y el ingreso de personas al país. No es una tarea sencilla, porque hemos recibido un país con muchos problemas, pero tenemos que trabajar. Los diputados, desde cada uno de nuestros escaños y como representantes de nuestras regiones, debemos dar el ejemplo. Todos unidos podemos contribuir a sacar adelante al Perú.

¿Considera que una mayor cooperación con Estados Unidos, especialmente en materia de inteligencia y lucha contra el narcotráfico, fortalecerá la seguridad del Perú o cree que deberían establecerse límites claros?

Considero que es una de las posibilidades que tenemos para alcanzar consensos con otros países. Empezamos con el grupo de las Américas y Estados Unidos, y posteriormente podrían incorporarse otras naciones.

Lo que buscamos es formar una unión de países y representantes que puedan trabajar conjuntamente para enfrentar esta problemática. Tenemos que unirnos para combatir esa lacra. Quizá no se pueda eliminar por completo, pero sí podemos trabajar para reducirla y recuperar el orden poco a poco.

Finalmente, señora diputada, entre la aprobación de las facultades legislativas, una eventual reforma de la Policía Nacional y la participación del Perú en el Escudo de las Américas, ¿cuál considera que debería ser la medida prioritaria para empezar a reducir los homicidios y enfrentar al crimen organizado? ¿En qué plazo deberían verse resultados?

No podría establecer un plazo, porque todo depende de la reorganización que se haga en este momento. Miremos lo que está sucediendo en Trujillo, donde existen investigaciones que involucran a policías. No podemos plantear una reorganización y decir que vamos a trabajar con un determinado grupo si dentro de la misma institución existen malos elementos.

Tenemos que empezar por la propia institucionalidad y ver de qué manera se trabaja con mano firme dentro de las instituciones policiales. Esa es mi forma de pensar, de acuerdo con la realidad que estamos viviendo. Lamentablemente, el país se ha ido enfermando y, en estos momentos, considero que estamos en una situación crítica, como un paciente en una unidad de cuidados intensivos.

Ese paciente, que representa al Estado, tiene que salir adelante poco a poco, con soluciones claras y decisiones firmes. Necesitamos medidas tomadas con conocimiento, inteligencia y determinación para combatir esta problemática, que no afecta solamente al Perú, sino también a otros países del mundo.

Para concluir, ¿qué mensaje les daría a sus colegas del Parlamento y a la ciudadanía frente a este escenario de inseguridad?

Somos seres humanos y tenemos limitaciones, pero mientras estemos en el poder debemos tratar de dar el ejemplo. Eso es lo que siempre les he dicho a mis colegas. No todos somos iguales y todos podemos cometer errores, pero de ellos tenemos que aprender para mejorar.

La presidenta Keiko Fujimori necesita el apoyo de todos nosotros. Debemos trabajar unidos y aportar, desde nuestras responsabilidades, para sacar adelante al Perú.

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Política

Guido Bellido inaugura el local nacional de Pueblo Consciente en el Cercado de Lima [VIDEO]

El líder del partido abrió la sede central en el jirón Washington 1505, esquina con Paseo Colón, y anunció que la agrupación participará en las elecciones regionales y municipales en varias regiones del país. Sobre 2030, dijo que la población organizada participará de manera directa.

Published

3 días ago

15/09/2026

Redacción Lima Gris

Guido Bellido Ugarte inauguró el local central nacional del Partido Político Pueblo Consciente en una ceremonia con militantes, dirigentes y simpatizantes que acompañaron el corte de cinta. La sede funciona en el jirón Washington 1505, en el cruce con Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

Bellido explicó que el local está pensado para tres funciones: formación política, asesoramiento en distintas actividades profesionales y articulación permanente entre militantes y simpatizantes. Señaló también que servirá como punto de encuentro para los candidatos del partido en todo el país, un lugar donde puedan organizarse a nivel nacional.

Sobre el proceso electoral en curso, el dirigente confirmó que Pueblo Consciente participará en las elecciones regionales y municipales en diferentes regiones. «En realidad el partido político es nacional», afirmó al detallar el alcance de la agrupación.

Consultado por los personajes que lo acompañan en el proyecto, Bellido respondió que no han incorporado figuras con trayectoria previa en política. Según explicó, se trata de líderes regionales, líderes jóvenes y dirigentes de comunidades campesinas de distintos sectores que vienen organizándose en las regiones. En Lima, agregó, el trabajo se está haciendo sobre todo con las bases.

Al ser preguntado por las elecciones generales de 2030, Bellido sostuvo que la población organizada participará de manera directa en todo el proceso y que ese es el compromiso del partido. Añadió que la población también se organiza para alcanzar sus propuestas e iniciativas orientadas a resolver los problemas del país.

Pueblo Consciente obtuvo su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones el 24 de septiembre del año pasado, después de varios años de trámite. La agrupación nació de las bases jóvenes cusqueñas de Perú Libre, en su mayoría disidentes de la organización que lidera Vladimir Cerrón. Bellido llegó al Congreso en 2021 por Cusco con Perú Libre y fue presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. Posteriormente se integró a la bancada de Podemos Perú mientras tramitaba la inscripción de su propio partido.

Como el plazo para las elecciones generales ya había vencido cuando se concretó el registro, la agrupación enfocó su estrategia en los comicios regionales y locales. La apertura de la sede central marca así el paso de la inscripción formal a la instalación territorial de cara al calendario electoral.

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Política

Senador Juan Carlos del Águila: “Se debe investigar por qué un vinculado a una organización terrorista se convierte en un elemento clave de la promoción de un libro en Iquitos”

El senador de Fuerza Popular respalda la estrategia del Gobierno contra el crimen organizado y reclama una mayor participación de la Policía y las Fuerzas Armadas. También defiende el ingreso del Perú al “Escudo de las Américas” y exige esclarecer cómo Martín Reátegui Bartra, conocido como “camarada Jaimito” y señalado como exintegrante de Sendero Luminoso, terminó participando en actividades culturales vinculadas al patrimonio histórico de Iquitos.

Published

3 días ago

15/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

Juan Carlos del Águila Cárdenas, es senador de la República e integrante de Fuerza Popular, cuenta con una trayectoria política vinculada a la representación de Loreto y a los problemas que enfrenta la Amazonía peruana. Su posición adquiere especial relevancia en el actual debate sobre seguridad, narcotráfico, crimen organizado y control de las fronteras, debido a que Loreto se encuentra en una zona estratégica frente a distintas dinámicas delictivas de carácter transnacional.

En entrevista con Lima Gris, el senador abordó los principales desafíos que enfrenta el Gobierno de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana y explicó las razones por las que considera necesario otorgar al Ejecutivo mayores herramientas legislativas para enfrentar a las organizaciones criminales.

Asimismo, se pronunció sobre la incorporación del Perú al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa de cooperación internacional orientada a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

Pero la entrevista también abrió un capítulo especialmente sensible: la participación de Martín Reátegui Bartra, conocido como “camarada Jaimito” y señalado como exintegrante de Sendero Luminoso, en actividades vinculadas al patrimonio histórico de Iquitos y su aparición junto a altos oficiales de la Marina de Guerra.

Caso “camarada Jaimito”

El senador abordó el caso del exterrorista que ha generado cuestionamientos en torno a las actividades institucionales y culturales desarrolladas en Iquitos. Se trata de Martín Reátegui Bartra, conocido como “camarada Jaimito”, señalado como exintegrante de Sendero Luminoso, cuya participación en actividades relacionadas con el patrimonio histórico y su aparición junto a altos oficiales de la Marina de Guerra han despertado interrogantes.

Consultado sobre si la Marina debería brindar explicaciones públicas y si el Congreso debería fiscalizar el caso, Del Águila consideró que las primeras respuestas deberían provenir de las instituciones que promovieron y organizaron la actividad. En particular, mencionó al Ministerio de Cultura y a la municipalidad organizadora.

El senador consideró necesario determinar cómo una persona vinculada a una organización terrorista terminó participando en una actividad relacionada con la historia y patrimonio de Iquitos.

“Es importante que los organizadores determinen el porqué de la participación de alguien que, estando vinculado a una organización terrorista, se convierta, en un elemento clave de la promoción de un libro sobre la historia de una ciudad tan importante como Iquitos”, manifestó.

Hasta hoy, queda abierta la interrogante sobre quién convocó al exintegrante de Sendero Luminoso, bajo qué condiciones participó, cuál fue el objetivo de su presencia y qué conocimiento tenían las instituciones involucradas. Es importante señalar que la Marina no ha querido pronunciarse aún sobre el tema.

Seguridad ciudadana

El aumento de los homicidios y la preocupación por la expansión del crimen organizado han colocado al Gobierno de Keiko Fujimori ante uno de sus principales desafíos políticos.

Para Juan Carlos del Águila, sin embargo, todavía no corresponde realizar una evaluación definitiva de la estrategia gubernamental. El senador considera que las medidas adoptadas por el Ejecutivo necesitan un periodo adicional para demostrar su efectividad.

Según explicó, los resultados deberían comenzar a apreciarse en las próximas semanas, debido a que el Gobierno ya habría adoptado decisiones dirigidas a enfrentar a determinadas bandas y organizaciones criminales. “Los resultados se van a ver en un horizonte de unas cuantas semanas más”, sostuvo.

El parlamentario señaló que algunas de las medidas implementadas estarían permitiendo avanzar en la desarticulación de organizaciones criminales, aunque remarcó que estas acciones deben complementarse con nuevas herramientas legales. En ese punto, el debate sobre las facultades legislativas adquiere especial importancia.

Para Del Águila, la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a operativos policiales aislados, sino que requiere una estrategia que combine inteligencia, acción operativa, capacidad legislativa y participación coordinada de las instituciones responsables de la seguridad nacional.

Fuerza Popular respalda las facultades legislativas

Uno de los mensajes más contundentes del senador fue su respaldo al pedido de facultades legislativas formulado por el Ejecutivo. Del Águila dejó claro que Fuerza Popular se encuentra dispuesto a respaldar las iniciativas planteadas por el Gobierno, particularmente aquellas orientadas a enfrentar la inseguridad y el crimen organizado. “Fuerza Popular está para respaldar las iniciativas gubernamentales”, afirmó.

Su posición se explica, según señaló, porque se trata de un Gobierno de Fuerza Popular y porque la bancada oficialista constituye uno de los principales respaldos políticos del Ejecutivo dentro del Parlamento. No obstante, el respaldo no significa, desde su perspectiva, que el Gobierno pueda actuar sin límites.

Consultado sobre las garantías que debería establecer el Congreso para evitar que las facultades se conviertan en un “cheque en blanco”, el senador respondió que la propia legislación peruana establece los márgenes de actuación. “Los límites los señala la Constitución y las leyes”, sostuvo.

La discusión sobre las facultades legislativas se convierte así en uno de los principales puntos de la agenda parlamentaria, particularmente en un contexto donde el Gobierno busca acelerar medidas para enfrentar el crecimiento de las organizaciones criminales.

Policía y Fuerzas Armadas tendrían un papel más protagónico

Otro aspecto destacado por el senador es el papel que deberían desempeñar las instituciones encargadas de la seguridad. Del Águila considera que la aprobación de las facultades extraordinarias permitiría generar condiciones para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tengan una participación más activa frente a determinadas amenazas.

La preocupación no se limita al delito común. El parlamentario coloca el problema dentro de una dimensión mayor: la expansión de organizaciones criminales capaces de operar mediante redes, rutas internacionales y economías ilegales.

En este escenario, sostiene que el Estado necesita herramientas que le permitan anticiparse a las organizaciones criminales y no limitarse a reaccionar después de que se produzcan los delitos.

Escudo de las Américas

El segundo gran eje de la entrevista fue la incorporación del Perú al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa de cooperación internacional promovida por Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Para Del Águila, uno de los principales beneficios de esta iniciativa radica precisamente en su dimensión multinacional. El senador explicó que no se trata únicamente de una relación bilateral entre Perú y Estados Unidos, sino de una coalición en la que participan aproximadamente 15 países.

Su argumento central es que las organizaciones criminales han desarrollado estructuras que trascienden las fronteras nacionales. “El crimen que tiene un origen transnacional no tiene fronteras”, afirmó.

Por ello, considera necesario que los Estados también fortalezcan sus mecanismos de cooperación y actúen de manera coordinada. La lógica, según explicó, es sencilla: si las organizaciones criminales pueden internacionalizar sus operaciones, los países deben internacionalizar también sus mecanismos de respuesta.

Narcotráfico, minería ilegal y trata de personas

El senador identificó varias de las actividades que forman parte de las economías ilegales que alimentan al crimen organizado.

Entre ellas mencionó el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, actividades que en determinadas zonas pueden converger con otras formas de delincuencia y generar redes de corrupción y violencia.

En ese sentido, consideró conveniente que el Perú forme parte de mecanismos internacionales que permitan compartir información, coordinar acciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a organizaciones que operan más allá del territorio nacional. “Nos va a permitir combatir de manera más eficaz este tipo de actividades criminales”, sostuvo.

Para un país como el Perú, con una extensa frontera amazónica y zonas de difícil acceso, el intercambio de información y la cooperación con otros Estados adquieren especial importancia.

Loreto y la Amazonía, en el centro de la preocupación

Por su procedencia política y representación de Loreto, Del Águila puso especial énfasis en los posibles beneficios de esta cooperación para la Amazonía. La región enfrenta desafíos particulares debido a su extensión territorial, sus zonas fronterizas y su ubicación estratégica dentro de las rutas utilizadas por diversas actividades económicas ilegales.

El senador considera que Loreto y otras regiones amazónicas podrían beneficiarse de una colaboración más estrecha entre los países que participan en esta iniciativa. La lucha contra el narcotráfico, explicó, no puede desarrollarse únicamente desde Lima. Requiere presencia efectiva del Estado en las zonas donde las organizaciones criminales encuentran condiciones para desarrollar sus actividades.

Soberanía nacional

La participación del Perú en mecanismos internacionales de seguridad también ha generado interrogantes sobre la soberanía nacional. Frente a ello, Del Águila defendió la cooperación internacional y rechazó la idea de que trabajar con otros países implique necesariamente una pérdida de soberanía.

Por el contrario, planteó que la soberanía se demuestra precisamente mediante la capacidad del Estado para proteger sus fronteras y territorio. “La mejor manera de ejercer nuestra soberanía nacional y de defender la soberanía nacional es ejerciéndola”, afirmó.

Desde su perspectiva, el Perú debe utilizar los mecanismos de cooperación internacional para hacer frente a amenazas que no pueden ser enfrentadas de manera aislada.

La protección de las fronteras, particularmente en regiones amazónicas, se convierte así en una prioridad tanto de seguridad nacional como de política exterior.

La prioridad: actuar con celeridad

Finalmente, Del Águila volvió al tema que considera más urgente: la seguridad ciudadana. Para el senador, el Congreso debe actuar con rapidez frente al pedido de facultades legislativas formulado por el Ejecutivo.

“La Cámara de Diputados” debe evaluar la propuesta y, según sostuvo, actuar con celeridad, porque una parte importante de las medidas para enfrentar la inseguridad estaría contenida en el paquete solicitado por el Gobierno. Pero el legislador también recordó que la agenda nacional incluye otros desafíos.

Entre ellos mencionó el fenómeno El Niño, la simplificación del Estado y otras propuestas planteadas por el Ejecutivo.

Sin embargo, frente al incremento de la criminalidad, su posición es clara: la seguridad debe ocupar un lugar prioritario en la agenda parlamentaria.

Un Congreso ante una decisión clave

Las declaraciones de Juan Carlos del Águila reflejan uno de los debates centrales que enfrenta actualmente el Parlamento: cuánto respaldo debe otorgarse al Ejecutivo para implementar rápidamente sus medidas de seguridad y cuáles deben ser los mecanismos de control para garantizar que esa delegación de facultades se mantenga dentro del marco constitucional.

Para Fuerza Popular, el respaldo al Gobierno es explícito. Para el senador, las próximas semanas serán determinantes para comprobar si las decisiones adoptadas comienzan a traducirse en resultados concretos.

Mientras tanto, la cooperación internacional abre un nuevo escenario para el Perú frente al crimen transnacional y coloca a regiones como Loreto en el centro de la estrategia.

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Política

Senador Andrés Ramos Huillcas tras incendio de su vivienda: “No se puede descartar una mano extraña”

El parlamentario de la bancada Juntos por el Perú, reveló que el departamento que alquilaba en Jesús María, quedó prácticamente destruido y pidió a la Policía, Fiscalía y demás autoridades competentes esclarecer las causas del siniestro. Ramos también recordó un incidente ocurrido anteriormente en su despacho del Congreso, aunque evitó establecer una relación entre ambos hechos mientras no existan resultados de las investigaciones.

Published

4 días ago

14/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

Un incendio que redujo a escombros el departamento que alquilaba el senador por Apurímac, Andrés Avelino Ramos Huillcas, ha dejado más preguntas que respuestas. El parlamentario asegura que perdió prácticamente todas sus pertenencias y que, hasta el momento, no existe una explicación definitiva sobre el origen del fuego. Entre las primeras hipótesis aparecen una eventual falla eléctrica o un desperfecto de algún artefacto, pero Ramos también plantea interrogantes por la ausencia de cámaras de seguridad y admite que no puede descartarse una intervención externa.

A ello se suma un episodio previo ocurrido en su despacho del Congreso, donde —según su versión— habría detectado la manipulación de su computadora. ¿Se trata de hechos aislados o existe alguna circunstancia que deba ser investigada? El senador evita sacar conclusiones y espera que la Policía y la Fiscalía determinen qué ocurrió. Esta es su versión y las preguntas que quedan abiertas tras el siniestro.

Ramos señaló que, por ahora, no existe una conclusión definitiva sobre las causas que originaron el incendio, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes realicen las investigaciones y peritajes correspondientes antes de establecer responsabilidades o determinar si se trató de un accidente, una falla técnica u otra circunstancia.

“Lo que yo espero es que la Policía, la Fiscalía, las autoridades competentes indaguen las razones que han motivado este siniestro”, manifestó a Lima Gris.

El departamento quedó destruido

El parlamentario explicó que, tras el incendio, perdió todos los elementos que tenía en el inmueble. Indicó, que se encuentra buscando un nuevo alojamiento y tratando de reorganizar sus actividades personales y laborales después de lo ocurrido.

La situación, según relató, no solo significó daños materiales, sino también una circunstancia inesperada que lo obligó a resolver de manera inmediata aspectos básicos de su vida cotidiana.

El senador Ramos contó que incluso recientemente tuvo que ocuparse de adquirir ropa, debido a que el incendio dejó sus pertenencias inutilizadas o afectadas. “Nos quedamos sin nada. No sabíamos dónde alojarnos”, relató al referirse a las primeras horas posteriores al siniestro.

Mientras sus abogados vienen trabajando en la relación de los bienes afectados y los daños materiales, el senador señaló que las autoridades deberán determinar técnicamente cómo se inició el fuego.

Las primeras hipótesis

Tras el incendio, según explicó el parlamentario Ramos, inicialmente surgieron especulaciones respecto de algunos artefactos que podrían haber provocado el fuego, entre ellos una plancha, un hervidor eléctrico o incluso algún elemento relacionado con la cocina.

Sin embargo, el congresista señaló que, al regresar al lugar una vez que las autoridades permitieron el ingreso, pudo observar que los ambientes habían quedado afectados por el incendio.

Respecto del hervidor, Ramos indicó que este contaba con un sistema automático de apagado. También señaló que la cocina se encontraba aparentemente en condiciones normales.

Otro elemento que mencionó es que durante la mañana él y las personas con las que se encontraban se retiraron del departamento cuando no había agua ni electricidad.

Por ello, sostuvo que no cuenta con elementos técnicos suficientes para determinar si existió una falla eléctrica o algún otro factor que haya desencadenado el incendio. “No soy técnico para ver la carga eléctrica”, precisó.

En ese contexto, el senador señaló que no puede descartarse ninguna hipótesis mientras no concluyan las investigaciones y mencionó incluso la posibilidad de una intervención externa como una de las alternativas que deberán ser esclarecidas. “No se puede descartar una mano extraña”, sostuvo.

La ausencia de cámaras

El senador Ramos mencionó otro aspecto que, desde su perspectiva, merece ser considerado dentro de las investigaciones: el inmueble se encontraba dentro de un edificio con más de un centenar de departamentos y, según indicó, el incendio habría afectado únicamente a su vivienda. A ello se suma, de acuerdo con su versión, que no había cámaras de seguridad en el lugar.

El senador evitó, sin embargo, convertir estos elementos en una acusación o establecer que necesariamente existió una acción deliberada. Su posición fue que corresponde a los peritos y a las autoridades determinar qué ocurrió y establecer, con evidencia, las causas del siniestro.

Un antecedente ocurrido en su despacho del Congreso

Durante la conversación con Lima Gris, Ramos recordó además un episodio anterior que, según manifestó, ocurrió en su despacho parlamentario. El senador contó que se produjo un apagón y que posteriormente, al revisar el lugar, se habría percatado de que su computadora portátil había sido manipulada, aparentemente con la intención de acceder a información.

Según explicó, esta situación fue comunicada a la Oficialía del Congreso y actualmente se encuentra a la espera de una respuesta. El parlamentario hizo referencia a este antecedente al explicar por qué considera necesario que las autoridades esclarezcan completamente lo ocurrido con el incendio.

No obstante, Ramos no afirmó que ambos hechos estén relacionados y remarcó la necesidad de esperar las investigaciones antes de establecer cualquier conexión.

Su actividad parlamentaria, otra de las aristas

Consultado sobre si considera que el incendio podría tener alguna relación con su actividad parlamentaria, Ramos optó por mantener una posición prudente. El senador señaló que no corresponde adelantar conclusiones y reiteró que primero deben conocerse los resultados de las investigaciones oficiales. “Hay que esperar la investigación”, afirmó.

Ramos también recordó que viene desarrollando una posición firme respecto de determinadas demandas relacionadas con los hechos ocurridos durante las protestas en el sur del país.

El parlamentario sostuvo que su postura frente a estos temas responde a su compromiso con la búsqueda de justicia y con las demandas que considera pendientes de respuesta por parte del Estado.

Sin embargo, nuevamente evitó establecer una relación directa entre esa actividad política y el incendio de su vivienda.

No reporta amenazas previas

Al ser consultado específicamente sobre si había recibido amenazas, advertencias o alguna situación inusual antes del incendio, Ramos respondió que no había recibido amenazas de manera directa.

El parlamentario sí reconoció que su actividad política y parlamentaria lo ha llevado a asumir posiciones firmes sobre determinados asuntos que considera importantes. En ese sentido, señaló que continuará esperando que las instituciones competentes determinen las circunstancias que rodearon el incendio.

Sus abogados ya trabajan en los daños materiales

Después del siniestro, Ramos indicó que sus abogados vienen encargándose de los aspectos legales relacionados con el caso. Entre las tareas que realizan se encuentra la identificación de los bienes que fueron afectados y la documentación de los daños ocasionados en el departamento.

El senador explicó que las primeras horas estuvieron concentradas en resolver las necesidades más inmediatas derivadas del incendio, como conseguir alojamiento y recuperar elementos básicos para continuar con sus actividades.

Por ello, señaló que todavía se encuentra afrontando las consecuencias personales y materiales del hecho.

Un llamado a las autoridades

Más allá de su situación personal, el senador aprovechó formular un llamado a las instituciones del Estado. El parlamentario consideró que el país atraviesa una coyuntura especialmente delicada y que existe una creciente necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

En su opinión, corresponde al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía actuar dentro de sus competencias y garantizar que las investigaciones permitan conocer la verdad. “Hay una gran necesidad de que el Estado dé confianza a nuestro pueblo”, manifestó.

Ramos Huillcas expresó preocupación por el ambiente de tensión que, según considera, atraviesa actualmente el país y sostuvo que existen diversos temas políticos y sociales que generan incertidumbre entre los ciudadanos.

Ante este escenario, pidió que las autoridades actúen con responsabilidad y eviten contribuir a una mayor confrontación.

“No podemos ir peor”

Finalmente, el senador hizo un llamado a mantener la calma y buscar soluciones institucionales frente a las dificultades que enfrenta el país. Ramos señaló que las autoridades deben gobernar con prudencia y sabiduría y evitar cualquier situación que pueda incrementar las tensiones existentes. “No podemos ir peor. No podemos atizar”, expresó.

El parlamentario también manifestó su deseo de que las investigaciones sobre el incendio permitan esclarecer los hechos y que no se presenten circunstancias adicionales que puedan generar mayor preocupación. “Todos quisiéramos encontrar la paz”, concluyó.

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Política

En el gobierno de Keiko Fujimori: MEF congela S/ 100 millones para educación pese a la amenaza del Fenómeno El Niño

Mientras el ejecutivo del partido Fuerza Popular le pide al Congreso intervenir para destrabar los fondos, Madre de Dios y Apurímac advierten que el dinero podría perderse antes de fin de año. Presidente Keiko Fujimori ¿Cómo enfrentará el sector educación al Fenómeno El Niño mientras tanto?

Published

4 días ago

14/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

Un conflicto administrativo entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liderado por el economista Elmer Cuba y el Ministerio de Educación (MINEDU) por el ingeniero José Antonio Chang mantiene congelada la transferencia de más de S/ 100 millones destinados a 250 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en todo el país.

El MEF exige que el Congreso modifique primero la Ley de Presupuesto, un trámite que puede tomar más de 90 días. Mientras tanto, las regiones advierten que no podrán ejecutar acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño y que el dinero corre el riesgo de perderse al cierre del año fiscal.

El 11 de setiembre, en entrevista con Nicolás Lúcar, la presidente Keiko Fujimori y lideresa del partido político Fuerza Popular anunció: “El lunes estamos presentando todo el plan integral (…) vamos a presentar cada una de las decisiones que se va a tomar en infraestructura, en currícula, en mejora de la conectividad, en la elaboración del ministro Chang (ministro de Educación)”. Sin embargo, ese anuncio no resuelve el problema de fondo: los S/ 100 millones en disputa no son un fondo nuevo por crear, sino recursos ya comprometidos en el Presupuesto 2026 que el MEF se niega a transferir.

En enero de 2026, el MINEDU aprobó la Resolución Ministerial N.° 057-2026-MINEDU, que formalizó la Norma Técnica de los Compromisos de Desempeño 2026 (CdD 2026), en el marco del artículo 72 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público.

El mecanismo entrega incentivos económicos a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las UGEL que cumplan metas de gestión. Como requisito inicial, cada dependencia debía acreditar un «punto focal» —un responsable formal ante el ministerio— mediante resolución de su titular, en un plazo de 15 días hábiles que venció el 20 de febrero de 2026.

De las 250 dependencias evaluadas, 190 (76%) cumplieron dentro del plazo. Las otras 60 fueron observadas: 50 de ellas regularizaron su acreditación con «eficacia anticipada» —es decir, presentaron la resolución después del plazo pero pidieron que su validez se cuente desde una fecha anterior—, y 10 lo hicieron fuera de tiempo sin ese mecanismo.

El 3 de julio, el MINEDU solicitó formalmente la transferencia del primer tramo: S/ 56,898,628. Dos semanas después, el 17 de julio, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF paralizó el trámite mediante el Oficio N.° 0247-2026-EF/50.05, argumentando que la «eficacia anticipada» no está contemplada en la norma y que existen diferencias entre los anexos presentados.

El monto total en disputa está dentro de un techo anual autorizado de hasta S/ 100,700,000. La objeción del MEF resulta difícil de sostener frente al contexto climático, ya que la propia Norma Técnica de los CdD 2026 habilita expresamente el uso de estos fondos para el Programa Presupuestal de «Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres», que incluye mantenimiento y acondicionamiento escolar.

En otras palabras, mientras el MINEDU capacita a especialistas de las UGEL para prevenir riesgos por El Niño, el MEF retiene el presupuesto de las 190 dependencias que sí cumplieron con los requisitos formales.

A esto se suma el Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que restringe el gasto público a «actividades esenciales»: pago de personal, vacaciones truncas y obras orientadas a mitigar El Niño. Esto significa que, incluso si el MEF transfiriera el dinero hoy, las UGEL ya no podrían usarlo para lo que originalmente planearon —contratación de personal (CAS), compra de materiales, capacitaciones, pasantías o equipos de cómputo—, salvo que reorienten ese gasto hacia la prevención del fenómeno.

La disputa tiene una línea de tiempo precisa. El 30 de enero de 2026, el MINEDU aprobó la RM N.° 057-2026-MINEDU, que creó los CdD 2026, con el plazo para acreditar al «punto focal» venciendo el 20 de febrero.

El 28 de abril, el ministerio modificó la norma con la RM N.° 253-2026-MINEDU, pero el 25 de mayo la RM N.° 310-2026-MINEDU dejó sin efecto esa modificación y restituyó la versión original de los literales a. y b. del numeral 6.10.

El 8 de junio, el MINEDU notificó admisiones preliminares mediante el Oficio Múltiple N.° 00028-2026-MINEDU/SPE-OPEP-UFD. Tras la solicitud de transferencia del 3 de julio y la objeción del MEF el 17 de julio, el MINEDU publicó el 18 de agosto la lista definitiva —190 dependencias en «Participa» y 60 en «No participa»— mediante el Oficio Múltiple N.° 00038-2026-MINEDU/SPE-OPEP-UFD, el mismo día en que se promulgó el Decreto de Urgencia N.° 008-2026. Diez días después, el 28 de agosto, el Gobierno Regional de Madre de Dios exigió la transferencia, y el 9 de setiembre la Dirección Regional de Educación de Apurímac reiteró el mismo reclamo.

Madre de Dios, a través del Oficio N.° 303-2026-GOREMAD/GR dirigido al ministro de Educación José Antonio Chang, exige la transferencia antes de que el cierre fiscal obligue a devolver los fondos al Tesoro Público.

La región requiere contratar de forma inmediata a 8 profesores y cubrir 55 horas de clase adicionales para atender la creación y ampliación de colegios —producto del crecimiento poblacional concentrado en Tambopata—, además de cubrir plazas para 116 auxiliares, 2 directores y 34 subdirectores.

La demora afecta directamente la gestión y el clima escolar de la región. Apurímac presentó un reclamo similar el 9 de setiembre, a través del Oficio N.° 2186-2026-ME/GR.A/DREA-DGI/APU, en el que advierte que el presupuesto debió transferirse en julio y que el retraso, sumado a los recortes de la Ley N.° 32732, limita gravemente la capacidad operativa de la DRE y las UGEL de la región para cumplir sus metas educativas de este año fiscal.

Ante los reclamos regionales, el MEF ha planteado una sola vía de solución: que el Congreso apruebe una modificación al artículo 72 de la Ley N.° 32513, es decir, un cambio a la propia Ley de Presupuesto.

Este tipo de trámite parlamentario demora en promedio no menos de 90 días reglamentarios, y en la práctica suele extenderse más. Esa salida proyecta cualquier solución hacia diciembre, al filo del cierre del año fiscal. Habilitar los recursos en esa ventana genera un cuello de botella con los plazos que exige la Ley de Contrataciones del Estado, lo que haría prácticamente inevitable que los S/ 100 millones se reviertan al Tesoro Público sin haber sido ejecutados.

El resultado sería que ni las acciones preventivas frente al Fenómeno El Niño ni las metas operativas de 2026 de las UGEL se cumplirían, pese a que el dinero estuvo legalmente asignado desde el inicio del año.

Presidente Keiko Fujimori, ordene la transferencia del dinero a las regiones, o quiere vender la narrativa de que no lo hizo por culpa de las facultades, comprometiendo al Poder Legislativo en esta controversia.

El lunes nos van a vender que el plan integral que presentará junto al ministro Chang es la solución, cuando implementar un plan de esta envergadura demora meses.

Ministro Elmer Cuba, ¿por qué le hace esto al sector educación? Cuando empiecen a notarse las consecuencias del Fenómeno El Niño, espero que, desde Fuerza Popular, partido de gobierno, no pretendan evadir responsabilidades: estamos avisados.

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