Entre el debate y las encuestas: la verdadera disputa por el Gobierno Regional del Cusco

Política Entre el debate y las encuestas: la verdadera disputa por el Gobierno Regional del Cusco Entre encuestas que muestran tendencias y un debate que pondrá a prueba las propuestas, la carrera por el Gobierno Regional del Cusco entra en una etapa decisiva. Más allá de los porcentajes y la…

Política

Entre encuestas que muestran tendencias y un debate que pondrá a prueba las propuestas, la carrera por el Gobierno Regional del Cusco entra en una etapa decisiva. Más allá de los porcentajes y la propaganda electoral, los candidatos deberán demostrar capacidad de gestión y los electores evaluar quién está realmente preparado para gobernar la región.

Published

25 minutos ago

13/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Julio César Magnus

La contienda por el Gobierno Regional del Cusco ingresa en su etapa más álgida y de mayor exposición. Las encuestas mostrarían posiciones y tendencias, mientras que el debate permite contrastar propuestas, competencias, viabilidad y capacidad de gestión. Para el electorado cusqueño, estas dos herramientas cumplen funciones distintas y no deben confundirse.

La campaña para el Gobierno Regional de Cusco, en la que la información electoral adquiere mayor valor estratégico. Así como, el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) constituye un espacio donde todos los candidatos exponen sus propuestas y dan respuesta a las principales exigencias ciudadanas.

Al mismo tiempo, distintas encuestas y sondeos vienen intentando capturar el comportamiento electoral de los cusqueños. Sin embargo, la existencia de resultados diferentes entre mediciones y demás cálculos obliga a introducir una variable que suele quedar relegada en la discusión política: la metodología que estas implementan, la forma de cálculo y esto iría mas allá, si realmente estas encuestas reflejan la intensión de voto a nivel de la región del Cusco o solo en la provincia Cusqueña. Esto nos llama a cuestionar. ¿Qué se está midiendo realmente?, ¿Qué alcance puede atribuirse a sus resultados?

El propio JNE establece recomendaciones técnicas para los estudios electorales: definir correctamente la población objetivo, verificar la cobertura geográfica, usar un marco muestral adecuado, indicar el nivel de confianza y el margen de error y especificar el método del muestreo, entre otras, que las llamadas encuestadoras de la región del Cusco deberán tener en cuenta. En consecuencia, un porcentaje aislado carecería de suficiente capacidad explicativa sino se conoce la ficha técnica que lo sustenta.

Una encuesta es una estimación, no el resultado electoral

Una encuesta de intensión de voto constituye una estimación estadística de las preferencias de una población en un momento determinado. Su valor depende, entre otros factores, de la correcta definición del universo, el marco muestral, el diseño de la muestra, el procedimiento de selección de los entrevistados, el instrumento de recolección y la formulación de la pregunta.

El problema no esta en que existan diferentes encuestas, sino que este aparece, cuando se presenta como equivalente estudios que no tienen necesariamente el mismo diseño, o cuando difunden un porcentaje sin ofrecer a los cusqueños los elementos necesarios para interpretarlo.

Un electorado todavía en movimiento

La existencia de porcentajes significativos en las categorías de no definidos, ninguno y otros, constituye uno de los elementos más relevantes del actual escenario. Esto significa que una parte considerable del electorado todavía puede modificar su decisión y, en consecuencia, el debate no debe entenderse simplemente como un acto protocolar de campaña. Podría convertirse en un momento de reposición electoral. Para ello es necesario mantener una exposición clara, una propuesta técnicamente viable o una respuesta convincente que puedan modificar las percepciones. Así mismo, una propuesta inviable, una contradicción o el desconocimiento de un problema regional pueden afectar la credibilidad de una candidatura.

El reto no es prometer más, sino demostrar como gobernar

El electorado cusqueño enfrenta una elección compleja, no solamente debe escoger entre nombres y organizaciones políticas, tampoco solo debe elegir entre que candidato inunda la región del Cusco con propaganda electoral, o como muchos ciudadanos señalan, no solo se debe escoger entre “quienes estarían hipotecando las arcas del gobierno regional” y aquellos que realizan campañas austeras. Sino es necesario también comprender el modelo de desarrollo regional mas adecuado para hacer de la región cusqueña, una cuna del desarrollo económico, social, ambiental y cultural.

Cusco requiere respuestas en materias tan importantes como: agua, agricultura, salud, educación, turismo, patrimonio cultural, conectividad, empleo, desarrollo económico, gestión ambiental, descentralización e interculturalidad. Sin embargo, para lograr lo antes señalado, un factor determinante será la capacidad de gestión. Un plan de gobierno puede contener decenas de proyectos, la interrogante principal es si el candidato/a sabe la competencia del gobierno regional, cuanto cuesta, como se financia, que institución debe ejecutar, en cuanto tiempo se realizará y como se medirá el resultado.

La última encuesta será en la urna

Las mediciones continuaran mostrando cambios durante las próximas semanas. Algunas candidaturas crecerán, otras retrocederán y una parte del electorado seguirá evaluando sus alternativas. Pero ninguna encuesta reemplazara el resultado electoral, la encuesta mide, el debate confronta. El ciudadano evalúa y la urna decide. En esta etapa de la campaña, el reto para los candidatos es demostrar que están preparados para gobernar, y el reto para los electores y los diferentes medios, exigir información coherente, verificable y correcta, mas que solo generar suspicacias.

Finalmente, más allá de las campañas ampulosas realizada por diferentes candidatos, donde los rumores en la ciudad imperial corren de “posibles hipotecas anticipadas de los recursos del gobierno regional”. Además, de las lecturas adecuadas a los planes de gobierno, realizada por diferentes candidatos. Los cusqueños necesitan saber quién esta preparado para gobernar, esto puede terminar siendo mucho más importante de cualquier porcentaje publica antes del 4 de octubre. Es responsabilidad del elector decidir con precisión a quien confiarle el gobierno de la Región del Cusco.

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Escudo de las Américas: Juber Flores, de la bancada Buen Gobierno, y Rafael Yamashiro, de Fuerza Popular, analizan el desafío

Redacción Lima Gris

Política

Escudo de las Américas: Juber Flores, de la bancada Buen Gobierno, y Rafael Yamashiro, de Fuerza Popular, analizan el desafío

La incorporación del Perú al Escudo de las Américas plantea nuevas posibilidades para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. Juber Flores y Rafael Yamashiro coinciden en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, pero ponen sobre la mesa distintos retos: inteligencia, control financiero, fronteras y participación de las fuerzas de seguridad.

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13 horas ago

13/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El crimen organizado ya no entiende de fronteras. Sus redes se extienden entre países, utilizan nuevas tecnologías, movilizan grandes recursos y aprovechan las debilidades de los Estados para expandir sus operaciones. En este escenario, la incorporación del Perú al Escudo de las Américas abre una nueva etapa en la lucha contra estas amenazas y, al mismo tiempo, genera preguntas sobre la capacidad del país para aprovechar esta cooperación sin descuidar sus propias instituciones. Desde el Senado, Juber Flores, del Partido El Buen Gobierno, y Rafael Yamashiro, de Fuerza Popular, respaldan la participación del Perú, aunque con énfasis diferentes sobre cómo enfrentar a las organizaciones criminales.

En ese escenario, el Perú ha decidido incorporarse al Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación impulsada por Estados Unidos para enfrentar de manera coordinada las amenazas vinculadas al crimen transnacional. La decisión fue anunciada durante la visita a Lima del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

La adhesión abre también un debate interno: ¿qué puede significar esta participación para el Perú y qué condiciones deberían acompañarla?

Desde el Senado, Juber Flores, del Partido El Buen Gobierno, considera que enfrentar estas amenazas requiere sumar esfuerzos entre países: “Estos flagelos de todas las sociedades del mundo merecen la atención justamente de todos los países que quieren combartirlo”, sostiene. Recuerda además que el tema fue consultado en el Senado y que su posición fue favorable.

Senadro Juber Flores.

Para el parlamentario Flores, el principal beneficio debería reflejarse en la posibilidad de construir un entorno más seguro para la población y para las actividades económicas. “El tema de inseguridad, el tema de organizaciones criminales, ahora ya no solo son nacionales, son transnacionales, y la forma de combatirlos es justamente de esa manera”, señala.

Su colega Rafael Yamashiro, de Fuerza Popular, coincide en que la dimensión internacional del problema justifica que el Perú participe en mecanismos de esta naturaleza.

“Todos los entes internacionales a los que se suscriba el Perú para poder luchar contra esta amenaza que también ya es internacional, como es el caso del narcotráfico y como es el caso del crimen organizado, son favorables”, afirma.

Senador Rafael Yamashiro.

Más información para anticiparse al crimen

Para Yamashiro, una de las principales ventajas estará en ampliar el conocimiento sobre el funcionamiento de las organizaciones criminales, especialmente respecto de sus movimientos financieros.

“El mayor acceso a la información y el movimiento de estas organizaciones, es importante para saber por dónde tienen la ruta de su dinero”, explica.

Su planteamiento apunta a un aspecto cada vez más relevante en la lucha contra el crimen organizado: seguirla ruta del dinero y afectar las estructuras que permiten financiar sus operaciones.

“Si nosotros a estas organizaciones criminales les quitamos el dinero, el financiamiento, vamos a darle un duro golpe. Y sobre todo poder bloquear esas cuentas con las que financian sus actividades”, sostiene.

Flores, por su parte, considera que el ingreso a una estrategia internacional también debe servir para fortalecer las capacidades propias del Estado peruano. En ese sentido, plantea la creación de una estructura especializada.

“Ahora no está preparado, pero tenemos que prepararnos, es el punto de partida”, afirma.

Desde su perspectiva, el país requiere una institución especializada que pueda enfrentar a organizaciones que cuentan con estructuras complejas y recursos tecnológicos.

“Lo que hemos propuesto también desde el Partido del Buen Gobierno es justamente tener un cuerpo de élite de inteligencia, que es la única forma de poder combatir la delincuencia, sobre todo organizaciones criminales que son organizaciones que están muy bien estructuradas y que tienen todo tipo de logística, inclusive tecnología”, señala.

Presidenta Keiko Fujimori en las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Soberanía y decisiones propias

La incorporación a una iniciativa internacional también plantea interrogantes sobre la soberanía y el alcance de los compromisos que pueda asumir el Estado peruano. Para el senador Flores, la participación debe entenderse dentro de los límites establecidos por los acuerdos correspondientes.

“Los acuerdos están delimitados y obviamente se hace el acuerdo respecto de los puntos tratados. Esto no constituye una violación de la soberanía”, sostiene.

Yamashiro comparte la idea de que las decisiones deben permanecer bajo responsabilidad de las instituciones peruanas.

“Yo creo que se están manteniendo las decisiones soberanas que le corresponden al país”, afirma, al mencionar el papel que corresponde al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República.

Su posición es que la participación internacional debe centrarse en el intercambio de información y en la adopción de decisiones estratégicas para enfrentar a las organizaciones criminales.

El papel de las Fuerzas Armadas

Otro de los aspectos que genera debate es la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las acciones que puedan derivarse de esta estrategia. El legislador Flores considera que se trata de un asunto que debe ser evaluado cuidadosamente antes de definir alcances concretos.

“Es un tema bastante técnico, que tiene que verse con, hay que estudiar el tema de geopolítica, hay que delimitar muy bien los puntos de participación”, sostiene.

Por ello, plantea que cada decisión sea analizada por los sectores correspondientes, evaluando sus ventajas y posibles riesgos.

Yamashiro, en cambio, considera necesaria una participación activa de las instituciones encargadas de la seguridad.

“Yo creo que la mayoría de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional se involucre en todas estas acciones de inteligencia y de ofensiva en contra de estas organizaciones”, señala.

Las dos posiciones coinciden, aunque con diferentes matices, en que cualquier estrategia debe partir de una evaluación de las capacidades y responsabilidades de las instituciones peruanas.

Fiscalización y reserva

La supervisión de los acuerdos constituye otro punto relevante. Para Flores, la fiscalización no debería quedar al margen de ninguna política pública vinculada a la seguridad.

“Todo acuerdo, tratado, ley, programa, etc., tiene que estar supeditado a una fiscalización correspondiente”, afirma.

A su juicio, el seguimiento permitirá conocer si las medidas adoptadas producen los resultados esperados y determinar oportunamente si deben realizarse modificaciones.

Yamashiro pone el acento en la necesidad de preservar la reserva de determinada información cuando se trata de operaciones contra organizaciones criminales.

Su planteamiento parte de una premisa: no toda información puede hacerse pública si existe el riesgo de que termine favoreciendo a quienes son objeto de las investigaciones.

El desafío, en consecuencia, será encontrar un equilibrio entre la reserva necesaria para las operaciones y los mecanismos de control que permitan garantizar que los acuerdos se desarrollen dentro del marco institucional correspondiente.

Fronteras, puertos y aeropuertos

Para Yamashiro, el control de los puntos de ingreso y salida del territorio peruano será fundamental. El senador advierte que las organizaciones criminales pueden recurrir a operadores de distintas nacionalidades y aprovechar las rutas internacionales para desarrollar sus actividades.

“Un secuestro no solo lo realizan delincuentes peruanos, sino también extranjeros como colombianos, mexicanos o venezolanos. Realizan el acto delictivo y se hace difícil de prevenir estos hechos”, sostiene.

Frente a ello, considera necesario establecer una estrategia que permita controlar de manera más efectiva el tránsito de personas y las actividades vinculadas a las organizaciones criminales en las fronteras, puertos y aeropuertos.

“Si empezamos a diseñar una buena estrategia para ponerle fin a este flujo de tránsito que tienen las personas a través de nuestras fronteras, a través de nuestros puertos y aeropuertos, va a ayudar a que se reduzcan las acciones de esas organizaciones criminales en el territorio del Perú”, afirma.

La prueba estará en los resultados

Para el senador Flores, el éxito de esta nueva etapa no debería medirse únicamente por la firma de acuerdos o por la incorporación del Perú a una iniciativa internacional. El indicador principal será la capacidad del Estado para fortalecer sus propias instituciones y reducir los niveles de criminalidad.

Y para demostrar que la incorporación al Escudo de las Américas está dando resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sería necesario fortalecer y consolidar una institución nacional de inteligencia que permita generar y aportar información estratégica para enfrentar eficazmente estas amenazas.

Asimismo, señala que los resultados de esta estrategia deberían reflejarse en una reducción de los índices de criminalidad en el país.

Y añade una condición concreta: “Si no se logra bajar esa tasa de índices, entonces estamos por demás”.

Yamashiro, desde otra perspectiva, también apunta a resultados concretos: menos secuestros, menos acciones criminales y mayores dificultades para que las organizaciones puedan desplazarse y operar dentro del territorio nacional.

Así, las dos miradas terminan encontrándose en un mismo punto: la incorporación del Perú al Escudo de las Américas solo tendrá verdadero significado si logra traducirse en una mayor capacidad para prevenir, investigar y enfrentar el crimen organizado.

El desafío: que el escudo se convierta en resultados

Las posiciones de los senadores Juber Flores y Rafael Yamashiro parten de una coincidencia: el crimen organizado ha dejado de ser un problema exclusivamente nacional y exige respuestas que trasciendan las fronteras. Sin embargo, cada uno coloca el énfasis en aspectos diferentes. Flores advierte la necesidad de fortalecer las capacidades propias del Estado y contar con una estructura nacional especializada que permita responder con mayor eficacia; Yamashiro pone especial atención en seguir las rutas financieras, controlar las fronteras y cerrar espacios utilizados por las organizaciones criminales.

Más allá de las diferencias de enfoque, el verdadero desafío estará en convertir los anuncios y compromisos internacionales en resultados verificables dentro del territorio peruano. La incorporación al Escudo de las Américas no será medida únicamente por los acuerdos alcanzados, sino por su capacidad para contribuir a reducir el narcotráfico, desarticular organizaciones criminales, afectar sus fuentes de financiamiento y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Para el Perú, el reto recién comienza. La cooperación internacional puede ampliar las herramientas disponibles, pero serán las instituciones nacionales, su capacidad de respuesta y los mecanismos de fiscalización los que determinen si esta nueva alianza se traduce en resultados concretos.

En última instancia, el éxito del Escudo de las Américas tendrá que medirse en un escenario muy distinto al de los anuncios oficiales: en las calles, en las fronteras, en los puertos y aeropuertos y, sobre todo, en la percepción de seguridad de los ciudadanos. Allí estará la verdadera prueba de esta nueva estrategia contra el crimen organizado.

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Política

Mario Vargas Llosa y la defensa del Lugar de la Memoria (LUM)

Las cifras oficiales del Ministerio de Cultura, contradicen a quienes califican al Lugar de la Memoria de «elefante blanco». A un año de la muerte de Mario Vargas Llosa y ante la posibilidad de que su hijo Álvaro sea nombrado como embajador en Washington (EE. UU) por la presidente Keiko Fujimori, nos preguntamos si llegado el momento defenderá el legado de su padre.

Published

1 día ago

12/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

“En el LUM, las víctimas tienen un espacio para expresar emociones y formar resiliencia; además de difundir sus culturas y sus memorias”

Ministerio de Cultura del Perú, 2025.

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social no es un capricho ideológico, sino un compromiso: que el Perú no mire para otro lado frente a los cerca de setenta mil muertos que dejó el terrorismo desde 1980 a la actualidad.

No necesita “reorganizarlo todo, de principio a fin” como sostuvo Ernesto Álvarez, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Tampoco es un “elefante blanco, que nadie visita” como señaló el canciller Carlos Spa.

El visitante del LUM halla en la muestra permanente un espacio que les recuerda el papel del Estado, y la historia de nosotros, las víctimas del terrorismo la de nuestros mártires de la PNP y las FF. AA y de civiles inocentes que después de más de 30 años, aún esperamos justicia, no hay apologías ni loas, solo una muestra permanente de verdad y en tiempos de neo-fujimorismo, negacionismo y nueva narrativa, la verdad resulta incómoda.

Además, resulta que el documento publicado por el Ministerio de Cultura – MINCUL (2025) “LUM 2015-2025. Una década de trabajo fortaleciendo la construcción de una cultura de paz y solidaridad en el Perú” muestra cifras que desmienten al canciller del gobierno de Keiko Fujimori.

Tabla 1 y Figura 1, muestra que, en el 2025, según el Ministerio de Cultura, el LUM recibió aproximadamente alrededor de 58 052 visitas (enero-agosto), 7 200 visitantes en promedio mensual. El dossier por el 10° aniversario del LUM (2015-2025) presenta al 2018 como el año con el mayor registro, 115 114 visitantes.

Respecto a la visualización de la plataforma virtual del LUM (https://lum.cultura.pe/) el MINCUL (2025) revela: “Desde el 2016 la visualización de la plataforma del CDI LUM ha ido en aumento y eso se refleja en cómo cada año se consolida su uso en el Perú y el extranjero”. Entre 2024 y agosto de 2025 poco menos de medio millón de usuarios visitaron la página del LUM.

Otro dato relevante mencionado por el MINCUL (2025): Entre el 2023 (junio) y 2025 (julio), los países que destacan en el uso de la plataforma virtual son: Perú con 524 mil, EEUU 12 mil, México 12 mil, España 8,9 mil, Colombia 5,7 mil, Chile 5,1 mil y Argentina 4,5 mil.

El proyecto LUM nació en 2009 bajo la gestión del expresidente Alan García, con Mario Vargas Llosa presidiendo la Comisión de Alto Nivel que lo impulsó —nunca fue su «director»— y renunció en 2010, antes de que el edificio existiera, por el Decreto Legislativo 1097, que consideraba una vía hacia la impunidad. El museo recién se inauguró en 2015, ya con Ollanta Humala, lo que confirma que es una política de Estado y no el proyecto de un solo gobierno.

Nuestro Nobel de Literatura 2010, un año antes fue capaz de dar batalla política ante el gobierno de Alan García, convirtiéndose en uno de los impulsores de la creación del LUM.

Esta es la carta de renuncia a la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria, misiva enviada al entonces presidente Garcia, y publicada en El Comercio de Ecuador, en diciembre del 2009, en ella se puede leer: “acepté convencido de que su gobierno estaba decidido a continuar el perfeccionamiento de la democracia peruana tan dañada por los crímenes y robos de la dictadura de Fujimori y Montesinos”.El padre de Álvaro Vargas Llosa, don Mario calificó al museo como “la erección de un monumento a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980”, de modo que para Vargas Llosa el LUM es un museo para recordarle al mundo que en Perú hubo terrorismo, hubo crímenes y robos de la dictadura de Fujimori y Montesinos y que nosotros, las víctimas del terrorismo, merecemos un lugar en la historia; nuestros muertos, caídos en acción de servicio, desaparecidos y/o asesinados por el estado y nosotros los que vamos a defender el LUM.

Fotografía del 8 de marzo de 2023, Dina Boluarte, condecora con el Gran Collar de la Orden El Sol del Perú al escritor Mario Vargas Llosa. (Fuente: Presidencia)

El 14 de abril de 2025, un día después de la muerte del genio literario peruano Mario Vargas Llosa, escribí una columna a la que titulé: “Gobierno de Dina Boluarte mató el legado de Vargas Llosa y su búsqueda por la verdad y la reconciliación” (https://limagris.com/gobierno-de-dina-boluarte-mato-el-legado-de-vargas-llosa-y-su-busqueda-por-la-verdad-y-la-reconciliacion/).

Entonces, critiqué que, tras la destitución de Manuel Burga, luego de siete años, por el gobierno de Dina Boluarte, el 8 de enero de 2025 y la llegada de Jamer Chávez Anticona a la dirección del LUM, la institución suspendió su agenda cultural y talleres académicos durante cerca de cuatro meses, con al menos tres actividades ya confirmadas canceladas solo en enero de 2025. Según el propio dossier MINCUL (2025), las actividades recién se reanudaron en mayo de 2025, aunque la exposición permanente siguió operativa todo el periodo.

El LUM es un espacio de memoria y de historia, aunque dura, debe narrarse. La historia de mi padre Leonardo Serrano Vílchez (https://limagris.com/33-anos-de-memoria-martires-de-huarmaca/), y la de miles de peruanos.

Actualmente, el LUM no está libre de disputa. El neo-fujimorismo acusa al LUM de tratar de forma desigual a las víctimas del terrorismo y a las de agentes del Estado; eso no es cierto.

El dossier MINCUL (2025), como toda institución pública, las dificultades presupuestales no son ajenas al LUM, presenta “limitaciones presupuestales para emprender nuevos proyectos de investigación” también “para recopilar los recuerdos de las víctimas”. Las limitaciones económicas son ciertas.

El LUM, según el MINCUL (2026) como se muestra en la Tabla 2 y Figura 2, tuvo en el año 2026 una variación de -1,27% en su presupuesto institucional de apertura respecto al año 2025. Esto significó una reducción de los recursos económicos que sostienen al LUM.

Considerando la postura del gobierno de Keiko Fujimori es altamente probable que el LUM mantenga una línea de presupuesto similar o con tendencia a la baja respecto a los S/ 1 663 970 que registró en el 2026. ¡Diputados y senadores hagan algo!

Álvaro Vargas Llosa próximo embajador de Perú en EE.UU.

A la disputa por desgastar el LUM, se suma la figura de Álvaro Vargas Llosa recientemente nombrado por el gobierno de Keiko Fujimori como embajador del Perú en Washington (EE. UU). Su papel público reciente ha estado más volcado a la reconciliación con el fujimorismo que a la agenda de memoria de su padre, así que dar por hecho que un apellido blindará al LUM es, por ahora, pura conjetura.

Lo que sí importa es que el LUM sigue cumpliendo una función que ningún discurso reemplaza: poner rostro a las víctimas y forzar un diálogo incómodo pero necesario, más allá de quién gobierne o qué ministro pase por sus pasillos.

Saludo el incremento de visitas durante este 2026, especialmente después de las elecciones generales en las que la presidente Keiko Fujimori resultó ganadora, celebro que Perú siga eligiendo recordar antes que olvidar.

Señora presidente Keiko Fujimori, señor Álvaro Vargas Llosa, próximo embajador del Perú en los Estados Unidos:

No solo quienes estamos registrados oficialmente como víctimas del terrorismo lo somos. Lo somos todos los peruanos que, durante más de 20 años, vivimos el terror de Sendero Luminoso y el MRTA, y, en el peor de los casos, el terror ejercido por el propio Estado.

Señor Álvaro, ¿tendrá usted la templanza necesaria si llegara a impulsarse o ejecutarse una estrategia para construir una nueva narrativa en el LUM sobre nosotros, las víctimas de terrorismo, y borrar así el legado de su padre?

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Política

“Escudo de las Américas” enciende el debate: ¿cooperación contra el crimen o riesgo para la soberanía del Perú?

La incorporación del Perú a la iniciativa promovida por Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado genera posiciones encontradas en Juntos por el Perú. El diputado Oliver Peña y el senador Percy Osorio cuestionan los alcances de la cooperación, advierten sobre la necesidad de proteger la soberanía nacional y exigen resultados concretos.

Published

2 días ago

11/09/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado vuelve a colocar al Perú ante una disyuntiva compleja: buscar apoyo internacional para enfrentar amenazas que desbordan las capacidades del Estado o reforzar primero sus propias instituciones antes de ampliar la presencia de actores extranjeros. En ese escenario, el denominado “Escudo de las Américas” no solo plantea una estrategia de cooperación en materia de seguridad, sino que reabre una discusión de fondo sobre inteligencia, control político, autonomía nacional y la capacidad del país para combatir el crimen sin ceder espacios de decisión.

Entre la cooperación y la soberanía

La decisión del Gobierno de incorporar al Perú al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado, abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad nacional y relaciones internacionales.

La propuesta plantea interrogantes que van más allá de la lucha contra las organizaciones criminales: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación internacional?, ¿qué papel tendrá el intercambio de inteligencia?, ¿cómo se garantizará la soberanía del país? y, sobre todo, ¿qué resultados concretos deberá mostrar el Perú para demostrar que esta alianza funciona?

Desde Juntos por el Perú, el diputado Oliver Peña y el senador Percy Osorio expresaron sus reservas frente a la iniciativa. Aunque sus argumentos tienen matices diferentes, ambos manifiestan preocupación por los alcances de la participación estadounidense y reclaman que cualquier acuerdo debe beneficiar efectivamente al Perú.

Canciller Carlos Espá, presidenta Keiko Fujimori, secretario de Estado de EE.UU Marco Rubio y embajador Bernie Navarro.

Oliver Peña: “La cooperación debe beneficiar a ambos países”

Para el diputado Oliver Peña, el ingreso del Perú a esta iniciativa debe ser evaluado con cautela. Considera que una cooperación internacional debe generar beneficios para todos los países participantes y no convertirse en un mecanismo que pueda condicionar las decisiones nacionales.

Peña manifestó su preocupación por los posibles alcances políticos de la iniciativa y sostuvo que el país debe preservar su autonomía.

Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con la capacidad del Estado peruano para aprovechar el intercambio de inteligencia. El legislador considera que antes de recibir información y apoyo extranjero resulta indispensable fortalecer las capacidades de la Policía Nacional.

En ese contexto, puso como ejemplo un hecho que, según relató durante la entrevista, le ocurrió recientemente en La Molina, donde sufrió el robo de equipos institucionales. El diputado señaló que, al acudir a la Policía, recibió como explicación que los recursos disponibles eran insuficientes para atender simultáneamente las incidencias de la jurisdicción.

Para Peña, esta experiencia refleja una problemática mayor: una institución que necesita mejores equipos, vehículos y presupuesto difícilmente podrá aprovechar al máximo cualquier cooperación internacional en materia de inteligencia.

Oliver Peña Córdova. Diputado por San Martín.

El papel de la Policía y las Fuerzas Armadas

El diputado también marcó distancia frente a una eventual militarización de la lucha contra el crimen organizado. En su opinión, la Policía Nacional debe desempeñar el papel principal frente al narcotráfico, el sicariato y la delincuencia, mientras que las Fuerzas Armadas deben concentrarse en las funciones que corresponden a su preparación y misión institucional.

Peña advirtió que trasladar a los militares a funciones para las cuales no fueron específicamente preparados podría generar consecuencias posteriores y recordó que integrantes de las Fuerzas Armadas han enfrentado procesos judiciales derivados de intervenciones realizadas durante el conflicto interno.

Por ello, considera que la lucha contra la criminalidad debe involucrar a la Policía, las autoridades y la ciudadanía, con una estrategia que evite que una solución termine generando nuevos problemas.

Claves para potenciar la lucha contra el crimen organizado.

Percy Osorio: una mirada crítica a la cooperación estadounidense

El senador Percy Osorio adopta una posición más crítica frente a la iniciativa. Durante la entrevista, cuestionó los resultados que, desde su perspectiva, ha tenido la cooperación estadounidense contra el narcotráfico y puso como referencia la presencia de la DEA en el Perú.

Osorio sostiene que, si la cooperación internacional hubiera conseguido los resultados esperados, los grandes responsables del negocio del narcotráfico deberían haber sido desarticulados. A su juicio, las acciones terminan afectando principalmente a los eslabones más pequeños de la cadena.

El diputado Peña también expresó preocupación por lo que considera una posible pérdida de autonomía en las decisiones nacionales y sostuvo que el Perú debe defender su condición de país soberano.

Sus cuestionamientos no se limitan al narcotráfico. Osorio considera que el problema de fondo también está relacionado con la corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatir el crimen.

Senador Percy Osorio.

“Limpiar la casa” antes de depender del exterior

Para Osorio, el fortalecimiento institucional debe comenzar dentro del propio país. El senador sostiene que el Perú cuenta con policías y militares capacitados, pero que la corrupción constituye uno de los principales obstáculos para que esas capacidades puedan desarrollarse plenamente.

En esa línea, plantea que la lucha contra el crimen organizado debe estar acompañada de una estrategia frontal contra la corrupción. Desde su perspectiva, mientras existan estructuras corruptas dentro de las instituciones públicas, cualquier cooperación internacional tendrá resultados limitados.

Inteligencia: una herramienta clave, pero bajo control

El intercambio de inteligencia es uno de los componentes centrales de la iniciativa y, precisamente por ello, representa uno de los principales puntos de debate. El senador considera indispensable que el Perú cuente con instituciones fortalecidas para aprovechar adecuadamente la información que pueda recibir de Estados Unidos.

Osorio, en cambio, cuestiona qué tipo de inteligencia podría aportar Estados Unidos si, según su percepción, también enfrenta problemas de criminalidad y consumo de drogas. Más allá de sus diferencias, ambos coinciden en que el intercambio de información debe estar sujeto a mecanismos de control y fiscalización.

¿Debe fiscalizar el Congreso?

En este punto, las posiciones de ambos legisladores convergen. Oliver Peña considera que el Congreso debe fiscalizar los acuerdos que suscriba el Ejecutivo, aunque reconoce que existen ámbitos de inteligencia sujetos a reserva.

El senador Percy Osorio también considera necesaria la fiscalización parlamentaria y plantea que esta debe estar acompañada de una lucha contra la corrupción. La pregunta de fondo es cuánto acceso tendrá el Congreso a la información relacionada con los acuerdos y cómo garantizará que la cooperación internacional responda efectivamente a los intereses nacionales.

El verdadero desafío: resultados

Más allá de las críticas y reservas, existe un punto fundamental que determinará el futuro de esta iniciativa: los resultados. Para Oliver Peña, el éxito debería reflejarse en una reducción significativa del narcotráfico y de la producción de cocaína. El legislador recuerda que el Perú ha desarrollado durante años estrategias de lucha antidrogas y considera necesario evaluar por qué el problema persiste.

Percy Osorio, por su parte, señala que la decisión ya ha sido tomada por el Gobierno y que ahora corresponde esperar y evaluar sus resultados. Sin embargo, admite que mantiene una posición escéptica sobre los beneficios que pueda generar.

Una alianza que deberá demostrar su eficacia

La incorporación del Perú al “Escudo de las Américas” coloca nuevamente sobre la mesa una discusión que no es nueva: cómo enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado sin comprometer la soberanía nacional.

Las posiciones de Oliver Peña y Percy Osorio representan una mirada crítica desde el Congreso y ponen sobre la mesa interrogantes que deberán ser respondidos por el Ejecutivo: cuáles serán los compromisos asumidos por el Perú, qué mecanismos de cooperación se implementarán, cómo se manejará la inteligencia compartida y qué controles existirán sobre esos acuerdos. Pero, sobre todo, queda una pregunta que será difícil esquivar:

¿Podrá el “Escudo de las Américas” convertirse en una herramienta efectiva contra el narcotráfico y el crimen organizado, o terminará siendo otra estrategia internacional cuyos resultados el Perú tendrá que esperar para comprobar?

La respuesta no estará solamente en los acuerdos firmados, sino en lo que ocurra en las calles, en las zonas donde opera el narcotráfico y en la capacidad del Estado peruano para recuperar el control de los territorios afectados por el crimen organizado.

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Política

Se alquilan las IE a empresas privadas y las UGEL no saben nada al respecto. ¡Ponga orden, presidente Keiko Fujimori!

Los estudiantes de los CEBA públicos tienen que pedir permiso a las empresas que alquilan los espacios educativos para poder usar su propia intitución educativa. Presidente Fujimori encargue a su ministro de Educación a poner orden o ¿hay que pedir facultades legislativas para eso? ¿Y el orden para cuándo ministro Chang?

Published

3 días ago

11/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

Nos prometieron orden, pero ante la ausencia de esta, algunas IE no se sienten en la obligación de transparentar qué, cómo y para qué se utilizan los recursos generados por concepto de alquiler de piscina, canchas de grass sintético, canchas de vóley y otros espacios. Tampoco informan a su instancia inmediata superior UGEL, ¿Quién supervisa lo que ocurre con los contratos entre IE y empresas privadas?

Para muestra, un botón.

En Educación Básica Alternativa, el 98% de los 1440 CEBA públicos compartimos espacio con secundaria y no a las áreas comunes, como patios y zonas de recreación, muchas veces son alquiladas por la propia IE.

Actualmente el club de vóley Géminis alquila los espacios deportivos de vóley en la IE Teresa González de Fannig en Jesús María para desarrollar sus actividades de formación deportiva a menores. El equipo profesional de vóley del club Géminis está dirigido por la DT. Natalia Málaga.

Según documento oficial (Oficio N.º 01191-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL03/DIR-AAJ-AIP) respecto al alquiles de ambientes de la IE Teresa González de Fanning, de Jesús María, se puede leer en el documento de la UGEL 03, «esta área no posee contratos suscritos por la APAFA con la IE para el uso de ambientes».

El D.S. N.° 028-2007-ED (Art. 8, inc. j) dispone explícitamente que el Comité de Gestión de Condiciones Operativas (R.M. N.° 189-2021-MINEDU) tiene la función de informar trimestralmente a la UGEL o DRE sobre el movimiento de captación y uso de los ingresos provenientes de los recursos propios y actividades productivas y empresariales.

Llama la atención que la UGEL 03 no tenga las copias de los contratos de una IE pública referidos al alquiler a empresas privadas que hacen uso de la piscina, las canchas de grass sintético, las canchas de vóley, cochera y otros espacios. Las empresas entre ella el club deportivo Géminis hace uso de los espacios durante el horario de clases turno tarde-noche, del servicio educativo que brinda la IE a través de la modalidad EBA.

Como docente de CEBA debo coordinar un permiso con las empresas (Club Géminis y otros) que usufructúa los bienes del estado para poder realizar una clase o practicar un deporte durante el horario del servicio educativo, ¡en mi propia casa, tengo que pedir permiso!

Contrario al artículo 15° del Decreto Supremo N.° 028-2007-ED que establece, entre otros aspectos, lo siguiente: «Alquiler a plazo fijo, no mayores de un año, de terrenos, campos deportivos, piscinas, auditorios y espacios disponibles sin afectar el normal desarrollo del servicio educativo».

Incluso para realizar los simulacros escolares debemos pedir permiso a quienes usan los espacios de la institución educativa, como el Club Géminis y otros. Además, las deportistas no tienen una participación activa durante los momentos de educación cívica que promueve el Estado para la preparación ante desastres naturales.

Debemos improvisar en espacios abiertos, construidos con otros fines y muchas veces poco iluminados, para realizar las sesiones de educación física. No sería la única IE de Lima que no ha comunicado los detalles de los contratos con empresas privadas respecto al uso de espacios educativos.

Un poco de orden nos vendría bien, ¿empecemos por algo, ¿no? Luego discutimos quiénes son los culpables de los resultados PISA 2025.

Nos intentamos comunicar con la empresa para pedirle sus descargos y, hasta el cierre de este informe, no recibimos respuesta.

¡Los CEBA estamos abandonados!

Y si hablamos de una biblioteca y fomento a la lectura: cuando llegué al CEBA no encontré textos de José María Arguedas ni de ningún otro autor. Sin embargo, dos CEBA —el CEBA Teresa Gonzales de Fanning (Jesús María) y el CEBA Miguel Grau (Magdalena del Mar)— hemos logrado representar a Lima Metropolitana en la categoría «cuento» (que compite con secundaria) y en «ensayo», representando a la UGEL 03 en la etapa nacional que se desarrolló hoy 10 de setiembre.

¿Qué condiciones tenemos los maestros de los CEBA públicos para desarrollar nuestra labor docente? Programan concursos educativos, pero las IE no tienen lo mínimo para que nuestros estudiantes participen. ¡Los CEBA públicos estamos abandonados! ¡Hasta cuándo!

Desde este espacio le pedimos al ministro Chang, en su visita programada para el día de mañana 11 de setiembre a la IE Teresa Gonzalez de Fannig —«poner orden»— y no solo venga para la foto protocolar.

Y a las autoridades de la DRELM y la UGEL03, les pregunto: ¿qué les dicen sus asesores sobre la realidad de los recursos propios recaudados por las IE públicas en Lima? ¿Quién controla esto? ¿Cuál es el plan para los CEBA públicos de Lima?

Visite al menos 5 de los 1440 CEBA públicos y verifique en qué condiciones reciben clases nuestros estudiantes. Evalúe también las condiciones de la modalidad EBA e implemente una política educativa que la haga más atractiva para los casi 8 millones de peruanos que no cuentan con educación básica.

Conozca dónde quedan los tres CEBA que ganaron el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas (Etapa Nacional) en la categoría Ensayo y se dará cuenta de las condiciones en las que operan.

¿Cuándo fue la última vez que un ministro puso en la agenda pública a la modalidad EBA?

¡Ministro Chang haga la diferencia!

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Política

Diputados de la bancada del Buen Gobierno marcan distancia de la administración de Keiko Fujimori

Aunque Jorge Nieto Montesinos anunció que su agrupación respaldará el pedido de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori, los congresistas Fernando García Huby y Nora Llaque Linares precisan que la posición de la bancada aún está en evaluación. Ambos plantean priorizar la seguridad ciudadana y los asuntos urgentes, mientras advierten que las demás materias deberían seguir el trámite de las comisiones ordinarias.

Published

4 días ago

10/09/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

El pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori empieza a generar matices dentro de la bancada del Buen Gobierno. Aunque su líder, Jorge Nieto Montesinos, adelantó que la bancada respaldará la solicitud del Ejecutivo, las declaraciones de los congresistas Fernando García Huby y Nora Llaque Linares revelan una posición menos categórica: las facultades deberán ser evaluadas materia por materia, con prioridad en la seguridad ciudadana y los asuntos considerados urgentes. Ambos parlamentarios sostienen, además, que un eventual respaldo a determinadas facultades no debe confundirse con un apoyo político al Gobierno.

“Hay temas que no son urgentes”

Fernando García Huby fue claro al explicar que la bancada todavía se encuentra evaluando el pedido del Ejecutivo. El parlamentario sostuvo que, incluso si finalmente se decide apoyar las facultades legislativas, no necesariamente serían otorgadas en su totalidad.

Según García, existen materias que no tendrían carácter de urgencia y que podrían ser atendidas mediante el procedimiento legislativo ordinario, a través de las respectivas comisiones del Congreso.

Diputado Fernando García Huby.

Sin embargo, identificó dos preocupaciones centrales para su bancada: la seguridad ciudadana y la atención de los problemas urgentes que enfrenta el país. Su posición abre así la posibilidad de un respaldo parcial al Ejecutivo, pero bajo criterios que deberán ser definidos por el Parlamento.

“No es respaldo político”

La diputada Nora Llaque coincidió en que la discusión aún no está cerrada. Consultada sobre si el Partido del Buen Gobierno otorgará las facultades solicitadas por el gobierno de Keiko Fujimori, respondió que se trata de un asunto que continúa en evaluación.

Llaque sostuvo que, si la bancada decide respaldar la delegación, esta podría concentrarse en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y los problemas considerados urgentes. “Nosotros vamos a ser claros y abiertos. Aquí no hay un respaldo político al gobierno”, afirmó.

La parlamentaria remarcó que una eventual aprobación de facultades no debería interpretarse como un alineamiento político con el Ejecutivo. “Eso no implica un apoyo al gobierno, eso implica un apoyo al país”, enfatizó.

¿Solo en temas urgentes?

La posición expresada por Llaque establece una diferencia importante entre las materias que requieren una respuesta inmediata y aquellas que pueden seguir el trámite parlamentario regular. “Lo otro tendría que pasar a comisiones ordinarias”, sostuvo la diputada.

De esta manera, el Partido del Buen Gobierno plantea que el Congreso mantenga bajo su discusión aquellas iniciativas que no tengan una justificación suficiente para ser incluidas dentro de una delegación extraordinaria de facultades.

La seguridad, en el punto de encuentro

La seguridad ciudadana aparece como uno de los principales puntos de coincidencia entre las declaraciones de ambos parlamentarios. García y Llaque consideran que, ante la gravedad de los problemas de inseguridad, el Ejecutivo podría requerir herramientas legislativas para actuar con mayor rapidez.

Pero ese eventual respaldo tendría un límite: no significaría, según Llaque, convertirse en una bancada oficialista. La diputada insistió en que el objetivo sería contribuir a solucionar problemas concretos y no otorgar un respaldo político general al Gobierno.

Presidenta Keiko Fujimori y Jorge Nieto Montesinos.

La decisión aún está pendiente

Pese a la disposición expresada para analizar favorablemente determinados aspectos del pedido, la bancada todavía no ha tomado una decisión definitiva. “Ese es un tema que la bancada todavía lo va a decidir. Está en discusión todavía”, precisó Llaque.

Por ahora, el Partido del Buen Gobierno parece inclinarse por una fórmula intermedia: evaluar las facultades solicitadas, respaldar aquellas que considere necesarias y urgentes y derivar las demás al trabajo de las comisiones ordinarias.

El desenlace dependerá de la discusión interna de la bancada y, posteriormente, del debate parlamentario. Lo que sí queda claro en las declaraciones de García y Llaque es que el eventual respaldo al Ejecutivo no sería un cheque en blanco.

El mensaje político de la bancada es, por ahora, de colaboración en temas prioritarios, pero manteniendo distancia frente al Gobierno. La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegará ese respaldo cuando el Congreso tenga que pronunciarse sobre cada una de las facultades solicitadas.

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Política

José Antonio Chang evalúa la designación del nuevo miembro del CNE: ¿quién será la cuota del fujimorismo en el Consejo Nacional de Educación?

El 7 de setiembre venció el plazo para presentar candidatos que reemplacen a Miriam Ponce, actual viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, en el Consejo Nacional de Educación (CNE). Los demás integrantes del pleno fueron designados durante la gestión de José María Balcázar y de la exministra María Esther Cuadros.

Published

4 días ago

09/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El CNE instaló su pleno para el periodo 2026-2029 el 19 de junio de 2026. Esa reunión de instalación generó un gasto superior a 24 mil soles en dietas.

Miriam Ponce cobró dietas correspondientes a las sesiones del 19 de junio, y del 3 y 17 de julio de 2026, antes de presentar su renuncia al CNE mediante la Resolución Ministerial N.° 448-2026-Minedu, del 30 de julio. El monto bruto acumulado por ese concepto fue de S/ 6,187.50, equivalente a un neto de S/ 5,692.50.

El 26 de agosto de 2026, mediante la Resolución Ministerial N.° 497-2026-Minedu, el Minedu creó el comité encargado de evaluar a los candidatos para integrar el CNE durante el periodo 2026-2029.

El 1 de setiembre, el ministerio publicó la convocatoria dirigida a la comunidad educativa para proponer candidatos a la vacante. El plazo, inicialmente fijado para el 11 de setiembre, se adelantó luego al 7 de setiembre. Esta vez, a pesar de tener conocimiento de la convocatoria no me presenté.

Hay un dato que debería llamar nuestra atención: el enlace público de la convocatoria (https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-publicaciones/8543198-convocatoria-para-recibir-propuestas-para-integrar-el-consejo-nacional-de-educacion) ya no está disponible en línea.

Ese mismo patrón se repitió en el proceso que llevó a la designación de Mery Tairo Urbano como consejera del CNE, figura cercana al entorno de la expresidenta Dina Boluarte, según hechos que este medio documentó en entregas anteriores (https://limagris.com/alfredo-leon-sanchez-y-mery-tairo-urbano-las-cuestionadas-designaciones-al-consejo-nacional-de-educacion-por-la-ministra-esther-cuadros-espinoza/)

En aquella oportunidad, el enlace de esa convocatoria también desapareció de la red.

Todo indicaría que el actual gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) estaría replicando las mismas mañas administrativas que en su momento facilitaron la designación cuestionada de la excompañera de secundaria y amiga de la exmandataria Dina Boluarte.

En medio de este proceso reaparece una funcionaria clave: Doris Lorena Gavilano Iglesias, actual secretaria general del Minedu, quien también formó parte del comité que evaluó la postulación de Tairo.

En esta oportunidad vuelve a integrar el comité, junto con Luis Alemán Nakamine, viceministro de Gestión Institucional; Miriam Ponce Vertiz, viceministra de Gestión Pedagógica; y dos invitados elegidos directamente por el ministro Chang.

Corresponde ahora a este comité concluir la evaluación y elevar su propuesta al despacho ministerial, para que sea el propio Chang quien adopte la decisión final mediante resolución ministerial.

El CNE está conformado por doce integrantes y tiene, por norma, un carácter plural y multidisciplinario. Sin embargo, el hecho de que su conformación dependa de la aprobación discrecional del titular del Minedu le resta el componente independiente que en teoría debería tener, y lo convierte, en la práctica, en una designación de naturaleza política.

Esta designación adquiere especial relevancia por otro asunto de fondo: el currículo nacional de educación básica. Durante la gestión del exministro Jorge Marticorena se creó, mediante la Resolución Ministerial N.° 393-2026-Minedu, una Comisión Sectorial para el proceso de actualización curricular, con vigencia prevista hasta diciembre de 2027. Sin embargo, esa comisión fue derogada el 2 de setiembre de 2026, mediante la Resolución Ministerial N.° 518-2026-Minedu, firmada por el ministro Chang. Por ahora, el gobierno no revisará el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) y continuará insistiendo en una narrativa que responsabiliza únicamente a los docentes por los resultados de los estudiantes.

Esa narrativa la vienen sosteniendo actores políticos como la economista Mercedes Aráoz Fernández, ex vicepresidenta y ex presidenta de la PCM, quien ha cuestionado públicamente: “se ha multiplicado el gasto en educación y los resultados han sido totalmente contrarios al aumento en el gasto”. Recordemos que Araoz fue parte del gobierno de PPK (derecha), periodo de la mayor huelga magisterial en la historia reciente, la del 2017.

Atentos docentes, en diversos medios se ha iniciado una narrativa contra la labor docente al señalar que el gasto en educación — principalmente el aumento de la remuneración docente — se ha multiplicado sin que ello se traduzca en mejores resultados, como si el desempeño docente fuera la única dimensión en la variable rendimiento escolar.

Cabe entonces preguntarse: ¿la reforma que invoca Aráoz consistirá en perseguir, mediante monitoreos y evaluaciones disfrazadas de meritocracia, a los docentes críticos del gobierno? ¿O se avecina una etapa de despidos dirigida contra un gremio magisterial que, desde 2017, ha representado un contrapeso incómodo para el poder de turno?

¿Quién será, finalmente, el designado por la gestión de Chang? La incorporación de este nuevo integrante del CNE podría marcar el rumbo de la institución, que tendrá un papel determinante frente a los próximos cambios curriculares y otras políticas de Estado.

Los actuales miembros del CNE, designados durante la gestión de José María Balcázar, mantienen mandatos vigentes hasta el año 2029, año en que el consejo deberá renovarse bajo el gobierno que entonces esté en funciones.

Dadas las alianzas y traiciones que suelen sucederse cerca del poder, subsiste hoy la incertidumbre sobre si Keiko Fujimori conservará ese poder para entonces, en un contexto marcado por los cuestionamientos que se avecinan. ¿Quién sabe?

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Política

Congreso bajo la lupa: los cuestionados perfiles naranjas que Fuerza Popular contrató en el Parlamento

Los perfiles de algunos trabajadores incorporados por la bancada de Fuerza Popular han generado graves cuestionamientos. Más allá de los nombres y las disputas políticas, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué filtros se aplican para contratar a quienes trabajan con poder y recursos públicos?

Published

5 días ago

08/09/2026

Elio León

En el Congreso de la República, la contratación de personal de confianza vuelve a quedar bajo la lupa. Un informe publicado por El Foco, pone sobre la mesa una discusión que suele quedar relegada detrás de las disputas políticas: los estándares de transparencia, idoneidad e integridad que deberían exigirse a quienes ocupan puestos financiados con recursos públicos.

La publicación identifica a trabajadores vinculados a la bancada de Fuerza Popular cuyos perfiles y antecedentes, según la información recopilada por el medio, merecen ser revisados. Entre ellos aparecen el hijo del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, una exfuncionaria de Migraciones vinculada al contexto de la fuga del exmagistrado César Hinostroza, una persona condenada por agredir e intentar prender fuego a su expareja, cuatro excongresistas y otros trabajadores que registrarían antecedentes penales o policiales.

Uno de los casos mencionados es el de Ernesto Mario Álvarez Escudero, hijo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, contratado como asesor del senador Jacques Rodrich Ackerman con una remuneración de S/ 8.400.

El reportaje también pone bajo observación la contratación de Elizabeth Du Bois Curcio, quien, de acuerdo con la investigación, no registra título ni grado de bachiller ante la Sunedu y mantiene un vínculo de pareja con un exfuncionario parlamentario.

Du Bois respondió públicamente a los cuestionamientos mediante su cuenta de X. Afirmó contar con más de seis años de experiencia en el Congreso y en instituciones públicas y privadas, además de una especialización en la Universidad de San Martín de Porres y varios diplomados.

También señaló que tendría un trámite «pendiente» ante la Sunedu y atribuyó esta situación al cierre operativo de la institución donde estudió. Es decir, ya no existe la institución donde habría estudiado. Sin embargo, esta explicación requiere una precisión elemental: estudios realizados en una institución, una especialización, un diplomado, un grado académico y un título profesional son categorías distintas y no pueden presentarse como equivalentes. Si existe un trámite pendiente, corresponde precisar cuál es su naturaleza y qué documento acredita efectivamente la formación invocada.

Otro nombre que aparece en la investigación es el de Yojany Dominga Rujel Sullón, exfuncionaria de Migraciones y esposa del excongresista fujimorista Juan Carlo Yuyes. Según El Foco, Rujel fue jefa de quien se desempeñaba como inspectora de Migraciones en Tumbes cuando se produjo la salida del país de César Hinostroza en 2018.

El reportaje también menciona a Vilma Guevara Tapia, quien, según la documentación citada por el medio, fue condenada a 52 jornadas de servicio comunitario por agredir e intentar prender fuego a su expareja. Asimismo, identifica a asesores que registrarían antecedentes o investigaciones. Entre ellos figura Julio Matzuda Watanabe, exdirectivo de Aelucoop, entidad intervenida y posteriormente disuelta por la SBS tras registrar pérdidas superiores a S/400 millones.

Pero existe otra discusión, distinta y plenamente legítima: la idoneidad para ejercer una función pública. Y ahí está el verdadero problema.

Quien trabaja en el Congreso participa, de manera directa o indirecta, en un espacio donde se toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos. Por eso, la pregunta no debería ser únicamente si una contratación es legal. También debería ser si existen filtros suficientes para garantizar que quienes ocupan esos puestos cumplen con los requisitos, acreditan su formación y no presentan situaciones que puedan generar conflictos de intereses o afectar la confianza pública.

Los parlamentarios tienen derecho a contratar personal de confianza dentro del marco establecido por la ley. Pero la legalidad mínima no debería convertirse en el techo de la responsabilidad pública.

La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son contratados, qué funciones desempeñan, qué requisitos acreditan, cuánto reciben del Estado y qué posibles conflictos de intereses deben ser evaluados antes de su incorporación.

Por eso, corresponde que las instituciones competentes revisen, dentro de sus atribuciones, los procedimientos de contratación señalados y determinen si estos se ajustan a las normas vigentes. No se trata de perseguir nombres ni de convertir cada cuestionamiento en una batalla partidaria. Se trata de verificar si el Estado está haciendo aquello que debería hacer antes de entregar poder y recursos públicos: comprobar la idoneidad de quienes los administran.

En el Congreso, como en cualquier institución pública, la confianza no se hereda, no se presume y no se negocia: se acredita.

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Política

Congreso pone límites al pedido de facultades de 66 temas propuestos por el Ejecutivo

El Ejecutivo solicita 120 días para legislar en seguridad, crimen organizado, emergencias, empleo, tributación y modernización del Estado. La Comisión de Constitución ya revisa el pedido y ha convocado a otras 13 comisiones para evaluar su alcance. Este miércoles, el premier Luis Galarreta deberá sustentar ante el Pleno por qué el Gobierno necesita ampliar temporalmente su capacidad legislativa.

Published

5 días ago

08/09/2026

Redacción Lima Gris

Premier Luis Galarreta. Foto: Andina.

Por Susan Acuña Cruz

El Gobierno ha puesto sobre la mesa del Congreso una de las decisiones políticas más importantes de los próximos meses: solicita facultades para legislar durante 120 días sobre 66 materias que abarcan desde la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado hasta la tributación, el empleo, la prevención de desastres y la modernización del Estado. El pedido ya está bajo revisión parlamentaria y, lejos de avanzar como un trámite rutinario, empieza a generar preguntas sobre los límites que deberá tener la delegación de poder al Ejecutivo.

Este miércoles 9 de septiembre, el premier Luis Galarreta acudirá al Congreso para explicar por qué considera urgente que el Gobierno pueda legislar sobre este amplio conjunto de materias. La presentación será clave para que los parlamentarios evalúen si las facultades solicitadas están debidamente justificadas, cuáles pueden ser aprobadas y en qué casos será necesario reducir o precisar su alcance.

El pedido del Ejecutivo incluye 66 temas agrupados en distintas áreas. Entre las prioridades figuran la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, el sistema penitenciario, la gestión del riesgo de desastres, la atención frente al Fenómeno El Niño, la promoción del empleo, las micro y pequeñas empresas, la tributación y la modernización de la administración pública.

En seguridad, una de las propuestas más sensibles plantea establecer un marco legal que permita clasificar a determinados grupos criminales como organizaciones terroristas. También se busca autorizar una participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios y reforzar las herramientas para rastrear, geolocalizar y bloquear equipos celulares utilizados ilegalmente desde los penales.

El Ejecutivo sostiene que estas medidas responden a problemas que requieren decisiones rápidas. Galarreta ha defendido la solicitud bajo el argumento de que permitirá acelerar acciones contra la delincuencia y mejorar el funcionamiento del Estado. Dentro del paquete también se plantea modificar los mecanismos de respuesta frente a emergencias, de modo que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda entregar ayuda humanitaria directamente durante los primeros días de una emergencia, reduciendo los trámites que actualmente pueden retrasar la atención.

Cámara de Diputados.

Pero la amplitud del pedido ha llevado al Congreso a revisar cada materia con especial atención. La Comisión de Constitución, encargada de analizar la solicitud, ha pedido opinión a otras 13 comisiones parlamentarias. El objetivo es determinar si las materias planteadas pueden ser delegadas constitucionalmente y, sobre todo, si los términos propuestos por el Ejecutivo son suficientemente precisos.

La delegación de facultades legislativas no significa que el Congreso renuncie definitivamente a su capacidad de legislar. Se trata de un mecanismo excepcional mediante el cual el Parlamento autoriza temporalmente al Ejecutivo a emitir normas sobre materias específicas. Precisamente por ello, la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, ha insistido en la necesidad de revisar el alcance de la solicitud y recoger opiniones de especialistas, sindicatos, organizaciones indígenas y otras instituciones antes de adoptar una decisión.

El proceso, sin embargo, avanza contra el reloj. La comisión se ha declarado en sesión permanente y tiene hasta el 18 de septiembre para elaborar su dictamen. A partir de allí, el pedido podrá llegar al Pleno de la Cámara de Diputados en su versión original, con modificaciones o de manera parcial.

Cámara de senadores.

El primer gran examen será este miércoles. A las 3 de la tarde, Galarreta deberá presentarse ante el Congreso para sustentar las razones por las que el Ejecutivo considera indispensable contar con estas facultades. No solo tendrá que explicar la urgencia de las medidas, sino también defender por qué las 66 materias requieren una autorización legislativa excepcional.

El debate ocurre en un contexto marcado por la inseguridad y la amenaza de emergencias climáticas. El presidente del Congreso, Miguel Torres, ha señalado que espera que la decisión se adopte con rapidez para atender asuntos vinculados con la seguridad, el Fenómeno El Niño y la simplificación del Estado.

Por ahora, las 66 materias siguen sobre la mesa y los 120 días solicitados todavía no tienen autorización. El Ejecutivo busca una herramienta para acelerar sus decisiones; el Congreso, en cambio, tiene la tarea de determinar hasta dónde está dispuesto a delegar su poder.

Más allá de la cifra —66 materias y 120 días—, el debate plantea una pregunta de fondo: ¿cuánto poder puede delegar el Congreso al Ejecutivo sin poner en riesgo su propia función de legislar y controlar? La respuesta empezará a definirse este miércoles, cuando Galarreta intente convencer a los parlamentarios de que la urgencia del país justifica la amplitud del pedido.

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