El exministro de Defensa y abogado de Roberto Sánchez, Walter Ayala, anunció la presentación de un recurso de amparo ante la justicia constitucional para que no se contabilicen los votos de los más de 300 mil peruanos residentes en el exterior. Esto ocurre cuando la ONPE ya ha procesado más del 99% de las actas de la segunda vuelta electoral.
Ayala argumentó que la ONPE vulneró el principio de intangibilidad de la normativa electoral al emitir la Resolución Jefatural 090-2026, el pasado 29 de mayo, días antes del balotaje. Dicha disposición dejó sin efecto el escaneo y la digitalización de actas que se habían utilizado en la primera vuelta, retornando al traslado convencional. Para el abogado, esto constituye una infracción directa a la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe modificar el cronograma o emitir nuevas directivas una vez convocado el proceso electoral.
"Acá se ha vulnerado el derecho a la transparencia, se ha roto la cadena de custodia", declaró Ayala en Ampliación de Noticias de RPP. Además, anunció una medida cautelar para frenar la contabilización de estos sufragios antes de la proclamación del nuevo presidente.
Consultado sobre el impacto de su solicitud, que dejaría sin efecto el voto de aproximadamente el 10% del padrón electoral, el exministro comparó la situación con "la teoría del árbol envenenado: si un árbol está envenenado, el fruto nace envenenado. Es la consecuencia de los funcionarios de la ONPE que emitieron una norma contraviniendo la Ley Orgánica".
Frente a la postura de la ONPE y la Cancillería, que señalaron que la resolución contenía disposiciones estrictamente operativas y logísticas, sin modificar la ley, Ayala insistió en que el documento emitido tiene rango de norma legal y, por ello, vicia el proceso. El exministró buscó precisar los alcances de su recurso de amparo, indicando que el objetivo final recae en el conteo de los sufragios.
"No estamos pidiendo que se declaren nulas las elecciones en el extranjero. Estamos pidiendo que los votos que han roto en la cadena de custodia y el principio de transparencia no se apliquen al conteo final para cuando se proclame al ganador de estas elecciones", detalló.
Consciente de los plazos del proceso electoral, el abogado confirmó que interpone una medida cautelar en paralelo. Esta busca que el Poder Judicial ordene frenar la inclusión de las actas cuestionadas antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficialice los resultados a nivel nacional. Ayala reconoció abiertamente que su estrategia legal tiene un límite de tiempo marcado por la oficialización de los comicios y la declaración del próximo mandatario. "Si ya se proclama al ganador, está hecho", aseveró.
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