Rímac: amenazas extorsivas ponen en alerta a los negocios locales tras ataque a una cochera

Actualidad Rímac: amenazas extorsivas ponen en alerta a los negocios locales tras ataque a una cochera Dos sujetos llegaron en motocicleta a un establecimiento de la avenida Morro de Arica el 10 de octubre. El vigilante intervino y uno de los visitantes resultó herido. Según versiones recogidas por…

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Dos sujetos llegaron en motocicleta a un establecimiento de la avenida Morro de Arica el 10 de octubre. El vigilante intervino y uno de los visitantes resultó herido. Según versiones recogidas por medios de comunicación, los propietarios habrían recibido amenazas previas. El caso vuelve a poner en discusión la protección de los comerciantes y la capacidad de respuesta de las autoridades frente a la extorsión.

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8 segundos ago

15/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La inseguridad que afecta a los negocios de Lima volvió a quedar en evidencia tras un incidente ocurrido en una cochera ubicada en la cuadra 2 de la avenida Morro de Arica, en el distrito del Rímac. El sábado 10 de octubre, dos sujetos llegaron al establecimiento en una motocicleta. Durante el episodio, el vigilante del local intervino y uno de los hombres resultó herido.

El caso fue reportado por RPP y El Comercio, que difundieron información e imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. De acuerdo con las versiones recogidas por la prensa, los propietarios habrían recibido amenazas extorsivas en los días previos y contrataron seguridad privada ante el temor de nuevos incidentes.

Aunque las circunstancias apuntan a una posible relación con amenazas previas, corresponde a la Policía Nacional del Perú (PNP) establecer el móvil del hecho, identificar a los involucrados y determinar las responsabilidades que pudieran existir. La hipótesis de extorsión debe mantenerse como tal mientras no sea confirmada por las autoridades.

Un negocio bajo amenaza: lo que se conoce del caso

Las grabaciones de videovigilancia difundidas por los medios muestran la llegada de dos personas en una motocicleta. Uno de ellos descendió y se aproximó a la oficina del establecimiento, mientras el otro permaneció junto al vehículo. En ese momento intervino el vigilante y se produjo un enfrentamiento que dejó a uno de los sujetos herido.

Según RPP, los propietarios de la cochera habrían señalado, de manera reservada, que recibieron amenazas de presuntos extorsionadores. Esa situación habría motivado la contratación de seguridad privada para proteger el negocio.

Al cierre de los reportes consultados, no se había confirmado públicamente la identidad de los dos sujetos ni el estado de salud del herido. La Policía había iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar a los involucrados.

La secuencia registrada por las cámaras constituye un elemento que puede contribuir a reconstruir lo ocurrido. Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten establecer definitivamente la motivación del incidente ni acreditar la responsabilidad penal de una persona.

La extorsión, una presión sobre comerciantes y trabajadores

El episodio del Rímac se produce en un contexto nacional de denuncias por extorsión que afecta a comerciantes, transportistas y otros sectores económicos. El problema no se limita a las pérdidas materiales: las amenazas pueden modificar las rutinas de los negocios, generar temor entre los trabajadores y obligar a los propietarios a destinar recursos adicionales a su protección.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante el primer semestre de 2026 se registraron 12.634 delitos denunciados por extorsión y chantaje en el país. De ese total, 11.946 correspondieron específicamente a extorsión; 382 fueron calificados como chantaje y 306 permanecían en proceso de calificación.

La institución calculó un promedio de 70 delitos denunciados por día durante ese periodo. Las cifras corresponden a registros fiscales nacionales y no deben interpretarse como el número de casos ocurridos exclusivamente en Lima ni como una medición completa de todos los hechos, pues se refieren a delitos denunciados.

Estos datos permiten dimensionar el problema, aunque no demuestran por sí mismos que el incidente de la cochera forme parte de una organización criminal específica. Esa relación deberá ser establecida a partir de la investigación policial y fiscal.

¿Qué deben hacer las autoridades frente a las amenazas?

El caso plantea preguntas sobre la capacidad de respuesta del Estado cuando un negocio comunica que está siendo amenazado. La prevención requiere coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y las autoridades competentes, además de mecanismos que permitan a las víctimas denunciar sin aumentar su exposición al riesgo.

En enero de 2026, el Ministerio Público informó sobre la implementación de un mecanismo de código reservado para proteger la identidad de determinados denunciantes y testigos en investigaciones por extorsión y sicariato vinculadas con empresas de transporte público y comerciantes. La finalidad es reducir el riesgo de represalias y facilitar la colaboración con las investigaciones.

La existencia de ese mecanismo abre una pregunta relevante para el caso del Rímac: ¿qué medidas de protección están disponibles para los propietarios y trabajadores de pequeños establecimientos que denuncian amenazas? Para responderla, resulta necesario consultar a la Fiscalía y a la Policía sobre los procedimientos aplicables y las medidas que pueden solicitar las víctimas.

También corresponde conocer si los negocios de la zona cuentan con canales de comunicación efectivos con las autoridades y si existen acciones preventivas focalizadas frente a denuncias reiteradas.

Foto: La República.

Seguridad privada: una respuesta que no reemplaza la investigación

La contratación de seguridad privada por parte de los propietarios evidencia la preocupación que puede generar una amenaza contra un negocio. Sin embargo, este tipo de respuesta no sustituye las funciones de prevención, investigación y persecución penal que corresponden a las autoridades.

El incidente también obliga a examinar las condiciones en que se brinda la seguridad en establecimientos comerciales y la necesidad de protocolos que prioricen la protección de trabajadores, clientes y vecinos.

En una situación de amenaza, la actuación de los responsables del negocio debe orientarse a preservar la integridad de las personas, comunicar los hechos a las autoridades y conservar la información pertinente para la investigación. La respuesta ante un incidente violento no debe evaluarse únicamente por el resultado inmediato, sino también por sus consecuencias y por el esclarecimiento posterior de lo sucedido.

En este caso, será importante que las autoridades determinen cómo se desarrolló el enfrentamiento, qué circunstancias precedieron al incidente y si las amenazas denunciadas guardan relación con la llegada de los sujetos al establecimiento.

Línea gratuita para informes y denuncias: 0800-00-205, https://portal.mpfn.gob.pe/denuncias-en-linea/

Los vecinos y comerciantes también necesitan respuestas

Un hecho violento en un negocio puede generar preocupación entre residentes, trabajadores y clientes, especialmente cuando ocurre en una zona de actividad comercial. No obstante, para establecer el alcance del impacto en el vecindario es necesario recoger testimonios directos y contrastarlos con información oficial.

La cobertura periodística puede contribuir a ese análisis mediante entrevistas a comerciantes de la avenida Morro de Arica, representantes vecinales y autoridades distritales. Las preguntas deben centrarse en hechos verificables: si existen denuncias previas, qué medidas preventivas se han implementado y qué canales tienen los vecinos para comunicar situaciones de riesgo.

También sería pertinente solicitar información a la Municipalidad del Rímac sobre la coordinación entre serenazgo y Policía, la atención de alertas ciudadanas y las medidas de prevención en los alrededores del establecimiento.

Hasta contar con esos testimonios y documentos, no corresponde afirmar que toda la zona está dominada por extorsionadores ni atribuir el incidente a una banda criminal concreta.

Una investigación que debe esclarecer las amenazas

El ataque ocurrido en la cochera del Rímac deja una serie de preguntas pendientes: quiénes eran los sujetos que llegaron al establecimiento, si las amenazas previas fueron denunciadas formalmente, cuál fue el motivo de su presencia y qué medidas de protección pueden recibir los propietarios.

La Policía debe esclarecer las circunstancias del incidente y, junto con el Ministerio Público, determinar si existen elementos que vinculen el hecho con una presunta extorsión. Hasta que haya información oficial suficiente, las versiones difundidas deben tratarse como hipótesis y no como hechos judicialmente establecidos.

Más allá del episodio puntual, el caso plantea un desafío para la seguridad ciudadana: que los comerciantes puedan desarrollar sus actividades sin presiones criminales y que las denuncias reciban una respuesta oportuna. Para Lima, la protección de los negocios locales no depende únicamente de medidas individuales, sino también de la capacidad de las instituciones para investigar las amenazas, prevenir nuevos ataques y ofrecer garantías a quienes colaboran con la justicia.

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Poder Judicial inaugura en Trujillo la primera sede especializada contra la extorsión del país

Redacción Lima Gris

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Poder Judicial inaugura en Trujillo la primera sede especializada contra la extorsión del país

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, encabezó la apertura del nuevo subsistema judicial en La Libertad, que busca agilizar los procesos penales y fortalecer la respuesta de la justicia frente a las organizaciones criminales que amenazan a familias y emprendedores.

Published

10 minutos ago

15/10/2026

Redacción Lima Gris

Trujillo se convirtió en la primera ciudad del país en contar con una sede oficial del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos, una iniciativa del Poder Judicial orientada a fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a uno de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana y la actividad económica en la región La Libertad.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien llegó a la ciudad acompañada de los consejeros Elvia Barrios Alvarado, Johnny Cáceres Valencia y Carlos Zavaleta Grandez. La puesta en funcionamiento de esta sede marca un nuevo paso en la implementación de un modelo especializado que busca mejorar la coordinación entre los operadores de justicia y brindar una atención más oportuna a la ciudadanía.

Durante el acto, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, destacó la importancia de esta implementación para el sistema judicial peruano. Según señaló, el nuevo subsistema permitirá articular el trabajo de los operadores de justicia con el objetivo de ofrecer un servicio especializado, célere y oportuno.

La magistrada también agradeció a Janet Tello y a los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por impulsar esta iniciativa en La Libertad, una región donde la extorsión representa una amenaza para la tranquilidad de las familias, la seguridad de los emprendedores y el desarrollo de las actividades económicas.

Por su parte, la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal, sostuvo que la puesta en marcha de este modelo constituye una apuesta por una justicia penal especializada, capaz de responder a un fenómeno criminal cada vez más complejo, violento y organizado.

Barrios exhortó a los magistrados a actuar con rigor, evitar dilaciones y adoptar decisiones debidamente fundamentadas. Asimismo, instó a recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial.

“Debemos trabajar mejor, resolver a tiempo, motivar nuestras decisiones y demostrar con hechos que la ley se aplica sin privilegios ni temores”, enfatizó.

En su intervención, Janet Tello Gilardi remarcó que la implementación del subsistema especializado constituye una decisión institucional para enfrentar la extorsión y los delitos conexos con mayor especialización, firmeza y eficiencia.

La titular del Poder Judicial señaló que la nueva sede representa mucho más que la apertura de despachos judiciales, pues implica asumir la responsabilidad de ofrecer una respuesta coordinada y oportuna frente a la criminalidad.

“Inaugurar esta hermosa e imponente sede del subsistema es un acto que representa mucho más que la puesta en funcionamiento de despachos judiciales: es la obligación moral y legal de responder como entidades sólidas, articuladas y capaces de actuar oportunamente para combatir este flagelo y no dejar ni un solo hecho en la impunidad”, afirmó.

La ceremonia concluyó con la develación de la placa conmemorativa y el tradicional corte de cinta. En ambos actos participaron representantes de las instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia, además de autoridades civiles y militares de la región.

Con esta inauguración, el Poder Judicial busca consolidar un modelo de atención especializada para los casos de extorsión y delitos conexos. El desafío será traducir esta nueva infraestructura y la coordinación institucional en investigaciones y procesos oportunos, decisiones judiciales eficaces y resultados concretos para una población que demanda mayor seguridad.

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Papa León XIV enfrenta una recuperación por cáncer pulmonar y crece la incertidumbre sobre su visita al Perú

El Pontífice se recupera de una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar. Mientras líderes y fieles expresan su solidaridad, la posible visita a nuestro país y los cerca de S/ 100 millones destinados a la organización del viaje generan interrogantes sobre el recorrido previsto para noviembre.

Published

30 minutos ago

15/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

La noticia llegó de golpe y conmovió a millones de católicos: el Papa León XIV fue operado de un adenocarcinoma pulmonar. Desde entonces, en el Perú se mezclan la oración y la ansiedad, porque el Pontífice tiene previsto visitar el país del 11 al 16 de noviembre, y nadie sabe aún si su salud se lo permitirá.

El vínculo con los peruanos es especial. Antes de ser Papa, Robert Prevost fue obispo en Chiclayo, y por eso muchos sienten que no se trata solo del líder de la Iglesia, sino de alguien cercano.

Un diafnóstico que encendió las alertas

El 13 de octubre de 2026, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado una lesión localizada. La cirugía, según los informes, terminó sin complicaciones inmediatas.

El adenocarcinoma es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón y se origina en las células glandulares. Puede aparecer tanto en fumadores como en personas que nunca han fumado, y en sus primeras etapas a veces no da síntomas. Su gravedad depende del tamaño del tumor, de si hay compromiso de ganglios y de si existe propagación a otras zonas del cuerpo.

Cuando el tumor está localizado, la cirugía puede ser un tratamiento eficaz, aunque en algunos casos los especialistas evalúan terapias adicionales como quimioterapia, radioterapia o tratamientos dirigidos. Por eso conviene ser prudentes: operarse no significa, por sí solo, que la enfermedad haya desaparecido. El pronóstico dependerá de los análisis posteriores y de la evaluación de su equipo médico.

Foto: Vaticano.

Los primeros signos de su recuperación

El parte médico del 14 de octubre trae señales alentadoras: el Papa pasó una noche tranquila, su evolución está dentro de lo esperado, ya caminó por su habitación, hizo fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual.

Aun así, tras una cirugía pulmonar la recuperación es gradual y exige vigilancia. Estos avances ofrecen esperanza, pero no bastan para asegurar que pueda afrontar una gira internacional con un programa exigente.

Su primer mensaje tras la operación

Ese mismo miércoles, León XIV envió un mensaje a los participantes de un simposio por los diez años de Amoris laetitia, el documento del papa Francisco sobre el amor y la familia. “Como saben, no he podido estar entre ustedes durante estos días”, expresó.

Agradeció las oraciones, destacó el valor de escuchar y compartir experiencias, y pidió que sigan rezando por él, asegurando que él también reza por ellos.

Solidaridad en el mundo y en el Perú

Las muestras de apoyo no tardaron. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y su esposa expresaron sus oraciones; también lo hicieron el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el secretario general de la ONU, António Guterres. Cardenales y obispos convocaron a misas y rosarios, y en Roma algunos fieles se reunieron frente al hospital Gemelli para rezar. La Familia Agustiniana también promovió iniciativas por su salud.

En el Perú, la Arquidiócesis de Lima impulsó una jornada de oración y encomendó la salud del Papa al Señor de los Milagros. En Chiclayo, los fieles mantienen viva la esperanza de recibirlo.

La presidenta Keiko Fujimori expresó su solidaridad, destacó las oraciones de millones de peruanos y manifestó su deseo de que la visita pueda concretarse. Señaló que el país seguirá atento a las comunicaciones oficiales del Vaticano.

¿Se mantiene la visita?

Hasta el 14 de octubre no se había anunciado la cancelación del viaje. La intención de venir se mantiene y la fecha de noviembre sigue siendo el marco de referencia de los preparativos, pero todo depende de la recuperación del Papa y del criterio de sus médicos. Es decir, no hay nada confirmado. Aún así, el recorrido programado contempla actividades religiosas y encuentros con comunidades en distintas regiones del país, y desde la operación han surgido dudas sobre si se podrá mantener el calendario original.

Un viaje así implica mucho más que participar en ceremonias: hay traslados entre ciudades, cambios de altitud, horarios intensos, contacto con multitudes y jornadas de actividad que pueden resultar muy exigentes para alguien que acaba de ser operado.

Entre los escenarios posibles están mantener todo el programa, modificar algunos encuentros o excluir alguna ciudad. Postergar o cancelar por completo sería una decisión distinta y requeriría un anuncio oficial del Vaticano. Detrás de la visita hay un engranaje enorme. Participan instituciones públicas y privadas encargadas de la seguridad, el transporte, la infraestructura, la atención de visitantes y la coordinación de las actividades oficiales. Si el recorrido cambia, habrá que evaluar las consecuencias administrativas y logísticas: ajustes de horarios, movilización de personal, servicios contratados y medidas de seguridad. Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas siguen atentas a las comunicaciones del Vaticano para adaptar los preparativos si fuera necesario.

La Arquidiócesis de Lima postergó una reunión preparatoria, lo que llamó la atención a pocas semanas de la visita. Sin embargo, reprogramar una reunión no equivale a suspender el viaje. En la organización de eventos internacionales, estos encuentros pueden moverse por cambios de agenda, necesidades de coordinación o incertidumbre sobre las condiciones en que se desarrollarán las actividades.

Cusco y la altura, la mayor preocupación

Cusco está a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde hay menos oxígeno en cada respiración. Aun las personas sanas pueden sentir dolor de cabeza, mareos, náuseas o falta de aire, y para quien se recupera de una cirugía pulmonar la evaluación debe ser especialmente cuidadosa.

El periodista especializado en el Vaticano Guido Pazzoli señaló, en declaraciones a Exitosa Noticias, que la altura podría representar una dificultad para el Pontífice. Por ahora, la exclusión de Cusco es solo un escenario en evaluación, y podrían considerarse alternativas como reducir traslados, ampliar los descansos o modificar actividades de mayor esfuerzo.

Cerca de S/ 100 millones para el viaje

La organización de la visita requiere recursos para seguridad, logística, transporte, coordinación institucional y otras tareas necesarias para recibir al Pontífice. Entre las asignaciones identificadas hay dos transferencias a entidades públicas y una subvención vinculada con actividades sociales de la Iglesia católica.

La primera transferencia es de S/ 63.220.991 y fue autorizada mediante el Decreto Supremo N.º 176-2026-EF. La segunda, de S/ 31.792494, corresponde a recursos adicionales para distintas entidades públicas involucradas en la organización. A ello se suma una subvención de S/ 4.787.600 para actividades sociales ligadas a la visita, canalizada a través de la Conferencia Episcopal Peruana. En total, las tres asignaciones suman S/ 99.801.085, una cifra cercana a los cien millones de soles.

Esa cifra sirve para dimensionar los recursos públicos comprometidos, pero hay que leerla con cuidado. Una transferencia autorizada no significa que el dinero ya se haya gastado: para saber cuánto se desembolsó realmente, hay que revisar la ejecución presupuestaria y los pagos registrados por cada entidad. Además, las asignaciones financian actividades de distinta naturaleza, y algunos bienes o servicios podrían seguir siendo útiles, aunque cambie el itinerario.

Tampoco existe una cifra oficial sobre cuánto perdería el país si el viaje se modifica o se cancela. El cálculo dependería de cuánto se ha gastado, qué contratos ya se ejecutaron, qué servicios pueden cancelarse sin penalidad y qué recursos pueden reutilizarse. Por ejemplo, el montaje de escenarios ya realizado podría ser un costo irrecuperable, mientras que ciertos equipos adquiridos podrían usarse en otros eventos.

Los contratos de transporte, alojamiento, seguridad y logística también pueden tener condiciones distintas ante cancelaciones o cambios de fecha, y si el viaje solo se posterga, algunos servicios podrían reprogramarse y reducir las pérdidas.

Foto: La República.

Turismo y negocios, a la espera

La llegada de un Papa suele mover la economía de las ciudades del recorrido. Los hoteles esperan reservas de peregrinos, representantes religiosos, periodistas y visitantes nacionales y extranjeros, y los restaurantes, transportistas y pequeños comerciantes también cuentan con más actividad durante esas fechas.

Si una etapa del viaje se cancela, algunos negocios podrían registrar cancelaciones y menores ingresos. Pero el impacto dependería de qué tan anticipado sea el anuncio, de las condiciones de cada reserva y de la posibilidad de atraer visitantes por otros motivos. También hay que distinguir entre una pérdida de ingresos esperados y una pérdida económica efectiva: una reserva cancelada no siempre implica perder todo el dinero, pues a veces se puede recuperar el importe o volver a vender el servicio.

La palabra final, de los médicos

La recuperación de León XIV será la que defina cómo se desarrolle la visita, que por ahora sigue prevista del 11 al 16 de noviembre. Mientras llegan nuevos informes, los fieles peruanos siguen atentos y rezando por la salud del Papa.

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Robo en restaurante Chepita Royal de San Miguel: delincuentes se llevan mochila con laptop e información de colaborador de Lima Gris

El hurto ocurrió el martes 13 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde, en el segundo piso del restaurante Chepita Royal, ubicado en la calle La Mar 2376. Las cámaras de seguridad registraron los movimientos de los delincuentes. Lima Gris pide que la Policía Nacional profundice las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer si hubo coordinación con personal del establecimiento.

Published

9 horas ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Un almuerzo de trabajo terminó en un robo que compromete no solo las pertenencias de un colaborador de Lima Gris, sino también información periodística de investigaciones que se encontraban en curso. El hecho ocurrió el martes 13 de octubre, aproximadamente a las 3 de la tarde, en el segundo piso del restaurante Chepita Royal, ubicado en la calle La Mar 2376, en el distrito de San Miguel.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, dos sujetos se sentaron en una mesa contigua a la que ocupaba nuestro colaborador. Uno vestía una prenda negra y el otro llevaba una camisa clara a cuadros, pantalón jean azul y zapatillas blancas. Durante su permanencia en el local, los individuos habrían aprovechado la cercanía para sustraer una mochila que contenía objetos personales y una computadora portátil.

En esa laptop se encontraba información vinculada a dos investigaciones periodísticas pendientes relacionadas con el sector cultural. Por esa razón, lo ocurrido trasciende el robo de bienes materiales: también pone en riesgo documentación de trabajo y el desarrollo de pesquisas que Lima Gris tenía previsto continuar.

Al advertir la desaparición de la mochila, nuestro colaborador solicitó de inmediato la revisión de las cámaras de seguridad. Las grabaciones permitieron observar los movimientos de los delincuentes, desde su presencia en el restaurante hasta su salida del establecimiento.

Pero hay un detalle que merece la atención de los investigadores. Según la información recogida por nuestro equipo, minutos antes de la sustracción también habría aparecido un tercer sujeto, vestido con un polo blanco, cuya presencia resulta relevante para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si tuvo alguna participación.

Una actuación que debe esclarecerse

Las circunstancias del robo plantean preguntas que la Policía Nacional debe responder. ¿Cómo ingresaron los sujetos al segundo piso? ¿Por qué permanecieron allí durante varios minutos sin consumir? ¿El personal del establecimiento advirtió su presencia? ¿Qué controles se aplicaron cuando ingresaron y cuando abandonaron el restaurante con una mochila que no les pertenecía?

Nuestro colaborador sostiene que el vigilante permitió su ingreso sin mochilas ni paquetes, mientras que los delincuentes salieron del local llevando la mochila sustraída. Este punto debe ser contrastado con las grabaciones y los testimonios de quienes se encontraban trabajando en el restaurante.

Asimismo, después de realizar algunas indagaciones en la zona, nuestro equipo recibió referencias de que se habrían producido otros robos en establecimientos de la zona. También recogió versiones de trabajadores de otros negocios sobre una presunta coordinación entre delincuentes y empleados de locales comerciales. Corresponde a las autoridades determinar si existe alguna relación con el caso denunciado.

En el caso de Chepita Royal, Lima Gris considera necesario que se esclarezca la actuación del personal que se encontraba de servicio. Nuestro equipo sospecha que el vigilante de la entrada y un mozo podrían haber ayudado con información a los sujetos.

Vigilante del restaurante es uno de los sospechosos.

La preocupación aumenta porque, según nuestro colaborador, al solicitar al administrador los nombres del vigilante y del mozo que habrían estado de turno, este se negó a proporcionarlos. Esa negativa dificulta las indagaciones inmediatas y hace necesario que la Policía requiera formalmente la identificación de los trabajadores y recoja sus declaraciones. Ya que podrían ser parte de una red.

Administrador del restaurante se negó a entregar información.

La Policía tiene la palabra

La denuncia fue presentada en la Comisaría de Maranga. Corresponde ahora a la Policía Nacional del Perú revisar íntegramente las grabaciones, establecer la identidad de los sujetos registrados, identificar al tercer individuo y determinar la ruta que siguieron antes y después del robo.

También resulta fundamental preservar las imágenes originales, establecer los horarios de ingreso y salida, tomar declaraciones al personal y verificar si existen denuncias anteriores que puedan aportar elementos útiles a la investigación.

Lima Gris espera que las diligencias avancen con la celeridad necesaria. No se trata únicamente de recuperar una mochila, objetos personales y una computadora. Se trata de esclarecer un hecho delictivo ocurrido en un establecimiento abierto al público y determinar si existieron responsabilidades adicionales.

Las imágenes están ahí. Los movimientos quedaron registrados. Ahora corresponde a las autoridades convertir esos elementos en pruebas, identificar a los responsables y establecer, sin especulaciones ni encubrimientos, qué ocurrió aquella tarde en el segundo piso de Chepita Royal.

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UGEL 03: Docentes y directivos de EBA presentaron buenas prácticas pedagógicas en jornada virtual

En el marco de la semana de gestión, la Red 18 difundió innovaciones orientadas a evitar la deserción escolar, el desarrollo de competencias y garantizar que estudiantes desde los 14 años hasta adultos mayores concluyan la educación básica en los 19 CEBA públicos.

Published

1 día ago

14/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 13 de octubre de 2026. Directores y docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de los 19 CEBA de la Red 18 de la UGEL 03 se conectaron la tarde y noche de este martes para compartir experiencias y mejorar su práctica de gestión directiva y de desempeño en el aula.

La actividad, coordinada por Sandra Rojas Valdez, directora del CEBA Bartolomé Herrera, se extendió desde las 5:30 p. m. hasta cerca de las 10 p. m. Contó con la presencia de Rosa Isabel Ninamango Baldeón, jefa del Área de Gestión de la Educación Básica Alternativa y Técnico Productiva de la UGEL 03, entre otras autoridades.

Tecnología para acompañar la deserción escolar

La propuesta que más atención generó fue la del CEBA Juana Alarco de Dammert. Su directora, Gisella García Moncada, y el profesor Orlando Huincho presentaron un sistema que registra la asistencia mediante códigos QR y notifica por WhatsApp a las familias cuando el estudiante llega y sale del colegio.

El sistema emite alertas automáticas tras tres faltas o tardanzas, permite reportar incidencias y comunicar eventos, y se complementa con un blog de fichas para quienes se ausentan. «Ya no vamos a esperar dos o tres semanas para darnos cuenta de que un estudiante dejó de venir», explicó el docente Huincho, quien propuso extender la herramienta a los 19 CEBA públicos de la jurisdicción.

Pertenencia y tutoría

El CEBA San Francisco de Sales, dirigido por el director Silvio Aylas Gonzales, expuso «Familias que educan», una estrategia tutorial que agrupa a estudiantes de los cuatro grados en «familias» con nombre, valor, color y asesor propios. Según Aylas, el modelo fortalece el sentido de pertenencia y no requiere grandes recursos.

Desde el CEBA Melitón Carvajal, la profesora Diana Melo Olivera destacó la tutoría mensual por valores, una biblioteca digital creada por los docentes Richard Zuma y Alexander Ortega para el plan lector, y el uso de herramientas de gamificación como Kahoot para cerrar las clases.

Inclusión y vida cotidiana

El CEBA Miguel Grau, liderado por la directora Dilcia Chinguel Orozco, presentó dos prácticas. En «Aprendemos para la vida», la profesora Karem Huamán explicó cómo el quiosco escolar sirve de laboratorio para aplicar matemática, lectura y emprendimiento, con participación de unos ocho estudiantes con necesidades educativas especiales. En «Bienestar en movimiento», el profesor Justo Félix Guerrero detalló actividades deportivas, de higiene y alimentación saludable, con apoyo de la red de salud local y los Bomberos.

El CEBA Víctor Andrés Belaúnde, con su directora Liliam Contreras Zambrano y la profesora Lourdes Heredia, mostró su programa con adultos mayores en dos centros de La Victoria, bajo el lema «Nunca es tarde para soñar». El CEBA 1110 República de Panamá, con el director César Dávila Vásquez y la profesora Alison Gutiérrez Calcina, presentó un proyecto de «lectura crítica con enfoque de igualdad de género».

El CEBA Bartolomé Herrera con su directora Sandra Rojas expuso un modelo basado en el diagnóstico, el trabajo colegiado, el monitoreo como acompañamiento, el uso de inteligencia artificial y el plan lector articulado a todas las áreas. La profesora Liliana Moreno, coordinadora del ciclo inicial-intermedio, mostró una sesión sobre el uso del celular, trabajada en los niveles literal, inferencial y crítico, y la técnica SQA para docentes de otras áreas.

Finalmente, la directora Sandra Rojas Valdez, describió una necesidad, que merece una reflexión respecto de las políticas educativas en favor de la modalidad EBA: «A diferencia de la Educación Básica Regular (EBR), nosotros (EBA) no tenemos asignada la hora de tutoría».

Por esta razón, la Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) —liderada hoy por Luis Vásquez Quispe y que en 2015 estuvo a cargo de la exministra de educación Marilú Martens— debe gestionar ante el ministro José Antonio Chang el incremento de dos horas de tutoría para la EBA en el plan de estudios y cuadro de horas 2027.

Esta medida debe contar con financiamiento específico. No puede reducirse a la fórmula de «cumplirse con el propio techo presupuestal», la cual sobrecarga a los CEBA públicos sin otorgarles recursos económicos reales.

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Minedu plantea nuevas sanciones escolares: celulares, tardanzas y agresiones bajo la lupa

El Ministerio de Educación publicó un proyecto que clasifica las faltas en leves, graves y muy graves. La propuesta contempla medidas correctivas, suspensiones y expulsiones, además de restablecer la nota de conducta. Sin embargo, el documento todavía está abierto a comentarios y plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones y la convivencia escolar.

Published

1 día ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en debate una nueva propuesta para regular la disciplina en los colegios del país. Mediante la Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU, publicada el 12 de octubre en el diario oficial El Peruano, se dispuso difundir el proyecto de decreto supremo que establece los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”.

La iniciativa busca establecer criterios para que directores, docentes y auxiliares intervengan frente a comportamientos que alteren la convivencia en las aulas. Entre los principales cambios planteados figuran una clasificación de las faltas en tres niveles, medidas correctivas y sancionadoras, y el restablecimiento de la nota de conducta.

No obstante, el documento aún no constituye una norma definitiva: el Minedu abrió un plazo de 15 días calendario, contado desde el día siguiente de su publicación, para recibir aportes de entidades públicas y privadas y de la ciudadanía. Por ello, su contenido podría ser objeto de observaciones antes de su aprobación final.

Una propuesta que busca recuperar la disciplina

El ministro de Educación, José Antonio Chang, presentó la iniciativa junto con la presidenta Keiko Fujimori en la institución educativa Felipe Santiago Estenós, ubicada en Chaclacayo. Según la explicación difundida por la Agencia Andina, el objetivo es fortalecer la autoridad de los docentes, promover el respeto mutuo y establecer procedimientos para responder a las conductas que afectan el ambiente escolar.

La propuesta también plantea que las medidas se apliquen de manera gradual y proporcional, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso. Esto implica que no todas las infracciones recibirían la misma respuesta y que las autoridades educativas tendrían que evaluar la conducta, sus consecuencias y los antecedentes del estudiante.

Tres niveles de faltas: ¿qué conductas se considerarían infracciones?

Uno de los principales componentes del proyecto es la clasificación de las conductas estudiantiles en faltas leves, graves y muy graves. La finalidad es establecer una escala de intervención que distinga entre incumplimientos cotidianos y hechos que comprometen la integridad o los derechos de otros integrantes de la comunidad educativa.

Faltas leves: conductas que alteran el desarrollo de las clases

Dentro de esta categoría se consideran comportamientos como distraerse reiteradamente durante las sesiones o perturbar la atención de los compañeros. Para estos casos, la propuesta contempla medidas formativas aplicadas por los docentes, con la finalidad de corregir la conducta y evitar que se repita.

Entre las medidas correctivas mencionadas se encuentran la amonestación verbal o escrita, la reparación del daño ocasionado, la restricción temporal de determinados espacios recreativos o actividades y la separación temporal del aula, manteniendo al estudiante dentro de la institución educativa.

Faltas graves: celulares, tardanzas y agresiones

La propuesta incluye entre las faltas graves el uso indebido de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, así como acumular más de tres tardanzas injustificadas durante un bimestre. También contempla daños a la propiedad escolar, la reincidencia en tres o más faltas leves, agresiones físicas leves sin lesiones, agresiones psicológicas y la posesión o el consumo de sustancias prohibidas.

La lista difundida por Andina añade la presentación de justificativos adulterados, las conductas que vulneren la intimidad o dignidad de los estudiantes, la incitación a retos peligrosos y los actos que afecten la imagen institucional.

Para estas infracciones, el proyecto prevé sanciones que podrían incluir la suspensión de la asistencia hasta por tres días hábiles y la matrícula condicional. La aplicación correspondería a la dirección del colegio, con criterios de gradualidad y proporcionalidad.

Faltas muy graves: violencia, acoso y vulneración de derechos

El tercer nivel reúne conductas que, por su naturaleza, pueden afectar seriamente la seguridad y los derechos de los integrantes de la comunidad educativa. Entre ellas se encuentran el acoso escolar sistemático, la violencia sexual, los actos de odio o apología de la violencia, la extorsión, el cobro de cupos, la discriminación y la alteración violenta del orden.

La propuesta también menciona el hurto o robo de bienes, el porte o uso de armas u objetos punzocortantes, los artefactos incendiarios o explosivos, las grabaciones que vulneren la intimidad, la destrucción intencional de infraestructura, la organización de actividades delictivas o apuestas y la falsificación de documentos.

Asimismo, incluye la promoción o venta de sustancias prohibidas, las falsas denuncias, la difamación, la obstrucción de la labor docente, la suplantación de identidad, la difusión de información privada y el fraude en las evaluaciones.

Para las faltas muy graves, el proyecto contempla la separación definitiva del estudiante. También establece que los hechos que pudieran constituir delitos deben comunicarse a las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

¿Qué sanciones plantea el proyecto?

La iniciativa distingue entre medidas correctivas de carácter formativo y medidas sancionadoras. Las primeras buscan que el estudiante comprenda las consecuencias de su comportamiento y, cuando corresponda, repare el daño. Las segundas se reservan para infracciones de mayor gravedad o conductas reiteradas.

Entre las principales medidas anunciadas figuran:

Amonestaciones: verbales o escritas, según la conducta.
Reparación del daño: acciones destinadas a corregir las consecuencias de una afectación material.
Restricciones temporales: limitaciones sobre determinados espacios recreativos o actividades.
Separación temporal del aula: el estudiante permanece dentro de la institución educativa.
Suspensión: hasta tres días hábiles, bajo las condiciones previstas en el proyecto.
Matrícula condicional: medida planteada para determinados casos graves o reiterados.
Separación definitiva: propuesta para faltas muy graves y algunos supuestos de reiteración.

El documento también contempla un procedimiento para solicitar la reconsideración de una separación definitiva: la familia dispondría de tres días hábiles para presentar la solicitud y la institución tendría cinco días hábiles para resolverla.

Según la información difundida por Andina, la propuesta incluye mecanismos para procurar que los estudiantes separados definitivamente no queden sin acceso a la educación, mediante alternativas educativas a cargo de la UGEL correspondiente.

Celulares en el colegio: disciplina sin vulnerar la intimidad

El uso de dispositivos electrónicos es uno de los puntos que más atención ha generado. La propuesta considera falta grave el uso indebido de celulares y otros equipos electrónicos. Sin embargo, este tema debe analizarse junto con la regulación específica sobre el uso de teléfonos en las instituciones educativas.

El Minedu ha señalado que las medidas de supervisión deben respetar la dignidad y la intimidad de los estudiantes. En la información publicada por Andina se precisa que la vigilancia escolar no autoriza a revisar el contenido de los celulares, como mensajes, fotografías o llamadas.

También se contemplan excepciones para usos con fines pedagógicos, necesidades vinculadas con la salud o discapacidad y situaciones de emergencia, de acuerdo con las condiciones aplicables.

La discusión, por tanto, no se limita a restringir el uso de dispositivos: también involucra la protección de datos personales, la prevención del ciberacoso y la responsabilidad compartida entre las escuelas y las familias.

La nota de conducta vuelve al debate educativo

Otro de los aspectos anunciados es el restablecimiento de la nota de conducta en las escuelas. Según la presentación difundida por Andina, se plantea una calificación vigesimal de 0 a 20, en la que una nota inferior a 11 sería desaprobatoria.

La incorporación de esta evaluación abre interrogantes sobre los criterios que utilizarán los colegios, la manera en que se documentarán las faltas y las garantías para evitar decisiones arbitrarias. Para que el sistema sea comprensible para estudiantes y familias, será importante conocer cómo se determinará la calificación y qué mecanismos de revisión estarán disponibles.

El reto: establecer límites sin convertir la disciplina en castigo

La propuesta coloca en primer plano una discusión que atraviesa a las comunidades educativas: cómo responder a las agresiones, el acoso escolar y las conductas que interrumpen las clases sin vulnerar los derechos de los estudiantes.

El establecimiento de procedimientos claros puede ayudar a reducir la discrecionalidad en la aplicación de sanciones. Sin embargo, la eficacia de cualquier medida dependerá de su aplicación, de la capacitación del personal educativo y de la existencia de mecanismos para prevenir la violencia y atender a quienes la sufren.

También será relevante que el Minedu explique cómo se garantizará la continuidad educativa en los casos de separación definitiva y cómo se evaluará el impacto de las medidas en la convivencia escolar.

El proyecto todavía está en etapa de recepción de comentarios. Por eso, las observaciones de docentes, especialistas, familias y estudiantes pueden contribuir a precisar las medidas, identificar posibles dificultades y fortalecer las garantías antes de su aprobación final.

Una norma en consulta, no un reglamento definitivo

La Resolución Ministerial N.º 613-2026-MINEDU dispone la publicación del proyecto y establece un plazo de 15 días calendario para remitir aportes y opiniones al correo [email protected], utilizando el formato previsto por el sector.

La Dirección de Gestión Escolar será la encargada de recibir, procesar, sistematizar y evaluar los comentarios. El resultado de esta etapa será importante para conocer qué aspectos se mantienen, cuáles se modifican y cuándo se aprobará la versión definitiva.

Hasta entonces, la discusión debe centrarse en el contenido de la propuesta y sus posibles consecuencias, sin confundir los lineamientos en consulta con una regulación final ya implementada.

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Actualidad

Chorrillos bajo la lupa: funcionaria firmó documentos presupuestales durante viaje a Francia y gerente municipal es cuestionado

Mayra Bejar Villegas, jefa de Planeamiento y Presupuesto, figura suscribiendo certificaciones por S/ 43.494 mientras se encontraba fuera del país. Una denuncia ciudadana solicita investigar las autorizaciones, los registros de asistencia y la supervisión del gerente municipal Pablo Zegarra. La comuna aún no ha ofrecido una explicación oficial.

Published

1 día ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Un viaje a Europa, documentos presupuestales firmados durante una ausencia del país y cuestionados movimientos de personal en áreas clave han puesto bajo la lupa a la Municipalidad Distrital de Chorrillos. En el centro de la controversia aparece Mayra Alejandra Bejar Villegas, jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, cuya actuación ha motivado una denuncia ciudadana que también alcanza al gerente municipal, Pablo Gustavo Zegarra Urquizo, por presuntas omisiones en sus responsabilidades de supervisión.

Los documentos adjuntos a la denuncia presentada por el ciudadano Víctor Raúl Huamán Rojas revelan una situación que merece ser esclarecida. Según el certificado de movimientos migratorios, Bejar Villegas salió del Perú rumbo a Francia el 18 de septiembre de 2026 y retornó el 29 del mismo mes. Sin embargo, durante su permanencia en Europa, se emitieron documentos oficiales de la Municipalidad de Chorrillos que llevan su firma digital, pese a encontrarse fuera del territorio nacional.

El 21 de septiembre, mediante Memorándum N.° 001513-2026-MDCH/OPE, la funcionaria figura aprobando una certificación de crédito presupuestario por S/ 41,994 para la adquisición de repuestos de motor destinados a una unidad vehicular municipal. Dos días después, el 23 de septiembre, aparece nuevamente su firma digital en el Memorándum N.° 001538-2026-MDCH/OPE, correspondiente a otros S/ 1,500 para la contratación de un certificado digital. En total, S/ 43,494 en certificaciones presupuestales fueron suscritas durante su estadía en el extranjero, aunque estos documentos no acreditan desembolsos efectivos ni, por sí solos, la comisión de una irregularidad.

Viaje a Francia y descuentos por inasistencia

La controversia tomó mayor notoriedad tras una publicación difundida en Facebook, acompañada de fotografías atribuidas a Bejar Villegas durante su viaje a Francia. En las imágenes aparece frente a la Torre Eiffel y en un recinto deportivo. Si bien las fotografías no permiten precisar cuándo fueron tomadas, el registro migratorio presentado confirma su salida y retorno del territorio nacional.

A ello se suma un documento que plantea nuevas interrogantes. La boleta de remuneraciones de septiembre consigna un sueldo mensual de S/ 13,000 y un descuento de S/ 3,900 correspondiente a nueve días de faltas. Es decir, mientras la administración municipal registraba inasistencias, también se emitían documentos presupuestales con su firma digital.

Fuente: Migraciones.

La pregunta resulta inevitable: ¿contaba la funcionaria con alguna autorización para ejercer sus atribuciones desde el extranjero? ¿Quién supervisó estas actuaciones y bajo qué condiciones se realizaron? La documentación disponible no permite establecer que las firmas fueran ilegales, pero sí justifica que la municipalidad explique la situación administrativa de Bejar Villegas durante esos días.

Gerente municipal en el centro de los cuestionamientos

La denuncia también pone bajo cuestionamiento a Pablo Gustavo Zegarra Urquizo, gerente municipal de Chorrillos, por su presunto conocimiento de los hechos y la supuesta falta de medidas de supervisión frente a las actuaciones de la funcionaria.

El denunciante sostiene, además, que entre ambos existiría una relación sentimental que podría representar un conflicto de intereses. Sin embargo, esta afirmación no ha sido corroborada de manera independiente y tampoco constituye, por sí misma, evidencia de colusión o encubrimiento. Lo que corresponde determinar es si existieron autorizaciones, omisiones funcionales o decisiones administrativas contrarias a las normas que rigen la gestión municipal.

Cambios en áreas financieras generan más interrogantes

Los cuestionamientos no se limitan al viaje. La publicación difundida en Facebook también señala movimientos de personal registrados el 6 de octubre en dos áreas vinculadas con la administración de recursos municipales.

Según dicha publicación, mediante Resolución de Gerencia N.° 000278-2026 se habría dispuesto el cese de Jorge Leonardo Valdivia Bancoff, vinculado a Administración y Finanzas. Asimismo, a través de la Resolución N.° 000272-2026, se habría aceptado la renuncia de Jorge Armando Huertas López, del área de Tesorería.

El denunciante cuestiona estos cambios y plantea que podrían formar parte de una reorganización de puestos estratégicos. No obstante, las resoluciones originales y los expedientes correspondientes deberán ser revisados para determinar las razones de cada decisión. Hasta el momento, la documentación examinada no acredita que los movimientos hayan sido arbitrarios ni que respondan a intereses particulares.

Exigen intervención de los órganos de control

En su escrito del 30 de septiembre, Huamán Rojas solicita verificar los registros de asistencia, permisos, licencias, remuneraciones y autorizaciones administrativas de Bejar Villegas. Asimismo, pide que los hechos sean evaluados por la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y el Órgano de Control Institucional.

El caso exige esclarecer si se respetaron las disposiciones sobre el ejercicio de funciones durante las ausencias laborales y si los mecanismos de supervisión municipal operaron correctamente. De identificarse indicios de alguna conducta delictiva, corresponderá su evaluación por parte del Ministerio Público.

Al cierre de esta edición, no se contaba con una explicación oficial de la Municipalidad de Chorrillos ni con los descargos de los funcionarios cuestionados. La atención recae ahora sobre la gestión del alcalde Richard Cortez Melgarejo, a quien corresponde garantizar que los hechos sean esclarecidos y que las instancias competentes actúen conforme a sus atribuciones.

Porque el fondo de esta denuncia no es el viaje de una funcionaria a Francia, sino las condiciones en que continuó suscribiendo documentos oficiales mientras registraba días de inasistencia. Y cuando se trata de administrar recursos públicos, las autorizaciones, los controles y las responsabilidades deben estar claramente establecidos.

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Actualidad

Cantagallo: familias shipibo-konibo, cada vez más cerca de acceder a una vivienda

Tras el incendio de 2016, el Estado anunció alternativas habitacionales para las familias de la comunidad shipibo-konibo del Rímac. El proyecto inicial enfrentó dificultades por las condiciones del terreno y, posteriormente, se planteó el acceso al programa Techo Propio.

Published

2 días ago

13/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La búsqueda de una vivienda digna se convirtió en una de las principales demandas de las familias shipibo-konibo de Cantagallo, en el distrito limeño del Rímac. Después del incendio de noviembre de 2016, que destruyó numerosas viviendas, las autoridades anunciaron alternativas para atender a la población afectada. Sin embargo, las dificultades técnicas del terreno previsto para el proyecto original obligaron a evaluar otras opciones habitacionales.

En julio de 2021, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció una convocatoria especial del programa Techo Propio para que familias empadronadas pudieran acceder a un Bono Familiar Habitacional. La medida buscaba facilitar la adquisición de una vivienda nueva, aunque el anuncio no demuestra por sí solo que todas las familias hayan recibido el beneficio.

El incendio que cambió la situación de Cantagallo

La emergencia de 2016 destruyó viviendas y dejó a numerosas familias damnificadas. Foto: consignar autor y medio originales.

El incendio ocurrido el 4 de noviembre de 2016 afectó gravemente a la comunidad. De acuerdo con el reportaje publicado por RPP en septiembre de 2017, el siniestro destruyó 436 viviendas y dejó a más de 2.000 personas damnificadas.

Frente a la emergencia, se planteó la construcción de un complejo habitacional para 238 familias empadronadas. La propuesta contemplaba viviendas de material noble y servicios básicos, con el objetivo de ofrecer una alternativa a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaba la población.

No obstante, los anuncios iniciales debían superar una serie de requisitos técnicos antes de convertirse en viviendas entregadas. El desarrollo del proyecto evidenció que la solución no dependía únicamente de construir, sino también de asegurar que el terreno cumpliera con las condiciones necesarias para albergar a la comunidad.

Más de 430 viviendas fueron afectadas y decenas de familias quedaron en la calle por el incendio de 2016. Foto: El Comercio / Collage Edición: Augusto Calixtro.

El terreno y los riesgos identificados

El estudio técnico del terreno fue determinante para replantear la alternativa habitacional. Foto o documento: MVCS, según el material original utilizado.

En septiembre de 2019, el Ministerio de Vivienda informó que un estudio geotécnico había identificado condiciones que requerían atención en el terreno previsto para el proyecto. El comunicado también reportó la presencia de plomo y arsénico.

Según la información ministerial, la evaluación de riesgos identificó un escenario de peligro muy alto, vulnerabilidad alta y riesgo muy alto. Estas condiciones llevaron a revisar la propuesta inicial y a evaluar alternativas para atender a las familias.

El caso puso en evidencia la importancia de que cualquier solución habitacional garantice la seguridad de sus ocupantes. Una vivienda debe ofrecer protección frente a los riesgos del entorno y contar con condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida cotidiana.

Foto: Mininter / Collage Edición: Augusto Calixtro.

Techo Propio como alternativa para las familias

En 2021, el MVCS anunció una convocatoria especial para facilitar la adquisición de vivienda nueva. Foto: identificar la autoría en la publicación original.

El 16 de julio de 2021, el Ministerio de Vivienda anunció una convocatoria especial del programa Techo Propio dirigida a las familias empadronadas de Cantagallo. La medida se enmarcó en la Resolución Ministerial N° 201-2021-VIVIENDA y contemplaba un Bono Familiar Habitacional de hasta S/ 109.200 por familia, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

La propuesta buscaba que los beneficiarios pudieran comprar una vivienda en lugar de continuar con el proyecto en el terreno originalmente previsto. El ministerio también informó sobre mecanismos de coordinación intersectorial para elaborar una intervención que atendiera las necesidades de la comunidad.

Sin embargo, existe una diferencia entre anunciar una convocatoria, aprobar un subsidio y confirmar que una familia adquirió una vivienda. Para establecer cuántas personas accedieron efectivamente al beneficio, se requiere información actualizada del ministerio y de los representantes de Cantagallo.

Foto: Andina.

La vivienda también implica servicios básicos e identidad cultural

La atención habitacional debe considerar también las necesidades sociales y culturales de la comunidad. La demanda de vivienda no se limita a disponer de una construcción segura. También comprende el acceso al agua potable, el saneamiento y otros servicios esenciales, además de condiciones que permitan mantener la organización comunitaria y las prácticas culturales de la población shipibo-konibo.

En abril de 2020, RPP informó sobre las dificultades de integrantes de la comunidad para acceder a servicios básicos de agua y desagüe. El reporte recogió demandas de intervención estatal frente a las condiciones en las que vivían algunas familias.

Por ello, la atención del caso requiere una mirada integral. La solución habitacional debe considerar la seguridad física de las viviendas y las condiciones necesarias para que las familias puedan desarrollar sus actividades cotidianas, económicas y culturales.

Foto: Bussiness Empresarial.

¿Cuántas familias han accedido a una vivienda?

Los antecedentes publicados entre 2017 y 2021 permiten reconstruir los anuncios y las dificultades que marcaron el proceso habitacional de Cantagallo. Sin embargo, no permiten confirmar cuántas familias han adquirido una vivienda hasta octubre de 2026, cuántos bonos fueron desembolsados o qué compromisos siguen pendientes.

Para actualizar la situación, el Ministerio de Vivienda debe precisar el número de beneficiarios, los subsidios efectivamente otorgados y las viviendas adquiridas. También resulta necesario recoger la versión de los dirigentes de la comunidad y conocer las condiciones en las que viven actualmente las familias que todavía esperan una solución.

El caso de Cantagallo exige diferenciar entre los compromisos anunciados y los resultados concretos. El seguimiento periodístico debe determinar si las medidas implementadas han permitido que las familias accedan a viviendas seguras, servicios básicos y condiciones adecuadas para preservar su identidad cultural.

Foto: Untold Magazine / Collage Edición: Augusto Calixtro.

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Actualidad

Cusco arde: cuatro incendios activos y cinco muertos en lo que va del año

En Cusco, los incendios forestales superan los 300 en lo que va de 2026. El fuego ha destruido vegetación, pastizales y cultivos, afectando los ecosistemas y las actividades agropecuarias de las zonas perjudicadas.

Published

2 días ago

13/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Cuatro incendios forestales permanecen activos en Cusco, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y recogió el diario oficial El Peruano el 11 de octubre. Los focos se ubican en las comunidades de Accha Baja y Rayampata, en la provincia de Calca; en Limatambo, en Anta; y en los distritos de Inkahuasi y Maranura, en La Convención.

Efectivos del Ejército y bomberos voluntarios trabajan en el terreno junto a autoridades nacionales, regionales y locales. El Gobierno dio prioridad a Calca porque las condiciones del terreno dificultan el acceso a los sectores comprometidos. La presidenta Keiko Fujimori anunció el envío de helicópteros y de un avión para apoyar el control del fuego.

Lo que se quemó

Los incendios destruyeron vegetación natural, pastizales y cultivos. En Calca, el de Accha Baja habría consumido cerca de 200 hectáreas, según Correo, y llegó hasta el canal inca que lleva agua a las parcelas entre San José de Urco, Rayampata y Accha Baja. Para los productores, perder pastos y sembríos es quedarse sin el alimento del ganado y sin la cosecha con la que se sostienen.

Dimensionar el daño total, sin embargo, no es sencillo. Los reportes publicados dan cifras distintas y no existe un balance único que mida la extensión con una metodología homogénea: la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres habló de más de 16.000 hectáreas afectadas este año, el COER Cusco reportó más de 8.000 y Correo, más de 10.000.

Con el número de incendios pasa algo parecido. Según Correo, en Cusco ya pasan de 300 en lo que va del 2026, y a escala nacional el Indeci contabilizaba 58 activos hasta el 11 de octubre, mientras que el Serfor registraba 77 confirmados hasta el 10, con Cusco, Apurímac y Junín entre los más afectados.

Cinco muertos en cuatro provincias

La Defensoría del Pueblo informó de cinco fallecimientos relacionados con los incendios forestales en Cusco este año. Las muertes ocurrieron a lo largo de la temporada, en las provincias de Acomayo, Urubamba, Calca y Paucartambo. Según La República, tres de las víctimas eran adultos mayores y las otras dos son los hermanos de 11 y 18 años, que murieron por las quemaduras que sufrieron en Pomacanchi. La Defensoría hizo seguimiento a la atención hospitalaria que recibieron.

En 2024 y en 2025, la región había reportado cuatro muertes por incendios forestales cada año. Las autoridades regionales pidieron a las familias proteger a los adultos mayores en zonas rurales y no dejarlos solos cuando el fuego amenaza sus viviendas.

Los anuncios de la presidenta

Frente a ese panorama, el Gobierno reforzó la respuesta. Keiko Fujimori supervisó las operaciones desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y, anunció el envío a Cusco de dos helicópteros equipados con helibaldes y de un avión Spartan acondicionado para transportar agua. Un helicóptero con helibalde puede cargar 1.200 litros por vuelo, según el Midagri, y el Spartan, 1.000, según el mayor general Luis Cortijo, de la FAP.

En su intervención, Fujimori destacó el papel de las Fuerzas Armadas cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta local y reconoció el trabajo de los bomberos y de la población organizada. Pidió además precaución con las quemas agrícolas y advirtió que el fuego puede descontrolarse con condiciones climáticas adversas.

La falta del riego y El Niño agravan el escenario

La advertencia de Fujimori sobre el clima coincide con lo que muestran los reportes técnicos. El Senamhi mantuvo hasta el 10 de octubre una alerta por condiciones favorables para que el fuego se inicie y se propague, sobre todo en la sierra sur: ausencia de lluvias, menos humedad, más calor durante el día y ráfagas de viento.

El meteorólogo Abraham Levy explicó que gran parte de la sierra sur tiene el aire muy seco, algo ideal para que los incendios se formen y crezcan, y lo relacionó con El Niño, que dejará lluvias insuficientes en la sierra y la selva. En Calca ya se vio: el fuego llegó a darse por controlado hacia el mediodía del 11 de octubre, pero los fuertes vientos reavivaron las llamas.

Detrás de los incendios, las quemas

En Cusco, las autoridades identifican como causas habituales las quemas para preparar terrenos agrícolas, eliminar vegetación, alimentar al ganado y cocinar, además de rituales y ofrendas a la Pachamama. Según La República, el 98% de los incendios forestales tiene origen humano.

Las autoridades pidieron no quemar pastizales, residuos agrícolas, maleza ni basura, y evitar arrojar fósforos o colillas en zonas secas. El vicecomandante departamental de los Bomberos pidió que quien haga roce o quema de pastizales lo haga a una hora en que no haya viento y con personas que ayuden a controlar cualquier fuga de fuego. Provocar un incendio forestal se castiga con hasta seis años de cárcel y multas de hasta S/ 27,5 millones.

Ayuda para los productores afectados

Para quienes perdieron pastos y cultivos, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció la entrega de kits de alimentación animal, abonos foliares, semillas, pacas de heno, sistemas de riego y materiales para conservar praderas. La ayuda incluye también asistencia técnica y capacitación para los beneficiarios.

AGRO RURAL tiene a su cargo la alimentación del ganado, la recuperación de cultivos y la conservación de pastizales. Es la entidad que responde por lo que los productores necesitan para que sus animales vuelvan a comer y sus campos vuelvan a producir.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria ya hizo entregas. Dio 400 kilogramos de avena en Calca y, en Paccaritambo, provincia de Paruro, entregó 500 kilogramos de avena, 500 de trigo y 300 de haba, destinados a la recuperación agrícola en las zonas atendidas.

Foto: Andina.

¿Está sirviendo la ayuda?

La respuesta es limitada frente a la magnitud del problema. Los cuatro focos siguen activos, la superficie quemada no tiene una cifra única y no se sabe cuántas familias recibirán los kits anunciados. El avión Spartan y el helicóptero MI-17 ya operan en Calca, pero el vicecomandante departamental de los Bomberos reconoció que ni con ellos se pudo controlar el fuego. Con lo que hay hasta ahora, la ayuda llega, pero no alcanza para controlar el fuego ni para cubrir lo que las familias perdieron.

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