Fiscalía cuestiona aumento presupuestario del 16 % y pide recursos urgentes para enfrentar el crimen organizado

Actualidad Fiscalía cuestiona aumento presupuestario del 16 % y pide recursos urgentes para enfrentar el crimen organizado El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, considera insuficiente el incremento planteado por el Ejecutivo para 2027. Además, solicitó al Congreso un crédito suplementario de S/…

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, considera insuficiente el incremento planteado por el Ejecutivo para 2027. Además, solicitó al Congreso un crédito suplementario de S/ 232,5 millones para garantizar la continuidad operativa del Ministerio Público durante los últimos meses de 2026.

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17 minutos ago

20/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La falta de recursos económicos vuelve a colocar al Ministerio Público en el centro del debate sobre la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad en el Perú. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó el incremento presupuestario del 16 % propuesto por el Poder Ejecutivo para el año fiscal 2027, al considerar que no responde a las necesidades de la institución ni compensa las restricciones acumuladas durante los últimos años.

En declaraciones difundidas por RPP el sábado 17 de octubre, Gálvez advirtió que la Fiscalía podría enfrentar dificultades para pagar las remuneraciones de parte de su personal en noviembre y diciembre si no se aprueba una asignación adicional. Por ese motivo, informó que solicitó al Congreso de la República un crédito suplementario de carácter urgente. La controversia no se limita al pago de salarios: también comprende los recursos necesarios para la movilidad, los bienes y servicios, la contratación de peritos y el funcionamiento de las unidades fiscales. RPP, 17 de octubre de 2026.

Un aumento que la Fiscalía considera insuficiente

El incremento del 16 % planteado por el Ejecutivo para el presupuesto institucional de 2027 no satisface, según Gálvez, las necesidades financieras del Ministerio Público. El titular de la institución sostuvo que la propuesta ni siquiera permitiría recuperar el nivel presupuestario que considera necesario para su funcionamiento regular y señaló que la Fiscalía requiere una asignación mucho mayor.

La posición del fiscal de la Nación se relaciona con el presupuesto que la institución solicitó para el próximo ejercicio fiscal. De acuerdo con una nota oficial del Ministerio Público publicada el 7 de octubre, la demanda global presentada para 2027 asciende a S/ 6.902,1 millones. Sin embargo, la entidad identificó una brecha de financiamiento de S/ 3.561,5 millones, equivalente al 51,6 % del presupuesto total requerido.

Esta diferencia, según la Fiscalía, compromete la continuidad de sus operaciones, el cumplimiento de obligaciones laborales y la implementación de medidas destinadas a reforzar la investigación de delitos. Entre las áreas mencionadas figuran la ciberdelincuencia, las unidades de flagrancia, el Sistema Nacional Especializado de Justicia, la extorsión y otros delitos conexos.

La cifra corresponde a la demanda presupuestaria institucional para 2027, por lo que no debe confundirse con el monto finalmente aprobado ni con el presupuesto que la entidad tiene disponible durante 2026. Ministerio Público, 7 de octubre de 2026.

S/ 232,5 millones para cerrar el año fiscal

La preocupación más inmediata de la Fiscalía se concentra en los recursos necesarios para culminar 2026. Gálvez informó que solicitó al Congreso un crédito suplementario de S/ 232,5 millones, con el objetivo de asegurar la operatividad de los despachos fiscales durante el cierre del año.

El pedido busca evitar que la falta de liquidez afecte el pago de remuneraciones y la continuidad de los servicios institucionales. En declaraciones a RPP, el fiscal de la Nación advirtió que, sin recursos adicionales, el Ministerio Público podría quedarse sin fondos suficientes para pagar los salarios de parte de su personal durante noviembre y diciembre.

La solicitud de este crédito suplementario debe distinguirse del debate sobre el presupuesto de 2027: mientras el primero busca atender necesidades inmediatas para terminar el presente ejercicio fiscal, el segundo corresponde a la planificación financiera del siguiente año.

El planteamiento abre una discusión sobre la capacidad del Estado para garantizar que una institución encargada de investigar delitos pueda mantener sus operaciones sin interrupciones.

No obstante, la aprobación del crédito depende del procedimiento presupuestario correspondiente y de las decisiones de las autoridades competentes.

Falta de logística y limitaciones en las unidades de flagrancia

El reclamo presupuestario también comprende las condiciones materiales en las que trabajan los fiscales. Gálvez explicó que la falta de personal y logística llevó al Ministerio Público a unificar los turnos de las unidades de flagrancia a nivel nacional, debido a que la institución no contaba con suficientes recursos para cubrir ambos horarios.

Estas unidades buscan agilizar la atención de casos en los que una persona es intervenida en circunstancias de flagrancia. Su funcionamiento requiere coordinación entre las instituciones del sistema de justicia, además de disponibilidad de fiscales, personal de apoyo, equipos y recursos logísticos.

Según lo declarado por el fiscal de la Nación, la reorganización interna permitió atender el problema relacionado con los turnos, pero no resolvió las carencias materiales. Entre las necesidades pendientes mencionó la movilidad, los bienes y servicios y la disponibilidad de peritos que puedan intervenir oportunamente en los casos.

Las limitaciones logísticas son especialmente relevantes en investigaciones que requieren diligencias inmediatas, evaluación de evidencias y actuaciones especializadas. Sin embargo, para determinar el efecto concreto de estas carencias sobre los tiempos de investigación o la resolución de casos, sería necesario contar con indicadores comparables de desempeño fiscal.

La brecha institucional: infraestructura, tecnología y personal

El diagnóstico presentado por el Ministerio Público ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República el 7 de octubre detalló otros problemas que, de acuerdo con la entidad, restringen su capacidad operativa.

Entre los principales datos comunicados oficialmente figuran:

Infraestructura: 426 de las 580 sedes fiscales se encuentran en condición vulnerable, lo que representa el 73,5 %.
Equipos informáticos: la institución reportó 18.335 equipos obsoletos con más de nueve años de antigüedad.
Medicina Legal: se informó que el 34,3 % de los requerimientos periciales no había sido atendido, con 3.935 solicitudes sin perito asignado.
Flota vehicular: 196 vehículos se encontraban en reparación o destinados a baja, equivalentes al 17,8 % de la flota reportada.
Situación de los fiscales: 4.687 fiscales, el 52,9 % del total indicado por la entidad, trabajaban en condición de provisionales y requerían pasar a la titularidad.

El Ministerio Público también señaló que proyectaba una carga cercana a los tres millones de casos para 2026. Para atenderla, informó contar a escala nacional con 1.472 dependencias fiscales, 8.454 fiscales y 5.435 asistentes en función fiscal.

Estas cifras reflejan las necesidades institucionales descritas por la propia Fiscalía. Su impacto debe analizarse junto con la distribución territorial de los recursos, la carga procesal de cada despacho y los resultados de las investigaciones, información que permitiría identificar dónde se concentran las mayores dificultades.

Crimen organizado, minería ilegal y otros delitos bajo investigación

El debate presupuestario se desarrolla en un escenario en el que el Ministerio Público busca fortalecer las investigaciones sobre criminalidad organizada, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

En su balance del 7 de octubre, la institución informó que había realizado 825 operativos contra el crimen en lo que iba de 2026. De acuerdo con el desglose difundido, 417 estuvieron relacionados con el tráfico ilícito de drogas, 322 con materia ambiental, 55 con criminalidad organizada y 31 con corrupción de funcionarios.

Estos datos corresponden a operativos comunicados por la Fiscalía y no deben interpretarse como el número total de investigaciones, denuncias, personas detenidas o condenas por esos delitos. Cada indicador mide una actividad distinta.

La entidad sostuvo que el fortalecimiento de sus capacidades permitiría consolidar investigaciones y atender las necesidades de áreas estratégicas. En particular, señaló que las restricciones presupuestarias limitan la atención de asuntos relacionados con ciberdelincuencia, extorsión, delitos conexos y unidades de flagrancia.

El financiamiento, por sí solo, no garantiza una reducción de la criminalidad. Para evaluar los resultados también será necesario observar la calidad de las investigaciones, la coordinación con la Policía Nacional y el Poder Judicial, la disponibilidad de personal especializado y la capacidad de llevar los casos ante los tribunales.

El Congreso y el Ejecutivo, ante la discusión presupuestaria

La solicitud de recursos adicionales coloca al Congreso de la República ante el pedido de crédito suplementario para cerrar 2026, mientras continúa el proceso de discusión del presupuesto correspondiente a 2027.

La documentación publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas permite consultar el proyecto de presupuesto del sector público para el próximo año y sus anexos. Estos documentos son relevantes para contrastar la propuesta general del Ejecutivo con los requerimientos presentados por cada entidad.

En este caso, resulta necesario distinguir tres elementos: el incremento del 16 % mencionado por Gálvez, la demanda global de S/ 6.902,1 millones presentada por el Ministerio Público para 2027 y la brecha de S/ 3.561,5 millones calculada por la institución. Son cifras con alcances distintos y no deben presentarse como si fueran montos equivalentes.El cuestionamiento central expuesto por el fiscal de la Nación es que el aumento planteado no cubriría las necesidades institucionales. Para completar el contraste periodístico, corresponde incorporar la respuesta del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los criterios utilizados para definir la propuesta, así como el estado del trámite del crédito suplementario ante el Congreso.

Un debate que va más allá del monto

La discusión sobre los recursos de la Fiscalía plantea una cuestión central para el sistema de justicia: cómo garantizar que las investigaciones penales cuenten con personal, tecnología, infraestructura y servicios especializados suficientes para funcionar de manera continua.

El Ministerio Público sostiene que existe una brecha significativa entre lo solicitado y lo necesario para mantener sus operaciones. El Ejecutivo, por su parte, debe explicar los criterios de su propuesta presupuestaria y el margen disponible para atender las necesidades planteadas por la institución.

La decisión sobre los recursos tendrá que evaluarse no solo por el porcentaje de incremento, sino también por la distribución del dinero, las prioridades de gasto y los resultados que puedan medirse posteriormente. En una coyuntura marcada por la preocupación ciudadana ante la criminalidad, el reto será asegurar que el financiamiento público se traduzca en una capacidad efectiva para investigar delitos y sostener el trabajo fiscal.

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Federación Peruana de Periodistas exige acciones urgentes para proteger las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa

Redacción Lima Gris

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Federación Peruana de Periodistas exige acciones urgentes para proteger las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa

La Federación de Periodistas del Perú alertó sobre el deterioro de este patrimonio de la humanidad, las ocupaciones en zonas intangibles y la falta de financiamiento para su conservación. La institución demanda mayor transparencia, vigilancia efectiva y medidas concretas para garantizar su protección.

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16 horas ago

19/10/2026

Redacción Lima Gris

La Federación de Periodistas del Perú (FPP) expresó su profunda preocupación por las afectaciones y deficiencias en la gestión de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, y exigió al Estado peruano medidas urgentes para garantizar la conservación de este legado arqueológico, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1994.

El pronunciamiento se produjo tras la exposición de la abogada Noemy Castañeda Pacheco, representante de ciudadanos y defensores del patrimonio de Nasca, durante el V Congreso Nacional y V Foro Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas del Perú y del Abya Yala, realizado en Lima del 12 al 15 de octubre de 2026. La intervención tuvo lugar el martes 13 de octubre, en un encuentro coorganizado por la FPP, como integrante de la sociedad civil, por invitación de OBAAQ-Perú.

Durante su presentación, Castañeda denunció una serie de afectaciones al patrimonio y cuestionó las deficiencias en su administración, varios de cuyos antecedentes figuran en documentos oficiales.

Uno de los casos señalados corresponde a la decisión adoptada en 2025 por el Ministerio de Cultura de reducir en aproximadamente 2.400 km² el área de la Reserva Arqueológica de Nasca. Tras las críticas de ciudadanos, especialistas e instituciones, la medida fue dejada sin efecto y se restituyó la extensión original de 5.633 km². Por estos hechos, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar que continúa en curso.

Asimismo, el Ministerio de Cultura ha sancionado daños irreversibles a geoglifos ocasionados por actividades agrícolas dentro de la reserva y ha documentado y remitido a la Fiscalía afectaciones al entorno del sitio arqueológico de Paredones.

A estas situaciones se suma una advertencia de la Contraloría General de la República, emitida en diciembre de 2025, sobre ocupaciones en zonas intangibles, acumulación de residuos y deficiencias en la vigilancia. El organismo también alertó que el Plan de Gestión aprobado en 2015 no se había ejecutado por falta de financiamiento.

Frente a este panorama, la FPP reconoció que el desarrollo urbano, agrícola y de infraestructura es legítimo y necesario para la población de Nasca y Palpa. Sin embargo, advirtió que el progreso no puede justificar la destrucción de un bien de valor universal y recordó que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, con respeto al debido proceso.

Cinco exigencias para proteger el patrimonio

La Federación respaldó las propuestas presentadas durante el encuentro y planteó cinco medidas prioritarias para fortalecer la protección y la gestión de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa.

En primer lugar, demandó al Ministerio de Cultura evaluar la creación de una unidad ejecutora especializada para Nasca y Palpa, con competencias definidas, recursos suficientes, autonomía operativa y mecanismos de rendición de cuentas. También exigió garantizar el financiamiento y la ejecución del Plan de Gestión, con metas públicas, plazos e indicadores verificables.

En segundo lugar, pidió priorizar la delimitación física de los sectores más vulnerables mediante hitos georreferenciados, señalización visible y cartografía oficial actualizada. Esta labor deberá diferenciar técnicamente y jurídicamente las áreas arqueológicas de las zonas urbanas y agrícolas, en coordinación con las municipalidades, el Gobierno Regional de Ica y las autoridades competentes.

Como tercera medida, propuso actualizar, transparentar y articular la información geográfica arqueológica del Estado con los sistemas de catastro, titulación, actividad minera e infraestructura, a fin de identificar posibles superposiciones antes de autorizar intervenciones.

La cuarta exigencia está dirigida a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. A la primera, la FPP le pidió dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones; al segundo, actuar con celeridad en las investigaciones abiertas por afectaciones al patrimonio.

Finalmente, reclamó la publicación de información verificable sobre la recaudación y el destino de los ingresos vinculados a la actividad turística en Nasca y Palpa, además de la promoción de mecanismos de financiamiento sostenible para la conservación, la vigilancia, la investigación y la participación de las comunidades locales.

Ciudadanos en defensa del legado de María Reiche

La FPP saludó a los ciudadanos de Nasca y Palpa que, siguiendo el ejemplo de María Reiche, dedican sus esfuerzos a vigilar y defender este legado histórico. Asimismo, sostuvo que su labor debe contar con canales de denuncia accesibles, respuestas oportunas y garantías para ejercer su defensa del patrimonio.

La institución anunció que permanecerá vigilante y utilizará los mecanismos institucionales a su alcance para exigir información veraz sobre el estado de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano.

La defensa de este patrimonio no puede quedarse en declaraciones: requiere presupuesto, vigilancia, transparencia y acciones concretas para evitar que un legado irreemplazable desaparezca.

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Extorsiones al transporte público: nuevos ataques mantienen en alerta a conductores y pasajeros

Dos ataques registrados en Chosica y San Juan de Miraflores dejaron tres personas heridas el 15 de octubre. Un día antes de la publicación de esta nota, las investigaciones contra presuntas redes de extorsión también registraban operativos en Lima y el Callao

Published

1 día ago

19/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La extorsión contra el transporte público continúa representando un desafío para la seguridad ciudadana en Lima y Callao. Las amenazas contra conductores y empresas, las exigencias de pagos ilegales y los ataques contra unidades afectan a quienes trabajan en el sector y a los pasajeros que dependen diariamente de este servicio para movilizarse.

El jueves 15 de octubre se registraron dos ataques armados contra vehículos de transporte público en Lurigancho-Chosica y San Juan de Miraflores. Los hechos dejaron tres personas heridas: dos conductores y una pasajera, según reportó El Comercio. Las víctimas fueron trasladadas a centros de salud, mientras que las circunstancias de ambos casos quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes.

El primer ataque ocurrió en la avenida Chosica, cerca del sector Aviadores. El segundo se produjo en la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores, donde una cúster recibió disparos. En este último caso, el conductor y una pasajera fueron trasladados al Hospital de Apoyo María Auxiliadora.

Aunque los hechos se produjeron en la misma noche, no corresponde afirmar que ambos ataques estén relacionados entre sí sin una confirmación de las autoridades. La investigación debe establecer las circunstancias de cada caso y determinar si existieron amenazas extorsivas previas.

214 atentados registrados en Lima y Callao

La dimensión del problema también se refleja en las estadísticas del Ministerio Público. Un reporte de su Observatorio de Criminalidad, difundido por el diario oficial El Peruano el 30 de junio de 2026, identificó 214 atentados vinculados con presuntos actos de extorsión contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026.

El balance registró 283 víctimas: 152 fallecidas y 131 heridas. Según el informe, los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores concentraron una parte importante de los atentados analizados.

Las cifras permiten dimensionar la gravedad de la violencia contra el sector, pero deben interpretarse dentro del periodo estudiado. No constituyen un recuento actualizado hasta octubre de 2026 ni deben presentarse como el total definitivo de víctimas de este año.

La extorsión no afecta únicamente a los propietarios de las empresas. Los conductores, cobradores y otros trabajadores pueden quedar expuestos a amenazas, mientras que los usuarios enfrentan el riesgo de viajar en unidades que puedan ser objeto de ataques. Además, el temor y las interrupciones del servicio pueden alterar los desplazamientos cotidianos y las actividades económicas.

Foto: El Peruano

Operativos contra presuntas redes de extorsión

La respuesta de las autoridades también se reflejó en operativos realizados durante la semana. El 15 de octubre, la Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de diez presuntos integrantes de una organización criminal denominada “Al-Qaeda”, investigada por extorsionar a empresas de transporte público en el Callao.

Según la información difundida por la Agencia Andina, el operativo se ejecutó durante la madrugada y comprendió intervenciones en distintos inmuebles. La Policía indicó que las acciones se desarrollaron con apoyo de las Fuerzas Armadas y en el marco de las operaciones contra la criminalidad.

Al día siguiente, el Ministerio Público informó sobre otro operativo vinculado con la misma denominación de la presunta organización. La Fiscalía señaló que nueve personas quedaron detenidas de manera preliminar y que la investigación comprendía a conductores de rutas formales e informales. De acuerdo con las pesquisas fiscales, al menos 83 choferes habrían sido víctimas de las exigencias económicas atribuidas a la red.

La información difundida por las autoridades presenta diferencias en el número de personas detenidas y en el desarrollo de las intervenciones. Por ello, antes de publicar un balance definitivo, es necesario precisar si los reportes corresponden a etapas distintas del operativo o a resultados actualizados. Las personas investigadas deben ser identificadas como presuntos implicados mientras no exista una sentencia firme.

López Mendoza destacó que las intervenciones forman parte de las acciones conjuntas que desarrollan las fuerzas del orden para combatir la criminalidad y desarticular organizaciones vinculadas con delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Tecnología y patrullaje: ¿qué medidas se están aplicando?

La respuesta institucional no se limita a los operativos policiales. En abril de 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre la implementación de un visor de seguridad para apoyar la prevención de delitos contra el transporte público.

La herramienta integra información de rutas autorizadas, empresas y vehículos habilitados con datos policiales sobre casos de extorsión y sicariato. Su objetivo es identificar zonas de riesgo y contribuir a que las autoridades orienten el patrullaje preventivo hacia los puntos críticos.

Posteriormente, el 16 de junio, la ATU informó que entregó al Ministerio del Interior una plataforma tecnológica para que la Policía pueda monitorear las rutas de los buses en tiempo real y mejorar su respuesta ante hechos delictivos.

Estas medidas constituyen herramientas de prevención y coordinación; sin embargo, su existencia no demuestra por sí sola que los ataques hayan disminuido. Para evaluar sus resultados, se necesita conocer cuántas alertas se atienden, en cuánto tiempo responde el personal policial, qué zonas reciben vigilancia y cómo evolucionan los casos denunciados.

En paralelo, la ATU mantiene el programa ASYSTE, que brinda orientación y apoyo legal a operadores, conductores y cobradores afectados por extorsiones y otros delitos. La entidad ha informado que esta estrategia busca facilitar las denuncias, proteger a las víctimas y articular la intervención de las instituciones competentes.

La ATU informó que su plataforma de seguridad permite cruzar información de rutas con datos policiales para orientar las acciones preventivas. Foto: ATU.

El reto de proteger a quienes mantienen las rutas en funcionamiento

Los ataques y las investigaciones recientes vuelven a plantear preguntas sobre la seguridad del transporte urbano. Las intervenciones policiales permiten avanzar en la identificación de presuntos responsables, pero la protección cotidiana de conductores, cobradores y pasajeros requiere también prevención, investigación fiscal, atención a las víctimas y coordinación entre las instituciones.

Para conocer los resultados concretos de las medidas anunciadas, es necesario que las autoridades publiquen información verificable sobre las intervenciones, las denuncias recibidas, los casos esclarecidos y la respuesta ante las amenazas. También resulta importante que las empresas y los gremios puedan comunicar sus preocupaciones sin exponer la identidad ni la seguridad de quienes denuncian.

Al cierre de esta nota, los ataques registrados el 15 de octubre y los operativos comunicados los días 15 y 16 mantienen el tema en la agenda de seguridad ciudadana. El seguimiento periodístico deberá determinar si se han producido nuevos hechos durante el fin de semana, qué avances tienen las investigaciones y qué medidas adicionales se han dispuesto para proteger las rutas.

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Guayaquil: La cruz que debía presidir la fe terminó con la vida del sacerdote Patricio Sánchez Molinari [VIDEO]

Una misa transmitida en directo se convirtió en escenario de una tragedia que sacudió a Ecuador. El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió después de que una pesada cruz se desprendiera y cayera sobre su cabeza. Pero más allá de las imágenes que estremecieron a las redes sociales, el caso deja una pregunta incómoda: ¿se pudo evitar esta muerte?

Published

1 día ago

18/10/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

La tragedia ocurrió en un lugar donde los fieles acuden buscando paz, consuelo y esperanza. El sábado 17 de octubre, mientras el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, una enorme cruz de madera se desprendió de su posición y cayó sobre él, el religioso falleció inmediatamente a consecuencia del impacto, este episodio quedó registrado en la transmisión en vivo de la ceremonia.

El accidente que obliga a mirar más allá de las imágenes

La caída de la cruz plantea interrogantes que todavía no tienen una respuesta pública concluyente. ¿Qué falló para que una estructura de ese tamaño se desprendiera en pleno oficio religioso? ¿Cuándo fue instalada y cuándo se inspeccionó por última vez? ¿Existían señales de deterioro en sus soportes o en la pared donde estaba fijada?

Estas preguntas no constituyen acusaciones contra la parroquia ni permiten afirmar que existió negligencia, son, precisamente, los aspectos que una investigación debería esclarecer para determinar si se trató de un accidente imprevisible o de un riesgo que pudo detectarse a tiempo.

Hasta la información difundida este domingo 18 de octubre, no se había comunicado públicamente una causa definitiva del desprendimiento, tampoco se había explicado de manera concluyente el estado de los anclajes de la estructura.

Una muerte ante los ojos de quienes seguían la misa

El hecho adquirió una dimensión especialmente perturbadora porque la ceremonia estaba siendo transmitida en directo por redes sociales, lo que debía ser un momento de recogimiento quedó interrumpido por el desplome de la cruz y la desesperación de los asistentes, que intentaron auxiliar al sacerdote pidiendo ayuda.

La transmisión convirtió una tragedia ocurrida dentro de un templo en un episodio presenciado también por personas que seguían la celebración a distancia, la difusión de estas imágenes obliga, además, a considerar el respeto debido al fallecido, a su familia y a la comunidad religiosa, evitando convertir el sufrimiento en un espectáculo viral.

La muerte de Sánchez Molinari abre una discusión que trasciende a una sola parroquia, la seguridad de las estructuras instaladas en espacios de reunión pública, incluidos los templos religiosos.

Cruces monumentales, imágenes, lámparas y otros elementos suspendidos o fijados a paredes pueden formar parte de la identidad arquitectónica de una iglesia, precisamente por su peso y ubicación, su estabilidad y mantenimiento merecen atención preventiva.

Esto no significa que otros templos de Guayaquil presenten problemas ni que la cruz del Perpetuo Socorro estuviera necesariamente deteriorada, esto significa que conocer la causa real del accidente es fundamental para establecer responsabilidades, si las hubiera, y evitar que una tragedia semejante vuelva a ocurrir.

La investigación deberá determinar qué provocó la caída y qué medidas corresponden adoptar a partir de sus resultados, hasta entonces, cualquier afirmación sobre fallas de mantenimiento, negligencia o responsabilidades específicas sería prematura.

Patricio Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor y ejercía su labor pastoral en la iglesia del Perpetuo Socorro, su fallecimiento provocó expresiones de pesar en la comunidad católica, mientras fieles y religiosos se reunieron para acompañar a quienes compartían su vida pastoral.

La dimensión humana de esta tragedia no debe quedar sepultada bajo la repetición de las imágenes, detrás del titular hay una persona, una comunidad que pierde a su sacerdote y una familia religiosa que enfrenta una muerte inesperada.

La pregunta que queda en Guayaquil no es si la escena fue impactante: las imágenes hablan por sí solas, la pregunta decisiva es qué ocurrió con la estructura que debía permanecer en su lugar y qué se puede aprender de esta tragedia.

Un sacerdote murió este sábado tras ser aplastado por una cruz que se desprendió de la pared a la que estaba fijada y cayó sobre él en plena misa. El impactante momento quedó registrado por una cámara de la parroquia, que transmitía la celebración en vivo a través de Facebook desde Guayaquil, en Ecuador,
— Revista Lima Gris (@Limagris) October 19, 2026

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¿Adendas con nombre propio? TGP y Cálidda empujan sus prórrogas bajo una premisa equivocada

El Colegio de Ingenieros del Perú cuestiona que las expansiones del gas natural a nuevas regiones se incorporen a contratos vigentes sin concursos competitivos. Las propuestas contemplan diez años adicionales para ambas concesionarias y reabren una discusión de fondo: ¿la urgencia por llevar gas al sur justifica entregar nuevos proyectos a empresas previamente determinadas?

Published

4 días ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

La discusión sobre las adendas de Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Cálidda se ha presentado como un dilema entre acelerar la masificación del gas natural o someter los proyectos a nuevas licitaciones. Sin embargo, esa disyuntiva deja fuera una pregunta fundamental: ¿se pretende ampliar concesiones existentes o incorporar nuevos negocios a contratos que fueron adjudicados bajo otras condiciones?

No es un asunto menor. Las propuestas no se limitan a extender por diez años los plazos de ambas concesiones. También contemplan nuevas infraestructuras, mercados y territorios que no formaban parte del alcance original de los contratos. En esas condiciones, la discusión no puede reducirse al tiempo que tomaría convocar un concurso público. Antes hay que determinar si corresponde entregar directamente esos nuevos proyectos a los operadores actuales.

En los últimos días, el economista Luis Miguel Castilla ha defendido la posibilidad de recurrir a adendas frente a los costos y las demoras que supondría una nueva licitación. Para el caso de Cálidda, ha señalado que un proceso competitivo podría prolongarse entre cinco y seis años. Su argumento tiene una base atendible: el país no puede seguir postergando indefinidamente la expansión del gas natural.

Pero una cosa es reconocer la urgencia y otra muy distinta convertirla en una justificación para prescindir de la competencia. ¿Qué es exactamente lo que se pretende volver a licitar? ¿La misma concesión, con su infraestructura y sus obligaciones actuales, o proyectos nuevos que nunca fueron sometidos al concurso original?

Nuevos proyectos, viejas concesiones

En el caso de Cálidda, la propuesta busca extender la distribución de gas natural hacia siete regiones: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. El proyecto contempla nuevas redes, plantas y puntos de suministro, con la expectativa de atender inicialmente a más de 201 mil usuarios.

No se trata, por tanto, de una simple operación de continuidad contractual. Se pretende incorporar nuevos territorios y desarrollar infraestructura adicional mientras se amplía el plazo de la concesión vigente.

Con TGP ocurre algo similar. La modificación contractual incorpora el denominado Ramal Sur, una infraestructura destinada a extender el sistema de transporte de gas hacia el sur del país. La propuesta también contempla diez años adicionales de concesión.

La pregunta es inevitable: si se trata de nuevas inversiones y nuevos mercados, ¿por qué no permitir que otros operadores presenten sus propuestas? Si las condiciones de Cálidda y TGP son las más convenientes para el país, ¿qué impediría demostrarlo mediante un procedimiento competitivo?

El problema no es de nombres ni de formalidades administrativas. Es de reglas. Una modificación contractual no debería convertirse, por sí sola, en la puerta de entrada para adjudicar proyectos que exceden el ámbito original de una concesión.

El Colegio de Ingenieros cuestiona el mecanismo

El Colegio de Ingenieros del Perú ha puesto el foco precisamente en esa diferencia. En su Pronunciamiento N.° 007-2026-CIP-CN, el gremio reconoce la necesidad de acelerar la masificación del gas natural, pero advierte que la expansión hacia nuevas regiones debe desarrollarse bajo criterios de transparencia, competencia y seguridad jurídica.

Su posición apunta a un principio elemental: una adenda debe servir para modificar las condiciones de una concesión existente, no convertirse en un mecanismo para incorporar nuevos proyectos al margen de la competencia.

Por ello, el CIP plantea que las nuevas expansiones sean evaluadas mediante concursos públicos competitivos. De esa manera, el Estado podría comparar las inversiones ofrecidas, los plazos de ejecución, las condiciones económicas y los riesgos asumidos por cada participante.

La observación merece atención. Si un proyecto nuevo se incorpora directamente al contrato de una empresa instalada, sin permitir que otros operadores compitan, el resultado puede asemejarse al de una adjudicación directa. Que el instrumento empleado sea una adenda no elimina la necesidad de justificar por qué se elige ese camino y no otro.

La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿puede la demora del Estado convertirse en el argumento para reducir la competencia? ¿Puede una necesidad pública postergada durante años terminar justificando que los nuevos mercados tengan un operador definido antes de evaluar otras alternativas?

El propio Castilla ha reconocido los riesgos de negociar exclusivamente con el concesionario actual, entre ellos perder los beneficios que podría generar la competencia. También ha planteado la necesidad de exigir garantías, penalidades, desempeño acreditado y financiamiento efectivo de las inversiones.

Son condiciones relevantes. Pero corresponde demostrar, antes de ampliar los contratos, si las propuestas satisfacen esas exigencias y si las ventajas ofrecidas compensan el costo de prescindir de un concurso.

## La urgencia no puede convertirse en un cheque en blanco

Nadie discute que el centro y el sur del país necesitan acceso al gas natural. Las regiones llevan años esperando una solución que contribuya a reducir sus costos energéticos y ampliar las oportunidades de desarrollo. Precisamente por eso, la decisión exige mayor rigor.

¿Por qué Cálidda debe ser necesariamente la empresa encargada de ejecutar la expansión en las siete regiones? ¿Por qué el Ramal Sur debe incorporarse necesariamente a la concesión de TGP? ¿Por qué ambas operaciones deben estar acompañadas de una extensión de diez años?

Si las propuestas representan la mejor alternativa disponible, corresponde demostrarlo con información verificable, evaluaciones económicas y condiciones contractuales transparentes. La urgencia no reemplaza esa obligación.

Hay, además, una contradicción que merece examinarse. Si el Estado ha demorado durante años la expansión del gas, ¿por qué esa demora debería convertirse ahora en una razón para evitar la competencia? Los operadores que eventualmente podrían participar en una licitación no son responsables de las postergaciones del aparato estatal.

Aceptar ese razonamiento sentaría un precedente peligroso: bastaría con que un proyecto acumule años de retraso para sostener que ya no existe tiempo suficiente para convocar un concurso público.

Diez años adicionales también tienen un precio

Las adendas no solo comprometen nuevas inversiones. También conceden tiempo adicional a las empresas. Y ese plazo tiene un valor económico que no puede quedar fuera de la discusión.

En ambos casos se plantea una extensión de diez años. Por eso, la evaluación no debería limitarse a calcular cuánto tardaría una licitación. También tendría que establecer cuánto representa económicamente ese periodo adicional, qué obligaciones asumirán las concesionarias, qué riesgos conservarán y qué costos podrían trasladarse a las tarifas o al Estado.

¿Qué recibe el país a cambio de ampliar los contratos? ¿Cómo se determinará que las condiciones pactadas son las más favorables? ¿Qué mecanismos garantizarán el cumplimiento de las inversiones y evitarán que los usuarios terminen asumiendo costos que no les corresponden?

Una licitación competitiva no es un trámite que deba eliminarse cada vez que aparece una urgencia. Es un mecanismo para comparar ofertas, evaluar riesgos y establecer condiciones que protejan el interés público. Prescindir de ella también tiene un costo, aunque no siempre aparezca expresado en una cifra inmediata.

Hasta que ese costo no sea evaluado y las ventajas de las adendas no estén suficientemente acreditadas, el argumento de que una licitación demora demasiado resulta insuficiente.

La pregunta que el Gobierno debe responder

El debate no debería plantearse como una elección automática entre adendas rápidas y licitaciones lentas. La cuestión de fondo es más precisa: ¿corresponde modificar una concesión para garantizar la continuidad de lo existente o utilizarla para incorporar nuevos proyectos que deberían competir por una adjudicación?

El país necesita masificar el gas natural. Las regiones no pueden seguir esperando y el Estado tiene la obligación de encontrar soluciones eficaces. Pero esa deuda histórica no debería convertirse en una vía rápida para ampliar concesiones sin demostrar que se trata de la alternativa más conveniente.

Si TGP y Cálidda ofrecen las mejores condiciones, que lo demuestren. Si sus inversiones son las más eficientes, que se comparen. Y si las adendas representan realmente un beneficio superior para el país, el Gobierno debe explicar con cifras, estudios y condiciones contractuales por qué.

Porque el problema no es que las empresas actuales participen. El problema es que nuevos proyectos, nuevos mercados y diez años adicionales puedan terminar definidos sin una competencia que permita conocer si existe una opción mejor.

La pregunta, entonces, no es cuánto tiempo toma licitar. Es por qué el país debería renunciar a competir antes de saber qué puede ganar con ello.

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Exministro Rafael Rey cuestiona a Thorndike por difundir un reportaje falso [VIDEO]

Un tenso intercambio puso en el centro del debate la objetividad y el derecho a la réplica en los medios de comunicación. Rafael Rey cuestionó el tratamiento de un reportaje emitido el día anterior y reprochó al conductor Augusto Thorndike no haber recogido oportunamente ambas versiones.

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4 días ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El intercambio entre Rafael Rey y Augusto Thorndike elevó la tensión durante una conversación televisiva en la que se cuestionó la forma en que se había elaborado y difundido un reportaje. Rey expresó su molestia por lo que consideró información incompleta y reclamó que se escucharan las distintas versiones antes de presentar los hechos al público.

“Todo eso que tú dices es completamente falso”, respondió Rey, quien pidió al conductor que le permitiera exponer sus argumentos y cuestionó que se reforzara lo señalado en el informe emitido el día anterior sin que, según sostuvo, se hubiera consultado previamente a las partes involucradas.

Thorndike intervino para precisar que había realizado consultas adicionales sobre los aspectos técnicos del tema. Como parte de su explicación, mencionó una conversación con Raúl Barrio, de la Cámara de Comercio de Lima, quien le habría señalado que el componente técnico tenía mayor peso que el económico.

Sin embargo, Rey consideró que esas averiguaciones debieron realizarse antes de la emisión del reportaje.

“Eso se averigua antes de hacer el programa, de hacer el reportaje de ayer”, sostuvo.

Ante ello, Thorndike aclaró que no era el responsable directo de elaborar el informe, la precisión no convenció a Rey, quien respondió que, como conductor, también tenía responsabilidad sobre el contenido difundido en el espacio periodístico.

El derecho a la réplica, en el centro de la discusión

La discusión se concentró entonces en la obligación de contrastar las versiones antes de publicar información sobre hechos controvertidos. Thorndike afirmó que se estaban recogiendo ambas posiciones, mientras Rey cuestionó que la versión alternativa se incorporara después de la emisión del reportaje.

“Lo objetivo, lo ético en periodismo, es recoger las dos versiones”, insistió Rey, quien defendió la necesidad de ofrecer a las personas involucradas la oportunidad de responder antes de que una información llegue a la audiencia.

El enfrentamiento verbal evidenció dos posiciones sobre el momento en que debe realizarse el contraste informativo: mientras el conductor defendió la incorporación de información adicional, Rey sostuvo que la verificación y la consulta a las partes debieron efectuarse antes de la difusión.

En el tramo más enfático de su intervención, Rey explicó que su molestia lo llevó a comunicarse con el propietario del medio para solicitar un espacio en el que pudiera responder a lo difundido, según relató, le reconocieron el derecho a presentarse y exponer su versión.

“Cuando uno da una información sobre unos supuestos hechos, tiene que dar las dos versiones, por ética”, manifestó, al cuestionar prácticas periodísticas que, desde su perspectiva, pueden perjudicar a las personas y a las instituciones cuando no se realiza un adecuado contraste.

El episodio dejó planteada una discusión relevante para el ejercicio periodístico: la importancia de verificar los hechos, consultar a las partes involucradas y ofrecer sus versiones de manera oportuna. Más allá del tono del intercambio, el reclamo de Rey y la respuesta de Thorndike volvieron a poner sobre la mesa la responsabilidad de los medios al informar sobre asuntos controvertidos.

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Señor de los Milagros: conoce todas las calles afectadas y las rutas alternas para los recorridos del 18 y 19 de octubre

La Municipalidad Metropolitana de Lima aplicará cierres progresivos desde las 6:00 a. m. del domingo 18 y del lunes 19 de octubre. Las restricciones comprenderán vías del Cercado de Lima y La Victoria. Conoce los itinerarios de ambas jornadas y las avenidas y jirones considerados para los desvíos del transporte público.

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4 días ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

Cierres progresivos durante dos jornadas

La procesión del Señor de los Milagros volverá a modificar la circulación vehicular en Lima este domingo 18 y lunes 19 de octubre. La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Gerencia de Movilidad Urbana, anunció cierres progresivos y rutas alternas para el segundo y tercer recorrido de la imagen religiosa, que atravesará calles del Cercado de Lima y sectores de La Victoria.

De acuerdo con la información difundida por el diario oficial El Peruano y la Agencia Andina, las restricciones comenzarán a las 6:00 a. m. de cada jornada y se extenderán hasta las 4:00 a. m. del día siguiente. Sin embargo, esto no significa que todas las calles permanezcan cerradas durante ese periodo: la circulación se restablecerá progresivamente a medida que avance la procesión y queden libres los tramos ocupados.

La municipalidad también anunció el despliegue de inspectores de tránsito para orientar a conductores y peatones, así como facilitar el desplazamiento por las vías que no estén ocupadas por el recorrido.

Domingo 18 de octubre: segundo recorrido

El segundo recorrido procesional atravesará diversas vías del Centro Histórico de Lima. Según el itinerario difundido por la Municipalidad de Lima, el trayecto comprende las siguientes calles y avenidas:

Jirón Huancavelica.
Avenida Tacna.
Jirón Ica.
Jirón de la Unión.
Jirón Junín.
Jirón Carabaya
Jirón Ucayali.
Avenida Abancay.
Jirón Huanta.
Jirón Áncash.
Jirón Maynas.
Jirón Huánuco.

Durante esta jornada, los cierres se ejecutarán de manera progresiva, por lo que los conductores deberán considerar posibles restricciones en los cruces y calles cercanas al trayecto. La reapertura dependerá del avance de las andas y de la liberación de cada tramo.

Uno de los sectores que requiere especial atención es el entorno de las avenidas Tacna y Abancay, así como las calles próximas a la Plaza Mayor y al jirón de la Unión, puntos comprendidos en el itinerario anunciado.

Lunes 19 de octubre: tercer recorrido por el Cercado y La Victoria

Para el lunes 19 de octubre, la procesión continuará con su tercer recorrido, que comprenderá calles del Cercado de Lima y La Victoria. Las vías anunciadas son:

Jirón Huánuco.
Jirón Puno.
Jirón Antonio Bazo.
Avenida Grau.
Jirón Tarata.
Jirón Cangallo.
Avenida Nicolás de Piérola.
Avenida Abancay.
Jirón Leticia.
Jirón Carlos Zavala.
Jirón Miguel Aljovín.
Avenida Paseo de la República.
Jirón Carabaya.
Plaza San Martín.
Jirón de la Unión.

Avenida Tacna, hasta llegar al jirón Huancavelica.

El recorrido incluye vías próximas a centros de atención y sectores comerciales, por lo que la planificación del desplazamiento será importante para quienes tengan que trasladarse por estas zonas durante la jornada.

Al igual que el domingo, los cierres se aplicarán por tramos y las calles se habilitarán conforme avance la procesión. Por ello, no debe asumirse que todas las vías incluidas en el itinerario estarán bloqueadas simultáneamente durante todo el horario previsto.

¿Cuáles son las rutas alternas para el transporte público?

Para los servicios de transporte público que circulen por los jirones Huánuco, Tarata y Cangallo, así como por las avenidas Miguel Grau y Abancay, se han establecido alternativas que varían según el punto de interferencia y el sentido de circulación de cada unidad.

Entre las vías consideradas para los desvíos figuran:

Avenida Miguel Grau.
Avenida Nicolás de Piérola.
Avenida Abancay.
Jirón Amazonas.
Puente Huánuco.
Avenida Manco Cápac.
Avenida Paseo de la República.
Avenida México.
Avenida Parinacochas.
Jirón García Naranjo.

Estas vías forman parte de las alternativas difundidas por la Municipalidad de Lima para el transporte público. No constituyen una ruta única ni implican que todos los buses deban utilizarlas en conjunto: el desvío específico dependerá de la zona afectada y del sentido en que circule cada servicio.

La relación publicada no detalla en esa misma nota un itinerario individual para cada empresa o ruta de bus. Por ello, los usuarios deberán verificar los avisos actualizados de las autoridades de transporte antes de salir, especialmente si su viaje atraviesa el Centro Histórico o La Victoria.

¿Qué deben tener en cuenta los conductores y pasajeros?

Los cierres temporales pueden modificar los tiempos de viaje y el acceso a determinadas calles, incluso en vías próximas al recorrido. Para reducir las complicaciones, conviene tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Planificar el viaje con anticipación: revisar si el punto de partida o destino se encuentra cerca de las vías procesionales.
Considerar tiempo adicional: el avance de la procesión y la habilitación gradual de calles pueden modificar la duración habitual del desplazamiento.
Consultar información oficial: verificar los avisos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), especialmente si se utilizará transporte público.
Respetar las indicaciones del personal de tránsito: no ingresar a los tramos restringidos ni intentar atravesar el recorrido mientras se encuentre ocupado.
Confirmar las condiciones antes de salir: las restricciones pueden cambiar conforme avance la procesión y se liberen las vías.

La recomendación municipal es utilizar las rutas alternas anunciadas y seguir las indicaciones de los inspectores desplegados en la zona.

Una tradición religiosa que también exige planificación urbana

Los recorridos del Señor de los Milagros forman parte de las principales expresiones religiosas de octubre en Lima. Sin embargo, su paso por calles céntricas y sectores comerciales también requiere coordinación entre las autoridades, los servicios de transporte y los ciudadanos.

Para este domingo 18 y lunes 19, la principal medida anunciada es el cierre progresivo de las vías comprendidas en los itinerarios, acompañado de alternativas para el transporte público. La liberación gradual de las calles permitirá recuperar la circulación por sectores, aunque los desplazamientos podrían verse afectados mientras la imagen permanezca en el trayecto.

La información sobre los recorridos y desvíos debe entenderse como una referencia para organizar los viajes, no como garantía de que una vía estará libre a una hora determinada. Antes de trasladarse, los usuarios deberán revisar las actualizaciones oficiales disponibles para cada jornada.

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Colegio de Ingenieros exige licitaciones para llevar el gas natural al centro y sur del Perú

El gremio advierte que ampliar la concesión de Cálidda mediante una adenda podría abrir la puerta a la adjudicación directa de nuevos proyectos, generar precedentes para otros contratos y comprometer las tarifas que pagan los usuarios. Propone concursos públicos, evaluaciones técnicas independientes y mayor transparencia en las inversiones.

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5 días ago

15/10/2026

Redacción Lima Gris

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) puso nuevas objeciones sobre la mesa en el debate por la masificación del gas natural. A través del Pronunciamiento N.° 007-2026-CIP-CN, el gremio exigió que la expansión de la infraestructura hacia el centro y sur del país se realice mediante licitaciones públicas competitivas y no a través de una adenda que amplíe el alcance de una concesión existente.

La posición, expresada en un documento fechado el 13 de octubre de 2026 y suscrito por el decano nacional del CIP, Jaime Antonio Ruiz Béjar, y la presidenta de la Comisión Nacional de Energía, Maribel Flora Fernández Rengifo, reconoce la necesidad de acelerar el acceso al gas natural. Sin embargo, advierte que esa urgencia no debe justificar modificaciones contractuales que prescindan de la competencia ni decisiones económicas cuyos efectos terminen trasladándose a los consumidores.

Una adenda bajo cuestionamiento

Uno de los principales reparos del CIP es que una adenda debe servir para modificar aspectos de una concesión existente, no para incorporar nuevos proyectos fuera de su ámbito original.

Según el gremio, si se pretende ampliar la infraestructura hacia otras regiones mediante inversiones que exceden el alcance de la concesión, corresponde evaluar mecanismos competitivos que permitan comparar propuestas y seleccionar las condiciones más favorables para el país.

La preocupación no se limita al caso de Cálidda. El Colegio de Ingenieros advierte que modificar la naturaleza de un contrato bajo el esquema BOOT —siglas en inglés de construir, poseer, operar y transferir— podría sentar un precedente para otras concesiones vigentes.

En consecuencia, el debate no solo involucra la expansión del servicio, sino también las reglas bajo las cuales se adjudican y modifican los contratos de infraestructura energética.

El costo financiero también está en discusión

El pronunciamiento cuestiona, además, las condiciones financieras consideradas para evaluar las inversiones. El CIP señala que Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP) se constituyeron bajo tasas de descuento del 12%, en un contexto económico distinto al actual.

Frente a ello, el gremio contrasta esas condiciones con el costo de financiamiento de los bonos soberanos peruanos, que —según el documento— se encuentra por debajo del 5%.

Para el CIP, las condiciones financieras de los nuevos proyectos deben revisarse considerando el escenario económico actual y evitando que se apliquen costos que no hayan sido justificados mediante una evaluación técnica y competitiva.

El gremio también plantea revisar el tratamiento del valor residual de la infraestructura y sostiene que las inversiones existentes ya estarían siendo remuneradas a través de las tarifas hasta 2033. Este punto requiere una evaluación técnica que permita determinar cómo se distribuirían los costos y beneficios de las modificaciones propuestas.

¿Quién pagará la expansión del servicio?

Otro aspecto sensible es el posible impacto de las nuevas condiciones contractuales en las tarifas del gas natural. El CIP advierte sobre la necesidad de evaluar los efectos que una modificación de los contratos BOOT podría tener en los usuarios actuales y futuros.

Entre las cuestiones que plantea figura el eventual subsidio cruzado entre los consumidores de Lima y Callao y quienes se incorporarían al sistema en las nuevas regiones.

La pregunta es determinante: ¿cómo ampliar el acceso al gas natural sin trasladar a los usuarios costos que no estén debidamente sustentados?

Para el gremio, la respuesta exige transparentar la estructura tarifaria, justificar las inversiones y establecer reglas que permitan identificar quién asumirá los costos de la expansión y bajo qué condiciones.

El CIP pide frenar la adenda en los términos propuestos

En la parte final de su pronunciamiento, el Colegio de Ingenieros solicita que no se apruebe la ampliación en los términos planteados y que los proyectos de masificación se adjudiquen mediante concursos públicos competitivos.

También propone que los procesos contemplen empresas con solvencia técnica y financiera, garantías de cumplimiento y una evaluación de alternativas que considere, incluso, la posibilidad de separar la construcción de la operación de la infraestructura.

Asimismo, pide que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión y Osinergmin sustenten sus decisiones en evaluaciones técnicas independientes.

El planteamiento busca que la expansión del gas natural no dependa exclusivamente de la modificación de contratos existentes, sino de procedimientos que permitan comparar costos, inversiones y condiciones de prestación del servicio.

Cusco también cuestiona las adendas

Las observaciones del CIP coinciden con los cuestionamientos expresados desde el ámbito político y regional. El martes 13 de octubre, la audiencia pública descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, realizada en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, puso en discusión el abastecimiento de gas natural y las modificaciones contractuales vinculadas a Cálidda y TGP.

En la reunión participaron parlamentarios, representantes del Ejecutivo, autoridades regionales, gremios y organizaciones de la sociedad civil. Entre los reclamos expuestos estuvieron el rechazo a las adendas en los términos propuestos, la exigencia de priorizar la masificación en el sur y la necesidad de reducir los costos para los consumidores.

En ese contexto, Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, participó en el debate sobre las condiciones de expansión del servicio y las demandas de las regiones para acceder a los beneficios de los recursos gasíferos.

Los cuestionamientos planteados en Cusco y las observaciones del Colegio de Ingenieros convergen en un punto central: la necesidad de ampliar el acceso al gas natural sin dejar de lado la transparencia, la competencia y la evaluación de sus consecuencias económicas.

La discusión de fondo es cómo llevar el gas a más peruanos bajo condiciones sostenibles y equitativas. Para el CIP, la masificación debe avanzar, pero mediante licitaciones competitivas y decisiones técnicas que garanticen que la expansión beneficie al país y no comprometa injustificadamente la economía de los usuarios.

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Rímac: amenazas extorsivas ponen en alerta a los negocios locales tras ataque a una cochera

Dos sujetos llegaron en motocicleta a un establecimiento de la avenida Morro de Arica el 10 de octubre. El vigilante intervino y uno de los visitantes resultó herido. Según versiones recogidas por medios de comunicación, los propietarios habrían recibido amenazas previas. El caso vuelve a poner en discusión la protección de los comerciantes y la capacidad de respuesta de las autoridades frente a la extorsión.

Published

5 días ago

15/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Augusto Calixtro

La inseguridad que afecta a los negocios de Lima volvió a quedar en evidencia tras un incidente ocurrido en una cochera ubicada en la cuadra 2 de la avenida Morro de Arica, en el distrito del Rímac. El sábado 10 de octubre, dos sujetos llegaron al establecimiento en una motocicleta. Durante el episodio, el vigilante del local intervino y uno de los hombres resultó herido.

El caso fue reportado por RPP y El Comercio, que difundieron información e imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. De acuerdo con las versiones recogidas por la prensa, los propietarios habrían recibido amenazas extorsivas en los días previos y contrataron seguridad privada ante el temor de nuevos incidentes.

Aunque las circunstancias apuntan a una posible relación con amenazas previas, corresponde a la Policía Nacional del Perú (PNP) establecer el móvil del hecho, identificar a los involucrados y determinar las responsabilidades que pudieran existir. La hipótesis de extorsión debe mantenerse como tal mientras no sea confirmada por las autoridades.

Un negocio bajo amenaza: lo que se conoce del caso

Las grabaciones de videovigilancia difundidas por los medios muestran la llegada de dos personas en una motocicleta. Uno de ellos descendió y se aproximó a la oficina del establecimiento, mientras el otro permaneció junto al vehículo. En ese momento intervino el vigilante y se produjo un enfrentamiento que dejó a uno de los sujetos herido.

Según RPP, los propietarios de la cochera habrían señalado, de manera reservada, que recibieron amenazas de presuntos extorsionadores. Esa situación habría motivado la contratación de seguridad privada para proteger el negocio.

Al cierre de los reportes consultados, no se había confirmado públicamente la identidad de los dos sujetos ni el estado de salud del herido. La Policía había iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar a los involucrados.

La secuencia registrada por las cámaras constituye un elemento que puede contribuir a reconstruir lo ocurrido. Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten establecer definitivamente la motivación del incidente ni acreditar la responsabilidad penal de una persona.

La extorsión, una presión sobre comerciantes y trabajadores

El episodio del Rímac se produce en un contexto nacional de denuncias por extorsión que afecta a comerciantes, transportistas y otros sectores económicos. El problema no se limita a las pérdidas materiales: las amenazas pueden modificar las rutinas de los negocios, generar temor entre los trabajadores y obligar a los propietarios a destinar recursos adicionales a su protección.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante el primer semestre de 2026 se registraron 12.634 delitos denunciados por extorsión y chantaje en el país. De ese total, 11.946 correspondieron específicamente a extorsión; 382 fueron calificados como chantaje y 306 permanecían en proceso de calificación.

La institución calculó un promedio de 70 delitos denunciados por día durante ese periodo. Las cifras corresponden a registros fiscales nacionales y no deben interpretarse como el número de casos ocurridos exclusivamente en Lima ni como una medición completa de todos los hechos, pues se refieren a delitos denunciados.

Estos datos permiten dimensionar el problema, aunque no demuestran por sí mismos que el incidente de la cochera forme parte de una organización criminal específica. Esa relación deberá ser establecida a partir de la investigación policial y fiscal.

¿Qué deben hacer las autoridades frente a las amenazas?

El caso plantea preguntas sobre la capacidad de respuesta del Estado cuando un negocio comunica que está siendo amenazado. La prevención requiere coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y las autoridades competentes, además de mecanismos que permitan a las víctimas denunciar sin aumentar su exposición al riesgo.

En enero de 2026, el Ministerio Público informó sobre la implementación de un mecanismo de código reservado para proteger la identidad de determinados denunciantes y testigos en investigaciones por extorsión y sicariato vinculadas con empresas de transporte público y comerciantes. La finalidad es reducir el riesgo de represalias y facilitar la colaboración con las investigaciones.

La existencia de ese mecanismo abre una pregunta relevante para el caso del Rímac: ¿qué medidas de protección están disponibles para los propietarios y trabajadores de pequeños establecimientos que denuncian amenazas? Para responderla, resulta necesario consultar a la Fiscalía y a la Policía sobre los procedimientos aplicables y las medidas que pueden solicitar las víctimas.

También corresponde conocer si los negocios de la zona cuentan con canales de comunicación efectivos con las autoridades y si existen acciones preventivas focalizadas frente a denuncias reiteradas.

Foto: La República.

Seguridad privada: una respuesta que no reemplaza la investigación

La contratación de seguridad privada por parte de los propietarios evidencia la preocupación que puede generar una amenaza contra un negocio. Sin embargo, este tipo de respuesta no sustituye las funciones de prevención, investigación y persecución penal que corresponden a las autoridades.

El incidente también obliga a examinar las condiciones en que se brinda la seguridad en establecimientos comerciales y la necesidad de protocolos que prioricen la protección de trabajadores, clientes y vecinos.

En una situación de amenaza, la actuación de los responsables del negocio debe orientarse a preservar la integridad de las personas, comunicar los hechos a las autoridades y conservar la información pertinente para la investigación. La respuesta ante un incidente violento no debe evaluarse únicamente por el resultado inmediato, sino también por sus consecuencias y por el esclarecimiento posterior de lo sucedido.

En este caso, será importante que las autoridades determinen cómo se desarrolló el enfrentamiento, qué circunstancias precedieron al incidente y si las amenazas denunciadas guardan relación con la llegada de los sujetos al establecimiento.

Línea gratuita para informes y denuncias: 0800-00-205, https://portal.mpfn.gob.pe/denuncias-en-linea/

Los vecinos y comerciantes también necesitan respuestas

Un hecho violento en un negocio puede generar preocupación entre residentes, trabajadores y clientes, especialmente cuando ocurre en una zona de actividad comercial. No obstante, para establecer el alcance del impacto en el vecindario es necesario recoger testimonios directos y contrastarlos con información oficial.

La cobertura periodística puede contribuir a ese análisis mediante entrevistas a comerciantes de la avenida Morro de Arica, representantes vecinales y autoridades distritales. Las preguntas deben centrarse en hechos verificables: si existen denuncias previas, qué medidas preventivas se han implementado y qué canales tienen los vecinos para comunicar situaciones de riesgo.

También sería pertinente solicitar información a la Municipalidad del Rímac sobre la coordinación entre serenazgo y Policía, la atención de alertas ciudadanas y las medidas de prevención en los alrededores del establecimiento.

Hasta contar con esos testimonios y documentos, no corresponde afirmar que toda la zona está dominada por extorsionadores ni atribuir el incidente a una banda criminal concreta.

Una investigación que debe esclarecer las amenazas

El ataque ocurrido en la cochera del Rímac deja una serie de preguntas pendientes: quiénes eran los sujetos que llegaron al establecimiento, si las amenazas previas fueron denunciadas formalmente, cuál fue el motivo de su presencia y qué medidas de protección pueden recibir los propietarios.

La Policía debe esclarecer las circunstancias del incidente y, junto con el Ministerio Público, determinar si existen elementos que vinculen el hecho con una presunta extorsión. Hasta que haya información oficial suficiente, las versiones difundidas deben tratarse como hipótesis y no como hechos judicialmente establecidos.

Más allá del episodio puntual, el caso plantea un desafío para la seguridad ciudadana: que los comerciantes puedan desarrollar sus actividades sin presiones criminales y que las denuncias reciban una respuesta oportuna. Para Lima, la protección de los negocios locales no depende únicamente de medidas individuales, sino también de la capacidad de las instituciones para investigar las amenazas, prevenir nuevos ataques y ofrecer garantías a quienes colaboran con la justicia.

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