Política
Liceo Naval «Almirante Guise»: Ministro Chang encarga dirección al viceministro Luis Alemán ignorando la Ley N° 29944Todo mal, MINEDU encarga al viceministro de gestión institucional Luis Alemán la dirección del Liceo Naval «Almirante Guise» en contra de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y de la Ley de Reforma Magisterial —Ley N° 29944—, mientras se evalúa la designación del titular de la IE, la norma reserva la dirección de un colegio público a docentes de carrera.
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23/09/2026By
Leonardo Serrano Zapata
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El 15 de setiembre de 2026, un estudiante del Liceo Naval «Almirante Guise» fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de otros estudiantes durante su traslado escolar.
Frente a ese hecho gravísimo, el Minedu declaró, mediante el Decreto Supremo N° 016-2026, la reorganización extraordinaria del colegio bajo su conducción hasta 2027, y ordenó designar a un nuevo director. Pero en lugar de activar el mecanismo que la ley ya tenía previsto, el ministro José Antonio Chang firmó la Resolución Ministerial N° 576-2026-MINEDU el 21 de setiembre de 2026 y le encargó la dirección al viceministro de Gestión Institucional, Luis Alemán Nakamine, «en adición a sus funciones», pese a no tener el perfil para el cargo.
Ley N° 27444, que permite encargar actividades materiales o técnicas de un órgano a otro «por razones de eficacia». Es una figura administrativa genérica, pensada para trámites internos entre oficinas del Estado, no para sustituir el mecanismo especializado de acceso a cargos directivos docentes. Al asumir la conducción del colegio, el Minedu absorbió el rol que le correspondía activar ese mecanismo, y no lo hizo.Nos preguntamos: ¿Por qué no se buscó a un docente del propio Liceo Naval, o a uno designado por concurso a través de la UGEL 07? Y quizás la pregunta más urgente: ¿qué garantías hay de que el protocolo de atención a la violencia escolar podrá cumplirse con un director que, en los hechos, tiene otro trabajo de tiempo completo?
Fuente: Reglamento de la Ley de reforma magisterial, Ley de reforma magisterial(Ley N° 29944)
En el Perú, dirigir un colegio público se gana por mérito. Así lo fija la Ley de Reforma Magisterial (Ley N° 29944), que exige estar como mínimo en la tercera escala magisterial para acceder a un cargo directivo y excepcionalmente en primera escala.
El Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, actualmente cuenta con 79 secciones distribuidas en tres niveles (33 secciones del nivel secundaria, 34 del nivel primaria y 12 del nivel inicial), está bajo la administración de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 (UGEL 07), y los docentes de colegios administrados por el ministerio de defensa e Interior ya forman parte de la Carrera Pública Magisterial.
Fuente: Reglamento de la Ley de reforma magisterial, Ley de reforma magisterial (Ley N° 29944)
El director de una institución educativa pública cumple una jornada de 40 horas semanales distribuidas entre la gestión pedagógica (organización del año escolar, monitoreo docente y convivencia escolar), gestión administrativa y, en este caso, dirigir un plan de reorganización dispuesto por el Minedu hacia el 2027.
En este marco, la nueva dirección del Liceo Naval Almirante Guise de producirse nuevos hechos de violencia, debe garantizar las acciones inmediatas dentro del plazo máximo de 24 horas que exige la normativa de violencia escolar según las Resolución Ministerial 274-2020 y R. M. 383-2025-MINEDU (https://limagris.com/ministerio-de-educacion-y-la-gestion-de-la-violencia-escolar-que-debio-hacer-el-liceo-naval-almirante-guise/).
Carito Ayala Delgado, exdirectora del Liceo Naval Almirante Guise.
Estas pautas debieron ser aplicadas por la exdirectora del Liceo Naval Almirante Guise, Carito Ayala Delgado, cuya gestión continúa en proceso de investigación. Según su perfil en LinkedIn, Ayala suma 16 años de experiencia en el plantel, tras haber ocupado los cargos de docente de Comunicación, subdirectora de Secundaria, subdirectora general y, desde comienzos de 2026, directora del colegio, lo que nos lleva a entender que conocía la realidad de la IE.
Una IE como el Liceo Naval “Almirante Guise” en un momento de crisis, necesita un director de dedicación exclusiva que sea de perfil docente, no un funcionario repartido entre dos frentes a la vez como pretende temporalmente la gestión de José Antonio Chang.
La base legal invocada en la Resolución Ministerial 576-2026 no es la CPM ni la RVM 147-2023, sino el numeral 71.1 del artículo 71 del Texto Único Ordenado (TUO) de la
La designación o encargatura de la dirección del Liceo Naval «Almirante Guise” debe salir de un concurso público convocado por la UGEL 07, no designado por la viceministra de gestión pedagógica Miriam Ponce ni desde el despacho ministerial, menos para congraciarse con un sector que no quiere cambios en la IE y es muy cercano al poder.
Merece preguntarnos: ¿Por qué el fujimorismo no querría cambios en el Liceo “Almirante Guise”? La UGEL 07 San Borja, incluso ha tramitado encargaturas similares para otros colegios de convenio anteriormente.
Por el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) o la UGEL 07, no ha abierto una convocatoria pública para encargar o designar al nuevo(a) director(a) de la IE pública Liceo Naval Almirante Guise.
Con el ministro Chang enfrentando una moción de interpelación en la Cámara de Diputados, este episodio debería ameritar una fiscalización del proceso de designación del cargo directivo y reorganización del Liceo Naval «Almirante Guise” y de otras IE a cargo de la FFAA y la PNP.
El dato
El 22 de noviembre de 2023, la exministra de Educación Miriam Ponce Vértiz durante el gobierno de Dina Boluarte —actual viceministra de Gestión Pedagógica del MINEDU— visitó el Liceo Naval Almirante Guise. En esa ocasión, fue fotografiada junto a Carito Ayala Delgado, quien entonces se desempeñaba como subdirectora general del plantel antes de asumir la dirección del colegio en 2026.
Comentarios Related Topics:Almirante GuiseJosé Antonio ChangLiceo NavalLuis Alemán Don't MissPresentan moción de interpelación contra el ministro de Educación José Antonio Chang en la Cámara de diputados
Leonardo Serrano Zapata
Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).
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Política
Presentan moción de interpelación contra el ministro de Educación José Antonio Chang en la Cámara de diputadosEl pliego interpelatorio contra José Antonio Chang tiene cuarenta y cuatro preguntas, pero hay dos nombres que aparecen en los cuestionamientos: Lorena Gavilano Iglesias, secretaria general del MINEDU y Diana Gonzales, directora ejecutiva de Pronabec.
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12 horas agoon
23/09/2026By
Leonardo Serrano Zapata
Todo parece indicar que las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación y Buen Gobierno podrían impulsar una moción de censura contra el titular del Minedu. Esta medida dependerá de la disposición del ministro y de las respuestas que brinde sobre la permanencia de dos funcionarias clave, a quienes mantiene en sus cargos a pesar de los cuestionamientos.La moción de interpelación cuestiona, en su numeral 20 Y 21, quién propuso el nombramiento de Lorena Gavilano Iglesias como secretaria general del Ministerio de Educación (Minedu) y qué procedimiento de verificación de idoneidad se ejecutó antes de emitir la resolución. Aunque la consulta llega con retraso, resulta imprescindible.
Mientras ejercía como la más alta autoridad administrativa del sector desde 2024 —habiendo permanecido durante la gestión de seis ministros—, Gavilano denegó la defensa legal a Violeta Beas Otero, con quien compartía una investigación fiscal por presunta negociación incompatible, omitiendo abstenerse del expediente. Además, su idoneidad para el cargo se respaldó en una constancia laboral firmada por quien entonces era su esposo, hecho revelado por este medio (https://limagris.com/lorena-gavilano-iglesias-secretaria-general-del-minedu-nego-defensa-a-violeta-beas-y-acredito-experiencia-con-constancia-firmada-por-su-exesposo/).
Al respecto, el numeral 21 del pliego indaga si el ministerio evaluó dicha carpeta fiscal —abierta meses antes de su designación— y por qué esta información no se detectó en el filtro de idoneidad, considerando que ya constaba en los registros oficiales. Más allá de la formulación técnica, el hecho de fondo evidencia que una funcionaria decidió sobre la defensa legal de otra persona investigada por el mismo delito que a ella se le atribuye.
Un segundo cuestionamiento recae sobre la designación de Diana Gonzales Delgado, excongresista de Avanza País, nombrada el 1 de septiembre por el ministro Chang como directora ejecutiva del Pronabec. El numeral 31 de la moción solicita precisar el procedimiento técnico de debida diligencia aplicado y los documentos que acreditan su experiencia directiva y calificación especializada en gestión de becas o educación superior.
Sin embargo, la consulta parlamentaria resulta insuficiente frente a los antecedentes ya públicos: Gonzales se desempeñó como jefa de posventa en FAGA Motors, una empresa del rubro automotriz. Ese tramo comercial fue validado por el MINEDU para acreditar los dos años de experiencia directiva que exige el perfil del puesto, según revelamos en (https://limagris.com/diana-gonzales-de-vender-autos-y-piezas-automotrices-en-faga-motors-a-directora-de-pronabec-cumple-los-requisitos-para-el-cargo/).
Corresponde ahora al Parlamento fiscalizar si las funciones comerciales en una automotriz equivalen formalmente al nivel directivo requerido por la norma. Ante el riesgo de afrontar cuestionamientos mayores, el ministro Chang podría solicitar la renuncia de Gonzales —siguiendo el antecedente de Tania Ramírez— para convocar a un profesional de carrera con trayectoria directiva en el sector educativo.
La moción precisa que interpelar no equivale a condenar. Sin embargo, cuando el control político replica textualmente las preguntas planteadas previamente por el periodismo, se expone la lentitud de reacción del Minedu ante las denuncias públicas. A este escenario se suman otros nombramientos controvertidos señalados en el pliego:
Pedro Morales Gonzales: director del Pronied, quien registra una carpeta fiscal por presunta colusión agravada. Tania Estefany Ramírez García: Designada en la Derrama Magisterial, cuyo cargo duró únicamente veintiocho días antes de su renuncia.
Esdras Ricardo Medina Minaya: Nombrado asesor de confianza en el Sineace a los pocos días de culminar su función parlamentaria.Ante las 44 interrogantes del pliego, queda la inquietud de cuántas respuestas se habrían obtenido a tiempo si el MINEDU hubiera actuado oportunamente. Entre tanto, estudiantes en Ucayali continúan sin clases, además la reglamentación de la Ley N° 32581, pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.
La moción ingresó formalmente el 21 de setiembre y fue remitida a la Junta de Portavoces, que es la instancia que define su trámite. Aún no hay fecha fijada para votar la admisión de la moción ni para la citación del ministro Chang; sin embargo, en los pasillos de la cámara baja se comenta que, antes del retorno de la presidente Keiko Fujimori al Perú, la interpelación impulsada por el bloque de izquierda, podría acelerar la primera moción de censura contra un ministro de su gestión.
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Los 44 puntos que Chang deberá responder ante el Pleno del CongresoLa Cámara de Diputados recibió una moción de interpelación contra el ministro de Educación con un pliego de 44 preguntas que abarca desde la crisis en la Universidad Nacional de Ucayali hasta el archivo de una denuncia por hostigamiento sexual
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13 horas agoon
23/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Giovanna Ríos
Un grupo de 24 parlamentarios de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras presentó una moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo. El documento ingresó el 21 de septiembre de 2026 al Área de Trámite Documentario de la Cámara de Diputados como Moción de Orden del Día N.º 00424-2026-2031-CD.
El pliego aborda nueve bloques temáticos: la crisis de la Universidad Nacional de Ucayali, la representación del Ministerio ante la SUNEDU, el archivo de una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente de esa entidad, criterios de designación de funcionarios, la situación de una universidad licenciada con observaciones pendientes, la política de educación superior, la reglamentación de una ley de pensiones del magisterio cesante, la situación laboral de un grupo de docentes y los cambios anunciados en la currícula.
Universidad Nacional de Ucayali
Según la moción, la universidad atraviesa una crisis institucional desde el 26 de mayo de 2026, con toma y bloqueo de instalaciones.
Los diputados preguntan qué información tenía Chang sobre la situación al asumir el cargo, qué reportes existían de intervenciones previas de la SUNEDU y qué medidas adoptó desde entonces, con fecha, fundamento jurídico, plazo y estado de ejecución de cada una. También piden precisar el tiempo que el servicio educativo estuvo restringido y el número de estudiantes afectados.
El pliego incluye además preguntas sobre dos procesos constitucionales admitidos a trámite en agosto y sobre el proceso electoral universitario en curso.
Representación ante la SUNEDU
La moción recuerda que el Ministerio modificó la situación de Vicente Paul Espinoza Santillán como representante ante el Consejo Directivo de la SUNEDU y designó en su lugar a Policarpio Chauca Valqui, y que una medida cautelar del 20 de julio suspendió provisionalmente los efectos de ambas resoluciones.
Los diputados preguntan cómo se cumplió esa medida cautelar y quién figura actualmente como representante del sector. También citan una información de Hildebrandt en sus Trece según la cual el Ministerio habría preparado una resolución para extender la permanencia de Espinoza Santillán hasta 2029, y piden que Chang confirme si ese documento existió y quién participó en su elaboración.
Foto: Andina.
Denuncia por hostigamiento sexual
El Ministerio recibió el 6 de agosto de 2026 una denuncia por presuntos actos de hostigamiento sexual contra Espinoza Santillán. Mediante un oficio del 24 de agosto, comunicó que se había dispuesto su archivo y que no correspondía iniciar un procedimiento administrativo disciplinario.
El pliego pregunta qué órgano asumió el caso, qué normas aplicó, si se solicitó opinión a SERVIR y, de no haberlo hecho, por qué. También cuestiona el proceso de citación de testigos: según la moción, fueron citados cinco y solo uno declaró.
Otras preguntas piden detallar las medidas de protección adoptadas para la denunciante y si el ministro o su despacho mantuvieron comunicaciones con Espinoza Santillán entre la recepción de la denuncia y su archivo.
Política de Educación Superior
El pliego pregunta por la posición del ministro sobre la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, qué disposiciones de la Ley Universitaria plantea modificar o derogar, y qué cambios prepara en licenciamiento y supervisión universitaria.
Foto: Andina.
Pensiones del magisterio cesante
La Ley N.º 32581, promulgada el 15 de abril de 2026, aún no cuenta con reglamento, según la moción. El pliego pregunta las razones de la demora, quién es responsable de elaborarlo, qué coordinaciones hubo con el Ministerio de Economía y Finanzas y si se evaluaron fuentes alternativas de financiamiento.
Régimen laboral docente
El punto 43 aborda a un grupo de docentes cuyo régimen laboral habría pasado de la Ley del Profesorado a la Ley de Reforma Magisterial sin autorización expresa, según los promotores de la moción, afectando el reconocimiento de beneficios como la bonificación por preparación de clases y la compensación por tiempo de servicios.
Currícula educativa
El último punto parte de declaraciones públicas de Chang sobre retirar «todo tipo de ideología» de la currícula. El pliego pregunta a qué se refería con esa expresión, qué contenidos serán añadidos o eliminados y qué medidas se adoptarán para la participación de padres de familia.
La moción, suscrita por 24 parlamentarios, propone que Chang concurra ante el Pleno de la Cámara de Diputados para responder el pliego. Su presentación activa el mecanismo de interpelación previsto en la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Lima Gris buscó la versión de la senadora Rosangela Barbarán, de Fuerza Popular, sobre la moción presentada contra Chang, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.
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Jesús Maldonado: la trayectoria de denuncias, investigaciones y cuestionamientos que acompañan al alcalde de SJLAntes de la disputa electoral de 2026, ya existía un historial de denuncias, investigaciones y conflictos alrededor del alcalde de San Juan de Lurigancho. Un repaso a los episodios que han marcado su carrera pública, desde sus primeros años como regidor hasta las pesquisas sobre su patrimonio y sus contrataciones.
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2 días agoon
22/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Giovanna Ríos
Abuso de autoridad, usurpación, hurto agravado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. La lista de presuntos delitos que acompañan el nombre de Jesús Maldonado es larga, y crece justo cuando el alcalde de San Juan de Lurigancho atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera política: la disputa por seguir en el poder pese a que la ley se lo prohíbe.
Porque a las denuncias por los desalojos a comerciantes y al expediente abierto por su patrimonio, se suma ahora un round electoral incómodo. Maldonado terminó inscrito como primer regidor de la lista de Somos Perú para SJL después de que su propio sobrino, César Usquiano, renunciara a la candidatura a la alcaldía. La jugada reabrió la pregunta de siempre: ¿busca quedarse en el cargo por otra vía, así la Constitución le prohíba la reelección inmediata?
De regidor a alcalde: la tratectoria política de Maldona
La carrera de Maldonado en SJL no es de ayer. Lleva casi 20 años metido en la política del distrito. Debutó como regidor en 2006, con la Alianza Electoral Unidad Nacional, para el periodo 2007-2010, y repitió la regiduría cuatro años más tarde, ahora con el PPC, hasta 2014.
Su primer intento por la alcaldía fue en 2018, con Somos Perú, y perdió frente a Álex Gonzales. Probó suerte en el Congreso en 2020, en las parlamentarias extraordinarias, y tampoco le alcanzó. Recién en 2022, con Somos Perú otra vez, logró ganar la alcaldía que ejerce desde 2023.
Denuncia por abuso de autoridad y usurpación
El primer proceso judicial relevante contra Maldonado llegó en 2023, cuando Josefina Pinto lo denunció penalmente por presunto abuso de autoridad y usurpación. La denuncia coincidió con el arranque de los operativos municipales para recuperar espacios tomados por comerciantes informales y locales sin autorización.
Consultada por El Comercio, la municipalidad respondió que esa denuncia —y otras investigaciones fiscales similares— tenían origen justamente en esos desalojos.
Investigación por hurto agravado y usurpación
Un año después, en mayo de 2024, se sumó otra investigación fiscal, esta vez por presunto hurto agravado y usurpación. El trasfondo era el mismo: la política de recuperación de espacios públicos y el choque permanente con los comerciantes que ocupaban ciertas zonas de SJL.
Los conflictos con comerciantes informales
Si hay un tema que marcó la gestión de Maldonado, es la guerra con el comercio ambulatorio. En febrero de 2024, TV Perú reportó el retiro de cientos de vendedores de la avenida Los Jardines Oeste. En mayo, según La República, comerciantes del mercado San Rafael pidieron reunirse con el alcalde tras un desalojo.
En julio le tocó el turno a Canto Grande, donde el procurador municipal, Rafael Chacón Saravia, defendió el retiro de comerciantes alegando que el terreno era propiedad del Estado. Y en junio de ese mismo año, más de 180 mercados del distrito cerraron sus puertas y salieron a marchar contra la gestión municipal, con pedidos abiertos de revocatoria. En septiembre, RPP reportó un nuevo desalojo, con más de cien ambulantes retirados cerca del mercado San Hilarión y denuncias de violencia durante el operativo.
Foto: RPP.
El patrimonio de Maldonado bajo la lupa
En septiembre de 2026 apareció el capítulo que más ruido generó: una investigación periodística puso el foco en el patrimonio del alcalde. Según el diario UNO, Maldonado vive en una casa de San Borja valorizada en cerca de US$500 mil (unos S/1,7 millones), una operación que el Ministerio Público estaría mirando por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El dato que llamó la atención: los antiguos dueños del inmueble habrían señalado que la compraventa se firmó ante notaría, pero jamás se inscribió en Sunarp. Para la publicación, dejar fuera del registro público una propiedad de esa magnitud complica que aparezca a nombre del comprador en búsquedas públicas y dificulta su fiscalización.
¿Y los ingresos? Según el Ministerio de Trabajo, Maldonado gana S/13.260 mensuales como alcalde, y ante el JNE declaró S/185.640 anuales por el sector público. El informe agrega que tiene participación en dos empresas —Agencia Gubernamental JM S.A.C. e Instituto de Gobierno y Desarrollo Estratégico S.R.L.— pero que declaró no percibir remuneración ni utilidades de ninguna.
Publicación de Diario UNO.
Es decir, la diferencia entre lo declarado y el valor de la vivienda no explicaría una compra al contado. Cita, además, el testimonio de un ciudadano identificado como Simón Meléndez, cuya declaración ante las autoridades —siempre según el diario— pondría en duda no solo el origen del dinero para la casa, sino también el financiamiento de la campaña del entorno de Maldonado. Se trata de un testimonio que Lima Gris no ha podido verificar de forma independiente.
Denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
Todo ese cuestionamiento patrimonial ya tiene forma de denuncia formal ante el Ministerio Público, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Maldonado respondió con una carta notarial rechazando las imputaciones, tanto las de su patrimonio como las relacionadas con las contrataciones municipales.
Ccontrataciones municipales cuestionadas
Ahí entra el otro frente de la investigación: las compras de la municipalidad. Apoyada también en un informe de la Contraloría, la publicación sostiene que la comuna dejó de publicar con regularidad sus contratos y órdenes de servicio en el portal del OECE desde que Maldonado llegó al sillón municipal.
La cifra que maneja es alta: 2.818 órdenes de compra y servicios no transparentadas, por S/13.232.553. Según esa investigación, esa falta de publicidad le cierra la puerta a regidores de oposición, prensa y vecinos que quieran fiscalizar el gasto público. Es una interpretación de esa investigación, que Lima Gris recoge con la atribución correspondiente.
La miniván de Sillisens General Services
Uno de los casos más llamativos que se revisó es el alquiler de una miniván para la Subgerencia de Fiscalización, contratada a la empresa Sillisens General Services E.I.R.L. Esta compañía fue constituida en diciembre de 2019 con un capital social de apenas S/2.300, por Juan Jiménez Alcalde, identificado como diseñador gráfico. Aun así, recibió 15 órdenes de servicio entre 2023 y 2024, por S/342 mil en total.
Lo curioso está en las bitácoras del vehículo —placa AYL937—: 14 registros de viajes marcados el mismo día, a la misma hora, pero con destinos distintos entre sí. Se lee esto como un posible indicio de simulación de servicios. Es una interpretación, no una determinación judicial sobre esos recorridos.
La orden de servicio N.° 5774-2024
Otro caso puntual: la Orden de Servicio N.° 5774-2024, cuyo expediente incluía una cotización atribuida a la empresa H. Mendizábal E.I.R.L. El gerente de esa firma aseguró que la municipalidad nunca le pidió ninguna propuesta económica y que ese documento no salió de su empresa. Se relaciona este tipo de hallazgo con la práctica de simular pluralidad de postores en procesos que, en realidad, ya tenían proveedor definido de antemano.
Contrataciones vinculadas a familiares
Los cuestionamientos también tocaron a la familia de Maldonado. Trinidad Maldonado, hermana del alcalde, recibió 18 órdenes de servicio en la Municipalidad de Carabayllo por unos S/148 mil. Saúl Usquiano Ávila, señalado como su cuñado, recibió nueve órdenes por cerca de S/60 mil.
Y el cruce va en las dos direcciones: familiares del alcalde de Carabayllo también aparecen con órdenes de servicio en la Municipalidad de SJL. Jimmy Mendoza Peláez recibió ocho, por aproximadamente S/132 mil, y Pilar Mendoza Peláez, tres, por unos S/55 mil.
La controversia electoral del 2026
El capítulo más fresco de esta historia es puramente electoral. Maldonado se inscribió como primer regidor de la lista de Somos Perú para SJL, mientras que la candidatura a la alcaldía la llevaba inicialmente su sobrino, César André Usquiano Maldonado.
El asunto no es menor porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. El 27 de junio de 2026, ya con su candidatura oficializada, Maldonado le dijo al diario Expreso que la decisión respondía a darle continuidad a un proyecto político para el distrito, y negó que se tratara de una reelección disfrazada. Días antes, en RPP, había explicado la postulación de su sobrino como «una decisión que tomamos en Somos Perú y en la familia».
Foto: Facebook/Jesús Maldonado
La respuesta de Maldona y la posición del JNE
Maldonado ha sido tajante: rechaza que su candidatura como primer regidor sea una «reelección encubierta». El JNE, por su lado, ha dicho que no puede inventar impedimentos que la Constitución o la ley no contemplan, y que cada caso se resuelve según si el candidato fue alcalde en el periodo inmediatamente anterior. Vale aclarar que «reelección encubierta» es una etiqueta que usan medios y analistas para describir este mecanismo, no una calificación jurídica que el JNE haya hecho sobre el caso de Maldonado en particular.
Entre denuncias por los desalojos, investigaciones por presuntos delitos, un patrimonio cuestionado, contratos poco claros y hasta un atentado de por medio, la trayectoria de Maldonado deja más preguntas que respuestas. Será el Ministerio Público, y eventualmente el Poder Judicial, quien determine si alguna de estas denuncias tiene el sustento suficiente para avanzar.
Lima Gris intentó comunicarse con Jesús Maldonado para conocer su posición sobre las denuncias, investigaciones y cuestionamientos mencionados en esta nota, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.
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Jorge Gavidia Rodríguez: “El INCOR necesita una mayor capacidad de atención y autonomía para responder a las demandas de la población”Durante su visita al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), el senador Jorge Gavidia destacó la calidad de sus servicios, la disponibilidad de insumos médicos y la labor de investigación científica. Asimismo, recogió las demandas del personal asistencial y planteó reformas para fortalecer la atención especializada, la autonomía de gestión y el desarrollo de nuevas tecnologías en salud.
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2 días agoon
22/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) se ha convertido en uno de los principales centros especializados del país para la atención de enfermedades cardiovasculares, pero también enfrenta el desafío de ampliar su capacidad y fortalecer su autonomía de gestión. Tras recorrer sus instalaciones y conocer de cerca el trabajo de médicos, personal asistencial y equipos de investigación, el senador plantea la necesidad de impulsar una reforma que permita dotar al instituto de mayores herramientas financieras y logísticas, integrar digitalmente la información clínica a nivel nacional y fortalecer la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
En esta entrevista, además, aborda el papel que deberían cumplir el CONCYTEC y la cooperación internacional para potenciar la investigación científica del INCOR y convertir su experiencia especializada en una fuente de innovación médica para el Perú.
Senador, usted visitó el Instituto Nacional Cardiovascular. ¿En qué condiciones encontró sus instalaciones y cuáles fueron las principales situaciones que pudo constatar durante su recorrido?
Visité el INCOR y tengo la mejor sorpresa, es decir, muy agradable sorpresa en relación a la gestión. Considerando, además, que es un centro de asistencia de alta emergencia, por lo tanto, requiere una gestión de primer nivel.
He podido constatar que la logística es muy buena. Incluso me mostraron los almacenes donde se encuentran los dispositivos que generalmente se utilizan para las intervenciones quirúrgicas, y pude comprobar que prácticamente todos están en stock. Esto, además, responde a las demandas que han tenido, a la casuística y a la proyección epidemiológica de las emergencias habituales que puede presentar la población.
También niveles de limpieza, incluso me mostraron el haber alcanzado como primer centro asistencial del Estado certificación internacional de calidad, factor muy importante fue que me mostraron un centro de investigación que genera publicaciones científicas a partir de casos especiales, de cirugía y también de tratamientos de alguna patología congénita en niños, de primer nivel, incluso a nivel regional, en publicaciones científicas propias del país y también en grupos de estudios internacionales.
Recibió información de los médicos y del personal asistencial sobre las dificultades que enfrentan para brindar atención a los pacientes. ¿Cuáles fueron las demandas más importantes que le plantearon?
La demanda mayor ha sido siempre la capacidad instalada, la necesidad de proyectar, diríamos, el centro a una mayor escala, considerando la población, y la recurrencia de los procesos cardiovasculares.
Por otro lado, también el buscar algún nivel de autonomía de la gestión del presupuesto, porque siempre tienen que estar adelantándose a los procesos, considerando que hay cierta burocracia, desde el sistema centralizado que tiene salud, porque ellos pertenecen a la salud, entonces, esa siempre es la ocupación, buscar un nivel de independencia.
Y con respecto a los casos, han atendido principalmente casos de adulto mayor, o con marcapasos y sistemas de monitoreo, pero en niños, especialmente cirugías especiales, pude conocer a los tres o cuatro médicos líderes de cada sector.
¿Qué información pudo recoger sobre los tiempos de espera para las consultas, las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos cardiológicos?
En ese sentido, sí, lo único que he podido reconocer es la necesidad de la capacidad de atención, no he tenido referencias exactas sobre las demoras en personas que esperen algún tratamiento, pero sí se podía reconocer que, lógicamente, no pueden atender a todos los que asisten, porque especialmente vienen de provincias.
Lo que sí me hicieron referencia es que ellos priorizan casos, que vienen de provincias con niveles de emergencia mayor, pero que vienen incluso de lugares alejados de la selva, y personas que han referido meses atrás, sus tratamientos o la necesidad ya de alguna cirugía especial.
Y usted como senador de la República, ¿qué acciones concretas impulsará para que las necesidades identificadas en el INCOR sean atendidas por las autoridades competentes?
Principalmente, una es que requiere una reforma de salud, considerando que INCOR ha logrado desarrollarse muy bien, pero que requiere, por ejemplo, por el nivel de especialización que tiene, el sistema cardiovascular requiere una independencia de gestión financiera y logística, totalmente independiente del sistema en el cual la salud está comprometida.
Segundo, que requiere, un sistema nacional integrado, sobre la casuística de los problemas cardiovasculares, es decir, una plataforma de digitalización de las historias clínicas que estén integradas en todo el país.
Por otro lado, también promover la salud cardiovascular, que es una de las estrategias que todavía la salud no tiene muy clara, porque INCOR no podría darse abasto solo. No está en las prioridades de salud, probablemente, pero requiere promover salud cardiovascular.
Y el otro tema es, considerando que es un nivel de especialización mayor, el INCOR, y tiene un centro de investigación que, en realidad, al conocerlo, veo que simplemente es un centro de base de datos, para publicar y de computadoras, probablemente requiera ser certificado y validado por el gobierno, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, especialmente por el CONCYTEC, para que pueda acceder a la cooperación internacional de fondos de investigación, y a la vez el gobierno poder tener una contrapartida para investigación científica.
Al final, va a tener un beneficio en lo que es promover la salud cardiovascular y, por otro lado, también, tener una mejor atención o innovaciones en algunos procesos de cirugía o de tratamientos en patologías que tienen monitoreo y seguimiento.
¿Y qué importancia tiene fortalecer la investigación científica y la incorporación de nuevas tecnologías en los tratamientos cardiovasculares?
En realidad, el mundo ahorita es sujeto a estrés, y problemas de alimentación, los problemas cardiovasculares están vinculados generalmente también a los problemas de rama cerebral o problemas que están vinculados, por lo tanto, el Perú creo que necesita fortalecer al INCOR en lograr condiciones internacionales, para eso tiene que validar su centro de investigación.
Al validarlo, va a poder formar parte de la red de centros de investigación y referencia en temas cardiovasculares en general y, por lo tanto, puede tener pasantías o intercambios de investigadores, y el Perú puede ser un líder mundial o internacional, menos regional, en este sector.
Es necesariamente importante que el CONCYTEC tenga ahí una participación y reconozca la realidad de un centro asistencial que, finalmente, por su nivel de especialización, se convierte en un centro de referencia.
Y en materia presupuestal, ¿considera que los recursos destinados a la atención especializada en salud responden a las necesidades actuales de la población?
Es bien complejo porque, si vemos números en lo presupuestal, no es malo, el gran problema es que no tiene una buena aplicación, no se refleja necesariamente, pese a que el INCOR está bastante mejor gestionado que otros centros que uno puede ver, pero es por la presión del tipo de atención que tiene, pero el presupuesto, lógicamente, puede mejorar, pero no creo que sea la principal limitante.
La principal limitante es la mejor gestión del presupuesto y el reconocer cuáles son realmente las necesidades de nuestra población.
Finalmente, después de su visita al INCOR, ¿cuál es el principal mensaje que llevaría al Senado y qué compromiso puede asumir con los pacientes y sus familiares
Yo quisiera que el Senado tenga mejores referencias sobre las necesidades de los servicios especializados que tiene el Estado peruano, especialmente en salud, para comprender cómo, incluso en el mundo, el conocimiento que se refleja en la base de la ciencia y la tecnología son determinantes para reducir costos, para mejorar calidad de vida y, lógicamente, para incluso establecer una nueva propuesta desde el país hacia el mundo.
Es decir, incorporar nuestros propios conocimientos y lograr avances propios en el país en cuanto a la medicina y, en general, en otros sectores donde la ciencia y tecnología permiten brindar servicios a la comunidad.
Eso nos va a permitir la madurez y la sabiduría o, diríamos, el nivel reflexivo de poder reconocer en la legislación qué es lo que necesitamos, cómo poder incluso lograr la mayor factibilidad de la base legislativa y de la base legal que permita el desarrollo de estas iniciativas desde el Estado y el sector privado.
Porque también el sector privado es un factor muy importante para las innovaciones en terapia, en seguimiento, monitoreo de la salud, promoción de la salud y, lógicamente, la atención.
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Violencia escolar en Perú: más de 50 mil reportes en SiseVe (2024-206) y 91 casos con armas registrados en 2026El SíseVe contabilizó 50,633 reportes de violencia escolar entre enero de 2024 y agosto de 2026. La violencia física concentra el 42.3% de los registros, mientras que la sexual suma 9,407 (2024-2026). Este año, además, el sistema incorporó el registro de casos con uso de armas.
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2 días agoon
21/09/2026By
Leonardo Serrano Zapata
La violencia escolar constituye un problema de salud pública y un obstáculo para el derecho a una educación libre de violencia. En el Perú, el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe), administrado por el Ministerio de Educación, registra los casos reportados por las instituciones educativas y por la ciudadanía, lo que significa que muchos se encuentran en investigación.
La Tabla 1 y Figura 1 muestran que entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026, registró 50,633 reportes a nivel nacional. La información revela que la violencia física representa la mayor proporción, con 21,425 casos (42.3%), seguida de la violencia psicológica, con 19,801 (39.1%). La violencia sexual registra 9,407 reportes, equivalentes al 18.6% del total.
La Tabla 2 y Figura 2 muestra el comportamiento anual de casos reportados de violencia escolar 19,297 reportes durante 2024 y 19,531 en 2025. En los primeros ocho meses de 2026 se contabilizaron 11,805.
Esta última cifra no puede compararse directamente con los años completos porque comprende únicamente el periodo enero-agosto. Más de 50 mil casos de violencia escolar reportados en el SiseVe (2024-2026) 9 mil casos de violencia sexual, más de 2 mil este año.
La Tabla 3 y la Figura 3 presentan la distribución de los casos según tipo de violencia por región (Dirección Regional de Educación, DRE), ordenadas de mayor a menor número total de casos reportados.
Lima concentra la mayor carga de reportes. Lima Metropolitana acumula 17,030 casos entre 2024 y 2026, equivalentes a un tercio del total nacional, muy por delante de Arequipa (3,522) y Piura (2,997), las siguientes regiones con mayor incidencia.
Tabla 4
Distribución de casos reportados según tipo de violencia escolar, por UGEL (15 UGEL con mayor frecuencia), periodo 2024-2026
Figura 4
Distribución de los casos reportados según tipo de violencia escolar, por UGEL (15 UGEL con mayor número de casos) periodo 2024-2026.
Nota. Barras apiladas por tipo de violencia; se muestran las 15 UGEL con mayor número de casos reportados. Elaboración propia a partir de la base de datos del SíseVe.
La Tabla 4 y la Figura 4, periodo 2024-2026 a nivel de UGEL, la UGEL 03 Cercado (f = 3,494) distribuidas Física (1,426) Psicológica (1,603) Sexual (465) y la UGEL 07 San Borja (f = 3,233) son las que concentran más reportes a nivel nacional, seguidas de la UGEL 01 San Juan de Miraflores (f = 2,521) y la UGEL 02 Rímac (f = 2,385). Solo estas quince UGEL con mayor frecuencia concentran más de la mitad de los casos reportados en el país (53.4%), lo que evidencia una fuerte concentración geográfica del fenómeno en distritos densamente poblados de Lima y en las principales ciudades de la costa.
La Tabla 5, corresponde al subtipo de violencia reportado, con uso de armas, incorporado como categoría de registro durante 2025. Entre abril y agosto se contabilizaron 91 reportes bajo esta categoría: 64 relacionados con violencia física y 27 con violencia psicológica.
De acuerdo con la base analizada, 82 casos —el 90.1%— ocurrieron en secundaria, mientras que nueve correspondieron a primaria. Todos fueron registrados bajo la modalidad “entre escolares”.
Como información complementaria, cabe señalar que el nivel secundario concentra el 63.7% de los casos (f = 32,255), frente a 31.0% en primaria (f = 15,686), lo que sugiere que la adolescencia es la etapa de mayor vulnerabilidad frente a la violencia escolar en sus tres modalidades.
Asimismo, el 77.5% de los reportes del periodo figura con atención finalizada, mientras que un 3.8% permanece pendiente de atención por la institución educativa y un 1.1% se encuentra observado por la UGEL correspondiente, lo que da cuenta de una capacidad de respuesta relativamente alta del sistema, aunque con un remanente de casos que requiere seguimiento.
Estas cifras revelan parte de la realidad en las Instituciones educativas del país. La norma Resolución Ministerial N.º 383-2025-MINEDU, que aprobó los 7 protocolos de violencia escolar publicada en agosto de 2025, es relativamente nueva, y determina los roles de los actores educativos.
Queda pendiente de parte del ministerio de educación a cargo del ministro Chang la implementación de nuevas medidas, recordemos que en el año 2015 se desactivó la histórica Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE).
Esto podría explicar parte del problema, la falta de continuidad de políticas educativas respecto a la gestión de la convivencia escolar. Sin embargo, queda pendiente asumir de manera proactiva relaciones interpersonales armónicas, satisfactorias y seguras entre los actores de la comunidad educativa. Y una nueva mirada a la gestión de la violencia escolar desde la promoción de la práctica de valores.
La violencia escolar también, es un tema de la salud pública, me pregunto dónde está el ministro Luis Dyer. Debería estar preocupado en cómo garantizar el acceso a los servicios de salud mental para las más de 50 mil casos reportados de violencia escolar. ¿Los peruanos tenemos ministro de salud? Habría que considerar que muchos casos no son reportados por las IE y padres de familia, por desconocimiento del procedimiento o por no dañar la imagen institucional.
Otro tipo de violencia, la violencia institucional y estructural que vulnera el derecho fundamental a la educación. En el reportaje de ayer de Cuarto Poder sobre la toma de espacios educativo por privados, incluidas disputas judiciales, dio la impresión que al ministro Chang le preocupa reorientar algunos temas.
Pero debe empezar por conocer, qué tipo de contratos suscriben las IE y si lo hacen en el marco normativo (Decreto Supremo N.° 028-2007-ED), decreto firmado por el ministro Chang durante el segundo gobierno de Alan García, y que años después, a pesar de la obligatoriedad de la norma, no se garantiza el servicio educativo. Lo he dicho antes, y lo sostengo, los estudiantes de algunos CEBA públicos de Lima no usan los espacios educativos por mantenerse alquilados.
Si están dispuestos a poner orden, no solo requieren el compromiso del sector, también de nosotros los docentes, padres de familia y sociedad civil organizada. Es momento de demostrar que estamos unidos en causas que involucren el interés general y no partidario.
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Senador Jaime Delgado: «Los galones no pueden estar por encima de la autoridad educativa ni de los derechos de los estudiantes»El senador Jaime Delgado plantea revisar las responsabilidades de las autoridades del Liceo Naval Almirante Guise ante la denuncia de presunta agresión sexual contra un escolar y advierte que ninguna jerarquía institucional puede estar por encima de la protección de los estudiantes. Cuestiona las posibles omisiones frente a anteriores alertas, exige protocolos efectivos de vigilancia y reclama al Estado medidas concretas para garantizar que ningún menor vuelva a sentirse desprotegido dentro de un colegio.
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3 días agoon
21/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
En entrevista con Lima Gris, el senador Jaime Delgado Zegarra aborda los desafíos que enfrenta el sistema educativo, la necesidad de revisar los protocolos de intervención y la importancia de garantizar tanto la protección de la presunta víctima como el debido proceso de los adolescentes investigados.
Senador, a raíz de la denuncia por presunta agresión sexual ocurrida en un bus del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, ¿qué aspectos de la actuación de las autoridades educativas considera prioritario esclarecer y qué responsabilidades administrativas podrían determinarse, respetando la investigación fiscal en curso?
De hecho hay responsabilidad del colegio, no solamente por este hecho, sino por lo que se viene sabiendo de que reiteradamente se han presentado este tipo de denuncias y el colegio no ha hecho nada, y eso es grave, por otro lado lo acontecido dentro del bus, con presencia de adultos que tenían responsabilidad de custodiar, de garantizar que todo esté en orden, que haya disciplina, y no haber hecho nada al respecto frente a un acto de esa naturaleza, obviamente existe responsabilidad, que podría llegar a ser responsabilidad penal, en la medida que se esclarezcan los hechos.
Pero, por otro lado, eso nos denota que no existen normas lo suficientemente gráficas, firmes, claras para que los colegios, los directores, los profesores tomen acciones inmediatas frente a este tipo de bullying y, además, agresiones, delitos. Delitos no propiamente en la medida que son menores de edad. Pero infracciones de esta naturaleza.
Por eso, en el Congreso, la Comisión de Salud y Educación del Senado de la República hemos formado una Comisión a fin de que se haga una evaluación de esta situación y plantee las medidas correspondientes para que los protocolos, los estándares de intervención de las autoridades educativas sean oportunos, claros y firmes, para evitar que este tipo de situaciones se sigan dando.
El Poder Judicial ha dispuesto cuatro meses de internamiento preventivo para seis escolares investigados. Desde la perspectiva de la Comisión de Educación, ¿cómo debe abordarse este caso para garantizar el debido proceso de los adolescentes, sin descuidar el derecho de la presunta víctima a recibir protección, atención y justicia?
En primer lugar, me parece muy irresponsable que se haya incluso mencionado el nombre del afectado, pero por otro lado, existe la necesidad de tomar las medidas disciplinarias correspondientes. Y proteger fundamentalmente a la víctima.
Y la primera protección es no exponer su identidad, obviamente, porque imagínate, digamos, en una sociedad tan conservadora como la que tenemos, finalmente, identificar un acto de esta naturaleza puede afectar tremendamente.
Pero más allá de eso, yo creo que se tienen que establecer sanciones drásticas, y este comportamiento revela que hay problemas serios en el sistema educativo de ese colegio, donde, de pronto, los galones pesan más que la autoridad educativa. Y los galones determinan superioridad o inferioridad, no solo en los padres de familia que pueden ser militares, sino en los propios hijos. Entonces, eso nos parece sumamente grave, porque los escolares todos son iguales, se califica por su rendimiento, no por los galones que tienen sus padres.
El Gobierno ha anunciado la reorganización del Liceo Naval Almirante Guise y el traslado de su administración al Ministerio de Educación. ¿Qué medidas concretas debería implementar el Minedu para garantizar la seguridad de los estudiantes y recuperar la confianza de las familias?
Se tiene que restablecer la disciplina en este colegio, y probablemente en otros, se ha perdido la autoridad del director y la autoridad del profesor, y nadie puede vulnerar esa autoridad. A veces, digamos, con el surgimiento de pretendidos derechos, queremos cuestionar la autoridad del director y del profesor, y en una institución de tipo militar como la que tenemos, obviamente, los profesores y los directores han perdido autoridad porque por encima de ellos pueden estar los galones, Y eso no puede ser.
Los hechos denunciados habrían ocurrido durante el traslado de estudiantes en un bus escolar, pese a la presencia de personal adulto. ¿Considera necesario revisar los protocolos de supervisión, vigilancia y actuación frente a situaciones de violencia en el transporte escolar?
La cosa tampoco no es muy compleja, porque históricamente siempre los colegios han mantenido una disciplina, y tratándose de los buses de transporte escolar, obviamente, cualquiera que sea el tamaño de la unidad, hay un adulto que se encarga de poner orden, es inexplicable cómo dentro de un bus se haya producido una violación. Es inexplicable, es inaudito, es imperdonable, a vista y paciencia de gente adulta que estaba ahí. Eso es inaceptable.
Este caso ha generado preocupación entre las familias y la comunidad educativa. ¿Qué estrategias de prevención de la violencia sexual, educación socioemocional y convivencia escolar deberían reforzarse en los colegios del país, especialmente en el nivel secundario?
Todos los colegios tienen que tener un protocolo de intervención rápida, a la primera señal, al primer comentario o denuncia sobre acoso, sobre violencia, los profesores y los directores tienen que tomar intervenciones directas y sanciones disciplinarias inmediatas.
Cuando no lo hacen, están dejando pasar y están generando un ambiente de impunidad, si los chicos se han atrevido a hacer esto delante de los adultos, es porque ya han perdido respeto a los adultos. Y los adultos ya cierran los ojos, dejan pasar, porque saben que su autoridad no vale nada frente a los alumnos, y esta es la revelación más patética de lo que ha sucedido.
Senador Jaime Delgado.
La Comisión de Educación tiene previsto convocar a representantes del Liceo Naval, del Ministerio de Educación y de otras instituciones involucradas para conocer las medidas adoptadas. Como parte del proceso de construcción de estas medidas, ¿se contempla convocar a los responsables?
Sí, no descartamos la idea de convocar a los responsables, pero convocar a las autoridades del Ministerio de Educación también para ver y revisar todos los protocolos de intervención, para asegurarnos de que las medidas que se han de adoptar sean lo suficientemente claras y que se respeten.
¿Qué resultados concretos espera alcanzar el Congreso a partir de esta fiscalización?
Una vigilancia oportuna, no basta con la norma, sino un sistema de vigilancia oportuna para que se enciendan las alertas cada vez que haya un acto de esta naturaleza, no que se llegue a la violación, por cierto, cualquier acto de acoso, cualquier acto de bullying, cualquier situación de agresión, inmediatamente se actúe, y quien no lo haga, tenga responsabilidad legal frente a eso.
Finalmente, más allá de las investigaciones y de las medidas judiciales, ¿qué garantías puede ofrecer el Estado para que ningún estudiante vuelva a sentirse desprotegido dentro de una institución educativa?
Tienen que establecerse medidas para que los jóvenes, los niños que están siendo acosados puedan tener medidas de protección inmediata dentro del colegio, es decir, deben de tener mecanismos para que el joven, el niño sienta confianza, de denunciar estas cosas.
Porque hay niños que lamentablemente por la edad o por sus orígenes o por sus galones o por lo que sea, se creen superiores a otros y cometen abusos. Entonces, muchas veces los niños y las niñas se doblegan frente a eso y procuran no decir nada para no seguir siendo golpeados y agredidos.
Pero precisamente para eso está el colegio, para garantizar la protección de estas personas y sacar, exterminar, expulsar y tomar medidas disciplinarias contra los abusadores, cualquiera sea el abuso, abuso verbal, abuso físico, etcétera.
Si no lo hace, finalmente están dejando empoderarse a estos abusivos y hemos llegado a esta situación tan inaceptable.
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La renuncia de Rafael Rey y las presiones del fujimorismo [VIDEO]El exministro de Transportes y Comunicaciones presentó su renuncia irrevocable alegando motivos de salud, apenas 52 días después de asumir el cargo. Su salida se convierte en la primera baja del gabinete de Luis Galarreta y vuelve a poner bajo la lupa las tensiones políticas alrededor de una de las carteras más importantes del Gobierno.
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4 días agoon
20/09/2026By
Redacción Lima Gris
Rafael Rey ya no es ministro de Transportes y Comunicaciones. El funcionario presentó su renuncia irrevocable el 17 de septiembre y el Ejecutivo aceptó formalmente su salida mediante una resolución suprema publicada este 19 de septiembre. Rey había asumido el cargo el 28 de julio y permaneció apenas 52 días al frente de una cartera estratégica para el país.
En su carta dirigida a la presidenta Keiko Fujimori y al premier Luis Galarreta, Rey sostuvo que su decisión responde a razones de salud que le impedían continuar ejerciendo las responsabilidades del cargo con la dedicación requerida. No precisó públicamente cuál es la condición que motivó su renuncia.
Pero esta salida deja preguntas políticas que van más allá del contenido formal de la carta. El MTC administra una enorme cartera de infraestructura, transporte, conectividad y proyectos estratégicos, por lo que el cambio de ministro se produce en un momento particularmente sensible para el Gobierno.
Y aquí aparece un antecedente que Lima Gris puso sobre la mesa el pasado 23 de agosto: “Tensión en el MTC: el ministro Rafael Rey vendría recibiendo presiones por parte del fujimorismo”. Aquella publicación recogió versiones sobre disputas y presiones políticas alrededor de la composición del ministerio y de algunos viceministerios. Esas versiones, sin embargo, no han sido confirmadas como la causa de la renuncia y deben diferenciarse de la explicación oficial presentada por Rey.
La pregunta que queda ahora es qué ocurrirá con la conducción del MTC y cuánto impactará este relevo en la continuidad de sus proyectos y políticas. El propio Rey señaló que colaboraría con una transferencia ordenada y transparente de la gestión.
En Lima Gris analizamos la salida del primer ministro que abandona el gabinete de Luis Galarreta, los antecedentes que rodearon al MTC y las preguntas que esta renuncia deja abiertas para el Gobierno de Keiko Fujimori. Según fuentes, Rafael Rey sería designado como embajador del Perú en El Vaticano.
¿Fue únicamente una decisión personal por motivos de salud o existen otros elementos políticos que todavía no han salido a la luz? Esa es una de las preguntas que queda planteada tras la salida de Rafael Rey.
Política
Senadora Juana Guisella Ticona: “Mi propuesta es que haya un psicólogo en cada colegio para prevenir la violencia escolar”La senadora Juana Ticona, del partido Cívico Obras, se pronuncia sobre la preocupación generada por las denuncias de violencia y acoso escolar en el Liceo Naval. Desde su perspectiva, resulta fundamental garantizar la protección de los menores, fortalecer el cumplimiento de los protocolos de atención e incrementar el presupuesto destinado a profesionales de psicología y convivencia escolar.
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5 días agoon
19/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
El caso del Liceo Naval ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de garantizar entornos educativos seguros y mecanismos eficaces para prevenir y atender situaciones de violencia y acoso escolar. Mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones y la institución educativa atraviesa un proceso de reorganización, la discusión también alcanza a las responsabilidades de las autoridades y a la aplicación de los protocolos de protección de los menores. En esta entrevista, la senadora aborda los principales aspectos que deberían esclarecerse, las medidas que deben adoptarse para fortalecer la convivencia escolar y el papel que corresponde al Congreso frente a estos casos.
El caso del Liceo Naval ha generado preocupación por la protección de los estudiantes. Desde su labor parlamentaria, ¿qué aspectos de la actuación de la institución educativa considera necesario esclarecer?
Al respecto, sobre este lamentable hecho, puedo indicar que todo menor tiene derecho a ser protegido y a que se preserve su identidad. Considero que las acciones que se están realizando deben orientarse en esa dirección. Asimismo, creo que la protección de los estudiantes debe garantizarse sin distinciones, independientemente de la institución educativa a la que pertenezcan o de la vinculación que esta tenga con una determinada entidad. Todos los menores merecen el mismo nivel de protección. Desde la Comisión de Educación todavía no hemos actuado sobre este caso, pero seguramente lo haremos en los próximos días.
Se ha informado sobre la existencia de antecedentes de presuntos casos de acoso relacionados con algunos estudiantes investigados. ¿Qué mecanismos deberían activarse en un colegio cuando se presentan situaciones de esta naturaleza y qué responsabilidades corresponden a las autoridades educativas?
El Ministerio de Educación cuenta con protocolos y herramientas para atender este tipo de situaciones. Los directivos, docentes, auxiliares y cualquier persona que tome conocimiento de un posible caso de violencia tienen la obligación de comunicarlo y activar las acciones correspondientes. También pueden denunciar los padres de familia y los propios estudiantes.
Me llama la atención que, en una institución educativa, aparentemente no se hayan seguido todos los pasos establecidos. Si se hubieran aplicado oportunamente los procedimientos, quizás la situación habría tenido otro desarrollo. Se ha informado sobre la existencia de algunas denuncias previas que no se habrían atendido como correspondía. De confirmarse ello, sería necesario determinar las responsabilidades respectivas.
Aquí es fundamental la comunicación entre los estudiantes, sus familias y los docentes. Muchas veces, los menores no cuentan lo que les sucede. Por eso, los padres y profesores deben generar espacios de confianza y actuar oportunamente ante cualquier señal de violencia.
La Marina ha separado temporalmente a la directora, a un docente y al entrenador de fútbol, mientras continúan las investigaciones. ¿Considera que las instituciones educativas cuentan actualmente con protocolos suficientemente claros para actuar de manera inmediata ante denuncias de violencia o acoso escolar?
Sí. El Ministerio de Educación cuenta con protocolos que establecen las pautas de actuación frente a estos casos, además de capacitaciones para su aplicación. En este caso, la separación temporal de las personas involucradas puede entenderse como una medida orientada a facilitar el esclarecimiento de los hechos y garantizar la transparencia de las investigaciones, sin que ello implique establecer responsabilidades antes de que concluyan las indagaciones. Lo importante es que las instituciones actúen de manera oportuna y cumplan con los procedimientos establecidos.
La administración del Liceo Naval ha sido anunciada en proceso de reorganización y con una transferencia al Ministerio de Educación. ¿Qué cambios deberían implementarse para garantizar que los estudiantes cuenten con un entorno seguro y mecanismos eficaces de denuncia y protección?
Se deben desarrollar diversas acciones, porque toda la comunidad educativa se encuentra afectada por este tipo de hechos. Es necesario trabajar con los estudiantes, los padres de familia, los docentes y los directivos para fortalecer la convivencia escolar.
Considero que la reorganización y la participación del Ministerio de Educación en la administración de la institución pueden contribuir a revisar su funcionamiento y los mecanismos de protección de los alumnos.
También es importante analizar si determinadas diferencias jerárquicas o sociales dentro de la comunidad educativa han podido influir en la manera en que se gestionaron los problemas. Todos los estudiantes deben recibir el mismo trato y contar con las mismas garantías de protección, sin importar la condición de sus padres.
Más allá de este caso particular, ¿qué medidas considera necesarias para mejorar la prevención de la violencia escolar en el país? ¿Se requiere fortalecer la supervisión, revisar la normativa o incrementar los recursos destinados a psicología y convivencia escolar?
Se tienen que mejorar los protocolos de atención y fortalecer las acciones de prevención. Considero fundamental que cada institución educativa cuente con profesionales que puedan atender las distintas necesidades de los estudiantes. Mi propuesta es que haya un psicólogo en cada colegio. También sería importante contar con personal de enfermería y otros especialistas que contribuyan a la formación integral de los alumnos, incluida la educación sexual.
Creo que uno de los aspectos que debemos trabajar es el desarrollo de valores y el respeto hacia los demás. Esto no solo debe promoverse en los colegios, sino también en la sociedad.
Los maestros tienen muchas responsabilidades y no pueden asumir todas las funciones de manera simultánea. Por eso, es necesario que el Estado evalúe un incremento del presupuesto destinado a educación, con el fin de incorporar más profesionales y mejorar la calidad del servicio educativo público.
Finalmente, ¿qué acciones concretas debería impulsar el Congreso para evitar que los casos de violencia escolar sean detectados demasiado tarde y garantizar que las denuncias sean atendidas oportunamente, sin revictimizar a los menores?
Considero que el Congreso podría impulsar propuestas normativas destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de los protocolos de prevención y atención de la violencia escolar. También sería importante promover campañas de formación en valores y respeto, tanto en los colegios como en los distintos espacios de la sociedad.
Debemos evitar que la falta de consideración hacia las personas vulnerables se convierta en una conducta normalizada. La protección de los menores requiere el compromiso de las autoridades, las familias, los docentes y toda la comunidad. El objetivo debe ser que las denuncias sean atendidas de manera oportuna y que ningún estudiante tenga que atravesar nuevamente una situación de violencia durante el proceso de búsqueda de justicia.
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