Edú Nevado: de investigar la corrupción a disputar la alcaldía de La Unión

Política Edú Nevado: de investigar la corrupción a disputar la alcaldía de La Unión Durante 37 años fue policía y formó parte de la unidad especializada conocida como la DIVIAC que investigó grandes casos de corrupción a nivel nacional. Hoy postula por Acción Popular en La Unión, el distrito…

Política

Durante 37 años fue policía y formó parte de la unidad especializada conocida como la DIVIAC que investigó grandes casos de corrupción a nivel nacional. Hoy postula por Acción Popular en La Unión, el distrito piurano donde nació, y que lleva más de una década recibiendo agua apenas una o dos horas al día.

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27 segundos ago

24/09/2026

Redacción Lima Gris

Durante años investigó a alcaldes, funcionarios, jueces, fiscales y policías acusados de corrupción. Ahora quiere sentarse al otro lado del escritorio: ser alcalde de su propio pueblo. Edú Nevado Moscol integró la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), la unidad especializada de la Policía Nacional creada para enfrentar los delitos más complejos, entre ellos la corrupción. Hoy, ya en retiro, postula por Acción Popular a la alcaldía de La Unión, el distrito de Piura donde nació.

Cada vez que volvía de visita a La Unión, encontraba lo mismo que había dejado la vez anterior. Las gestiones municipales cambiaban, pero el problema seguía allí: el agua llega una o dos horas al día, casi siempre de madrugada, y los desagües colapsados sacan las aguas servidas a las calles.

Según cuenta, al visitar a su familia y a sus vecinos y verlos vivir en esas condiciones empezó a averiguar y pudo descubrir que gestiones anteriores corruptas no hicieron nada a pesar de que existían fondos para las obras. Esa fue la razón que lo llevó a postular. Por eso su propuesta central empieza por ese expediente: “La primera gran tarea será conocer la verdad de la obra de agua y alcantarillado, sanear los terrenos pendientes y convocar al Ministerio de Vivienda a una mesa pública con plazos y responsables”.

Su caso no es aislado. En el Perú, frente a obras que el Estado no termina y servicios que nunca llegan, algunas personas que conocieron el aparato público desde dentro han decidido dar el salto a la política. Es el mismo camino que siguió el coronel Harvey Colchado, exjefe de la DIVIAC, quien también dejó la Policía y hoy es diputado por Ahora Nación y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. Mientras Colchado dirigió la DIVIAC, Nevado fue uno de los policías más experimentados y mejor preparados de la unidad.

Las razones y circunstancias de cada uno son distintas, pero ambos recorridos plantean la misma pregunta: qué ocurre cuando quienes pasaron años investigando la corrupción y las deficiencias del Estado deciden que ya no basta con señalarlas desde fuera y buscan corregirlas desde un cargo en beneficio de su comunidad. Edú Nevado pasó al retiro y regresó a su poblado natal de La Unión. Es la primera vez que postula a un cargo público.

Diez años sin resolver

El problema del agua en La Unión no es un argumento fabricado para la campaña. En 2016 ya se informaba que exustían sectores del distrito que reciben apenas una hora diaria de agua. En abril de 2018 los pobladores paralizaron el distrito para reclamar por el colapso de los desagües y por el abastecimiento restringido. En enero de 2021, la Defensoría del Pueblo advirtió que más de 17 mil habitantes estaban afectados por una obra inconclusa: el agua llegaba una o dos horas al día, generalmente de madrugada, mientras el alcantarillado colapsaba y las aguas servidas salían a las calles.

Años después, el problema sigue igual. El 19 de junio de 2026, el Ministerio de Vivienda informó que había realizado una nueva mesa técnica para “destrabar” el proyecto de agua y saneamiento de La Unión. Según el ministerio, el saldo de obra pendiente debe permitir rehabilitar 6.106 conexiones de agua potable y 3.296 de alcantarillado, en beneficio de más de 22 mil personas.

De lustrabotas a policía

La historia de Edú Nevado empezó en La Unión donde nació el 29 de abril de 1971 y fue el mayor de siete hermanos. Trabajó desde niño: vendió pescado junto a su madre y su abuela, lustró zapatos entre los 11 y los 16 años y, durante el fenómeno de El Niño de 1983, salió a vender pan de madrugada.

A los 17 años viajó a Lima para probar suerte en el fútbol. No resultó. Ingresó entonces a la Escuela Nacional de Policía y empezó una carrera que duraría 37 años. Su primer destino fue Huancavelica, en los años de la violencia terrorista. Décadas después llegaría a la DIVIAC.

La unidad había sido creada en 2016 para investigar organizaciones criminales complejas y ganó notoriedad nacional bajo la jefatura de Colchado. Aunque se la asocia sobre todo con los grandes casos de corrupción política, también investigaba crimen organizado, economías ilegales y delitos violentos.

La participación de Nevado en ese equipo se constata en documentos incorporados a expedientes del Congreso y allí se registran diligencias realizadas y firmadas por él en junio de 2018 desde el Departamento de Investigaciones Especiales de la DIVIAC, a raíz de las pesquisas del megacaso conocido como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Participó también en investigaciones como “Los Intocables Ediles”, el “Club de la Construcción”, el llamado “Gabinete en la sombra de Pedro Castillo” y otros casos de corrupción municipal.

Nevado conoce el lenguaje de una investigación: documentos, fechas, responsabilidades y pruebas, y quiere llevar ese método a la municipalidad. Si los vecinos le dan la oportunidad empezará una batalla, esta vez, a favor de su comunidad.

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Diputado César Tito Rojas: “El problema de la violencia escolar es nacional”

Redacción Lima Gris

Política

Diputado César Tito Rojas: “El problema de la violencia escolar es nacional”

El diputado de JP advierte que el caso del Liceo Naval Almirante Guise revela un problema que, a su juicio, trasciende a una institución educativa y alcanza al sistema educativo peruano. Señala que se debe investigar la actuación de los tres adultos que se encontraban a cargo de los estudiantes y plantea cambios normativos, mayor presencia de psicólogos, recuperación de valores y una revisión del concepto de protección al estudiante.

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8 horas ago

24/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La situación registrada en el Liceo Naval Almirante Guise ha vuelto a poner bajo escrutinio los mecanismos de prevención y protección de los estudiantes frente a la violencia escolar. En este contexto, conversamos con el integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, quien aborda las responsabilidades que deberán determinarse en torno al caso, la necesidad de revisar los protocolos de supervisión y las medidas que deberían adoptarse para prevenir hechos similares. Durante la entrevista, también plantea cambios en el sistema educativo, desde el fortalecimiento de la disciplina y la formación en valores hasta una mayor presencia de profesionales de psicología en los colegios. Asimismo, se refiere al papel que debe cumplir la educación en la defensa del patrimonio cultural y a la necesidad de recuperar una mayor formación cívica e histórica en las aulas.

En el caso del Liceo Naval Almirante Guise, se investiga la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años y ahora también a los tres adultos que se encontraban en el bus, el conductor, el entrenador y el profesor. ¿Considera que corresponde determinar si existió una omisión en el deber de proteger a los escolares?

Consideramos que ha habido un descuido general y es un problema, es una muestra de los hechos que se han dado en el Liceo Naval y estamos viendo que esto es un problema general de todo el sistema educativo en el Perú y se requiere una reestructuración y un cambio de parte del Ministerio de Educación y del mismo Gobierno Central. Entonces, consideramos que esto se va a tener que investigar hasta alcanzar a los responsables.

El Ejecutivo ya ha dispuesto la reorganización del Liceo Naval. Entonces, ¿cree usted que el problema está solamente en la gestión de este colegio o estamos ante una falla más amplia del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia Escolar?

Esto es un problema nacional, es un problema no solamente en escuelas públicas, e incluso en centros educativos particulares. Entonces, se requiere, tener que cambiar algunas normas en el sistema educativo y, sobre todo, viendo que se ha perdido la autoridad en instituciones educativas, se ha perdido también la autoridad de los mismos profesores dentro de un aula propiamente.

Y requerimos que tenga que cambiarse algunas normas, en ese sentido, es importante que, a través también de la Cámara de Diputados, se planteen iniciativas legislativas para ver cómo cambiamos o damos los correctivos del caso.

La Comisión de Educación aprobó la creación de un grupo de trabajo para fortalecer la prevención de la violencia escolar. ¿Qué aspectos concretos del sistema educativo serán revisados y qué resultados espera que se puedan alcanzar en el plazo establecido para este grupo?

En general, no voy a especificar de una institución en general, porque el bullying, el maltrato a estudiantes vulnerables que, de repente, son débiles frente a otros compañeros, es latente. Entonces, la situación de incluso humillación, insultos y más allá tiene que ver mucho con cómo está el sistema educativo propiamente.

Consideramos que una comisión nada más no va a resolver y, aparte de las comisiones, necesitamos legislar, normar para que podamos cambiar de alguna manera el manejo educativo, sobre todo en la situación de valores, ver también cómo se inculca la disciplina también en estas instituciones educativas. Entonces, en esa medida, creo que una comisión no es suficiente.

Más allá de las responsabilidades que determine el Ministerio Público, ¿qué responsabilidades administrativas o institucionales deberían ser esclarecidas respecto a los mecanismos de supervisión y protección que existan en el Liceo Naval?

Bueno, yo creo que ya el Ministerio ha dispuesto, por ejemplo, un director designado por el mismo Ministerio de Educación. Entonces, a partir de ahí, seguramente uno tendrá que hacer las investigaciones del caso y las responsabilidades que atañen frente a los hechos que se han dado con los estudiantes propiamente.

Se ha señalado también la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva formativa y preventiva. ¿Qué cambios deberían producirse en los colegios para detectar oportunamente situaciones de bullying, violencia o posibles agresiones sexuales antes de que lleguen a situaciones de mayor gravedad?

Es necesario que ahí se tiene que impartir valores, se necesita también psicólogos que, a veces, en una institución educativa grande donde pasan más de mil alumnos, no es suficiente un profesional de psicología; se requiere más.

Entonces, también se tiene que trabajar con los profesores dentro del aula, porque son ellos quienes conocen directamente la conducta y el comportamiento de los estudiantes y pueden identificar determinadas situaciones.

Por ello, se tiene que trabajar concertadamente con la parte administrativa de la institución educativa, con los profesionales de psicología y, en general, con los profesores que imparten los aprendizajes dentro de las aulas.

A propósito de este caso, seis adolescentes tienen actualmente una medida de internamiento preventivo mientras continúan las investigaciones. ¿Qué debería hacer la Comisión de Educación desde el Congreso frente a este caso sin interferir en las investigaciones fiscales?

Bueno, la cuestión de las denuncias, la cuestión judicial, de Fiscalía, etcétera, de investigación, va a tener que seguir su curso. Yo creo que un primer paso es también cambiar a estos malos, digamos, no sé si quepa decir profesores que, de repente, han apañado algunas malas conductas de los estudiantes. Tiene que verse también cómo menguar ese problema, porque la afectación psicológica, en el resto de los estudiantes también trae consecuencias.

Entonces, tendrá que verse, con el correr de los días, la situación de encaminar, por ejemplo, actividades diversas que permitan que el estudiantado, pueda normalizar las labores cotidianas dentro de la institución educativa. Entonces, lo otro seguramente va a seguir su curso y esperemos que se llegue a los responsables definitivamente.

La Comisión de Educación tiene entre sus competencias asuntos vinculados con educación y cultura. Sin embargo, la problemática relacionada con la protección, conservación y puesta en valor de las líneas de Nazca no ha sido abordada hasta el momento por esta comisión. ¿Por qué este tema no ha formado parte de su agenda y considera que debería ser incorporado?

Mire, estamos empezando, con la labor legislativa, hay una necesidad de encaminar, una norma que dé los correctivos del caso para, educar no solamente es impartir aprendizajes, educar es un término muy amplio que tiene que ver con valores, tiene que ver con la situación del comportamiento mismo de los mismos estudiantes.

Entonces, yo creo que el sistema educativo en el Perú está fallando y por eso decíamos instantes atrás: se le ha quitado, esas facultades que tenía el profesor de poder corregir algunas malas conductas y que hoy lo han tergiversado.

Incluso eso, con la situación, si un profesor pretende, llamar la atención, corregir esas malas conductas, inmediatamente es denunciado con el término de maltrato psicológico.

Entonces, eso yo creo que tiene que cambiar, no se puede seguir permitiendo ni tolerar, en ese sentido, son puntos que seguramente se va a tener que debatir también en la Comisión de Educación y con entendidos dentro del Ministerio de Educación propiamente.

Las líneas de Nazca no solamente representan un patrimonio arqueológico, sino que también plantean un desafío educativo sobre la protección de nuestro patrimonio. ¿Qué papel debería cumplir el sistema educativo para generar desde las escuelas una cultura de conservación y defensa del patrimonio nacional?

Claro, mire, se han perdido valores de nación, civismo, patriotismo, querer, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra arqueología. Entonces, es importante que retornen cursos como educación cívica, cursos como historia del Perú, porque necesitamos conocer nuestra historia.

En educación pública prácticamente se ha perdido, en gran parte, profundizar, el estudio y, a veces, el que desconoce su historia lamentablemente está condenado a volver a repetir la misma historia, entonces, es necesario conocer nuestro pasado para no cometer los mismos errores.

En Cusco mismo hemos visto cómo nuestra arqueología, nuestros monumentos arqueológicos turísticos son, de repente, vulnerados, malogrados, como tú bien lo has señalado, esto de las líneas de Nazca que prácticamente como que no lo toman en cuenta. Entonces, en muchos de los casos hasta la situación de no respetar la bandera, el escudo nacional, entonces, falta un poco más de nacionalismo y un poco más de civismo.

Entre violencia escolar, protección de menores, educación inclusiva, patrimonio cultural y otros problemas que enfrenta el país, ¿cuáles deberían convertirse en prioridades de fiscalización de una comisión durante este periodo parlamentario y bajo qué criterios establecerá esa agenda?

Mire, yo creo que todos tienen el mismo peso y el mismo nivel, entonces, la situación de valores es del día a día. La educación es en todo momento, sea en el centro educativo o sea fuera del centro, en el barrio, en la cuadra y más aún dentro de la familia propiamente.

Entonces, ahí se tiene que ir viendo también cómo trabajar, con los padres de familia, reuniones que se tenga con ellos para dar una orientación con la educación de sus hijos propiamente, ahora, lo otro se tendrá que ir desarrollando pues en cursos y materias y también, ojalá, que el Ministerio de Educación, como también lo ha planteado el mismo ministro, se encamine un cambio en la currícula que permita, en este caso, desarrollar todo lo que usted ha señalado también.

Señor diputado, si se demostrara que los tres adultos que estaban a cargo de los escolares y ninguno intervino, ¿estamos ante una falta individual o ante una falla del sistema de protección a los estudiantes?

Mire, ahí hay responsabilidad directa porque, teniendo conocimiento, no hicieron nada, sabiendo de que, de repente, habían problemas con estudiantes y no hicieron nada, hay una responsabilidad tremenda.

Entonces, en ese sentido, consideramos nosotros de que, quien habla es, o en todo caso, fuimos profesores de aula más de 30 años y conocemos la realidad y por eso le decía: cada profesor conoce la conducta incluso de cada estudiante y hay los problemas que pueda tener incluso fuera del centro educativo, incluso se llega a conocer los problemas dentro de la familia de este estudiante.

Entonces, si se tenía conocimiento de parte de estas personas que han estado, de repente, como tutores, etc., y no hicieron nada, hay una responsabilidad tremenda.

Para culminar, señor diputado, si tuviera que señalar una medida concreta que el Congreso debería aprobar antes de terminar este periodo para mejorar la protección de los escolares, ¿cuál sería y qué cambio espera que produzca en la vida de los estudiantes?

Claro, a ver, la protección del estudiante es un punto que tiene que ver uno con el maltrato que pueda sufrir con los propios compañeros, la pérdida de valores, el respeto.

Entonces, si yo trato de corregir a un estudiante, pero no me meto mejor porque estoy propenso a una denuncia, a la Fiscalía, a la UGEL, porque me van a decir que estoy maltratando al estudiante, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Protegiendo al estudiante o cayendo en una situación de liberalismo y falta de valores?

Entonces, todo eso se tiene que ir equilibrando porque la situación de protección del estudiante, o sea, ese término como que se ha mal utilizado y prácticamente ahí el padre de familia ha caído también porque si, un estudiante que de alguna manera fue, reprendido o se le llamó la atención, entonces, inmediatamente el padre de familia, porque claro, el estudiante va y dice: “Me ha reñido, me ha llamado la atención”. Entonces, el padre de familia, ¿qué dice? “¿Quién es ese profesor para que te llame la atención?”.

Entonces, ¿eso es protección al estudiante o estamos cayendo en que el estudiante asuma una conducta negativa más adelante?

Entonces, se tiene que analizar bien todos estos problemas porque, si no, eso de protección del estudiante vamos a caer en una situación de engendrar, de repente, un perfil negativo del mismo estudiante que al final, ya no hace caso a nadie, ya no permite que se le llame la atención, se le corrija y se le puede inculcar valores.

Entonces, es un liberalismo de parte del estudiante, ahí se tiene que ver con mucho cuidado a qué llamamos protección del estudiante. Claro, un estudiante que abuse de uno que es débil, vulnerable, ¿qué hacemos frente a eso? Ahí sí se requiere, por ejemplo, una protección o, en este caso, un maestro que cae en un exceso de repente de violencia o de repente de golpe a un estudiante, claro, ahí sí protección.

Pero no se puede confundir un llamado de atención, tratar de corregir una mala conducta, por ejemplo, de un estudiante que pueda estar dentro del aula o dentro del centro educativo, incluso fuera de la institución educativa.

Porque no olvidemos que ahora los estudiantes a nivel secundario, en algunos casos, son incluso parte de pandillas juveniles, incluso en algunas zonas, Hasta de repente encaminan ya con una situación que van al margen de la ley. Entonces, es un problema fuerte y, en todo caso, ¿qué se está haciendo? Se está protegiendo al adolescente, al estudiante que está estudiando, en el periodo escolar. Entonces, es un problema muy amplio que se tiene que analizar.

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Política

López Aliaga bajo fuego: las denuncias, contratos y el round con Daza que sacuden su regreso a Lima

El exalcalde vuelve a la carrera municipal como primer regidor de Renovación Popular, mientras arrastra investigaciones por el endeudamiento de la comuna, contratos millonarios con un estudio de abogados de EE. UU. y un round con Samuel Daza que terminó en denuncia ante el Tribunal de Honor Electoral.

Published

8 horas ago

24/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Rafael López Aliaga vuelve a ser protagonista de la campaña por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El líder de Renovación Popular, alcalde entre 2023 y 2026, participa ahora como candidato a primer regidor de su partido, tras la renuncia de Luis Rubio, quien encabezaba inicialmente la lista.

Su candidatura arrastra cuestionamientos sobre su anterior gestión: proyectos de infraestructura, manejo de recursos públicos, investigaciones fiscales y asuntos electorales. A esto se sumó, en las últimas horas, el enfrentamiento con Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular, durante el debate municipal del martes 22 de septiembre.

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó este mes la continuidad de la candidatura de López Aliaga como regidor, al declarar infundado un recurso de apelación contra la resolución que había declarado improcedente una solicitud relacionada con su postulación.

El mecanismo para volver a la alcaldía

López Aliaga no figura como candidato a alcalde. Su candidatura es para primer regidor de Renovación Popular, luego de que Luis Rubio, quien encabezaba inicialmente la lista como candidato a la alcaldía, renunciara a su postulación. La controversia gira en torno al mecanismo mediante el cual López Aliaga podría asumir nuevamente la alcaldía si su lista gana y se produce una sucesión, pese a las restricciones sobre la reelección inmediata de alcaldes.

En septiembre, el JNE confirmó una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro que había declarado improcedente una solicitud contra López Aliaga, validando que puede continuar como candidato a regidor. La controversia política, sin embargo, sigue siendo uno de los principales argumentos de sus adversarios en campaña.

Una deuda de más de 4,000 millones bajo la lupa fiscal

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el endeudamiento de la Municipalidad de Lima, que supera los 4.000 millones de soles. La investigación contempla presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, y busca determinar si hubo irregularidades en las operaciones de financiamiento de proyectos municipales.

López Aliaga ha rechazado las acusaciones y cuestionado la investigación. El caso está en etapa de investigación preliminar: eso no constituye condena ni determina responsabilidad penal.

Los 48,5 millones para un estudio de abogados de EE. UU

Durante su gestión, la Municipalidad de Lima contrató al estudio estadounidense Boies Schiller Flexner para asesorías y acciones legales relacionadas con Rutas de Lima. Una investigación de La República reportó contratos por aproximadamente 48,5 millones de soles en tres servicios considerados confidenciales, y cuestionó tanto el monto como la falta de información pública disponible sobre esos acuerdos.

La existencia de los contratos y sus montos es un hecho documentado. Los cuestionamientos sobre su legalidad o conveniencia corresponden a investigaciones y posiciones de terceros, no a una sentencia.

Los trenes de Caltrain: ¿donación o compra?

Uno de los proyectos más cuestionados de su gestión. Durante su administración llegaron al Perú locomotoras y vagones del sistema ferroviario Caltrain (EE.UU.), con la idea de implementar un servicio de pasajeros entre Lima y Chosica. Las primeras unidades arribaron a mediados de 2025.

La Municipalidad presentó la operación inicialmente como una donación. En agosto de 2026, el ministro de Transportes, Rafael Rey, sostuvo que los trenes no fueron donados, sino adquiridos por la comuna a Caltrain. El Comercio informó en agosto que los vagones y locomotoras permanecían almacenados en el Parque de la Muralla, mientras el proyecto seguía esperando las condiciones para implementarse.

En diciembre de 2025, la Municipalidad y el Ministerio de Transportes firmaron un convenio para transferir al MTC el uso de las unidades y avanzar en la implementación del servicio. Proinversión quedó involucrada para revisar estudios y evaluar incorporar el servicio de pasajeros al Ferrocarril Central. Durante la campaña de 2022, López Aliaga había presentado el proyecto como una conexión entre Chosica y el Callao; lo que finalmente avanzó fue el tramo Lima-Chosica.

Las 10.000 atrapanieblas que no llegaron a instalarse

Otro proyecto anunciado durante su gestión fue la instalación de 10.000 atrapanieblas en zonas altas de Lima, para aprovechar la humedad de la neblina como fuente de agua. Una investigación de La República publicada el 20 de septiembre de 2026 señaló que esa promesa nunca se cumplió: no se elaboró un plan de trabajo ni informes de seguimiento, y que las pocas estructuras inauguradas en 2023 no fueron financiadas por la municipalidad, sino por otros actores.

Investigación por presuntas amenazas a autoridades electorales

López Aliaga también enfrenta una investigación fiscal por presuntas expresiones intimidatorias contra integrantes de organismos electorales. El Ministerio Público dispuso diligencias, incluida la recopilación de declaraciones y registros audiovisuales para determinar el contexto de las expresiones cuestionadas. El caso sigue en investigación.

Paralelamente, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro revisó cuestionamientos sobre el uso de la imagen del exalcalde en actividades vinculadas a proyectos municipales durante el periodo electoral. Ninguno de estos procedimientos implica, por sí mismo, una infracción ya establecida.

110 candidatos de Renovación Popular con sentencias

Días antes del debate, una investigación periodística identificó a 110 candidatos vinculados con Renovación Popular que registraban sentencias o antecedentes por delitos como homicidio, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, peculado y colusión.

Samuel Daza llevó el tema directamente al debate y cuestionó a López Aliaga por la presencia de esos candidatos en las listas del partido. López Aliaga respondió que el sistema electoral presentó inicialmente las listas sin las observaciones correspondientes, y que tras conocer la información ordenó suspender la militancia de las 110 personas mencionadas.

El round con Samuel Daza que terminó en denuncia

El enfrentamiento entre López Aliaga y Daza fue el momento más intenso de la segunda jornada del debate municipal organizado por el JNE, donde participaron 13 candidatos. Varios cuestionaron desde el inicio la participación de López Aliaga como primer regidor y la posibilidad de que regrese a la alcaldía.

Daza cuestionó la gestión anterior, las promesas de la campaña de 2022 y los candidatos con sentencias. López Aliaga rechazó los cuestionamientos, recordó la relación política entre Renovación Popular y Fuerza Popular en el Congreso, y cuestionó al gobierno de Keiko Fujimori en temas de seguridad, Petroperú y EsSalud. Daza respondió recordando que López Aliaga se había comunicado con él antes del debate, y cuestionó la actuación de la Municipalidad durante su gestión.

El cruce no quedó ahí. Este miércoles 23 de septiembre, Daza presentó una denuncia ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral contra López Aliaga, adjuntando conversaciones de WhatsApp que, según indicó, intercambió con él antes del debate y que constituirían una presunta forma de intimidación o coacción política. La denuncia pide que el Tribunal evalúe si esas comunicaciones incumplieron las reglas del Pacto. Hasta el momento no existe un pronunciamiento que establezca infracción alguna.

Las controversias se producen mientras López Aliaga se mantiene en una posición destacada en las encuestas. La encuesta de Ipsos de agosto ubicó a la lista de Renovación Popular en primer lugar, con 21% de intención de voto; otras mediciones del periodo electoral arrojaron cifras distintas según fecha y metodología.

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Política

Liceo Naval «Almirante Guise»: Ministro Chang encarga dirección al viceministro Luis Alemán ignorando la Ley N° 29944

Todo mal, MINEDU encarga al viceministro de gestión institucional Luis Alemán la dirección del Liceo Naval «Almirante Guise» en contra de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y de la Ley de Reforma Magisterial —Ley N° 29944—, mientras se evalúa la designación del titular de la IE, la norma reserva la dirección de un colegio público a docentes de carrera.

Published

20 horas ago

23/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 15 de setiembre de 2026, un estudiante del Liceo Naval «Almirante Guise» fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de otros estudiantes durante su traslado escolar.

Frente a ese hecho gravísimo, el Minedu declaró, mediante el Decreto Supremo N° 016-2026, la reorganización extraordinaria del colegio bajo su conducción hasta 2027, y ordenó designar a un nuevo director. Pero en lugar de activar el mecanismo que la ley ya tenía previsto, el ministro José Antonio Chang firmó la Resolución Ministerial N° 576-2026-MINEDU el 21 de setiembre de 2026 y le encargó la dirección al viceministro de Gestión Institucional, Luis Alemán Nakamine, «en adición a sus funciones», pese a no tener el perfil para el cargo.

Ley N° 27444, que permite encargar actividades materiales o técnicas de un órgano a otro «por razones de eficacia». Es una figura administrativa genérica, pensada para trámites internos entre oficinas del Estado, no para sustituir el mecanismo especializado de acceso a cargos directivos docentes. Al asumir la conducción del colegio, el Minedu absorbió el rol que le correspondía activar ese mecanismo, y no lo hizo.Nos preguntamos: ¿Por qué no se buscó a un docente del propio Liceo Naval, o a uno designado por concurso a través de la UGEL 07? Y quizás la pregunta más urgente: ¿qué garantías hay de que el protocolo de atención a la violencia escolar podrá cumplirse con un director que, en los hechos, tiene otro trabajo de tiempo completo?

Fuente: Reglamento de la Ley de reforma magisterial, Ley de reforma magisterial(Ley N° 29944)

En el Perú, dirigir un colegio público se gana por mérito. Así lo fija la Ley de Reforma Magisterial (Ley N° 29944), que exige estar como mínimo en la tercera escala magisterial para acceder a un cargo directivo y excepcionalmente en primera escala.

El Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, actualmente cuenta con 79 secciones distribuidas en tres niveles (33 secciones del nivel secundaria, 34 del nivel primaria y 12 del nivel inicial), está bajo la administración de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 (UGEL 07), y los docentes de colegios administrados por el ministerio de defensa e Interior ya forman parte de la Carrera Pública Magisterial.

Fuente: Reglamento de la Ley de reforma magisterial, Ley de reforma magisterial (Ley N° 29944)

El director de una institución educativa pública cumple una jornada de 40 horas semanales distribuidas entre la gestión pedagógica (organización del año escolar, monitoreo docente y convivencia escolar), gestión administrativa y, en este caso, dirigir un plan de reorganización dispuesto por el Minedu hacia el 2027.

En este marco, la nueva dirección del Liceo Naval Almirante Guise de producirse nuevos hechos de violencia, debe garantizar las acciones inmediatas dentro del plazo máximo de 24 horas que exige la normativa de violencia escolar según las Resolución Ministerial 274-2020 y R. M. 383-2025-MINEDU (https://limagris.com/ministerio-de-educacion-y-la-gestion-de-la-violencia-escolar-que-debio-hacer-el-liceo-naval-almirante-guise/).

Carito Ayala Delgado, exdirectora del Liceo Naval Almirante Guise.

Estas pautas debieron ser aplicadas por la exdirectora del Liceo Naval Almirante Guise, Carito Ayala Delgado, cuya gestión continúa en proceso de investigación. Según su perfil en LinkedIn, Ayala suma 16 años de experiencia en el plantel, tras haber ocupado los cargos de docente de Comunicación, subdirectora de Secundaria, subdirectora general y, desde comienzos de 2026, directora del colegio, lo que nos lleva a entender que conocía la realidad de la IE.

Una IE como el Liceo Naval “Almirante Guise” en un momento de crisis, necesita un director de dedicación exclusiva que sea de perfil docente, no un funcionario repartido entre dos frentes a la vez como pretende temporalmente la gestión de José Antonio Chang.

La base legal invocada en la Resolución Ministerial 576-2026 no es la CPM ni la RVM 147-2023, sino el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único Ordenado (TUO) de la

La designación o encargatura de la dirección del Liceo Naval «Almirante Guise” debe salir de un concurso público convocado por la UGEL 07, no designado por la viceministra de gestión pedagógica Miriam Ponce ni desde el despacho ministerial, menos para congraciarse con un sector que no quiere cambios en la IE y es muy cercano al poder.

Merece preguntarnos: ¿Por qué el fujimorismo no querría cambios en el Liceo “Almirante Guise”? La UGEL 07 San Borja, incluso ha tramitado encargaturas similares para otros colegios de convenio anteriormente.

Por el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) o la UGEL 07, no ha abierto una convocatoria pública para encargar o designar al nuevo(a) director(a) de la IE pública Liceo Naval Almirante Guise.

Con el ministro Chang enfrentando una moción de interpelación en la Cámara de Diputados, este episodio debería ameritar una fiscalización del proceso de designación del cargo directivo y reorganización del Liceo Naval «Almirante Guise” y de otras IE a cargo de la FFAA y la PNP.

El dato

El 22 de noviembre de 2023, la exministra de Educación Miriam Ponce Vértiz durante el gobierno de Dina Boluarte —actual viceministra de Gestión Pedagógica del MINEDU— visitó el Liceo Naval Almirante Guise. En esa ocasión, fue fotografiada junto a Carito Ayala Delgado, quien entonces se desempeñaba como subdirectora general del plantel antes de asumir la dirección del colegio en 2026.

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Política

Presentan moción de interpelación contra el ministro de Educación José Antonio Chang en la Cámara de diputados

El pliego interpelatorio contra José Antonio Chang tiene cuarenta y cuatro preguntas, pero hay dos nombres que aparecen en los cuestionamientos: Lorena Gavilano Iglesias, secretaria general del MINEDU y Diana Gonzales, directora ejecutiva de Pronabec.

Published

1 día ago

23/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

Todo parece indicar que las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno podrían impulsar una moción de censura contra el titular del Minedu. Esta medida dependerá de la disposición del ministro y de las respuestas que brinde sobre la permanencia de dos funcionarias clave, a quienes mantiene en sus cargos a pesar de los cuestionamientos.La moción de interpelación cuestiona, en su numeral 20 Y 21, quién propuso el nombramiento de Lorena Gavilano Iglesias como secretaria general del Ministerio de Educación (Minedu) y qué procedimiento de verificación de idoneidad se ejecutó antes de emitir la resolución. Aunque la consulta llega con retraso, resulta imprescindible.

Mientras ejercía como la más alta autoridad administrativa del sector desde 2024 —habiendo permanecido durante la gestión de seis ministros—, Gavilano denegó la defensa legal a Violeta Beas Otero, con quien compartía una investigación fiscal por presunta negociación incompatible, omitiendo abstenerse del expediente. Además, su idoneidad para el cargo se respaldó en una constancia laboral firmada por quien entonces era su esposo, hecho revelado por este medio (https://limagris.com/lorena-gavilano-iglesias-secretaria-general-del-minedu-nego-defensa-a-violeta-beas-y-acredito-experiencia-con-constancia-firmada-por-su-exesposo/).

Al respecto, el numeral 21 del pliego indaga si el ministerio evaluó dicha carpeta fiscal —abierta meses antes de su designación— y por qué esta información no se detectó en el filtro de idoneidad, considerando que ya constaba en los registros oficiales. Más allá de la formulación técnica, el hecho de fondo evidencia que una funcionaria decidió sobre la defensa legal de otra persona investigada por el mismo delito que a ella se le atribuye.

Un segundo cuestionamiento recae sobre la designación de Diana Gonzales Delgado, excongresista de Avanza País, nombrada el 1 de septiembre por el ministro Chang como directora ejecutiva del Pronabec. El numeral 31 de la moción solicita precisar el procedimiento técnico de debida diligencia aplicado y los documentos que acreditan su experiencia directiva y calificación especializada en gestión de becas o educación superior.

Sin embargo, la consulta parlamentaria resulta insuficiente frente a los antecedentes ya públicos: Gonzales se desempeñó como jefa de posventa en FAGA Motors, una empresa del rubro automotriz. Ese tramo comercial fue validado por el MINEDU para acreditar los dos años de experiencia directiva que exige el perfil del puesto, según revelamos en (https://limagris.com/diana-gonzales-de-vender-autos-y-piezas-automotrices-en-faga-motors-a-directora-de-pronabec-cumple-los-requisitos-para-el-cargo/).

Corresponde ahora al Parlamento fiscalizar si las funciones comerciales en una automotriz equivalen formalmente al nivel directivo requerido por la norma. Ante el riesgo de afrontar cuestionamientos mayores, el ministro Chang podría solicitar la renuncia de Gonzales —siguiendo el antecedente de Tania Ramírez— para convocar a un profesional de carrera con trayectoria directiva en el sector educativo.

La moción precisa que interpelar no equivale a condenar. Sin embargo, cuando el control político replica textualmente las preguntas planteadas previamente por el periodismo, se expone la lentitud de reacción del Minedu ante las denuncias públicas. A este escenario se suman otros nombramientos controvertidos señalados en el pliego:

Pedro Morales Gonzales: director del Pronied, quien registra una carpeta fiscal por presunta colusión agravada. Tania Estefany Ramírez García: Designada en la Derrama Magisterial, cuyo cargo duró únicamente veintiocho días antes de su renuncia.

Esdras Ricardo Medina Minaya: Nombrado asesor de confianza en el Sineace a los pocos días de culminar su función parlamentaria.Ante las 44 interrogantes del pliego, queda la inquietud de cuántas respuestas se habrían obtenido a tiempo si el MINEDU hubiera actuado oportunamente. Entre tanto, estudiantes en Ucayali continúan sin clases, además la reglamentación de la Ley N° 32581, pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.

La moción ingresó formalmente el 21 de setiembre y fue remitida a la Junta de Portavoces, que es la instancia que define su trámite. Aún no hay fecha fijada para votar la admisión de la moción ni para la citación del ministro Chang; sin embargo, en los pasillos de la cámara baja se comenta que, antes del retorno de la presidente Keiko Fujimori al Perú, la interpelación impulsada por el bloque de izquierda, podría acelerar la primera moción de censura contra un ministro de su gestión.

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Política

Los 44 puntos que Chang deberá responder ante el Pleno del Congreso

La Cámara de Diputados recibió una moción de interpelación contra el ministro de Educación con un pliego de 44 preguntas que abarca desde la crisis en la Universidad Nacional de Ucayali hasta el archivo de una denuncia por hostigamiento sexual

Published

1 día ago

23/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Un grupo de 24 parlamentarios de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras presentó una moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo. El documento ingresó el 21 de septiembre de 2026 al Área de Trámite Documentario de la Cámara de Diputados como Moción de Orden del Día N.º 00424-2026-2031-CD.

El pliego aborda nueve bloques temáticos: la crisis de la Universidad Nacional de Ucayali, la representación del Ministerio ante la SUNEDU, el archivo de una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de esa entidad, criterios de designación de funcionarios, la situación de una universidad licenciada con observaciones pendientes, la política de educación superior, la reglamentación de una ley de pensiones del magisterio cesante, la situación laboral de un grupo de docentes y los cambios anunciados en la currícula.

Universidad Nacional de Ucayali

Según la moción, la universidad atraviesa una crisis institucional desde el 26 de mayo de 2026, con toma y bloqueo de instalaciones.

Los diputados preguntan qué información tenía Chang sobre la situación al asumir el cargo, qué reportes existían de intervenciones previas de la SUNEDU y qué medidas adoptó desde entonces, con fecha, fundamento jurídico, plazo y estado de ejecución de cada una. También piden precisar el tiempo que el servicio educativo estuvo restringido y el número de estudiantes afectados.

El pliego incluye además preguntas sobre dos procesos constitucionales admitidos a trámite en agosto y sobre el proceso electoral universitario en curso.

Representación ante la SUNEDU

La moción recuerda que el Ministerio modificó la situación de Vicente Paul Espinoza Santillán como representante ante el Consejo Directivo de la SUNEDU y designó en su lugar a Policarpio Chauca Valqui, y que una medida cautelar del 20 de julio suspendió provisionalmente los efectos de ambas resoluciones.

Los diputados preguntan cómo se cumplió esa medida cautelar y quién figura actualmente como representante del sector. También citan una información de Hildebrandt en sus Trece según la cual el Ministerio habría preparado una resolución para extender la permanencia de Espinoza Santillán hasta 2029, y piden que Chang confirme si ese documento existió y quién participó en su elaboración.

Foto: Andina.

Denuncia por hostigamiento sexual

El Ministerio recibió el 6 de agosto de 2026 una denuncia por presuntos actos de hostigamiento sexual contra Espinoza Santillán. Mediante un oficio del 24 de agosto, comunicó que se había dispuesto su archivo y que no correspondía iniciar un procedimiento administrativo disciplinario.

El pliego pregunta qué órgano asumió el caso, qué normas aplicó, si se solicitó opinión a SERVIR y, de no haberlo hecho, por qué. También cuestiona el proceso de citación de testigos: según la moción, fueron citados cinco y solo uno declaró.

Otras preguntas piden detallar las medidas de protección adoptadas para la denunciante y si el ministro o su despacho mantuvieron comunicaciones con Espinoza Santillán entre la recepción de la denuncia y su archivo.

Política de Educación Superior

El pliego pregunta por la posición del ministro sobre la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, qué disposiciones de la Ley Universitaria plantea modificar o derogar, y qué cambios prepara en licenciamiento y supervisión universitaria.

Foto: Andina.

Pensiones del magisterio cesante

La Ley N.º 32581, promulgada el 15 de abril de 2026, aún no cuenta con reglamento, según la moción. El pliego pregunta las razones de la demora, quién es responsable de elaborarlo, qué coordinaciones hubo con el Ministerio de Economía y Finanzas y si se evaluaron fuentes alternativas de financiamiento.

Régimen laboral docente

El punto 43 aborda a un grupo de docentes cuyo régimen laboral habría pasado de la Ley del Profesorado a la Ley de Reforma Magisterial sin autorización expresa, según los promotores de la moción, afectando el reconocimiento de beneficios como la bonificación por preparación de clases y la compensación por tiempo de servicios.

Currícula educativa

El último punto parte de declaraciones públicas de Chang sobre retirar «todo tipo de ideología» de la currícula. El pliego pregunta a qué se refería con esa expresión, qué contenidos serán añadidos o eliminados y qué medidas se adoptarán para la participación de padres de familia.

La moción, suscrita por 24 parlamentarios, propone que Chang concurra ante el Pleno de la Cámara de Diputados para responder el pliego. Su presentación activa el mecanismo de interpelación previsto en la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Lima Gris buscó la versión de la senadora Rosangela Barbarán, de Fuerza Popular, sobre la moción presentada contra Chang, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

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Política

Jesús Maldonado: la trayectoria de denuncias, investigaciones y cuestionamientos que acompañan al alcalde de SJL

Antes de la disputa electoral de 2026, ya existía un historial de denuncias, investigaciones y conflictos alrededor del alcalde de San Juan de Lurigancho. Un repaso a los episodios que han marcado su carrera pública, desde sus primeros años como regidor hasta las pesquisas sobre su patrimonio y sus contrataciones.

Published

2 días ago

22/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Abuso de autoridad, usurpación, hurto agravado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. La lista de presuntos delitos que acompañan el nombre de Jesús Maldonado es larga, y crece justo cuando el alcalde de San Juan de Lurigancho atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera política: la disputa por seguir en el poder pese a que la ley se lo prohíbe.

Porque a las denuncias por los desalojos a comerciantes y al expediente abierto por su patrimonio, se suma ahora un round electoral incómodo. Maldonado terminó inscrito como primer regidor de la lista de Somos Perú para SJL después de que su propio sobrino, César Usquiano, renunciara a la candidatura a la alcaldía. La jugada reabrió la pregunta de siempre: ¿busca quedarse en el cargo por otra vía, así la Constitución le prohíba la reelección inmediata?

De regidor a alcalde: la tratectoria política de Maldona

La carrera de Maldonado en SJL no es de ayer. Lleva casi 20 años metido en la política del distrito. Debutó como regidor en 2006, con la Alianza Electoral Unidad Nacional, para el periodo 2007-2010, y repitió la regiduría cuatro años más tarde, ahora con el PPC, hasta 2014.

Su primer intento por la alcaldía fue en 2018, con Somos Perú, y perdió frente a Álex Gonzales. Probó suerte en el Congreso en 2020, en las parlamentarias extraordinarias, y tampoco le alcanzó. Recién en 2022, con Somos Perú otra vez, logró ganar la alcaldía que ejerce desde 2023.

Denuncia por abuso de autoridad y usurpación

El primer proceso judicial relevante contra Maldonado llegó en 2023, cuando Josefina Pinto lo denunció penalmente por presunto abuso de autoridad y usurpación. La denuncia coincidió con el arranque de los operativos municipales para recuperar espacios tomados por comerciantes informales y locales sin autorización.

Consultada por El Comercio, la municipalidad respondió que esa denuncia —y otras investigaciones fiscales similares— tenían origen justamente en esos desalojos.

Investigación por hurto agravado y usurpación

Un año después, en mayo de 2024, se sumó otra investigación fiscal, esta vez por presunto hurto agravado y usurpación. El trasfondo era el mismo: la política de recuperación de espacios públicos y el choque permanente con los comerciantes que ocupaban ciertas zonas de SJL.

Los conflictos con comerciantes informales

Si hay un tema que marcó la gestión de Maldonado, es la guerra con el comercio ambulatorio. En febrero de 2024, TV Perú reportó el retiro de cientos de vendedores de la avenida Los Jardines Oeste. En mayo, según La República, comerciantes del mercado San Rafael pidieron reunirse con el alcalde tras un desalojo.

En julio le tocó el turno a Canto Grande, donde el procurador municipal, Rafael Chacón Saravia, defendió el retiro de comerciantes alegando que el terreno era propiedad del Estado. Y en junio de ese mismo año, más de 180 mercados del distrito cerraron sus puertas y salieron a marchar contra la gestión municipal, con pedidos abiertos de revocatoria. En septiembre, RPP reportó un nuevo desalojo, con más de cien ambulantes retirados cerca del mercado San Hilarión y denuncias de violencia durante el operativo.

Foto: RPP.

El patrimonio de Maldonado bajo la lupa

En septiembre de 2026 apareció el capítulo que más ruido generó: una investigación periodística puso el foco en el patrimonio del alcalde. Según el diario UNO, Maldonado vive en una casa de San Borja valorizada en cerca de US$500 mil (unos S/1,7 millones), una operación que el Ministerio Público estaría mirando por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El dato que llamó la atención: los antiguos dueños del inmueble habrían señalado que la compraventa se firmó ante notaría, pero jamás se inscribió en Sunarp. Para la publicación, dejar fuera del registro público una propiedad de esa magnitud complica que aparezca a nombre del comprador en búsquedas públicas y dificulta su fiscalización.

¿Y los ingresos? Según el Ministerio de Trabajo, Maldonado gana S/13.260 mensuales como alcalde, y ante el JNE declaró S/185.640 anuales por el sector público. El informe agrega que tiene participación en dos empresas —Agencia Gubernamental JM S.A.C. e Instituto de Gobierno y Desarrollo Estratégico S.R.L.— pero que declaró no percibir remuneración ni utilidades de ninguna.

Publicación de Diario UNO.

Es decir, la diferencia entre lo declarado y el valor de la vivienda no explicaría una compra al contado. Cita, además, el testimonio de un ciudadano identificado como Simón Meléndez, cuya declaración ante las autoridades —siempre según el diario— pondría en duda no solo el origen del dinero para la casa, sino también el financiamiento de la campaña del entorno de Maldonado. Se trata de un testimonio que Lima Gris no ha podido verificar de forma independiente.

Denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Todo ese cuestionamiento patrimonial ya tiene forma de denuncia formal ante el Ministerio Público, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Maldonado respondió con una carta notarial rechazando las imputaciones, tanto las de su patrimonio como las relacionadas con las contrataciones municipales.

Ccontrataciones municipales cuestionadas

Ahí entra el otro frente de la investigación: las compras de la municipalidad. Apoyada también en un informe de la Contraloría, la publicación sostiene que la comuna dejó de publicar con regularidad sus contratos y órdenes de servicio en el portal del OECE desde que Maldonado llegó al sillón municipal.

La cifra que maneja es alta: 2.818 órdenes de compra y servicios no transparentadas, por S/13.232.553. Según esa investigación, esa falta de publicidad le cierra la puerta a regidores de oposición, prensa y vecinos que quieran fiscalizar el gasto público. Es una interpretación de esa investigación, que Lima Gris recoge con la atribución correspondiente.

La miniván de Sillisens General Services

Uno de los casos más llamativos que se revisó es el alquiler de una miniván para la Subgerencia de Fiscalización, contratada a la empresa Sillisens General Services E.I.R.L. Esta compañía fue constituida en diciembre de 2019 con un capital social de apenas S/2.300, por Juan Jiménez Alcalde, identificado como diseñador gráfico. Aun así, recibió 15 órdenes de servicio entre 2023 y 2024, por S/342 mil en total.

Lo curioso está en las bitácoras del vehículo —placa AYL937—: 14 registros de viajes marcados el mismo día, a la misma hora, pero con destinos distintos entre sí. Se lee esto como un posible indicio de simulación de servicios. Es una interpretación, no una determinación judicial sobre esos recorridos.

La orden de servicio N.° 5774-2024

Otro caso puntual: la Orden de Servicio N.° 5774-2024, cuyo expediente incluía una cotización atribuida a la empresa H. Mendizábal E.I.R.L. El gerente de esa firma aseguró que la municipalidad nunca le pidió ninguna propuesta económica y que ese documento no salió de su empresa. Se relaciona este tipo de hallazgo con la práctica de simular pluralidad de postores en procesos que, en realidad, ya tenían proveedor definido de antemano.

Contrataciones vinculadas a familiares

Los cuestionamientos también tocaron a la familia de Maldonado. Trinidad Maldonado, hermana del alcalde, recibió 18 órdenes de servicio en la Municipalidad de Carabayllo por unos S/148 mil. Saúl Usquiano Ávila, señalado como su cuñado, recibió nueve órdenes por cerca de S/60 mil.

Y el cruce va en las dos direcciones: familiares del alcalde de Carabayllo también aparecen con órdenes de servicio en la Municipalidad de SJL. Jimmy Mendoza Peláez recibió ocho, por aproximadamente S/132 mil, y Pilar Mendoza Peláez, tres, por unos S/55 mil.

La controversia electoral del 2026

El capítulo más fresco de esta historia es puramente electoral. Maldonado se inscribió como primer regidor de la lista de Somos Perú para SJL, mientras que la candidatura a la alcaldía la llevaba inicialmente su sobrino, César André Usquiano Maldonado.

El asunto no es menor porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. El 27 de junio de 2026, ya con su candidatura oficializada, Maldonado le dijo al diario Expreso que la decisión respondía a darle continuidad a un proyecto político para el distrito, y negó que se tratara de una reelección disfrazada. Días antes, en RPP, había explicado la postulación de su sobrino como «una decisión que tomamos en Somos Perú y en la familia».

Foto: Facebook/Jesús Maldonado

La respuesta de Maldona y la posición del JNE

Maldonado ha sido tajante: rechaza que su candidatura como primer regidor sea una «reelección encubierta». El JNE, por su lado, ha dicho que no puede inventar impedimentos que la Constitución o la ley no contemplan, y que cada caso se resuelve según si el candidato fue alcalde en el periodo inmediatamente anterior. Vale aclarar que «reelección encubierta» es una etiqueta que usan medios y analistas para describir este mecanismo, no una calificación jurídica que el JNE haya hecho sobre el caso de Maldonado en particular.

Entre denuncias por los desalojos, investigaciones por presuntos delitos, un patrimonio cuestionado, contratos poco claros y hasta un atentado de por medio, la trayectoria de Maldonado deja más preguntas que respuestas. Será el Ministerio Público, y eventualmente el Poder Judicial, quien determine si alguna de estas denuncias tiene el sustento suficiente para avanzar.

Lima Gris intentó comunicarse con Jesús Maldonado para conocer su posición sobre las denuncias, investigaciones y cuestionamientos mencionados en esta nota, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.

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Política

Jorge Gavidia Rodríguez: “El INCOR necesita una mayor capacidad de atención y autonomía para responder a las demandas de la población”

Durante su visita al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), el senador Jorge Gavidia destacó la calidad de sus servicios, la disponibilidad de insumos médicos y la labor de investigación científica. Asimismo, recogió las demandas del personal asistencial y planteó reformas para fortalecer la atención especializada, la autonomía de gestión y el desarrollo de nuevas tecnologías en salud.

Published

2 días ago

22/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) se ha convertido en uno de los principales centros especializados del país para la atención de enfermedades cardiovasculares, pero también enfrenta el desafío de ampliar su capacidad y fortalecer su autonomía de gestión. Tras recorrer sus instalaciones y conocer de cerca el trabajo de médicos, personal asistencial y equipos de investigación, el senador plantea la necesidad de impulsar una reforma que permita dotar al instituto de mayores herramientas financieras y logísticas, integrar digitalmente la información clínica a nivel nacional y fortalecer la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

En esta entrevista, además, aborda el papel que deberían cumplir el CONCYTEC y la cooperación internacional para potenciar la investigación científica del INCOR y convertir su experiencia especializada en una fuente de innovación médica para el Perú.

Senador, usted visitó el Instituto Nacional Cardiovascular. ¿En qué condiciones encontró sus instalaciones y cuáles fueron las principales situaciones que pudo constatar durante su recorrido?

Visité el INCOR y tengo la mejor sorpresa, es decir, muy agradable sorpresa en relación a la gestión. Considerando, además, que es un centro de asistencia de alta emergencia, por lo tanto, requiere una gestión de primer nivel.

He podido constatar que la logística es muy buena. Incluso me mostraron los almacenes donde se encuentran los dispositivos que generalmente se utilizan para las intervenciones quirúrgicas, y pude comprobar que prácticamente todos están en stock. Esto, además, responde a las demandas que han tenido, a la casuística y a la proyección epidemiológica de las emergencias habituales que puede presentar la población.

También niveles de limpieza, incluso me mostraron el haber alcanzado como primer centro asistencial del Estado certificación internacional de calidad, factor muy importante fue que me mostraron un centro de investigación que genera publicaciones científicas a partir de casos especiales, de cirugía y también de tratamientos de alguna patología congénita en niños, de primer nivel, incluso a nivel regional, en publicaciones científicas propias del país y también en grupos de estudios internacionales.

Recibió información de los médicos y del personal asistencial sobre las dificultades que enfrentan para brindar atención a los pacientes. ¿Cuáles fueron las demandas más importantes que le plantearon?

La demanda mayor ha sido siempre la capacidad instalada, la necesidad de proyectar, diríamos, el centro a una mayor escala, considerando la población, y la recurrencia de los procesos cardiovasculares.

Por otro lado, también el buscar algún nivel de autonomía de la gestión del presupuesto, porque siempre tienen que estar adelantándose a los procesos, considerando que hay cierta burocracia, desde el sistema centralizado que tiene salud, porque ellos pertenecen a la salud, entonces, esa siempre es la ocupación, buscar un nivel de independencia.

Y con respecto a los casos, han atendido principalmente casos de adulto mayor, o con marcapasos y sistemas de monitoreo, pero en niños, especialmente cirugías especiales, pude conocer a los tres o cuatro médicos líderes de cada sector.

¿Qué información pudo recoger sobre los tiempos de espera para las consultas, las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos cardiológicos?

En ese sentido, sí, lo único que he podido reconocer es la necesidad de la capacidad de atención, no he tenido referencias exactas sobre las demoras en personas que esperen algún tratamiento, pero sí se podía reconocer que, lógicamente, no pueden atender a todos los que asisten, porque especialmente vienen de provincias.

Lo que sí me hicieron referencia es que ellos priorizan casos, que vienen de provincias con niveles de emergencia mayor, pero que vienen incluso de lugares alejados de la selva, y personas que han referido meses atrás, sus tratamientos o la necesidad ya de alguna cirugía especial.

Y usted como senador de la República, ¿qué acciones concretas impulsará para que las necesidades identificadas en el INCOR sean atendidas por las autoridades competentes?

Principalmente, una es que requiere una reforma de salud, considerando que INCOR ha logrado desarrollarse muy bien, pero que requiere, por ejemplo, por el nivel de especialización que tiene, el sistema cardiovascular requiere una independencia de gestión financiera y logística, totalmente independiente del sistema en el cual la salud está comprometida.

Segundo, que requiere, un sistema nacional integrado, sobre la casuística de los problemas cardiovasculares, es decir, una plataforma de digitalización de las historias clínicas que estén integradas en todo el país.

Por otro lado, también promover la salud cardiovascular, que es una de las estrategias que todavía la salud no tiene muy clara, porque INCOR no podría darse abasto solo. No está en las prioridades de salud, probablemente, pero requiere promover salud cardiovascular.

Y el otro tema es, considerando que es un nivel de especialización mayor, el INCOR, y tiene un centro de investigación que, en realidad, al conocerlo, veo que simplemente es un centro de base de datos, para publicar y de computadoras, probablemente requiera ser certificado y validado por el gobierno, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, especialmente por el CONCYTEC, para que pueda acceder a la cooperación internacional de fondos de investigación, y a la vez el gobierno poder tener una contrapartida para investigación científica.

Al final, va a tener un beneficio en lo que es promover la salud cardiovascular y, por otro lado, también, tener una mejor atención o innovaciones en algunos procesos de cirugía o de tratamientos en patologías que tienen monitoreo y seguimiento.

¿Y qué importancia tiene fortalecer la investigación científica y la incorporación de nuevas tecnologías en los tratamientos cardiovasculares?

En realidad, el mundo ahorita es sujeto a estrés, y problemas de alimentación, los problemas cardiovasculares están vinculados generalmente también a los problemas de rama cerebral o problemas que están vinculados, por lo tanto, el Perú creo que necesita fortalecer al INCOR en lograr condiciones internacionales, para eso tiene que validar su centro de investigación.

Al validarlo, va a poder formar parte de la red de centros de investigación y referencia en temas cardiovasculares en general y, por lo tanto, puede tener pasantías o intercambios de investigadores, y el Perú puede ser un líder mundial o internacional, menos regional, en este sector.

Es necesariamente importante que el CONCYTEC tenga ahí una participación y reconozca la realidad de un centro asistencial que, finalmente, por su nivel de especialización, se convierte en un centro de referencia.

Y en materia presupuestal, ¿considera que los recursos destinados a la atención especializada en salud responden a las necesidades actuales de la población?

Es bien complejo porque, si vemos números en lo presupuestal, no es malo, el gran problema es que no tiene una buena aplicación, no se refleja necesariamente, pese a que el INCOR está bastante mejor gestionado que otros centros que uno puede ver, pero es por la presión del tipo de atención que tiene, pero el presupuesto, lógicamente, puede mejorar, pero no creo que sea la principal limitante.

La principal limitante es la mejor gestión del presupuesto y el reconocer cuáles son realmente las necesidades de nuestra población.

Finalmente, después de su visita al INCOR, ¿cuál es el principal mensaje que llevaría al Senado y qué compromiso puede asumir con los pacientes y sus familiares

Yo quisiera que el Senado tenga mejores referencias sobre las necesidades de los servicios especializados que tiene el Estado peruano, especialmente en salud, para comprender cómo, incluso en el mundo, el conocimiento que se refleja en la base de la ciencia y la tecnología son determinantes para reducir costos, para mejorar calidad de vida y, lógicamente, para incluso establecer una nueva propuesta desde el país hacia el mundo.

Es decir, incorporar nuestros propios conocimientos y lograr avances propios en el país en cuanto a la medicina y, en general, en otros sectores donde la ciencia y tecnología permiten brindar servicios a la comunidad.

Eso nos va a permitir la madurez y la sabiduría o, diríamos, el nivel reflexivo de poder reconocer en la legislación qué es lo que necesitamos, cómo poder incluso lograr la mayor factibilidad de la base legislativa y de la base legal que permita el desarrollo de estas iniciativas desde el Estado y el sector privado.

Porque también el sector privado es un factor muy importante para las innovaciones en terapia, en seguimiento, monitoreo de la salud, promoción de la salud y, lógicamente, la atención.

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Política

Violencia escolar en Perú: más de 50 mil reportes en SiseVe (2024-206) y 91 casos con armas registrados en 2026

El SíseVe contabilizó 50,633 reportes de violencia escolar entre enero de 2024 y agosto de 2026. La violencia física concentra el 42.3% de los registros, mientras que la sexual suma 9,407 (2024-2026). Este año, además, el sistema incorporó el registro de casos con uso de armas.

Published

3 días ago

21/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

La violencia escolar constituye un problema de salud pública y un obstáculo para el derecho a una educación libre de violencia. En el Perú, el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe), administrado por el Ministerio de Educación, registra los casos reportados por las instituciones educativas y por la ciudadanía, lo que significa que muchos se encuentran en investigación.

La Tabla 1 y Figura 1 muestran que entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026, registró 50,633 reportes a nivel nacional. La información revela que la violencia física representa la mayor proporción, con 21,425 casos (42.3%), seguida de la violencia psicológica, con 19,801 (39.1%). La violencia sexual registra 9,407 reportes, equivalentes al 18.6% del total.

La Tabla 2 y Figura 2 muestra el comportamiento anual de casos reportados de violencia escolar 19,297 reportes durante 2024 y 19,531 en 2025. En los primeros ocho meses de 2026 se contabilizaron 11,805.

Esta última cifra no puede compararse directamente con los años completos porque comprende únicamente el periodo enero-agosto. Más de 50 mil casos de violencia escolar reportados en el SiseVe (2024-2026) 9 mil casos de violencia sexual, más de 2 mil este año.

La Tabla 3 y la Figura 3 presentan la distribución de los casos según tipo de violencia por región (Dirección Regional de Educación, DRE), ordenadas de mayor a menor número total de casos reportados.

Lima concentra la mayor carga de reportes. Lima Metropolitana acumula 17,030 casos entre 2024 y 2026, equivalentes a un tercio del total nacional, muy por delante de Arequipa (3,522) y Piura (2,997), las siguientes regiones con mayor incidencia.

Tabla 4

Distribución de casos reportados según tipo de violencia escolar, por UGEL (15 UGEL con mayor frecuencia), periodo 2024-2026

Figura 4

Distribución de los casos reportados según tipo de violencia escolar, por UGEL (15 UGEL con mayor número de casos) periodo 2024-2026.

Nota. Barras apiladas por tipo de violencia; se muestran las 15 UGEL con mayor número de casos reportados. Elaboración propia a partir de la base de datos del SíseVe.

La Tabla 4 y la Figura 4, periodo 2024-2026 a nivel de UGEL, la UGEL 03 Cercado (f = 3,494) distribuidas Física (1,426) Psicológica (1,603) Sexual (465) y la UGEL 07 San Borja (f = 3,233) son las que concentran más reportes a nivel nacional, seguidas de la UGEL 01 San Juan de Miraflores (f = 2,521) y la UGEL 02 Rímac (f = 2,385). Solo estas quince UGEL con mayor frecuencia concentran más de la mitad de los casos reportados en el país (53.4%), lo que evidencia una fuerte concentración geográfica del fenómeno en distritos densamente poblados de Lima y en las principales ciudades de la costa.

La Tabla 5, corresponde al subtipo de violencia reportado, con uso de armas, incorporado como categoría de registro durante 2025. Entre abril y agosto se contabilizaron 91 reportes bajo esta categoría: 64 relacionados con violencia física y 27 con violencia psicológica.

De acuerdo con la base analizada, 82 casos —el 90.1%— ocurrieron en secundaria, mientras que nueve correspondieron a primaria. Todos fueron registrados bajo la modalidad “entre escolares”.

Como información complementaria, cabe señalar que el nivel secundario concentra el 63.7% de los casos (f = 32,255), frente a 31.0% en primaria (f = 15,686), lo que sugiere que la adolescencia es la etapa de mayor vulnerabilidad frente a la violencia escolar en sus tres modalidades.

Asimismo, el 77.5% de los reportes del periodo figura con atención finalizada, mientras que un 3.8% permanece pendiente de atención por la institución educativa y un 1.1% se encuentra observado por la UGEL correspondiente, lo que da cuenta de una capacidad de respuesta relativamente alta del sistema, aunque con un remanente de casos que requiere seguimiento.

Estas cifras revelan parte de la realidad en las Instituciones educativas del país. La norma Resolución Ministerial N.º 383-2025-MINEDU, que aprobó los 7 protocolos de violencia escolar publicada en agosto de 2025, es relativamente nueva, y determina los roles de los actores educativos.

Queda pendiente de parte del ministerio de educación a cargo del ministro Chang la implementación de nuevas medidas, recordemos que en el año 2015 se desactivó la histórica Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE).

Esto podría explicar parte del problema, la falta de continuidad de políticas educativas respecto a la gestión de la convivencia escolar. Sin embargo, queda pendiente asumir de manera proactiva relaciones interpersonales armónicas, satisfactorias y seguras entre los actores de la comunidad educativa. Y una nueva mirada a la gestión de la violencia escolar desde la promoción de la práctica de valores.

La violencia escolar también, es un tema de la salud pública, me pregunto dónde está el ministro Luis Dyer. Debería estar preocupado en cómo garantizar el acceso a los servicios de salud mental para las más de 50 mil casos reportados de violencia escolar. ¿Los peruanos tenemos ministro de salud? Habría que considerar que muchos casos no son reportados por las IE y padres de familia, por desconocimiento del procedimiento o por no dañar la imagen institucional.

Otro tipo de violencia, la violencia institucional y estructural que vulnera el derecho fundamental a la educación. En el reportaje de ayer de Cuarto Poder sobre la toma de espacios educativo por privados, incluidas disputas judiciales, dio la impresión que al ministro Chang le preocupa reorientar algunos temas.

Pero debe empezar por conocer, qué tipo de contratos suscriben las IE y si lo hacen en el marco normativo (Decreto Supremo N.° 028-2007-ED), decreto firmado por el ministro Chang durante el segundo gobierno de Alan García, y que años después, a pesar de la obligatoriedad de la norma, no se garantiza el servicio educativo. Lo he dicho antes, y lo sostengo, los estudiantes de algunos CEBA públicos de Lima no usan los espacios educativos por mantenerse alquilados.

Si están dispuestos a poner orden, no solo requieren el compromiso del sector, también de nosotros los docentes, padres de familia y sociedad civil organizada. Es momento de demostrar que estamos unidos en causas que involucren el interés general y no partidario.

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