Contraloría alerta hacinamiento y falta de médicos en emergencia del INEN: pacientes críticos son atendidos en pasadizos

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Un informe de control identificó deficiencias en el servicio de emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, entre ellas la falta de espacio, la salida de tres médicos y la ausencia de 43 dispositivos médicos. La demanda de atención aumentó 47,5 % entre enero y agosto de 2026, mientras que también se detectaron problemas en el manejo de residuos biocontaminados y en la actualización de guías clínicas.

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21 segundos ago

04/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La atención de pacientes oncológicos en estado crítico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) quedó bajo observación luego de que la Contraloría General de la República identificara condiciones de hacinamiento y limitaciones en el servicio de emergencia. Entre los principales hallazgos figuran pacientes atendidos en sillas de ruedas ubicadas en los pasadizos y en camillas temporales instaladas cerca de los servicios de radioterapia y radiodiagnóstico.

Las observaciones forman parte del Informe de Visita de Control N.° 023-2026-OCI/3757-SCC, correspondiente al periodo del 1 al 12 de octubre de 2026. Según el organismo de control, la concentración de pacientes también obstaculizaba el libre tránsito dentro del establecimiento, lo que podría dificultar el desplazamiento del personal sanitario y de quienes requieren atención.

La Contraloría atribuyó la falta de espacio al incremento de la demanda asistencial y a la carencia de camas en los departamentos de medicina oncológica y cirugía. Esta situación prolonga la permanencia de los pacientes en emergencia más tiempo del necesario y aumenta el riesgo de contaminación cruzada e infecciones intrahospitalarias, especialmente entre personas con defensas debilitadas.

La Contraloría observó la atención de pacientes en sillas de ruedas y camillas temporales ubicadas en los pasadizos del área de emergencia. Foto: Gestión.

Demanda de atención aumentó 47,5 % y salieron tres médicos

Otro de los problemas identificados corresponde a la disponibilidad de especialistas para atender a los pacientes que llegan al servicio de emergencia. De acuerdo con el informe de control, las atenciones pasaron de 2.466 en enero a 3.637 en agosto de 2026, lo que representa un incremento de 1.171 atenciones, equivalente al 47,5 %.

Sin embargo, el crecimiento de la demanda no estuvo acompañado de un aumento en la cantidad de médicos especialistas. Por el contrario, durante ese periodo se registró la salida de tres profesionales, situación que evidencia una brecha en la capacidad de respuesta del servicio frente al número de pacientes que requieren atención. La Contraloría advirtió que la insuficiencia de personal especializado pone en riesgo la calidad y oportunidad de la atención de adultos, niños y adolescentes que ingresan en estado crítico.

Foto: La República.

INEN carece de 43 dispositivos médicos para procedimientos

La inspección también identificó la falta de 43 dispositivos médicos necesarios para realizar procedimientos mínimamente invasivos, entre ellos nefrostomías, drenajes biliares y drenajes percutáneos.

Según lo informado por la Contraloría, ante la ausencia de estos dispositivos, los pacientes y sus familiares deben conseguirlos por cuenta propia para que puedan realizarse los procedimientos, pese a contar con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS).

Esta situación representa una dificultad adicional para las personas que acuden al establecimiento en busca de atención especializada, pues la disponibilidad de los insumos necesarios puede influir en la oportunidad con la que se realizan determinados procedimientos médicos.

Traslado de residuos biocontaminados genera riesgos sanitarios

Entre las observaciones también se encontraron deficiencias en el traslado de residuos sólidos biocontaminados dentro del área de emergencia. La comisión de control detectó que el personal de limpieza transportaba manualmente las bolsas desde el almacenamiento primario hasta el punto de acopio intermedio, utilizando los pasadizos por donde circulan pacientes y trabajadores.

Esta labor se realizaba sin coches de transporte ni tachos con ruedas, elementos contemplados en la normativa para el manejo de este tipo de residuos. De acuerdo con la Contraloría, esta práctica podría generar contaminación cruzada y exponer a riesgos sanitarios tanto a los pacientes como al personal del establecimiento. El hallazgo resulta especialmente relevante debido a que el área de emergencia recibe a personas con enfermedades oncológicas y condiciones de salud que pueden hacerlas más vulnerables frente a infecciones.

Guías clínicas tienen más de diez años sin actualizarse

Otro aspecto observado fue el uso de guías de práctica clínica aprobadas hace más de diez años, sin que hayan sido actualizadas dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.

Estas guías sirven para orientar al personal de salud en la toma de decisiones y en la atención de los pacientes. Según la información difundida sobre el informe de control, deben actualizarse al menos cada tres años y no superar los cinco años sin revisión.

La falta de actualización de estos documentos puede afectar la aplicación de criterios clínicos vigentes y constituye otra de las situaciones que el establecimiento debe atender, de acuerdo con las observaciones comunicadas por el organismo de control.

Contraloría solicita medidas correctivas al INEN

Tras identificar estas deficiencias, la Contraloría informó que los resultados del control fueron comunicados al titular del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para que adopte las medidas correctivas correspondientes y garantice la calidad y oportunidad de la atención de los pacientes oncológicos en estado crítico.

Los hallazgos comprenden problemas de infraestructura y capacidad asistencial, falta de especialistas y dispositivos médicos, deficiencias en el manejo de residuos y guías clínicas desactualizadas. En conjunto, estas observaciones plantean la necesidad de una respuesta institucional que atienda las limitaciones detectadas en el servicio de emergencia.

De cara a la atención de los pacientes, queda pendiente conocer qué medidas concretas adoptará el INEN, en qué plazos resolverá las deficiencias y cómo garantizará que las personas que acuden a emergencia reciban atención oportuna y en condiciones adecuadas.

¿Dónde está el ministro de Salud de Keiko Fujimori?

Pero la responsabilidad no puede quedarse únicamente en el despacho de la dirección del INEN ni limitarse a recibir un informe de Contraloría y anunciar medidas correctivas. El ministro de Salud, Luis Dyer, tiene que explicar qué está haciendo su sector frente a una realidad en la que pacientes oncológicos en estado crítico terminan siendo atendidos en pasadizos, faltan médicos especialistas y las familias deben conseguir dispositivos médicos que deberían estar disponibles en un establecimiento público especializado. ¿Cuántas alertas más necesita el Ministerio de Salud para intervenir y garantizar condiciones mínimas de atención a quienes luchan contra el cáncer?

El ministro Dyer debe responder públicamente y presentar un plan de acción con presupuesto, responsables y plazos verificables para corregir estas deficiencias. La atención oncológica no puede depender de la capacidad económica de los familiares para conseguir insumos ni de la paciencia de pacientes que esperan atención en condiciones inadecuadas. La Contraloría ya puso los problemas sobre la mesa; ahora corresponde al Ministerio de Salud demostrar que no será otro informe que termine archivado entre la burocracia estatal. La pregunta es directa: ¿qué espera el ministro Dyer para actuar?

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Silvia de la Cruz bajo la lupa: antecedentes fiscales y cuestionamientos bajo su gestión en el Mininter

Redacción Lima Gris

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Silvia de la Cruz bajo la lupa: antecedentes fiscales y cuestionamientos bajo su gestión en el Mininter

Una resolución de la Fiscalía de la Nación de 2015 dio por concluido su nombramiento como fiscal provisional debido a investigaciones pendientes en Control Interno. Años después, una sentencia de la Corte Suprema calificó de «acto disfuncional» su intervención en una audiencia fuera de su jurisdicción. Su paso por la Dirección General contra el Crimen Organizado también queda bajo escrutinio por los cuestionamientos relacionados con una publicación institucional y uno de sus investigadores.

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47 minutos ago

04/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

La lucha contra el crimen organizado no solo exige estrategias eficaces y autoridades capaces de enfrentar a las mafias, sino también funcionarios cuya trayectoria esté libre de cuestionamientos que comprometan la confianza pública. Sin embargo, los documentos a los que accedió Lima Gris ponen bajo escrutinio el recorrido de Silvia Nayda de la Cruz Quintana, quien ocupó cargos de alta responsabilidad en el Ministerio del Interior, pese a registrar antecedentes fiscales y protagonizar episodios que posteriormente fueron examinados por instancias judiciales. Su paso por el sector plantea interrogantes sobre los criterios empleados para seleccionar a quienes tienen a su cargo la seguridad ciudadana y la política contra las organizaciones criminales.

Silvia Nayda de la Cruz Quintana, quien dirigió la Dirección General Contra el Crimen Organizado (DGCO) del Ministerio del Interior entre octubre de 2024 y abril de 2026, tiene antecedentes de su etapa como fiscal registrados en documentos oficiales. En 2015, el Fiscalía de la Nación dio por concluido su nombramiento porque tenía quejas e investigaciones pendientes en Control Interno.

Dejó la DGCO el 30 de abril de 2026 y ese mismo día fue designada directora general de Información para la Seguridad, también en el Ministerio del Interior. Lima Gris accedió a una denuncia que reúne estos cuestionamientos.

Silvia de la Cruz.

Las investigaciones pendientes en el Ministerio Público

El 30 de marzo de 2015, la Fiscalía de la Nación emitió la Resolución N.º 1085-2015-MP-FN y dio por concluido el nombramiento de De la Cruz como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima.

Fuente: Fiscalía de la Nación.

La resolución explica que la Fiscalía Suprema de Control Interno había expedido los récords de quejas y denuncias, y que en ellos constaban investigaciones pendientes. Por eso se concluyó su nombramiento, sin perjuicio del resultado de esos procedimientos.

La audiencia de Ventanilla

El 15 de noviembre de 2018, De la Cruz, entonces fiscal adjunta provincial de Lima Este, llegó a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla e intentó entrar a una audiencia que no correspondía a su jurisdicción. Un fiscal adjunto provincial de Crimen Organizado de Ventanilla informó a Control Interno que ella mostró su credencial del Ministerio Público.

Según los funcionarios que declararon, explicó que fue por pedido de un amigo, fiscal adjunto supremo. Se trataba de Sandro Mario Paredes Quiroz, a quien la Sala Penal Especial de la Corte Suprema procesó por tráfico de influencias simuladas agravado, junto con Dante José Mandriotti Castro, acusado como presunto instigador.

Fuente: Corte Suprema de Justicia.

La Sala los absolvió en la sentencia del 2 de abril de 2025, Resolución N.º 51 del expediente N.º 02-2019-25, porque no consideró probada la acusación fiscal. En su análisis de los hechos examinó la intervención de De la Cruz y la calificó de “acto disfuncional”: viajó desde Lima Este hasta Ventanilla para una audiencia en la que no tenía competencia y en la que, según el tribunal, trató de interceder.

Su paso por la DGCO

El 4 de octubre de 2024, mediante la Resolución Ministerial N.º 1245-2024-IN, De la Cruz fue designada directora general de la DGCO. La resolución se firmó durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro y la incorporó a una dependencia encargada de funciones relacionadas con la política sectorial contra las organizaciones criminales.

Fuente: Ministerio del Interior.

Cuestionamientos por una publicación institucional

La denuncia también apunta a un libro publicado durante la gestión de De la Cruz: Cobro y Silencio: La Dinámica de la Extorsión en el Perú, editado por el Mininter en octubre de 2025. En los créditos figura ella como directora general de la DGCO y, entre los investigadores, Shajian Christian Tiwi Kukush, quien además aparece señalado por la Contraloría General de la República.

El señalamiento consta en el Informe de Control Específico N.º 001-2025-2-2900-SCE, sobre una contratación de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, en Amazonas. En la ficha resumen, Tiwi figura entre los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos, con presunta responsabilidad penal y administrativa, y la Contraloría recomendó iniciar las acciones correspondientes.

Fuente: Contraloría General de la República.

Lo que se examinó fue el alquiler de maquinaria para mejorar un camino vecinal en el distrito de Nieva, por S/ 504 431,69. La Contraloría identificó que faltaba sustento técnico y legal para recurrir a una contratación directa, que no se acreditó la experiencia exigida al proveedor y que no se presentó la garantía de fiel cumplimiento.

Su salida de la dirección

El 30 de abril de 2026, la Resolución N.º 0560-2026-IN aceptó su renuncia a la DGCO. Ese mismo día, la N.º 0559-2026-IN la designó directora general de Información para la Seguridad.

Según la Resolución Directoral N.º 000519-2026-IN-OGRH, del 6 de mayo de 2026, De la Cruz mantenía una plaza CAS a plazo indeterminado en el Mininter, como analista III en Crimen Organizado, y tenía licencia sin goce de remuneraciones mientras desempeñaba un cargo de confianza. Esa misma resolución consigna que a esa fecha no tenía medida cautelar vigente ni procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra.

Lo que revelan estos documentos plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para designar y mantener a Silvia de la Cruz en puestos de responsabilidad dentro del Ministerio del Interior. Su salida de la Dirección General contra el Crimen Organizado no significó su desvinculación del sector: el mismo día fue trasladada a otra dirección general, también de confianza. Una decisión administrativa que merece ser examinada a la luz de sus antecedentes y de los cuestionamientos expuestos.

La conducción de las políticas contra el crimen organizado exige transparencia, idoneidad y rendición de cuentas. Corresponde al ministro del Interior, César Astudillo, explicar qué evaluaciones se realizaron antes de sus designaciones, qué conocimiento tenía de los antecedentes consignados en las resoluciones fiscales y judiciales y qué controles aplicó respecto de la publicación institucional cuestionada. Las respuestas son necesarias para esclarecer las decisiones adoptadas y determinar si se cumplieron los estándares exigibles a quienes ocupan cargos de alta responsabilidad pública. No es posible que lo único organizado en el Perú sea el crimen.

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El Niño Costero amenaza al norte con lluvias extremas y calor de hasta 38 °C: crece la presión sobre el gobierno

Mientras Tumbes se inunda, Lima pasó los 30 °C este lunes 2 de noviembre y la costa sigue bajo alerta roja por calor hasta el miércoles 4.

Published

2 horas ago

04/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Entre el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre llovió en Tumbes con valores que el Senamhi calificó de inéditos. El río superó el umbral de alerta roja, el asentamiento humano Puerto Perú, en Aguas Verdes, quedó completamente inundado y la quebrada Marco Felipe, en Zarumilla, dejó aislados a los vecinos del sector Primero de Agosto.

A la par, la costa vive una alerta roja por calor que rige del 1 al 4 de noviembre. Las dos situaciones tienen el mismo origen: el calentamiento del mar frente a Perú y Ecuador, que el ENFEN mantiene en estado de alerta y que, según sus pronósticos, tiene alta probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria. En ese escenario, la presidenta Keiko Fujimori encabezó una reunión de emergencia en Lima, y el Senamhi anuncia un nuevo pulso de lluvias para los próximos días.

Tumbes y Zarumilla: barrios inundados y quebradas activas

En la ciudad de Tumbes se reportaron acumulaciones de agua en la avenida La Marina, en el cruce con la avenida Tumbes y en la vía Canal, a la altura de la calle Arica. También hubo aniegos en Corrales, el barrio El Pacífico, Pampa Grande y San Juan de la Virgen.

Otro de los puntos reportados fue Puerto Perú, donde un video difundido en Facebook muestra a vecinos en medio del agua, con las calles cubiertas. En la provincia de Zarumilla, el agua también llegó a los asentamientos humanos Los Claveles y Puerto Pizarro, y las quebradas Corralitos y La Capitana bajaron desde las zonas altas hacia sectores poblados. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que la emergencia dejó unas 700 personas afectadas y 150 viviendas inundadas.

En cuanto a los ríos, el Tumbes superó los 1.000 metros cúbicos por segundo en la estación El Tigre y, al momento de la reunión de emergencia, había bajado a unos 800. El Zarumilla, en la frontera con Ecuador, registraba alrededor de 300.

Lluvias extremas en Tumbes.

Lo que anuncian los pronósticos

Según el Senamhi, las lluvias darán un respiro hasta el 4 o 5 de noviembre. Entre el 5 y el 7 llegaría un nuevo pulso sobre Tumbes y Piura. Para esos días, los avisos meteorológicos anuncian lluvias de moderada a extrema intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. En algunos sectores de Tumbes podrían caer más de 80 milímetros, y en ciertas localidades de Piura se estiman entre 40 y 60 en determinados periodos.

Hay que recordar que desde fines de octubre el Senamhi ya venía advirtiendo que en algunos puntos de la costa y la sierra de ambas regiones podían caer más de 100 milímetros por episodio.

Calor de alerta roja en la costa

A la par de las lluvias en el norte, el Senamhi emitió una alerta roja por incremento de la temperatura entre el 1 y el 4 de noviembre. En la costa norte las máximas podrían llegar a 38 °C; en la costa central, a 32 °C; en la costa sur, a 30 °C, y en la sierra norte, a 32 °C.

En Lima, por su parte, los termómetros superaron los 30 °C en algunos sectores durante este lunes. El calor prolongado puede provocar deshidratación y estrés térmico entre quienes trabajan al aire libre, y eleva la demanda de agua y electricidad. En las zonas agrícolas aumenta las necesidades de riego y puede alterar el desarrollo de los cultivos.

Ola de calor en Lima.

El Gobierno bajo presión: ¿se está haciendo lo suficiente?

Frente a este panorama, la presidenta Fujimori encabezó este lunes una reunión en el COEN, en Chorrillos. Estuvieron con ella el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro Vinelli, que preside la comisión que coordina las acciones frente a El Niño; la jefa del Senamhi; el jefe del Indeci, general Luis Vásquez Guerrero; y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Un día antes, la mandataria había anunciado que no viajaría a la Cumbre de Jefes de Estado en España para atender la emergencia.

Keiko Fujimori en el COEN.

Durante la reunión, Fujimori destacó el trabajo conjunto entre el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades, y agradeció el apoyo del sector privado y de la Iglesia Católica. Vinelli, por su parte, informó que el Ejército y el Indeci se encargan de llevar la ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Al terminar la reunión, afirmó que el Gobierno y todas las autoridades estarán en plena movilización, junto con los ciudadanos.

Aun así, lo anunciado responde a una emergencia que ya está en marcha. Lo que se hizo antes sigue sin respuesta: no está claro cuánto habían avanzado las obras de protección, la limpieza de cauces y la protección de las riberas cuando cayó la primera lluvia. Tampoco se sabe si las medidas de este lunes alcanzarán para los días de lluvias fuertes que se esperan.

Calles inundadas en Tumbes.

Arroz, papa y economía regional

En el campo, el problema es doble: el agro del norte tiene que aguantar lluvias y calor al mismo tiempo. El agua puede inundar las parcelas, arrastrar la tierra, malograr los caminos rurales y complicar la salida de la cosecha, mientras que el calor hace que los cultivos necesiten más agua y no se desarrollen con normalidad. En Tumbes y Piura, esa mezcla de calor y humedad es terreno fértil para las plagas y enfermedades en los arrozales.

La papa tampoco se libra. El calor le impide formar bien el tubérculo, y si falta humedad en ciertas etapas, el tubérculo no termina de crecer.

El golpe también llega a la economía. Con las carreteras cortadas y los campos dañados, mover la producción sale más caro y los productores y comerciantes ganan menos. En las ciudades, las inundaciones afectan a los negocios y alteran la rutina de la gente.

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Marina de Guerra del Perú proyecta su poder naval con el BAP “PAITA” en operaciones multinacionales de rescate durante SOLIDAREX V 2026

Un artículo de Jorge Linares

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13 horas ago

03/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Jorge Linares Peña

En el marco del Ejercicio Multinacional SOLIDAREX V 2026, la Marina de Guerra del Perú, bajo la conducción de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, participó con el BAP «PAITA» y el equipo USAR GRAU PER-11 en la ejecución de operaciones multinacionales de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria, desarrolladas en la playa El Murciélago, en Manta, Ecuador. La jornada central contó con la presencia del comandante general de Operaciones del Pacífico, vicealmirante Gian Marco Chiapperini Faverio, quien navegó a bordo del BAP «PAITA» y participó en el desarrollo del ejercicio, destacando el empleo de las capacidades navales peruanas en este importante escenario de cooperación internacional.

Durante la fase de ejecución, el BAP «PAITA» desempeñó un papel fundamental como plataforma naval para la proyección de personal y capacidades de respuesta ante desastres, permitiendo el desembarco del equipo USAR GRAU PER-11 del Perú, una unidad de intervención rápida de la Armada del Ecuador y el equipo USAR de Colombia, con el apoyo de un pelotón de seguridad ecuatoriano encargado de proporcionar seguridad en el área de operaciones. Esta operación estuvo precedida por un ensayo en el que los responsables de los equipos participantes coordinaron y sincronizaron los tiempos de desembarco, establecieron responsabilidades y definieron los procedimientos operacionales. Posteriormente, las fuerzas multinacionales desarrollaron actividades simuladas de búsqueda, rescate, atención de víctimas y asistencia humanitaria ante un escenario de terremoto de gran magnitud, fortaleciendo la interoperabilidad y la capacidad de respuesta conjunta.

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, reafirma su capacidad de proyectar medios navales y equipos especializados para ejecutar operaciones de asistencia humanitaria más allá de sus fronteras. La participación del BAP “PAITA» y del equipo USAR GRAU PER-11 en SOLIDAREX V 2026 fortalece el alistamiento operacional, la cooperación con las Armadas de la región y la preparación de las fuerzas multinacionales para brindar una respuesta oportuna y eficaz ante desastres naturales, contribuyendo a la protección de la vida humana.

Vicealmirante Chiapperini responde a vínculos de altos oficiales de la Marina con exterrorista de Sendero Luminoso

El pasado 11 de setiembre se publicó en nuestro medio sobre la presencia de un peligroso terrorista de Sendero Luminoso en reuniones institucionales en la ciudad de Iquitos. Consultado al vicealmirante Chiapperini, dijo:

“Sobre el particular, resulta necesario precisar el contexto en el que se produjo la citada fotografía. La actividad correspondió al foro «Conociendo Nuestra Historia» realizado el día 3 de enero del 2025, en el marco de las actividades en conmemoración del 161° aniversario de la ciudad de Iquitos como puerto fluvial sobre el río Amazonas. Mi participación se produjo en atención a una invitación cursada por la Municipalidad Provincial de Maynas con Oficio Múltiple N.º 26-2024-GPE-MPM de fecha 27 de diciembre del 2024.

El evento antes mencionado contó con la exposición de diversos ensayos y estudios sobre la fundación de la ciudad de Iquitos; entre otros por la publicación del libro de la autoría del capitán de Corbeta Franco Piazzini Santillana, quien con el suscrito, participamos del citado evento en representación de la Marina de Guerra del Perú, atendiendo el contexto del acto cultural que se llevó a cabo en dicha fecha.

El referido foro contó, pues, con la participación de autoridades, representantes institucionales, expositores e invitados convocados por la entidad organizadora. La Marina de Guerra del Perú no tuvo participación en la determinación de los asistentes ni en la convocatoria de las personas presentes en el evento, aspectos que correspondieron exclusivamente a la institución organizadora.

En ese sentido, la participación institucional respondió exclusivamente a la invitación recibida y al carácter histórico y cultural de la actividad. Asimismo, debe quedar claramente establecido que la presencia coincidente de diversas personas en una fotografía grupal tomada durante una actividad pública, no constituye, ni puede ser presentada por sí misma como evidencia de una relación personal, coordinación previa o vínculo institucional entre quienes aparecen en ella.

Según lo expuesto, y atendiendo que en su publicación se ha mencionado al suscrito en mi calidad de Comandante General de Operaciones del Pacífico y a la Marina de Guerra del Perú, considero oportuno efectuar esta aclaración, a fin de evitar interpretaciones que pudieran asociar nuestra presencia en dicho acto con personas u organizaciones ideológicas ajenas a la finalidad de la actividad”.

Asimismo, hemos intentado tener una respuesta de la convocatoria cuestionada de un terrorista de Sendero Luminoso a un evento institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas y hasta la fecha no desean abordar el tema porque aducen que pertenece a la anterior gestión cuando fue alcalde el Econ. Vladimir Chong Ríos.

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El negocio del “destrabe”: el golpe de las adendas que amenaza el bolsillo de los peruanos

Mientras el Gobierno promete llevar gas natural al sur y al centro del país, dos adendas contractuales podrían redefinir el mapa energético sin una nueva competencia. Cálidda busca incorporar siete regiones y extender su concesión hasta 2043; TGP plantea un nuevo Ramal Sur y otra década adicional de contrato. La discusión ya no es solo cuánto se invertirá, sino quién pagará la cuenta y quién se beneficiará del “destrabe”.

Published

1 día ago

03/11/2026

Elio León

Bajo el argumento de acelerar las inversiones y saldar una deuda histórica con las regiones, el Gobierno se aproxima a decisiones contractuales que podrían comprometer al Estado peruano durante diez años adicionales. La masificación del gas natural es una necesidad indiscutible, particularmente para las poblaciones del centro y sur del país, que llevan décadas esperando una infraestructura energética que les permita acceder a un recurso que ya beneficia a Lima. Sin embargo, una necesidad pública no puede convertirse en argumento suficiente para modificar contratos de concesión sin explicar sus consecuencias económicas, jurídicas y regulatorias.

El último impulso provino de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), que pidió públicamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a ProInversión priorizar la suscripción de las adendas contractuales pendientes para destrabar inversiones y acelerar la masificación del gas natural. El planteamiento parece razonable en su formulación, pero deja de serlo cuando se examinan las condiciones concretas de las operaciones que se pretende aprobar. La pregunta no es si el país necesita inversiones, sino por qué esas inversiones deben quedar necesariamente en manos de los actuales concesionarios y bajo condiciones que incluyen una década adicional de explotación.

Zorros viejos en un gremio joven

La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) es una organización relativamente reciente, fundada en 2022, pero sus principales dirigentes cuentan con una larga trayectoria empresarial, jurídica y de relación con el Estado. Su presidente es Roque Benavides Ganoza, expresidente de la Confiep y empresario minero, mientras que su vicepresidente y director ejecutivo es César Candela Jara, abogado especializado en infraestructura, asociaciones público-privadas y contratación pública, quien anteriormente integró el Consejo Directivo del entonces Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y asesoró a distintas instancias de la administración pública.

El propio gremio señala en su presentación institucional que tiene como propósito representar y gestionar los intereses de sus asociados, además de fortalecer la articulación entre el sector empresarial y el Estado. No existe irregularidad alguna en que una organización empresarial defienda los intereses de sus integrantes. Sin embargo, resulta indispensable dimensionar el peso que puede adquirir cuando interviene públicamente para impulsar decisiones regulatorias y contractuales de enorme impacto económico. La SNCI ha tomado posición y reclama que las adendas pendientes avancen, precisamente cuando las condiciones de esas modificaciones todavía generan cuestionamientos entre organismos técnicos y representantes políticos.

La deuda histórica de las regiones como argumento de presión

El discurso favorable a las adendas tiene un componente difícil de cuestionar: el centro y sur del país llevan demasiado tiempo esperando gas natural. Las poblaciones de Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y otras regiones han sido testigos de sucesivos anuncios gubernamentales que no consiguieron materializar una solución energética. Esa deuda existe y el Estado tiene la obligación de atenderla. Lo que no corresponde es utilizar ese retraso histórico para presentar como inevitable una determinada fórmula contractual, como si no existieran otras alternativas para ejecutar los proyectos.

En el caso de Cálidda, la modificación permitiría incorporar siete nuevas regiones —Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali— a una concesión originalmente destinada a Lima y Callao, además de extender el plazo contractual por diez años, hasta 2043. En TGP, la Novena Adenda plantea incorporar un nuevo Ramal Sur, con una inversión estimada cercana a los US$2.000 millones, y ampliar por diez años el contrato BOOT, hasta enero de 2044. No estamos ante modificaciones menores, sino ante proyectos de gran dimensión que incorporan nuevos territorios, infraestructura, inversiones y mercados a contratos existentes.

La cuestión central es si la urgencia de llevar gas a las regiones justifica que esas oportunidades sean asignadas directamente a los actuales operadores. La necesidad de infraestructura no elimina la obligación del Estado de evaluar las mejores condiciones económicas y contractuales para el país. Tampoco impide analizar si una nueva convocatoria permitiría obtener propuestas más competitivas. Presentar la discusión como una elección entre firmar las adendas o condenar a las regiones a seguir esperando constituye una simplificación que termina favoreciendo a quienes ya tienen una posición privilegiada en el mercado.

Los antecedentes de los concesionarios también deben evaluarse

La discusión sobre las nuevas concesiones no puede desarrollarse como si los operadores involucrados carecieran de antecedentes. En abril de 2026, Osinergmin concluyó que Transportadora de Gas del Perú (TGP) incumplió obligaciones de sus contratos de concesión durante la crisis producida después de la deflagración registrada en marzo. Según las conclusiones del regulador, entre el 1 y el 13 de marzo la empresa no garantizó el flujo y la presión necesarios para atender los requerimientos máximos diarios. Los informes correspondientes fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas, en su condición de concedente, para que evaluara las consecuencias contractuales.

El episodio se suma a una trayectoria de incidentes, observaciones y actuaciones de supervisión vinculadas al sistema de transporte de gas operado por TGP. La investigación sobre las causas técnicas del evento de marzo de 2026 también continuó durante varios meses, lo que obliga a examinar con especial cuidado cualquier decisión que implique ampliar las responsabilidades y el horizonte contractual de la empresa. La continuidad de un concesionario no debería convertirse en una decisión automática cuando existen antecedentes que merecen una evaluación integral.

Cálidda enfrenta una situación diferente, aunque tampoco está libre de cuestionamientos. Existen procedimientos vinculados al cumplimiento de planes quinquenales anteriores y, durante la evaluación de la propuesta para incorporar las siete regiones, Osinergmin ha formulado observaciones económicas y tarifarias de importancia. Por ello, antes de conceder una década adicional de operación, corresponde que el Estado explique cómo ha evaluado el desempeño de cada empresa, qué obligaciones pendientes existen y cuáles serán las garantías para evitar que los nuevos compromisos terminen perjudicando a los usuarios.

El rechazo desde Cusco y el frente legislativo

La presión para acelerar las adendas tampoco ha encontrado una aceptación unánime. El 13 de octubre, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas realizada en Cusco, legisladores de distintas bancadas exigieron acelerar la masificación del gas natural, pero solicitaron expresamente al Ejecutivo abstenerse de firmar la nueva adenda con Cálidda. La posición resulta relevante porque establece una diferencia que el Gobierno no debería ignorar: respaldar la llegada del gas a las regiones no significa necesariamente respaldar las condiciones contractuales propuestas por el concesionario.

Organizaciones sociales de distintas regiones del sur también han expresado cuestionamientos a las modificaciones planteadas para Cálidda y TGP, mientras mantienen sus demandas para que el Estado concrete la infraestructura energética prometida durante años. El reclamo no consiste en impedir las inversiones, sino en exigir que estas respondan al interés público y no se conviertan en una ampliación de oportunidades para empresas que ya controlan concesiones estratégicas. El debate, por tanto, no es gas sí o gas no. Es cómo llevarlo a las regiones, bajo qué condiciones y con qué garantías para el país.

¿Una adenda puede convertirse en una nueva adjudicación?

Aquí aparece uno de los aspectos jurídicos más delicados de las propuestas. El régimen de asociaciones público-privadas contempla mecanismos para modificar contratos de concesión mediante adendas, siempre que se cumplan las condiciones y evaluaciones establecidas por la normativa. Sin embargo, la existencia de ese mecanismo no significa que cualquier modificación sea admisible ni que pueda utilizarse para incorporar proyectos cuya dimensión y características alteren sustancialmente el objeto económico de una concesión original.

La pregunta que el Estado debe responder es hasta dónde puede modificarse un contrato vigente antes de que la operación termine produciendo los mismos efectos económicos que una nueva adjudicación sin competencia. En Cálidda se pretende incorporar siete regiones que no formaban parte de la concesión original de Lima y Callao. En TGP se plantea construir un nuevo Ramal Sur de gran escala, con una inversión estimada en US$2.000 millones. En ambos casos, los operadores que recibirían esas nuevas oportunidades ya están identificados, mientras que otros posibles interesados no han tenido necesariamente la posibilidad de presentar propuestas alternativas.

Presidenta Keiko Fujimori y el cuestionada ministro de Energía, Guillermo Shinno.

Esto no permite concluir, por sí solo, que las adendas sean ilegales. Para establecerlo habría que examinar el objeto contractual original, la naturaleza de las modificaciones, los informes técnicos, las evaluaciones económicas y las disposiciones aplicables al procedimiento. Pero precisamente por la magnitud de los proyectos, el Gobierno tiene la obligación de explicar por qué considera que las modificaciones propuestas son la mejor alternativa y qué mecanismos ha utilizado para garantizar que el Estado no renuncie innecesariamente a los beneficios de la competencia.

El usuario podría terminar pagando parte de la factura

Otro aspecto que merece una evaluación rigurosa es el origen de los recursos y la forma en que se recuperarán las inversiones. En el proyecto de las siete regiones, el Gobierno plantea utilizar la economía de la concesión de Lima y mecanismos de subsidio para viabilizar la expansión, mientras que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) mantiene un papel importante en el financiamiento de las conexiones domiciliarias. Por tanto, no sería correcto afirmar que toda la expansión será financiada directamente con recursos del FISE. Sin embargo, sí corresponde examinar el impacto económico de los mecanismos propuestos y sus eventuales consecuencias sobre el sistema tarifario.

Osinergmin ha formulado observaciones relevantes sobre la propuesta de Cálidda. Entre ellas, ha cuestionado el tratamiento económico de determinados activos después de 2033 y ha advertido sobre las consecuencias que algunas condiciones contractuales podrían generar en favor del concesionario. También ha observado que las metas mínimas de conexión propuestas resultan reducidas frente al universo potencial de viviendas en determinadas localidades. Estos cuestionamientos no son detalles administrativos: comprometen la evaluación sobre cuánto costará realmente llevar gas a las nuevas regiones y qué obligaciones concretas asumirá la empresa.

En TGP, la propuesta contractual también contempla mecanismos para reconocer inversiones y costos dentro del régimen tarifario. Por eso, el análisis no puede limitarse a repetir las cifras de inversión anunciadas por las compañías. Una inversión de US$600 millones o de US$2.000 millones no significa necesariamente que todo ese monto será asumido a riesgo empresarial. El Estado debe determinar qué parte será financiada directamente por las empresas, qué mecanismos permitirán recuperar los recursos y qué consecuencias podrían recaer sobre los usuarios mediante tarifas, subsidios u otros instrumentos del sistema. El negocio puede resultar atractivo para el sector privado, pero el riesgo no debería trasladarse desproporcionadamente a los consumidores.

Shinno y una decisión que parece adelantarse a las evaluaciones

La actuación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, también merece atención. El 9 de octubre sostuvo que la adenda de Cálidda todavía no era una decisión tomada y reconoció que existían diferencias con Osinergmin y evaluaciones pendientes con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, días después afirmó que el proyecto para incorporar las siete regiones «va a ocurrir de todas maneras», pese a que la evaluación conjunta con el MEF continuaba en trámite. El propio ministro señaló que el procedimiento se encontraba en una segunda evaluación y que posteriormente se establecerían las exigencias que debería cumplir el concesionario.

La contradicción merece una explicación. Una cosa es que el titular del sector garantice políticamente que el gas llegará a las regiones, compromiso que corresponde asumir a cualquier Gobierno. Otra muy distinta es transmitir que una determinada empresa recibirá necesariamente esos territorios cuando las evaluaciones institucionales todavía no han concluido. Si el procedimiento seguía abierto, ¿sobre qué sustento se podía presentar como inevitable una decisión que formalmente permanecía en evaluación?

No corresponde anticipar responsabilidades ni atribuir delitos a partir de declaraciones políticas. Sin embargo, si se acreditara que una decisión favorable a un concesionario fue previamente comprometida, concertada o direccionada al margen de los procedimientos y evaluaciones correspondientes, podrían surgir responsabilidades administrativas y, dependiendo de los hechos y de la intervención de funcionarios y particulares, eventuales responsabilidades penales. Por eso es indispensable conocer las reuniones realizadas, las agendas de los funcionarios, los informes técnicos y económicos, los participantes en las negociaciones y los criterios utilizados para evaluar las alternativas disponibles.

La puerta giratoria y los conflictos de interés

En sectores altamente regulados, como energía e infraestructura, la circulación de ejecutivos, abogados, consultores y funcionarios entre empresas privadas, gremios y entidades estatales constituye un riesgo permanente de conflictos de interés. La denominada «silla giratoria» adquiere especial relevancia cuando quienes participan en la regulación, negociación o evaluación de contratos han trabajado anteriormente para empresas del mismo sector, mantienen relaciones profesionales con ellas o podrían incorporarse posteriormente a sus estructuras privadas.

Esa trayectoria profesional no convierte automáticamente una decisión en irregular. Sin embargo, cuando se discuten concesiones estratégicas, inversiones multimillonarias y extensiones contractuales por diez años, el Estado tiene la obligación de despejar cualquier duda sobre la imparcialidad de sus decisiones. Corresponde transparentar quiénes han participado en las negociaciones, cuáles son sus antecedentes profesionales, qué reuniones mantuvieron con Cálidda, TGP y los gremios empresariales, y si existieron circunstancias que exigieran declarar un conflicto de interés o abstenerse de intervenir.

Si aparecieran vínculos relevantes omitidos, intereses particulares no declarados o decisiones adoptadas para favorecer indebidamente a determinados operadores, el problema dejaría de ser exclusivamente una controversia sobre política energética. Podría ingresar al terreno de las responsabilidades administrativas y, si se acreditaran los elementos exigidos por la ley, también al ámbito penal. La puerta giratoria no se demuestra mediante sospechas, pero tampoco puede descartarse sin transparencia sobre las relaciones y actuaciones de quienes toman las decisiones.

La SNCI y sus intereses en el mercado arbitral

Hay otro elemento que merece incorporarse al análisis de la actuación de la SNCI. El gremio cuenta con su propio centro de arbitraje y resolución de controversias, denominado Resolutio-SNCI. César Candela ejerce la presidencia de esa institución y Roque Benavides encabeza su Consejo Superior de Solución de Controversias, según la estructura institucional difundida por el propio centro.

Roque Benavides y César Candela.

Al mismo tiempo, Candela ha cuestionado públicamente determinadas restricciones impuestas a las instituciones arbitrales bajo la Ley General de Contrataciones Públicas. La Ley N.° 32069 establece, como regla general, requisitos de experiencia para las instituciones que administran determinadas controversias en contratación pública, aunque contempla un régimen diferenciado para las instituciones de reciente constitución. Su reglamento establece condiciones específicas para su incorporación y funcionamiento durante los primeros años.

Resolutio-SNCI puede desarrollar sus actividades dentro del marco permitido por la legislación. El cuestionamiento no consiste en afirmar que su existencia sea irregular, sino en advertir que la organización empresarial que reclama modificaciones o flexibilizaciones de determinadas reglas del sistema arbitral administra simultáneamente una institución que participa en ese mismo mercado. Se trata de un interés institucional concreto que merece ser conocido por la opinión pública cuando la SNCI interviene en debates regulatorios.

La posición del gremio puede ser legítima y sus argumentos deben ser evaluados por su contenido. Sin embargo, la transparencia exige que también se conozcan los intereses institucionales que podrían estar relacionados con sus pronunciamientos. Un gremio empresarial no tiene obligación de ser neutral, pero sí debe permitir que la ciudadanía conozca desde qué posición interviene cuando reclama cambios que pueden beneficiar directa o indirectamente a entidades vinculadas con su propia estructura.

El destrabe no puede convertirse en una patente de corso

La masificación del gas natural es una deuda que el Estado debe saldar con el centro y sur del país. No existe justificación para prolongar indefinidamente la ausencia de infraestructura energética en regiones que llevan años esperando una solución. Pero tampoco existe justificación para convertir esa necesidad en una autorización automática para modificar contratos, incorporar nuevos proyectos y extender concesiones sin demostrar que las condiciones propuestas representan la mejor alternativa para el interés público.

Cálidda busca incorporar siete nuevas regiones y ampliar su concesión hasta 2043. TGP propone construir un Ramal Sur de aproximadamente US$2.000 millones y extender su contrato hasta enero de 2044. Ambas operaciones comprometen decisiones de largo plazo y pueden tener consecuencias económicas que alcancen a los usuarios y al propio Estado. Mientras tanto, los reguladores mantienen observaciones que deben ser atendidas y las evaluaciones institucionales tienen que concluir antes de cualquier decisión definitiva.

El Gobierno debe explicar por qué estos proyectos tienen que quedar en manos de los actuales concesionarios, cuánto representan económicamente diez años adicionales de contrato, qué proporción de las inversiones será asumida a riesgo empresarial y qué beneficios podría obtener el país si se evaluaran otras alternativas. También debe demostrar que las condiciones propuestas garantizan tarifas razonables, metas verificables de cobertura y mecanismos efectivos de supervisión.

La deuda histórica de las regiones no puede convertirse en una herramienta de presión para cerrar un debate que compromete recursos y oportunidades durante una década. El país necesita gas, necesita inversiones y necesita empresas dispuestas a asumir riesgos. Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de negociar en defensa del interés público y no de los intereses particulares de quienes aspiran a conservar o ampliar sus negocios.

Porque una cosa es destrabar inversiones para llevar gas a los peruanos y otra, muy distinta, es destrabar contratos para que los mismos operadores sigan haciendo negocios durante diez años más.

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Actualidad

Penal El Milagro: requisa policial tras enfrentamiento que dejó tres internos fallecidos y ocho heridos en Trujillo

Un enfrentamiento registrado el domingo 1 de noviembre en el pabellón 4 del establecimiento penitenciario El Milagro dejó tres internos fallecidos y ocho heridos. Tras el incidente, el INPE aseguró que la situación estaba controlada y dispuso una intervención especializada. Este lunes, la Policía ejecutó una requisa en el recinto para reforzar la seguridad y esclarecer las circunstancias del hecho.

Published

1 día ago

03/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La seguridad del establecimiento penitenciario El Milagro, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región La Libertad, volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de que una gresca registrada durante la mañana del domingo 1 de noviembre en el pabellón 4 dejara tres internos fallecidos y ocho heridos.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, cuatro internos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo debido a la gravedad de sus lesiones. Tres de ellos fallecieron en el establecimiento de salud. Entre los afectados se encontraba Alexander Zapata Miranda, conocido como «Panchata», quien se desempeñaba como delegado del pabellón 4. Las circunstancias exactas del enfrentamiento continúan bajo investigación. Por su parte, RPP informó que una cuarta persona permanecía hospitalizada tras el incidente. La información sobre los otros afectados fue reportada por medios locales, que señalaron que varios internos recibieron atención en el tópico del penal.

El Hospital Regional Docente de Trujillo recibió a los internos trasladados de emergencia tras el enfrentamiento registrado en el penal El Milagro. Foto: La República.

INPE asegura que la situación se encuentra controlada

Luego de lo ocurrido, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que la situación dentro del penal se encontraba controlada y que los internos involucrados habían sido aislados para evitar nuevos enfrentamientos.

La institución también informó que la Presidencia del INPE dispuso la intervención inmediata de un equipo especializado para evaluar lo sucedido y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, indicó que la Dirección Regional coordinaba acciones con el Ministerio del Interior y que el caso había sido comunicado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Como parte de las medidas posteriores, el organismo penitenciario dispuso que los directores regionales del país reforzaran los controles, la seguridad y la vigilancia en los establecimientos penitenciarios.

Policía realizó una requisa en el establecimiento penitenciario

Durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, efectivos de la Policía Nacional ejecutaron una requisa en el penal El Milagro, como parte de las acciones posteriores al enfrentamiento. El operativo fue encabezado por el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Eric Ángeles Puente.

Según informó Noticias Trujillo, la intervención comprendió distintos pabellones del establecimiento y estuvo orientada a detectar objetos cuya presencia está prohibida en los centros penitenciarios. El medio reportó que también se acordonó el perímetro exterior para prevenir posibles alteraciones del orden.

Antes del operativo, el general Ángeles señaló que la intervención buscaba contribuir a la seguridad y al control del recinto. La requisa se realizó un día después de que la gresca dejara tres internos fallecidos y ocho heridos.

Efectivos policiales ejecutaron una requisa en el penal El Milagro, un día después del enfrentamiento que dejó tres internos fallecidos. Foto: Noticias Trujillo.

Hacinamiento: un problema que agrava la situación penitenciaria

El incidente vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad y capacidad del penal El Milagro. Según información difundida por El Comercio el 1 de noviembre, el establecimiento fue construido para albergar aproximadamente a 1.500 internos, pero su población superaba los 6.000.

El mismo reporte recordó que, durante una supervisión realizada el 9 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori señaló que las visitas al penal se habían reducido en un 50 % tras la implementación de medidas de seguridad más rigurosas. Entre estas acciones se mencionaron la vigilancia perimetral a cargo de las Fuerzas Armadas y la instalación de equipos para controlar el ingreso de personas y paquetes.

En esa ocasión, también se informó sobre más de 300 casos de tuberculosis entre la población penitenciaria. Estas cifras reflejan que los desafíos del establecimiento no se limitan a la seguridad interna, sino que también involucran las condiciones de salud y habitabilidad de los internos.

Milagro tiene una capacidad aproximada para 1.500 internos, pero su población supera los 6.000, según información difundida por El Comercio.

Investigación deberá esclarecer las causas y determinar responsabilidades

Aunque el INPE informó que el orden había sido restablecido y que los internos involucrados fueron aislados, todavía corresponde esclarecer qué originó el enfrentamiento y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjeron las muertes y lesiones.

La intervención de un equipo especializado, la comunicación del caso al Ministerio Público y la requisa policial forman parte de las acciones anunciadas tras el incidente. Sin embargo, será necesario conocer los resultados de las investigaciones y las medidas concretas que se adoptarán para evitar nuevos episodios de violencia.

El caso del penal El Milagro vuelve a poner en discusión la capacidad del sistema penitenciario para garantizar la seguridad, el control y condiciones adecuadas de reclusión. La respuesta institucional deberá traducirse en resultados verificables y no limitarse a intervenciones posteriores a hechos de esta gravedad.

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Carta de acreedores laborales solicitando audiencia a Ricardo Belmont Cassinelli y Ricardo Belmont Vallarino

El caso RBC

Published

2 días ago

02/11/2026

Redacción Lima Gris

Lima, lunes 2 de noviembre del 2026

Señor

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

Dueño y accionista mayoritario de Red Bicolor de Comunicaciones SAA

Atención:

Señor Ricardo Martín Belmont Vallarino

Presidente de la Junta de Acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones SAA

Los suscritos, extrabajadores y acreedores laborales solicitamos, en razón de asuntos de interés público y de los derechos humanos que nos son inherentes, una audiencia a realizarse en la sede empresarial que ustedes determinen a fin de someter a diálogo y esclarecimiento temas de dominio público donde la persona de Ricardo Martín Belmont Vallarino ha sido objeto de investigaciones y sanciones en el marco del proceso concursal de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., y donde él actúa como administrador.

Urge conversar acerca de las principales sanciones y multas aplicadas por el INDECOPI al citado ciudadano, como por el Ocultamiento de Bienes (Resolución Nº 5132-2024/CCO-INDECOPI), perjudicando a la concursada Red Bicolor de Comunicaciones SAA, tema que conllevó a una multa, además de desviar fondos a cuentas bancarias externas en perjuicio del pago de las acreencias laborales.

También se le cuestiona por la falta de presentación de informes (Resolución Nº 9086-2025/CCO-INDECOPI) y se sanciona a la empresa (Expediente Nº 13-2025/FCO-SANCIONADOR) por incumplir la obligación legal de presentar los informes trimestrales obligatorios sobre el estado de la empresa y la evolución del procedimiento concursal.

Por otro lado, también debería ser materia de esclarecimiento en el diálogo que solicitamos todo lo relacionado a la sanción a Red Bicolor de Comunicaciones impuestas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con una multa de 112.5 UIT, por incurrir en nueve infracciones de naturaleza grave vinculadas a la transparencia y la entrega de información al mercado de valores.

En consecuencia, es muy grave la vulneración directa al destino patrimonial de la empresa concursada, lo que derivó en la apertura de expedientes sancionadores como el Expediente N° 02-2024/FCO-SANCIONADOR. Al respecto, los hechos indican que el esquema doloso operaba principalmente a través de los tres siguientes mecanismos interconectados:

UNO.- Desvío hacia empresas personales: Martín Belmont Vallarino, utilizando su posición de administrador y gerente general, percibía ingresos comerciales bajo la marca comercializadora Viva TV (RBC Televisión). En lugar de destinar este dinero a una cuenta de la empresa concursada para honrar las deudas laborales y comerciales acumuladas, desvió sistemáticamente los fondos hacia cuentas bancarias externas de sus empresas personales, de manera específica a la firma Inversiones Belva.

DOS.- Ocultamiento intencional de bienes (Resolución Nº 5132-2024/CCO): La autoridad del INDECOPI determinó la existencia de dolo al comprobarse que Belmont Vallarino ocultó información real de los activos fijos de RBC tanto a las autoridades supervisoras como a la junta de acreedores legítimos. De este modo, evitaba que dichos activos fueran tasados o liquidados en favor de los acreedores laborales.

TRES.- Afectación al Crédito Laboral: Las resoluciones (incluyendo la ratificación de la Resolución Nº 78-2025/SCO) hicieron hincapié en que la empresa generaba suficiente liquidez para cumplir con los cronogramas de pago de deudas, pero la administración prefirió descapitalizar la empresa de manera artificial.

De otro lado, también resulta muy preocupante el estado de las denuncias penales en la Fiscalía tanto ante el señor Ricardo Martín Belmont Vallarino como ante su padre, el señor Ricardo Pablo Belmont Cassinelli. Es decir, a nivel del Ministerio Público, las investigaciones penales se dividen en dos frentes cruzados debido a la severa disputa familiar y comercial por el control de las señales del Canal 11 y la frecuencia radial 91.1 FM. Así tenemos:

1.- Denuncias contra Ricardo Martín Belmont Vallarino y socios

– A raíz de los hallazgos de Indecopi y de las denuncias presentadas por su padre (Ricardo Belmont Cassinelli, fundador de RBC), «Ricky» Belmont y otros terceros afrontan investigaciones en sede fiscal por la presunta comisión de delitos económicos y de fraude en la administración de personas jurídicas.

– Investigación por fraude e insolvencia fraudulenta: Se les acusa de haber simulado un estado de insolvencia crítica para forzar el concurso de acreedores y licuar el valor real del canal.

– Implicación de terceros: En los expedientes fiscales y quejas públicas se incluye al comunicador Phillip Butters Rivadeneyra. La acusación sostiene un presunto despojo orquestado de la señal radial (usada para la emisión de PBO Radio) y del local central de RBC ubicado en La Victoria.

– Estado procesal: los trabajadores y acreedores han denunciado públicamente una excesiva lentitud y demoras burocráticas en las carpetas fiscales a cargo de las fiscalías corporativas penales.

2.- El «contra-frente» penal: Denuncias hacia Belmont padre

En paralelo, la situación legal se enturbió con acusaciones en sentido contrario, donde Ricardo Martín Belmont Vallarino, actuando en representación formal de Red Bicolor de Comunicaciones y Radio Tigre S.A.C., presentó denuncias contra su propio padre.

Actualmente, el caso RBC Televisión sigue trabado en medio de un fuego cruzado donde la viabilidad comercial de la televisora está severamente comprometida debido a las multas millonarias de la SMV (112.5 UIT) y las órdenes de reestructuración de pagos dictadas a la administración que está en manos de Martín Belmont Vallarino.

Dada esta triste realidad se requiere de la mejor inteligencia y de la sabiduría de todos los involucrados, confiando en las virtudes de la verdad y de la integridad, pues solo con ellas en una reunión presencial podríamos entendernos y coadyuvar a hacer cumplir la ley.

Los suscritos quedamos de ustedes muy atentos a fin de recibir una respuesta afirmativa por ambos ante nuestra solicitud, formulando votos para que la reunión sea lo más pronto posible, conociendo ustedes nuestras direcciones domiciliarias, correos electrónicos y los números de celulares a fin de ser convocados en la fecha y hora que indiquen, por ser de Justicia.

Atentamente,

Karim Yuliet Alegría del Águila

Evelyn Jacqueline Agreda Alarcón

Miriane Luz Mogollón Tinoco

Lenith Ariana Checa Tuesta

Rafael Romero Vásquez

Ángel Ganoza Sousa

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Actualidad

El Niño amenaza al norte del Perú mientras 171 obras de prevención permanecen paralizadas

A pocos meses del periodo más crítico de lluvias, las regiones del norte acumulan proyectos de prevención detenidos y varias administraciones registran una ejecución presupuestal inferior al 50 %. La situación preocupa especialmente en La Libertad, Lambayeque y Piura, donde persisten trabajos pendientes en ríos, quebradas y zonas vulnerables.

Published

2 días ago

02/11/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

Un riesgo anunciado y una prevención que avanza lentamente

La preparación del país frente al Fenómeno El Niño vuelve a estar bajo cuestionamiento. Mientras las autoridades advierten sobre la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos, distintas regiones mantienen proyectos de prevención paralizados o con avances presupuestales limitados.

Un informe publicado por Perú21 el 1 de noviembre señala que las regiones del norte concentran 171 obras de gestión del riesgo de desastres y emergencias en situación de abandono o paralización. A nivel nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades acumulan 1.075 proyectos en esas condiciones, distribuidos entre el norte (171), Lima (300) y otras regiones (604).

El escenario resulta preocupante porque estas intervenciones buscan reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a lluvias, inundaciones y deslizamientos. Su retraso podría limitar la capacidad de respuesta de las autoridades cuando se intensifiquen las condiciones

La Libertad, Lambayeque y Arequipa no alcanzan el 50 % de ejecución

Uno de los principales problemas identificados es la ejecución de los recursos destinados a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres. Según información del Instituto Peruano de Economía (IPE), recogida por Perú21 a partir del portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los gobiernos regionales y municipales cuentan con aproximadamente S/ 710 millones para 2026 en la categoría presupuestal 0068.

Sin embargo, el avance registrado al 31 de octubre evidencia diferencias importantes entre regiones. Amazonas alcanzó el 88 % de ejecución; Ica, el 86 %; Tumbes, el 85,6 %; Lima, el 74 %; Ucayali, el 71,2 %; Huánuco, el 60,6 %; Áncash, el 60,1 %; Cajamarca, el 59,5 %; y Piura, el 59,1 %.

En contraste, La Libertad registró un 49,2 %; Lambayeque, un 48,3 %; y Arequipa, un 44,9 %. Estas tres regiones se encontraban por debajo de la mitad de sus recursos modificados para el rubro analizado.

El porcentaje de ejecución presupuestal no equivale necesariamente al avance físico de una obra. Por ello, resulta necesario revisar cada proyecto, su presupuesto, su cronograma y el estado real de los trabajos para determinar si los recursos se traducen en infraestructura preventiva.

Ejecución de los recursos destinados a prevención de desastres al 31 de octubre de 2026. Fuentes: Perú 21/MEF/Datos ANA/IPE / Infografía: Augusto Calixtro

Imagen referencial tomada para la creación de la infografía. Fuente: MEF

Más de mil proyectos permanecen detenidos a nivel nacional

La problemática no se limita a las administraciones regionales. De acuerdo con los datos recogidos por el IPE, entre 2012 y septiembre de 2026 los gobiernos regionales y las municipalidades acumularon 1.075 proyectos de inversión vinculados con la gestión del riesgo de desastres y la atención de emergencias en condición de abandono o paralización.

El informe diferencia ambas situaciones: se considera abandonado un proyecto con menos del 90 % de avance y sin desembolsos durante 18 meses; mientras que un proyecto paralizado es aquel que no registra ejecución durante seis meses. Estas condiciones reflejan dificultades que pueden prolongarse y afectar la culminación de intervenciones necesarias para proteger a la población.

A esta situación se suma la cartera de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que cuenta con 140 proyectos localizados principalmente en el norte del país. De ellos, 105 comenzaron a gestionarse entre 2017 y 2022 y, según el reporte del IPE citado por Perú21, registraban una ejecución promedio del 35 % a octubre de 2026.

Se trata de una situación que pone en discusión la continuidad de los proyectos públicos, la planificación de las intervenciones y la coordinación entre las entidades responsables de ejecutarlas.

La cartera de proyectos de la ANIN presenta distintos niveles de ejecución, según el año en que comenzaron a gestionarse. Fuente: SIAF-MEF.

Solo el 17 % de los puntos críticos tenía intervenciones en ejecución

La demora también se observa en los trabajos destinados a atender los puntos críticos identificados ante el Fenómeno El Niño. Según un análisis del IPE publicado en octubre, el Gobierno había priorizado 536 puntos críticos en ocho regiones de la costa.

Sin embargo, con información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el instituto advirtió que al 7 de octubre solo el 17 % de esos puntos tenía intervenciones en ejecución. En el macrorregión norte, que comprendía 191 puntos críticos, y en Lima, con 141, la proporción de intervenciones en ejecución no superaba el 20 %. Además, ninguna de las intervenciones consideradas en ese reporte había culminado a esa fecha.

Estos trabajos incluyen acciones como la limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas, así como la conformación de bordos de protección. Su finalidad es reducir los riesgos asociados al incremento del caudal y a las precipitaciones.

La cifra evidencia la distancia entre la identificación de zonas vulnerables y la ejecución efectiva de medidas preventivas. También plantea interrogantes sobre la capacidad de las entidades responsables para acelerar las intervenciones antes de que se presenten las condiciones más adversas.

Los trabajos de limpieza y descolmatación forman parte de las intervenciones previstas para reducir el riesgo de desbordes. Foto: ANDINA.

Piura: distrito ejecutó solo el 31,2 % de su presupuesto

En Piura, una de las regiones expuestas a las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, también se han identificado dificultades en la ejecución de medidas preventivas.

Una publicación de La República, del 24 de octubre, informó que la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre había ejecutado solo el 31,2 % de su presupuesto destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres. La Contraloría advirtió que todavía no se había iniciado la limpieza de nueve drenes ni de la quebrada Pajaritos, pese a que más de 90.000 habitantes vivían en zonas de riesgo muy alto, según el reporte.

La situación resulta especialmente relevante porque las labores de limpieza de drenes y quebradas buscan facilitar el desplazamiento del agua y reducir la posibilidad de aniegos e inundaciones en sectores poblados. Este caso permite observar cómo los retrasos presupuestales y operativos pueden tener consecuencias directas en la vida cotidiana de los ciudadanos. También pone en evidencia la necesidad de que las autoridades locales informen sobre los plazos de ejecución y las medidas que adoptarán para atender los puntos pendientes.

La Contraloría advirtió que aún estaban pendientes trabajos de limpieza en drenes y quebradas del distrito de Veintiséis de Octubre. Foto: La República.

La prevención requiere coordinación y respuestas concretas

Especialistas consultados por Perú21 señalaron que los retrasos pueden estar relacionados con la falta de experiencia de algunas autoridades, demoras en la elaboración de expedientes técnicos y dificultades para priorizar los proyectos de inversión.

El economista sénior del IPE, Miguel Alzamora, advirtió que el avance limitado de las intervenciones preventivas podría afectar el crecimiento económico y la generación de empleo ante los impactos del Fenómeno El Niño. Por su parte, el exministro de Vivienda Milton Von Hesse cuestionó la falta de prioridad otorgada a la prevención y señaló que, por la proximidad de la temporada crítica, el margen para ejecutar determinadas obras de gran envergadura sería limitado.

En este contexto, la responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos regionales y municipales. La articulación con el Gobierno nacional y las entidades técnicas resulta necesaria para acelerar las intervenciones, identificar los puntos de mayor riesgo y garantizar que los recursos asignados se conviertan en medidas concretas. El desafío para las autoridades es demostrar que la prevención no se limita a anuncios o asignaciones presupuestales, sino que se traduce en obras culminadas y acciones oportunas para proteger a la población.

El exministro de Vivienda Milton Von Hesse cuestionó la falta de prioridad que, a su juicio, los gobiernos regionales han otorgado a las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño. Foto: Perú21.

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Actualidad

EsSalud desplegará ambulancias UCI y puestos médicos para atender emergencias durante la visita del papa León XIV

El Seguro Social implementará el denominado «Operativo Papa León» del 11 al 16 de noviembre, con ambulancias especializadas, personal médico y establecimientos hospitalarios en alerta. El plan contempla atención en Lima, Lambayeque, Cusco y Ucayali, ante la llegada de miles de fieles que participarán en las actividades programadas.

Published

4 días ago

31/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció el despliegue de ambulancias, puestos médicos y personal especializado para atender posibles emergencias durante las actividades programadas entre el 11 y el 16 de noviembre. La medida forma parte del denominado «Operativo Papa León», un plan de respuesta sanitaria que busca garantizar la atención del pontífice, su comitiva y los miles de fieles que asistirán a los encuentros religiosos.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas Gonzáles, informó que la institución movilizará recursos del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), Hospital Perú y más de 15 establecimientos hospitalarios. Estos centros permanecerán en alerta amarilla para disponer de personal, equipos y servicios ante cualquier eventualidad.

El despliegue se realizará en coordinación con las instituciones involucradas en la organización de la visita, entre ellas el Ministerio de Salud (Minsa), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos y representantes de la Iglesia católica.

Ambulancia UCI acompañará los desplazamientos del pontífice

Uno de los principales componentes del operativo será una ambulancia tipo III, acondicionada como una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) móvil, que estará disponible durante los desplazamientos del papa León XIV. Esta unidad contará con ventilador mecánico de transporte, bomba de infusión y monitor-desfibrilador multiparámetro, equipos destinados a brindar soporte especializado ante emergencias respiratorias y cardíacas.

Asimismo, una segunda ambulancia tipo II reforzará la cobertura sanitaria de la comitiva oficial. Ambas unidades estarán integradas al dispositivo de respuesta coordinado por EsSalud.

El Servicio de Transporte Asistido de Emergencia tendrá un papel central en la atención y traslado de pacientes que requieran asistencia médica. La institución también incorporará brigadas de orientación y prevención para informar a los asistentes sobre los cuidados que deben adoptar durante las concentraciones multitudinarias.

Lima tendrá ambulancias y puestos médicos en los principales escenarios

La capital concentrará parte importante del despliegue debido a las actividades multitudinarias previstas durante la visita papal. Según la información difundida por EsSalud y recogida por medios periodísticos, se contempla la distribución de 18 ambulancias tipo II en cuatro puntos: cuatro en el Gran Teatro Nacional, seis en la Base Aérea Las Palmas, cuatro en el Estadio Nacional y cuatro en la Plaza de Armas.

Para la misa programada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, EsSalud instalará dos Puestos Médicos de Avanzada (PMA) y dos Puestos Médicos Satélite (PMS). Estos espacios permitirán atender a los asistentes y realizar una primera evaluación ante posibles emergencias.

Cada puesto médico de avanzada contará con dos médicos, dos profesionales de enfermería, un técnico de enfermería y un técnico de campo. En tanto, los puestos satélites estarán orientados principalmente a la atención de casos leves y al apoyo sanitario de los participantes.

Además, la cobertura de EsSalud comenzará el 11 de noviembre con atención para las actividades previstas en el Centro Histórico de Lima y el Gran Teatro Nacional.

¿Cómo será la atención médica en las regiones?

El operativo también alcanzará las ciudades incluidas en el recorrido del pontífice. En Lambayeque, se instalarán puntos de atención en Pimentel, Zaña, Santa Cruz y la Plaza de Armas de Chiclayo, con el propósito de responder ante posibles emergencias durante las actividades religiosas.

En Cusco, se habilitará un Puesto Médico de Avanzada en el complejo arqueológico de Sacsayhuamán y un Puesto Médico Satélite en la Plaza de Armas para atender a los asistentes.

Por su parte, en Ucayali se acondicionará un ambiente de atención en el Hospital II Pucallpa y se reforzará la capacidad de respuesta del servicio de emergencia del Centro Médico Manantay.

Entre los establecimientos hospitalarios que permanecerán en alerta amarilla figuran los hospitales nacionales Edgardo Rebagliati Martins y Guillermo Almenara Irigoyen, en Lima; Almanzor Aguinaga Asenjo, en Lambayeque; y Adolfo Guevara Velasco, en Cusco. La medida permitirá preparar los servicios y recursos necesarios ante una eventual demanda adicional de atención.

Foto: Andina.

Minsa anuncia despliegue sanitario para millones de asistentes

La preparación de EsSalud se complementa con el plan de operaciones del Ministerio de Salud, que contempla recursos adicionales para atender las actividades de la visita papal en distintas regiones.

Según información difundida por la Agencia Andina el 30 de octubre, el Minsa dispuso 4 111 recursos humanos para la cobertura sanitaria de los eventos, en los que se estima una asistencia aproximada de 3 millones 400 mil personas.

El plan contempla 93 puestos médicos de avanzada, más de 150 ambulancias, 1 950 brigadistas y 192 puntos de hidratación. También se prevé soporte aéreo de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que coordina con las entidades de primera respuesta para garantizar la preparación y atención de emergencias en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Cajamarca, Pucallpa y Cusco. Como parte de estas acciones, anunció un simulacro para el 4 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

EsSalud recomienda hidratación y protección frente al calor

Ante las largas jornadas y la concentración de personas, EsSalud exhortó a los fieles a adoptar medidas preventivas para evitar complicaciones de salud. Entre las recomendaciones se encuentran utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y ropa ligera, además de mantenerse hidratados durante las actividades.

La institución también pidió prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que pueden requerir cuidados adicionales durante las concentraciones multitudinarias.

Asimismo, recomendó evitar las aglomeraciones, seguir las indicaciones del personal de seguridad y salud y atender las orientaciones de las brigadas de emergencia.

Para facilitar la atención de incidentes, la central de emergencias del STAE mantendrá operativa la línea gratuita 117, disponible las 24 horas dentro de su ámbito de cobertura.

Un operativo sanitario ante una visita multitudinaria

La visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, representa un desafío de organización para las instituciones responsables de la seguridad, el transporte y la atención sanitaria. El despliegue anunciado por EsSalud y el Minsa busca responder a la concentración de fieles en Lima y otras regiones, así como garantizar la disponibilidad de servicios médicos durante las actividades.

En los próximos días, la ejecución de los simulacros, la instalación de los puestos médicos y la coordinación entre las entidades participantes serán aspectos fundamentales para evaluar la preparación del país ante posibles emergencias.

La cobertura sanitaria no solo estará dirigida al pontífice y su comitiva, sino también a los ciudadanos nacionales y extranjeros que participen en los encuentros religiosos. Por ello, las autoridades han insistido en que la prevención y la colaboración de los asistentes serán necesarias para el desarrollo seguro de las actividades.

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