Se alquilan las IE a empresas privadas y las UGEL no saben nada al respecto. ¡Ponga orden, presidente Keiko Fujimori!

Política Se alquilan las IE a empresas privadas y las UGEL no saben nada al respecto. ¡Ponga orden, presidente Keiko Fujimori! Los estudiantes de los CEBA públicos tienen que pedir permiso a las empresas que alquilan los espacios educativos para poder usar su propia intitución educativa. Presidente…

Política

Los estudiantes de los CEBA públicos tienen que pedir permiso a las empresas que alquilan los espacios educativos para poder usar su propia intitución educativa. Presidente Fujimori encargue a su ministro de Educación a poner orden o ¿hay que pedir facultades legislativas para eso? ¿Y el orden para cuándo ministro Chang?

Published

22 segundos ago

11/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

Nos prometieron orden, pero ante la ausencia de esta, algunas IE no se sienten en la obligación de transparentar qué, cómo y para qué se utilizan los recursos generados por concepto de alquiler de piscina, canchas de grass sintético, canchas de vóley y otros espacios. Tampoco informan a su instancia inmediata superior UGEL, ¿Quién supervisa lo que ocurre con los contratos entre IE y empresas privadas?

Para muestra, un botón.

En Educación Básica Alternativa, el 98% de los 1440 CEBA públicos compartimos espacio con secundaria y no a las áreas comunes, como patios y zonas de recreación, muchas veces son alquiladas por la propia IE.

Actualmente el club de vóley Géminis alquila los espacios deportivos de vóley en la IE Teresa González de Fannig en Jesús María para desarrollar sus actividades de formación deportiva a menores. El equipo profesional de vóley del club Géminis está dirigido por la DT. Natalia Málaga.

Según documento oficial (Oficio N.º 01191-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL03/DIR-AAJ-AIP) respecto al alquiles de ambientes de la IE Teresa González de Fanning, de Jesús María, se puede leer en el documento de la UGEL 03, «esta área no posee contratos suscritos por la APAFA con la IE para el uso de ambientes».

El D.S. N.° 028-2007-ED (Art. 8, inc. j) dispone explícitamente que el Comité de Gestión de Condiciones Operativas (R.M. N.° 189-2021-MINEDU) tiene la función de informar trimestralmente a la UGEL o DRE sobre el movimiento de captación y uso de los ingresos provenientes de los recursos propios y actividades productivas y empresariales.

Llama la atención que la UGEL 03 no tenga las copias de los contratos de una IE pública referidos al alquiler a empresas privadas que hacen uso de la piscina, las canchas de grass sintético, las canchas de vóley, cochera y otros espacios. Las empresas entre ella el club deportivo Géminis hace uso de los espacios durante el horario de clases turno tarde-noche, del servicio educativo que brinda la IE a través de la modalidad EBA.

Como docente de CEBA debo coordinar un permiso con las empresas (Club Géminis y otros) que usufructúa los bienes del estado para poder realizar una clase o practicar un deporte durante el horario del servicio educativo, ¡en mi propia casa, tengo que pedir permiso!

Contrario al artículo 15° del Decreto Supremo N.° 028-2007-ED que establece, entre otros aspectos, lo siguiente: «Alquiler a plazo fijo, no mayores de un año, de terrenos, campos deportivos, piscinas, auditorios y espacios disponibles sin afectar el normal desarrollo del servicio educativo».

Incluso para realizar los simulacros escolares debemos pedir permiso a quienes usan los espacios de la institución educativa, como el Club Géminis y otros. Además, las deportistas no tienen una participación activa durante los momentos de educación cívica que promueve el Estado para la preparación ante desastres naturales.

Debemos improvisar en espacios abiertos, construidos con otros fines y muchas veces poco iluminados, para realizar las sesiones de educación física. No sería la única IE de Lima que no ha comunicado los detalles de los contratos con empresas privadas respecto al uso de espacios educativos.

Un poco de orden nos vendría bien, ¿empecemos por algo, ¿no? Luego discutimos quiénes son los culpables de los resultados PISA 2025.

Nos intentamos comunicar con la empresa para pedirle sus descargos y, hasta el cierre de este informe, no recibimos respuesta.

¡Los CEBA estamos abandonados!

Y si hablamos de una biblioteca y fomento a la lectura: cuando llegué al CEBA no encontré textos de José María Arguedas ni de ningún otro autor. Sin embargo, dos CEBA —el CEBA Teresa Gonzales de Fanning (Jesús María) y el CEBA Miguel Grau (Magdalena del Mar)— hemos logrado representar a Lima Metropolitana en la categoría «cuento» (que compite con secundaria) y en «ensayo», representando a la UGEL 03 en la etapa nacional que se desarrolló hoy 10 de setiembre.

¿Qué condiciones tenemos los maestros de los CEBA públicos para desarrollar nuestra labor docente? Programan concursos educativos, pero las IE no tienen lo mínimo para que nuestros estudiantes participen. ¡Los CEBA públicos estamos abandonados! ¡Hasta cuándo!

Desde este espacio le pedimos al ministro Chang, en su visita programada para el día de mañana 11 de setiembre a la IE Teresa Gonzalez de Fannig —«poner orden»— y no solo venga para la foto protocolar.

Y a las autoridades de la DRELM y la UGEL03, les pregunto: ¿qué les dicen sus asesores sobre la realidad de los recursos propios recaudados por las IE públicas en Lima? ¿Quién controla esto? ¿Cuál es el plan para los CEBA públicos de Lima?

Visite al menos 5 de los 1440 CEBA públicos y verifique en qué condiciones reciben clases nuestros estudiantes. Evalúe también las condiciones de la modalidad EBA e implemente una política educativa que la haga más atractiva para los casi 8 millones de peruanos que no cuentan con educación básica.

Conozca dónde quedan los tres CEBA que ganaron el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas (Etapa Nacional) en la categoría Ensayo y se dará cuenta de las condiciones en las que operan.

¿Cuándo fue la última vez que un ministro puso en la agenda pública a la modalidad EBA?

¡Ministro Chang haga la diferencia!

Comentarios Related Topics:alquilan instituciones educativasempresas privadasministro José Antonio ChangUGEL Don't Miss

Diputados de la bancada del Buen Gobierno marcan distancia de la administración de Keiko Fujimori

Leonardo Serrano Zapata

Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).

Política

Diputados de la bancada del Buen Gobierno marcan distancia de la administración de Keiko Fujimori

Aunque Jorge Nieto Montesinos anunció que su agrupación respaldará el pedido de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori, los congresistas Fernando García Huby y Nora Llaque Linares precisan que la posición de la bancada aún está en evaluación. Ambos plantean priorizar la seguridad ciudadana y los asuntos urgentes, mientras advierten que las demás materias deberían seguir el trámite de las comisiones ordinarias.

Published

23 horas ago

10/09/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

El pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori empieza a generar matices dentro de la bancada del Buen Gobierno. Aunque su líder, Jorge Nieto Montesinos, adelantó que la bancada respaldará la solicitud del Ejecutivo, las declaraciones de los congresistas Fernando García Huby y Nora Llaque Linares revelan una posición menos categórica: las facultades deberán ser evaluadas materia por materia, con prioridad en la seguridad ciudadana y los asuntos considerados urgentes. Ambos parlamentarios sostienen, además, que un eventual respaldo a determinadas facultades no debe confundirse con un apoyo político al Gobierno.

“Hay temas que no son urgentes”

Fernando García Huby fue claro al explicar que la bancada todavía se encuentra evaluando el pedido del Ejecutivo. El parlamentario sostuvo que, incluso si finalmente se decide apoyar las facultades legislativas, no necesariamente serían otorgadas en su totalidad.

Según García, existen materias que no tendrían carácter de urgencia y que podrían ser atendidas mediante el procedimiento legislativo ordinario, a través de las respectivas comisiones del Congreso.

Diputado Fernando García Huby.

Sin embargo, identificó dos preocupaciones centrales para su bancada: la seguridad ciudadana y la atención de los problemas urgentes que enfrenta el país. Su posición abre así la posibilidad de un respaldo parcial al Ejecutivo, pero bajo criterios que deberán ser definidos por el Parlamento.

“No es respaldo político”

La diputada Nora Llaque coincidió en que la discusión aún no está cerrada. Consultada sobre si el Partido del Buen Gobierno otorgará las facultades solicitadas por el gobierno de Keiko Fujimori, respondió que se trata de un asunto que continúa en evaluación.

Llaque sostuvo que, si la bancada decide respaldar la delegación, esta podría concentrarse en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y los problemas considerados urgentes. “Nosotros vamos a ser claros y abiertos. Aquí no hay un respaldo político al gobierno”, afirmó.

La parlamentaria remarcó que una eventual aprobación de facultades no debería interpretarse como un alineamiento político con el Ejecutivo. “Eso no implica un apoyo al gobierno, eso implica un apoyo al país”, enfatizó.

¿Solo en temas urgentes?

La posición expresada por Llaque establece una diferencia importante entre las materias que requieren una respuesta inmediata y aquellas que pueden seguir el trámite parlamentario regular. “Lo otro tendría que pasar a comisiones ordinarias”, sostuvo la diputada.

De esta manera, el Partido del Buen Gobierno plantea que el Congreso mantenga bajo su discusión aquellas iniciativas que no tengan una justificación suficiente para ser incluidas dentro de una delegación extraordinaria de facultades.

La seguridad, en el punto de encuentro

La seguridad ciudadana aparece como uno de los principales puntos de coincidencia entre las declaraciones de ambos parlamentarios. García y Llaque consideran que, ante la gravedad de los problemas de inseguridad, el Ejecutivo podría requerir herramientas legislativas para actuar con mayor rapidez.

Pero ese eventual respaldo tendría un límite: no significaría, según Llaque, convertirse en una bancada oficialista. La diputada insistió en que el objetivo sería contribuir a solucionar problemas concretos y no otorgar un respaldo político general al Gobierno.

Presidenta Keiko Fujimori y Jorge Nieto Montesinos.

La decisión aún está pendiente

Pese a la disposición expresada para analizar favorablemente determinados aspectos del pedido, la bancada todavía no ha tomado una decisión definitiva. “Ese es un tema que la bancada todavía lo va a decidir. Está en discusión todavía”, precisó Llaque.

Por ahora, el Partido del Buen Gobierno parece inclinarse por una fórmula intermedia: evaluar las facultades solicitadas, respaldar aquellas que considere necesarias y urgentes y derivar las demás al trabajo de las comisiones ordinarias.

El desenlace dependerá de la discusión interna de la bancada y, posteriormente, del debate parlamentario. Lo que sí queda claro en las declaraciones de García y Llaque es que el eventual respaldo al Ejecutivo no sería un cheque en blanco.

El mensaje político de la bancada es, por ahora, de colaboración en temas prioritarios, pero manteniendo distancia frente al Gobierno. La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegará ese respaldo cuando el Congreso tenga que pronunciarse sobre cada una de las facultades solicitadas.

Comentarios Continue Reading

Política

José Antonio Chang evalúa la designación del nuevo miembro del CNE: ¿quién será la cuota del fujimorismo en el Consejo Nacional de Educación?

El 7 de setiembre venció el plazo para presentar candidatos que reemplacen a Miriam Ponce, actual viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, en el Consejo Nacional de Educación (CNE). Los demás integrantes del pleno fueron designados durante la gestión de José María Balcázar y de la exministra María Esther Cuadros.

Published

2 días ago

09/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El CNE instaló su pleno para el periodo 2026-2029 el 19 de junio de 2026. Esa reunión de instalación generó un gasto superior a 24 mil soles en dietas.

Miriam Ponce cobró dietas correspondientes a las sesiones del 19 de junio, y del 3 y 17 de julio de 2026, antes de presentar su renuncia al CNE mediante la Resolución Ministerial N.° 448-2026-Minedu, del 30 de julio. El monto bruto acumulado por ese concepto fue de S/ 6,187.50, equivalente a un neto de S/ 5,692.50.

El 26 de agosto de 2026, mediante la Resolución Ministerial N.° 497-2026-Minedu, el Minedu creó el comité encargado de evaluar a los candidatos para integrar el CNE durante el periodo 2026-2029.

El 1 de setiembre, el ministerio publicó la convocatoria dirigida a la comunidad educativa para proponer candidatos a la vacante. El plazo, inicialmente fijado para el 11 de setiembre, se adelantó luego al 7 de setiembre. Esta vez, a pesar de tener conocimiento de la convocatoria no me presenté.

Hay un dato que debería llamar nuestra atención: el enlace público de la convocatoria (https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-publicaciones/8543198-convocatoria-para-recibir-propuestas-para-integrar-el-consejo-nacional-de-educacion) ya no está disponible en línea.

Ese mismo patrón se repitió en el proceso que llevó a la designación de Mery Tairo Urbano como consejera del CNE, figura cercana al entorno de la expresidenta Dina Boluarte, según hechos que este medio documentó en entregas anteriores (https://limagris.com/alfredo-leon-sanchez-y-mery-tairo-urbano-las-cuestionadas-designaciones-al-consejo-nacional-de-educacion-por-la-ministra-esther-cuadros-espinoza/)

En aquella oportunidad, el enlace de esa convocatoria también desapareció de la red.

Todo indicaría que el actual gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) estaría replicando las mismas mañas administrativas que en su momento facilitaron la designación cuestionada de la excompañera de secundaria y amiga de la exmandataria Dina Boluarte.

En medio de este proceso reaparece una funcionaria clave: Doris Lorena Gavilano Iglesias, actual secretaria general del Minedu, quien también formó parte del comité que evaluó la postulación de Tairo.

En esta oportunidad vuelve a integrar el comité, junto con Luis Alemán Nakamine, viceministro de Gestión Institucional; Miriam Ponce Vertiz, viceministra de Gestión Pedagógica; y dos invitados elegidos directamente por el ministro Chang.

Corresponde ahora a este comité concluir la evaluación y elevar su propuesta al despacho ministerial, para que sea el propio Chang quien adopte la decisión final mediante resolución ministerial.

El CNE está conformado por doce integrantes y tiene, por norma, un carácter plural y multidisciplinario. Sin embargo, el hecho de que su conformación dependa de la aprobación discrecional del titular del Minedu le resta el componente independiente que en teoría debería tener, y lo convierte, en la práctica, en una designación de naturaleza política.

Esta designación adquiere especial relevancia por otro asunto de fondo: el currículo nacional de educación básica. Durante la gestión del exministro Jorge Marticorena se creó, mediante la Resolución Ministerial N.° 393-2026-Minedu, una Comisión Sectorial para el proceso de actualización curricular, con vigencia prevista hasta diciembre de 2027. Sin embargo, esa comisión fue derogada el 2 de setiembre de 2026, mediante la Resolución Ministerial N.° 518-2026-Minedu, firmada por el ministro Chang. Por ahora, el gobierno no revisará el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) y continuará insistiendo en una narrativa que responsabiliza únicamente a los docentes por los resultados de los estudiantes.

Esa narrativa la vienen sosteniendo actores políticos como la economista Mercedes Aráoz Fernández, ex vicepresidenta y ex presidenta de la PCM, quien ha cuestionado públicamente: “se ha multiplicado el gasto en educación y los resultados han sido totalmente contrarios al aumento en el gasto”. Recordemos que Araoz fue parte del gobierno de PPK (derecha), periodo de la mayor huelga magisterial en la historia reciente, la del 2017.

Atentos docentes, en diversos medios se ha iniciado una narrativa contra la labor docente al señalar que el gasto en educación — principalmente el aumento de la remuneración docente — se ha multiplicado sin que ello se traduzca en mejores resultados, como si el desempeño docente fuera la única dimensión en la variable rendimiento escolar.

Cabe entonces preguntarse: ¿la reforma que invoca Aráoz consistirá en perseguir, mediante monitoreos y evaluaciones disfrazadas de meritocracia, a los docentes críticos del gobierno? ¿O se avecina una etapa de despidos dirigida contra un gremio magisterial que, desde 2017, ha representado un contrapeso incómodo para el poder de turno?

¿Quién será, finalmente, el designado por la gestión de Chang? La incorporación de este nuevo integrante del CNE podría marcar el rumbo de la institución, que tendrá un papel determinante frente a los próximos cambios curriculares y otras políticas de Estado.

Los actuales miembros del CNE, designados durante la gestión de José María Balcázar, mantienen mandatos vigentes hasta el año 2029, año en que el consejo deberá renovarse bajo el gobierno que entonces esté en funciones.

Dadas las alianzas y traiciones que suelen sucederse cerca del poder, subsiste hoy la incertidumbre sobre si Keiko Fujimori conservará ese poder para entonces, en un contexto marcado por los cuestionamientos que se avecinan. ¿Quién sabe?

Comentarios Continue Reading

Política

Congreso bajo la lupa: los cuestionados perfiles naranjas que Fuerza Popular contrató en el Parlamento

Los perfiles de algunos trabajadores incorporados por la bancada de Fuerza Popular han generado graves cuestionamientos. Más allá de los nombres y las disputas políticas, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué filtros se aplican para contratar a quienes trabajan con poder y recursos públicos?

Published

2 días ago

08/09/2026

Elio León

En el Congreso de la República, la contratación de personal de confianza vuelve a quedar bajo la lupa. Un informe publicado por El Foco, pone sobre la mesa una discusión que suele quedar relegada detrás de las disputas políticas: los estándares de transparencia, idoneidad e integridad que deberían exigirse a quienes ocupan puestos financiados con recursos públicos.

La publicación identifica a trabajadores vinculados a la bancada de Fuerza Popular cuyos perfiles y antecedentes, según la información recopilada por el medio, merecen ser revisados. Entre ellos aparecen el hijo del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, una exfuncionaria de Migraciones vinculada al contexto de la fuga del exmagistrado César Hinostroza, una persona condenada por agredir e intentar prender fuego a su expareja, cuatro excongresistas y otros trabajadores que registrarían antecedentes penales o policiales.

Uno de los casos mencionados es el de Ernesto Mario Álvarez Escudero, hijo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, contratado como asesor del senador Jacques Rodrich Ackerman con una remuneración de S/ 8.400.

El reportaje también pone bajo observación la contratación de Elizabeth Du Bois Curcio, quien, de acuerdo con la investigación, no registra título ni grado de bachiller ante la Sunedu y mantiene un vínculo de pareja con un exfuncionario parlamentario.

Du Bois respondió públicamente a los cuestionamientos mediante su cuenta de X. Afirmó contar con más de seis años de experiencia en el Congreso y en instituciones públicas y privadas, además de una especialización en la Universidad de San Martín de Porres y varios diplomados.

También señaló que tendría un trámite «pendiente» ante la Sunedu y atribuyó esta situación al cierre operativo de la institución donde estudió. Es decir, ya no existe la institución donde habría estudiado. Sin embargo, esta explicación requiere una precisión elemental: estudios realizados en una institución, una especialización, un diplomado, un grado académico y un título profesional son categorías distintas y no pueden presentarse como equivalentes. Si existe un trámite pendiente, corresponde precisar cuál es su naturaleza y qué documento acredita efectivamente la formación invocada.

Otro nombre que aparece en la investigación es el de Yojany Dominga Rujel Sullón, exfuncionaria de Migraciones y esposa del excongresista fujimorista Juan Carlo Yuyes. Según El Foco, Rujel fue jefa de quien se desempeñaba como inspectora de Migraciones en Tumbes cuando se produjo la salida del país de César Hinostroza en 2018.

El reportaje también menciona a Vilma Guevara Tapia, quien, según la documentación citada por el medio, fue condenada a 52 jornadas de servicio comunitario por agredir e intentar prender fuego a su expareja. Asimismo, identifica a asesores que registrarían antecedentes o investigaciones. Entre ellos figura Julio Matzuda Watanabe, exdirectivo de Aelucoop, entidad intervenida y posteriormente disuelta por la SBS tras registrar pérdidas superiores a S/400 millones.

Pero existe otra discusión, distinta y plenamente legítima: la idoneidad para ejercer una función pública. Y ahí está el verdadero problema.

Quien trabaja en el Congreso participa, de manera directa o indirecta, en un espacio donde se toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos. Por eso, la pregunta no debería ser únicamente si una contratación es legal. También debería ser si existen filtros suficientes para garantizar que quienes ocupan esos puestos cumplen con los requisitos, acreditan su formación y no presentan situaciones que puedan generar conflictos de intereses o afectar la confianza pública.

Los parlamentarios tienen derecho a contratar personal de confianza dentro del marco establecido por la ley. Pero la legalidad mínima no debería convertirse en el techo de la responsabilidad pública.

La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son contratados, qué funciones desempeñan, qué requisitos acreditan, cuánto reciben del Estado y qué posibles conflictos de intereses deben ser evaluados antes de su incorporación.

Por eso, corresponde que las instituciones competentes revisen, dentro de sus atribuciones, los procedimientos de contratación señalados y determinen si estos se ajustan a las normas vigentes. No se trata de perseguir nombres ni de convertir cada cuestionamiento en una batalla partidaria. Se trata de verificar si el Estado está haciendo aquello que debería hacer antes de entregar poder y recursos públicos: comprobar la idoneidad de quienes los administran.

En el Congreso, como en cualquier institución pública, la confianza no se hereda, no se presume y no se negocia: se acredita.

Comentarios Continue Reading

Política

Congreso pone límites al pedido de facultades de 66 temas propuestos por el Ejecutivo

El Ejecutivo solicita 120 días para legislar en seguridad, crimen organizado, emergencias, empleo, tributación y modernización del Estado. La Comisión de Constitución ya revisa el pedido y ha convocado a otras 13 comisiones para evaluar su alcance. Este miércoles, el premier Luis Galarreta deberá sustentar ante el Pleno por qué el Gobierno necesita ampliar temporalmente su capacidad legislativa.

Published

3 días ago

08/09/2026

Redacción Lima Gris

Premier Luis Galarreta. Foto: Andina.

Por Susan Acuña Cruz

El Gobierno ha puesto sobre la mesa del Congreso una de las decisiones políticas más importantes de los próximos meses: solicita facultades para legislar durante 120 días sobre 66 materias que abarcan desde la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado hasta la tributación, el empleo, la prevención de desastres y la modernización del Estado. El pedido ya está bajo revisión parlamentaria y, lejos de avanzar como un trámite rutinario, empieza a generar preguntas sobre los límites que deberá tener la delegación de poder al Ejecutivo.

Este miércoles 9 de septiembre, el premier Luis Galarreta acudirá al Congreso para explicar por qué considera urgente que el Gobierno pueda legislar sobre este amplio conjunto de materias. La presentación será clave para que los parlamentarios evalúen si las facultades solicitadas están debidamente justificadas, cuáles pueden ser aprobadas y en qué casos será necesario reducir o precisar su alcance.

El pedido del Ejecutivo incluye 66 temas agrupados en distintas áreas. Entre las prioridades figuran la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, el sistema penitenciario, la gestión del riesgo de desastres, la atención frente al Fenómeno El Niño, la promoción del empleo, las micro y pequeñas empresas, la tributación y la modernización de la administración pública.

En seguridad, una de las propuestas más sensibles plantea establecer un marco legal que permita clasificar a determinados grupos criminales como organizaciones terroristas. También se busca autorizar una participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios y reforzar las herramientas para rastrear, geolocalizar y bloquear equipos celulares utilizados ilegalmente desde los penales.

El Ejecutivo sostiene que estas medidas responden a problemas que requieren decisiones rápidas. Galarreta ha defendido la solicitud bajo el argumento de que permitirá acelerar acciones contra la delincuencia y mejorar el funcionamiento del Estado. Dentro del paquete también se plantea modificar los mecanismos de respuesta frente a emergencias, de modo que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda entregar ayuda humanitaria directamente durante los primeros días de una emergencia, reduciendo los trámites que actualmente pueden retrasar la atención.

Cámara de Diputados.

Pero la amplitud del pedido ha llevado al Congreso a revisar cada materia con especial atención. La Comisión de Constitución, encargada de analizar la solicitud, ha pedido opinión a otras 13 comisiones parlamentarias. El objetivo es determinar si las materias planteadas pueden ser delegadas constitucionalmente y, sobre todo, si los términos propuestos por el Ejecutivo son suficientemente precisos.

La delegación de facultades legislativas no significa que el Congreso renuncie definitivamente a su capacidad de legislar. Se trata de un mecanismo excepcional mediante el cual el Parlamento autoriza temporalmente al Ejecutivo a emitir normas sobre materias específicas. Precisamente por ello, la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, ha insistido en la necesidad de revisar el alcance de la solicitud y recoger opiniones de especialistas, sindicatos, organizaciones indígenas y otras instituciones antes de adoptar una decisión.

El proceso, sin embargo, avanza contra el reloj. La comisión se ha declarado en sesión permanente y tiene hasta el 18 de septiembre para elaborar su dictamen. A partir de allí, el pedido podrá llegar al Pleno de la Cámara de Diputados en su versión original, con modificaciones o de manera parcial.

Cámara de senadores.

El primer gran examen será este miércoles. A las 3 de la tarde, Galarreta deberá presentarse ante el Congreso para sustentar las razones por las que el Ejecutivo considera indispensable contar con estas facultades. No solo tendrá que explicar la urgencia de las medidas, sino también defender por qué las 66 materias requieren una autorización legislativa excepcional.

El debate ocurre en un contexto marcado por la inseguridad y la amenaza de emergencias climáticas. El presidente del Congreso, Miguel Torres, ha señalado que espera que la decisión se adopte con rapidez para atender asuntos vinculados con la seguridad, el Fenómeno El Niño y la simplificación del Estado.

Por ahora, las 66 materias siguen sobre la mesa y los 120 días solicitados todavía no tienen autorización. El Ejecutivo busca una herramienta para acelerar sus decisiones; el Congreso, en cambio, tiene la tarea de determinar hasta dónde está dispuesto a delegar su poder.

Más allá de la cifra —66 materias y 120 días—, el debate plantea una pregunta de fondo: ¿cuánto poder puede delegar el Congreso al Ejecutivo sin poner en riesgo su propia función de legislar y controlar? La respuesta empezará a definirse este miércoles, cuando Galarreta intente convencer a los parlamentarios de que la urgencia del país justifica la amplitud del pedido.

Comentarios Continue Reading

Política

Diputada Verónica Yonz y el expediente de la crisis en Ica

Un oficio enviado al presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, expone el alarmante deterioro de las vías de comunicación, el riesgo en las avionetas de Nasca y el abandono del saneamiento básico en plena crisis de un nuevo Fenómeno El Niño.

Published

3 días ago

08/09/2026

Redacción Lima Gris

Ica llega a una nueva temporada de riesgos con demasiadas preguntas y pocas certezas. Mientras la Panamericana Sur enfrenta problemas de congestión y erosión, la seguridad de los sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca vuelve a estar bajo escrutinio y miles de familias continúan esperando soluciones para acceder a servicios básicos de agua y saneamiento. A esto se suma la amenaza del Fenómeno El Niño 2026-2027, que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

En ese escenario, un documento ingresado al Congreso de la República coloca sobre la mesa una serie de asuntos que las autoridades deberán explicar. El Oficio N.° 58-2026-2027-MVYN/CD, firmado por la diputada Mady Verónica Yonz Núñez, reúne preguntas sobre infraestructura vial, seguridad aérea, obras de saneamiento, prevención de desastres y proyectos pendientes en la región. Más que un trámite parlamentario, el documento dibuja el mapa de las urgencias de Ica y plantea una pregunta incómoda: ¿está el Estado preparado para responder antes de que las advertencias se conviertan en emergencias?

Se trata del Oficio N° 58-2026-2027-MVYN/CD, firmado el 7 de septiembre de 2026 por la diputada Mady Verónica Yonz Núñez y dirigido a Luis E. Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes. A simple vista, parece un trámite parlamentario más. En el fondo, es un petitorio de cuentas urgentes que retrata la vulnerabilidad de la región Ica en dos de sus pilares más sensibles: la conectividad y los servicios básicos.

La escena es conocida. Se avecinan los ministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento a rendir cuentas ante el Parlamento. Pero lo que el oficio pone sobre la mesa no son números abstractos, sino una secuencia de alertas operativas no resueltas.

Diputada Verónica Yonz en Comisión del Congreso.

La Panamericana Sur: un embudo sin resolver

El primer gran capítulo del documento apunta a la columna vertebral del sur peruano: la Panamericana Sur. Mientras el parque automotor crece, la promesa del tercer carril de la Red Vial N° 6 continúa bajo la sombra de la duda contractual y presupuestal. El oficio exige respuestas concretas sobre los cronogramas que deben evitar que el tramo hacia Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca colapse definitivamente.

A esto se suma un peligro inminente y costero: la erosión del borde marítimo en el distrito de San Andrés, en Pisco. La marea y la socavación avanzan día a día, amenazando con carcomer la vía nacional. El documento cuestiona qué medidas de emergencia se han tomado realmente y si Provías Nacional tiene, más allá de los discursos, un plan de contingencia real o solo paliativos.

Los cielos de Nasca y la sombra sobre el turismo

El documento abre también una rendija hacia la aviación comercial y turística. Los sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca, uno de los atractivos internacionales más importantes del país, demandan garantías de seguridad rigurosas.

El oficio solicita a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) un informe detallado sobre la fiscalización a los operadores, el estado de las aeronaves, los aeródromos y, de manera crítica, el resultado de las investigaciones de incidentes y accidentes recientes. Una interrogante directa sobre si se está protegiendo la vida de miles de usuarios o si se opera al borde del riesgo.

En paralelo, se cuestiona el lento despegue del Aeropuerto de Pisco, una infraestructura llamada a descongestionar el tráfico aéreo de la capital pero cuya utilización operativa sigue sin consolidarse.

La paradoja del agua en la «Tierra Prometida»

Si el sector transportes muestra fisuras, el panorama en Vivienda y Saneamiento evidencia brechas históricas. La ironía bautismal del sector conocido como Tierra Prometida, en Ica, queda al descubierto en la agenda legislativa. Miles de pobladores enfrentan un abastecimiento discontinuo, baja presión y el constante deterioro de las redes de agua potable y alcantarillado.

El documento exige transparentar los avances en los estudios de preinversión, la factibilidad técnica y la titulación masiva a cargo de COFOPRI, un cuello de botella que impide el desarrollo formal de la zona.

Del mismo modo, se piden explicaciones sobre el estado contractual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Chincha y las tramas burocráticas detrás de las tasaciones pendientes en la Solución Integral de la Quebrada Cansas, demoras que paralizan obras clave para la prevención de desastres.

El reloj del Fenómeno El Niño

Todo esto ocurre mientras el reloj meteorológico corre. Frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, la región Ica vuelve a mirar al cielo con incertidumbre. El informe parlamentario demanda precisar el estado de siete puntos críticos asignados al sector Vivienda y la disponibilidad real de maquinaria pesada y transferencias presupuestales antes de que las lluvias e inundaciones conviertan los expedientes en emergencias no atendidas.

El Oficio enviado por la diputada Yonz, no es solo un pliego de preguntas. Es la fotografía de una provincia que exige saber si el Estado reaccionará a tiempo o si, una vez más, la burocracia llegará cuando el daño sea irreversible.

Comentarios Continue Reading

Política

Jorge Del Castillo responde a periodista mexicana Anabel Hernández por acusaciones contra Alan García

El excongresista y exprimer ministro aprista respondió a las declaraciones de la periodista de investigación mexicana, quien vinculó al fallecido expresidente con una presunta operación de armas para el Cártel de Sinaloa durante su segundo gobierno.

Published

3 días ago

07/09/2026

Redacción Lima Gris

Jorge Del Castillo se pronunció frente a las acusaciones lanzadas por la periodista mexicana Anabel Hernández contra Alan García y su segundo gobierno (2006-2011), luego de que la comunicadora señalara presuntos nexos entre el expresidente peruano y una operación de tráfico de armas vinculada al Cártel de Sinaloa.

Hernández, reconocida por sus investigaciones sobre el crimen organizado en México, afirmó que la infiltración del cartel mexicano alcanzó a gobiernos de distintos países de la región, entre ellos Perú y Venezuela, y mencionó a García Pérez dentro de ese entramado.

En una entrevista con Aristegui Noticias, la periodista fue más allá y sostuvo que gran parte del armamento que causó miles de muertes en México entre 2004 y 2010 salió del gobierno peruano: «Vino del gobierno de Perú, a cambio de millones y millones de dólares que se pagaron a un presidente de esa nación», declaró. Según Hernández, la acusación se sustenta en el testimonio del testigo protegido Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», exmiembro de la cúpula del Cártel de Sinaloa, quien habría declarado la existencia de un acuerdo entre esa organización y el entonces presidente Alan García para obtener armas que el Estado peruano había comprado previamente a China.

Ante ello, Del Castillo —figura cercana al histórico líder aprista— rechazó los señalamientos y los calificó de infundados, respondiendo de manera directa a cada uno de los puntos planteados por la periodista.

Las declaraciones generaron reacciones en el entorno aprista: la cuenta @apraprensa y allegados al partido expresaron su respaldo a la defensa hecha por Del Castillo, mientras el tema escala en redes sociales y medios de ambos países.

Comentarios Continue Reading

Política

Ministro de educación José Antonio Chang: Las evaluaciones del desempeño docente no son punitivas [VIDEO]

Pese a las declaraciones del ministro Chang respecto a la no aplicación de la evaluación punitiva contra los maestros. Las Ugeles subordinadas al MINEDU presionan a los docentes usando el concepto «evaluación punitiva». Me ocurrió durante la visita una especialista de la Ugel 03 el 2 de setiembre.

Published

4 días ago

07/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

La evaluación del desempeño docente y la carrera pública magisterial descansan sobre una premisa meritocrática: el desarrollo profesional de los docentes se demuestra mediante evaluaciones formativas y procesos de capacitación continuos.

Al respecto, el ministro de educación José Antonio Chang ha señalado durante la entrevista con el periodista Nicolás Lúcar la necesidad de futuras evaluaciones a docentes:

«Vamos a retornar a eso, a evaluaciones censales, pero ya no solo de lápiz y papel… Queremos ver cómo se desempeña el profesor en el aula, qué logros de aprendizaje obtienen los alumnos con ese profesor».

Asimismo, el ministro enfatizó que estos procesos carecen de carácter punitivo:

«Hay que quitar el miedo a la evaluación como un mecanismo para votar profesores. Acá nadie quiere votar». El periodista le replica al ministro, le decían la evaluación punitiva, a lo que el ministro responde: «Que demuestren que si alguien salió producto de las evaluaciones. Nadie salió.

Las evaluaciones no son punitivas, los docentes lo sabemos, algo que ministro tiene muy claro, sin embargo, en la práctica cotidiana ocurre una realidad distante a la expuesta en el discurso oficial.

Durante dos semanas como docente y asesor del CEBA Teresa González de Fanning, esperé la visita institucional de la UGEL 03 o de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) para reconocer a mi estudiante, quien obtuvo el primer lugar en la etapa Ugel y regional del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas” (Categoría D).

Pese a la anunciada visita de la directora Carmen Medina de la UGEL 03, la felicitación no llegó; en su lugar, el pasado miércoles 2 de septiembre recibí la visita Aracelli Gonzales Sánchez monitora en representación de la UGEL 03 para realizar un monitoreo docente.

Durante el desarrollo de la sesión la representante de la UGEL 03 interrumpió la clase para llamarme la atención delante de mis estudiantes, por el uso de la pizarra. En el espacio de reflexión, la monitora — quien mencionó tener postdoctorado en educación — sentenció:

«Este monitoreo es solamente de observación. Posteriormente vendrá la especialista de la Ugel 03 para realizar una evaluación punitiva que podrá ser agregada a su registro escalafonario».

Convertir un monitoreo pedagógico en una amenaza sobre la estabilidad o el escalafón laboral mediante el término “punitivo” constituye una mala práctica que vulnera los protocolos del MINEDU.

Esta advertencia contradice la normativa vigente del Ministerio de Educación (MINEDU). La Evaluación del Desempeño Docente no está concebida como un acto fiscalizador o de castigo, sino como una herramienta de perfeccionamiento continúo sustentada en las Rúbricas de Observación de Aula.

«Durante la visita al aula, el acompañante/monitor debe ingresar con actitud empática y respetuosa, generando un clima de confianza que garantice el desarrollo habitual de la sesión de aprendizaje, evitando cualquier tipo de interrupción, juzgamiento, fiscalización o actitud que genere ansiedad o tensión en el docente.» (Orientaciones para el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico – MINEDU)

Este instrumento evalúa aspectos clave del segundo dominio del Marco de Buen Desempeño Docente (Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes), tales como involucrar a los estudiantes, promover el pensamiento crítico y monitorear el progreso para ofrecer retroalimentación formativa y adecuar la enseñanza.

Las rúbricas clasifican el desempeño en cuatro niveles de logro (I Inicio, II Proceso, III Logrado y IV Destacado), estableciendo que un docente es efectivo al alcanzar los Niveles III o IV. El protocolo exige que el monitor identifique conductas observables y recolecte evidencias en su matriz para ofrecer una retroalimentación constructiva en un clima de confianza, evitando generar ansiedad o temor en el docente evaluado.

Estoy a favor de la evaluación del desempeño docente, pero el monitoreo y acompañamiento docente no debe ser usado como un mecanismo de control o amenaza.

En ese marco, resulta indispensable solicitar a los directores de la DRELM, Cornelio Gonzales Torres, y de la UGEL 03, Carmen Medina Rosas, capacitar adecuadamente al personal que realiza el monitoreo y acompañamiento docente y directivo.

Finalmente, dos ineludibles interrogantes: ¿Hasta qué punto el monitoreo docente a nivel nacional cumple realmente con el propósito formativo que estipula el MINEDU? ¿Cuáles serán los cambios que prepara la gestión del ministro Chang para poner en marcha la anunciada evaluación censal del desempeño docente a nivel nacional?

Datos:

Minedu reprograma evaluación de ascenso docente (prueba nacional) para el 25 de octubre. En esta jornada, 103 mil maestros de la Carrera Pública Magisterial enfrentarán una prueba nacional destinada a medir su dominio pedagógico por nivel y especialidad.
SITEP durante la V asamblea nacional de delegados acuerda un paro nacional. Aún no han precisado la fecha de la medida de lucha.

Comentarios Continue Reading

Política

Diputado José Marcelo Salazar: “Respaldo las inversiones, siempre que respeten el medio ambiente”

El presidente de la Comisión de Economía plantea una agenda enfocada en recuperar la inversión, impulsar la innovación tecnológica y cerrar las brechas de infraestructura en las regiones. Defiende una política económica basada en evidencia técnica y sostenibilidad fiscal, propone aprovechar las inversiones extranjeras para desarrollar tecnología en el país y plantea fortalecer el control preventivo de la Contraloría para reducir errores y riesgos de corrupción en la obra pública.

Published

5 días ago

06/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

En esta entrevista, el diputado aborda los desafíos que enfrenta el país para reducir la informalidad, ampliar el acceso al crédito, atraer inversiones y aprovechar la tecnología como motor de productividad. Desde su perspectiva, el reto no es solo crecer, sino sentar las bases de un desarrollo sostenible que permita transformar los recursos del país en oportunidades para las próximas generaciones.

Diputado Marcelo, acaba de asumir la presidencia de la Comisión de Economía ¿Cuál será su primera gran batalla legislativa y qué resultado concreto espera alcanzar durante su gestión?

La primera gran batalla es procurar la unidad dentro de la comisión. El principal resultado que esperamos alcanzar es construir consensos, escuchar inicialmente a todos y, a partir de ello, sacar adelante los dictámenes de manera conjunta. Ese es el gran reto.

La Comisión de Economía suele recibir propuestas que pueden generar beneficios para determinados sectores, pero también comprometer recursos públicos. ¿Está dispuesto a poner límites a iniciativas que puedan ser populares políticamente, pero que no tengan un sustento económico o fiscal sólido?

Hemos establecido en nuestro plan de trabajo que toda propuesta debe estar basada en evidencia técnica y contar con el respaldo fiscal correspondiente. La comisión no puede limitarse a discutir qué tipo de gasto se va a impulsar. También tenemos que pensar en inversión y en cómo fortalecer el modelo de ahorro e inversión para impulsar el crecimiento.

El Perú registra crecimiento económico, pero millones de ciudadanos continúan en la informalidad y tienen dificultades para acceder a servicios financieros. ¿Qué considera que está fallando?

Primero hay que diferenciar el modelo de crecimiento económico del modelo de desarrollo. El crecimiento puede ser una ruta para salir de una crisis, pero no debería ser entendido como el modelo general de desarrollo del país. Necesitamos una visión de nación y definir hacia dónde queremos llevarla.

El desarrollo también implica educación y salud, especialmente educación, porque allí se forma el capital humano que permitirá incrementar nuestra productividad en el futuro.

Usted sostiene que el Perú necesita crecer más. ¿Dónde identifica una de las principales limitaciones?

Somos fundamentalmente consumidores de tecnología. Nuestra función de producción está basada principalmente en capital y trabajo, cuando la incorporación de tecnología permite expandir mucho más esa capacidad productiva.

La discusión está en cómo hacemos que la tecnología forme parte de nuestra producción nacional. No podemos seguir siendo únicamente consumidores tecnológicos.

¿Qué papel deberían cumplir las universidades en este proceso?

La innovación tiene que ir de la mano con lo que el Estado exige a las empresas que vienen a invertir. Necesitamos laboratorios, investigación y desarrollo, y allí la universidad pública tiene un papel fundamental. Si no tenemos esa mirada, vamos a seguir creyendo que crecer es suficiente para que los beneficios lleguen al resto del país. Y no lo es.

¿Cómo debería aprovechar el Perú las inversiones extranjeras que llegarán, por ejemplo, a zonas como Chancay?

No podemos conformarnos con que lleguen inversiones para ensamblar productos. Tenemos que vincular esas inversiones con la innovación tecnológica. Si otorgamos beneficios tributarios, deberíamos establecer mecanismos para que parte de esas empresas también desarrollen laboratorios de innovación y tecnología en el país, en coordinación con nuestras universidades.

De lo contrario, seguiremos importando la tecnología y limitándonos a ensamblar. Esa es una discusión de fondo si queremos que nuestro crecimiento se expanda durante los próximos 20 o 30 años.

Usted ha planteado la necesidad de pensar más allá del corto plazo. ¿Qué decisiones deberían tomarse hoy pensando en el Perú de las próximas décadas?

El corto plazo tiene asuntos importantes y urgentes: los presupuestos de las regiones, los salarios, las demandas de los maestros y las pensiones. Pero también tenemos que preguntarnos qué país queremos construir en 20, 30 o 40 años.

La tasa de crecimiento poblacional está disminuyendo. Cada vez nacen menos niños y, proporcionalmente, tendremos una población adulta mayor más grande. La pregunta es quién asumirá esa carga social en el futuro.

Además, el sistema previsional actualmente alcanza a una parte pequeña de la población económicamente activa, principalmente a quienes están en planilla. Tenemos una gran cantidad de trabajadores informales y debemos preguntarnos qué estamos haciendo para garantizarles una jubilación.

Frente a ese escenario, ¿qué alternativa considera viable?

Nosotros hemos planteado la creación de un fondo soberano de riqueza. Es un fondo de inversión estatal. No es una propuesta ideológica; existen experiencias en países como China, Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Colombia y, especialmente, Noruega.

Noruega utilizó parte de los excedentes generados por sus recursos naturales para construir un fondo de inversión. Hoy ese fondo tiene inversiones en diferentes sectores y países, y su rentabilidad contribuye a sostener las necesidades futuras de su población. Eso es pensar en el largo plazo.

Otro problema que afecta a emprendedores y pequeños empresarios es el acceso al crédito. ¿Considera que el sistema financiero peruano ofrece condiciones suficientemente competitivas?

Creo que debe existir mayor competencia. La competencia contribuye a reducir los precios y también puede generar mejores condiciones para los usuarios del sistema financiero.

El Congreso puede contribuir a generar condiciones para que ingresen más competidores al mercado. Tenemos una Superintendencia que regula al sistema financiero bajo estándares internacionales y, además, está creciendo una banca digital importante. Creo que deberían ingresar más competidores.

También se ha discutido la exoneración del impuesto a la renta sobre los intereses de los ahorros. ¿Cuál es su posición?

Primero hay que precisar que no fui quien planteó esa medida. Lo que señalé fue que el Ministerio de Economía y Finanzas había aclarado el tema y que, según la información manejada, la situación se mantendría hasta fines del próximo año.

Considero que no tiene mucho sentido gravar los intereses de los ahorros de las personas. Además, habría que evaluar cuánto representa realmente esa recaudación para el Estado. Creo que existen otras alternativas para ampliar la base tributaria, como revisar determinadas exoneraciones, promover la formalización y generar mayor inversión en infraestructura.

¿Puede la inversión en infraestructura convertirse también en una herramienta para ampliar la recaudación?

Por supuesto. Un ejemplo es Áncash, región que represento. En Chavín de Huantar no existe actualmente una oferta bancaria acorde con el potencial del lugar y tampoco contamos con una infraestructura hotelera importante. Para mí, Chavín debería convertirse en otro Cusco.

Si tuviéramos mejores carreteras y conectividad, podríamos atraer turismo, inversiones y nuevos negocios. Esas actividades generarían ingresos y, a su vez, mayores posibilidades de recaudación. La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto impuesto podemos cobrar, sino también en cómo generamos inversión y actividad económica.

Uno de los grandes retos será recuperar la inversión privada. ¿Qué mensaje debería transmitir el Congreso a los inversionistas nacionales y extranjeros?

Sería pretencioso hablar en nombre de toda la comisión. Mi papel será principalmente articular y gestionar las diferentes posiciones. Sin embargo, personalmente respaldo las inversiones.

No nos oponemos a ellas siempre que respeten el medio ambiente y, cuando corresponda, cuenten con licencia social. Necesitamos inversión, pero también condiciones adecuadas para que esta pueda desarrollarse.

¿Estaría dispuesto a respaldar o rechazar una iniciativa de su propia bancada si considera que puede poner en riesgo la estabilidad económica?

Primero tenemos que escuchar a todas las bancadas. Vamos a impulsar las iniciativas que tengan credibilidad, rigor técnico, respaldo fiscal y que estén basadas en evidencia.

Hemos conformado un equipo técnico con profesionales que tienen experiencia en el Banco Central, el Banco Interamericano de Desarrollo y proyectos de asociaciones público-privadas, además de un exviceministro de Hacienda. Estamos apostando por un equipo técnico de primer nivel. No podemos impulsar algo que genere daño al país. Por el contrario, queremos promover el crecimiento y las inversiones.

Otro desafío es lograr que el crecimiento económico llegue a las regiones. ¿Qué cambios considera necesarios para evitar que los proyectos públicos no cierren realmente las brechas existentes?

Hay regiones que cuentan con presupuesto y ejecutan proyectos que finalmente no solucionan los problemas para los que fueron concebidos. Por eso planteamos fortalecer el papel de la Contraloría desde la revisión del expediente técnico.

No debería ocurrir que una obra sea licitada y recién durante su ejecución aparezcan errores u observaciones que pudieron detectarse previamente. La Contraloría debería revisar y validar técnicamente los expedientes antes de que sean aprobados. Si existen errores, deben corregirse antes de la licitación.

¿Considera que la Contraloría debería tener una participación más directa en los procesos de contratación pública?

En mi opinión, sí. Considero que la Contraloría debería participar en los comités de selección para verificar que el proceso sea correcto, transparente y que no exista direccionamiento.

A veces tenemos la sensación de que la Contraloría llega cuando todo terminó y recién entonces señala los errores. Yo creo que sería mucho mejor que controle durante el proceso. Si estamos jugando en el mismo equipo, debe advertirnos antes de que cometamos el error, para corregirlo y continuar.

Eso también ayudaría a reducir los riesgos de corrupción y a hacer más transparente la contratación pública.

Usted también ha cuestionado la calidad de los perfiles de los proyectos de inversión. ¿Por qué considera necesario modificarlos?

Actualmente puede ocurrir que un proyecto tenga un perfil aprobado por cinco millones de soles y que posteriormente el expediente técnico termine costando 30 o incluso 50 millones. Existe una diferencia que no debería producirse.

Los perfiles deberían contar con estándares técnicos mínimos que permitan establecer una ruta mucho más cercana a lo que finalmente será el expediente técnico. De esa manera evitamos sorpresas y mejoramos la planificación de la inversión pública.

Usted representa a Áncash, una región con importantes recursos mineros, energéticos y productivos. ¿Cómo lograr que esas riquezas se traduzcan en mayor desarrollo regional?

Tenemos que generar inversión a nivel nacional. Áncash tiene proyectos pendientes muy importantes, como Chinecas y la mejora de las vías Pativilca-Huaraz y Pativilca-Conococha, además de otros proyectos de infraestructura.

¿Cómo vamos a atraer inversión y turismo si nuestras carreteras no están en buenas condiciones? Áncash debería ser un lugar donde las familias puedan viajar y pasar un fin de semana. Tenemos enormes potencialidades, pero necesitamos infraestructura.

¿Y qué papel puede jugar la industria en ese proceso?

Áncash necesita un parque industrial, pero uno que esté vinculado a la innovación tecnológica.

He visitado recientemente el CIMA de la Marina, en Chimbote, donde se está construyendo una patrullera con materiales importados de China. La pregunta que debemos hacernos es por qué no podemos desarrollar empresas capaces de transformar nuestros propios recursos en los materiales que necesita nuestra industria.

Tenemos recursos mineros y otros recursos estratégicos. Incluso existen oportunidades vinculadas a las tierras raras y a la fabricación de componentes tecnológicos.

No se trata de una cuestión ideológica. Se trata de preguntarnos por qué no podemos producir más tecnología en el Perú.

Finalmente, ¿cuál considera que debería ser la visión económica del país para los próximos años?

Tenemos que dejar de pensar únicamente en resolver el corto plazo. El Perú necesita una visión de futuro.

Tenemos recursos naturales, minerales, diversidad climática y enormes posibilidades. Lo que debemos decidir es cómo utilizamos los próximos años para sembrar las bases de un desarrollo que pueda sostenerse en el tiempo.

Ese reto no corresponde solamente a la Comisión de Economía. Es una responsabilidad del Congreso y también del Gobierno. Tenemos que pensar qué país queremos construir y qué vamos a dejar para las próximas generaciones.

Comentarios Continue Reading Advertisement

Más reciente
Popular
Videos

Política22 segundos ago

La ruta de la orden de servicio de S/ 32.500: así se armó el contrato de la madre de la gerenta de la Biblioteca Nacional

Cusco23 horas ago

La periodista Anabel Hernández, vincula al expresidente Alan García con una presunta operación de armas para el Cártel de Sinaloa [VIDEO]

LIMA GRIS TV

PRNEWS

PARTNER

CONTACTO

Síguenos en Twitter

Tweets por @Limagris

LIMA GRIS RADIO

Política6 años ago
Las licencias de Benavides [VIDEO]
Política6 años ago
La universidad fantasma de Benavides
Actualidad6 años ago
Richard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
General6 años ago
Dan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
Política5 años ago
Altos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
Actualidad3 años ago
Carlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
Cultura6 años ago
MINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
Cultura5 años ago
«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo

Inicio
PRNEWS
¿Quiénes Somos?
Staff Lima Gris / Web – Revista – Radio – TV
Política

Leer artículo completo en limagris.com →

Se alquilan las IE a empresas privadas y las UGEL no saben nada al respecto. ¡Ponga orden, presidente Keiko Fujimori!

Política

You may like

Política

Política

Política

Política

Política

Política

Política

Política