Política
“Escudo de las Américas” enciende el debate: ¿cooperación contra el crimen o riesgo para la soberanía del Perú?La incorporación del Perú a la iniciativa promovida por Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado genera posiciones encontradas en Juntos por el Perú. El diputado Oliver Peña y el senador Percy Osorio cuestionan los alcances de la cooperación, advierten sobre la necesidad de proteger la soberanía nacional y exigen resultados concretos.
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41 segundos agoon
11/09/2026By
Redacción Lima Gris
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Por: Mónica Aguilar Obregón
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado vuelve a colocar al Perú ante una disyuntiva compleja: buscar apoyo internacional para enfrentar amenazas que desbordan las capacidades del Estado o reforzar primero sus propias instituciones antes de ampliar la presencia de actores extranjeros. En ese escenario, el denominado “Escudo de las Américas” no solo plantea una estrategia de cooperación en materia de seguridad, sino que reabre una discusión de fondo sobre inteligencia, control político, autonomía nacional y la capacidad del país para combatir el crimen sin ceder espacios de decisión.
Entre la cooperación y la soberanía
La decisión del Gobierno de incorporar al Perú al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado, abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad nacional y relaciones internacionales.
La propuesta plantea interrogantes que van más allá de la lucha contra las organizaciones criminales: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación internacional?, ¿qué papel tendrá el intercambio de inteligencia?, ¿cómo se garantizará la soberanía del país? y, sobre todo, ¿qué resultados concretos deberá mostrar el Perú para demostrar que esta alianza funciona?
Desde Juntos por el Perú, el diputado Oliver Peña y el senador Percy Osorio expresaron sus reservas frente a la iniciativa. Aunque sus argumentos tienen matices diferentes, ambos manifiestan preocupación por los alcances de la participación estadounidense y reclaman que cualquier acuerdo debe beneficiar efectivamente al Perú.
Canciller Carlos Espá, presidenta Keiko Fujimori, secretario de Estado de EE.UU Marco Rubio y embajador Bernie Navarro.
Oliver Peña: “La cooperación debe beneficiar a ambos países”
Para el diputado Oliver Peña, el ingreso del Perú a esta iniciativa debe ser evaluado con cautela. Considera que una cooperación internacional debe generar beneficios para todos los países participantes y no convertirse en un mecanismo que pueda condicionar las decisiones nacionales.
Peña manifestó su preocupación por los posibles alcances políticos de la iniciativa y sostuvo que el país debe preservar su autonomía.
Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con la capacidad del Estado peruano para aprovechar el intercambio de inteligencia. El legislador considera que antes de recibir información y apoyo extranjero resulta indispensable fortalecer las capacidades de la Policía Nacional.
En ese contexto, puso como ejemplo un hecho que, según relató durante la entrevista, le ocurrió recientemente en La Molina, donde sufrió el robo de equipos institucionales. El diputado señaló que, al acudir a la Policía, recibió como explicación que los recursos disponibles eran insuficientes para atender simultáneamente las incidencias de la jurisdicción.
Para Peña, esta experiencia refleja una problemática mayor: una institución que necesita mejores equipos, vehículos y presupuesto difícilmente podrá aprovechar al máximo cualquier cooperación internacional en materia de inteligencia.
Oliver Peña Córdova. Diputado por San Martín.
El papel de la Policía y las Fuerzas Armadas
El diputado también marcó distancia frente a una eventual militarización de la lucha contra el crimen organizado. En su opinión, la Policía Nacional debe desempeñar el papel principal frente al narcotráfico, el sicariato y la delincuencia, mientras que las Fuerzas Armadas deben concentrarse en las funciones que corresponden a su preparación y misión institucional.
Peña advirtió que trasladar a los militares a funciones para las cuales no fueron específicamente preparados podría generar consecuencias posteriores y recordó que integrantes de las Fuerzas Armadas han enfrentado procesos judiciales derivados de intervenciones realizadas durante el conflicto interno.
Por ello, considera que la lucha contra la criminalidad debe involucrar a la Policía, las autoridades y la ciudadanía, con una estrategia que evite que una solución termine generando nuevos problemas.
Claves para potenciar la lucha contra el crimen organizado.
Percy Osorio: una mirada crítica a la cooperación estadounidense
El senador Percy Osorio adopta una posición más crítica frente a la iniciativa. Durante la entrevista, cuestionó los resultados que, desde su perspectiva, ha tenido la cooperación estadounidense contra el narcotráfico y puso como referencia la presencia de la DEA en el Perú.
Osorio sostiene que, si la cooperación internacional hubiera conseguido los resultados esperados, los grandes responsables del negocio del narcotráfico deberían haber sido desarticulados. A su juicio, las acciones terminan afectando principalmente a los eslabones más pequeños de la cadena.
El diputado Peña también expresó preocupación por lo que considera una posible pérdida de autonomía en las decisiones nacionales y sostuvo que el Perú debe defender su condición de país soberano.
Sus cuestionamientos no se limitan al narcotráfico. Osorio considera que el problema de fondo también está relacionado con la corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatir el crimen.
Senador Percy Osorio.
“Limpiar la casa” antes de depender del exterior
Para Osorio, el fortalecimiento institucional debe comenzar dentro del propio país. El senador sostiene que el Perú cuenta con policías y militares capacitados, pero que la corrupción constituye uno de los principales obstáculos para que esas capacidades puedan desarrollarse plenamente.
En esa línea, plantea que la lucha contra el crimen organizado debe estar acompañada de una estrategia frontal contra la corrupción. Desde su perspectiva, mientras existan estructuras corruptas dentro de las instituciones públicas, cualquier cooperación internacional tendrá resultados limitados.
Inteligencia: una herramienta clave, pero bajo control
El intercambio de inteligencia es uno de los componentes centrales de la iniciativa y, precisamente por ello, representa uno de los principales puntos de debate. El senador considera indispensable que el Perú cuente con instituciones fortalecidas para aprovechar adecuadamente la información que pueda recibir de Estados Unidos.
Osorio, en cambio, cuestiona qué tipo de inteligencia podría aportar Estados Unidos si, según su percepción, también enfrenta problemas de criminalidad y consumo de drogas. Más allá de sus diferencias, ambos coinciden en que el intercambio de información debe estar sujeto a mecanismos de control y fiscalización.
¿Debe fiscalizar el Congreso?
En este punto, las posiciones de ambos legisladores convergen. Oliver Peña considera que el Congreso debe fiscalizar los acuerdos que suscriba el Ejecutivo, aunque reconoce que existen ámbitos de inteligencia sujetos a reserva.
El senador Percy Osorio también considera necesaria la fiscalización parlamentaria y plantea que esta debe estar acompañada de una lucha contra la corrupción. La pregunta de fondo es cuánto acceso tendrá el Congreso a la información relacionada con los acuerdos y cómo garantizará que la cooperación internacional responda efectivamente a los intereses nacionales.
El verdadero desafío: resultados
Más allá de las críticas y reservas, existe un punto fundamental que determinará el futuro de esta iniciativa: los resultados. Para Oliver Peña, el éxito debería reflejarse en una reducción significativa del narcotráfico y de la producción de cocaína. El legislador recuerda que el Perú ha desarrollado durante años estrategias de lucha antidrogas y considera necesario evaluar por qué el problema persiste.
Percy Osorio, por su parte, señala que la decisión ya ha sido tomada por el Gobierno y que ahora corresponde esperar y evaluar sus resultados. Sin embargo, admite que mantiene una posición escéptica sobre los beneficios que pueda generar.
Una alianza que deberá demostrar su eficacia
La incorporación del Perú al “Escudo de las Américas” coloca nuevamente sobre la mesa una discusión que no es nueva: cómo enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado sin comprometer la soberanía nacional.
Las posiciones de Oliver Peña y Percy Osorio representan una mirada crítica desde el Congreso y ponen sobre la mesa interrogantes que deberán ser respondidos por el Ejecutivo: cuáles serán los compromisos asumidos por el Perú, qué mecanismos de cooperación se implementarán, cómo se manejará la inteligencia compartida y qué controles existirán sobre esos acuerdos. Pero, sobre todo, queda una pregunta que será difícil esquivar:
¿Podrá el “Escudo de las Américas” convertirse en una herramienta efectiva contra el narcotráfico y el crimen organizado, o terminará siendo otra estrategia internacional cuyos resultados el Perú tendrá que esperar para comprobar?
La respuesta no estará solamente en los acuerdos firmados, sino en lo que ocurra en las calles, en las zonas donde opera el narcotráfico y en la capacidad del Estado peruano para recuperar el control de los territorios afectados por el crimen organizado.
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Redacción Lima Gris
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Se alquilan las IE a empresas privadas y las UGEL no saben nada al respecto. ¡Ponga orden, presidente Keiko Fujimori!Los estudiantes de los CEBA públicos tienen que pedir permiso a las empresas que alquilan los espacios educativos para poder usar su propia intitución educativa. Presidente Fujimori encargue a su ministro de Educación a poner orden o ¿hay que pedir facultades legislativas para eso? ¿Y el orden para cuándo ministro Chang?
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3 horas agoon
11/09/2026By
Leonardo Serrano Zapata
Nos prometieron orden, pero ante la ausencia de esta, algunas IE no se sienten en la obligación de transparentar qué, cómo y para qué se utilizan los recursos generados por concepto de alquiler de piscina, canchas de grass sintético, canchas de vóley y otros espacios. Tampoco informan a su instancia inmediata superior UGEL, ¿Quién supervisa lo que ocurre con los contratos entre IE y empresas privadas?
Para muestra, un botón.
En Educación Básica Alternativa, el 98% de los 1440 CEBA públicos compartimos espacio con secundaria y no a las áreas comunes, como patios y zonas de recreación, muchas veces son alquiladas por la propia IE.
Actualmente el club de vóley Géminis alquila los espacios deportivos de vóley en la IE Teresa González de Fannig en Jesús María para desarrollar sus actividades de formación deportiva a menores. El equipo profesional de vóley del club Géminis está dirigido por la DT. Natalia Málaga.
Según documento oficial (Oficio N.º 01191-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL03/DIR-AAJ-AIP) respecto al alquiles de ambientes de la IE Teresa González de Fanning, de Jesús María, se puede leer en el documento de la UGEL 03, «esta área no posee contratos suscritos por la APAFA con la IE para el uso de ambientes».
El D.S. N.° 028-2007-ED (Art. 8, inc. j) dispone explícitamente que el Comité de Gestión de Condiciones Operativas (R.M. N.° 189-2021-MINEDU) tiene la función de informar trimestralmente a la UGEL o DRE sobre el movimiento de captación y uso de los ingresos provenientes de los recursos propios y actividades productivas y empresariales.
Llama la atención que la UGEL 03 no tenga las copias de los contratos de una IE pública referidos al alquiler a empresas privadas que hacen uso de la piscina, las canchas de grass sintético, las canchas de vóley, cochera y otros espacios. Las empresas entre ella el club deportivo Géminis hace uso de los espacios durante el horario de clases turno tarde-noche, del servicio educativo que brinda la IE a través de la modalidad EBA.
Como docente de CEBA debo coordinar un permiso con las empresas (Club Géminis y otros) que usufructúa los bienes del estado para poder realizar una clase o practicar un deporte durante el horario del servicio educativo, ¡en mi propia casa, tengo que pedir permiso!
Contrario al artículo 15° del Decreto Supremo N.° 028-2007-ED que establece, entre otros aspectos, lo siguiente: «Alquiler a plazo fijo, no mayores de un año, de terrenos, campos deportivos, piscinas, auditorios y espacios disponibles sin afectar el normal desarrollo del servicio educativo».
Incluso para realizar los simulacros escolares debemos pedir permiso a quienes usan los espacios de la institución educativa, como el Club Géminis y otros. Además, las deportistas no tienen una participación activa durante los momentos de educación cívica que promueve el Estado para la preparación ante desastres naturales.
Debemos improvisar en espacios abiertos, construidos con otros fines y muchas veces poco iluminados, para realizar las sesiones de educación física. No sería la única IE de Lima que no ha comunicado los detalles de los contratos con empresas privadas respecto al uso de espacios educativos.
Un poco de orden nos vendría bien, ¿empecemos por algo, ¿no? Luego discutimos quiénes son los culpables de los resultados PISA 2025.
Nos intentamos comunicar con la empresa para pedirle sus descargos y, hasta el cierre de este informe, no recibimos respuesta.
¡Los CEBA estamos abandonados!
Y si hablamos de una biblioteca y fomento a la lectura: cuando llegué al CEBA no encontré textos de José María Arguedas ni de ningún otro autor. Sin embargo, dos CEBA —el CEBA Teresa Gonzales de Fanning (Jesús María) y el CEBA Miguel Grau (Magdalena del Mar)— hemos logrado representar a Lima Metropolitana en la categoría «cuento» (que compite con secundaria) y en «ensayo», representando a la UGEL 03 en la etapa nacional que se desarrolló hoy 10 de setiembre.
¿Qué condiciones tenemos los maestros de los CEBA públicos para desarrollar nuestra labor docente? Programan concursos educativos, pero las IE no tienen lo mínimo para que nuestros estudiantes participen. ¡Los CEBA públicos estamos abandonados! ¡Hasta cuándo!
Desde este espacio le pedimos al ministro Chang, en su visita programada para el día de mañana 11 de setiembre a la IE Teresa Gonzalez de Fannig —«poner orden»— y no solo venga para la foto protocolar.
Y a las autoridades de la DRELM y la UGEL03, les pregunto: ¿qué les dicen sus asesores sobre la realidad de los recursos propios recaudados por las IE públicas en Lima? ¿Quién controla esto? ¿Cuál es el plan para los CEBA públicos de Lima?
Visite al menos 5 de los 1440 CEBA públicos y verifique en qué condiciones reciben clases nuestros estudiantes. Evalúe también las condiciones de la modalidad EBA e implemente una política educativa que la haga más atractiva para los casi 8 millones de peruanos que no cuentan con educación básica.
Conozca dónde quedan los tres CEBA que ganaron el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas (Etapa Nacional) en la categoría Ensayo y se dará cuenta de las condiciones en las que operan.
¿Cuándo fue la última vez que un ministro puso en la agenda pública a la modalidad EBA?
¡Ministro Chang haga la diferencia!
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Diputados de la bancada del Buen Gobierno marcan distancia de la administración de Keiko FujimoriAunque Jorge Nieto Montesinos anunció que su agrupación respaldará el pedido de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori, los congresistas Fernando García Huby y Nora Llaque Linares precisan que la posición de la bancada aún está en evaluación. Ambos plantean priorizar la seguridad ciudadana y los asuntos urgentes, mientras advierten que las demás materias deberían seguir el trámite de las comisiones ordinarias.
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1 día agoon
10/09/2026By
Redacción Lima Gris
Por: Mónica Aguilar Obregón
El pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori empieza a generar matices dentro de la bancada del Buen Gobierno. Aunque su líder, Jorge Nieto Montesinos, adelantó que la bancada respaldará la solicitud del Ejecutivo, las declaraciones de los congresistas Fernando García Huby y Nora Llaque Linares revelan una posición menos categórica: las facultades deberán ser evaluadas materia por materia, con prioridad en la seguridad ciudadana y los asuntos considerados urgentes. Ambos parlamentarios sostienen, además, que un eventual respaldo a determinadas facultades no debe confundirse con un apoyo político al Gobierno.
“Hay temas que no son urgentes”
Fernando García Huby fue claro al explicar que la bancada todavía se encuentra evaluando el pedido del Ejecutivo. El parlamentario sostuvo que, incluso si finalmente se decide apoyar las facultades legislativas, no necesariamente serían otorgadas en su totalidad.
Según García, existen materias que no tendrían carácter de urgencia y que podrían ser atendidas mediante el procedimiento legislativo ordinario, a través de las respectivas comisiones del Congreso.
Diputado Fernando García Huby.
Sin embargo, identificó dos preocupaciones centrales para su bancada: la seguridad ciudadana y la atención de los problemas urgentes que enfrenta el país. Su posición abre así la posibilidad de un respaldo parcial al Ejecutivo, pero bajo criterios que deberán ser definidos por el Parlamento.
“No es respaldo político”
La diputada Nora Llaque coincidió en que la discusión aún no está cerrada. Consultada sobre si el Partido del Buen Gobierno otorgará las facultades solicitadas por el gobierno de Keiko Fujimori, respondió que se trata de un asunto que continúa en evaluación.
Llaque sostuvo que, si la bancada decide respaldar la delegación, esta podría concentrarse en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y los problemas considerados urgentes. “Nosotros vamos a ser claros y abiertos. Aquí no hay un respaldo político al gobierno”, afirmó.
La parlamentaria remarcó que una eventual aprobación de facultades no debería interpretarse como un alineamiento político con el Ejecutivo. “Eso no implica un apoyo al gobierno, eso implica un apoyo al país”, enfatizó.
¿Solo en temas urgentes?
La posición expresada por Llaque establece una diferencia importante entre las materias que requieren una respuesta inmediata y aquellas que pueden seguir el trámite parlamentario regular. “Lo otro tendría que pasar a comisiones ordinarias”, sostuvo la diputada.
De esta manera, el Partido del Buen Gobierno plantea que el Congreso mantenga bajo su discusión aquellas iniciativas que no tengan una justificación suficiente para ser incluidas dentro de una delegación extraordinaria de facultades.
La seguridad, en el punto de encuentro
La seguridad ciudadana aparece como uno de los principales puntos de coincidencia entre las declaraciones de ambos parlamentarios. García y Llaque consideran que, ante la gravedad de los problemas de inseguridad, el Ejecutivo podría requerir herramientas legislativas para actuar con mayor rapidez.
Pero ese eventual respaldo tendría un límite: no significaría, según Llaque, convertirse en una bancada oficialista. La diputada insistió en que el objetivo sería contribuir a solucionar problemas concretos y no otorgar un respaldo político general al Gobierno.
Presidenta Keiko Fujimori y Jorge Nieto Montesinos.
La decisión aún está pendiente
Pese a la disposición expresada para analizar favorablemente determinados aspectos del pedido, la bancada todavía no ha tomado una decisión definitiva. “Ese es un tema que la bancada todavía lo va a decidir. Está en discusión todavía”, precisó Llaque.
Por ahora, el Partido del Buen Gobierno parece inclinarse por una fórmula intermedia: evaluar las facultades solicitadas, respaldar aquellas que considere necesarias y urgentes y derivar las demás al trabajo de las comisiones ordinarias.
El desenlace dependerá de la discusión interna de la bancada y, posteriormente, del debate parlamentario. Lo que sí queda claro en las declaraciones de García y Llaque es que el eventual respaldo al Ejecutivo no sería un cheque en blanco.
El mensaje político de la bancada es, por ahora, de colaboración en temas prioritarios, pero manteniendo distancia frente al Gobierno. La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegará ese respaldo cuando el Congreso tenga que pronunciarse sobre cada una de las facultades solicitadas.
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José Antonio Chang evalúa la designación del nuevo miembro del CNE: ¿quién será la cuota del fujimorismo en el Consejo Nacional de Educación?El 7 de setiembre venció el plazo para presentar candidatos que reemplacen a Miriam Ponce, actual viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, en el Consejo Nacional de Educación (CNE). Los demás integrantes del pleno fueron designados durante la gestión de José María Balcázar y de la exministra María Esther Cuadros.
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2 días agoon
09/09/2026By
Leonardo Serrano Zapata
El CNE instaló su pleno para el periodo 2026-2029 el 19 de junio de 2026. Esa reunión de instalación generó un gasto superior a 24 mil soles en dietas.
Miriam Ponce cobró dietas correspondientes a las sesiones del 19 de junio, y del 3 y 17 de julio de 2026, antes de presentar su renuncia al CNE mediante la Resolución Ministerial N.° 448-2026-Minedu, del 30 de julio. El monto bruto acumulado por ese concepto fue de S/ 6,187.50, equivalente a un neto de S/ 5,692.50.
El 26 de agosto de 2026, mediante la Resolución Ministerial N.° 497-2026-Minedu, el Minedu creó el comité encargado de evaluar a los candidatos para integrar el CNE durante el periodo 2026-2029.
El 1 de setiembre, el ministerio publicó la convocatoria dirigida a la comunidad educativa para proponer candidatos a la vacante. El plazo, inicialmente fijado para el 11 de setiembre, se adelantó luego al 7 de setiembre. Esta vez, a pesar de tener conocimiento de la convocatoria no me presenté.
Hay un dato que debería llamar nuestra atención: el enlace público de la convocatoria (https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-publicaciones/8543198-convocatoria-para-recibir-propuestas-para-integrar-el-consejo-nacional-de-educacion) ya no está disponible en línea.
Ese mismo patrón se repitió en el proceso que llevó a la designación de Mery Tairo Urbano como consejera del CNE, figura cercana al entorno de la expresidenta Dina Boluarte, según hechos que este medio documentó en entregas anteriores (https://limagris.com/alfredo-leon-sanchez-y-mery-tairo-urbano-las-cuestionadas-designaciones-al-consejo-nacional-de-educacion-por-la-ministra-esther-cuadros-espinoza/)
En aquella oportunidad, el enlace de esa convocatoria también desapareció de la red.
Todo indicaría que el actual gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) estaría replicando las mismas mañas administrativas que en su momento facilitaron la designación cuestionada de la excompañera de secundaria y amiga de la exmandataria Dina Boluarte.
En medio de este proceso reaparece una funcionaria clave: Doris Lorena Gavilano Iglesias, actual secretaria general del Minedu, quien también formó parte del comité que evaluó la postulación de Tairo.
En esta oportunidad vuelve a integrar el comité, junto con Luis Alemán Nakamine, viceministro de Gestión Institucional; Miriam Ponce Vertiz, viceministra de Gestión Pedagógica; y dos invitados elegidos directamente por el ministro Chang.
Corresponde ahora a este comité concluir la evaluación y elevar su propuesta al despacho ministerial, para que sea el propio Chang quien adopte la decisión final mediante resolución ministerial.
El CNE está conformado por doce integrantes y tiene, por norma, un carácter plural y multidisciplinario. Sin embargo, el hecho de que su conformación dependa de la aprobación discrecional del titular del Minedu le resta el componente independiente que en teoría debería tener, y lo convierte, en la práctica, en una designación de naturaleza política.
Esta designación adquiere especial relevancia por otro asunto de fondo: el currículo nacional de educación básica. Durante la gestión del exministro Jorge Marticorena se creó, mediante la Resolución Ministerial N.° 393-2026-Minedu, una Comisión Sectorial para el proceso de actualización curricular, con vigencia prevista hasta diciembre de 2027. Sin embargo, esa comisión fue derogada el 2 de setiembre de 2026, mediante la Resolución Ministerial N.° 518-2026-Minedu, firmada por el ministro Chang. Por ahora, el gobierno no revisará el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) y continuará insistiendo en una narrativa que responsabiliza únicamente a los docentes por los resultados de los estudiantes.
Esa narrativa la vienen sosteniendo actores políticos como la economista Mercedes Aráoz Fernández, ex vicepresidenta y ex presidenta de la PCM, quien ha cuestionado públicamente: “se ha multiplicado el gasto en educación y los resultados han sido totalmente contrarios al aumento en el gasto”. Recordemos que Araoz fue parte del gobierno de PPK (derecha), periodo de la mayor huelga magisterial en la historia reciente, la del 2017.
Atentos docentes, en diversos medios se ha iniciado una narrativa contra la labor docente al señalar que el gasto en educación — principalmente el aumento de la remuneración docente — se ha multiplicado sin que ello se traduzca en mejores resultados, como si el desempeño docente fuera la única dimensión en la variable rendimiento escolar.
Cabe entonces preguntarse: ¿la reforma que invoca Aráoz consistirá en perseguir, mediante monitoreos y evaluaciones disfrazadas de meritocracia, a los docentes críticos del gobierno? ¿O se avecina una etapa de despidos dirigida contra un gremio magisterial que, desde 2017, ha representado un contrapeso incómodo para el poder de turno?
¿Quién será, finalmente, el designado por la gestión de Chang? La incorporación de este nuevo integrante del CNE podría marcar el rumbo de la institución, que tendrá un papel determinante frente a los próximos cambios curriculares y otras políticas de Estado.
Los actuales miembros del CNE, designados durante la gestión de José María Balcázar, mantienen mandatos vigentes hasta el año 2029, año en que el consejo deberá renovarse bajo el gobierno que entonces esté en funciones.
Dadas las alianzas y traiciones que suelen sucederse cerca del poder, subsiste hoy la incertidumbre sobre si Keiko Fujimori conservará ese poder para entonces, en un contexto marcado por los cuestionamientos que se avecinan. ¿Quién sabe?
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Congreso bajo la lupa: los cuestionados perfiles naranjas que Fuerza Popular contrató en el ParlamentoLos perfiles de algunos trabajadores incorporados por la bancada de Fuerza Popular han generado graves cuestionamientos. Más allá de los nombres y las disputas políticas, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué filtros se aplican para contratar a quienes trabajan con poder y recursos públicos?
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2 días agoon
08/09/2026By
Elio León
En el Congreso de la República, la contratación de personal de confianza vuelve a quedar bajo la lupa. Un informe publicado por El Foco, pone sobre la mesa una discusión que suele quedar relegada detrás de las disputas políticas: los estándares de transparencia, idoneidad e integridad que deberían exigirse a quienes ocupan puestos financiados con recursos públicos.
La publicación identifica a trabajadores vinculados a la bancada de Fuerza Popular cuyos perfiles y antecedentes, según la información recopilada por el medio, merecen ser revisados. Entre ellos aparecen el hijo del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, una exfuncionaria de Migraciones vinculada al contexto de la fuga del exmagistrado César Hinostroza, una persona condenada por agredir e intentar prender fuego a su expareja, cuatro excongresistas y otros trabajadores que registrarían antecedentes penales o policiales.
Uno de los casos mencionados es el de Ernesto Mario Álvarez Escudero, hijo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, contratado como asesor del senador Jacques Rodrich Ackerman con una remuneración de S/ 8.400.
El reportaje también pone bajo observación la contratación de Elizabeth Du Bois Curcio, quien, de acuerdo con la investigación, no registra título ni grado de bachiller ante la Sunedu y mantiene un vínculo de pareja con un exfuncionario parlamentario.
Du Bois respondió públicamente a los cuestionamientos mediante su cuenta de X. Afirmó contar con más de seis años de experiencia en el Congreso y en instituciones públicas y privadas, además de una especialización en la Universidad de San Martín de Porres y varios diplomados.
También señaló que tendría un trámite «pendiente» ante la Sunedu y atribuyó esta situación al cierre operativo de la institución donde estudió. Es decir, ya no existe la institución donde habría estudiado. Sin embargo, esta explicación requiere una precisión elemental: estudios realizados en una institución, una especialización, un diplomado, un grado académico y un título profesional son categorías distintas y no pueden presentarse como equivalentes. Si existe un trámite pendiente, corresponde precisar cuál es su naturaleza y qué documento acredita efectivamente la formación invocada.
Otro nombre que aparece en la investigación es el de Yojany Dominga Rujel Sullón, exfuncionaria de Migraciones y esposa del excongresista fujimorista Juan Carlo Yuyes. Según El Foco, Rujel fue jefa de quien se desempeñaba como inspectora de Migraciones en Tumbes cuando se produjo la salida del país de César Hinostroza en 2018.
El reportaje también menciona a Vilma Guevara Tapia, quien, según la documentación citada por el medio, fue condenada a 52 jornadas de servicio comunitario por agredir e intentar prender fuego a su expareja. Asimismo, identifica a asesores que registrarían antecedentes o investigaciones. Entre ellos figura Julio Matzuda Watanabe, exdirectivo de Aelucoop, entidad intervenida y posteriormente disuelta por la SBS tras registrar pérdidas superiores a S/400 millones.
Pero existe otra discusión, distinta y plenamente legítima: la idoneidad para ejercer una función pública. Y ahí está el verdadero problema.
Quien trabaja en el Congreso participa, de manera directa o indirecta, en un espacio donde se toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos. Por eso, la pregunta no debería ser únicamente si una contratación es legal. También debería ser si existen filtros suficientes para garantizar que quienes ocupan esos puestos cumplen con los requisitos, acreditan su formación y no presentan situaciones que puedan generar conflictos de intereses o afectar la confianza pública.
Los parlamentarios tienen derecho a contratar personal de confianza dentro del marco establecido por la ley. Pero la legalidad mínima no debería convertirse en el techo de la responsabilidad pública.
La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son contratados, qué funciones desempeñan, qué requisitos acreditan, cuánto reciben del Estado y qué posibles conflictos de intereses deben ser evaluados antes de su incorporación.
Por eso, corresponde que las instituciones competentes revisen, dentro de sus atribuciones, los procedimientos de contratación señalados y determinen si estos se ajustan a las normas vigentes. No se trata de perseguir nombres ni de convertir cada cuestionamiento en una batalla partidaria. Se trata de verificar si el Estado está haciendo aquello que debería hacer antes de entregar poder y recursos públicos: comprobar la idoneidad de quienes los administran.
En el Congreso, como en cualquier institución pública, la confianza no se hereda, no se presume y no se negocia: se acredita.
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Congreso pone límites al pedido de facultades de 66 temas propuestos por el EjecutivoEl Ejecutivo solicita 120 días para legislar en seguridad, crimen organizado, emergencias, empleo, tributación y modernización del Estado. La Comisión de Constitución ya revisa el pedido y ha convocado a otras 13 comisiones para evaluar su alcance. Este miércoles, el premier Luis Galarreta deberá sustentar ante el Pleno por qué el Gobierno necesita ampliar temporalmente su capacidad legislativa.
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3 días agoon
08/09/2026By
Redacción Lima Gris
Premier Luis Galarreta. Foto: Andina.
Por Susan Acuña Cruz
El Gobierno ha puesto sobre la mesa del Congreso una de las decisiones políticas más importantes de los próximos meses: solicita facultades para legislar durante 120 días sobre 66 materias que abarcan desde la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado hasta la tributación, el empleo, la prevención de desastres y la modernización del Estado. El pedido ya está bajo revisión parlamentaria y, lejos de avanzar como un trámite rutinario, empieza a generar preguntas sobre los límites que deberá tener la delegación de poder al Ejecutivo.
Este miércoles 9 de septiembre, el premier Luis Galarreta acudirá al Congreso para explicar por qué considera urgente que el Gobierno pueda legislar sobre este amplio conjunto de materias. La presentación será clave para que los parlamentarios evalúen si las facultades solicitadas están debidamente justificadas, cuáles pueden ser aprobadas y en qué casos será necesario reducir o precisar su alcance.
El pedido del Ejecutivo incluye 66 temas agrupados en distintas áreas. Entre las prioridades figuran la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, el sistema penitenciario, la gestión del riesgo de desastres, la atención frente al Fenómeno El Niño, la promoción del empleo, las micro y pequeñas empresas, la tributación y la modernización de la administración pública.
En seguridad, una de las propuestas más sensibles plantea establecer un marco legal que permita clasificar a determinados grupos criminales como organizaciones terroristas. También se busca autorizar una participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios y reforzar las herramientas para rastrear, geolocalizar y bloquear equipos celulares utilizados ilegalmente desde los penales.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas responden a problemas que requieren decisiones rápidas. Galarreta ha defendido la solicitud bajo el argumento de que permitirá acelerar acciones contra la delincuencia y mejorar el funcionamiento del Estado. Dentro del paquete también se plantea modificar los mecanismos de respuesta frente a emergencias, de modo que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda entregar ayuda humanitaria directamente durante los primeros días de una emergencia, reduciendo los trámites que actualmente pueden retrasar la atención.
Cámara de Diputados.
Pero la amplitud del pedido ha llevado al Congreso a revisar cada materia con especial atención. La Comisión de Constitución, encargada de analizar la solicitud, ha pedido opinión a otras 13 comisiones parlamentarias. El objetivo es determinar si las materias planteadas pueden ser delegadas constitucionalmente y, sobre todo, si los términos propuestos por el Ejecutivo son suficientemente precisos.
La delegación de facultades legislativas no significa que el Congreso renuncie definitivamente a su capacidad de legislar. Se trata de un mecanismo excepcional mediante el cual el Parlamento autoriza temporalmente al Ejecutivo a emitir normas sobre materias específicas. Precisamente por ello, la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, ha insistido en la necesidad de revisar el alcance de la solicitud y recoger opiniones de especialistas, sindicatos, organizaciones indígenas y otras instituciones antes de adoptar una decisión.
El proceso, sin embargo, avanza contra el reloj. La comisión se ha declarado en sesión permanente y tiene hasta el 18 de septiembre para elaborar su dictamen. A partir de allí, el pedido podrá llegar al Pleno de la Cámara de Diputados en su versión original, con modificaciones o de manera parcial.
Cámara de senadores.
El primer gran examen será este miércoles. A las 3 de la tarde, Galarreta deberá presentarse ante el Congreso para sustentar las razones por las que el Ejecutivo considera indispensable contar con estas facultades. No solo tendrá que explicar la urgencia de las medidas, sino también defender por qué las 66 materias requieren una autorización legislativa excepcional.
El debate ocurre en un contexto marcado por la inseguridad y la amenaza de emergencias climáticas. El presidente del Congreso, Miguel Torres, ha señalado que espera que la decisión se adopte con rapidez para atender asuntos vinculados con la seguridad, el Fenómeno El Niño y la simplificación del Estado.
Por ahora, las 66 materias siguen sobre la mesa y los 120 días solicitados todavía no tienen autorización. El Ejecutivo busca una herramienta para acelerar sus decisiones; el Congreso, en cambio, tiene la tarea de determinar hasta dónde está dispuesto a delegar su poder.
Más allá de la cifra —66 materias y 120 días—, el debate plantea una pregunta de fondo: ¿cuánto poder puede delegar el Congreso al Ejecutivo sin poner en riesgo su propia función de legislar y controlar? La respuesta empezará a definirse este miércoles, cuando Galarreta intente convencer a los parlamentarios de que la urgencia del país justifica la amplitud del pedido.
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Diputada Verónica Yonz y el expediente de la crisis en IcaUn oficio enviado al presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, expone el alarmante deterioro de las vías de comunicación, el riesgo en las avionetas de Nasca y el abandono del saneamiento básico en plena crisis de un nuevo Fenómeno El Niño.
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3 días agoon
08/09/2026By
Redacción Lima Gris
Ica llega a una nueva temporada de riesgos con demasiadas preguntas y pocas certezas. Mientras la Panamericana Sur enfrenta problemas de congestión y erosión, la seguridad de los sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca vuelve a estar bajo escrutinio y miles de familias continúan esperando soluciones para acceder a servicios básicos de agua y saneamiento. A esto se suma la amenaza del Fenómeno El Niño 2026-2027, que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado.
En ese escenario, un documento ingresado al Congreso de la República coloca sobre la mesa una serie de asuntos que las autoridades deberán explicar. El Oficio N.° 58-2026-2027-MVYN/CD, firmado por la diputada Mady Verónica Yonz Núñez, reúne preguntas sobre infraestructura vial, seguridad aérea, obras de saneamiento, prevención de desastres y proyectos pendientes en la región. Más que un trámite parlamentario, el documento dibuja el mapa de las urgencias de Ica y plantea una pregunta incómoda: ¿está el Estado preparado para responder antes de que las advertencias se conviertan en emergencias?
Se trata del Oficio N° 58-2026-2027-MVYN/CD, firmado el 7 de septiembre de 2026 por la diputada Mady Verónica Yonz Núñez y dirigido a Luis E. Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes. A simple vista, parece un trámite parlamentario más. En el fondo, es un petitorio de cuentas urgentes que retrata la vulnerabilidad de la región Ica en dos de sus pilares más sensibles: la conectividad y los servicios básicos.
La escena es conocida. Se avecinan los ministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento a rendir cuentas ante el Parlamento. Pero lo que el oficio pone sobre la mesa no son números abstractos, sino una secuencia de alertas operativas no resueltas.
Diputada Verónica Yonz en Comisión del Congreso.
La Panamericana Sur: un embudo sin resolver
El primer gran capítulo del documento apunta a la columna vertebral del sur peruano: la Panamericana Sur. Mientras el parque automotor crece, la promesa del tercer carril de la Red Vial N° 6 continúa bajo la sombra de la duda contractual y presupuestal. El oficio exige respuestas concretas sobre los cronogramas que deben evitar que el tramo hacia Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca colapse definitivamente.
A esto se suma un peligro inminente y costero: la erosión del borde marítimo en el distrito de San Andrés, en Pisco. La marea y la socavación avanzan día a día, amenazando con carcomer la vía nacional. El documento cuestiona qué medidas de emergencia se han tomado realmente y si Provías Nacional tiene, más allá de los discursos, un plan de contingencia real o solo paliativos.
Los cielos de Nasca y la sombra sobre el turismo
El documento abre también una rendija hacia la aviación comercial y turística. Los sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca, uno de los atractivos internacionales más importantes del país, demandan garantías de seguridad rigurosas.
El oficio solicita a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) un informe detallado sobre la fiscalización a los operadores, el estado de las aeronaves, los aeródromos y, de manera crítica, el resultado de las investigaciones de incidentes y accidentes recientes. Una interrogante directa sobre si se está protegiendo la vida de miles de usuarios o si se opera al borde del riesgo.
En paralelo, se cuestiona el lento despegue del Aeropuerto de Pisco, una infraestructura llamada a descongestionar el tráfico aéreo de la capital pero cuya utilización operativa sigue sin consolidarse.
La paradoja del agua en la «Tierra Prometida»
Si el sector transportes muestra fisuras, el panorama en Vivienda y Saneamiento evidencia brechas históricas. La ironía bautismal del sector conocido como Tierra Prometida, en Ica, queda al descubierto en la agenda legislativa. Miles de pobladores enfrentan un abastecimiento discontinuo, baja presión y el constante deterioro de las redes de agua potable y alcantarillado.
El documento exige transparentar los avances en los estudios de preinversión, la factibilidad técnica y la titulación masiva a cargo de COFOPRI, un cuello de botella que impide el desarrollo formal de la zona.
Del mismo modo, se piden explicaciones sobre el estado contractual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Chincha y las tramas burocráticas detrás de las tasaciones pendientes en la Solución Integral de la Quebrada Cansas, demoras que paralizan obras clave para la prevención de desastres.
El reloj del Fenómeno El Niño
Todo esto ocurre mientras el reloj meteorológico corre. Frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, la región Ica vuelve a mirar al cielo con incertidumbre. El informe parlamentario demanda precisar el estado de siete puntos críticos asignados al sector Vivienda y la disponibilidad real de maquinaria pesada y transferencias presupuestales antes de que las lluvias e inundaciones conviertan los expedientes en emergencias no atendidas.
El Oficio enviado por la diputada Yonz, no es solo un pliego de preguntas. Es la fotografía de una provincia que exige saber si el Estado reaccionará a tiempo o si, una vez más, la burocracia llegará cuando el daño sea irreversible.
Política
Jorge Del Castillo responde a periodista mexicana Anabel Hernández por acusaciones contra Alan GarcíaEl excongresista y exprimer ministro aprista respondió a las declaraciones de la periodista de investigación mexicana, quien vinculó al fallecido expresidente con una presunta operación de armas para el Cártel de Sinaloa durante su segundo gobierno.
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3 días agoon
07/09/2026By
Redacción Lima Gris
Jorge Del Castillo se pronunció frente a las acusaciones lanzadas por la periodista mexicana Anabel Hernández contra Alan García y su segundo gobierno (2006-2011), luego de que la comunicadora señalara presuntos nexos entre el expresidente peruano y una operación de tráfico de armas vinculada al Cártel de Sinaloa.
Hernández, reconocida por sus investigaciones sobre el crimen organizado en México, afirmó que la infiltración del cartel mexicano alcanzó a gobiernos de distintos países de la región, entre ellos Perú y Venezuela, y mencionó a García Pérez dentro de ese entramado.
En una entrevista con Aristegui Noticias, la periodista fue más allá y sostuvo que gran parte del armamento que causó miles de muertes en México entre 2004 y 2010 salió del gobierno peruano: «Vino del gobierno de Perú, a cambio de millones y millones de dólares que se pagaron a un presidente de esa nación», declaró. Según Hernández, la acusación se sustenta en el testimonio del testigo protegido Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», exmiembro de la cúpula del Cártel de Sinaloa, quien habría declarado la existencia de un acuerdo entre esa organización y el entonces presidente Alan García para obtener armas que el Estado peruano había comprado previamente a China.
Ante ello, Del Castillo —figura cercana al histórico líder aprista— rechazó los señalamientos y los calificó de infundados, respondiendo de manera directa a cada uno de los puntos planteados por la periodista.
Las declaraciones generaron reacciones en el entorno aprista: la cuenta @apraprensa y allegados al partido expresaron su respaldo a la defensa hecha por Del Castillo, mientras el tema escala en redes sociales y medios de ambos países.
Política
Ministro de educación José Antonio Chang: Las evaluaciones del desempeño docente no son punitivas [VIDEO]Pese a las declaraciones del ministro Chang respecto a la no aplicación de la evaluación punitiva contra los maestros. Las Ugeles subordinadas al MINEDU presionan a los docentes usando el concepto «evaluación punitiva». Me ocurrió durante la visita una especialista de la Ugel 03 el 2 de setiembre.
Published
4 días agoon
07/09/2026By
Leonardo Serrano Zapata
La evaluación del desempeño docente y la carrera pública magisterial descansan sobre una premisa meritocrática: el desarrollo profesional de los docentes se demuestra mediante evaluaciones formativas y procesos de capacitación continuos.
Al respecto, el ministro de educación José Antonio Chang ha señalado durante la entrevista con el periodista Nicolás Lúcar la necesidad de futuras evaluaciones a docentes:
«Vamos a retornar a eso, a evaluaciones censales, pero ya no solo de lápiz y papel… Queremos ver cómo se desempeña el profesor en el aula, qué logros de aprendizaje obtienen los alumnos con ese profesor».
Asimismo, el ministro enfatizó que estos procesos carecen de carácter punitivo:
«Hay que quitar el miedo a la evaluación como un mecanismo para votar profesores. Acá nadie quiere votar». El periodista le replica al ministro, le decían la evaluación punitiva, a lo que el ministro responde: «Que demuestren que si alguien salió producto de las evaluaciones. Nadie salió.
Las evaluaciones no son punitivas, los docentes lo sabemos, algo que ministro tiene muy claro, sin embargo, en la práctica cotidiana ocurre una realidad distante a la expuesta en el discurso oficial.
Durante dos semanas como docente y asesor del CEBA Teresa González de Fanning, esperé la visita institucional de la UGEL 03 o de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) para reconocer a mi estudiante, quien obtuvo el primer lugar en la etapa Ugel y regional del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas” (Categoría D).
Pese a la anunciada visita de la directora Carmen Medina de la UGEL 03, la felicitación no llegó; en su lugar, el pasado miércoles 2 de septiembre recibí la visita Aracelli Gonzales Sánchez monitora en representación de la UGEL 03 para realizar un monitoreo docente.
Durante el desarrollo de la sesión la representante de la UGEL 03 interrumpió la clase para llamarme la atención delante de mis estudiantes, por el uso de la pizarra. En el espacio de reflexión, la monitora — quien mencionó tener postdoctorado en educación — sentenció:
«Este monitoreo es solamente de observación. Posteriormente vendrá la especialista de la Ugel 03 para realizar una evaluación punitiva que podrá ser agregada a su registro escalafonario».
Convertir un monitoreo pedagógico en una amenaza sobre la estabilidad o el escalafón laboral mediante el término “punitivo” constituye una mala práctica que vulnera los protocolos del MINEDU.
Esta advertencia contradice la normativa vigente del Ministerio de Educación (MINEDU). La Evaluación del Desempeño Docente no está concebida como un acto fiscalizador o de castigo, sino como una herramienta de perfeccionamiento continúo sustentada en las Rúbricas de Observación de Aula.
«Durante la visita al aula, el acompañante/monitor debe ingresar con actitud empática y respetuosa, generando un clima de confianza que garantice el desarrollo habitual de la sesión de aprendizaje, evitando cualquier tipo de interrupción, juzgamiento, fiscalización o actitud que genere ansiedad o tensión en el docente.» (Orientaciones para el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico – MINEDU)
Este instrumento evalúa aspectos clave del segundo dominio del Marco de Buen Desempeño Docente (Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes), tales como involucrar a los estudiantes, promover el pensamiento crítico y monitorear el progreso para ofrecer retroalimentación formativa y adecuar la enseñanza.
Las rúbricas clasifican el desempeño en cuatro niveles de logro (I Inicio, II Proceso, III Logrado y IV Destacado), estableciendo que un docente es efectivo al alcanzar los Niveles III o IV. El protocolo exige que el monitor identifique conductas observables y recolecte evidencias en su matriz para ofrecer una retroalimentación constructiva en un clima de confianza, evitando generar ansiedad o temor en el docente evaluado.
Estoy a favor de la evaluación del desempeño docente, pero el monitoreo y acompañamiento docente no debe ser usado como un mecanismo de control o amenaza.
En ese marco, resulta indispensable solicitar a los directores de la DRELM, Cornelio Gonzales Torres, y de la UGEL 03, Carmen Medina Rosas, capacitar adecuadamente al personal que realiza el monitoreo y acompañamiento docente y directivo.
Finalmente, dos ineludibles interrogantes: ¿Hasta qué punto el monitoreo docente a nivel nacional cumple realmente con el propósito formativo que estipula el MINEDU? ¿Cuáles serán los cambios que prepara la gestión del ministro Chang para poner en marcha la anunciada evaluación censal del desempeño docente a nivel nacional?
Datos:
- Minedu reprograma evaluación de ascenso docente (prueba nacional) para el 25 de octubre. En esta jornada, 103 mil maestros de la Carrera Pública Magisterial enfrentarán una prueba nacional destinada a medir su dominio pedagógico por nivel y especialidad.
- SITEP durante la V asamblea nacional de delegados acuerda un paro nacional. Aún no han precisado la fecha de la medida de lucha.
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