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Renovación Popular presenta 110 candidatos con sentencias penales para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según una investigación difundida por Cuarto Poder. La relación comprende a ocho postulantes a gobiernos regionales, 16 aspirantes a alcaldías provinciales y 86 candidatos a municipios distritales en diferentes zonas del país.

Entre las condenas reportadas aparecen delitos como homicidio calificado, violación sexual a menores de edad, tráfico ilícito de drogas, peculado, colusión y malversación de fondos. Los comicios regionales y municipales están programados para el domingo 4 de octubre de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial de la ONPE.

Renovación Popular lleva candidatos con condenas a las ERM 2026

Uno de los nombres mencionados es Enrique Torres Montilla, candidato a la alcaldía distrital de Rumisapa, en San Martín. Según la información difundida, recibió una condena de 18 años de prisión efectiva por homicidio calificado y una reparación civil de S/15.000 por el asesinato del entonces alcalde Hernán Alegría Tuesta, ocurrido en noviembre de 2005. La resolución judicial determinó que pagó S/200 a un sicario para ejecutar el crimen.

En Caspizapa, también en San Martín, figura como candidato a regidor Carlos Vigo Guarnis, quien tiene una sentencia por violación sexual a un menor de edad, dictada el 13 de julio de 2005. De acuerdo con la revisión periodística, en su declaración jurada consignó una sola letra en el apartado referido a la sentencia.

En la misma jurisdicción aparece Saturdino Yanayaco Cagallazas, candidato a la alcaldía, con una condena de seis años de prisión efectiva por tráfico ilícito de drogas, impuesta por el Primer Juzgado Penal de Piura. La relación también señala una sentencia por peculado.

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Renovación Popular inscribió a candidatos con antecedentes penales para las próximas elecciones. Entre los postulantes figura Enrique Torres Montilla, aspirante a la alcaldía de Rumisapa, en San Martín, quien fue condenado a 18 años de prisión tras ser hallado… pic.twitter.com/G6dlvFbtSU

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) September 21, 2026

Candidatos de Ica y Lambayeque

En Pueblo Nuevo, Ica, la agrupación presentó a Edwin Aburto Santiago como candidato a alcalde. El postulante fue detenido en 2003 cuando intentó introducir pasta básica de cocaína al penal de Tambo de Mora, oculta dentro de nueve pescados. La condena por tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada fue de siete años de prisión, pena que cumplió bajo el régimen de semilibertad.

La candidatura de Aburto Santiago comparte lista con su hijo, quien figura como postulante a teniente alcalde. La información difundida sobre ambos corresponde a la nómina presentada para los comicios municipales de octubre.

En Olmos, Lambayeque, aparece Willy Serrato Puse, excongresista que fue relacionado en 2018 con la investigación sobre la organización denominada Los Temerarios del Crimen.

Su historial judicial incluye una pena suspendida de tres años por tráfico de influencias simuladas, otra de cuatro años por malversación de fondos de la Asociación de Discapacitados de Olmos y una tercera de tres años de prisión efectiva por colusión simple.

Más irregularidades

La revisión también encontró observaciones relacionadas con las declaraciones de algunos postulantes. En Caspizapa, por ejemplo, se identificó a candidatas a regidoras que no residirían en el distrito o que manifestaron no haber aceptado su inclusión en la lista de Renovación Popular.

Los antecedentes penales constituyen otro punto de revisión dentro del proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado en resoluciones recientes que las sentencias penales pueden ser materia de fiscalización y que, ante una tacha o un informe de fiscalización, corresponde revisar si existe una condena vigente, rehabilitación u otra circunstancia que modifique su situación jurídica.

En un caso relacionado con Renovación Popular durante el proceso electoral de 2026, el JNE analizó la omisión de una sentencia condenatoria en la hoja de vida de un candidato. La resolución recoge que la Corte Superior había informado una condena firme de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por falsa declaración en procedimiento administrativo y uso de documento falso.

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