Congreso pone límites al pedido de facultades de 66 temas propuestos por el Ejecutivo

Política Congreso pone límites al pedido de facultades de 66 temas propuestos por el Ejecutivo El Ejecutivo solicita 120 días para legislar en seguridad, crimen organizado, emergencias, empleo, tributación y modernización del Estado. La Comisión de Constitución ya revisa el pedido y ha convocado a…

Política

El Ejecutivo solicita 120 días para legislar en seguridad, crimen organizado, emergencias, empleo, tributación y modernización del Estado. La Comisión de Constitución ya revisa el pedido y ha convocado a otras 13 comisiones para evaluar su alcance. Este miércoles, el premier Luis Galarreta deberá sustentar ante el Pleno por qué el Gobierno necesita ampliar temporalmente su capacidad legislativa.

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48 segundos ago

08/09/2026

Redacción Lima Gris

Premier Luis Galarreta. Foto: Andina.

Por Susan Acuña Cruz

El Gobierno ha puesto sobre la mesa del Congreso una de las decisiones políticas más importantes de los próximos meses: solicita facultades para legislar durante 120 días sobre 66 materias que abarcan desde la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado hasta la tributación, el empleo, la prevención de desastres y la modernización del Estado. El pedido ya está bajo revisión parlamentaria y, lejos de avanzar como un trámite rutinario, empieza a generar preguntas sobre los límites que deberá tener la delegación de poder al Ejecutivo.

Este miércoles 9 de septiembre, el premier Luis Galarreta acudirá al Congreso para explicar por qué considera urgente que el Gobierno pueda legislar sobre este amplio conjunto de materias. La presentación será clave para que los parlamentarios evalúen si las facultades solicitadas están debidamente justificadas, cuáles pueden ser aprobadas y en qué casos será necesario reducir o precisar su alcance.

El pedido del Ejecutivo incluye 66 temas agrupados en distintas áreas. Entre las prioridades figuran la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, el sistema penitenciario, la gestión del riesgo de desastres, la atención frente al Fenómeno El Niño, la promoción del empleo, las micro y pequeñas empresas, la tributación y la modernización de la administración pública.

En seguridad, una de las propuestas más sensibles plantea establecer un marco legal que permita clasificar a determinados grupos criminales como organizaciones terroristas. También se busca autorizar una participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios y reforzar las herramientas para rastrear, geolocalizar y bloquear equipos celulares utilizados ilegalmente desde los penales.

El Ejecutivo sostiene que estas medidas responden a problemas que requieren decisiones rápidas. Galarreta ha defendido la solicitud bajo el argumento de que permitirá acelerar acciones contra la delincuencia y mejorar el funcionamiento del Estado. Dentro del paquete también se plantea modificar los mecanismos de respuesta frente a emergencias, de modo que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda entregar ayuda humanitaria directamente durante los primeros días de una emergencia, reduciendo los trámites que actualmente pueden retrasar la atención.

Cámara de Diputados.

Pero la amplitud del pedido ha llevado al Congreso a revisar cada materia con especial atención. La Comisión de Constitución, encargada de analizar la solicitud, ha pedido opinión a otras 13 comisiones parlamentarias. El objetivo es determinar si las materias planteadas pueden ser delegadas constitucionalmente y, sobre todo, si los términos propuestos por el Ejecutivo son suficientemente precisos.

La delegación de facultades legislativas no significa que el Congreso renuncie definitivamente a su capacidad de legislar. Se trata de un mecanismo excepcional mediante el cual el Parlamento autoriza temporalmente al Ejecutivo a emitir normas sobre materias específicas. Precisamente por ello, la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, ha insistido en la necesidad de revisar el alcance de la solicitud y recoger opiniones de especialistas, sindicatos, organizaciones indígenas y otras instituciones antes de adoptar una decisión.

El proceso, sin embargo, avanza contra el reloj. La comisión se ha declarado en sesión permanente y tiene hasta el 18 de septiembre para elaborar su dictamen. A partir de allí, el pedido podrá llegar al Pleno de la Cámara de Diputados en su versión original, con modificaciones o de manera parcial.

Cámara de senadores.

El primer gran examen será este miércoles. A las 3 de la tarde, Galarreta deberá presentarse ante el Congreso para sustentar las razones por las que el Ejecutivo considera indispensable contar con estas facultades. No solo tendrá que explicar la urgencia de las medidas, sino también defender por qué las 66 materias requieren una autorización legislativa excepcional.

El debate ocurre en un contexto marcado por la inseguridad y la amenaza de emergencias climáticas. El presidente del Congreso, Miguel Torres, ha señalado que espera que la decisión se adopte con rapidez para atender asuntos vinculados con la seguridad, el Fenómeno El Niño y la simplificación del Estado.

Por ahora, las 66 materias siguen sobre la mesa y los 120 días solicitados todavía no tienen autorización. El Ejecutivo busca una herramienta para acelerar sus decisiones; el Congreso, en cambio, tiene la tarea de determinar hasta dónde está dispuesto a delegar su poder.

Más allá de la cifra —66 materias y 120 días—, el debate plantea una pregunta de fondo: ¿cuánto poder puede delegar el Congreso al Ejecutivo sin poner en riesgo su propia función de legislar y controlar? La respuesta empezará a definirse este miércoles, cuando Galarreta intente convencer a los parlamentarios de que la urgencia del país justifica la amplitud del pedido.

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Diputada Verónica Yonz y el expediente de la crisis en Ica

Redacción Lima Gris

Política

Diputada Verónica Yonz y el expediente de la crisis en Ica

Un oficio enviado al presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, expone el alarmante deterioro de las vías de comunicación, el riesgo en las avionetas de Nasca y el abandono del saneamiento básico en plena crisis de un nuevo Fenómeno El Niño.

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43 minutos ago

08/09/2026

Redacción Lima Gris

Ica llega a una nueva temporada de riesgos con demasiadas preguntas y pocas certezas. Mientras la Panamericana Sur enfrenta problemas de congestión y erosión, la seguridad de los sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca vuelve a estar bajo escrutinio y miles de familias continúan esperando soluciones para acceder a servicios básicos de agua y saneamiento. A esto se suma la amenaza del Fenómeno El Niño 2026-2027, que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

En ese escenario, un documento ingresado al Congreso de la República coloca sobre la mesa una serie de asuntos que las autoridades deberán explicar. El Oficio N.° 58-2026-2027-MVYN/CD, firmado por la diputada Mady Verónica Yonz Núñez, reúne preguntas sobre infraestructura vial, seguridad aérea, obras de saneamiento, prevención de desastres y proyectos pendientes en la región. Más que un trámite parlamentario, el documento dibuja el mapa de las urgencias de Ica y plantea una pregunta incómoda: ¿está el Estado preparado para responder antes de que las advertencias se conviertan en emergencias?

Se trata del Oficio N° 58-2026-2027-MVYN/CD, firmado el 7 de septiembre de 2026 por la diputada Mady Verónica Yonz Núñez y dirigido a Luis E. Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes. A simple vista, parece un trámite parlamentario más. En el fondo, es un petitorio de cuentas urgentes que retrata la vulnerabilidad de la región Ica en dos de sus pilares más sensibles: la conectividad y los servicios básicos.

La escena es conocida. Se avecinan los ministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento a rendir cuentas ante el Parlamento. Pero lo que el oficio pone sobre la mesa no son números abstractos, sino una secuencia de alertas operativas no resueltas.

Diputada Verónica Yonz en Comisión del Congreso.

La Panamericana Sur: un embudo sin resolver

El primer gran capítulo del documento apunta a la columna vertebral del sur peruano: la Panamericana Sur. Mientras el parque automotor crece, la promesa del tercer carril de la Red Vial N° 6 continúa bajo la sombra de la duda contractual y presupuestal. El oficio exige respuestas concretas sobre los cronogramas que deben evitar que el tramo hacia Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca colapse definitivamente.

A esto se suma un peligro inminente y costero: la erosión del borde marítimo en el distrito de San Andrés, en Pisco. La marea y la socavación avanzan día a día, amenazando con carcomer la vía nacional. El documento cuestiona qué medidas de emergencia se han tomado realmente y si Provías Nacional tiene, más allá de los discursos, un plan de contingencia real o solo paliativos.

Los cielos de Nasca y la sombra sobre el turismo

El documento abre también una rendija hacia la aviación comercial y turística. Los sobrevuelos sobre las Líneas de Nasca, uno de los atractivos internacionales más importantes del país, demandan garantías de seguridad rigurosas.

El oficio solicita a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) un informe detallado sobre la fiscalización a los operadores, el estado de las aeronaves, los aeródromos y, de manera crítica, el resultado de las investigaciones de incidentes y accidentes recientes. Una interrogante directa sobre si se está protegiendo la vida de miles de usuarios o si se opera al borde del riesgo.

En paralelo, se cuestiona el lento despegue del Aeropuerto de Pisco, una infraestructura llamada a descongestionar el tráfico aéreo de la capital pero cuya utilización operativa sigue sin consolidarse.

La paradoja del agua en la «Tierra Prometida»

Si el sector transportes muestra fisuras, el panorama en Vivienda y Saneamiento evidencia brechas históricas. La ironía bautismal del sector conocido como Tierra Prometida, en Ica, queda al descubierto en la agenda legislativa. Miles de pobladores enfrentan un abastecimiento discontinuo, baja presión y el constante deterioro de las redes de agua potable y alcantarillado.

El documento exige transparentar los avances en los estudios de preinversión, la factibilidad técnica y la titulación masiva a cargo de COFOPRI, un cuello de botella que impide el desarrollo formal de la zona.

Del mismo modo, se piden explicaciones sobre el estado contractual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Chincha y las tramas burocráticas detrás de las tasaciones pendientes en la Solución Integral de la Quebrada Cansas, demoras que paralizan obras clave para la prevención de desastres.

El reloj del Fenómeno El Niño

Todo esto ocurre mientras el reloj meteorológico corre. Frente al Fenómeno El Niño 2026-2027, la región Ica vuelve a mirar al cielo con incertidumbre. El informe parlamentario demanda precisar el estado de siete puntos críticos asignados al sector Vivienda y la disponibilidad real de maquinaria pesada y transferencias presupuestales antes de que las lluvias e inundaciones conviertan los expedientes en emergencias no atendidas.

El Oficio enviado por la diputada Yonz, no es solo un pliego de preguntas. Es la fotografía de una provincia que exige saber si el Estado reaccionará a tiempo o si, una vez más, la burocracia llegará cuando el daño sea irreversible.

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Política

Jorge Del Castillo responde a periodista mexicana Anabel Hernández por acusaciones contra Alan García

El excongresista y exprimer ministro aprista respondió a las declaraciones de la periodista de investigación mexicana, quien vinculó al fallecido expresidente con una presunta operación de armas para el Cártel de Sinaloa durante su segundo gobierno.

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12 horas ago

07/09/2026

Redacción Lima Gris

Jorge Del Castillo se pronunció frente a las acusaciones lanzadas por la periodista mexicana Anabel Hernández contra Alan García y su segundo gobierno (2006-2011), luego de que la comunicadora señalara presuntos nexos entre el expresidente peruano y una operación de tráfico de armas vinculada al Cártel de Sinaloa.

Hernández, reconocida por sus investigaciones sobre el crimen organizado en México, afirmó que la infiltración del cartel mexicano alcanzó a gobiernos de distintos países de la región, entre ellos Perú y Venezuela, y mencionó a García Pérez dentro de ese entramado.

En una entrevista con Aristegui Noticias, la periodista fue más allá y sostuvo que gran parte del armamento que causó miles de muertes en México entre 2004 y 2010 salió del gobierno peruano: «Vino del gobierno de Perú, a cambio de millones y millones de dólares que se pagaron a un presidente de esa nación», declaró. Según Hernández, la acusación se sustenta en el testimonio del testigo protegido Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», exmiembro de la cúpula del Cártel de Sinaloa, quien habría declarado la existencia de un acuerdo entre esa organización y el entonces presidente Alan García para obtener armas que el Estado peruano había comprado previamente a China.

Ante ello, Del Castillo —figura cercana al histórico líder aprista— rechazó los señalamientos y los calificó de infundados, respondiendo de manera directa a cada uno de los puntos planteados por la periodista.

Las declaraciones generaron reacciones en el entorno aprista: la cuenta @apraprensa y allegados al partido expresaron su respaldo a la defensa hecha por Del Castillo, mientras el tema escala en redes sociales y medios de ambos países.

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Política

Ministro de educación José Antonio Chang: Las evaluaciones del desempeño docente no son punitivas [VIDEO]

Pese a las declaraciones del ministro Chang respecto a la no aplicación de la evaluación punitiva contra los maestros. Las Ugeles subordinadas al MINEDU presionan a los docentes usando el concepto «evaluación punitiva». Me ocurrió durante la visita una especialista de la Ugel 03 el 2 de setiembre.

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22 horas ago

07/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

La evaluación del desempeño docente y la carrera pública magisterial descansan sobre una premisa meritocrática: el desarrollo profesional de los docentes se demuestra mediante evaluaciones formativas y procesos de capacitación continuos.

Al respecto, el ministro de educación José Antonio Chang ha señalado durante la entrevista con el periodista Nicolás Lúcar la necesidad de futuras evaluaciones a docentes:

«Vamos a retornar a eso, a evaluaciones censales, pero ya no solo de lápiz y papel… Queremos ver cómo se desempeña el profesor en el aula, qué logros de aprendizaje obtienen los alumnos con ese profesor».

Asimismo, el ministro enfatizó que estos procesos carecen de carácter punitivo:

«Hay que quitar el miedo a la evaluación como un mecanismo para votar profesores. Acá nadie quiere votar». El periodista le replica al ministro, le decían la evaluación punitiva, a lo que el ministro responde: «Que demuestren que si alguien salió producto de las evaluaciones. Nadie salió.

Las evaluaciones no son punitivas, los docentes lo sabemos, algo que ministro tiene muy claro, sin embargo, en la práctica cotidiana ocurre una realidad distante a la expuesta en el discurso oficial.

Durante dos semanas como docente y asesor del CEBA Teresa González de Fanning, esperé la visita institucional de la UGEL 03 o de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) para reconocer a mi estudiante, quien obtuvo el primer lugar en la etapa Ugel y regional del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José María Arguedas” (Categoría D).

Pese a la anunciada visita de la directora Carmen Medina de la UGEL 03, la felicitación no llegó; en su lugar, el pasado miércoles 2 de septiembre recibí la visita Aracelli Gonzales Sánchez monitora en representación de la UGEL 03 para realizar un monitoreo docente.

Durante el desarrollo de la sesión la representante de la UGEL 03 interrumpió la clase para llamarme la atención delante de mis estudiantes, por el uso de la pizarra. En el espacio de reflexión, la monitora — quien mencionó tener postdoctorado en educación — sentenció:

«Este monitoreo es solamente de observación. Posteriormente vendrá la especialista de la Ugel 03 para realizar una evaluación punitiva que podrá ser agregada a su registro escalafonario».

Convertir un monitoreo pedagógico en una amenaza sobre la estabilidad o el escalafón laboral mediante el término “punitivo” constituye una mala práctica que vulnera los protocolos del MINEDU.

Esta advertencia contradice la normativa vigente del Ministerio de Educación (MINEDU). La Evaluación del Desempeño Docente no está concebida como un acto fiscalizador o de castigo, sino como una herramienta de perfeccionamiento continúo sustentada en las Rúbricas de Observación de Aula.

«Durante la visita al aula, el acompañante/monitor debe ingresar con actitud empática y respetuosa, generando un clima de confianza que garantice el desarrollo habitual de la sesión de aprendizaje, evitando cualquier tipo de interrupción, juzgamiento, fiscalización o actitud que genere ansiedad o tensión en el docente.» (Orientaciones para el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico – MINEDU)

Este instrumento evalúa aspectos clave del segundo dominio del Marco de Buen Desempeño Docente (Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes), tales como involucrar a los estudiantes, promover el pensamiento crítico y monitorear el progreso para ofrecer retroalimentación formativa y adecuar la enseñanza.

Las rúbricas clasifican el desempeño en cuatro niveles de logro (I Inicio, II Proceso, III Logrado y IV Destacado), estableciendo que un docente es efectivo al alcanzar los Niveles III o IV. El protocolo exige que el monitor identifique conductas observables y recolecte evidencias en su matriz para ofrecer una retroalimentación constructiva en un clima de confianza, evitando generar ansiedad o temor en el docente evaluado.

Estoy a favor de la evaluación del desempeño docente, pero el monitoreo y acompañamiento docente no debe ser usado como un mecanismo de control o amenaza.

En ese marco, resulta indispensable solicitar a los directores de la DRELM, Cornelio Gonzales Torres, y de la UGEL 03, Carmen Medina Rosas, capacitar adecuadamente al personal que realiza el monitoreo y acompañamiento docente y directivo.

Finalmente, dos ineludibles interrogantes: ¿Hasta qué punto el monitoreo docente a nivel nacional cumple realmente con el propósito formativo que estipula el MINEDU? ¿Cuáles serán los cambios que prepara la gestión del ministro Chang para poner en marcha la anunciada evaluación censal del desempeño docente a nivel nacional?

Datos:

Minedu reprograma evaluación de ascenso docente (prueba nacional) para el 25 de octubre. En esta jornada, 103 mil maestros de la Carrera Pública Magisterial enfrentarán una prueba nacional destinada a medir su dominio pedagógico por nivel y especialidad.
SITEP durante la V asamblea nacional de delegados acuerda un paro nacional. Aún no han precisado la fecha de la medida de lucha.

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Política

Diputado José Marcelo Salazar: “Respaldo las inversiones, siempre que respeten el medio ambiente”

El presidente de la Comisión de Economía plantea una agenda enfocada en recuperar la inversión, impulsar la innovación tecnológica y cerrar las brechas de infraestructura en las regiones. Defiende una política económica basada en evidencia técnica y sostenibilidad fiscal, propone aprovechar las inversiones extranjeras para desarrollar tecnología en el país y plantea fortalecer el control preventivo de la Contraloría para reducir errores y riesgos de corrupción en la obra pública.

Published

2 días ago

06/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

En esta entrevista, el diputado aborda los desafíos que enfrenta el país para reducir la informalidad, ampliar el acceso al crédito, atraer inversiones y aprovechar la tecnología como motor de productividad. Desde su perspectiva, el reto no es solo crecer, sino sentar las bases de un desarrollo sostenible que permita transformar los recursos del país en oportunidades para las próximas generaciones.

Diputado Marcelo, acaba de asumir la presidencia de la Comisión de Economía ¿Cuál será su primera gran batalla legislativa y qué resultado concreto espera alcanzar durante su gestión?

La primera gran batalla es procurar la unidad dentro de la comisión. El principal resultado que esperamos alcanzar es construir consensos, escuchar inicialmente a todos y, a partir de ello, sacar adelante los dictámenes de manera conjunta. Ese es el gran reto.

La Comisión de Economía suele recibir propuestas que pueden generar beneficios para determinados sectores, pero también comprometer recursos públicos. ¿Está dispuesto a poner límites a iniciativas que puedan ser populares políticamente, pero que no tengan un sustento económico o fiscal sólido?

Hemos establecido en nuestro plan de trabajo que toda propuesta debe estar basada en evidencia técnica y contar con el respaldo fiscal correspondiente. La comisión no puede limitarse a discutir qué tipo de gasto se va a impulsar. También tenemos que pensar en inversión y en cómo fortalecer el modelo de ahorro e inversión para impulsar el crecimiento.

El Perú registra crecimiento económico, pero millones de ciudadanos continúan en la informalidad y tienen dificultades para acceder a servicios financieros. ¿Qué considera que está fallando?

Primero hay que diferenciar el modelo de crecimiento económico del modelo de desarrollo. El crecimiento puede ser una ruta para salir de una crisis, pero no debería ser entendido como el modelo general de desarrollo del país. Necesitamos una visión de nación y definir hacia dónde queremos llevarla.

El desarrollo también implica educación y salud, especialmente educación, porque allí se forma el capital humano que permitirá incrementar nuestra productividad en el futuro.

Usted sostiene que el Perú necesita crecer más. ¿Dónde identifica una de las principales limitaciones?

Somos fundamentalmente consumidores de tecnología. Nuestra función de producción está basada principalmente en capital y trabajo, cuando la incorporación de tecnología permite expandir mucho más esa capacidad productiva.

La discusión está en cómo hacemos que la tecnología forme parte de nuestra producción nacional. No podemos seguir siendo únicamente consumidores tecnológicos.

¿Qué papel deberían cumplir las universidades en este proceso?

La innovación tiene que ir de la mano con lo que el Estado exige a las empresas que vienen a invertir. Necesitamos laboratorios, investigación y desarrollo, y allí la universidad pública tiene un papel fundamental. Si no tenemos esa mirada, vamos a seguir creyendo que crecer es suficiente para que los beneficios lleguen al resto del país. Y no lo es.

¿Cómo debería aprovechar el Perú las inversiones extranjeras que llegarán, por ejemplo, a zonas como Chancay?

No podemos conformarnos con que lleguen inversiones para ensamblar productos. Tenemos que vincular esas inversiones con la innovación tecnológica. Si otorgamos beneficios tributarios, deberíamos establecer mecanismos para que parte de esas empresas también desarrollen laboratorios de innovación y tecnología en el país, en coordinación con nuestras universidades.

De lo contrario, seguiremos importando la tecnología y limitándonos a ensamblar. Esa es una discusión de fondo si queremos que nuestro crecimiento se expanda durante los próximos 20 o 30 años.

Usted ha planteado la necesidad de pensar más allá del corto plazo. ¿Qué decisiones deberían tomarse hoy pensando en el Perú de las próximas décadas?

El corto plazo tiene asuntos importantes y urgentes: los presupuestos de las regiones, los salarios, las demandas de los maestros y las pensiones. Pero también tenemos que preguntarnos qué país queremos construir en 20, 30 o 40 años.

La tasa de crecimiento poblacional está disminuyendo. Cada vez nacen menos niños y, proporcionalmente, tendremos una población adulta mayor más grande. La pregunta es quién asumirá esa carga social en el futuro.

Además, el sistema previsional actualmente alcanza a una parte pequeña de la población económicamente activa, principalmente a quienes están en planilla. Tenemos una gran cantidad de trabajadores informales y debemos preguntarnos qué estamos haciendo para garantizarles una jubilación.

Frente a ese escenario, ¿qué alternativa considera viable?

Nosotros hemos planteado la creación de un fondo soberano de riqueza. Es un fondo de inversión estatal. No es una propuesta ideológica; existen experiencias en países como China, Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Colombia y, especialmente, Noruega.

Noruega utilizó parte de los excedentes generados por sus recursos naturales para construir un fondo de inversión. Hoy ese fondo tiene inversiones en diferentes sectores y países, y su rentabilidad contribuye a sostener las necesidades futuras de su población. Eso es pensar en el largo plazo.

Otro problema que afecta a emprendedores y pequeños empresarios es el acceso al crédito. ¿Considera que el sistema financiero peruano ofrece condiciones suficientemente competitivas?

Creo que debe existir mayor competencia. La competencia contribuye a reducir los precios y también puede generar mejores condiciones para los usuarios del sistema financiero.

El Congreso puede contribuir a generar condiciones para que ingresen más competidores al mercado. Tenemos una Superintendencia que regula al sistema financiero bajo estándares internacionales y, además, está creciendo una banca digital importante. Creo que deberían ingresar más competidores.

También se ha discutido la exoneración del impuesto a la renta sobre los intereses de los ahorros. ¿Cuál es su posición?

Primero hay que precisar que no fui quien planteó esa medida. Lo que señalé fue que el Ministerio de Economía y Finanzas había aclarado el tema y que, según la información manejada, la situación se mantendría hasta fines del próximo año.

Considero que no tiene mucho sentido gravar los intereses de los ahorros de las personas. Además, habría que evaluar cuánto representa realmente esa recaudación para el Estado. Creo que existen otras alternativas para ampliar la base tributaria, como revisar determinadas exoneraciones, promover la formalización y generar mayor inversión en infraestructura.

¿Puede la inversión en infraestructura convertirse también en una herramienta para ampliar la recaudación?

Por supuesto. Un ejemplo es Áncash, región que represento. En Chavín de Huantar no existe actualmente una oferta bancaria acorde con el potencial del lugar y tampoco contamos con una infraestructura hotelera importante. Para mí, Chavín debería convertirse en otro Cusco.

Si tuviéramos mejores carreteras y conectividad, podríamos atraer turismo, inversiones y nuevos negocios. Esas actividades generarían ingresos y, a su vez, mayores posibilidades de recaudación. La discusión no debería centrarse únicamente en cuánto impuesto podemos cobrar, sino también en cómo generamos inversión y actividad económica.

Uno de los grandes retos será recuperar la inversión privada. ¿Qué mensaje debería transmitir el Congreso a los inversionistas nacionales y extranjeros?

Sería pretencioso hablar en nombre de toda la comisión. Mi papel será principalmente articular y gestionar las diferentes posiciones. Sin embargo, personalmente respaldo las inversiones.

No nos oponemos a ellas siempre que respeten el medio ambiente y, cuando corresponda, cuenten con licencia social. Necesitamos inversión, pero también condiciones adecuadas para que esta pueda desarrollarse.

¿Estaría dispuesto a respaldar o rechazar una iniciativa de su propia bancada si considera que puede poner en riesgo la estabilidad económica?

Primero tenemos que escuchar a todas las bancadas. Vamos a impulsar las iniciativas que tengan credibilidad, rigor técnico, respaldo fiscal y que estén basadas en evidencia.

Hemos conformado un equipo técnico con profesionales que tienen experiencia en el Banco Central, el Banco Interamericano de Desarrollo y proyectos de asociaciones público-privadas, además de un exviceministro de Hacienda. Estamos apostando por un equipo técnico de primer nivel. No podemos impulsar algo que genere daño al país. Por el contrario, queremos promover el crecimiento y las inversiones.

Otro desafío es lograr que el crecimiento económico llegue a las regiones. ¿Qué cambios considera necesarios para evitar que los proyectos públicos no cierren realmente las brechas existentes?

Hay regiones que cuentan con presupuesto y ejecutan proyectos que finalmente no solucionan los problemas para los que fueron concebidos. Por eso planteamos fortalecer el papel de la Contraloría desde la revisión del expediente técnico.

No debería ocurrir que una obra sea licitada y recién durante su ejecución aparezcan errores u observaciones que pudieron detectarse previamente. La Contraloría debería revisar y validar técnicamente los expedientes antes de que sean aprobados. Si existen errores, deben corregirse antes de la licitación.

¿Considera que la Contraloría debería tener una participación más directa en los procesos de contratación pública?

En mi opinión, sí. Considero que la Contraloría debería participar en los comités de selección para verificar que el proceso sea correcto, transparente y que no exista direccionamiento.

A veces tenemos la sensación de que la Contraloría llega cuando todo terminó y recién entonces señala los errores. Yo creo que sería mucho mejor que controle durante el proceso. Si estamos jugando en el mismo equipo, debe advertirnos antes de que cometamos el error, para corregirlo y continuar.

Eso también ayudaría a reducir los riesgos de corrupción y a hacer más transparente la contratación pública.

Usted también ha cuestionado la calidad de los perfiles de los proyectos de inversión. ¿Por qué considera necesario modificarlos?

Actualmente puede ocurrir que un proyecto tenga un perfil aprobado por cinco millones de soles y que posteriormente el expediente técnico termine costando 30 o incluso 50 millones. Existe una diferencia que no debería producirse.

Los perfiles deberían contar con estándares técnicos mínimos que permitan establecer una ruta mucho más cercana a lo que finalmente será el expediente técnico. De esa manera evitamos sorpresas y mejoramos la planificación de la inversión pública.

Usted representa a Áncash, una región con importantes recursos mineros, energéticos y productivos. ¿Cómo lograr que esas riquezas se traduzcan en mayor desarrollo regional?

Tenemos que generar inversión a nivel nacional. Áncash tiene proyectos pendientes muy importantes, como Chinecas y la mejora de las vías Pativilca-Huaraz y Pativilca-Conococha, además de otros proyectos de infraestructura.

¿Cómo vamos a atraer inversión y turismo si nuestras carreteras no están en buenas condiciones? Áncash debería ser un lugar donde las familias puedan viajar y pasar un fin de semana. Tenemos enormes potencialidades, pero necesitamos infraestructura.

¿Y qué papel puede jugar la industria en ese proceso?

Áncash necesita un parque industrial, pero uno que esté vinculado a la innovación tecnológica.

He visitado recientemente el CIMA de la Marina, en Chimbote, donde se está construyendo una patrullera con materiales importados de China. La pregunta que debemos hacernos es por qué no podemos desarrollar empresas capaces de transformar nuestros propios recursos en los materiales que necesita nuestra industria.

Tenemos recursos mineros y otros recursos estratégicos. Incluso existen oportunidades vinculadas a las tierras raras y a la fabricación de componentes tecnológicos.

No se trata de una cuestión ideológica. Se trata de preguntarnos por qué no podemos producir más tecnología en el Perú.

Finalmente, ¿cuál considera que debería ser la visión económica del país para los próximos años?

Tenemos que dejar de pensar únicamente en resolver el corto plazo. El Perú necesita una visión de futuro.

Tenemos recursos naturales, minerales, diversidad climática y enormes posibilidades. Lo que debemos decidir es cómo utilizamos los próximos años para sembrar las bases de un desarrollo que pueda sostenerse en el tiempo.

Ese reto no corresponde solamente a la Comisión de Economía. Es una responsabilidad del Congreso y también del Gobierno. Tenemos que pensar qué país queremos construir y qué vamos a dejar para las próximas generaciones.

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Política

Diputado Ernesto Zunini: “Creo que él (Marlon Aguirre) se está rectificando en su conducta, y eso es lo importante”

En medio de las tensiones dentro de Juntos por el Perú, en esta entrevista el parlamentario se refiere a su enfrentamiento con el diputado Marlon Aguirre y asegura que su compañero de bancada “se está rectificando” en su conducta. El congresista Zunini también cuestiona el Presupuesto 2027, reclama mayores recursos para seguridad, salud y educación, y plantea una respuesta integral frente al crimen organizado.

Published

3 días ago

05/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

En un escenario marcado por la inseguridad ciudadana, las restricciones presupuestales y el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, el congresista Ernesto Zunini plantea sus reparos frente a las prioridades del Gobierno y reclama una respuesta más concreta ante los principales problemas del país.

Pero la agenda nacional no es el único frente que enfrenta su bancada. Las discrepancias al interior de Juntos por el Perú han expuesto también un enfrentamiento con el diputado Marlon Aguirre, una disputa que Zunini intenta bajar de tono al considerar que su colega “se está rectificando”. En esta entrevista, aborda además el Presupuesto 2027, la lucha contra el crimen organizado, la prevención ante un eventual fenómeno El Niño, las facultades solicitadas por el Ejecutivo y el futuro de su bancada.

PRESUPUESTO 2027

El Ejecutivo ha presentado el proyecto de Presupuesto 2027 por 266 mil 506 millones de soles. ¿Cuál es su evaluación y qué aspectos considera que deberían modificarse?

La presentación no nos ha permitido agotar el debate sobre cómo se está estructurando el presupuesto. Nos preocupa que se plantee reducir el deficit fiscal, pero no se explica claramente cuál será la estrategia para lograrlo.

Hemos observado una disminución, en términos netos, de recursos para sectores fundamentales como educación y salud, así como para áreas que deberían tener atención prioritaria, como el Ministerio del Interior. También nos preocupa que los gastos de inversión sean los más afectados.

Esperábamos, además, propuestas concretas para mejorar la recaudación, por ejemplo, mediante la revision de exoneraciones tributarias y el cobro de deudas millonarias de algunas empresas.

ENFRENTAMIENTOS INTERNOS EN JP

En las últimas semanas se han conocido discrepancias al interior de Juntos por el Perú. ¿Existe riesgo de una división de la bancada?

Creo que existen fuerzas externas que buscan inducir una división, pero nosotros estamos procurando mantener la unidad en función del compromiso que hemos asumido con el país.

Las diferencias personales no deben convertirse en problemas políticos. Deben primar el compromiso público, la transparencia y la agenda del país.

El diputado Marlon Aguirre ha expresado discrepancias respecto a la conducción de la bancada, mientras usted ha señalado que las decisiones se toman mediante consenso o votación. ¿Considera que estas diferencias forman parte de un debate interno normal o existe un problema político más profundo que debería resolverse?

Los problemas políticos son aquellos que tienen que ver con las necesidades de la gente, no con lo que ocurre de las puertas del Parlamento hacia adentro o dentro de la bancada.

Una diferencia de carácter personal no puede convertirse en un problema político. Creo que él se está rectificando en su conducta y en algunas de sus afirmaciones, y eso es lo importante.

Diputados Zunini y Aguirre.

SEGURIDAD CIUDADANA

La inseguridad continúa, siendo una de las principales preocupaciones de la población. ¿El presupuesto planteado será suficiente para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado?

No se trata solamente de recursos. Incluso este año se están asignando menos recursos que el año pasado. La inseguridad debe abordarse de manera integral. Se necesita fortalecer la Policía Nacional, integrar los sistemas de justicia, mejorar la gestión de los establecimientos penitenciarios y fortalecer la participación de las juntas vecinales y rondas campesinas.

También necesitamos una reforma policial. Nos preocupa que cada vez aparezcan más elementos policiales vinculados a acciones delictivas. Además, los estados de emergencia y la militarización de determinados territorios no han ofrecido los resultados esperados. Hemos visto abusos de autoridad y vulneraciones de derechos, pero no una solución efectiva al problema.

¿Qué medidas concretas debería adoptar el Ministerio del Interior para enfrentar al crimen organizado?

Se debe evaluar el cambio de las altas autoridades policiales que no están dando resultados y establecer una mayor rotación de efectivos en las zonas críticas para reducir riesgos de corrupción. También debemos fortalecer las juntas vecinales y rondas campesinas y realizar una campaña nacional para incautar las armas que circulan ilegalmente.

Otro aspecto fundamental es el sistema penitenciario. El crimen organizado continúa operando desde estos establecimientos, por lo que se necesita un reordenamiento y medidas especiales para los internos vinculados con extorsión, sicariato y crimen organizado. Además, muchas de estas organizaciones tienen carácter internacional, por lo que se requiere una mayor coordinación y control de nuestras fronteras.

FENÓMENO EL NIÑO

Otro riesgo para el país son los efectos del fenómeno El Niño. ¿Qué debería priorizar el Presupuesto 2027 para prevenir una eventual emergencia?

Hay proyectos que ya están en ejecución y que no cuentan con recursos suficientes. En Lambayeque, por ejemplo, los trabajos de descolmatación y las defensas ribereñas en las cuencas de los ríos La Leche y Motupe necesitan mayor atención.

Tenemos también puentes en estado crítico y caminos rurales que podrían quedar afectados por las lluvias, poniendo en riesgo la producción agrícola y las cadenas de abastecimiento. Consideramos que también debería aprovecharse la capacidad de la empresa privada. Hay empresas que cuentan con maquinaria y personal que podrían complementar la inversión pública y ayudar a responder rápidamente ante una emergencia.

FACULTADES LEGISLATIVAS

El Ejecutivo ha solicitado facultades legislativas ¿Cuál es la posición de Juntos por el Perú frente a este pedido?

Nos preocupa que se haya presentado un pedido de 66 facultades que incluye diversos temas, mientras que no vemos con claridad cuáles son las prioridades inmediatas del país. Consideramos que la seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno El Niño deberían estar entre las principales prioridades. La delegación de facultades debe ser extraordinaria y específica; no puede convertirse en un pedido ómnibus.

Estamos dispuestos a dialogar y evaluar las propuestas, pero necesitamos objetivos claros, metas medibles y resultados verificables.

OPOSICIÓN Y ACUERDOS

De cara a los próximos meses, ¿Juntos por el Perú mantendrá una posición de oposición al Gobierno o está dispuesto a construir acuerdos cuando se trate de iniciativas beneficiosas para el país?

Nosotros estamos dispuestos a apoyar todo aquello que sea beneficioso para el país. Pero tiene que discutirse con claridad y objetividad, donde prime el interés público. Ahí estamos dispuestos a poner el hombro, sin miramientos, sectarismo ni dogmatismo.

Estamos dispuestos a sumar esfuerzos en la lucha contra la pobreza, la redistribución, la educación, la salud, las pensiones para nuestros jubilados, la atención frente al fenómeno El Niño y, especialmente, la seguridad ciudadana, que son temas prioritarios y críticos.

AGENDA POLÍTICA

En ese escenario, ¿cuáles serán las principales prioridades que su bancada defenderá en el Congreso durante los próximos meses?

Una de nuestras prioridades es la defensa de la democracia, la justicia y la reparación a los deudos. También consideramos fundamentales la seguridad ciudadana y la prevención y atención frente al fenómeno El Niño.

Son temas prioritarios y críticos para el país y en los que estamos dispuestos a trabajar.

Finalmente, ¿qué espera de los próximos meses en el Congreso y cuál considera que debería ser el principal compromiso de los parlamentarios con la ciudadanía?

Esperamos que se prioricen los temas que realmente preocupan a la ciudadanía y que las decisiones se tomen pensando en el interés público.

Desde nuestra bancada estamos dispuestos a contribuir cuando se trate de iniciativas que beneficien al país, pero siempre defendiendo la democracia, la institucionalidad y las prerrogativas constitucionales del Congreso.

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Política

La asesora del ministro Juan Sheput: Denisse Miralles autorizó un contrato en PROINVERSIÓN por S/30 mil a favor de Ángela Huatay

Ángela Huatay Benites, actual asesora del ministro Juan Sheput en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, fue contratada por PROINVERSIÓN en mayo de 2026 por S/30 mil el TDR y conformidad del servicio lleva la firma de la expremier Denisse Miralles Miralles. Aquí la historia de las conexiones políticas.

Published

3 días ago

04/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

Desde 2023, la trayectoria de Huatay en el Estado peruano traduce una cercanía con Miralles. Cada vez que Denisse Miralles cambia de cargo, Ángela Huatay aparece contratada poco después.

Todo comienza en PROINVERSIÓN. Miralles condujo la Dirección de Inversiones Descentralizadas (DID) durante cerca de una década, antes de pasar al Viceministerio de Economía en febrero de 2025. En ese mismo periodo, entre el 23 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2024, Huatay ocupó la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCOIM) de la entidad.

El segundo episodio ocurrió en el Ministerio de Economía y Finanzas. El 14 de octubre de 2025, Miralles asumió como ministra de Economía y Finanzas en el gabinete de José Jerí. Entre octubre de 2025 y febrero de 2026 —exactamente el tiempo que duró la gestión de Miralles al frente del MEF— Huatay se desempeñó como asesora de esa misma cartera.

El tercer capítulo se escribió en la Presidencia del Consejo de ministros. En febrero de 2026, Miralles asumió la presidencia del gabinete bajo el gobierno de José María Balcázar, y la PCM designó a Huatay como asesora de alta dirección. Su paso por la PCM fue breve: del 27 de febrero al 31 de marzo de 2026, casi en simultáneo con la salida de Miralles, quien renunció al gabinete el 17 de marzo —antes de someterse al voto de confianza del Congreso— y regresó a PROINVERSIÓN a retomar funciones en la Dirección de Inversiones Descentralizadas (DID).

El regreso de Miralles a la DID no tardó en producir un nuevo contrato para Huatay. Semanas después, en mayo de 2026, esa dirección tramitó una contratación directa —sin concurso público, bajo el régimen de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, vigente desde abril de 2025— por S/30 mil a favor de Huatay, para un servicio de difusión, orientación normativa y fortalecimiento de capacidades sobre el nuevo Reglamento de Obras por Impuestos, modalidad remota, en coordinación con el equipo de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de PROINVERSIÓN.

Según el expediente revisado por este medio, el requerimiento de fecha 30 de abril solicitado y autorizado por Miralles el 4 de mayo. Al día siguiente, Jorge Perleche García, jefe de Logística, lo rechazó por una posible superposición con las funciones de comunicación institucional que el Reglamento de Organización y Funciones asigna a la OCOIM, la misma oficina que Huatay dirigió anteriormente.

Esa observación fue subsanada el 8 de mayo con un nuevo TDR (Términos de Referencia N.° 110-2026-PROINVERSIÓN/DID), firmado por Miralles. El 12 de mayo se emitió la Orden de Servicio N.° 00930-2026-S por S/30 mil, con dos entregables de S/15 mil cada uno, entregados el 1 y el 26 de junio. De acuerdo con el propio expediente, la conformidad de esos entregables correspondía otorgarla a la subdirección de línea de la DID, cargo que en ese momento ocupaba Miralles, y ambas conformidades de servicio llevan, en efecto, su firma.

El libro de visitas de PROINVERSIÓN registra, además, reuniones entre Huatay y Miralles el 13 de mayo —un día después de emitida la orden de servicio—, el 28 de mayo y el 25 de junio, esta última dentro del plazo de ejecución del segundo entregable.

La consultoría en el MINEDU por 45 mil

En abril del 2026, durante la gestión de María Esther Cuadros la Unidad Ejecutora 118 del Ministerio de Educación pagó S/ 45,000 a Huatay por una consultoría financiada con fondos del BID. (https://limagris.com/consultoria-por-s-45-mil-a-favor-de-angela-huatay-en-el-minedu-genera-polemica-en-medio-de-la-falta-de-presupuesto-para-becas/)

Asesora en el Ministerio de Trabajo

La exjefa de prensa de Pedro Pablo Kuczynski es actualmente asesora I del despacho ministerial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Resolución Ministerial N.° 203-2026-TR) designada por el actual ministro de trabajo Juan Sheput Moore.

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Política

Lourdes Alcorta defiende gobierno de Keiko Fujimori: “Tenemos una desgracia en el tema delincuencia, no van a pretender que se resuelva de un día para otro”

La senadora de Renovación Popular cuestionó a los parlamentarios que critican al gobierno de Keiko Fujimori y pidió tiempo para que la nueva gestión pueda mostrar resultados.

Published

4 días ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña Cruz

La senadora Lourdes Alcorta, de la bancada de Renovación Popular, se pronunció frente a las críticas que algunos parlamentarios vienen realizando al gobierno de Keiko Fujimori. Sus declaraciones se dieron durante la presentación del gabinete de Luis Galarreta ante el Congreso, en medio de un debate donde se cuestionaba la situación del país y las decisiones tomadas por el nuevo gobierno.

Alcorta defendió la gestión de Fujimori y señaló que no se puede esperar que todos los problemas del país sean solucionados en poco tiempo. Eso toma tiempo, no tres semanas, manifestó, en referencia a los cuestionamientos que se estaban realizando al Ejecutivo y a las exigencias de resultados inmediatos.

Durante su intervención, la parlamentaria también cuestionó a los congresistas de izquierda y responsabilizó a los gobiernos anteriores por parte de la situación que atraviesa actualmente el país. Según Alcorta, durante los últimos años el Perú ha tenido gobiernos de izquierda y los resultados no han sido positivos. Hemos tenido gobiernos de izquierda y ya sabemos cómo nos ha ido, ha sido desastroso, sostuvo.

Asimismo, señaló que el nuevo gobierno tiene la tarea de retomar, reordenar y conducir el país. Para la parlamentaria, antes de exigir resultados a la actual administración se debería permitir que pueda organizar el Estado y comenzar a trabajar en los principales problemas que afectan a la población.

Otro de los puntos que mencionó Alcorta fue la responsabilidad de los gobiernos regionales. La senadora cuestionó que se reclamen soluciones en sectores como salud, educación y seguridad sin tener en cuenta que las regiones también cuentan con presupuestos destinados a atender estas necesidades. ¿Dónde está ese dinero?, preguntó durante su intervención.

La discusión también subió de tono cuando Alcorta respondió directamente a quienes cuestionaban al gobierno. La parlamentaria preguntó a sus colegas qué proyectos habían presentado para solucionar los problemas del país. ¿Qué proyecto han presentado ustedes? Nada, cero, solo presentan problemas, afirmó.

Sus palabras generaron reacciones dentro del Congreso, donde el debate se desarrollaba en un ambiente de tensión entre los parlamentarios que respaldan al Ejecutivo y quienes cuestionan sus primeras decisiones.La posición de Lourdes Alcorta deja clara su cercanía y respaldo al gobierno de Keiko Fujimori. Sin embargo, sus declaraciones también abren un debate sobre el papel que debe cumplir el Congreso. Si bien una nueva administración necesita tiempo para trabajar, también corresponde a los parlamentarios fiscalizar sus decisiones y exigir resultados cuando sea necesario.

Por ahora, Alcorta mantiene una postura firme en defensa del Ejecutivo y considera que el nuevo gobierno debe tener la oportunidad de demostrar con hechos si podrá responder a las principales necesidades de los peruanos.

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Política

Diputada Yenifer Paredes denuncia el espejismo del Presupuesto 2027: “Trasladan responsabilidades, pero no recursos”

El Ejecutivo anuncia casi S/ 100 mil millones para gobiernos regionales y locales, pero la mayor parte se concentra en gasto corriente mientras la inversión crece apenas 1.1%. La congresista Yenifer Paredes cuestiona además el recorte de S/ 430 millones para seguridad municipal y reclama un Fondo de Choque Hídrico de S/ 2 mil millones para enfrentar el abandono del campo.

Published

4 días ago

03/09/2026

Redacción Lima Gris

El Presupuesto General de la República para el año fiscal 2027 aparece como una enorme bolsa de recursos destinada a cerrar brechas, fortalecer a las regiones y profundizar la descentralización. El problema comienza cuando esas cifras abandonan el papel y no llega a los peruanos que más lo necesitan.

Porque una cosa es anunciar miles de millones y otra, muy distinta, es saber cuánto de ese dinero terminará convertido en una obra, un patrullero operativo, un canal de riego o un colegio que realmente pueda utilizar un ciudadano.

Ese fue el punto central del cuestionamiento formulado en el Congreso por la diputada Yenifer Paredes Navarro, vocera alterna de la bancada de Juntos por el Perú y representante de Cajamarca. Durante la presentación del Gabinete ante el Pleno, la legisladora puso el dedo sobre una de las viejas heridas del Estado peruano: la descentralización que transfiere responsabilidades a las regiones, pero no necesariamente los recursos suficientes para atenderlas.

La gran cifra y la pequeña inversión

El Ejecutivo llegó al Parlamento exhibiendo una cifra que, a primera vista, parece contundente: casi S/ 99,893 millones para gobiernos regionales y locales.

El número impresiona. Pero cuando se abre la caja y se revisa dónde terminará cada sol, la fotografía cambia.

De los S/ 58,671 millones destinados a los gobiernos regionales, unos S/ 45,879 millones —el 78.2%— corresponden a gasto corriente. Es decir, recursos destinados principalmente a planillas, funcionamiento y obligaciones operativas.

Para inversión pública quedan alrededor de S/ 12,458 millones.

La diferencia no es un detalle técnico. Es la distancia entre sostener la maquinaria del Estado y construir la infraestructura que las regiones llevan años reclamando. Y el problema se vuelve todavía más evidente cuando se compara con el año anterior: el gasto de capital regional crecería apenas 1.1% respecto de 2026.

La pregunta, entonces, resulta inevitable: ¿dónde está la descentralización si las regiones reciben responsabilidades, pero la inversión no crece al mismo ritmo que las necesidades?

Desde la tribuna, Paredes planteó una respuesta directa: trasladar competencias sin garantizar recursos no es descentralizar; es trasladar el problema.

Menos dinero para seguridad cuando las calles están tomadas

Pero existe otro dato que resulta todavía más difícil de explicar. Mientras el país enfrenta una expansión de la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, el proyecto presupuestal contempla una reducción de S/ 430 millones en los recursos destinados a seguridad ciudadana ejecutada por los gobiernos locales.

La partida pasaría de S/ 3,850 millones a S/ 3,420 millones. En el papel puede parecer una modificación presupuestal. En la calle tiene otro significado.

Son menos recursos para municipios que necesitan combustible para sus patrulleros, mantenimiento de cámaras de vigilancia, equipos y capacidad operativa para sus serenazgos. Y son precisamente los gobiernos locales quienes reciben, todos los días, el reclamo de vecinos que ya no pueden caminar tranquilos por sus propias calles.

La congresista cuestionó por ello que se reduzcan recursos destinados a seguridad precisamente cuando la delincuencia golpea con mayor violencia.

El razonamiento es sencillo: la inseguridad no se combate únicamente desde Lima. El alcalde, el serenazgo y la policía local son quienes terminan enfrentando la primera línea de una crisis que ya no reconoce distritos ni fronteras.

Por eso, Juntos por el Perú plantea restituir los S/ 430 millones y acompañar ese incremento con mecanismos de control que permitan verificar que el dinero termine efectivamente en las calles.

El campo sigue esperando agua

Desde Cajamarca, Paredes llevó también al debate presupuestal un problema que suele desaparecer de los discursos cuando la agenda nacional se concentra en Lima: el agua para la agricultura.

Miles de productores siguen dependiendo de las lluvias, mientras el país arrastra un déficit histórico de reservorios, canales y sistemas de riego tecnificado.

La propuesta planteada es la creación de un Fondo de Choque Hídrico de S/ 2,000 millones, destinado a financiar infraestructura hídrica desde las regiones, con asistencia técnica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

La lógica no necesita demasiadas explicaciones: sin agua no hay agricultura; sin agricultura no hay producción; y sin producción el campo queda condenado a sobrevivir de una campaña a otra.

El problema es que el Perú lleva décadas hablando de seguridad hídrica mientras buena parte de sus agricultores continúa esperando que el cielo decida cuándo habrá cosecha.

Cinco preguntas incómodas para el Ejecutivo

El cuestionamiento de Paredes no quedó reducido a las cifras. La parlamentaria colocó sobre la mesa cinco preguntas que el Gobierno deberá responder si pretende presentar el presupuesto como una verdadera herramienta de desarrollo regional:

Primero: ¿cuánto dinero nuevo llegará realmente a las regiones para ejecutar obras y cerrar brechas?

Segundo: ¿qué asistencia técnica ofrecerá el MEF a gobiernos regionales y municipios para mejorar su capacidad de ejecución, en lugar de castigarlos con recortes cuando no gastan?

Tercero: ¿por qué reducir S/ 430 millones para seguridad local cuando las extorsiones y el sicariato se multiplican?

Cuarto: ¿qué monto concreto se garantizará en 2027 para infraestructura hídrica y riego tecnificado?

Y quinto: ¿cuánto crecerá realmente la inversión pública cuando se descuente el efecto de la inflación?

Son preguntas que no se responden con una cifra global ni con una presentación llena de gráficos.

Porque el presupuesto puede crecer en Lima, en los despachos ministeriales y en las hojas de cálculo. Pero si en Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco o cualquier otra región las carreteras siguen esperando, los agricultores continúan sin agua, los municipios carecen de recursos para enfrentar al crimen y las obras permanecen paralizadas, entonces la llamada descentralización seguirá siendo, una vez más, una promesa escrita en papel.

El presupuesto no se mide por cuánto anuncia el Gobierno. Se mide por cuánto cambia la vida de la gente.

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