LAP alerta sobre riesgos para el aeropuerto Jorge Chávez ante posible crecida del río Rímac

Actualidad LAP alerta sobre riesgos para el aeropuerto Jorge Chávez ante posible crecida del río Rímac La concesionaria advirtió que los trabajos de descolmatación ejecutados por el Gobierno Regional del Callao habrían dejado sedimentos acumulados en el cauce y las riberas del río. Un eventual…

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La concesionaria advirtió que los trabajos de descolmatación ejecutados por el Gobierno Regional del Callao habrían dejado sedimentos acumulados en el cauce y las riberas del río. Un eventual incremento del caudal podría ocasionar inundaciones en la avenida Néstor Gambetta y afectar sectores de la segunda pista de aterrizaje, así como los sistemas eléctricos y de comunicaciones del terminal aéreo.

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2 minutos ago

06/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, advirtió sobre los posibles riesgos que enfrentaría la infraestructura aeroportuaria ante una eventual crecida del río Rímac durante la próxima temporada de lluvias, en un escenario asociado al Fenómeno El Niño.

A través de un pronunciamiento difundido este jueves 5 de noviembre, la compañía señaló que parte del material retirado durante los trabajos de limpieza y descolmatación ejecutados por el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) permanece extendido sobre el cauce o acumulado en las riberas del río, en lugar de haber sido trasladado a una zona autorizada para su disposición final.

Según LAP, esta situación podría obstaculizar el desplazamiento del agua e incrementar el riesgo de desbordes si se registra un aumento considerable del caudal. Por ello, solicitó la intervención de las autoridades competentes para retirar los sedimentos y reducir las posibles afectaciones.

Material acumulado en el río Rímac genera preocupación

La advertencia de LAP se centra en las condiciones en las que habrían quedado algunos sectores del río Rímac después de las labores de descolmatación realizadas por el Gobierno Regional del Callao.

De acuerdo con la concesionaria, parte del material extraído no habría sido retirado completamente ni trasladado hacia un espacio autorizado. En consecuencia, los sedimentos continúan distribuidos sobre el lecho del río o acumulados en sus márgenes.

La empresa sostiene que esta situación podría dificultar el flujo natural del agua durante un incremento del caudal, especialmente ante las precipitaciones previstas para la temporada de lluvias asociada al Fenómeno El Niño.

En ese contexto, LAP exhortó a las instituciones responsables a garantizar el retiro y la disposición adecuada del material acumulado, con el propósito de reducir las posibilidades de desbordes en las zonas cercanas al aeropuerto.

Avenida Néstor Gambetta podría verse afectada por inundaciones

Entre los principales puntos de preocupación señalados por la concesionaria se encuentra la avenida Néstor Gambetta, una de las vías de acceso al aeropuerto Jorge Chávez.

Según LAP, un eventual desborde del río Rímac podría ocasionar inundaciones y filtraciones en esta vía, lo que dificultaría el desplazamiento de pasajeros, trabajadores y vehículos que se dirigen hacia el terminal aéreo.

La preocupación también comprende la conectividad terrestre del aeropuerto, debido a que una afectación de sus principales accesos podría generar complicaciones en el traslado de personas y en las actividades vinculadas al transporte de pasajeros y mercancías.

Por ello, la advertencia plantea la necesidad de coordinar medidas preventivas entre las autoridades regionales y las instituciones responsables de la infraestructura y la gestión del riesgo.

Foto: RPP.

Segunda pista de aterrizaje y sistemas esenciales también estarían expuestos

La alerta de LAP no se limita a las vías exteriores. La compañía también advirtió que una elevación del nivel de las aguas subterráneas podría ocasionar filtraciones en determinados sectores de la segunda pista de aterrizaje.

Asimismo, señaló que los sistemas eléctricos y de comunicaciones del aeropuerto podrían verse comprometidos ante un escenario de acumulación de agua.

Estos componentes son necesarios para el funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias. Por esa razón, una eventual afectación representaría un riesgo para la infraestructura y podría generar complicaciones en la continuidad de sus operaciones.

No obstante, la concesionaria no informó que estos daños se hayan producido actualmente, sino que advirtió sobre posibles consecuencias ante una eventual crecida del río.

LAP ejecuta medidas preventivas ante la temporada de lluvias

Frente a este escenario, Lima Airport Partners informó que viene desarrollando acciones preventivas dentro del aeropuerto para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones y al incremento de las aguas subterráneas.

Entre las medidas mencionadas por la empresa figuran el monitoreo de los niveles de agua subterránea, el mantenimiento de los sistemas de drenaje y la utilización de equipos de bombeo.

Estas acciones buscan prevenir la acumulación de agua y proteger las instalaciones aeroportuarias frente a posibles inundaciones.

Sin embargo, LAP también considera necesario que las autoridades competentes intervengan en el cauce del río Rímac y aseguren el retiro del material acumulado, debido a que las medidas internas del aeropuerto no resuelven por sí solas los riesgos relacionados con las condiciones del río.

Autoridades deberán responder por las medidas de prevención

La advertencia de la concesionaria coloca en el centro de la discusión la coordinación entre el Gobierno Regional del Callao, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las entidades vinculadas con la gestión de riesgos y la infraestructura aeroportuaria.

En la cobertura de El Comercio, el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señalaron que vienen realizando acciones preventivas y que garantizan la seguridad de las estructuras. Sin embargo, resulta necesario conocer qué intervenciones concretas se ejecutarán para atender las observaciones formuladas por LAP y cuál será el cronograma para retirar los sedimentos acumulados.

La prevención adquiere especial importancia ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. El aeropuerto Jorge Chávez constituye una infraestructura estratégica para la conectividad del país, por lo que proteger sus accesos y sus instalaciones requiere acciones oportunas y coordinadas.

Mientras tanto, la advertencia de LAP plantea una interrogante para las autoridades: ¿se garantizará la adecuada limpieza del cauce del río Rímac antes de que un eventual incremento de su caudal ponga en riesgo la infraestructura aeroportuaria?

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Barranco: hoy se debatirá el pedido de vacancia contra la alcaldesa Jessica Vargas

Redacción Lima Gris

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Barranco: hoy se debatirá el pedido de vacancia contra la alcaldesa Jessica Vargas

Tras meses de postergaciones, controversias y sesiones frustradas, el Concejo de Barranco agendó por fin para este viernes 6 de noviembre el debate sobre la vacancia de Jessica Vargas. La expectativa es que esta vez no aparezcan nuevas maniobras que impidan examinar el fondo de las imputaciones.

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8 horas ago

06/11/2026

Redacción Lima Gris

La sesión extraordinaria del Concejo Distrital de Barranco está programada para este viernes 6 de noviembre de 2026, a las 10 de la mañana, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Barranco, ubicado en la Biblioteca Municipal del Parque Municipal de Barranco. En agenda figura el pedido de vacancia contra la alcaldesa Jessica Vargas, cuyo fondo aún no ha sido examinado por el Concejo distrital.

El pedido inicial fue presentado en 2025 por el ciudadano Stanly Rodríguez, mediante los expedientes N° S-5692-2026 y N° S-5934-2026. La solicitud buscaba determinar si la autoridad municipal habría incurrido en la causal de vacancia prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, relacionada con la presunta disposición irregular de bienes municipales, específicamente del estadio Luis Gálvez Chipoco, sin autorización del Concejo.

El miércoles 10 de diciembre de 2025 se desarrolló una sesión para debatir el pedido contra Vargas; sin embargo, la controversia surgió porque la propia alcaldesa presidió la reunión en la que se discutía su continuidad. La normativa no establece expresamente que la autoridad edil cuestionada deba abstenerse de dirigir el debate. Sin embargo, su intervención generó duras críticas entre regidores y vecinos por asumir un doble papel; conducir la sesión y ser, a la vez, quien tenía su permanencia bajo evaluación. Una suerte de «juez y parte».

La sesión no llegó a votación ni produjo acuerdo. Vargas la levantó abruptamente, invocando «circunstancias imprevisibles», y se retiró. El Concejo volvió así a quedarse sin pronunciarse sobre el fondo del pedido.

En 2026, el ciudadano barranquino Pedro Paulo Reyes Ventura presentó otra solicitud, mediante expediente S-369-2026. A diferencia del pedido de Stanly Rodríguez, que no prosperó, este trámite no ingresó por mesa de partes de la municipalidad, sino directamente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que posteriormente lo trasladó al Concejo Distrital para su evaluación.

Sin embargo, la sesión extraordinaria convocada para el 20 de febrero tampoco permitió abordar el fondo del asunto. Una vez más, Jessica Vargas presidió la reunión en la que se evaluaba su propia vacancia y promovió una cuestión previa que frenó el debate y la diligencia quedó frustrada. En aquella ocasión, los regidores Katia Tataje, Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz y Marco Montes de Oca votaron a favor de la posición de la alcaldesa. Esa secuencia alimentó cuestionamientos por presuntas maniobras dilatorias que permitirían a Vargas permanecer en el cargo hasta fin de año sin examinar las imputaciones.

En febrero de 2026, los regidores Tataje, Mariluz, Santa Cruz y Montes de Oca levantando la mano a favor de la alcaldesa.

Ahora aparece un nuevo elemento: la admisión de adhesiones en los expedientes acumulados de los procedimientos de vacancia promovidos por ambos ciudadanos barranquinos. El pleno del JNE requirió a Jessica Vargas que informe documentalmente, en el plazo más breve, las acciones adoptadas para cumplir el Auto N° 1, dentro del procedimiento promovido por Pedro Reyes.

Requerimiento del JNE dirigido a alcaldesa Jessica Vargas.

En respuesta, la alcaldesa presentó un informe en el que explicó las incidencias del procedimiento. Informó que la jefatura de la Secretaría General notificó, el 7 de octubre, a los regidores la citación a sesión extraordinaria para este viernes 6 de noviembre de 2026, a las 10 de la mañana.

Según respuesta de la gestión municipal celeste, la convocatoria busca «sanear el procedimiento» y corregir los vicios generados durante el breve periodo de encargatura de Jaime Chihuán. La administración de Vargas sostiene que esta vez reconduce el trámite para garantizar el debido procedimiento. Sin embargo, esa explicación no despeja las dudas que dejaron las convocatorias anteriores, ni garantiza que el Concejo barranquino llegue a debatir y votar el fondo de la solicitud.

A pocas horas de la sesión, las preguntas son inevitables: ¿se realizará finalmente la sesión extraordinaria y se debatirá la vacancia de Jessica Vargas; o aparecerá nuevamente algún recurso que interrumpa el procedimiento? Y, si la reunión se lleva a cabo, ¿será otra vez la alcaldesa quien la presida, pese a que su permanencia en el cargo es precisamente el asunto sometido a evaluación?

Barranco necesita una respuesta institucional, y no otra salida de emergencia. Después de convocatorias de vacancia que no resolvieron el fondo, corresponde que el Concejo actúe con transparencia, respete las reglas y permita que las imputaciones sean examinadas y sometidas a decisión. La ciudadanía no puede seguir esperando entre cuestiones previas, levantamientos abruptos y explicaciones administrativas, sin una decisión final, clara y oportuna.

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Choque entre bus de Cruz del Sur y tráiler deja dos fallecidos y paraliza la Vía de Evitamiento

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles 4 de noviembre, cerca del puente Porvenir, en San Martín de Porres. La colisión provocó el cierre de los tres carriles en dirección al norte y generó congestión vehicular. La Fiscalía abrió una investigación para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades.

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1 día ago

05/11/2026

Redacción Lima Gris

Foto: Diario Correo.

Por Augusto Calixtro

Dos personas fallecieron tras el choque entre un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur y un tráiler, registrado durante la mañana del miércoles 4 de noviembre en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Porvenir, en el distrito de San Martín de Porres. El accidente ocasionó el cierre de los tres carriles en sentido hacia el norte y generó una fuerte congestión vehicular.

De acuerdo con la información difundida por Lima Expresa, el siniestro fue detectado por su Centro de Control de Operaciones alrededor de las 6:21 a. m. La concesionaria activó sus protocolos de emergencia y desplegó una brigada de bomberos, personal de auxilio vial y una ambulancia, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Dos conductores fallecieron tras la colisión

El accidente involucró a un bus interprovincial de Cruz del Sur, que procedía de Arequipa, y a un vehículo de carga pesada. Según información difundida por la empresa, su conductor fallecido fue identificado como Tito Vaella. Posteriormente, el Ministerio Público informó que la segunda víctima, conductor del tráiler, permanecía sin identificar al momento de su comunicado.

La compañía señaló que no se reportaron pasajeros heridos y que activó sus protocolos para atender la emergencia y realizar el traslado de los ocupantes de la unidad. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de su trabajador y manifestó que colaboraría con las autoridades en las investigaciones

Foto: El Comercio.

Cierre de la vía generó congestión vehicular en Lima Norte

La posición en la que quedaron los vehículos involucrados, uno de ellos atravesado sobre la calzada, obligó a restringir la circulación en los tres carriles de la Vía de Evitamiento con dirección al norte.

La interrupción afectó el desplazamiento de los conductores que circulaban por este sector de Lima y generó complicaciones en las vías cercanas. La concesionaria Lima Expresa recomendó a los usuarios mantenerse informados mediante sus canales oficiales sobre las actualizaciones de la emergencia. El accidente también generó modificaciones temporales en el desplazamiento del transporte público. La Federación de Periodistas del Perú informó sobre desvíos del servicio regular del Metropolitano por la avenida Alfonso Ugarte, con una parada en la estación Quilca. Esta información debe contrastarse con la Autoridad de Transporte Urbano antes de su publicación.

Fiscalía investiga las causas y posibles responsabilidades

El Ministerio Público abrió una investigación contra quienes resulten responsables por el presunto delito de homicidio culposo. El caso quedó a cargo del Cuarto Despacho de la fiscalía provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte.

Como parte de las diligencias, el fiscal provincial José Castilla Cisneros acudió al lugar del accidente y dirigió las pericias de criminalística. También se dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la Morgue Central de Lima para los exámenes correspondientes.

Entre las diligencias ordenadas figuran la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad, los resultados de los exámenes de dosaje etílico, los peritajes de daños de los vehículos y la recepción de declaraciones de familiares y posibles testigos. Estas acciones permitirán reconstruir la secuencia del accidente y establecer las responsabilidades que correspondan.

Foto: RPP

Las circunstancias del choque aún deben esclarecerse

En un comunicado, Cruz del Sur indicó que, según su información preliminar, el tráiler se habría encontrado detenido en uno de los carriles y que aparentemente realizaba un cambio de neumáticos. La empresa señaló que las autoridades debían determinar la ubicación del vehículo de carga y las condiciones en las que permanecía detenido.

Sin embargo, esta versión forma parte de la información preliminar proporcionada por la compañía y no constituye una conclusión oficial sobre las causas del accidente. La investigación fiscal y las pericias policiales serán determinantes para establecer cómo ocurrió la colisión.

Mientras continúan las diligencias, el caso vuelve a poner en discusión la seguridad vial en una de las principales rutas de circulación de Lima, así como la importancia de esclarecer las circunstancias de los accidentes de tránsito para prevenir nuevos hechos similares.

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Policía Nacional debe trasladar de inmediato a personas detenidas en flagrante delito hacia unidades de flagrancia

En reunión, liderada por Janet Tello Gilardi, también se quedó sustentar de forma conjunta demanda adicional presupuestaria.

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2 días ago

04/11/2026

Redacción Lima Gris

El Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, que preside la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, acordó que la Policía Nacional del Perú (PNP) garantice el traslado inmediato de las personas detenidas en flagrancia hacia las unidades especializadas en esta materia.

Fue durante la tercera sesión de este consejo conformado, además del Poder Judicial y la PNP, por el Ministerio Público y la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

De esta manera se busca asegurar juzgamientos rápidos y oportunos, así como demostrar la efectividad de este modelo que fue creado para hacerle frente a la criminalidad que ataca a nuestro país.

Según cifras del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple), hasta el último 2 de noviembre, de los 167 mil 269 detenidos el presente año, solo 21 mil 502 (12.85%) fueron derivados a las unidades de flagrancia.

En contraste, 145 mil 767 del total de intervenidos por la policía (87.15 %) terminaron en comisarías y fiscalías comunes, derivando su juzgamiento a la vía ordinaria.

Como se sabe, en esta el periodo de investigación oscila entre 180 y 360 días, en tanto que un proceso inmediato por flagrancia la resolución del caso toma de seis a doce días.

«Las unidades de flagrancia han demostrado su efectividad al resolver casos en tan solo dos días, en drástico contraste con los procesos del módulo penal común que pueden llegar a prolongarse por mucho más tiempo”, señaló Tello Gilardi.

Ante esta situación, la Presidenta del Poder Judicial sostuvo, además, que resulta imperativo garantizar la continuidad, articulación y fortalecimiento de este modelo de justicia.

Si bien la cifra del presente año evidencia un incremento en la proporción de detenidos, a diferencia del año 2025, existe un porcentaje considerable de casos que no es canalizado a través de este modelo especializado.

SIGEF en Arequipa

Otro de los puntos alcanzados por el consejo especializado fue el impulsar las coordinaciones interinstitucionales para la implementación del Sistema Interoperable de Gestión de Flagrancia (Sigef) y su puesta en marcha en la Unidad de Flagrancia de Arequipa.

El Sigef es una herramienta tecnológica impulsada por el Poder Judicial para optimizar y articular la labor de las entidades que conforman las unidades de flagrancia delictiva.

Asimismo, este sistema facilitará el intercambio de información y la gestión electrónica de los casos de flagrancia, lo cual fortalece la coordinación y el seguimiento interinstitucional.

En la reunión del consejo también se acordó impulsar de manera conjunta la sustentación de la demanda adicional 2026 ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El principal objetivo radica en que nueve unidades piloto pasen a ser modelo en los distritos judiciales de Lima Centro, Lima Sur, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, Amazonas, San Martín, Puno, Madre de Dios y Loreto.

La reunión, que se realizó en el Salón de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia, contó con la presencia del consejero Carlos Zavaleta Grández, representante alterno del Poder Judicial, ante el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.

Estuvieron presentes, además, el viceministro de Derechos Humanos del Minjusd, Gonzalo Muñoz Hernández; el Crnl. PNP, Carlos Paredes Hernández, así como representantes del Ministerio Público, del Instituto Nacional Penitenciario, del MEF y el Ministerio del Interior.

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Contraloría alerta hacinamiento y falta de médicos en emergencia del INEN: pacientes críticos son atendidos en pasadizos

Un informe de control identificó deficiencias en el servicio de emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, entre ellas la falta de espacio, la salida de tres médicos y la ausencia de 43 dispositivos médicos. La demanda de atención aumentó 47,5 % entre enero y agosto de 2026, mientras que también se detectaron problemas en el manejo de residuos biocontaminados y en la actualización de guías clínicas.

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2 días ago

04/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La atención de pacientes oncológicos en estado crítico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) quedó bajo observación luego de que la Contraloría General de la República identificara condiciones de hacinamiento y limitaciones en el servicio de emergencia. Entre los principales hallazgos figuran pacientes atendidos en sillas de ruedas ubicadas en los pasadizos y en camillas temporales instaladas cerca de los servicios de radioterapia y radiodiagnóstico.

Las observaciones forman parte del Informe de Visita de Control N.° 023-2026-OCI/3757-SCC, correspondiente al periodo del 1 al 12 de octubre de 2026. Según el organismo de control, la concentración de pacientes también obstaculizaba el libre tránsito dentro del establecimiento, lo que podría dificultar el desplazamiento del personal sanitario y de quienes requieren atención.

La Contraloría atribuyó la falta de espacio al incremento de la demanda asistencial y a la carencia de camas en los departamentos de medicina oncológica y cirugía. Esta situación prolonga la permanencia de los pacientes en emergencia más tiempo del necesario y aumenta el riesgo de contaminación cruzada e infecciones intrahospitalarias, especialmente entre personas con defensas debilitadas.

La Contraloría observó la atención de pacientes en sillas de ruedas y camillas temporales ubicadas en los pasadizos del área de emergencia. Foto: Gestión.

Demanda de atención aumentó 47,5 % y salieron tres médicos

Otro de los problemas identificados corresponde a la disponibilidad de especialistas para atender a los pacientes que llegan al servicio de emergencia. De acuerdo con el informe de control, las atenciones pasaron de 2.466 en enero a 3.637 en agosto de 2026, lo que representa un incremento de 1.171 atenciones, equivalente al 47,5 %.

Sin embargo, el crecimiento de la demanda no estuvo acompañado de un aumento en la cantidad de médicos especialistas. Por el contrario, durante ese periodo se registró la salida de tres profesionales, situación que evidencia una brecha en la capacidad de respuesta del servicio frente al número de pacientes que requieren atención. La Contraloría advirtió que la insuficiencia de personal especializado pone en riesgo la calidad y oportunidad de la atención de adultos, niños y adolescentes que ingresan en estado crítico.

Foto: La República.

INEN carece de 43 dispositivos médicos para procedimientos

La inspección también identificó la falta de 43 dispositivos médicos necesarios para realizar procedimientos mínimamente invasivos, entre ellos nefrostomías, drenajes biliares y drenajes percutáneos.

Según lo informado por la Contraloría, ante la ausencia de estos dispositivos, los pacientes y sus familiares deben conseguirlos por cuenta propia para que puedan realizarse los procedimientos, pese a contar con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS).

Esta situación representa una dificultad adicional para las personas que acuden al establecimiento en busca de atención especializada, pues la disponibilidad de los insumos necesarios puede influir en la oportunidad con la que se realizan determinados procedimientos médicos.

Traslado de residuos biocontaminados genera riesgos sanitarios

Entre las observaciones también se encontraron deficiencias en el traslado de residuos sólidos biocontaminados dentro del área de emergencia. La comisión de control detectó que el personal de limpieza transportaba manualmente las bolsas desde el almacenamiento primario hasta el punto de acopio intermedio, utilizando los pasadizos por donde circulan pacientes y trabajadores.

Esta labor se realizaba sin coches de transporte ni tachos con ruedas, elementos contemplados en la normativa para el manejo de este tipo de residuos. De acuerdo con la Contraloría, esta práctica podría generar contaminación cruzada y exponer a riesgos sanitarios tanto a los pacientes como al personal del establecimiento. El hallazgo resulta especialmente relevante debido a que el área de emergencia recibe a personas con enfermedades oncológicas y condiciones de salud que pueden hacerlas más vulnerables frente a infecciones.

Guías clínicas tienen más de diez años sin actualizarse

Otro aspecto observado fue el uso de guías de práctica clínica aprobadas hace más de diez años, sin que hayan sido actualizadas dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.

Estas guías sirven para orientar al personal de salud en la toma de decisiones y en la atención de los pacientes. Según la información difundida sobre el informe de control, deben actualizarse al menos cada tres años y no superar los cinco años sin revisión.

La falta de actualización de estos documentos puede afectar la aplicación de criterios clínicos vigentes y constituye otra de las situaciones que el establecimiento debe atender, de acuerdo con las observaciones comunicadas por el organismo de control.

Contraloría solicita medidas correctivas al INEN

Tras identificar estas deficiencias, la Contraloría informó que los resultados del control fueron comunicados al titular del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para que adopte las medidas correctivas correspondientes y garantice la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes oncológicos en estado crítico.

Los hallazgos comprenden problemas de infraestructura y capacidad asistencial, falta de especialistas y dispositivos médicos, deficiencias en el manejo de residuos y guías clínicas desactualizadas. En conjunto, estas observaciones plantean la necesidad de una respuesta institucional que atienda las limitaciones detectadas en el servicio de emergencia.

De cara a la atención de los pacientes, queda pendiente conocer qué medidas concretas adoptará el INEN, en qué plazos resolverá las deficiencias y cómo garantizará que las personas que acuden a emergencia reciban atención oportuna y en condiciones adecuadas.

¿Dónde está el ministro de Salud de Keiko Fujimori?

Pero la responsabilidad no puede quedarse únicamente en el despacho de la dirección del INEN ni limitarse a recibir un informe de Contraloría y anunciar medidas correctivas. El ministro de Salud, Luis Dyer, tiene que explicar qué está haciendo su sector frente a una realidad en la que pacientes oncológicos en estado crítico terminan siendo atendidos en pasadizos, faltan médicos especialistas y las familias deben conseguir dispositivos médicos que deberían estar disponibles en un establecimiento público especializado. ¿Cuántas alertas más necesita el Ministerio de Salud para intervenir y garantizar condiciones mínimas de atención a quienes luchan contra el cáncer?

El ministro Dyer debe responder públicamente y presentar un plan de acción con presupuesto, responsables y plazos verificables para corregir estas deficiencias. La atención oncológica no puede depender de la capacidad económica de los familiares para conseguir insumos ni de la paciencia de pacientes que esperan atención en condiciones inadecuadas. La Contraloría ya puso los problemas sobre la mesa; ahora corresponde al Ministerio de Salud demostrar que no será otro informe que termine archivado entre la burocracia estatal. La pregunta es directa: ¿qué espera el ministro Dyer para actuar?

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Silvia de la Cruz bajo la lupa: antecedentes fiscales y cuestionamientos bajo su gestión en el Mininter

Una resolución de la Fiscalía de la Nación de 2015 dio por concluido su nombramiento como fiscal provisional debido a investigaciones pendientes en Control Interno. Años después, una sentencia de la Corte Suprema calificó de «acto disfuncional» su intervención en una audiencia fuera de su jurisdicción. Su paso por la Dirección General contra el Crimen Organizado también queda bajo escrutinio por los cuestionamientos relacionados con una publicación institucional y uno de sus investigadores.

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2 días ago

04/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

La lucha contra el crimen organizado no solo exige estrategias eficaces y autoridades capaces de enfrentar a las mafias, sino también funcionarios cuya trayectoria esté libre de cuestionamientos que comprometan la confianza pública. Sin embargo, los documentos a los que accedió Lima Gris ponen bajo escrutinio el recorrido de Silvia Nayda de la Cruz Quintana, quien ocupó cargos de alta responsabilidad en el Ministerio del Interior, pese a registrar antecedentes fiscales y protagonizar episodios que posteriormente fueron examinados por instancias judiciales. Su paso por el sector plantea interrogantes sobre los criterios empleados para seleccionar a quienes tienen a su cargo la seguridad ciudadana y la política contra las organizaciones criminales.

Silvia Nayda de la Cruz Quintana, quien dirigió la Dirección General Contra el Crimen Organizado (DGCO) del Ministerio del Interior entre octubre de 2024 y abril de 2026, tiene antecedentes de su etapa como fiscal registrados en documentos oficiales. En 2015, el Fiscalía de la Nación dio por concluido su nombramiento porque tenía quejas e investigaciones pendientes en Control Interno.

Dejó la DGCO el 30 de abril de 2026 y ese mismo día fue designada directora general de Información para la Seguridad, también en el Ministerio del Interior. Lima Gris accedió a una denuncia que reúne estos cuestionamientos.

Silvia de la Cruz.

Las investigaciones pendientes en el Ministerio Público

El 30 de marzo de 2015, la Fiscalía de la Nación emitió la Resolución N.º 1085-2015-MP-FN y dio por concluido el nombramiento de De la Cruz como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima.

Fuente: Fiscalía de la Nación.

La resolución explica que la Fiscalía Suprema de Control Interno había expedido los récords de quejas y denuncias, y que en ellos constaban investigaciones pendientes. Por eso se concluyó su nombramiento, sin perjuicio del resultado de esos procedimientos.

La audiencia de Ventanilla

El 15 de noviembre de 2018, De la Cruz, entonces fiscal adjunta provincial de Lima Este, llegó a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla e intentó entrar a una audiencia que no correspondía a su jurisdicción. Un fiscal adjunto provincial de Crimen Organizado de Ventanilla informó a Control Interno que ella mostró su credencial del Ministerio Público.

Según los funcionarios que declararon, explicó que fue por pedido de un amigo, fiscal adjunto supremo. Se trataba de Sandro Mario Paredes Quiroz, a quien la Sala Penal Especial de la Corte Suprema procesó por tráfico de influencias simuladas agravado, junto con Dante José Mandriotti Castro, acusado como presunto instigador.

Fuente: Corte Suprema de Justicia.

La Sala los absolvió en la sentencia del 2 de abril de 2025, Resolución N.º 51 del expediente N.º 02-2019-25, porque no consideró probada la acusación fiscal. En su análisis de los hechos examinó la intervención de De la Cruz y la calificó de “acto disfuncional”: viajó desde Lima Este hasta Ventanilla para una audiencia en la que no tenía competencia y en la que, según el tribunal, trató de interceder.

Su paso por la DGCO

El 4 de octubre de 2024, mediante la Resolución Ministerial N.º 1245-2024-IN, De la Cruz fue designada directora general de la DGCO. La resolución se firmó durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro y la incorporó a una dependencia encargada de funciones relacionadas con la política sectorial contra las organizaciones criminales.

Fuente: Ministerio del Interior.

Cuestionamientos por una publicación institucional

La denuncia también apunta a un libro publicado durante la gestión de De la Cruz: Cobro y Silencio: La Dinámica de la Extorsión en el Perú, editado por el Mininter en octubre de 2025. En los créditos figura ella como directora general de la DGCO y, entre los investigadores, Shajian Christian Tiwi Kukush, quien además aparece señalado por la Contraloría General de la República.

El señalamiento consta en el Informe de Control Específico N.º 001-2025-2-2900-SCE, sobre una contratación de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, en Amazonas. En la ficha resumen, Tiwi figura entre los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos, con presunta responsabilidad penal y administrativa, y la Contraloría recomendó iniciar las acciones correspondientes.

Fuente: Contraloría General de la República.

Lo que se examinó fue el alquiler de maquinaria para mejorar un camino vecinal en el distrito de Nieva, por S/ 504 431,69. La Contraloría identificó que faltaba sustento técnico y legal para recurrir a una contratación directa, que no se acreditó la experiencia exigida al proveedor y que no se presentó la garantía de fiel cumplimiento.

Su salida de la dirección

El 30 de abril de 2026, la Resolución N.º 0560-2026-IN aceptó su renuncia a la DGCO. Ese mismo día, la N.º 0559-2026-IN la designó directora general de Información para la Seguridad.

Según la Resolución Directoral N.º 000519-2026-IN-OGRH, del 6 de mayo de 2026, De la Cruz mantenía una plaza CAS a plazo indeterminado en el Mininter, como analista III en Crimen Organizado, y tenía licencia sin goce de remuneraciones mientras desempeñaba un cargo de confianza. Esa misma resolución consigna que a esa fecha no tenía medida cautelar vigente ni procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra.

Lo que revelan estos documentos plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para designar y mantener a Silvia de la Cruz en puestos de responsabilidad dentro del Ministerio del Interior. Su salida de la Dirección General contra el Crimen Organizado no significó su desvinculación del sector: el mismo día fue trasladada a otra dirección general, también de confianza. Una decisión administrativa que merece ser examinada a la luz de sus antecedentes y de los cuestionamientos expuestos.

La conducción de las políticas contra el crimen organizado exige transparencia, idoneidad y rendición de cuentas. Corresponde al ministro del Interior, César Astudillo, explicar qué evaluaciones se realizaron antes de sus designaciones, qué conocimiento tenía de los antecedentes consignados en las resoluciones fiscales y judiciales y qué controles aplicó respecto de la publicación institucional cuestionada. Las respuestas son necesarias para esclarecer las decisiones adoptadas y determinar si se cumplieron los estándares exigibles a quienes ocupan cargos de alta responsabilidad pública. No es posible que lo único organizado en el Perú sea el crimen.

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El Niño Costero amenaza al norte con lluvias extremas y calor de hasta 38 °C: crece la presión sobre el gobierno

Mientras Tumbes se inunda, Lima pasó los 30 °C este lunes 2 de noviembre y la costa sigue bajo alerta roja por calor hasta el miércoles 4.

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2 días ago

04/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Entre el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre llovió en Tumbes con valores que el Senamhi calificó de inéditos. El río superó el umbral de alerta roja, el asentamiento humano Puerto Perú, en Aguas Verdes, quedó completamente inundado y la quebrada Marco Felipe, en Zarumilla, dejó aislados a los vecinos del sector Primero de Agosto.

A la par, la costa vive una alerta roja por calor que rige del 1 al 4 de noviembre. Las dos situaciones tienen el mismo origen: el calentamiento del mar frente a Perú y Ecuador, que el ENFEN mantiene en estado de alerta y que, según sus pronósticos, tiene alta probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria. En ese escenario, la presidenta Keiko Fujimori encabezó una reunión de emergencia en Lima, y el Senamhi anuncia un nuevo pulso de lluvias para los próximos días.

Tumbes y Zarumilla: barrios inundados y quebradas activas

En la ciudad de Tumbes se reportaron acumulaciones de agua en la avenida La Marina, en el cruce con la avenida Tumbes y en la vía Canal, a la altura de la calle Arica. También hubo aniegos en Corrales, el barrio El Pacífico, Pampa Grande y San Juan de la Virgen.

Otro de los puntos reportados fue Puerto Perú, donde un video difundido en Facebook muestra a vecinos en medio del agua, con las calles cubiertas. En la provincia de Zarumilla, el agua también llegó a los asentamientos humanos Los Claveles y Puerto Pizarro, y las quebradas Corralitos y La Capitana bajaron desde las zonas altas hacia sectores poblados. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que la emergencia dejó unas 700 personas afectadas y 150 viviendas inundadas.

En cuanto a los ríos, el Tumbes superó los 1.000 metros cúbicos por segundo en la estación El Tigre y, al momento de la reunión de emergencia, había bajado a unos 800. El Zarumilla, en la frontera con Ecuador, registraba alrededor de 300.

Lluvias extremas en Tumbes.

Lo que anuncian los pronósticos

Según el Senamhi, las lluvias darán un respiro hasta el 4 o 5 de noviembre. Entre el 5 y el 7 llegaría un nuevo pulso sobre Tumbes y Piura. Para esos días, los avisos meteorológicos anuncian lluvias de moderada a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. En algunos sectores de Tumbes podrían caer más de 80 milímetros, y en ciertas localidades de Piura se estiman entre 40 y 60 en determinados periodos.

Hay que recordar que desde fines de octubre el Senamhi ya venía advirtiendo que en algunos puntos de la costa y la sierra de ambas regiones podían caer más de 100 milímetros por episodio.

Calor de alerta roja en la costa

A la par de las lluvias en el norte, el Senamhi emitió una alerta roja por incremento de la temperatura entre el 1 y el 4 de noviembre. En la costa norte las máximas podrían llegar a 38 °C; en la costa central, a 32 °C; en la costa sur, a 30 °C, y en la sierra norte, a 32 °C.

En Lima, por su parte, los termómetros superaron los 30 °C en algunos sectores durante este lunes. El calor prolongado puede provocar deshidratación y estrés térmico entre quienes trabajan al aire libre, y eleva la demanda de agua y electricidad. En las zonas agrícolas aumenta las necesidades de riego y puede alterar el desarrollo de los cultivos.

Ola de calor en Lima.

El Gobierno bajo presión: ¿se está haciendo lo suficiente?

Frente a este panorama, la presidenta Fujimori encabezó este lunes una reunión en el COEN, en Chorrillos. Estuvieron con ella el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro Vinelli, que preside la comisión que coordina las acciones frente a El Niño; la jefa del Senamhi; el jefe del Indeci, general Luis Vásquez Guerrero; y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Un día antes, la mandataria había anunciado que no viajaría a la Cumbre de Jefes de Estado en España para atender la emergencia.

Keiko Fujimori en el COEN.

Durante la reunión, Fujimori destacó el trabajo conjunto entre el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades, y agradeció el apoyo del sector privado y de la Iglesia Católica. Vinelli, por su parte, informó que el Ejército y el Indeci se encargan de llevar la ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Al terminar la reunión, afirmó que el Gobierno y todas las autoridades estarán en plena movilización, junto con los ciudadanos.

Aun así, lo anunciado responde a una emergencia que ya está en marcha. Lo que se hizo antes sigue sin respuesta: no está claro cuánto habían avanzado las obras de protección, la limpieza de cauces y la protección de las riberas cuando cayó la primera lluvia. Tampoco se sabe si las medidas de este lunes alcanzarán para los días de lluvias fuertes que se esperan.

Calles inundadas en Tumbes.

Arroz, papa y economía regional

En el campo, el problema es doble: el agro del norte tiene que aguantar lluvias y calor al mismo tiempo. El agua puede inundar las parcelas, arrastrar la tierra, malograr los caminos rurales y complicar la salida de la cosecha, mientras que el calor hace que los cultivos necesiten más agua y no se desarrollen con normalidad. En Tumbes y Piura, esa mezcla de calor y humedad es terreno fértil para las plagas y enfermedades en los arrozales.

La papa tampoco se libra. El calor le impide formar bien el tubérculo, y si falta humedad en ciertas etapas, el tubérculo no termina de crecer.

El golpe también llega a la economía. Con las carreteras cortadas y los campos dañados, mover la producción sale más caro y los productores y comerciantes ganan menos. En las ciudades, las inundaciones afectan a los negocios y alteran la rutina de la gente.

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Actualidad

Marina de Guerra del Perú proyecta su poder naval con el BAP “PAITA” en operaciones multinacionales de rescate durante SOLIDAREX V 2026

Un artículo de Jorge Linares

Published

3 días ago

03/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Jorge Linares Peña

En el marco del Ejercicio Multinacional SOLIDAREX V 2026, la Marina de Guerra del Perú, bajo la conducción de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, participó con el BAP «PAITA» y el equipo USAR GRAU PER-11 en la ejecución de operaciones multinacionales de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria, desarrolladas en la playa El Murciélago, en Manta, Ecuador. La jornada central contó con la presencia del comandante general de Operaciones del Pacífico, vicealmirante Gian Marco Chiapperini Faverio, quien navegó a bordo del BAP «PAITA» y participó en el desarrollo del ejercicio, destacando el empleo de las capacidades navales peruanas en este importante escenario de cooperación internacional.

Durante la fase de ejecución, el BAP «PAITA» desempeñó un papel fundamental como plataforma naval para la proyección de personal y capacidades de respuesta ante desastres, permitiendo el desembarco del equipo USAR GRAU PER-11 del Perú, una unidad de intervención rápida de la Armada del Ecuador y el equipo USAR de Colombia, con el apoyo de un pelotón de seguridad ecuatoriano encargado de proporcionar seguridad en el área de operaciones. Esta operación estuvo precedida por un ensayo en el que los responsables de los equipos participantes coordinaron y sincronizaron los tiempos de desembarco, establecieron responsabilidades y definieron los procedimientos operacionales. Posteriormente, las fuerzas multinacionales desarrollaron actividades simuladas de búsqueda, rescate, atención de víctimas y asistencia humanitaria ante un escenario de terremoto de gran magnitud, fortaleciendo la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta.

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, reafirma su capacidad de proyectar medios navales y equipos especializados para ejecutar operaciones de asistencia humanitaria más allá de sus fronteras. La participación del BAP “PAITA» y del equipo USAR GRAU PER-11 en SOLIDAREX V 2026 fortalece el alistamiento operacional, la cooperación con las Armadas de la región y la preparación de las fuerzas multinacionales para brindar una respuesta oportuna y eficaz ante desastres naturales, contribuyendo a la protección de la vida humana.

Vicealmirante Chiapperini responde a vínculos de altos oficiales de la Marina con exterrorista de Sendero Luminoso

El pasado 11 de setiembre se publicó en nuestro medio sobre la presencia de un peligroso terrorista de Sendero Luminoso en reuniones institucionales en la ciudad de Iquitos. Consultado al vicealmirante Chiapperini, dijo:

“Sobre el particular, resulta necesario precisar el contexto en el que se produjo la citada fotografía. La actividad correspondió al foro «Conociendo Nuestra Historia» realizado el día 3 de enero del 2025, en el marco de las actividades en conmemoración del 161° aniversario de la ciudad de Iquitos como puerto fluvial sobre el río Amazonas. Mi participación se produjo en atención a una invitación cursada por la Municipalidad Provincial de Maynas con Oficio Múltiple N.º 26-2024-GPE-MPM de fecha 27 de diciembre del 2024.

El evento antes mencionado contó con la exposición de diversos ensayos y estudios sobre la fundación de la ciudad de Iquitos; entre otros por la publicación del libro de la autoría del capitán de Corbeta Franco Piazzini Santillana, quien con el suscrito, participamos del citado evento en representación de la Marina de Guerra del Perú, atendiendo el contexto del acto cultural que se llevó a cabo en dicha fecha.

El referido foro contó, pues, con la participación de autoridades, representantes institucionales, expositores e invitados convocados por la entidad organizadora. La Marina de Guerra del Perú no tuvo participación en la determinación de los asistentes ni en la convocatoria de las personas presentes en el evento, aspectos que correspondieron exclusivamente a la institución organizadora.

En ese sentido, la participación institucional respondió exclusivamente a la invitación recibida y al carácter histórico y cultural de la actividad. Asimismo, debe quedar claramente establecido que la presencia coincidente de diversas personas en una fotografía grupal tomada durante una actividad pública, no constituye, ni puede ser presentada por sí misma como evidencia de una relación personal, coordinación previa o vínculo institucional entre quienes aparecen en ella.

Según lo expuesto, y atendiendo que en su publicación se ha mencionado al suscrito en mi calidad de Comandante General de Operaciones del Pacífico y a la Marina de Guerra del Perú, considero oportuno efectuar esta aclaración, a fin de evitar interpretaciones que pudieran asociar nuestra presencia en dicho acto con personas u organizaciones ideológicas ajenas a la finalidad de la actividad”.

Asimismo, hemos intentado tener una respuesta de la convocatoria cuestionada de un terrorista de Sendero Luminoso a un evento institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas y hasta la fecha no desean abordar el tema porque aducen que pertenece a la anterior gestión cuando fue alcalde el Econ. Vladimir Chong Ríos.

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El negocio del “destrabe”: el golpe de las adendas que amenaza el bolsillo de los peruanos

Mientras el Gobierno promete llevar gas natural al sur y al centro del país, dos adendas contractuales podrían redefinir el mapa energético sin una nueva competencia. Cálidda busca incorporar siete regiones y extender su concesión hasta 2043; TGP plantea un nuevo Ramal Sur y otra década adicional de contrato. La discusión ya no es solo cuánto se invertirá, sino quién pagará la cuenta y quién se beneficiará del “destrabe”.

Published

3 días ago

03/11/2026

Elio León

Bajo el argumento de acelerar las inversiones y saldar una deuda histórica con las regiones, el Gobierno se aproxima a decisiones contractuales que podrían comprometer al Estado peruano durante diez años adicionales. La masificación del gas natural es una necesidad indiscutible, particularmente para las poblaciones del centro y sur del país, que llevan décadas esperando una infraestructura energética que les permita acceder a un recurso que ya beneficia a Lima. Sin embargo, una necesidad pública no puede convertirse en argumento suficiente para modificar contratos de concesión sin explicar sus consecuencias económicas, jurídicas y regulatorias.

El último impulso provino de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), que pidió públicamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a ProInversión priorizar la suscripción de las adendas contractuales pendientes para destrabar inversiones y acelerar la masificación del gas natural. El planteamiento parece razonable en su formulación, pero deja de serlo cuando se examinan las condiciones concretas de las operaciones que se pretende aprobar. La pregunta no es si el país necesita inversiones, sino por qué esas inversiones deben quedar necesariamente en manos de los actuales concesionarios y bajo condiciones que incluyen una década adicional de explotación.

Zorros viejos en un gremio joven

La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) es una organización relativamente reciente, fundada en 2022, pero sus principales dirigentes cuentan con una larga trayectoria empresarial, jurídica y de relación con el Estado. Su presidente es Roque Benavides Ganoza, expresidente de la Confiep y empresario minero, mientras que su vicepresidente y director ejecutivo es César Candela Jara, abogado especializado en infraestructura, asociaciones público-privadas y contratación pública, quien anteriormente integró el Consejo Directivo del entonces Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y asesoró a distintas instancias de la administración pública.

El propio gremio señala en su presentación institucional que tiene como propósito representar y gestionar los intereses de sus asociados, además de fortalecer la articulación entre el sector empresarial y el Estado. No existe irregularidad alguna en que una organización empresarial defienda los intereses de sus integrantes. Sin embargo, resulta indispensable dimensionar el peso que puede adquirir cuando interviene públicamente para impulsar decisiones regulatorias y contractuales de enorme impacto económico. La SNCI ha tomado posición y reclama que las adendas pendientes avancen, precisamente cuando las condiciones de esas modificaciones todavía generan cuestionamientos entre organismos técnicos y representantes políticos.

La deuda histórica de las regiones como argumento de presión

El discurso favorable a las adendas tiene un componente difícil de cuestionar: el centro y sur del país llevan demasiado tiempo esperando gas natural. Las poblaciones de Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y otras regiones han sido testigos de sucesivos anuncios gubernamentales que no consiguieron materializar una solución energética. Esa deuda existe y el Estado tiene la obligación de atenderla. Lo que no corresponde es utilizar ese retraso histórico para presentar como inevitable una determinada fórmula contractual, como si no existieran otras alternativas para ejecutar los proyectos.

En el caso de Cálidda, la modificación permitiría incorporar siete nuevas regiones —Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali— a una concesión originalmente destinada a Lima y Callao, además de extender el plazo contractual por diez años, hasta 2043. En TGP, la Novena Adenda plantea incorporar un nuevo Ramal Sur, con una inversión estimada cercana a los US$2.000 millones, y ampliar por diez años el contrato BOOT, hasta enero de 2044. No estamos ante modificaciones menores, sino ante proyectos de gran dimensión que incorporan nuevos territorios, infraestructura, inversiones y mercados a contratos existentes.

La cuestión central es si la urgencia de llevar gas a las regiones justifica que esas oportunidades sean asignadas directamente a los actuales operadores. La necesidad de infraestructura no elimina la obligación del Estado de evaluar las mejores condiciones económicas y contractuales para el país. Tampoco impide analizar si una nueva convocatoria permitiría obtener propuestas más competitivas. Presentar la discusión como una elección entre firmar las adendas o condenar a las regiones a seguir esperando constituye una simplificación que termina favoreciendo a quienes ya tienen una posición privilegiada en el mercado.

Los antecedentes de los concesionarios también deben evaluarse

La discusión sobre las nuevas concesiones no puede desarrollarse como si los operadores involucrados carecieran de antecedentes. En abril de 2026, Osinergmin concluyó que Transportadora de Gas del Perú (TGP) incumplió obligaciones de sus contratos de concesión durante la crisis producida después de la deflagración registrada en marzo. Según las conclusiones del regulador, entre el 1 y el 13 de marzo la empresa no garantizó el flujo y la presión necesarios para atender los requerimientos máximos diarios. Los informes correspondientes fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas, en su condición de concedente, para que evaluara las consecuencias contractuales.

El episodio se suma a una trayectoria de incidentes, observaciones y actuaciones de supervisión vinculadas al sistema de transporte de gas operado por TGP. La investigación sobre las causas técnicas del evento de marzo de 2026 también continuó durante varios meses, lo que obliga a examinar con especial cuidado cualquier decisión que implique ampliar las responsabilidades y el horizonte contractual de la empresa. La continuidad de un concesionario no debería convertirse en una decisión automática cuando existen antecedentes que merecen una evaluación integral.

Cálidda enfrenta una situación diferente, aunque tampoco está libre de cuestionamientos. Existen procedimientos vinculados al cumplimiento de planes quinquenales anteriores y, durante la evaluación de la propuesta para incorporar las siete regiones, Osinergmin ha formulado observaciones económicas y tarifarias de importancia. Por ello, antes de conceder una década adicional de operación, corresponde que el Estado explique cómo ha evaluado el desempeño de cada empresa, qué obligaciones pendientes existen y cuáles serán las garantías para evitar que los nuevos compromisos terminen perjudicando a los usuarios.

El rechazo desde Cusco y el frente legislativo

La presión para acelerar las adendas tampoco ha encontrado una aceptación unánime. El 13 de octubre, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas realizada en Cusco, legisladores de distintas bancadas exigieron acelerar la masificación del gas natural, pero solicitaron expresamente al Ejecutivo abstenerse de firmar la nueva adenda con Cálidda. La posición resulta relevante porque establece una diferencia que el Gobierno no debería ignorar: respaldar la llegada del gas a las regiones no significa necesariamente respaldar las condiciones contractuales propuestas por el concesionario.

Organizaciones sociales de distintas regiones del sur también han expresado cuestionamientos a las modificaciones planteadas para Cálidda y TGP, mientras mantienen sus demandas para que el Estado concrete la infraestructura energética prometida durante años. El reclamo no consiste en impedir las inversiones, sino en exigir que estas respondan al interés público y no se conviertan en una ampliación de oportunidades para empresas que ya controlan concesiones estratégicas. El debate, por tanto, no es gas sí o gas no. Es cómo llevarlo a las regiones, bajo qué condiciones y con qué garantías para el país.

¿Una adenda puede convertirse en una nueva adjudicación?

Aquí aparece uno de los aspectos jurídicos más delicados de las propuestas. El régimen de asociaciones público-privadas contempla mecanismos para modificar contratos de concesión mediante adendas, siempre que se cumplan las condiciones y evaluaciones establecidas por la normativa. Sin embargo, la existencia de ese mecanismo no significa que cualquier modificación sea admisible ni que pueda utilizarse para incorporar proyectos cuya dimensión y características alteren sustancialmente el objeto económico de una concesión original.

La pregunta que el Estado debe responder es hasta dónde puede modificarse un contrato vigente antes de que la operación termine produciendo los mismos efectos económicos que una nueva adjudicación sin competencia. En Cálidda se pretende incorporar siete regiones que no formaban parte de la concesión original de Lima y Callao. En TGP se plantea construir un nuevo Ramal Sur de gran escala, con una inversión estimada en US$2.000 millones. En ambos casos, los operadores que recibirían esas nuevas oportunidades ya están identificados, mientras que otros posibles interesados no han tenido necesariamente la posibilidad de presentar propuestas alternativas.

Presidenta Keiko Fujimori y el cuestionada ministro de Energía, Guillermo Shinno.

Esto no permite concluir, por sí solo, que las adendas sean ilegales. Para establecerlo habría que examinar el objeto contractual original, la naturaleza de las modificaciones, los informes técnicos, las evaluaciones económicas y las disposiciones aplicables al procedimiento. Pero precisamente por la magnitud de los proyectos, el Gobierno tiene la obligación de explicar por qué considera que las modificaciones propuestas son la mejor alternativa y qué mecanismos ha utilizado para garantizar que el Estado no renuncie innecesariamente a los beneficios de la competencia.

El usuario podría terminar pagando parte de la factura

Otro aspecto que merece una evaluación rigurosa es el origen de los recursos y la forma en que se recuperarán las inversiones. En el proyecto de las siete regiones, el Gobierno plantea utilizar la economía de la concesión de Lima y mecanismos de subsidio para viabilizar la expansión, mientras que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) mantiene un papel importante en el financiamiento de las conexiones domiciliarias. Por tanto, no sería correcto afirmar que toda la expansión será financiada directamente con recursos del FISE. Sin embargo, sí corresponde examinar el impacto económico de los mecanismos propuestos y sus eventuales consecuencias sobre el sistema tarifario.

Osinergmin ha formulado observaciones relevantes sobre la propuesta de Cálidda. Entre ellas, ha cuestionado el tratamiento económico de determinados activos después de 2033 y ha advertido sobre las consecuencias que algunas condiciones contractuales podrían generar en favor del concesionario. También ha observado que las metas mínimas de conexión propuestas resultan reducidas frente al universo potencial de viviendas en determinadas localidades. Estos cuestionamientos no son detalles administrativos: comprometen la evaluación sobre cuánto costará realmente llevar gas a las nuevas regiones y qué obligaciones concretas asumirá la empresa.

En TGP, la propuesta contractual también contempla mecanismos para reconocer inversiones y costos dentro del régimen tarifario. Por eso, el análisis no puede limitarse a repetir las cifras de inversión anunciadas por las compañías. Una inversión de US$600 millones o de US$2.000 millones no significa necesariamente que todo ese monto será asumido a riesgo empresarial. El Estado debe determinar qué parte será financiada directamente por las empresas, qué mecanismos permitirán recuperar los recursos y qué consecuencias podrían recaer sobre los usuarios mediante tarifas, subsidios u otros instrumentos del sistema. El negocio puede resultar atractivo para el sector privado, pero el riesgo no debería trasladarse desproporcionadamente a los consumidores.

Shinno y una decisión que parece adelantarse a las evaluaciones

La actuación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, también merece atención. El 9 de octubre sostuvo que la adenda de Cálidda todavía no era una decisión tomada y reconoció que existían diferencias con Osinergmin y evaluaciones pendientes con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, días después afirmó que el proyecto para incorporar las siete regiones «va a ocurrir de todas maneras», pese a que la evaluación conjunta con el MEF continuaba en trámite. El propio ministro señaló que el procedimiento se encontraba en una segunda evaluación y que posteriormente se establecerían las exigencias que debería cumplir el concesionario.

La contradicción merece una explicación. Una cosa es que el titular del sector garantice políticamente que el gas llegará a las regiones, compromiso que corresponde asumir a cualquier Gobierno. Otra muy distinta es transmitir que una determinada empresa recibirá necesariamente esos territorios cuando las evaluaciones institucionales todavía no han concluido. Si el procedimiento seguía abierto, ¿sobre qué sustento se podía presentar como inevitable una decisión que formalmente permanecía en evaluación?

No corresponde anticipar responsabilidades ni atribuir delitos a partir de declaraciones políticas. Sin embargo, si se acreditara que una decisión favorable a un concesionario fue previamente comprometida, concertada o direccionada al margen de los procedimientos y evaluaciones correspondientes, podrían surgir responsabilidades administrativas y, dependiendo de los hechos y de la intervención de funcionarios y particulares, eventuales responsabilidades penales. Por eso es indispensable conocer las reuniones realizadas, las agendas de los funcionarios, los informes técnicos y económicos, los participantes en las negociaciones y los criterios utilizados para evaluar las alternativas disponibles.

La puerta giratoria y los conflictos de interés

En sectores altamente regulados, como energía e infraestructura, la circulación de ejecutivos, abogados, consultores y funcionarios entre empresas privadas, gremios y entidades estatales constituye un riesgo permanente de conflictos de interés. La denominada «silla giratoria» adquiere especial relevancia cuando quienes participan en la regulación, negociación o evaluación de contratos han trabajado anteriormente para empresas del mismo sector, mantienen relaciones profesionales con ellas o podrían incorporarse posteriormente a sus estructuras privadas.

Esa trayectoria profesional no convierte automáticamente una decisión en irregular. Sin embargo, cuando se discuten concesiones estratégicas, inversiones multimillonarias y extensiones contractuales por diez años, el Estado tiene la obligación de despejar cualquier duda sobre la imparcialidad de sus decisiones. Corresponde transparentar quiénes han participado en las negociaciones, cuáles son sus antecedentes profesionales, qué reuniones mantuvieron con Cálidda, TGP y los gremios empresariales, y si existieron circunstancias que exigieran declarar un conflicto de interés o abstenerse de intervenir.

Si aparecieran vínculos relevantes omitidos, intereses particulares no declarados o decisiones adoptadas para favorecer indebidamente a determinados operadores, el problema dejaría de ser exclusivamente una controversia sobre política energética. Podría ingresar al terreno de las responsabilidades administrativas y, si se acreditaran los elementos exigidos por la ley, también al ámbito penal. La puerta giratoria no se demuestra mediante sospechas, pero tampoco puede descartarse sin transparencia sobre las relaciones y actuaciones de quienes toman las decisiones.

La SNCI y sus intereses en el mercado arbitral

Hay otro elemento que merece incorporarse al análisis de la actuación de la SNCI. El gremio cuenta con su propio centro de arbitraje y resolución de controversias, denominado Resolutio-SNCI. César Candela ejerce la presidencia de esa institución y Roque Benavides encabeza su Consejo Superior de Solución de Controversias, según la estructura institucional difundida por el propio centro.

Roque Benavides y César Candela.

Al mismo tiempo, Candela ha cuestionado públicamente determinadas restricciones impuestas a las instituciones arbitrales bajo la Ley General de Contrataciones Públicas. La Ley N.° 32069 establece, como regla general, requisitos de experiencia para las instituciones que administran determinadas controversias en contratación pública, aunque contempla un régimen diferenciado para las instituciones de reciente constitución. Su reglamento establece condiciones específicas para su incorporación y funcionamiento durante los primeros años.

Resolutio-SNCI puede desarrollar sus actividades dentro del marco permitido por la legislación. El cuestionamiento no consiste en afirmar que su existencia sea irregular, sino en advertir que la organización empresarial que reclama modificaciones o flexibilizaciones de determinadas reglas del sistema arbitral administra simultáneamente una institución que participa en ese mismo mercado. Se trata de un interés institucional concreto que merece ser conocido por la opinión pública cuando la SNCI interviene en debates regulatorios.

La posición del gremio puede ser legítima y sus argumentos deben ser evaluados por su contenido. Sin embargo, la transparencia exige que también se conozcan los intereses institucionales que podrían estar relacionados con sus pronunciamientos. Un gremio empresarial no tiene obligación de ser neutral, pero sí debe permitir que la ciudadanía conozca desde qué posición interviene cuando reclama cambios que pueden beneficiar directa o indirectamente a entidades vinculadas con su propia estructura.

El destrabe no puede convertirse en una patente de corso

La masificación del gas natural es una deuda que el Estado debe saldar con el centro y sur del país. No existe justificación para prolongar indefinidamente la ausencia de infraestructura energética en regiones que llevan años esperando una solución. Pero tampoco existe justificación para convertir esa necesidad en una autorización automática para modificar contratos, incorporar nuevos proyectos y extender concesiones sin demostrar que las condiciones propuestas representan la mejor alternativa para el interés público.

Cálidda busca incorporar siete nuevas regiones y ampliar su concesión hasta 2043. TGP propone construir un Ramal Sur de aproximadamente US$2.000 millones y extender su contrato hasta enero de 2044. Ambas operaciones comprometen decisiones de largo plazo y pueden tener consecuencias económicas que alcancen a los usuarios y al propio Estado. Mientras tanto, los reguladores mantienen observaciones que deben ser atendidas y las evaluaciones institucionales tienen que concluir antes de cualquier decisión definitiva.

El Gobierno debe explicar por qué estos proyectos tienen que quedar en manos de los actuales concesionarios, cuánto representan económicamente diez años adicionales de contrato, qué proporción de las inversiones será asumida a riesgo empresarial y qué beneficios podría obtener el país si se evaluaran otras alternativas. También debe demostrar que las condiciones propuestas garantizan tarifas razonables, metas verificables de cobertura y mecanismos efectivos de supervisión.

La deuda histórica de las regiones no puede convertirse en una herramienta de presión para cerrar un debate que compromete recursos y oportunidades durante una década. El país necesita gas, necesita inversiones y necesita empresas dispuestas a asumir riesgos. Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de negociar en defensa del interés público y no de los intereses particulares de quienes aspiran a conservar o ampliar sus negocios.

Porque una cosa es destrabar inversiones para llevar gas a los peruanos y otra, muy distinta, es destrabar contratos para que los mismos operadores sigan haciendo negocios durante diez años más.

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