Beca 18: vence el plazo de inscripción y vuelve la atención sobre el financiamiento de las becas

Política Beca 18: vence el plazo de inscripción y vuelve la atención sobre el financiamiento de las becas Ayer viernes 16 de octubre culminó la inscripción al Examen Nacional de Preselección para acceder a una de las 6.000 becas de la convocatoria 2027. Mientras miles de jóvenes buscan una…

Política

Ayer viernes 16 de octubre culminó la inscripción al Examen Nacional de Preselección para acceder a una de las 6.000 becas de la convocatoria 2027. Mientras miles de jóvenes buscan una oportunidad para estudiar una carrera profesional, las solicitudes de recursos adicionales realizadas este año ponen en debate la sostenibilidad del programa.

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8 minutos ago

17/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La inscripción para participar en Beca 18-2027 culminó ayer 16 de octubre a las 11:59 p. m. El concurso, administrado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ofrece 6.000 becas dirigidas a jóvenes peruanos con alto rendimiento académico que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o alguna condición especial.

El proceso es virtual y gratuito, y permite a los postulantes iniciar su participación en el Examen Nacional de Preselección (ENP). Sin embargo, la convocatoria también invita a observar otro aspecto de la política educativa: los recursos que el Estado destina a sostener las becas vigentes y financiar nuevas oportunidades de acceso a la educación superior.

Según el cronograma publicado por Pronabec, la inscripción al examen comenzó el 9 de octubre y concluye hoy. La revisión de las solicitudes continuará hasta el 6 de noviembre; la lista de postulantes aptos se publicará el 11 de noviembre y el examen presencial se realizará el 22 de noviembre. Los resultados de preselección están previstos para el 23 de diciembre.

Seis mil oportunidades para acceder a la educación superior

La convocatoria 2027 comprende nueve modalidades: Ordinaria, Huallaga, Vraem, Protección, Repared, Comunidades Nativas Amazónicas, Pueblo Afroperuano, Educación Intercultural Bilingüe y Fuerzas Armadas. Cada una responde a condiciones específicas y establece requisitos particulares.

Entre los criterios generales figuran tener nacionalidad peruana, estar cursando el último grado de secundaria o haber egresado, acreditar un alto rendimiento académico en los dos últimos grados concluidos y cumplir las condiciones de vulnerabilidad o situación especial correspondientes a la modalidad elegida.

Los límites de edad también varían según la modalidad. Por ello, los interesados deben revisar las bases oficiales antes de completar su inscripción y verificar que la información y los documentos presentados sean correctos.

La beca cubre costos académicos, como matrícula, pensiones y obtención del grado o título, de acuerdo con las condiciones del concurso. Determinados beneficiarios también pueden acceder a apoyos no académicos, como alimentación, alojamiento, movilidad, materiales de estudio y una computadora portátil. La cobertura de cada concepto depende de las reglas aplicables a la modalidad y de las condiciones establecidas para la convocatoria.

El programa representa una alternativa para jóvenes que, pese a cumplir los requisitos académicos, afrontan dificultades económicas para continuar sus estudios. No obstante, inscribirse no garantiza la obtención de una beca: los participantes deben superar las etapas de evaluación y selección.

El presupuesto de 2026: recursos para mantener las becas

El financiamiento constituye una parte central de la discusión. En diciembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el presupuesto público de 2026 contempla S/ 1.429 millones para garantizar la continuidad de las becas de educación superior.

Esta cifra corresponde al conjunto de becas de educación superior, por lo que no debe interpretarse como el presupuesto exclusivo de Beca 18 ni como el monto asignado únicamente a la convocatoria 2027. El MEF también señaló que la normativa presupuestaria permite realizar modificaciones para asegurar la sostenibilidad de las becas administradas por Pronabec.

El marco presupuestario es relevante porque estos programas no solo deben financiar nuevas asignaciones, sino también atender los compromisos asumidos con estudiantes que ya obtuvieron una beca. La continuidad de sus estudios depende de que el Estado pueda cubrir las obligaciones previstas en las condiciones de cada programa.

Foto: UPAO.

El presupuesto de 2026: recursos para mantener las becas

Solicitudes de recursos adicionales: el antecedente que importa

En mayo de 2026, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, solicitó ante la Comisión de Educación del Congreso un crédito suplementario de S/ 105,5 millones para Beca 18 y S/ 14 millones para Beca Generación del Bicentenario.

De acuerdo con la información publicada por el diario oficial El Peruano, los recursos solicitados para Beca 18 buscaban atender a 5.316 becarios adicionales. En el caso de Beca Generación del Bicentenario, el pedido apuntaba a financiar entre 147 y 150 nuevos beneficiarios de estudios de posgrado en el extranjero.

Este antecedente permite identificar una tensión presupuestaria que merece seguimiento periodístico: las metas de ampliación de cobertura deben estar respaldadas por recursos suficientes. Sin embargo, la solicitud de un crédito suplementario no equivale, por sí misma, a una prueba de que todas las becas estén desfinanciadas ni permite concluir que la convocatoria 2027 carezca de presupuesto.

Además, una resolución publicada por Pronabec en febrero de 2026 documentó una habilitación de S/ 50 millones para ampliar la cobertura de Beca 18 de ese año en 2.592 becas adicionales. El documento señaló que, con esta ampliación, la oferta de la convocatoria 2026 alcanzaría hasta 5.184 becas.

Las cifras corresponden a la convocatoria 2026 y no deben confundirse con las 6.000 vacantes anunciadas para 2027. Para determinar cuánto dinero está efectivamente disponible para la nueva convocatoria, se requiere revisar la asignación presupuestaria específica y sus modificaciones.

Foto: El Peruano.

¿Qué se sabe del presupuesto para 2027?

El MEF publicó el proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, que debe analizarse junto con sus anexos de distribución por entidades, programas y actividades. La propuesta presupuestaria general no debe confundirse con una asignación definitiva y exclusiva para Beca 18-2027.

A la fecha de publicación de esta nota, las fuentes consultadas permiten identificar el presupuesto general de becas para 2026 y los pedidos de recursos adicionales realizados durante ese año. Sin embargo, no permiten establecer de manera concluyente una cifra final y específica para financiar las 6.000 becas de la convocatoria 2027 ni el porcentaje de ejecución presupuestaria de Pronabec al 16 de octubre.

Para responder esa pregunta es necesario contrastar los anexos presupuestarios de 2027 con la Consulta Amigable del MEF y los documentos presupuestarios de Pronabec. En particular, se deben revisar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el gasto devengado y los montos comprometidos para becas nuevas y becarios continuadores.

Esta distinción es importante: el presupuesto aprobado, el presupuesto modificado y el gasto efectivamente ejecutado son indicadores diferentes. Sin esa comparación, no sería correcto afirmar que el programa cuenta con recursos suficientes o insuficientes para cumplir todas sus metas de 2027.

El reto: ampliar el acceso sin comprometer la continuidad

La convocatoria 2027 vuelve a poner sobre la mesa la relación entre oportunidades educativas y planificación presupuestaria. Para los postulantes, el primer paso es completar la inscripción dentro del plazo establecido y cumplir las etapas del concurso. Para las autoridades, el desafío consiste en garantizar que las becas anunciadas cuenten con respaldo financiero y que los beneficiarios puedan continuar sus estudios según las condiciones ofrecidas.

En ese contexto, el seguimiento no debe limitarse al número de vacantes. También debe observar la asignación de recursos, las modificaciones presupuestarias, la ejecución del gasto y la atención de los compromisos con los becarios actuales.

La pregunta que queda abierta es cuánto del presupuesto previsto para 2027 se destinará específicamente a las nuevas becas y cómo se garantizará su financiamiento durante el desarrollo de los estudios. La respuesta exige cifras oficiales desagregadas y una comparación transparente entre los recursos programados, los ejecutados y las metas anunciadas.

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Keiko Fujimori y la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados: lo que dice la Constitución, los votos que hacen falta y las opciones del gobierno

Redacción Lima Gris

Política

Keiko Fujimori y la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados: lo que dice la Constitución, los votos que hacen falta y las opciones del gobierno

La presidenta dijo que la Constitución “permite otras cosas” si el Congreso no le da facultades. Qué establece realmente la Carta sobre disolver la Cámara de Diputados y qué pasó este jueves en el Senado.

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1 hora ago

17/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

El pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori quedó paralizado el jueves 15 de octubre en el Senado. En la Comisión de Constitución, cuatro bancadas de oposición abandonaron la sala tras una discusión sobre cuánto puede cambiar la Cámara alta el texto que ya aprobó la Cámara de Diputados. La comisión se quedó sin quórum y sin fecha para volver a reunirse.

El episodio reavivó una pregunta que circula desde fines de septiembre, cuando la presidenta dijo que la Constitución “permite otras cosas”. La oposición lo leyó como la amenaza de disolver la Cámara de Diputados, es decir, sacar a los 130 diputados de sus cargos y convocar a elecciones en un máximo de cuatro meses.

¿Puede hacerlo? La respuesta está en el artículo 134 de la Constitución y en lo que ocurra con el gabinete de Luis Galarreta, el primero de este periodo.

Keiko Fujimori junto al premier Luis Galarreta y el presidente del Senado Miki Torres.

Choque en la Comisión de Constitución

Cuatro bancadas de oposición se levantaron y se fueron de la Comisión de Constitución del Senado el jueves 15 de octubre, en plena sesión sobre el pedido de facultades del Gobierno. Eran las de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras. Se retiraron después de que el presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), tumbara una votación que ellos daban por ganada.

Todo empezó cuando la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) pidió que, antes de entrar al contenido, se definiera hasta dónde puede el Senado cambiar lo que ya aprobó la Cámara de Diputados. Ganó por un voto, pero Mesía la declaró rechazada: dijo que faltaba registrar el voto virtual del senador Alejandro Aguinaga, que habría empatado el resultado y le habría dado a él el voto dirimente. La oposición contestó que la votación ya estaba cerrada.

Por la tarde, los cuatro grupos pidieron votar solo lo aprobado por Diputados. Mesía se negó, no volvieron y, sin quórum, la comisión quedó suspendida “hasta nuevo aviso”. Fuerza Popular habló de boicot, y Mesía dijo: “Los grupos de izquierda pedían debate y ahora se corren”. Este viernes advirtió que, sin un consenso previo, “no habrá facultades delegadas”.

La advertencia de la presidenta

El 29 de septiembre, con el pedido de facultades en la Cámara de Diputados desde hacía un mes, Fujimori dijo que se estaba “poniendo a prueba” la paciencia del Gobierno. Agregó que ser respetuoso no es ser débil, que las leyes y la Constitución también permiten otras cosas y que el Ejecutivo abriría todos los caminos contra la delincuencia, siempre dentro del marco constitucional.

La diputada Indira Huilca (Ahora Nación) preguntó entonces si lo que venía era disolver la Cámara, y el ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó esa intención. El premier Galarreta dijo después que hacerlo “no está en los planes” y que el Gobierno seguirá por la vía legislativa ordinaria. La presidenta ya lo había descartado el 28 de agosto en Tacna, según La República, y a una periodista de Latina le respondió que no iba a ahondar en el debate. Tras el choque en el Senado pidió unidad ante el fenómeno El Niño.

La popularidad de la presidenta

El choque llega cuando el respaldo a Fujimori cae, a menos de tres meses de que asumiera el cargo, el 28 de julio. La encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, difundida el 14 de octubre, la ubica en 28,3 %, 14,5 puntos menos que en septiembre, con 53,6 % de desaprobación.

El 62 % de los encuestados cree que la economía va mal, y Bloomberg vincula la caída con la preocupación por la economía y la delincuencia y con cierto recelo ante el acercamiento del Gobierno a Donald Trump y Estados Unidos.

Otra medición, la de CB Global Data, la puso en 46,3 %, frente a 52,4 % del mes anterior: la mayor caída entre los presidentes de la región, con 50,8 % de desaprobación. Las cifras difieren porque cada empresa usa metodologías distintas, pero apuntan en la misma dirección.

El recuerdo de 1992

La pregunta pesa más en el Perú por un antecedente que lleva el mismo apellido. El 5 de abril de 1992, a las 10:36 de la noche, Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta, anunció por televisión la disolución temporal del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público.

El mensaje duró unos veinte minutos y esa misma noche el Ejército salió a las calles de Lima. Fujimori dijo que el Parlamento era obstruccionista y le impedía enfrentar la crisis económica y el terrorismo; su bancada tenía 32 de los 180 diputados y 14 de los 62 senadores.

Los congresistas, impedidos de entrar a su sede, se reunieron en el Colegio de Abogados de Lima, declararon la vacancia de Fujimori y juramentaron a su vicepresidente, Máximo San Román, el 21 de abril. El gobierno de hecho se mantuvo y, tras un llamado de la OEA, convocó a elecciones para un Congreso Constituyente, que redactó una nueva Constitución con reelección presidencial.

La base constitucional

La Ley 31988, de marzo de 2024, restableció la bicameralidad y modificó el artículo 134, que rige desde las elecciones de 2026:

Artículo 134.- El presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para una nueva Cámara de Diputados, que se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. La Cámara así elegida sustituye a la anterior y completa su período. No puede disolverse la Cámara de Diputados en el último año de su mandato. Disuelta la cámara, se mantiene en funciones el Senado, el cual no puede ser disuelto. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, la Cámara de Diputados no puede ser disuelta.

Lo que tendría que cumplirse

La Constitución habla de dos gabinetes, no de dos votaciones. Como explicó el exoficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes, hace falta la censura de dos gabinetes o la negación de confianza a dos gabinetes. Hasta ahora no ha ocurrido ninguna de las dos cosas con el de Galarreta, que ni siquiera pasó por un voto de investidura: desde la reforma, la exposición inicial del premier ante Diputados no da lugar a cuestión de confianza.

Quedan dos caminos, previstos en los artículos 132 y 133. El primero es la censura: la moción necesita al menos 33 firmas, el 25 % de los 130 diputados, no puede votarse antes del tercer día y debe votarse a más tardar el décimo, y para aprobarse exige más de la mitad del número legal, es decir 66 votos. El segundo es que el propio premier plantee una cuestión de confianza a nombre del gabinete; si la Cámara se la rehúsa, el gabinete cae. En ambos casos, tendría que repetirse con un segundo gabinete.

El segundo camino es el más discutido. La Ley 31355, de 2021, limita las cuestiones de confianza, y según constitucionalistas consultados por RPP no pueden versar sobre competencias exclusivas del Congreso. El Tribunal Constitucional, en 2023, sostuvo que solo el Congreso interpreta el sentido de su decisión sobre la confianza. Delgado-Guembes agregó, el 7 de octubre, que la confianza solo cabe sobre competencias del Ejecutivo y su política general, que no puede plantearse con condiciones ni plazos, que la Cámara puede rechazarla de plano sin que cuente como denegatoria y que el gabinete no puede condicionar las facultades a ese mecanismo, porque delegar es potestad del Congreso. Con ese marco, dijo, cerrar la Cámara se ha vuelto “más complejo”.

El antecedente es el de septiembre de 2019, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso unicameral alegando una “denegación fáctica” de la confianza. El Tribunal Constitucional avaló la disolución en enero de 2020 por cuatro votos contra tres; sus críticos sostienen que esa figura no está en la Constitución, y la Ley 31355 vino después a reforzar la posición del Congreso. Otros abogados, citados por medios regionales, creen que una disolución sería poco probable o que, de negarse la confianza, el Ejecutivo podría acudir al Tribunal con una demanda competencial; son opiniones, no decisiones.

Si la disolución llegara a darse, el Ejecutivo gobernaría con decretos de urgencia hasta que se instale la nueva Cámara, dando cuenta al Senado, según el artículo 135, y esa nueva Cámara podría censurar al gabinete después de que el premier exponga lo actuado. Disolver la Cámara fuera de los casos del artículo 134 es una de las pocas causales por las que el presidente puede ser acusado durante su mandato, según el artículo 117.

Los números en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados tiene 130 integrantes repartidos en seis bancadas. Fuerza Popular, el partido de la presidenta, tiene 41; Juntos por el Perú, 32; el Partido del Buen Gobierno, 18; Renovación Popular, 15; Obras, 14, y Ahora Nación, 10. Ninguna llega sola a los 66 votos que forman mayoría.

Fuerza Popular y Renovación Popular suman 56, diez menos de los necesarios. Las otras cuatro bancadas, que en julio se agruparon como Consenso por la Democracia para disputarles la conducción de la Cámara, sumaban 74, según Infobae. Si votaran juntas, serían las únicas con los votos para censurar a un gabinete.

El pedido de facultades, sin embargo, se aprobó en la Cámara con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, luego de rechazar el dictamen en una primera votación. Eso quiere decir que Fuerza Popular y Renovación Popular sumaron al menos diez votos de otras bancadas. La Constitución también impide disolver la Cámara en el último año de su mandato, que termina en 2031.

Qué puede pasar ahora

El Gobierno tiene hoy dos escenarios. En el primero, el Senado y la oposición se ponen de acuerdo sobre cómo tratar el pedido de facultades. Hay dos fórmulas sobre la mesa: votar primero los 20 puntos que aprobó Diputados y después los siete que agregó el Senado, o que el Ejecutivo tome esos 20 y pida el resto con proyectos de ley urgentes. Si hay acuerdo, el texto pasaría al Pleno del Senado, donde estaba previsto debatirlo el lunes 19.

En el segundo, no hay acuerdo y las facultades no se aprueban. El Gobierno ha dicho que en ese caso seguirá por la vía legislativa ordinaria, es decir, con proyectos de ley que pasan por el Congreso. La disolución de la Cámara de Diputados sería un tercer camino, y no depende del Senado. Exigiría que los diputados censuren o le nieguen la confianza a un primer gabinete y luego a un segundo, con una mayoría que hoy ninguna bancada tiene sola. Hasta ahora ni la presidenta ni el premier han dicho que vayan a plantearlo, y el ministro Juan Sheput descartó esa intención.

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Política

Diputado César Holguín rechaza adendas de Cálidda y TGP: “No vamos a permitir que posterguen nuevamente a nuestra región» [VIDEO]

El diputado de Ahora Nación advierte que las modificaciones contractuales podrían poner en riesgo el proyecto de distribución de gas y cuestiona la falta de estudios comparativos sobre rentabilidad social, seguridad energética y desarrollo regional. Junto con las organizaciones sociales, exige que las decisiones prioricen los intereses de la población y no se adopten al margen de la competencia.

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2 días ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El diputado César Holguín expresó su rechazo a las condiciones planteadas para una eventual adenda con Cálidda y a la propuesta de modificación contractual de Transportadora de Gas del Perú (TGP), al considerar que ambas alternativas podrían perjudicar las aspiraciones de desarrollo energético de su región.

“Si se firma esa adenda con Cálidda en esos términos, es decirle adiós a otros proyectos y eso no lo vamos a permitir”, advirtió el parlamentario.

Holguín también rechazó la posibilidad de impulsar una adenda con TGP para trasladar el gas por la costa sin que, según sostuvo, existan criterios de seguridad suficientes. Para el diputado, ambas propuestas representan un riesgo de postergación para la región y sus demandas de acceso a los recursos energéticos.

“Con ambas fórmulas, lo que se está haciendo es postergar nuevamente a nuestra región”, manifestó, al remarcar que esta posición es compartida con las organizaciones sociales involucradas en la defensa de los intereses regionales.

Cuestiona falta de competencia y rentabilidad social

Uno de los principales cuestionamientos del diputado está dirigido a la forma en que se estarían planteando las modificaciones contractuales. Holguín sostuvo que las denominadas “adendas a dedo” entrarían en conflicto con el principio de competencia y con los objetivos de desarrollo regional.

Asimismo, señaló que, hasta la fecha, no se habría presentado un estudio comparativo que permita sustentar las decisiones desde el principio de rentabilidad social. En esa línea, cuestionó que las propuestas no demuestren, a su juicio, beneficios concretos para la población ni garantías suficientes para la seguridad energética.

El parlamentario insistió en que las decisiones sobre el transporte y la distribución del gas deben responder a criterios técnicos, transparentes y orientados al interés público. En ese sentido, consideró que no basta con modificar las condiciones contractuales si no se acredita cómo estas contribuirán al bienestar de la población y al desarrollo de la región.

Organizaciones sociales respaldan la defensa regional

El diputado Holguín afirmó que la posición expresada responde también a una preocupación compartida con las organizaciones sociales, que buscan evitar que las decisiones sobre la infraestructura gasífera releguen nuevamente las necesidades regionales.

El debate, según el planteamiento del diputado, no se limita a las condiciones de las adendas con Cálidda y TGP, sino que involucra el futuro del proyecto de distribución de gas, la seguridad del transporte y la posibilidad de que la región acceda a beneficios concretos derivados de su desarrollo energético.

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Política

Íber Maraví sobre las facultades legislativas: “Nosotros, los de Juntos por el Perú, sabíamos del peligro que corría” [VIDEO]

El senador de Juntos por el Perú cuestionó a las fuerzas políticas que impulsaron el envío del pedido de facultades legislativas de Diputados al Senado y sostuvo que ahora deben explicar por qué respaldaron una propuesta limitada a 20 facultades.

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2 días ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

El debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos en el Senado. El senador Íber Maraví, de Juntos por el Perú, responsabilizó a las agrupaciones Obras, Ahora Nación y Buen Gobierno por impulsar el traslado del pedido de facultades legislativas de Diputados al Senado. Según sostuvo, estas fuerzas políticas deben explicar las razones de su decisión.

Maraví sostuvo que su agrupación política había advertido sobre los riesgos de que el pedido de facultades fuera sometido a una nueva evaluación en la Cámara Alta, donde podría ampliarse el número de atribuciones otorgadas al Gobierno.

“Ellos han hecho un esfuerzo para que solo se le dé 20 facultades al Ejecutivo. Ellos son los responsables de que Diputados haya pasado al Senado”, manifestó el parlamentario, al marcar distancia de la decisión adoptada por esas fuerzas políticas.

El senador explicó que Juntos por el Perú defendía una posición distinta: evitar que la propuesta pasara al Senado, precisamente por la posibilidad de que el alcance de las facultades se extendiera durante el debate parlamentario.

“Nosotros, los de Juntos por el Perú, sabíamos del peligro que corría, que se podía ampliar en el Senado”, señaló, al justificar la postura de su bancada frente al procedimiento seguido.

Maraví exige explicaciones a las fuerzas políticas

El parlamentario insistió en que las agrupaciones que impulsaron el traslado de la propuesta deben asumir la responsabilidad política de esa decisión y explicar los motivos que las llevaron a respaldarla.

“Ahora ellos deben responder, me refiero a estas tres fuerzas políticas, deben responder cuáles son sus razones, nosotros no”.

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión sobre el alcance de las facultades legislativas que el Ejecutivo busca obtener y las condiciones que el Parlamento considera necesarias para autorizar su ejercicio.

¿Se ampliará el número de facultades?

Maraví también se refirió a la posibilidad de incorporar nuevos temas al pedido del Ejecutivo. Según indicó, el senador Barragán habría anunciado que existe disposición para aceptar la inclusión de algunas materias adicionales.

Frente a ese escenario, el representante de Juntos por el Perú consideró que corresponde a las fuerzas políticas que promovieron el traslado de la propuesta definir y explicar su posición sobre una eventual ampliación.

“El señor Barragán ha anunciado que incluso ellos pueden aceptar que se incluyan algunos temas más, bueno, la pregunta está en la cancha de ellos”, expresó.

El pronunciamiento vuelve a poner en evidencia las diferencias políticas en torno al mecanismo para aprobar estas atribuciones y plantea una interrogante central: ¿se mantendrá el límite de 20 facultades o el Senado abrirá la puerta a incorporar nuevas materias al pedido del Gobierno?

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Política

Keiko Fujimori en picada: la luna de miel duró apenas un mes

A 79 días de asumir el mando, la aprobación de la presidenta cayó entre 6 y 18 puntos según Datum, CB Global Data y AtlasIntel. Las tres coinciden en el sentido de la caída; no en su profundidad.

Published

2 días ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

La presidenta Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno el 28 de julio con el respaldo de más de la mitad del país. Menos de tres meses después, ese respaldo cayó: la encuesta más reciente de AtlasIntel la ubica en 28,3 % de aprobación, 14,5 puntos menos que un mes antes, con una desaprobación de 53,6 %.

Las cifras reflejan cómo se fueron enfriando las altas expectativas con las que fue recibida. Fujimori llegó con una promesa clara: restablecer el orden. Venía de años en los que la inseguridad crecía y la política no daba tregua; en la última década, Perú cambió de presidente nueve veces. A eso se sumaba un orgullo económico: el país presumía de tener una de las economías más estables de la región. Hoy, según AtlasIntel, solo Argentina inspira menos confianza económica entre las principales economías latinoamericanas.

Las cifras, de agosto a octubre

Cuatro encuestadoras han medido a la presidenta desde que empezó el gobierno, y todas muestran el mismo movimiento. Datum la tenía en 60 % de aprobación en agosto y en 42 % en septiembre, con 44 % de rechazo. El IEP, que no tenía una medición previa, la ubicó en 37 %, con 49 % de rechazo. Ya en octubre, CB Global Data registró una baja de 52,4 % a 46,3 %, con 50,8 % de desaprobación, y AtlasIntel, una caída de 42,8 % a 28,3 %, con 53,6 % de rechazo.

Los números no son estrictamente comparables, porque cada firma usa su propia metodología y sus propias fechas de campo, pero la tendencia es nítida. En paralelo, el rechazo aumentó en las tres mediciones que tienen un dato anterior: en Datum pasó de 24 % a 44 % en un mes; en CB Global Data, de 45,1 % a 50,8 %; en AtlasIntel, de 40,3 % a 53,6 %. El punto de partida de ese descenso está en las urnas.

Una victoria por menos de 50 000 votos

En la primera vuelta del 12 de abril participaron 35 candidatos y ninguno alcanzó la mayoría absoluta. Fujimori obtuvo 2 877 678 votos, alrededor de 17,2 % de los válidos, y ganó en la costa norte y en la Amazonía, con hasta 34,13 % en Tumbes y 29,68 % en Ucayali. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró 2 015 114 votos, y Rafael López Aliaga quedó tercero con 1 993 904, a apenas unos 21 mil votos de entrar al balotaje. El Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados el 17 de mayo.

La segunda vuelta del 7 de junio fue una de las más reñidas de los últimos procesos electorales. Con el 100 % de las actas contabilizadas, la ONPE informó el 29 de junio que Fujimori obtuvo 9 223 396 votos (50,135 % de los votos válidos) y Sánchez 9 173 755 (49,865 %): una diferencia de 49 641 votos. El Jurado Nacional de Elecciones la proclamó presidenta electa el 3 de julio.

Fujimori llegó así al cargo en su cuarto intento, después de perder tres segundas vueltas consecutivas. Asumió el 28 de julio, con Luis Galarreta como presidente del Consejo de ministros, y prometió restablecer el orden institucional. Un mes más tarde llegaron las primeras mediciones de su gestión.

Septiembre: el primer mes y el primer golpe

Las primeras alarmas sonaron a mediados de septiembre. Datum, en una encuesta para América Televisión realizada entre el 11 y el 15 de ese mes a 1 204 personas, con un margen de error de 2,8 %, mostró que la aprobación había caído 18 puntos en apenas cuatro semanas de gestión: de 60 % a 42 %. En la misma medición, la desaprobación pasó de 24 % a 44 %.

El IEP, que entrevistó a 1 202 personas entre el 4 y el 10 de septiembre, con el mismo margen de error, la situó en 37 %, con 49 % de rechazo y 5 % sin opinión. Ese estudio midió también al Congreso de la República: 65 % lo desaprueba. Octubre trajo dos nuevas mediciones, y con ellas una comparación con el resto de la región.

Octubre: la caída que se vuelve regional

El 12 de octubre, CB Global Data difundió su ranking mensual de presidentes latinoamericanos, con una encuesta realizada del 5 al 8 de octubre en 18 países. Fujimori figura con 46,3 % de aprobación, frente a 52,4 % del mes anterior: una baja de 6,1 puntos, la mayor de la región. Pasó del cuarto al séptimo lugar, todavía por delante de Lula da Silva (45,3 %), José Antonio Kast (38,8 %) y Javier Milei (36,1 %). Su desaprobación subió de 45,1 % a 50,8 %.

Dos días después, la encuesta LatAm Pulse de AtlasIntel, publicada el 14 de octubre, mostró que la aprobación cayó de 42,8 % a 28,3 % y la desaprobación subió de 40,3 % a 53,6 %. Además, el 50,2 % calificó la gestión de mala o muy mala, mientras que cerca de uno de cada cinco (19,1 %) la considera buena o excelente.

El mismo sondeo midió imagen personal: Fujimori tiene 34 % de opinión favorable, por encima del premier Luis Galarreta, que registra 15 %. La encuesta indaga también por la situación del país, empezando por la economía.

Economía: pesimismo, inflación y la sombra de El Niño

Según AtlasIntel, 62 % de los peruanos cree que la economía va mal y solo 22 % piensa que va bien. Un porcentaje similar, 64 %, evalúa negativamente el mercado laboral. Los tres indicadores empeoraron frente al mes anterior.

El Banco Central de Reserva recortó su proyección de crecimiento para 2026 a 3,2 %, la inflación acumula siete meses por encima del techo de la meta oficial y se anticipa un Fenómeno de El Niño que sería el más intenso registrado hasta ahora, con efectos sobre la agricultura y la pesca.

Los datos de actividad, sin embargo, siguen en positivo: según reportes de prensa económica, la economía creció 3,56 % en julio, por encima de lo previsto, y 3,23 % en agosto. El gobierno anunció además un aumento del salario mínimo. La otra preocupación que mide AtlasIntel es la delincuencia.

Inseguridad: las medidas del gobierno

El 42 % de los encuestados por AtlasIntel identifica la inseguridad como uno de los principales problemas del país. Aunque esa cifra sigue muy por debajo de los máximos de hace un año, subió más de tres puntos respecto de la medición anterior. Un estudio de opinión realizado para El Comercio halló que el 57 % cree que el gobierno no tiene una estrategia clara en seguridad ciudadana, y el IEP encontró que seis de cada diez ven al gobierno poco o nada preparado para enfrentar la inseguridad.

El Ejecutivo ha respondido con medidas de seguridad. Anunció un mando unificado entre la Policía y las Fuerzas Armadas, junto con la expulsión de extranjeros que cometan delitos, y, el 7 de octubre, desde una base militar de Lima, un equipo de élite contra la delincuencia formado por agentes y militares. La semana pasada, la presidenta compareció en un acto flanqueada por soldados, y aludió a la lucha contra el terrorismo de los años noventa, durante el gobierno de su padre. También ha inspeccionado penales, como El Milagro, en Trujillo, y asegura que su gobierno inició la recuperación de los establecimientos penitenciarios. Parte de ese plan depende del Congreso.

El pulso con el Congreso por las facultades

El frente político más visible es el pedido de facultades legislativas. El gabinete que preside Luis Galarreta solicitó 120 días de poderes delegados para desarrollar 66 medidas, con el argumento de cerrar brechas sociales, destrabar obras paralizadas, prepararse ante El Niño y enfrentar la criminalidad. El premier sustentó el pedido durante unas tres horas ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, acompañado de seis ministros. Cuatro comisiones de esa cámara rechazaron por mayoría el pedido, mientras que las de Ambiente y Defensa se pronunciaron a favor.

El trámite ha sido accidentado. La Cámara de Diputados aprobó una versión considerablemente más limitada de la solicitud y el proyecto está ahora en el Senado, donde, según El Comercio, un predictamen de la Comisión de Constitución plantea rechazarlo y archivarlo. Tras dos primeros meses más conciliadores, en los que buscó formar coaliciones en el Congreso, la presidenta endureció su tono a fines de septiembre: con el debate ya en su sexta semana, dijo que los legisladores estaban “poniendo a prueba nuestra paciencia”. Galarreta ha insistido en que, con o sin facultades, el gobierno pondrá orden, y que lo que no se otorgue se tramitará por proyectos de ley o decretos de urgencia. La Confiep, gremio empresarial, pidió madurez política en el debate.

Miradas hacia Washington y San Salvador

Perú se sumó al Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, y la decisión divide a la opinión pública. Según AtlasIntel, cerca de la mitad de los encuestados valora de forma desfavorable que los gobiernos de la región se alineen con las políticas de seguridad de Estados Unidos, y un 33 % afirma que esa alineación limita gravemente la autonomía del país en la lucha contra el crimen organizado.

A fines de octubre está prevista una visita de la presidenta a El Salvador, por invitación del presidente Nayib Bukele, a quien Fujimori ha elogiado abiertamente. El ministro Alberto Beingolea consideró el viaje “perfectamente pertinente”.

Educación: nuevas medidas escolares

Esta semana, la presidenta anunció planes para prohibir el maquillaje, las uñas pintadas y el pelo excesivamente largo o teñido en los colegios públicos, y para revisar la longitud de las faldas del uniforme, tras el caso de agresión sexual de gran repercusión ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. Los críticos han establecido paralelismos con las medidas que el presidente salvadoreño aplicó el año pasado en las escuelas de su país. El gobierno ha propuesto además el Plan Nacional de Educación 2026-2031.

Lo que viene

Ninguno de los frentes está cerrado. En el Congreso, el Senado debe decidir qué hace con el pedido de facultades, después de que Diputados aprobara una versión más acotada. A fines de octubre la presidenta viajará a El Salvador, invitada por Nayib Bukele. Y a comienzos de noviembre el gobierno cumplirá sus primeros 100 días, con nuevas mediciones de Datum y el IEP en el horizonte para saber si la caída sigue o se frena.

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Política

Senador Jorge Gavidia impulsa Foro sobre Innovación y Transferencia Tecnológica para impulsar el Desarrollo Rural

El encuentro busca identificar las principales demandas de los productores agropecuarios, especialmente de la Amazonía, y promover propuestas que articulen tecnología, ciencia, financiamiento y acceso a mercados para mejorar la productividad del campo peruano. Entre las iniciativas que se analizarán figura la implementación de proyectos piloto de tecnoparques rurales.

Published

3 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El desarrollo rural de la Amazonía requiere mucho más que producción agrícola: necesita tecnología, financiamiento, capacitación y acceso a mercados que permitan a los pequeños productores mejorar sus ingresos y dar mayor valor agregado a sus cosechas.

Bajo esa perspectiva, el senador Jorge Gavidia explicó los objetivos del Foro de Innovación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural, una iniciativa promovida desde el Senado para identificar las principales demandas del sector agropecuario y explorar soluciones aplicadas a la realidad peruana.

La propuesta contempla recoger las experiencias de los gremios de productores, articular esfuerzos con las instituciones del Ejecutivo y la comunidad científica, y evaluar modelos internacionales que integren innovación, financiamiento y comercialización. Entre las alternativas planteadas figura la implementación de tecnoparques rurales que faciliten la transferencia de conocimientos y tecnología, con miras a desarrollar proyectos piloto que posteriormente puedan replicarse en otras zonas del país.

Senador, ¿cuál es el objetivo central de este foro? ¿Qué problema concreto del campo peruano busca contribuir a resolver?

El foro tiene por finalidad retomar las demandas del sector rural, especialmente de las actividades agropecuarias, como las que desarrollan los productores de café y cacao. En este caso, está más enfocado en la Amazonía y en su desarrollo rural.

El Senado ha creado la Comisión Especial de Transferencia Tecnológica e Innovación Rural, con el propósito de tener mayor claridad sobre las demandas de los diferentes sectores. Los principales participantes son los gremios de productores de café, cacao, jengibre, cítricos y plantas medicinales, además de representantes del Ejecutivo y de instituciones vinculadas a la innovación y la investigación, como el Midagri, Concytec y otras entidades.

El objetivo es recabar información y actualizar las demandas del sector, teniendo en cuenta el contexto del fenómeno El Niño y la crisis global que afecta a los mercados.

¿A quiénes está dirigido este foro? ¿Cómo se garantizará que las necesidades y experiencias de los propios productores rurales sean escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones públicas?

Está dirigido a todos esos actores: la academia, el Ejecutivo y los gremios de productores, participan instituciones del Gobierno, principalmente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Presidencia del Consejo de Ministros, Devida y Concytec. Además, del Senado como parte del Poder Legislativo.

La posibilidad de trasladar estas demandas a políticas públicas dependerá del análisis que se realice en esta primera etapa, en relación con las facultades solicitadas por el Ejecutivo. También dependerá de los mecanismos de fiscalización a los que tenemos acceso para evaluar los avances del Gobierno en el sector rural, especialmente en la Amazonía.

Pequeños productores enfrentan dificultades para acceder a tecnología, capacitación, conectividad y financiamiento. ¿Qué propuestas concretas se discutirán para que la innovación y los conocimientos científicos lleguen al campo y mejoren la productividad y los ingresos de las familias agricultoras?

Entre las propuestas concretas se encuentran las experiencias de países como India y Corea del Sur, que han promovido el desarrollo rural mediante la transferencia tecnológica, el acceso a los mercados y el financiamiento. La integración y el acompañamiento a los productores requieren una estrategia en la que los tecnoparques o parques tecnológicos desempeñen un papel fundamental en la transferencia de capacidades, incluyendo el financiamiento y el acceso a los mercados.

Esto también nos permitirá explorar nuevos enfoques para programas de Agrobanco o del Banco Agrario del Perú, a fin de generar, por ejemplo, financiamiento vinculado a la industria y a la transformación de los productos de la Amazonía.

Existen experiencias internacionales, como la de Rabobank, que relacionan el financiamiento con la seguridad de contar con mercados. A ello se incorporaría la tecnología para identificar procesos de alto impacto que puedan desarrollarse a partir de los productos amazónicos.

Más allá de las exposiciones y el intercambio de ideas, ¿qué resultados concretos se esperan de este foro? ¿Se establecerán compromisos, una hoja de ruta o acuerdos para que las propuestas se traduzcan en acciones y beneficios verificables para las comunidades rurales?

Este es un primer foro que establece el compromiso de mantener la comunicación entre los diferentes actores y articular el trabajo principalmente con el Midagri (Ministerio de Agricultura) y la PCM, (Presidencia del Consejo de Ministros) así como con el Ministerio de la Producción, por ejemplo, mediante los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).

A partir de esa articulación, buscamos construir una serie de propuestas, especialmente proyectos piloto de tecnoparques en puntos estratégicos del país. Estos podrían constituir un primer paso para analizar y adecuar la propuesta, con miras a ampliarla posteriormente a escala nacional.

La iniciativa también contempla la vinculación con la cooperación internacional, después de este foro se realizarán otros encuentros enfocados en los Andes y la Amazonía, además de espacios relacionados con el comercio exterior, la ciencia y la tecnología. La finalidad es sumar esfuerzos y establecer algún proyecto piloto de tecnoparques que contribuya al desarrollo rural.

Una propuesta que deberá traducirse en resultados

Las declaraciones del senador Jorge Gavidia sitúan la innovación tecnológica como una herramienta para cerrar brechas históricas en el campo peruano, la apuesta por los tecnoparques busca vincular a los productores con el conocimiento científico, el financiamiento y los mercados, especialmente en las cadenas productivas amazónicas.

Sin embargo, el desafío será convertir las propuestas recogidas en el foro en compromisos institucionales, proyectos financiados y mecanismos de seguimiento que permitan medir sus resultados. La viabilidad de los proyectos piloto dependerá de la coordinación entre las entidades públicas, los gremios agrarios, la academia y la cooperación internacional.

El foro marca así un primer paso para discutir cómo llevar la innovación al campo. La siguiente etapa será determinar qué propuestas pueden implementarse, con qué recursos y en qué plazos, para que la transferencia tecnológica se refleje en mejores oportunidades para las familias agricultoras.

El foro se realizará:

15 de octubre de 2026

8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Auditorio José Faustino Sánchez Carrión – Congreso de la República.

INGRESO LIBRE – PREVIA INSCRIPCIÓN

Inscríbete aquí:

https://bit.ly/4yDZtrB

O por Whatsapp: 998 849 991, 934 140 134, 954 716 118.

Durante la jornada desarrollaremos tres preguntas centrales:

BLOQUE 1 – DIAGNÓSTICO Y OPORTUNIDADES

¿Cuáles son las principales barreras que impiden que los productores de la Selva Central capturen mayor valor y qué oportunidades concretas existen para mejorar productividad, transformación y acceso a mercados?

BLOQUE 2 – INNOVACIÓN Y SOLUCIONES

¿Qué instrumentos concretos de tecnología, financiamiento, investigación, asistencia técnica y articulación empresarial pueden aplicarse para solucionar las brechas identificadas?

BLOQUE 3 – ACUERDOS Y SEGUIMIENTO

¿Qué acciones concretas podemos acordar hoy y cuáles requieren seguimiento institucional después del foro?

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Política

Senador Íber Maraví exige disculpas a Calisto Giampietri: “No solo me falta el respeto a mí, le falta el respeto al pueblo” [VIDEO]

El senador cuestionó la actitud que atribuye a su colega Calisto Giampietri y sostuvo que, frente a un comportamiento que considera descortés y matonesco, corresponde reconocer el error y ofrecer disculpas. Además, rechazó la versión de que habría faltado el respeto a dos mujeres y afirmó que los videos del incidente contradicen esa explicación. “Debería nacerle a él decir: bueno, me equivoqué”, sentenció.

Published

3 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador Iber Maraví elevó el tono de sus cuestionamientos contra su colega Calisto Giampietri, a quien reprochó la actitud que, según su versión, protagonizó durante un incidente entre ambos. Para Maravi, el respeto entre representantes políticos no es un asunto menor, sino una obligación frente a sus colegas y a los ciudadanos que los eligieron.

“Eso es lo que nos enseñan nuestros padres, además desde inicial, y nos sirve para toda la vida”, manifestó el parlamentario, al defender la necesidad de reconocer los errores cuando se incurre en una conducta que considera incorrecta.

Maravi sostuvo que quien actúa de manera “malcriada, descortés, matonescamente” debe ofrecer disculpas y realizar una autocrítica. En esa línea, cuestionó que un representante político adopte una actitud confrontacional frente a otro parlamentario.

“¿Cómo yo podría ver a un señor que no solo le falta el respeto a una persona, a su colega que soy yo, sino que con eso está faltando el respeto al pueblo, incluso a los que lo han elegido, para venir bravuconamente a pecharme y decirme: ‘Afuera lo arreglamos’?”, expresó.

Consultado sobre si había esperado que Calisto Giampietri le pidiera disculpas, Maravi respondió que no considera necesario solicitarlas, pues, a su juicio, el reconocimiento del error debería surgir de manera espontánea.

“Mire, yo no le solicito. Debería nacerle a él y decir: ‘Bueno, me equivoqué’”, afirmó.

El senador también rechazó la versión de Calisto Giampietri, quien, según relató Maravi, habría sostenido que se interpuso entre él y dos mujeres a las que supuestamente estaba faltando el respeto. El parlamentario negó esa interpretación y aseguró que las imágenes del incidente respaldan su versión de los hechos.

“Y mentir descaradamente, y él dice que se interpuso entre mí y dos damas a quienes yo estaba faltando el respeto, cuando los videos son categóricos y yo estaba en una discusión con el ministro Astudillo. O sea, es increíble”, manifestó.

Un conflicto que exige explicaciones

Las declaraciones de Maravi ponen nuevamente el foco en la conducta de los representantes políticos y en la necesidad de que las diferencias entre parlamentarios se resuelvan sin amenazas ni expresiones intimidatorias.

El senador considera que una disculpa no debería depender de una exigencia de la persona afectada, sino de la capacidad de reconocer una conducta inapropiada. Por ello, insiste en que Calisto Giampietri debería asumir su responsabilidad y rectificar lo ocurrido.

Mientras tanto, Maravi mantiene su rechazo a la versión que atribuye a su colega y apela a los registros audiovisuales como elemento para esclarecer el incidente. Su posición es clara: el respeto entre autoridades no solo compromete a quienes protagonizan una confrontación, sino también a la ciudadanía a la que representan.

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Política

Diana Gonzales: más de diez carpetas fiscales por presunta corrupción vinculan a la directora del Pronabec

Diana Gonzales Delgado, actual directora de Pronabec registra un rosario de carpetas fiscales en el Distrito Fiscal Lima Anticorrupción. En todos estos expedientes, la funcionaria aparece en calidad de investigada o imputada por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

Published

3 días ago

14/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 1 de septiembre de 2026, Gonzales Delgado fue designada directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, refrendada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Según la información a la que tuvimos acceso, la funcionaria Diana Gonzales, tiene más de diez carpetas fiscales en trámite, siendo la de actuaciones fiscales más reciente el Caso N.° 506015506-2019-44-2. Esta causa fue elevada a la 4.ª Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima el 26 de noviembre de 2025 en estado de audiencia de apelación por el delito contra la administración pública.

Las imputaciones globales contenidas en el conjunto de expedientes abarcan presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, peculado por apropiación o utilización culposa de caudales destinados a asistencia social, colusión simple, colusión ilegal, colusión con defraudación patrimonial al Estado y delitos genéricos contra la administración pública. Las causas se tramitan ante las fiscalías provinciales Corporativas y las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima.

Entre los casos abiertos en primera instancia, cuatro carpetas derivadas de la investigación matriz de 2019 registran disposición de acusación fiscal emitida el 27 de junio de 2022 por la 1.ª fiscalía provincial Anticorrupción de Lima. Se trata de los casos 506015505-2019-41-0, 506015505-2019-41-2, 506015505-2019-41-3 y 506015505-2019-41-4, en los cuales se le atribuyen cargos por presunta negociación incompatible, peculado culposo, colusión simple y delitos contra la administración pública.

Asimismo, el caso 506015505-2021-44-2 registra la formalización de la investigación preparatoria dispuesta el 18 de enero de 2023 en la 1.ª fiscalía provincial Anticorrupción de Lima por delito contra la administración pública, marcando la etapa judicializada del proceso penal.

Fuente: Ministerio Público.

Junto al caso tramitado en la 4.ª Fiscalía Superior en noviembre de 2025, otras tres investigaciones (506015506-2019-44-1, 506015506-2019-44-3 y 506015505-2021-380-0) se encuentran en audiencia de apelación en la instancia superior.

La carpeta 506015505-2019-41-6 figura en la 3.ª Fiscalía Superior con fecha de situación del 25 de octubre de 2022, mientras que los casos 506015506-2019-53-3 y 506015506-2019-53-4, 506015506-2019-53-5 se tramitan en la 3.ª y 2.ª Fiscalía Superior.

Fuente: Ministerio Público.

El cuadro de más de diez causas se completa con dos expedientes archivados preliminarmente en 2020 (506015505-2019-41-1 y 506015505-2019-48-0).

Fuente: Ministerio Público.

La existencia de estas investigaciones, acusaciones y apelaciones en el fuero anticorrupción no equivale a una sentencia judicial ni a una condena penal firme. Sin embargo, quedan algunas interrogantes referentes a las designaciones en el gobierno de la presidente Keiko Fujimori:

Al momento de firmar la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, ¿tenía el ministro José Antonio Chang conocimiento de las diez carpetas abiertas en el Distrito Fiscal Lima Anticorrupción, que incluyen tres acusaciones fiscales formalizadas en 2022 y una investigación preparatoria judicializada en 2023 contra Diana Gonzales?

Finalmente, el ministro de educación deberá explicar por qué la insistencia en la designación de funcionarios con carpetas fiscales abiertas por presuntos delitos de corrupción.

Este medio se comunicó con la dirección del Pronabec para solicitar el descargo formal de Diana Carolina Gonzales Delgado sobre las causas tramitadas ante las Fiscalías Anticorrupción de Lima. Al cierre de esta edición, la funcionaria no envió comentarios ni respuestas a nuestro pliego de preguntas.

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Política

Senadora Ruth Luque cuestiona a Carlos Mesía: “Hay que cambiarle el nombre por comisión selectiva” [VIDEO]

La parlamentaria del partido Ahora Nación, cuestionó al presidente de la comisión, Carlos Mesía, por excluir a varios integrantes del Consejo Consultivo del debate sobre la posible desnaturalización del tema en discusión. Advirtió que entre los especialistas no invitados figuran César Landa, Juan Carlos Ruiz y Julissa Mantilla, y cuestionó que el trámite avance sin abordar previamente las observaciones planteadas.

Published

3 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La senadora Ruth Luque cuestionó la forma en que Carlos Mesía viene conduciendo el debate y expresó su preocupación por la participación de los especialistas convocados para analizar el tema en discusión. A su juicio, se debió considerar desde el inicio la intervención de todos los integrantes del Consejo Consultivo, en lugar de seleccionar únicamente a un grupo.

La parlamentaria sostuvo que esta decisión genera dudas sobre la pluralidad de las opiniones que se tomarán en cuenta durante el proceso. Por ello, criticó que un órgano consultivo termine funcionando, según su apreciación, como un espacio que recoge solo determinadas posiciones.

“El señor Carlos Mesía pudo haber sometido al debate desde el inicio, invitar a todos los integrantes del Consejo Consultivo. Lo que más bien hoy ha hecho es invitar al Consejo Consultivo, que ni siquiera suma a todos los integrantes. Ellos han invitado solo a un grupo de personas”, manifestó.

Al ser consultada sobre si estaba en desacuerdo con los integrantes del Consejo Consultivo, Luque aclaró que su cuestionamiento no se dirige contra los especialistas, sino contra la manera en que se ha organizado su participación.

La senadora aseguró que se comunicó con varios integrantes del Consejo Consultivo y señaló que algunos no habían sido invitados. Entre ellos mencionó al jurista César Landa, al abogado Juan Carlos Ruiz y a la doctora Julissa Mantilla.

“Yo he llamado a varios integrantes del Consejo Consultivo y varios no han sido invitados. No han invitado al señor Landa, no han invitado al abogado Juan Carlos Ruiz, no han invitado a la doctora Julissa Mantilla y no sé cuántos más”, afirmó.

Para Luque, la participación restringida de especialistas podría impedir que se escuchen diferentes puntos de vista sobre el asunto en debate. En ese sentido, dirigió sus críticas a Mesía y cuestionó el criterio utilizado para determinar quiénes tendrían la oportunidad de intervenir.

“Si ese es el espíritu que tiene el señor Mesía, que solo recoge las opiniones de un grupo, entonces hay que cambiarle el nombre: comisión selectiva”, expresó.

Cuestiona que el trámite avance sin discutir la posible desnaturalización

Otro de los puntos que generó preocupación en la senadora fue el procedimiento seguido para abordar la posible desnaturalización de la propuesta. Luque sostuvo que este asunto debió discutirse previamente, antes de continuar con el trámite del texto ampliado.

La parlamentaria cuestionó que el tiempo disponible no se hubiera aprovechado para examinar si el contenido de la propuesta mantenía su naturaleza original o si había experimentado modificaciones que debían ser debatidas.

“Voy también a preguntar cuándo va a haber un informe del Consejo Consultivo, porque primero debimos haber fijado ese tema. Pero, como no lo quieren hacer, entonces vamos a ir con el texto completamente ampliado y va a correr el trámite”, señaló.

Sus declaraciones reflejan su preocupación por que el procedimiento continúe sin que, desde su perspectiva, se hayan atendido cuestiones previas relacionadas con el análisis de la propuesta y la participación de los especialistas.

Luque advirtió que la decisión de convocar únicamente a un grupo de especialistas podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. Por ello, insistió en que la participación de los integrantes del Consejo Consultivo debe responder a criterios que permitan recoger distintas opiniones.

La senadora puso así el foco en dos aspectos de la controversia: la exclusión de especialistas que, según su versión, no fueron invitados y la necesidad de discutir la posible desnaturalización de la propuesta antes de que continúe su trámite.

Sus cuestionamientos dejan planteada una interrogante sobre los criterios utilizados para seleccionar a los participantes y el momento en que se evaluarán las observaciones formuladas. Para Luque, no basta con contar con opiniones especializadas: también es necesario que el proceso permita escuchar distintas posiciones y que los aspectos cuestionados se discutan oportunamente.

La controversia expuesta por la parlamentaria apunta, en definitiva, a la transparencia y la pluralidad del debate, así como a la necesidad de aclarar si las observaciones sobre el contenido de la propuesta serán atendidas antes de que avance el procedimiento.

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