Con más del 99 % de las actas procesadas por la ONPE, el abogado y exministro de Defensa Walter Ayala anunció la presentación de un recurso de amparo ante la justicia constitucional. La medida busca que no se tomen en cuenta los votos de más de 300 mil peruanos residentes en el extranjero.

El letrado, que representa al candidato Roberto Sánchez, sostuvo que la ONPE vulneró el principio de intangibilidad de la normativa electoral al emitir la Resolución Jefatural 090-2026, publicada el 29 de mayo, a pocos días del balotaje. Según explicó, esta disposición eliminó el escaneo y la digitalización de actas que sí se aplicaron en la primera vuelta.

Ayala indicó que la decisión de retornar al traslado convencional de actas constituye una presunta infracción a la Ley Orgánica de Elecciones, la cual prohíbe modificar el cronograma o emitir nuevas disposiciones una vez convocado el proceso electoral. “Acá se ha vulnerado el derecho a la transparencia, se ha roto la cadena de custodia”, declaró a RPP.

Consultado sobre las consecuencias de su solicitud —que implicaría invalidar el voto de aproximadamente el 1 % del padrón electoral—, el exministro afirmó: “es como la teoría del árbol envenenado: si un árbol está envenenado, el fruto nace envenenado. Es la consecuencia de los funcionarios de la ONPE que emitieron una norma contraviniendo la Ley Orgánica”.

Ayala sostuvo que la resolución de la ONPE y la Cancillería —las cuales habían indicado que contiene disposiciones estrictamente operativas y logísticas, sin modificar la ley— tendría carácter de norma legal, lo que afectaría la validez del proceso. El exministro precisó que su recurso de amparo se centra exclusivamente en el conteo de sufragios. “No estamos pidiendo que se declaren nulas las elecciones en el extranjero. Estamos pidiendo que los votos que han roto en la cadena de custodia y el principio de transparencia no se apliquen al conteo final para cuando se proclame al ganador de estas elecciones”, indicó.

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