Papa León XIV en Perú: entradas gratuitas para la misa en Las Palmas se podrán obtener del 5 al 8 de noviembre

Actualidad Papa León XIV en Perú: entradas gratuitas para la misa en Las Palmas se podrán obtener del 5 al 8 de noviembre Los fieles podrán gestionar hasta ocho pases digitales por persona a través de Ticketmaster. La ceremonia se realizará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en…

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Los fieles podrán gestionar hasta ocho pases digitales por persona a través de Ticketmaster. La ceremonia se realizará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Los asistentes deberán presentar su entrada con código QR y su documento de identidad para ingresar.

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14 segundos ago

27/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

Los ciudadanos que deseen asistir a la misa que celebrará el papa León XIV en Lima podrán obtener sus entradas digitales gratuitas entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. El registro se realizará a través de la plataforma Ticketmaster, según informó la Comisión Central de la visita papal durante una conferencia de prensa organizada por el Arzobispado de Lima.

La ceremonia está programada para el lunes 16 de noviembre, a las 10:30 a. m., en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco. De acuerdo con la organización, se prevé la asistencia de más de un millón de fieles, por lo que el procedimiento de registro permitirá distribuir a los participantes por sectores y ordenar los accesos al recinto.

El obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, precisó que cada persona podrá gestionar un máximo de ocho entradas, incluida la propia, siempre que registre los datos de todos los asistentes. Los pases serán gratuitos, nominativos e intransferibles, por lo que no podrán venderse ni cederse a terceros.

¿Cómo obtener las entradas gratuitas para la misa del papa León XIV?

Para solicitar los pases, los interesados deberán ingresar a la plataforma oficial de Ticketmaster Perú durante el periodo habilitado y seguir el procedimiento indicado por la organización.

El proceso contempla los siguientes pasos:

Crear una cuenta: ingresar a www.ticketmaster.pe , seleccionar la opción de registro y completar los datos personales solicitados.
Buscar el evento oficial: localizar la actividad denominada “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas” del jueves 5 al domingo 8 de noviembre o ingresar desde el enlace oficial difundido por la organización.
Seleccionar la categoría: elegir la opción de público general y solicitar hasta ocho entradas por cuenta.
Escoger el sector: seleccionar uno de los bloques disponibles en el mapa del recinto. Cuando se soliciten varias entradas en una misma operación, todas quedarán asignadas al mismo bloque.
Registrar a cada asistente: ingresar correctamente los nombres, apellidos y números de documento de identidad de todas las personas que utilizarán los pases.
Confirmar la solicitud: verificar la información y completar el procedimiento para obtener las entradas digitales con código QR.
La plataforma asignará la puerta y el horario de ingreso correspondientes a cada entrada. Por ello, los asistentes deberán revisar los datos que aparezcan en sus pases y respetar las indicaciones de la organización.

¿Qué documentos se necesitan para ingresar?

Cada asistente deberá presentar su entrada con código QR, ya sea desde un teléfono celular o impresa, junto con el documento de identidad físico registrado durante la inscripción.

Los ciudadanos peruanos deberán utilizar su DNI. En el caso de los extranjeros, la organización ha señalado que podrán registrarse con pasaporte o carné de extranjería.

Los menores de edad también necesitarán su propia entrada y documento de identidad, y deberán acudir acompañados por sus padres o tutores. La organización ha indicado que se permitirá el ingreso de coches de bebé para niños de hasta cinco años. Asimismo, las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con una zona habilitada y un acceso diferenciado por la puerta número 2. Podrán asistir con un acompañante, siempre que ambos cuenten con sus respectivos pases, y recibirán apoyo del personal de voluntariado.

Prohibida la reventa de entradas y alertan sobre posibles estafas

La organización de la visita papal ha recalcado que los pases serán gratuitos y que está prohibida su venta, comercialización o transferencia. La identificación de cada asistente estará vinculada a los datos registrados, con el propósito de evitar duplicidades y facilitar los controles de ingreso.

Ante la expectativa generada por la llegada del pontífice, el secretario general de la visita, el sacerdote Juan Bytton, pidió a la ciudadanía evitar páginas que ofrezcan entradas a cambio de dinero o supuestas donaciones.

Por ello, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales del Arzobispado de Lima y la plataforma indicada por los organizadores. Los ciudadanos no deben realizar pagos a intermediarios ni compartir información personal en páginas cuya autenticidad no puedan verificar.

La información oficial sobre el procedimiento también puede consultarse en el portal de la iniciativa León vuelve a Casa.

Misa comenzará a las 10:30 a. m. del 16 de noviembre

La Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas será una de las actividades centrales de la visita apostólica del papa León XIV al Perú. La ceremonia está prevista para el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a. m. y marcará una de las últimas actividades de su recorrido por el país.

Según la información difundida por la Agencia Andina, las puertas del recinto se abrirán desde las 10:00 p. m. del día anterior. Sin embargo, cada asistente deberá respetar la puerta y el horario específicos consignados en su entrada. La organización también ha informado que las personas que abandonen el recinto no podrán volver a ingresar. La disponibilidad de servicios, las indicaciones de seguridad y las condiciones de acceso deberán ser revisadas por los asistentes a través de los comunicados oficiales antes del evento, especialmente por quienes acudirán con niños, adultos mayores o personas que requieran asistencia

Una visita que movilizará a miles de fieles

La visita apostólica del papa León XIV al Perú está programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. De acuerdo con el itinerario difundido, el pontífice desarrollará actividades en Lima y otras regiones del país, con encuentros religiosos e institucionales.

En la capital, además de la misa en Las Palmas, está previsto un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional el jueves 12 de noviembre. La organización también ha señalado que los accesos a las actividades multitudinarias se gestionarán mediante entradas digitales gratuitas.

La inscripción anticipada será importante para los ciudadanos que deseen participar en la ceremonia del 16 de noviembre. Antes de desplazarse, deberán comprobar los datos de su entrada, llevar el documento registrado y mantenerse informados sobre las disposiciones oficiales de acceso y seguridad

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Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días ante persistencia de la criminalidad

Redacción Lima Gris

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Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao por 60 días ante persistencia de la criminalidad

La medida entrará en vigor el 28 de octubre y mantendrá a la Policía Nacional a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. El decreto contempla restricciones a cuatro derechos constitucionales y establece condiciones para la realización de eventos públicos masivos.

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22 horas ago

26/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario, con el objetivo de hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM, publicado el domingo 25 de octubre en el diario oficial El Peruano. La ampliación comenzará el miércoles 28 de octubre, cuando concluya el periodo establecido por la declaratoria anterior.

La decisión se sustenta en informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que advierten sobre la persistencia de delitos como homicidios, sicariato y extorsión, además de otros hechos que afectan el orden interno. La solicitud de prórroga fue presentada por la Comandancia General de la PNP el 14 de octubre, a partir de informes de unidades policiales de Lima Centro y el Callao. La norma cuenta con la aprobación del Senado y del Consejo de ministros.

Policía mantendrá el control del orden interno

Durante los 60 días de prórroga, la Policía Nacional continuará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el decreto, la institución policial determinará las zonas de intervención tomando como referencia información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otros instrumentos.

La participación de las Fuerzas Armadas se realizará dentro de sus competencias y conforme a las disposiciones legales que regulan el empleo y uso de la fuerza. La norma también contempla la coordinación entre ambas instituciones para ejecutar acciones destinadas a prevenir, investigar y combatir la criminalidad organizada.

¿Qué derechos podrán restringirse durante la emergencia?

El Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM establece que, durante la prórroga, podrá restringirse o suspenderse el ejercicio de cuatro derechos constitucionales: la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Estas disposiciones se enmarcan en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que regula los estados de emergencia. Su aplicación debe respetar los límites constitucionales y las normas que rigen la actuación de los efectivos policiales y militares. La declaratoria no significa que todos los derechos queden suspendidos de manera general ni autoriza intervenciones arbitrarias.

Eventos públicos masivos necesitarán autorización

La norma dispone que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán solicitar la autorización correspondiente ante las autoridades competentes, que evaluarán cada pedido de acuerdo con la normativa vigente.

En cambio, las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de solicitar un permiso previo, según lo establecido en el decreto. Esta disposición deberá ser considerada por los organizadores de eventos que se desarrollen en Lima Metropolitana y el Callao durante el periodo de vigencia de la medida.

El decreto exige informar sobre los resultados

Entre las disposiciones incorporadas figura la obligación de que el Comando de Coordinación Operativa Unificada presente un informe sobre los resultados obtenidos durante la prórroga. Este documento deberá remitirse al titular del Ministerio del Interior, a través de la Comandancia General de la PNP, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del periodo establecido.

El informe final será elevado a la Presidencia de la República e incluirá las recomendaciones correspondientes. Asimismo, la implementación de las acciones previstas se financiará con los créditos presupuestarios asignados a las instituciones involucradas.

La prórroga se mantendrá durante 60 días calendario desde el 28 de octubre, por lo que su periodo comprende hasta finales de diciembre de 2026. Mientras tanto, el seguimiento de las intervenciones, los resultados policiales y la evolución de los delitos reportados serán aspectos centrales para evaluar el alcance de la medida.

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La foto que Macron no pudo ocultar: cuando la represión se intentó confundir con inteligencia artificial

Una imagen del fotógrafo callejero Samy Laiachi, tomada durante una protesta estudiantil en Nancy, Francia, desató una controversia que va más allá de la fotografía: antes de aceptar la crudeza de una escena policial con un menor de 14 años esposado, miles de usuarios prefirieron creer que era falsa. La sospecha se convirtió en una forma de desacreditar una imagen incómoda para el gobierno de Macron.

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1 día ago

25/10/2026

Redacción Lima Gris

Una foto y una realidad demasiado brutal, terminan sometidas a un juicio absurdo: no se discute lo que revelan, sino si realmente ocurrieron. Eso es lo que sucedió con la imagen captada por el fotógrafo francés Samy Laiachi durante una protesta estudiantil en Nancy, Francia. Una fotografía tan contundente que las redes sociales comenzaron a sospechar que había sido generada por inteligencia artificial.

La escena es difícil de digerir. Integrantes de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS), el cuerpo antidisturbios de la Policía francesa, mantienen retenido a un adolescente de 14 años durante una manifestación de estudiantes de secundaria. El menor está esposado. La imagen congela ese instante en el que la fuerza del Estado se impone sobre un muchacho que todavía debería estar preocupado por sus exámenes, sus amigos o cualquier otra trivialidad propia de su edad. No por la presión de unas esposas policiales.

La fotografía fue tomada el miércoles 7 de octubre en Nancy, con una cámara Fujifilm X-T30. Laiachi había salido a documentar la marcha, inicialmente interesado en las pancartas, los disfraces y el ambiente de la movilización. No buscaba fabricar una imagen viral ni construir una escena para las redes sociales. Se encontró con ella mientras hacía fotografía callejera. Pero la realidad, como suele ocurrir, tenía otros planes.

Cuando la imagen comenzó a circular, aparecieron los comentarios que hoy acompañan casi cualquier fotografía que contradice nuestras certezas: «Es inteligencia artificial». Quien difundió inicialmente la imagen buscó comprobar su autenticidad y encontró resultados de Google que parecían confirmar sus sospechas. Días después, cuando un amigo volvió a publicar la fotografía, recibió la misma advertencia: cuidado, podría ser falsa.

La historia dio un giro cuando apareció un nombre: Samy Laiachi. La búsqueda condujo hasta su cuenta de Instagram, @lesphotosdesamy, y permitió establecer contacto con el autor. El fotógrafo conocía la controversia que se había desatado alrededor de su trabajo. La imagen tenía autor, fecha, lugar y una cámara detrás. Ya no bastaba con descartarla mediante una búsqueda superficial.

Incluso el diario francés Libération, antes de publicar la fotografía, revisó sus metadatos. El episodio revela hasta qué punto la desconfianza había contaminado la recepción de una imagen documental: una escena que exigía preguntas sobre la actuación policial terminó obligando a su autor a demostrar que no había inventado aquello que presenció.

Por supuesto, verificar una fotografía es una práctica periodística indispensable. Los metadatos, el testimonio del fotógrafo, el contexto y otras evidencias permiten establecer su procedencia. El problema comienza cuando la verificación deja de ser un procedimiento para conocer la verdad y se convierte en una sospecha automática contra todo aquello que resulta políticamente incómodo.

Porque la pregunta no debería limitarse a si la fotografía es auténtica. También hay que preguntar qué estaba ocurriendo en Nancy, por qué un adolescente terminó esposado y bajo qué circunstancias actuaron los agentes antidisturbios.

La imagen circuló ampliamente en redes sociales y fue interpretada como una representación de la dureza de las intervenciones policiales contra estudiantes. Su impacto no reside únicamente en la composición o en la crudeza del instante. Está en el contraste: un menor frente a una estructura de fuerza entrenada para controlar multitudes. Una escena que obliga a mirar de frente los límites del poder estatal.

Y aquí aparece la ironía. Francia, patria de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se presenta ante el mundo como una democracia comprometida con las libertades. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos no se demuestra con discursos solemnes ni con monumentos históricos, sino con la manera en que el Estado trata a quienes protestan, incluidos los menores de edad.

No hay evidencia suficiente, a partir de estos datos, para afirmar que existió una operación coordinada del Gobierno de Emmanuel Macron destinada a desacreditar la fotografía. Pero sí puede advertirse un efecto político: mientras la autenticidad de la imagen concentraba la atención, la escena que mostraba corría el riesgo de quedar relegada a un segundo plano.

La inteligencia artificial ha complicado la relación entre las imágenes y la verdad. Hoy una fotografía puede ser cuestionada antes de ser examinada, y una escena real puede parecer demasiado inverosímil para ser aceptada. Ese es el terreno perfecto para que cualquier hecho incómodo termine sepultado bajo una montaña de dudas.

Samy Laiachi hizo su trabajo: estuvo allí y fotografió lo que tenía delante. La controversia vino después. Al final, la imagen plantea una pregunta que ningún algoritmo puede responder por nosotros: ¿qué nos escandaliza más, que un adolescente de 14 años aparezca esposado frente a policías antidisturbios o que una fotografía nos obligue a admitir que esa escena puede ocurrir en una democracia europea en 2026?

A veces, el problema no es que la realidad parezca artificial. Es que nos hemos acostumbrado tanto a desconfiar de las imágenes que terminamos buscando una excusa para no mirar lo que muestran.

Y una fotografía podrá ser cuestionada, compartida, examinada y discutida. Lo que no debería ocurrir es que la sospecha sobre sus píxeles termine borrando las preguntas sobre el poder.

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El Niño amenaza la economía peruana y pone a prueba la prevención ante las lluvias de 2027

El calentamiento del mar preocupa por sus posibles efectos en la pesca, la agricultura y el transporte. El meteorólogo Abraham Levy advierte que el riesgo no solo depende de la intensidad de las precipitaciones, sino también de la vulnerabilidad de las ciudades y de la falta de infraestructura adecuada.

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3 días ago

24/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

El Fenómeno El Niño mantiene en alerta a las autoridades y a los especialistas ante la posibilidad de que sus efectos se intensifiquen durante los próximos meses. El calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana está asociado a cambios en las condiciones climáticas, con riesgos de lluvias intensas en el norte del país y posibles consecuencias para diferentes actividades económicas.

De acuerdo con el informe técnico de octubre de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), las condiciones cálidas del Pacífico oriental, especialmente frente a la costa norte, pueden favorecer precipitaciones intensas durante el verano y generar impactos en los sectores socioeconómicos.

En entrevista para Lima Gris, el meteorólogo Abraham Levy, conocido como “El hombre del tiempo”, describió el escenario actual como un proceso de calentamiento severo que se ha extendido mar adentro y en profundidad. Para el especialista, esta evolución constituye una señal relevante para anticipar los posibles efectos del fenómeno.

Levy explicó que las lluvias ya comenzaron a manifestarse de manera esporádica en el norte y advirtió que podrían aumentar su frecuencia, persistencia e intensidad conforme avance la temporada. Sin embargo, la magnitud de las precipitaciones y sus consecuencias deben evaluarse junto con los pronósticos y avisos oficiales.

Lluvias intensas, inundaciones y daños en infraestructura

Uno de los principales riesgos asociados a El Niño es la posibilidad de que las lluvias superen la capacidad de respuesta de las ciudades, especialmente en zonas con drenaje insuficiente, cauces vulnerables o viviendas próximas a quebradas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido que los mayores riesgos de desbordes, activación de quebradas e inundaciones podrían presentarse entre diciembre y los primeros meses de 2027. La entidad también informó sobre el adelanto de las precipitaciones en la costa norte y el registro de lluvias excepcionales en sectores de Tumbes y Piura.

Levy sostuvo que el problema no se limita a la cantidad de lluvia que puede caer, sino a la preparación de las ciudades para enfrentarla. El especialista, cuestionó que, pese a los antecedentes de grandes episodios de El Niño, el país todavía presente dificultades para proteger su infraestructura y organizar sus espacios urbanos frente a las precipitaciones intensas.

Levy recordó los daños registrados durante los episodios de 1983 y 1998 y planteó que la prevención debe priorizar las obras de ingeniería destinadas a proteger a la población. Según su análisis, las labores de limpieza de cauces son importantes, pero no siempre resultan suficientes ante precipitaciones de gran magnitud.

Pesca: la anchoveta entre los sectores más afectados

Los efectos de El Niño no se limitan a las lluvias. El calentamiento del mar también modifica las condiciones del ecosistema marino y puede afectar la disponibilidad de especies como la anchoveta, un recurso importante para la actividad pesquera peruana.

El análisis de BBVA Research sobre los impactos del fenómeno señala que la menor disponibilidad de anchoveta ya ha repercutido en la pesca y en la producción de harina y aceite de pescado. La evolución de estas actividades dependerá, entre otros factores, de la intensidad y duración del calentamiento marino.

La advertencia de Levy sobre la extensión del calentamiento frente a la costa peruana complementa esta evaluación, pues pone en contexto la dimensión oceánica del fenómeno. No obstante, la cuantificación de las pérdidas en el sector debe sustentarse en estadísticas oficiales de producción y desembarque.

Agricultura: riesgos para las cosechas y el abastecimiento

El sector agrícola también enfrenta riesgos ante las variaciones de temperatura y precipitación. Según BBVA Research, cultivos como el mango, la uva y el arándano podrían verse afectados, aunque las consecuencias dependerán de las condiciones específicas de cada zona productora y del desarrollo del fenómeno.

En el norte, las lluvias intensas pueden afectar campos de cultivo, vías de transporte y actividades de distribución. Las inundaciones o la interrupción de carreteras también pueden dificultar el traslado de productos hacia los mercados, con posibles repercusiones para productores, comerciantes y consumidores.

La entrevista a Levy aporta un punto importante para comprender esta situación: el país necesita prepararse para escenarios climáticos que pueden alterar el funcionamiento habitual de sus ciudades y actividades productivas. La planificación y la prevención resultan fundamentales para reducir la exposición de las zonas agrícolas y de las comunidades que dependen de ellas.

El impacto económico podría extenderse hasta 2027

El impacto de El Niño también genera preocupación por sus posibles consecuencias para el crecimiento económico. En su informe publicado en octubre de 2026, BBVA Research estimó que el fenómeno podría restar 0,9 puntos porcentuales al crecimiento de la economía peruana en 2026 y 1,3 puntos porcentuales en 2027.

La entidad señaló que el efecto económico dependerá no solo de la intensidad del calentamiento, sino también de la coincidencia con la temporada de lluvias, que se extiende entre diciembre y abril. Durante ese periodo, las inundaciones, los desbordes de ríos y las interrupciones de carreteras podrían afectar actividades como el transporte, el comercio y algunos servicios.

En ese contexto, las advertencias de Levy sobre la vulnerabilidad de la infraestructura cobran relevancia. Los daños no dependen únicamente del fenómeno climático: también están relacionados con la ubicación de las viviendas, la capacidad de drenaje de las ciudades y la existencia de obras de protección.

Las proyecciones económicas son estimaciones y pueden variar conforme se actualicen los pronósticos climáticos y la información sobre los sectores productivos. Por ello, deben entenderse como escenarios de riesgo y no como resultados definitivos.

BBVA Research estima que el Fenómeno El Niño podría reducir el crecimiento de la economía peruana durante 2026 y 2027.

Lima también enfrenta riesgos ante lluvias inusuales

Aunque la costa norte concentra una parte importante de la preocupación por las precipitaciones, Lima Metropolitana tampoco está exenta de riesgos. Durante la entrevista, Levy explicó que la capital presenta características geográficas diferentes de las de Piura, pero advirtió que la ocupación de quebradas y laderas puede incrementar la vulnerabilidad ante lluvias intensas.

El especialista mencionó zonas de Lima como Carabayllo, Comas, Ancón, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Chosica y Chaclacayo, donde existen quebradas y áreas pobladas expuestas a posibles emergencias. En estos lugares, el agua puede arrastrar sedimentos y materiales desde las partes altas, dificultando el tránsito y poniendo en peligro a las viviendas ubicadas cerca de los cauces.

Levy también señaló que Lima cumple un papel clave en la respuesta nacional ante emergencias, debido a la concentración de población, servicios e instituciones. “Entonces hay que proteger Lima”, remarcó durante la conversación.

Su advertencia no significa que la capital vaya a experimentar necesariamente las mismas precipitaciones que Piura. El riesgo debe evaluarse según las condiciones locales y los pronósticos oficiales, considerando que incluso lluvias inusuales pueden generar complicaciones en una ciudad con sectores vulnerables y limitada infraestructura de drenaje.

Prevención: el desafío antes de la temporada de lluvias

La preparación frente a El Niño requiere coordinación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, además de sistemas de monitoreo y alerta que permitan anticipar situaciones peligrosas.

Levy sostuvo que una parte central de la prevención consiste en atender los riesgos antes de que se produzca una emergencia. También destacó la importancia de contar con información meteorológica oficial y con equipos preparados para monitorear las lluvias y los caudales de los ríos, de modo que las alertas puedan emitirse oportunamente.

La preocupación por la ejecución de obras preventivas también aparece en información publicada por El Comercio, que reportó que solo el 17 % de los puntos críticos priorizados frente al Fenómeno El Niño tenía intervenciones en ejecución, según datos de la Autoridad Nacional del Agua difundidos en octubre. El medio también informó sobre obras de gestión del riesgo paralizadas o abandonadas.

Este escenario refuerza la necesidad de acelerar las intervenciones en zonas expuestas, mantener despejados los cauces, revisar las rutas de evacuación y comunicar con claridad los avisos oficiales a la población.

El desarrollo de El Niño durante los próximos meses todavía requiere seguimiento. Por ello, las autoridades y la ciudadanía deberán mantenerse atentas a los comunicados del ENFEN, los pronósticos del Senamhi y las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). La anticipación y la preparación serán determinantes para reducir los posibles daños en las comunidades más vulnerables.

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SUNAT incauta joyas y gemas por s/ 300 mil a dos pasajeras en el aeropuerto Jorge Chávez

La ley peruana sanciona el contrabando con penas de entre cinco y ocho años de prisión, además de días-multa.

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3 días ago

24/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) incautó joyas, gemas y aretes valorizados en cerca de S/ 300 mil a dos pasajeras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. Las piezas iban adheridas a sus prendas de vestir y fueron detectadas con un escáner corporal durante una inspección, así lo comunicó la entidad en su cuenta de X (antes Twitter) este 23 de octubre.

A las dos las estaban esperando

Esta revisión no se hizo al azar. Miguel Cama, jefe de la unidad de equipajes de la SUNAT, contó a través del programa Aliados por la Seguridad de TV Perú que la institución ya tenía información sobre las dos pasajeras y que esa información fue justamente lo que motivó la intervención. No eran dos viajeras elegidas por casualidad entre los cientos de personas que pasan cada día por el principal aeropuerto del país.

Cama explicó cómo se llega a una decisión así. En la SUNAT hay un área de gestión de riesgos que reúne información para identificar a los viajeros que necesitan una revisión más a fondo. Con esos datos se orienta el trabajo del personal aduanero, que de ese modo sabe dónde poner más atención y a quiénes revisar con más cuidado.

Ya en el control, los equipos tecnológicos hicieron su parte. Detectaron los objetos que las mujeres llevaban pegados a la ropa. Después vino la revisión de lo hallado, que permitió saber de qué se trataba: joyas, gemas y aretes. Según la información difundida por la propia institución, todo junto valía unos S/ 300 mil.

Pero los dos casos no fueron iguales, y esa diferencia explica lo que vino después. Cama precisó que a una de las pasajeras se le encontró la mercadería oculta, mientras que en el caso de la otra los artículos fueron detectados mediante los equipos tecnológicos. Esa distinción, sumada al valor de los bienes que se atribuyó a cada mujer, definió el tratamiento que correspondía a cada intervención.

Un caso podría ser delito; el otro quedó en lo administrativo

Del hallazgo salieron dos procedimientos. La SUNAT informó que uno de los casos podría constituir un presunto delito de contrabando, mientras que el otro quedó en el ámbito administrativo. Será el Ministerio Público el que determine las responsabilidades correspondientes.

Para entender por qué los caminos se separaron hay que mirar la ley. La Ley de los Delitos Aduaneros, la Ley N.º 28008, establece que el contrabando puede castigarse con una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años, además de días-multa. Es una sanción dura, pero no se aplica por el solo hecho de que alguien lleve joyas encima.

Para que se aplique deben acreditarse los elementos del delito. Uno es el valor que la ley exige para las mercancías: no cualquier monto configura contrabando, hay un mínimo. Otro es la conducta: tiene que haber una acción destinada a eludir o burlar el control aduanero. Dicho de forma simple, no basta con cuánto vale lo que se trae, también importa cómo se lo trae.

En el caso de la pasajera cuya intervención podría tener consecuencias penales, el representante de la SUNAT señaló que se habría superado el umbral de cuatro unidades impositivas tributarias (UIT). Cama indicó además que el hecho de que las joyas estuvieran ocultas es un elemento relevante para evaluar la presunta intención de evitar la revisión de las mercancías. El monto y el ocultamiento, juntos, son lo que lleva este caso hacia una posible vía penal.

La situación de la segunda pasajera fue otra. Según explicó Cama, su caso no superó el umbral económico que se requiere para configurar el delito. Por eso quedó en el ámbito administrativo, el terreno donde la normativa aduanera prevé medidas que pueden aplicarse según las circunstancias que se logren acreditar. No hay cárcel en juego por ese camino, pero eso tampoco significa que el asunto termine sin consecuencias.

Qué se puede traer al Perú

El caso deja en el aire una pregunta que muchos viajeros se hacen cada vez que aterrizan: ¿qué puedo ingresar al país y qué no? Durante la entrevista, Cama dio algunas pistas.

Las personas que llegan al Perú pueden transportar determinados bienes de uso personal y artículos comprendidos en las franquicias aduaneras, siempre que se cumplan las condiciones que fija el reglamento de equipaje. Como ejemplos concretos, el funcionario mencionó hasta dos teléfonos celulares y una computadora portátil, y aclaró que su admisión depende de las disposiciones que se aplican a cada categoría de bienes. No hay una regla única para todo: las normas cambian según lo que se traiga.

Lo que va más allá de eso entra en otro terreno. Los artículos adicionales pueden estar sujetos a límites de valor, a la obligación de declararlos y al pago de tributos. Cama habló de un importe de US$ 500 al referirse a determinadas mercancías comprendidas en las franquicias, pero hay que leer ese dato con cuidado: no es una autorización general para ingresar cualquier producto sin declararlo. También se consideran la naturaleza del artículo, la cantidad que se trae y el tratamiento aduanero que le corresponde. Una cifra suelta no resuelve el asunto.

¿Y las joyas que uno lleva puestas?

Este caso podría hacer pensar que viajar con joyas caras es un problema en sí mismo. No lo es, y la SUNAT lo dejó claro. La institución distingue entre los artículos que una persona lleva para su uso personal y las mercancías que ingresan bajo otras condiciones.

Cama puso un ejemplo sencillo y cotidiano: portar un reloj en la muñeca puede corresponder al uso personal que la normativa permite. Por eso, llevar una joya de valor elevado no constituye automáticamente un delito. Una persona puede entrar al país con un reloj costoso puesto sin que eso active una investigación.

Lo que cambia la evaluación son dos situaciones. La primera, que existan indicios de que los artículos fueron ocultados para evitar la revisión aduanera. La segunda, que las mercancías superen los límites que establece la legislación. En cualquiera de los dos escenarios, las autoridades deben examinar cuánto valen los bienes, cuál era su finalidad y en qué condiciones ingresaron al país. Con ese análisis determinan qué corresponde: exigir el pago de tributos, aplicar una sanción administrativa o investigar un posible delito.

En abril de 2024: joyas por S/ 160 mil

Lo ocurrido ahora no es un hecho aislado en el aeropuerto. El 22 de abril de 2024, la SUNAT intervino a dos pasajeros que pretendían ingresar al Perú más de medio kilogramo de joyas de oro y plata, valorizadas en aproximadamente S/ 160 mil. Las piezas estaban ocultas entre sus prendas y fueron detectadas con un equipo de inspección corporal conocido como BodyScan, durante los controles realizados en el Jorge Chávez.

Foto: Infobae.

Según la información difundida sobre aquella intervención, los pasajeros se dirigían hacia la salida del salón internacional por la zona denominada “nada por declarar”. Es decir, caminaban hacia la puerta que usan quienes aseguran no traer nada que declarar, con la mercadería escondida bajo la ropa.

Tras el hallazgo, las autoridades comunicaron los hechos al Ministerio Público y se dispuso la detención preliminar de ambos pasajeros, ante los indicios de un posible delito aduanero. En aquella ocasión, el caso pasó rápidamente a la vía penal.

En octubre de 2014: joyas y relojes por más de medio millón de dólares

Hace más de una década hubo otro caso que también terminó en el aeropuerto. El 23 de octubre de 2014, una pasajera procedente de Estados Unidos fue intervenida en el Jorge Chávez cuando se detectaron joyas con piedras preciosas y relojes de lujo que llevaba en los bolsillos de su casaca. La mercadería no había sido declarada y, de acuerdo con la información periodística difundida en ese momento, fue valorizada en más de medio millón de dólares.

Durante la inspección, el personal aduanero revisó la casaca y encontró pequeños sobres con joyas y relojes de la marca Hublot. Entre las piezas había artículos con piedras preciosas, cuyo ingreso debía evaluarse conforme a las obligaciones aduaneras correspondientes. Nada estaba a la vista: todo iba guardado en sobres, dentro de los bolsillos.

El caso fue comunicado a las autoridades competentes para investigar un presunto delito de contrabando.

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Corte Superior de Justicia de La Libertad obtiene certificación internacional antisoborno

La distinción ISO 37001 reconoce la implementación de mecanismos de integridad, prevención del soborno y gestión de riesgos de corrupción en la institución judicial. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la importancia de fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana en la justicia.

Published

3 días ago

23/10/2026

Redacción Lima Gris

La Corte Superior de Justicia de La Libertad obtuvo la certificación internacional ISO 37001, correspondiente al Sistema de Gestión Antisoborno, en reconocimiento a la implementación de mecanismos de integridad y acciones orientadas a prevenir la corrupción. Este logro es resultado del trabajo conjunto y el compromiso de magistrados, así como del personal jurisdiccional y administrativo de la institución.

La distinción fue entregada por la empresa Global Certification Bureau durante una ceremonia de reconocimiento al Poder Judicial y a las cortes superiores que registraron avances en la incorporación de herramientas para la prevención, gestión y análisis de riesgos de soborno, así como en el fortalecimiento de la integridad en el sistema de justicia.

Durante el acto, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo que los avances alcanzados reflejan un esfuerzo sostenido por consolidar mecanismos de prevención frente al soborno. Asimismo, exhortó a los titulares de las cortes y a las instituciones públicas a redoblar esfuerzos para erradicar la corrupción, un problema que afecta la confianza ciudadana y obstaculiza el desarrollo del país.

“Que las personas desconfíen de la justicia significa que también desconfían de nuestra capacidad para proteger sus derechos independientemente de su condición, y esa situación no la podemos dejar pasar”, afirmó la magistrada.

Tello Gilardi remarcó que el valor de esta certificación no se limita al reconocimiento institucional, sino que radica en demostrar que el Poder Judicial evalúa permanentemente sus mecanismos de prevención, asume compromisos verificables y está dispuesto a revisar sus procedimientos para mejorar la calidad del servicio que brinda a la ciudadanía.

Por su parte, Gisela Cruzado Agüero, representante de la empresa certificadora, señaló que este reconocimiento contribuye a fortalecer la imagen del Poder Judicial y reafirma el compromiso de la institución con la prestación de un servicio más transparente, eficiente e íntegro.

Además de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, recibieron reconocimiento el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), la Sala Penal Permanente, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria y la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. También fueron distinguidas las cortes superiores de justicia de Arequipa, San Martín y Huancavelica.

La norma ISO 37001 establece los requisitos para implementar y mantener un sistema de gestión antisoborno, mediante políticas, procedimientos y controles destinados a prevenir, detectar y gestionar los riesgos relacionados con estas prácticas. Su aplicación busca fortalecer la capacidad de las organizaciones para enfrentar la corrupción y promover una cultura de integridad.

La certificación representa un avance para la Corte Superior de Justicia de La Libertad; sin embargo, el desafío principal será sostener estos mecanismos en la práctica cotidiana, garantizar su cumplimiento y traducirlos en resultados verificables que contribuyan a fortalecer la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

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Actualidad

Directora del colegio Alfonso Ugarte solicita reorganización a la UGEL 03 sin obtener respuesta

Pese al pedido formal presentado a la UGEL 03 luego de analizar la problemática con representantes de UGEL 03 y DRELM para reestructurar el emblemático plantel, la autoridad educativa local aún no atiende la solicitud.

Published

4 días ago

23/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

Hay documentos que se envían para que alguien actúe y otros que parecen escritos para que alguien los archive. El Oficio N.° 956-2026, firmado el 24 de setiembre por la directora (e) de la I.E. Alfonso Ugarte, directora Jessica Doza Caballero de la IE. Alfonso Ugarte solicita reorganización de toda la IE. Alfonso Ugarte, ante los presuntos hechos de corrupción denunciados por padres de familia, por ahora para las autoridades de la Ugel 03 hoy bajo la gestión de Carmen Medina Rosas, estaría en un segundo plano.

El pedido no es menor: reorganizar toda la institución. No lo hacen padres enfurecidos, sino la propia dirección del colegio, con un acta firmada por especialistas de la UGEL 03 y de la DRELM que estuvieron en la mesa. Es decir, quienes deberían responder ya escucharon el diagnóstico. Y casi un mes después, nadie sabe qué piensan hacer con él.

El inventario es largo. Una APAFA sin reconocimiento y con un proceso electoral enredado desde diciembre de 2025. Comisiones que no se completan porque los docentes temen acabar suspendidos. Actividades pagadas “por costumbre” con dinero de bolsillo ajeno. Una columna rota en un aula de primaria. Y alquileres de canchas, auditorio y cochera sin control claro de lo que realmente ingresa. Cualquiera de esos puntos merecería un expediente administrativo y judicial. Lo irónico es que la UGEL 03 sí supo reaccionar cuando tocó sancionar al anterior director. Entonces hubo proceso, resolución y documentos. Pero cuando una dirección pide ayuda, el despacho parece haber descubierto el arte del silencio administrativo. ¿Se sanciona, pero se acompaña lento? ¿O la reorganización incomoda más de lo que conviene al bienestar educativo?

Mientras tanto, los perjudicados no firman actas. Son los niños y jóvenes que estudian en un colegio sin enfermera, los docentes que dudan de participar en comisiones y los padres cuyas becas y talleres quedaron congelados por una APAFA que nadie reconoce ni resuelve.

El director regional de la DRELM Cornelio Gonzales visitó el colegio hace pocos días. Fue una buena señal, pero una visita no es una decisión. Una foto con el patio de fondo no reemplaza una resolución que ordene qué se corrige, quién responde y en qué plazo.

La UGEL 03 tiene en su escritorio un documento que dice, con todas sus letras, que algo anda muy mal. Puede actuar, puede responder que no corresponde o puede explicar por qué todavía no lo hace. Lo único que no puede es seguir fingiendo que ese oficio nunca llegó y que en la IE. Alfonso Ugarte, todo está en orden.

Porque si la reorganización que pide el colegio no la atiende la autoridad, la hará el desorden. Y el desorden nunca ha sido buen director.

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Actualidad

Cálidda y TGP: el Perú debe preparar la relicitación de las concesiones del gas

Las concesiones de distribución de gas en Lima y Callao, a cargo de Cálidda, y de transporte, operada por Transportadora de Gas del Perú (TGP), vencen en 2033 y enero de 2034, respectivamente. Los cuestionamientos regulatorios y los incumplimientos contractuales atribuidos a TGP por Osinergmin refuerzan la necesidad de que el Estado prepare una nueva licitación y permita que otros operadores compitan por administrar infraestructuras estratégicas para el país.

Published

4 días ago

23/10/2026

Elio León

Durante más de dos décadas, Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP) han operado dos de los principales eslabones de la cadena del gas natural en el Perú. El tiempo transcurrido, sin embargo, no convierte una concesión en un derecho perpetuo ni obliga al Estado a renovar automáticamente la confianza en quienes han administrado estas infraestructuras. Los contratos tienen fecha de vencimiento y, cuando llegue ese momento, el país debe estar preparado para decidir si mantiene a los actuales operadores o abre la puerta a nuevas empresas.

Cálidda tiene como horizonte contractual el año 2033, mientras que la concesión de TGP vence en enero de 2034. Aunque todavía faltan varios años, el calendario no justifica la inacción. Por el contrario, ese margen debería permitir al Estado diseñar un proceso competitivo, evaluar el interés de operadores nacionales e internacionales y establecer condiciones contractuales que respondan a las necesidades energéticas del Perú. La pregunta de fondo es sencilla: ¿por qué dar por descontado que las mismas empresas deben continuar si todavía es posible comparar alternativas?

Dos concesionarios bajo observación

La discusión adquiere mayor relevancia por los antecedentes de ambas compañías. En el caso de TGP, los problemas de su sistema de transporte han vuelto a poner en cuestión la confiabilidad de una infraestructura esencial para el abastecimiento energético nacional. Tras la emergencia de marzo de 2026, Osinergmin determinó que la empresa incumplió obligaciones de su contrato de concesión al no garantizar el flujo y la presión necesarios entre el 1 y el 13 de marzo. Los informes fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para las acciones contractuales correspondientes.

Este antecedente no es menor. El transporte de gas natural constituye una actividad estratégica, y las obligaciones asumidas por un concesionario no pueden quedar reducidas a declaraciones de inversión o compromisos de continuidad. Cuando el sistema falla, corresponde establecer responsabilidades, evaluar las consecuencias y determinar si las garantías contractuales son suficientes para proteger al país frente a futuras contingencias.

Cálidda, por su parte, también ha enfrentado observaciones regulatorias y tarifarias formuladas por Osinergmin, así como revisiones y liquidaciones sucesivas de sus planes de inversión en Lima y Callao. En 2025, además, el Minem concluyó que una versión de su propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones 2026-2030 no era concordante con la Política Energética Nacional. Estos antecedentes deben ser considerados al evaluar el futuro de la concesión, sin confundir las observaciones administrativas con una declaración de incumplimiento definitivo.

Lo que está en discusión, por tanto, no es solamente la continuidad de dos empresas. Se trata de determinar qué condiciones debe exigir el Estado a quienes administran servicios estratégicos y qué mecanismos tiene para obtener mejores resultados para los consumidores, el sistema energético y las finanzas públicas.

La competencia no debe ser una amenaza

Si Cálidda y TGP consideran que cuentan con la experiencia, la capacidad técnica y el respaldo financiero para seguir operando sus respectivas concesiones, pueden demostrarlo en una nueva licitación. Nadie plantea excluirlas de antemano. Lo que corresponde es evitar que su condición de operadores actuales se convierta en una ventaja que cierre el paso a cualquier alternativa.

Una relicitación permitiría comparar propuestas sobre la base de criterios verificables: tarifas, inversiones comprometidas, garantías financieras, estándares de seguridad, capacidad de respuesta ante emergencias, distribución de riesgos y condiciones económicas para el Estado. También permitiría determinar si existen empresas dispuestas a asumir la operación bajo condiciones más favorables para el país.

Hoy, sin un proceso competitivo, el Estado no tiene una comparación integral de lo que otros operadores podrían ofrecer para asumir estas concesiones. Las empresas actuales pueden sostener que sus planes son los más convenientes, pero esa afirmación debe contrastarse con alternativas reales, no aceptarse como una conclusión anticipada.

La competencia tampoco garantiza, por sí sola, tarifas más bajas o mejores servicios. Para conseguir esos resultados se necesitan bases bien diseñadas, reglas transparentes, evaluación técnica rigurosa y contratos que distribuyan adecuadamente las obligaciones y los riesgos. Precisamente por eso, la preparación debe comenzar con anticipación.

Ministro Guillermo Shinno cuestionado por presunto lobby a favor de TGP y Cálidda.

Siete regiones y un nuevo ramal en disputa

El debate no se limita a las infraestructuras que ya están en funcionamiento. Cálidda busca incorporar siete nuevas regiones a una concesión cuyo ámbito original corresponde a Lima y Callao. TGP, por su parte, plantea incorporar el denominado Ramal Sur, un proyecto de infraestructura de gran escala.

Se trata de nuevos territorios, mercados e inversiones. Por eso, el Estado debe evaluar si la ampliación de las concesiones vigentes es necesariamente la alternativa más conveniente o si corresponde explorar otras modalidades de participación empresarial. La incorporación de nuevas regiones y la construcción de infraestructura adicional no deberían convertirse en decisiones automáticas por el solo hecho de que los actuales concesionarios ya operan parte del sistema.

Antes de comprometer nuevas oportunidades de negocio, las autoridades deben comparar costos, beneficios, riesgos y obligaciones. También deben determinar qué mecanismos permitirían garantizar que las inversiones se ejecuten, que los usuarios reciban un servicio confiable y que las decisiones respondan a una política energética de alcance nacional.

El Estado todavía está a tiempo

Uno de los argumentos que podría utilizarse para postergar la discusión es que una nueva licitación demanda estudios, evaluaciones, negociaciones y un complejo diseño contractual. Pero ese razonamiento conduce a la conclusión contraria: si el proceso requiere varios años, debe comenzar cuanto antes.

El Gobierno tiene la oportunidad de realizar estudios de mercado, identificar posibles interesados, evaluar modelos de concesión, definir los criterios de adjudicación y establecer un cronograma que permita una transición ordenada. También debe analizar las consecuencias jurídicas y técnicas del vencimiento de los contratos, de modo que la continuidad del suministro no dependa de decisiones improvisadas a última hora.

Dejar el asunto para los últimos años de las concesiones colocaría nuevamente al Estado bajo presión, con menos margen para negociar y mayor riesgo de que la urgencia termine condicionando las decisiones. Una infraestructura estratégica no puede administrarse con la lógica de esperar hasta que el plazo esté por agotarse.

¿Cuánto podría ganar el Perú con una nueva licitación?

Cálidda y TGP pueden presentar sus proyectos de inversión y defender la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, el interés público exige conocer qué ofrecen otras empresas y bajo qué condiciones estarían dispuestas a asumir estas responsabilidades. Una competencia bien estructurada podría revelar mejores propuestas económicas, compromisos de inversión más exigentes, garantías superiores o una distribución más equilibrada de los riesgos.

También podría confirmar que los actuales concesionarios son los mejores candidatos. Pero esa conclusión tendría mayor sustento si surge de una comparación transparente y abierta, y no de la ausencia de competidores.

El Minem y las entidades competentes deben iniciar desde ahora la evaluación del escenario posterior a 2033 y 2034. La planificación energética no consiste únicamente en garantizar que el gas siga circulando, sino en establecer las condiciones bajo las cuales ese servicio se prestará durante las próximas décadas.

Después de tantos años de operación, el Perú no debería limitarse a preguntar cuánto ofrecen Cálidda y TGP para continuar. Debe formular una pregunta más importante: ¿cuánto podrían ofrecer otros operadores y qué beneficios adicionales estaría dispuesto a obtener el país si abre la competencia?

La decisión no debe tomarse por inercia ni por presión empresarial. Debe sustentarse en información, evaluación técnica y defensa del interés público. Las concesiones tienen fecha de vencimiento. La obligación del Estado es llegar a ese momento con alternativas sobre la mesa, no con una sola puerta abierta.

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Actualidad

Produce descarta segunda temporada de anchoveta en el norte-centro y el sector pesquero enciende alerta por el empleo

La decisión del Ministerio de la Producción se sustenta en una evaluación científica que identificó una biomasa de 5,12 millones de toneladas y una elevada presencia de ejemplares juveniles. Mientras las autoridades priorizan la conservación del recurso, la Sociedad Nacional de Pesquería advierte sobre el impacto económico y laboral que podría extenderse hasta 2027.

Published

4 días ago

23/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La decisión de no autorizar una segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del litoral peruano abrió un nuevo frente de preocupación para la industria pesquera. El Ministerio de la Producción (Produce) comunicó que no habilitará esta campaña durante 2026, luego de que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) identificará condiciones biológicas y oceanográficas desfavorables para la extracción del recurso.

La medida busca proteger la capacidad reproductiva de la anchoveta y evitar una mayor presión sobre su población. Sin embargo, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) advirtió que la suspensión podría mantener paralizada buena parte de la actividad industrial hasta la siguiente temporada, prevista para 2027, con consecuencias para trabajadores, armadores, empresas proveedoras y otras actividades vinculadas con la cadena productiva.

Una evaluación científica determinó el cierre de la temporada

Los resultados del Crucero Científico 2609-10 del Imarpe, con información recopilada hasta el 7 de octubre de 2026, estimaron una biomasa acústica de anchoveta de aproximadamente 5,12 millones de toneladas en la zona evaluada.

De acuerdo con los datos difundidos por Produce y recogidos por medios especializados, el volumen representa una disminución cercana al 27,9 % frente al verano de este año y se encuentra alrededor de un 22,8 % por debajo del promedio de las biomasas acústicas registradas durante los periodos de invierno y primavera entre 1996 y 2025.

Otro factor determinante fue la estructura de tallas de la población: los ejemplares juveniles representaban el 79 % de los individuos evaluados en número y el 65 % en peso. A ello se sumó una actividad reproductiva inferior a sus patrones históricos, aunque se identificaron episodios de desove entre Chimbote y Pisco.

Estos indicadores llevaron a las autoridades a priorizar la conservación del recurso. El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, sostuvo que la decisión busca preservar la anchoveta y mantener las posibilidades de aprovechamiento pesquero para los próximos años.

El Niño modifica la distribución de la anchoveta

Las condiciones oceanográficas también forman parte de la evaluación. El Imarpe identificó anomalías cálidas en el mar que modificaron la distribución del recurso, con una mayor concentración cerca de la costa, desplazamientos hacia el sur y cardúmenes ubicados a mayor profundidad.

Estos cambios dificultan las condiciones para desarrollar una campaña extractiva sin incrementar los riesgos para la población de anchoveta. La presencia de juveniles resulta especialmente relevante porque estos ejemplares necesitan alcanzar su madurez para contribuir a la renovación del recurso.

La decisión de Produce, por tanto, responde a una evaluación que considera tanto la cantidad estimada de anchoveta como su composición por tallas, su actividad reproductiva y las condiciones del ecosistema marino.

El ministerio señaló que continuará monitoreando la biomasa, la estructura de tallas y la actividad reproductiva para evaluar cómo evoluciona la población y determinar las medidas que correspondan.

La Sociedad Nacional de Pesquería advierte sobre el impacto laboral

La suspensión de la campaña generó preocupación entre los representantes de la industria. La Sociedad Nacional de Pesquería señaló que respeta las decisiones sustentadas en evidencia científica, pero pidió al Gobierno evaluar medidas que permitan sostener el empleo y reducir el impacto económico sobre las empresas y los trabajadores.

El 21 de octubre, la presidenta de la SNP, Jéssica Luna, advirtió en declaraciones a RPP que la crisis del sector podría ocasionar la pérdida de cerca de 100.000 puestos de trabajo entre 2026 y 2027. La estimación, según la información difundida por el medio, se basa en un estudio elaborado por Apoyo Consultoría para el gremio empresarial y contempla distintos escenarios de inactividad pesquera.

La cifra debe entenderse como una proyección presentada por el sector, no como un registro oficial de empleos ya perdidos. La eventual magnitud del impacto dependerá de la evolución de las condiciones marítimas, las decisiones de las autoridades y la continuidad de las actividades relacionadas con la pesca.

La SNP solicitó que se evalúen medidas tributarias para proporcionar liquidez a las empresas, mecanismos de financiamiento para determinados armadores y acciones que permitan mantener la cobertura de salud de los tripulantes. También pidió proteger la continuidad de los proveedores y de los negocios que dependen de la actividad pesquera.

¿Qué actividades se ven afectadas por la paralización?

La pesca industrial de anchoveta no involucra únicamente a las embarcaciones que salen al mar. Su cadena productiva también comprende la descarga del recurso en los puertos, el procesamiento, la producción de harina y aceite de pescado, el transporte, los servicios portuarios y las empresas proveedoras.

Por ello, una temporada que no llega a desarrollarse puede reducir los ingresos de trabajadores y negocios que dependen directa o indirectamente de las capturas. El efecto puede alcanzar a tripulantes, pequeños armadores, operarios de plantas, transportistas y proveedores de servicios.

La anchoveta es una materia prima importante para la producción peruana de harina y aceite de pescado, productos destinados en gran medida a mercados internacionales. La duración y magnitud del impacto económico, sin embargo, deberán evaluarse con datos de desembarques, producción, exportaciones y empleo conforme avance el año.

Para Lima Gris, el tema también permite observar cómo las decisiones sobre los recursos marinos repercuten en la economía de las comunidades costeras y en los trabajadores que forman parte de esta cadena.

La pesca exploratoria de anchoveta blanca es una medida distinta

En medio de la discusión sobre la temporada norte-centro, Produce autorizó al Imarpe a ejecutar una pesca exploratoria de anchoveta blanca o samasa (Anchoa nasus), mediante la Resolución Ministerial N.º 00363-2026-PRODUCE.

La actividad tiene como finalidad evaluar la distribución, disponibilidad y características biológico-pesqueras de esta especie. La norma establece que se desarrollará fuera de las cinco millas náuticas de la costa, con embarcaciones de cerco de mayor escala que tengan hasta 110 metros cúbicos de capacidad de bodega, por un periodo máximo de 15 días calendario, sujeto a las condiciones establecidas.

El Imarpe deberá realizar el seguimiento científico y comunicar los resultados a Produce. La actividad podrá suspenderse o cerrarse si se detecta una incidencia de juveniles, captura incidental u otras circunstancias que lo justifiquen por razones de conservación.

Esta autorización no significa que se haya reabierto la temporada de pesca de anchoveta común en la zona norte-centro. Se trata de una evaluación exploratoria de otro recurso, cuyos resultados servirán para sustentar las medidas de manejo que correspondan.

La decisión no comprende toda la pesca de anchoveta del país

Es importante precisar que la no autorización anunciada por Produce se refiere a la segunda temporada de anchoveta en la zona norte-centro del litoral peruano durante 2026. No equivale a una prohibición nacional de toda actividad pesquera relacionada con la especie.

En junio, el Gobierno autorizó por separado la segunda temporada de anchoveta y anchoveta blanca en la zona sur, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2026, con una cuota inicial de captura de 251.000 toneladas, sujeta a las condiciones y medidas de conservación establecidas en la normativa.

La diferencia geográfica y normativa es relevante para entender el alcance de las decisiones y evitar que la suspensión de una temporada se interprete como el cierre de todas las actividades pesqueras del país.

Conservación del recurso y protección del empleo: el desafío del sector

La decisión de no autorizar una segunda temporada en la zona norte-centro pone de manifiesto la necesidad de conciliar la conservación de los recursos marinos con la continuidad económica de las actividades que dependen de ellos.

Por un lado, la evaluación científica advierte que la elevada presencia de ejemplares juveniles y las condiciones oceanográficas actuales requieren actuar con cautela. Por otro, el sector empresarial alerta sobre las consecuencias que una prolongada inactividad puede tener para los trabajadores y la cadena productiva.

El siguiente paso será observar la evolución de la anchoveta mediante el monitoreo del Imarpe y conocer qué medidas propone o adopta el Gobierno para atender el impacto laboral y económico. También será necesario contrastar las proyecciones del gremio con información oficial sobre empleo, producción y actividad pesquera.

La discusión no se limita a abrir o cerrar una temporada: plantea cómo proteger la capacidad de recuperación de un recurso fundamental para el ecosistema marino y, al mismo tiempo, atender a las familias que dependen de la pesca.

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