Keiko Fujimori en picada: la luna de miel duró apenas un mes

Política Keiko Fujimori en picada: la luna de miel duró apenas un mes A 79 días de asumir el mando, la aprobación de la presidenta cayó entre 6 y 18 puntos según Datum, CB Global Data y AtlasIntel. Las tres coinciden en el sentido de la caída; no en su profundidad. Published 10 minutos ago on…

Política

A 79 días de asumir el mando, la aprobación de la presidenta cayó entre 6 y 18 puntos según Datum, CB Global Data y AtlasIntel. Las tres coinciden en el sentido de la caída; no en su profundidad.

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10 minutos ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

La presidenta Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno el 28 de julio con el respaldo de más de la mitad del país. Menos de tres meses después, ese respaldo cayó: la encuesta más reciente de AtlasIntel la ubica en 28,3 % de aprobación, 14,5 puntos menos que un mes antes, con una desaprobación de 53,6 %.

Las cifras reflejan cómo se fueron enfriando las altas expectativas con las que fue recibida. Fujimori llegó con una promesa clara: restablecer el orden. Venía de años en los que la inseguridad crecía y la política no daba tregua; en la última década, Perú cambió de presidente nueve veces. A eso se sumaba un orgullo económico: el país presumía de tener una de las economías más estables de la región. Hoy, según AtlasIntel, solo Argentina inspira menos confianza económica entre las principales economías latinoamericanas.

Las cifras, de agosto a octubre

Cuatro encuestadoras han medido a la presidenta desde que empezó el gobierno, y todas muestran el mismo movimiento. Datum la tenía en 60 % de aprobación en agosto y en 42 % en septiembre, con 44 % de rechazo. El IEP, que no tenía una medición previa, la ubicó en 37 %, con 49 % de rechazo. Ya en octubre, CB Global Data registró una baja de 52,4 % a 46,3 %, con 50,8 % de desaprobación, y AtlasIntel, una caída de 42,8 % a 28,3 %, con 53,6 % de rechazo.

Los números no son estrictamente comparables, porque cada firma usa su propia metodología y sus propias fechas de campo, pero la tendencia es nítida. En paralelo, el rechazo aumentó en las tres mediciones que tienen un dato anterior: en Datum pasó de 24 % a 44 % en un mes; en CB Global Data, de 45,1 % a 50,8 %; en AtlasIntel, de 40,3 % a 53,6 %. El punto de partida de ese descenso está en las urnas.

Una victoria por menos de 50 000 votos

En la primera vuelta del 12 de abril participaron 35 candidatos y ninguno alcanzó la mayoría absoluta. Fujimori obtuvo 2 877 678 votos, alrededor de 17,2 % de los válidos, y ganó en la costa norte y en la Amazonía, con hasta 34,13 % en Tumbes y 29,68 % en Ucayali. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró 2 015 114 votos, y Rafael López Aliaga quedó tercero con 1 993 904, a apenas unos 21 mil votos de entrar al balotaje. El Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados el 17 de mayo.

La segunda vuelta del 7 de junio fue una de las más reñidas de los últimos procesos electorales. Con el 100 % de las actas contabilizadas, la ONPE informó el 29 de junio que Fujimori obtuvo 9 223 396 votos (50,135 % de los votos válidos) y Sánchez 9 173 755 (49,865 %): una diferencia de 49 641 votos. El Jurado Nacional de Elecciones la proclamó presidenta electa el 3 de julio.

Fujimori llegó así al cargo en su cuarto intento, después de perder tres segundas vueltas consecutivas. Asumió el 28 de julio, con Luis Galarreta como presidente del Consejo de ministros, y prometió restablecer el orden institucional. Un mes más tarde llegaron las primeras mediciones de su gestión.

Septiembre: el primer mes y el primer golpe

Las primeras alarmas sonaron a mediados de septiembre. Datum, en una encuesta para América Televisión realizada entre el 11 y el 15 de ese mes a 1 204 personas, con un margen de error de 2,8 %, mostró que la aprobación había caído 18 puntos en apenas cuatro semanas de gestión: de 60 % a 42 %. En la misma medición, la desaprobación pasó de 24 % a 44 %.

El IEP, que entrevistó a 1 202 personas entre el 4 y el 10 de septiembre, con el mismo margen de error, la situó en 37 %, con 49 % de rechazo y 5 % sin opinión. Ese estudio midió también al Congreso de la República: 65 % lo desaprueba. Octubre trajo dos nuevas mediciones, y con ellas una comparación con el resto de la región.

Octubre: la caída que se vuelve regional

El 12 de octubre, CB Global Data difundió su ranking mensual de presidentes latinoamericanos, con una encuesta realizada del 5 al 8 de octubre en 18 países. Fujimori figura con 46,3 % de aprobación, frente a 52,4 % del mes anterior: una baja de 6,1 puntos, la mayor de la región. Pasó del cuarto al séptimo lugar, todavía por delante de Lula da Silva (45,3 %), José Antonio Kast (38,8 %) y Javier Milei (36,1 %). Su desaprobación subió de 45,1 % a 50,8 %.

Dos días después, la encuesta LatAm Pulse de AtlasIntel, publicada el 14 de octubre, mostró que la aprobación cayó de 42,8 % a 28,3 % y la desaprobación subió de 40,3 % a 53,6 %. Además, el 50,2 % calificó la gestión de mala o muy mala, mientras que cerca de uno de cada cinco (19,1 %) la considera buena o excelente.

El mismo sondeo midió imagen personal: Fujimori tiene 34 % de opinión favorable, por encima del premier Luis Galarreta, que registra 15 %. La encuesta indaga también por la situación del país, empezando por la economía.

Economía: pesimismo, inflación y la sombra de El Niño

Según AtlasIntel, 62 % de los peruanos cree que la economía va mal y solo 22 % piensa que va bien. Un porcentaje similar, 64 %, evalúa negativamente el mercado laboral. Los tres indicadores empeoraron frente al mes anterior.

El Banco Central de Reserva recortó su proyección de crecimiento para 2026 a 3,2 %, la inflación acumula siete meses por encima del techo de la meta oficial y se anticipa un Fenómeno de El Niño que sería el más intenso registrado hasta ahora, con efectos sobre la agricultura y la pesca.

Los datos de actividad, sin embargo, siguen en positivo: según reportes de prensa económica, la economía creció 3,56 % en julio, por encima de lo previsto, y 3,23 % en agosto. El gobierno anunció además un aumento del salario mínimo. La otra preocupación que mide AtlasIntel es la delincuencia.

Inseguridad: las medidas del gobierno

El 42 % de los encuestados por AtlasIntel identifica la inseguridad como uno de los principales problemas del país. Aunque esa cifra sigue muy por debajo de los máximos de hace un año, subió más de tres puntos respecto de la medición anterior. Un estudio de opinión realizado para El Comercio halló que el 57 % cree que el gobierno no tiene una estrategia clara en seguridad ciudadana, y el IEP encontró que seis de cada diez ven al gobierno poco o nada preparado para enfrentar la inseguridad.

El Ejecutivo ha respondido con medidas de seguridad. Anunció un mando unificado entre la Policía y las Fuerzas Armadas, junto con la expulsión de extranjeros que cometan delitos, y, el 7 de octubre, desde una base militar de Lima, un equipo de élite contra la delincuencia formado por agentes y militares. La semana pasada, la presidenta compareció en un acto flanqueada por soldados, y aludió a la lucha contra el terrorismo de los años noventa, durante el gobierno de su padre. También ha inspeccionado penales, como El Milagro, en Trujillo, y asegura que su gobierno inició la recuperación de los establecimientos penitenciarios. Parte de ese plan depende del Congreso.

El pulso con el Congreso por las facultades

El frente político más visible es el pedido de facultades legislativas. El gabinete que preside Luis Galarreta solicitó 120 días de poderes delegados para desarrollar 66 medidas, con el argumento de cerrar brechas sociales, destrabar obras paralizadas, prepararse ante El Niño y enfrentar la criminalidad. El premier sustentó el pedido durante unas tres horas ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, acompañado de seis ministros. Cuatro comisiones de esa cámara rechazaron por mayoría el pedido, mientras que las de Ambiente y Defensa se pronunciaron a favor.

El trámite ha sido accidentado. La Cámara de Diputados aprobó una versión considerablemente más limitada de la solicitud y el proyecto está ahora en el Senado, donde, según El Comercio, un predictamen de la Comisión de Constitución plantea rechazarlo y archivarlo. Tras dos primeros meses más conciliadores, en los que buscó formar coaliciones en el Congreso, la presidenta endureció su tono a fines de septiembre: con el debate ya en su sexta semana, dijo que los legisladores estaban “poniendo a prueba nuestra paciencia”. Galarreta ha insistido en que, con o sin facultades, el gobierno pondrá orden, y que lo que no se otorgue se tramitará por proyectos de ley o decretos de urgencia. La Confiep, gremio empresarial, pidió madurez política en el debate.

Miradas hacia Washington y San Salvador

Perú se sumó al Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, y la decisión divide a la opinión pública. Según AtlasIntel, cerca de la mitad de los encuestados valora de forma desfavorable que los gobiernos de la región se alineen con las políticas de seguridad de Estados Unidos, y un 33 % afirma que esa alineación limita gravemente la autonomía del país en la lucha contra el crimen organizado.

A fines de octubre está prevista una visita de la presidenta a El Salvador, por invitación del presidente Nayib Bukele, a quien Fujimori ha elogiado abiertamente. El ministro Alberto Beingolea consideró el viaje “perfectamente pertinente”.

Educación: nuevas medidas escolares

Esta semana, la presidenta anunció planes para prohibir el maquillaje, las uñas pintadas y el pelo excesivamente largo o teñido en los colegios públicos, y para revisar la longitud de las faldas del uniforme, tras el caso de agresión sexual de gran repercusión ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. Los críticos han establecido paralelismos con las medidas que el presidente salvadoreño aplicó el año pasado en las escuelas de su país. El gobierno ha propuesto además el Plan Nacional de Educación 2026-2031.

Lo que viene

Ninguno de los frentes está cerrado. En el Congreso, el Senado debe decidir qué hace con el pedido de facultades, después de que Diputados aprobara una versión más acotada. A fines de octubre la presidenta viajará a El Salvador, invitada por Nayib Bukele. Y a comienzos de noviembre el gobierno cumplirá sus primeros 100 días, con nuevas mediciones de Datum y el IEP en el horizonte para saber si la caída sigue o se frena.

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Senador Jorge Gavidia impulsa Foro sobre Innovación y Transferencia Tecnológica para impulsar el Desarrollo Rural

Redacción Lima Gris

Política

Senador Jorge Gavidia impulsa Foro sobre Innovación y Transferencia Tecnológica para impulsar el Desarrollo Rural

El encuentro busca identificar las principales demandas de los productores agropecuarios, especialmente de la Amazonía, y promover propuestas que articulen tecnología, ciencia, financiamiento y acceso a mercados para mejorar la productividad del campo peruano. Entre las iniciativas que se analizarán figura la implementación de proyectos piloto de tecnoparques rurales.

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1 día ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El desarrollo rural de la Amazonía requiere mucho más que producción agrícola: necesita tecnología, financiamiento, capacitación y acceso a mercados que permitan a los pequeños productores mejorar sus ingresos y dar mayor valor agregado a sus cosechas.

Bajo esa perspectiva, el senador Jorge Gavidia explicó los objetivos del Foro de Innovación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural, una iniciativa promovida desde el Senado para identificar las principales demandas del sector agropecuario y explorar soluciones aplicadas a la realidad peruana.

La propuesta contempla recoger las experiencias de los gremios de productores, articular esfuerzos con las instituciones del Ejecutivo y la comunidad científica, y evaluar modelos internacionales que integren innovación, financiamiento y comercialización. Entre las alternativas planteadas figura la implementación de tecnoparques rurales que faciliten la transferencia de conocimientos y tecnología, con miras a desarrollar proyectos piloto que posteriormente puedan replicarse en otras zonas del país.

Senador, ¿cuál es el objetivo central de este foro? ¿Qué problema concreto del campo peruano busca contribuir a resolver?

El foro tiene por finalidad retomar las demandas del sector rural, especialmente de las actividades agropecuarias, como las que desarrollan los productores de café y cacao. En este caso, está más enfocado en la Amazonía y en su desarrollo rural.

El Senado ha creado la Comisión Especial de Transferencia Tecnológica e Innovación Rural, con el propósito de tener mayor claridad sobre las demandas de los diferentes sectores. Los principales participantes son los gremios de productores de café, cacao, jengibre, cítricos y plantas medicinales, además de representantes del Ejecutivo y de instituciones vinculadas a la innovación y la investigación, como el Midagri, Concytec y otras entidades.

El objetivo es recabar información y actualizar las demandas del sector, teniendo en cuenta el contexto del fenómeno El Niño y la crisis global que afecta a los mercados.

¿A quiénes está dirigido este foro? ¿Cómo se garantizará que las necesidades y experiencias de los propios productores rurales sean escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones públicas?

Está dirigido a todos esos actores: la academia, el Ejecutivo y los gremios de productores, participan instituciones del Gobierno, principalmente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Presidencia del Consejo de Ministros, Devida y Concytec. Además, del Senado como parte del Poder Legislativo.

La posibilidad de trasladar estas demandas a políticas públicas dependerá del análisis que se realice en esta primera etapa, en relación con las facultades solicitadas por el Ejecutivo. También dependerá de los mecanismos de fiscalización a los que tenemos acceso para evaluar los avances del Gobierno en el sector rural, especialmente en la Amazonía.

Pequeños productores enfrentan dificultades para acceder a tecnología, capacitación, conectividad y financiamiento. ¿Qué propuestas concretas se discutirán para que la innovación y los conocimientos científicos lleguen al campo y mejoren la productividad y los ingresos de las familias agricultoras?

Entre las propuestas concretas se encuentran las experiencias de países como India y Corea del Sur, que han promovido el desarrollo rural mediante la transferencia tecnológica, el acceso a los mercados y el financiamiento. La integración y el acompañamiento a los productores requieren una estrategia en la que los tecnoparques o parques tecnológicos desempeñen un papel fundamental en la transferencia de capacidades, incluyendo el financiamiento y el acceso a los mercados.

Esto también nos permitirá explorar nuevos enfoques para programas de Agrobanco o del Banco Agrario del Perú, a fin de generar, por ejemplo, financiamiento vinculado a la industria y a la transformación de los productos de la Amazonía.

Existen experiencias internacionales, como la de Rabobank, que relacionan el financiamiento con la seguridad de contar con mercados. A ello se incorporaría la tecnología para identificar procesos de alto impacto que puedan desarrollarse a partir de los productos amazónicos.

Más allá de las exposiciones y el intercambio de ideas, ¿qué resultados concretos se esperan de este foro? ¿Se establecerán compromisos, una hoja de ruta o acuerdos para que las propuestas se traduzcan en acciones y beneficios verificables para las comunidades rurales?

Este es un primer foro que establece el compromiso de mantener la comunicación entre los diferentes actores y articular el trabajo principalmente con el Midagri (Ministerio de Agricultura) y la PCM, (Presidencia del Consejo de Ministros) así como con el Ministerio de la Producción, por ejemplo, mediante los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).

A partir de esa articulación, buscamos construir una serie de propuestas, especialmente proyectos piloto de tecnoparques en puntos estratégicos del país. Estos podrían constituir un primer paso para analizar y adecuar la propuesta, con miras a ampliarla posteriormente a escala nacional.

La iniciativa también contempla la vinculación con la cooperación internacional, después de este foro se realizarán otros encuentros enfocados en los Andes y la Amazonía, además de espacios relacionados con el comercio exterior, la ciencia y la tecnología. La finalidad es sumar esfuerzos y establecer algún proyecto piloto de tecnoparques que contribuya al desarrollo rural.

Una propuesta que deberá traducirse en resultados

Las declaraciones del senador Jorge Gavidia sitúan la innovación tecnológica como una herramienta para cerrar brechas históricas en el campo peruano, la apuesta por los tecnoparques busca vincular a los productores con el conocimiento científico, el financiamiento y los mercados, especialmente en las cadenas productivas amazónicas.

Sin embargo, el desafío será convertir las propuestas recogidas en el foro en compromisos institucionales, proyectos financiados y mecanismos de seguimiento que permitan medir sus resultados. La viabilidad de los proyectos piloto dependerá de la coordinación entre las entidades públicas, los gremios agrarios, la academia y la cooperación internacional.

El foro marca así un primer paso para discutir cómo llevar la innovación al campo. La siguiente etapa será determinar qué propuestas pueden implementarse, con qué recursos y en qué plazos, para que la transferencia tecnológica se refleje en mejores oportunidades para las familias agricultoras.

El foro se realizará:

15 de octubre de 2026

8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Auditorio José Faustino Sánchez Carrión – Congreso de la República.

INGRESO LIBRE – PREVIA INSCRIPCIÓN

Inscríbete aquí:

https://bit.ly/4yDZtrB

O por Whatsapp: 998 849 991, 934 140 134, 954 716 118.

Durante la jornada desarrollaremos tres preguntas centrales:

BLOQUE 1 – DIAGNÓSTICO Y OPORTUNIDADES

¿Cuáles son las principales barreras que impiden que los productores de la Selva Central capturen mayor valor y qué oportunidades concretas existen para mejorar productividad, transformación y acceso a mercados?

BLOQUE 2 – INNOVACIÓN Y SOLUCIONES

¿Qué instrumentos concretos de tecnología, financiamiento, investigación, asistencia técnica y articulación empresarial pueden aplicarse para solucionar las brechas identificadas?

BLOQUE 3 – ACUERDOS Y SEGUIMIENTO

¿Qué acciones concretas podemos acordar hoy y cuáles requieren seguimiento institucional después del foro?

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Política

Senador Íber Maraví exige disculpas a Calisto Giampietri: “No solo me falta el respeto a mí, le falta el respeto al pueblo” [VIDEO]

El senador cuestionó la actitud que atribuye a su colega Calisto Giampietri y sostuvo que, frente a un comportamiento que considera descortés y matonesco, corresponde reconocer el error y ofrecer disculpas. Además, rechazó la versión de que habría faltado el respeto a dos mujeres y afirmó que los videos del incidente contradicen esa explicación. “Debería nacerle a él decir: bueno, me equivoqué”, sentenció.

Published

2 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador Iber Maraví elevó el tono de sus cuestionamientos contra su colega Calisto Giampietri, a quien reprochó la actitud que, según su versión, protagonizó durante un incidente entre ambos. Para Maravi, el respeto entre representantes políticos no es un asunto menor, sino una obligación frente a sus colegas y a los ciudadanos que los eligieron.

“Eso es lo que nos enseñan nuestros padres, además desde inicial, y nos sirve para toda la vida”, manifestó el parlamentario, al defender la necesidad de reconocer los errores cuando se incurre en una conducta que considera incorrecta.

Maravi sostuvo que quien actúa de manera “malcriada, descortés, matonescamente” debe ofrecer disculpas y realizar una autocrítica. En esa línea, cuestionó que un representante político adopte una actitud confrontacional frente a otro parlamentario.

“¿Cómo yo podría ver a un señor que no solo le falta el respeto a una persona, a su colega que soy yo, sino que con eso está faltando el respeto al pueblo, incluso a los que lo han elegido, para venir bravuconamente a pecharme y decirme: ‘Afuera lo arreglamos’?”, expresó.

Consultado sobre si había esperado que Calisto Giampietri le pidiera disculpas, Maravi respondió que no considera necesario solicitarlas, pues, a su juicio, el reconocimiento del error debería surgir de manera espontánea.

“Mire, yo no le solicito. Debería nacerle a él y decir: ‘Bueno, me equivoqué’”, afirmó.

El senador también rechazó la versión de Calisto Giampietri, quien, según relató Maravi, habría sostenido que se interpuso entre él y dos mujeres a las que supuestamente estaba faltando el respeto. El parlamentario negó esa interpretación y aseguró que las imágenes del incidente respaldan su versión de los hechos.

“Y mentir descaradamente, y él dice que se interpuso entre mí y dos damas a quienes yo estaba faltando el respeto, cuando los videos son categóricos y yo estaba en una discusión con el ministro Astudillo. O sea, es increíble”, manifestó.

Un conflicto que exige explicaciones

Las declaraciones de Maravi ponen nuevamente el foco en la conducta de los representantes políticos y en la necesidad de que las diferencias entre parlamentarios se resuelvan sin amenazas ni expresiones intimidatorias.

El senador considera que una disculpa no debería depender de una exigencia de la persona afectada, sino de la capacidad de reconocer una conducta inapropiada. Por ello, insiste en que Calisto Giampietri debería asumir su responsabilidad y rectificar lo ocurrido.

Mientras tanto, Maravi mantiene su rechazo a la versión que atribuye a su colega y apela a los registros audiovisuales como elemento para esclarecer el incidente. Su posición es clara: el respeto entre autoridades no solo compromete a quienes protagonizan una confrontación, sino también a la ciudadanía a la que representan.

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Política

Diana Gonzales: más de diez carpetas fiscales por presunta corrupción vinculan a la directora del Pronabec

Diana Gonzales Delgado, actual directora de Pronabec registra un rosario de carpetas fiscales en el Distrito Fiscal Lima Anticorrupción. En todos estos expedientes, la funcionaria aparece en calidad de investigada o imputada por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

Published

2 días ago

14/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 1 de septiembre de 2026, Gonzales Delgado fue designada directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, refrendada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Según la información a la que tuvimos acceso, la funcionaria Diana Gonzales, tiene más de diez carpetas fiscales en trámite, siendo la de actuaciones fiscales más reciente el Caso N.° 506015506-2019-44-2. Esta causa fue elevada a la 4.ª Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima el 26 de noviembre de 2025 en estado de audiencia de apelación por el delito contra la administración pública.

Las imputaciones globales contenidas en el conjunto de expedientes abarcan presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, peculado por apropiación o utilización culposa de caudales destinados a asistencia social, colusión simple, colusión ilegal, colusión con defraudación patrimonial al Estado y delitos genéricos contra la administración pública. Las causas se tramitan ante las fiscalías provinciales Corporativas y las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima.

Entre los casos abiertos en primera instancia, cuatro carpetas derivadas de la investigación matriz de 2019 registran disposición de acusación fiscal emitida el 27 de junio de 2022 por la 1.ª fiscalía provincial Anticorrupción de Lima. Se trata de los casos 506015505-2019-41-0, 506015505-2019-41-2, 506015505-2019-41-3 y 506015505-2019-41-4, en los cuales se le atribuyen cargos por presunta negociación incompatible, peculado culposo, colusión simple y delitos contra la administración pública.

Asimismo, el caso 506015505-2021-44-2 registra la formalización de la investigación preparatoria dispuesta el 18 de enero de 2023 en la 1.ª fiscalía provincial Anticorrupción de Lima por delito contra la administración pública, marcando la etapa judicializada del proceso penal.

Fuente: Ministerio Público.

Junto al caso tramitado en la 4.ª Fiscalía Superior en noviembre de 2025, otras tres investigaciones (506015506-2019-44-1, 506015506-2019-44-3 y 506015505-2021-380-0) se encuentran en audiencia de apelación en la instancia superior.

La carpeta 506015505-2019-41-6 figura en la 3.ª Fiscalía Superior con fecha de situación del 25 de octubre de 2022, mientras que los casos 506015506-2019-53-3 y 506015506-2019-53-4, 506015506-2019-53-5 se tramitan en la 3.ª y 2.ª Fiscalía Superior.

Fuente: Ministerio Público.

El cuadro de más de diez causas se completa con dos expedientes archivados preliminarmente en 2020 (506015505-2019-41-1 y 506015505-2019-48-0).

Fuente: Ministerio Público.

La existencia de estas investigaciones, acusaciones y apelaciones en el fuero anticorrupción no equivale a una sentencia judicial ni a una condena penal firme. Sin embargo, quedan algunas interrogantes referentes a las designaciones en el gobierno de la presidente Keiko Fujimori:

Al momento de firmar la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, ¿tenía el ministro José Antonio Chang conocimiento de las diez carpetas abiertas en el Distrito Fiscal Lima Anticorrupción, que incluyen tres acusaciones fiscales formalizadas en 2022 y una investigación preparatoria judicializada en 2023 contra Diana Gonzales?

Finalmente, el ministro de educación deberá explicar por qué la insistencia en la designación de funcionarios con carpetas fiscales abiertas por presuntos delitos de corrupción.

Este medio se comunicó con la dirección del Pronabec para solicitar el descargo formal de Diana Carolina Gonzales Delgado sobre las causas tramitadas ante las Fiscalías Anticorrupción de Lima. Al cierre de esta edición, la funcionaria no envió comentarios ni respuestas a nuestro pliego de preguntas.

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Política

Senadora Ruth Luque cuestiona a Carlos Mesía: “Hay que cambiarle el nombre por comisión selectiva” [VIDEO]

La parlamentaria del partido Ahora Nación, cuestionó al presidente de la comisión, Carlos Mesía, por excluir a varios integrantes del Consejo Consultivo del debate sobre la posible desnaturalización del tema en discusión. Advirtió que entre los especialistas no invitados figuran César Landa, Juan Carlos Ruiz y Julissa Mantilla, y cuestionó que el trámite avance sin abordar previamente las observaciones planteadas.

Published

2 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La senadora Ruth Luque cuestionó la forma en que Carlos Mesía viene conduciendo el debate y expresó su preocupación por la participación de los especialistas convocados para analizar el tema en discusión. A su juicio, se debió considerar desde el inicio la intervención de todos los integrantes del Consejo Consultivo, en lugar de seleccionar únicamente a un grupo.

La parlamentaria sostuvo que esta decisión genera dudas sobre la pluralidad de las opiniones que se tomarán en cuenta durante el proceso. Por ello, criticó que un órgano consultivo termine funcionando, según su apreciación, como un espacio que recoge solo determinadas posiciones.

“El señor Carlos Mesía pudo haber sometido al debate desde el inicio, invitar a todos los integrantes del Consejo Consultivo. Lo que más bien hoy ha hecho es invitar al Consejo Consultivo, que ni siquiera suma a todos los integrantes. Ellos han invitado solo a un grupo de personas”, manifestó.

Al ser consultada sobre si estaba en desacuerdo con los integrantes del Consejo Consultivo, Luque aclaró que su cuestionamiento no se dirige contra los especialistas, sino contra la manera en que se ha organizado su participación.

La senadora aseguró que se comunicó con varios integrantes del Consejo Consultivo y señaló que algunos no habían sido invitados. Entre ellos mencionó al jurista César Landa, al abogado Juan Carlos Ruiz y a la doctora Julissa Mantilla.

“Yo he llamado a varios integrantes del Consejo Consultivo y varios no han sido invitados. No han invitado al señor Landa, no han invitado al abogado Juan Carlos Ruiz, no han invitado a la doctora Julissa Mantilla y no sé cuántos más”, afirmó.

Para Luque, la participación restringida de especialistas podría impedir que se escuchen diferentes puntos de vista sobre el asunto en debate. En ese sentido, dirigió sus críticas a Mesía y cuestionó el criterio utilizado para determinar quiénes tendrían la oportunidad de intervenir.

“Si ese es el espíritu que tiene el señor Mesía, que solo recoge las opiniones de un grupo, entonces hay que cambiarle el nombre: comisión selectiva”, expresó.

Cuestiona que el trámite avance sin discutir la posible desnaturalización

Otro de los puntos que generó preocupación en la senadora fue el procedimiento seguido para abordar la posible desnaturalización de la propuesta. Luque sostuvo que este asunto debió discutirse previamente, antes de continuar con el trámite del texto ampliado.

La parlamentaria cuestionó que el tiempo disponible no se hubiera aprovechado para examinar si el contenido de la propuesta mantenía su naturaleza original o si había experimentado modificaciones que debían ser debatidas.

“Voy también a preguntar cuándo va a haber un informe del Consejo Consultivo, porque primero debimos haber fijado ese tema. Pero, como no lo quieren hacer, entonces vamos a ir con el texto completamente ampliado y va a correr el trámite”, señaló.

Sus declaraciones reflejan su preocupación por que el procedimiento continúe sin que, desde su perspectiva, se hayan atendido cuestiones previas relacionadas con el análisis de la propuesta y la participación de los especialistas.

Luque advirtió que la decisión de convocar únicamente a un grupo de especialistas podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. Por ello, insistió en que la participación de los integrantes del Consejo Consultivo debe responder a criterios que permitan recoger distintas opiniones.

La senadora puso así el foco en dos aspectos de la controversia: la exclusión de especialistas que, según su versión, no fueron invitados y la necesidad de discutir la posible desnaturalización de la propuesta antes de que continúe su trámite.

Sus cuestionamientos dejan planteada una interrogante sobre los criterios utilizados para seleccionar a los participantes y el momento en que se evaluarán las observaciones formuladas. Para Luque, no basta con contar con opiniones especializadas: también es necesario que el proceso permita escuchar distintas posiciones y que los aspectos cuestionados se discutan oportunamente.

La controversia expuesta por la parlamentaria apunta, en definitiva, a la transparencia y la pluralidad del debate, así como a la necesidad de aclarar si las observaciones sobre el contenido de la propuesta serán atendidas antes de que avance el procedimiento.

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Política

No a diez años más: Cusco rechaza el “premio” de las adendas para Cálidda y TGP [VIDEO]

La audiencia pública descentralizada de la Comisión de Energía y Minas dejó una posición clara: el sur necesita gas natural y exige acelerar su masificación, pero rechaza que esa necesidad histórica se utilice para justificar adendas que otorguen diez años adicionales de concesión a Cálidda y TGP, sin suficientes garantías para el Estado y las regiones y pese a los antecedentes que arrastran ambas empresas.

Published

2 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Cusco se convirtió en escenario de una contundente señal política contra los planes del Gobierno para modificar los contratos vinculados al transporte y la distribución del gas natural. Durante la sesión descentralizada y audiencia pública de la Comisión de Energía y Minas, parlamentarios de distintas bancadas y ciudadanos cusqueños expresaron su rechazo a las adendas que se pretende otorgar a Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Cálidda.

La jornada, presidida por la diputada Yenifer Paredes Navarro, puso sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿puede el Estado ampliar por diez años las condiciones contractuales de los actuales concesionarios sin garantizar primero que los beneficios lleguen efectivamente a las regiones y a las familias que todavía esperan acceder al gas natural?

El reclamo no se limitó a una discrepancia contractual. Desde Cusco, una región estratégica para la producción gasífera nacional, se cuestionó que las decisiones sobre un recurso fundamental para la economía peruana puedan avanzar sin resolver antes las demandas históricas de masificación, acceso y reducción de los costos de la energía.

La discusión dejó en evidencia una contradicción que atravesó buena parte de la jornada: el sur necesita gas y reclama que llegue de una vez, pero esa necesidad no debería convertirse en el argumento para prolongar contratos por diez años más sin suficientes garantías para el Estado y las regiones.

Una discusión sobre el futuro del gas

La presidenta de la comisión, Yenifer Paredes, destacó la necesidad de examinar integralmente el sistema de abastecimiento y transporte del gas natural. El debate, según el planteamiento expuesto durante la sesión, debía considerar tanto las condiciones de los contratos como sus consecuencias para los hogares y el desarrollo industrial del país.

La posición expresada en Cusco fue clara: cualquier modificación contractual debe demostrar que responde al interés nacional y no únicamente a las necesidades comerciales de las empresas concesionarias. La masificación del gas en el sur, donde la población reclama desde hace años acceso a una fuente energética producida en su propio territorio, se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión.

El diputado César Holguín y la diputada Azucena Rojas participaron en una jornada en la que se cuestionó la posibilidad de avanzar con las adendas sin una explicación convincente sobre sus beneficios, costos y consecuencias para el país. La exigencia política fue que las condiciones de los contratos sean transparentes, fiscalizables y compatibles con una política energética que priorice a la ciudadanía.

El senador Wilfredo Verano también intervino en el debate parlamentario sobre el futuro del gas y las decisiones que corresponden al Estado. La coincidencia de representantes de ambas cámaras reforzó el mensaje de que las modificaciones contractuales no deberían tratarse como simples trámites administrativos, sino como decisiones con implicancias económicas y sociales para todo el Perú.

Osinergmin y las advertencias sobre la adenda

Uno de los puntos más delicados de la controversia es la posición de Osinergmin, organismo supervisor que ha formulado observaciones a la propuesta contractual vinculada con Cálidda. Sus reparos refuerzan la necesidad de evaluar si las condiciones planteadas ofrecen ventajas reales para el país o si, por el contrario, podrían trasladar costos adicionales a los usuarios.

La discusión sobre una eventual extensión de diez años del contrato de Cálidda adquiere especial relevancia porque compromete decisiones de largo plazo. No basta con anunciar nuevas obras, ampliaciones o inversiones: el Estado debe explicar cuánto se invertirá efectivamente, quién asumirá los riesgos, qué costos podrían ser reconocidos en las tarifas y cuáles serán los beneficios concretos para las regiones históricamente relegadas.

En ese contexto, las advertencias técnicas de Osinergmin deberán ser respondidas antes de adoptar una decisión que comprometa recursos e intereses nacionales. Si existen observaciones sobre las tarifas, las obligaciones contractuales o el impacto económico de la propuesta, corresponde absolverlas públicamente y explicar por qué, pese a ellas, el Gobierno considera conveniente avanzar con la adenda.

Cuestionamientos al ministro Shinno

La sesión también puso bajo escrutinio la actuación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, por el impulso que su gestión viene dando a la adenda con Cálidda. Los cuestionamientos sobre un posible lobby a favor de la empresa plantean una exigencia elemental: que el Gobierno transparente sus gestiones y sustente por qué considera conveniente modificar las condiciones contractuales.

La sola promoción de una adenda no demuestra la existencia de una conducta irregular. Sin embargo, cuando una decisión puede extender compromisos por una década y tener repercusiones sobre las tarifas, la fiscalización parlamentaria resulta indispensable. El ministro debe explicar qué alternativas se evaluaron, cómo se atendieron las observaciones del organismo supervisor y qué garantías existen para evitar que los intereses empresariales se impongan sobre los del Estado.

El debate tampoco puede reducirse a una disputa entre el Gobierno y sus críticos. Está en juego la posibilidad de construir una política energética que conecte a más hogares, promueva la industrialización regional y permita que el gas natural se convierta en una herramienta efectiva de desarrollo.

Cusco exige decisiones, no promesas

La audiencia descentralizada dejó un mensaje político que trasciende las diferencias partidarias: el sur del Perú reclama participar en las decisiones sobre un recurso estratégico para su propio desarrollo. Los representantes de la ciudadanía demandaron que la masificación del gas natural sea una prioridad efectiva y no una promesa que se renueve cada vez que se discuten nuevos compromisos contractuales.

La sesión encabezada por Yenifer Paredes abrió un espacio para confrontar las propuestas del Ejecutivo con las demandas de parlamentarios, autoridades regionales, organizaciones sociales y ciudadanos. El desafío ahora consiste en convertir ese rechazo expresado en Cusco en fiscalización, transparencia y decisiones concretas.

El Gobierno deberá responder a una pregunta que quedó instalada durante el debate: ¿por qué avanzar con nuevas condiciones contractuales y otorgar diez años adicionales a los actuales concesionarios mientras persisten las demandas de acceso al gas y reducción de costos en las regiones del país?

La decisión no puede medirse únicamente por los intereses de las concesionarias ni por anuncios de futuras inversiones. Debe evaluarse por sus resultados concretos para la población.

Desde Cusco, el mensaje fue inequívoco: el gas natural debe servir al desarrollo del Perú y de sus regiones, y ninguna adenda debería aprobarse sin demostrar primero que beneficia al interés público y que ofrece garantías suficientes para el Estado y para quienes llevan años esperando que el gas finalmente llegue a sus hogares y ciudades.

Aquí el video completo de la Comisión Descentralizada de Energía en Cusco.

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Política

La diplomacia del silencio y el pragmatismo: quién es Nathalie Kennedy, la embajadora de Macron en el Perú

Kennedy afianza su gestión en Lima mediante reuniones estratégicas con autoridades del Congreso, ministerios e instituciones peruanas, mientras se mantiene en total incógnita si ha fijado o no una postura frente a las masivas protestas estudiantiles en Francia.

Published

2 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Embajadora de Francia Nathalie Kennedy y cuestionado canciller Carlos Espá.

Por Giovanna Ríos

La embajadora de Francia en el Perú, Nathalie Kennedy, acordó el sábado 19 de septiembre con el canciller Carlos Espá iniciar los preparativos de las actividades por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se cumplen en 2027. Kennedy dirige la embajada desde octubre de 2024, tiene casi tres décadas de carrera en el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y no ha ocupado cargos políticos. Su gestión en Lima coincide con las protestas estudiantiles que sacuden a su país.

Formación y primeros años

Kennedy estudió economía del desarrollo local. La ficha de la embajada habla de una maestría en economía de la planificación y el desarrollo local por la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne; el medio especializado Acteurs Publics habla de un DESS, el posgrado que existía antes de la reforma de Bolonia, en la misma materia.

En 1996 ingresó al ministerio, conocido en Francia como Quai d’Orsay por la ubicación de su sede, y su primer puesto fue en la dirección de Asuntos Financieros.

Nathalie Kennedy. Foto: Embajada de Francia.

Londres, recusos humanos y la Unión Europea

En 2002 salió por primera vez al exterior como vicecónsul y jefa de cancillería en la embajada de Francia en Londres, un cargo que combina la atención a los ciudadanos franceses con la administración de la sede. Estuvo hasta 2006. Después volvió a París, a la dirección de recursos humanos, el área que maneja las carreras y destinos de los propios funcionarios del ministerio.

Tres años más tarde pasó a la dirección de la Unión Europea, donde siguió, en particular, a los países del Mediterráneo oriental.

Madrid: Consejera política

En 2013 llegó a la embajada de Francia en Madrid como consejera política, el cargo que analiza la situación interna del país anfitrión y le informa a su Gobierno. Estuvo cinco años. Es el único puesto de su carrera con una función directamente política, y consiste en observar e informar, no en opinar en público.

Proteger a los franceses en el extranjero

De regreso en París, dirigió en 2018 la oficina de protección de menores y familia y, desde 2019, la misión para la protección de los derechos de las personas, dentro de la Dirección de Franceses en el Extranjero y de la Administración Consular, el área que atiende a los franceses que viven o viajan fuera del país. Ocupó ese puesto durante tres años.

En 2019 recibió la condecoración de Caballero de la Orden Nacional del Mérito. En 2021, un decreto la nombró y tituló consejera de asuntos exteriores, la categoría de los agentes diplomáticos y consulares.

Dubái

Ese año asumió como Cónsul General de Francia en Dubái y los Emiratos del Norte, en reemplazo de Raja Rabia, quien pasó a ser embajadora en Sudán. El decreto de nombramiento tiene fecha del 1 de septiembre de 2021. Según contó a Le Petit Journal, llegó pocas semanas antes del cincuentenario de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos, con la primera Exposición Universal de la región en marcha, y pensaba aprender árabe en la Alianza Francesa de la ciudad.

Su sucesor, Jean-Christophe Paris, fue anunciado en mayo de 2024, cuando ya se sabía que Kennedy se iría a Lima.

El nombramiento

El presidente Emmanuel Macron firmó el decreto el 24 de junio de 2024, junto con el entonces primer ministro Gabriel Attal y el canciller Stéphane Séjourné. El texto la designa embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Perú, con efecto desde el 15 de agosto, y la identifica como administradora del Estado de primer grado. Reemplazó a Marc Giacomini, quien ocupaba el cargo desde 2020.

El 2 de octubre de 2024 presentó sus cartas credenciales a la entonces presidenta Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno, con el canciller Elmer Schialer presente. La embajadora y parte de su equipo fueron recibidos por los Húsares de Junín, la escolta presidencial.

Su gestión en Lima

Su agenda tiene tres ejes. El primero es la inversión de empresas francesas en infraestructura, con el esquema de gobierno a gobierno para grandes obras como eje central. El segundo es la cooperación técnica, sobre todo en gestión del riesgo de desastres y lucha antidrogas. El tercero es la promoción de la lengua y la cultura francesas, que incluyó este año la organización del encuentro de profesores de francés que se realizó en Lima del 5 al 9 de octubre.

Sus reuniones con autoridades peruanas

El 3 de marzo de 2025 visitó al expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Ese año acompañó al ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, ante el cuestionado ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en una reunión sobre obras de infraestructura con posible financiamiento francés. Cada 14 de julio recibe a autoridades en su residencia: en 2025 asistieron el ex premier Eduardo Arana, el excanciller Schialer y el exministro de Vivienda Durich Whittembury, y en 2026, el viceministro de Relaciones Exteriores Erick Anderson y la presidenta del Poder Judicial, Janeth Tello.

En la reunión del 19 de septiembre con el canciller Carlos Espá también evaluaron el desempeño de las empresas francesas en el país y la ayuda de Francia en gestión del riesgo de desastres. El 21 de septiembre también se reunió con el investigado ministro de Cultura Alberto Beingolea. La reunión fue en la sede central del Mincul y presuntamente tuvo como finalidad fortalecer la cooperación en gestión del patrimonio cultural, lucha contra el tráfico ilícito de bienes arqueológicos y el impulso a las industrias audiovisuales.

A inicios de octubre recibió al presidente de DEVIDA, Carlos Ramos Otiniano, para la cooperación antidrogas, y la embajada reunió a más de 15 empresas francesas con el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, quien presentó su cartera de proyectos de vivienda, agua y saneamiento. Un claro lobby diplomático.

Su perfil político

Kennedy no es una figura política. No hay registro de militancia partidaria, de cargos de elección ni de entrevistas suyas sobre política francesa. Su trayectoria documentada no incluye trabajo en el gabinete de ningún ministro: toda su carrera transcurrió en puestos del ministerio de Exteriores, consulados y embajadas.

Como embajadora, es la representante del Gobierno de Macron en el Perú, y su función es transmitir la posición oficial de París, no dar una opinión propia sobre política interna. En sus discursos públicos habla de la amistad franco-peruana y de los valores de libertad, igualdad y fraternidad.

En medio de las protestas

Francia atraviesa desde septiembre una ola de protestas estudiantiles por la falta de profesores y de recursos en las escuelas. El 13 de octubre se realizó la quinta jornada: el Ministerio del Interior contó 161.500 manifestantes, frente a 71.500 el 8 de octubre, y los sindicatos hablaron de 480.000. El Gobierno ofreció 3.000 profesores sustitutos para los 114 centros más afectados, y los estudiantes lo rechazaron. El presidente Macron pidió moderación un día antes y dijo que los reclamos merecen tiempo, consultas, discusión y respeto.

Hasta el 13 de octubre no se registra un pronunciamiento de Kennedy ni de la embajada sobre las protestas. Un manto de silencio cubre la residencia francesa en la Av. Arequipa.

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Política

Senador Juan Carlos del Águila: «El senador Maraví ha sido secretario general de una institución que estaba vinculada directamente con Sendero Luminoso»

El senador de Fuerza Popular cuestiona los enfrentamientos durante el debate de las facultades legislativas y critica que la Cámara de Diputados aprobara solo seis de cerca de 20 medidas planteadas por el Ejecutivo para combatir la criminalidad.

Published

3 días ago

13/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El debate por las facultades legislativas vuelve a poner frente a frente las posiciones políticas en el Senado. Juan Carlos del Águila defiende las medidas propuestas por el Ejecutivo, cuestiona los enfrentamientos durante las sesiones y plantea que los próximos seis meses permitan evaluar los resultados de la lucha contra la criminalidad.

Mientras tanto, la discusión sobre las atribuciones del Gobierno y el papel fiscalizador del Congreso continúa en un contexto en el que la ciudadanía reclama respuestas frente a la extorsión, el sicariato y los homicidios. Aquí la entrevista con el parlamentario.

Senador, usted ha cuestionado que el debate en el Senado está dominado por los gritos y el ruido político. ¿Considera que la confrontación entre los parlamentarios está impidiendo discutir con seriedad las medidas que el país necesita para enfrentar la extorsión, el sicariato y los homicidios? ¿Quiénes están contribuyendo a desviar el debate?

Los incidentes que se suscitaron en la sesión última del sábado son hechos aislados, yo diría hasta anecdóticos. Los temas sí se están abordando con propiedad y con mucha seriedad, más allá de los gritos que algunos representantes de la izquierda radical de Juntos por el Perú proponen, más allá de eso, los demás parlamentarios de las otras bancadas sí están respondiendo con aportes, con análisis riguroso de lo que una comisión de constitución del Senado debe demostrar.

Y en la discusión de las facultades legislativas se han producido enfrentamientos y acusaciones entre distintas fuerzas políticas. ¿Estamos ante una discrepancia legítima sobre las herramientas que necesita el Ejecutivo o ante una pugna por el control político del Gobierno?

No es la mejor forma de plantear argumentos con gritos destemplados, no es la mejor forma de defender argumentos insultando a un ministro que va y expone y sustenta su pedido de facultades. El exceso y la elocuencia desmedida de algunos senadores de Juntos por el Perú pretende deslucir la imagen de una comisión y del Senado en general cuando la mayoría de bancadas políticas, Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras, Buen Gobierno y alguna más han demostrado, por supuesto, solvencia a la hora de las intervenciones.

La Cámara de Diputados recortó el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. ¿Considera usted que las medidas que quedaron fuera eran necesarias para combatir la criminalidad o que el Gobierno estaba solicitando atribuciones que no debía recibir? ¿Qué medidas concretas deberían aprobarse y cuáles deberían rechazarse?

Bueno, es evidente que hay cerca de 20 puntos que el gobierno ha planteado todos vinculados en materia de seguridad ciudadana y sin embargo la Cámara de Diputados solamente ha aprobado seis de ellas cuando, por ejemplo, han quedado fuera y han quedado descartados por esta Cámara y han tenido inclusive el consenso en algún momento de otras bancadas temas vinculados a la reinserción social, perdón, no a la reinserción social sino al apoyo excepcional de las Fuerzas Armadas a la seguridad externa de los penales.

Hoy en día los penales siguen siendo la cuna del delito y lo que se requiere es también que haya mayor seguridad inclusive no solamente a nivel interno sino a nivel externo de los penales con participación directa de las Fuerzas Armadas.

Hay temas como por ejemplo la vigilancia de los condenados por delitos graves cuando salen de prisión. Este también es un tema que ha quedado de lado. El uso de las armas no letales para la seguridad en áreas digamos naturales regidas. Hay varios temas como el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas porque las FF.AA. no puede ir a combatir en apoyo a la Policía Nacional al delito si es que no hace uso de la fuerza. Justamente es parte de su pieza como órgano rector en la seguridad.

La clasificación de organizaciones criminales como terroristas. El propio senador Castillo señaló en su intervención que hay grupos terroristas en la frontera. Bueno pues, esos grupos terroristas son parte de organizaciones transnacionales que crean terror entre los peruanos y no solamente entre peruanos sino también entre ciudadanos de otras naciones aledañas a la nuestra.

Por eso se plantea que este tipo de organizaciones transnacional que crean terror sean consideradas como organizaciones terroristas. Esto es algo que entre otros puntos ha obviado la Cámara de Diputados, la Comisión en su momento y luego la Cámara en Pleno.

Durante el debate también surgieron referencias a organizaciones y sectores señalados por presuntos vínculos con el radicalismo, entre ellos FENATEP y el MOVADEF. ¿Considera que éstas referencias tienen sustento y son pertinentes para la discusión de las facultades o se están utilizando para desacreditar políticamente a determinados parlamentarios?

Para todos es conocido que por ejemplo el instigador de los hechos lamentables del día sábado pasado en la Comisión de Constitución, me refiero al senador Íber Maraví, ha sido un conocido dirigente juvenil del MOVADEF, y todos sabemos que el MOVADEF es un brazo legal, un brazo político del Sendero Luminoso, entonces si el señor Maraví ha sido secretario general de una institución que estaba vinculada directamente con Sendero Luminoso, que es una organización terrorista, sin duda sus vínculos son evidentes.

¿Qué responsabilidad le corresponde al Gobierno por las limitaciones de su estrategia actual y qué responsabilidad tiene el Congreso para las medidas que aprueba, modifica o bloquea?

El Gobierno ha señalado claramente su intención de combatir frontalmente la delincuencia organizada en el país, pero para ello se requieren medidas excepcionales. Para convertir al Perú en un país seguro para los peruanos, es necesario adoptar algunas medidas que van más allá de lo que establece la legislación vigente.

Por eso, el Poder Ejecutivo ha planteado un conjunto de medidas que acabo de mencionar y que buscan, en el fondo, reducir los niveles de criminalidad que existen y que se gestan desde las fronteras, desde el exterior de los penales e, inclusive, desde el interior de estos establecimientos.

Por esa razón, considero que es vital el respaldo ciudadano al Gobierno en este pedido de facultades, porque, una vez aprobadas, el Gobierno nacional no tendrá otra salida que enfrentar decididamente la inseguridad. Ya lo viene haciendo, pero con una serie de limitaciones. Con las facultades que se aprueben, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo para emitir decretos legislativos que permitirán tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas actuar eficazmente contra la criminalidad en el país.

Si el Senado termina aprobando las facultades legislativas, ¿qué mecanismos de fiscalización deberían establecerse para comprobar que las medidas funcionan y no se convierten en letra muerta? ¿Está dispuesto a exigir cifras verificables sobre detenciones, investigaciones y condenas y a pedir responsabilidades políticas si los resultados no llegan?

En el Perú tenemos organismos de control en todas las instituciones, llámense Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Contraloría General de la República, Parlamento Nacional, prensa nacional y ciudadanos organizados. Todos contamos con mecanismos de control y fiscalización para evaluar si un gobierno que plantea medidas efectivas en una determinada materia obtiene los resultados esperados en su gestión.

Creo que, en ese sentido, los peruanos vamos a asistir, en los próximos meses, a acciones del Gobierno que nos permitirán sacar conclusiones sobre si, en los próximos seis meses, por ejemplo, ya contamos con resultados efectivos en cuanto a la captura de bandas criminales, organizaciones terroristas y ciudadanos que, aprovechándose de su condición de peruanos o extranjeros, hacen un mal uso de las leyes en nuestro país.

Senador, para culminar, usted ha hecho mención que en el Senado hay demasiado grito y mientras los parlamentarios se enfrentan, los ciudadanos seguimos expuestos a la extorsión y al sicariato. ¿El Congreso está ayudando a resolver la crisis de inseguridad o está atrapado en sus propias disputas políticas?

Sí, he señalado eso porque, efectivamente, tanto en la primera sesión de la Comisión de Constitución como en la segunda, hemos encontrado a senadores de Juntos por el Perú con una expresión furibunda, incluso desmedida, de lo que debe ser la argumentación de una posición personal o, inclusive, de su propia organización política.

Estamos allí para confrontar ideas y posiciones, pero no para protagonizar enfrentamientos personales. Esa grita y esa bulla que generan estos parlamentarios, lamentablemente, buscan desacreditar los acuerdos a los que pueda llegar la Cámara de Senadores en cualquiera de sus instancias. Por eso, hay que evitar estas situaciones y apelar al máximo a la cordura, para que la Cámara de Senadores, o el Senado, como se le conoce, realmente demuestre solvencia y evidencie que se encuentra en una situación absolutamente distinta de la que refleja la opinión pública a raíz de esos lamentables sucesos del sábado pasado.

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Política

César Astudillo: del Comando Conjunto al Ministerio del Interior, pasando por el “gasolinazo” y un choque en el Senado

Comandó el Ejército y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En 2021 la Fiscalía allanó su casa por el caso “Gasolinazo” y en 2022 pidió 36 meses de prisión preventiva en su contra. Hoy es senador electo por Fuerza Popular y ministro del Interior.

Published

4 días ago

12/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

César Augusto Astudillo Salcedo asumió el Ministerio del Interior el 28 de julio de 2026 con una promesa: ordenar la lucha contra la inseguridad desde la experiencia militar. Su trayectoria arrastra, sin embargo, un expediente pesado que fue archivado hace apenas semanas: el “Gasolinazo”, la investigación por el presunto desvío de combustible del Ejército que lo tuvo más de cinco años bajo la lupa de la Fiscalía. Llegó al gabinete desde el Senado y en sus primeras semanas presentó ante el Congreso una estrategia contra la delincuencia. El 10 de octubre, en la Comisión de Constitución, una discusión con el senador Iber Maraví lo puso nuevamente en el centro de la atención pública.

Una carrera en el Ejército

Astudillo nació en Lima en 1960. Hizo carrera en planeamiento, fuerzas especiales y operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico. Es magíster en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal y doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales, y su perfil oficial lo ubica en el conflicto del Cenepa y en la operación Chavín de Huántar. En 2019 publicó un libro sobre ese rescate de 72 rehenes, Chavín de Huántar: el legado.

Su ascenso fue largo. Comandó la 3.ª Brigada de Fuerzas Especiales entre 2012 y 2013 y el Comando Especial del VRAEM entre 2014 y 2015, donde se conducían las operaciones contra grupos armados y narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Fue inspector general del Ejército en 2016 y 2017, y en diciembre de 2017 asumió la Comandancia General, que dejó en octubre de 2018. Ese año pasó a dirigir el Comando Conjunto, el cargo que coordina a las tres instituciones armadas. Fue desde ese puesto que lo alcanzó una investigación por combustible del Ejército: el “Gasolinazo”.

El caso “Gasolinazo”

La investigación nació en 2018, según el fiscal Omar Tello, cuando oficiales del Ejército fueron sorprendidos sacando combustible del grifo del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE). La prensa lo llamó un nuevo “Gasolinazo” porque antes hubo otro caso de combustible en el Ejército, asociado al excomandante general Edwin Donayre. La Fiscalía sostenía que el combustible asignado a necesidades operativas y de transporte salía del COEDE, en Chorrillos, y del Pentagonito en vehículos con tanques de gran capacidad, y se vendía a grifos privados como La Inmaculada. También averiguaba si parte del dinero llegaba a militares de distintos niveles. La prensa bautizó a la presunta red “Los capos del diésel” y “Los Mercenarios”.

A Astudillo lo alcanzó por su paso como comandante general del Ejército, del 17 de diciembre de 2017 al 29 de octubre de 2018. La imputación difundida en 2021 era de peculado doloso por apropiación, en calidad de autor: la apropiación intencional de bienes públicos confiados a un funcionario por su cargo. Ahí la Fiscalía lo señalaba como quien se habría apropiado del combustible, algo que debía probarse con hechos concretos y con su participación personal.

Hubo una segunda línea de imputación, distinta. Se lo investigó por encubrimiento real y personal, es decir, por dificultar el descubrimiento de un delito o librar a alguien de la persecución penal. Según el documento fiscal, en abril de 2018 habría sabido, por una nota de inteligencia vinculada al grifo del COEDE, de las irregularidades. Aquí la acusación no era haber sacado el combustible sino haber sabido y no haber actuado, y alcanzaba a los mandos superiores y no solo a quienes lo retiraban.

Allanamientos, nota sobre el fiscal y prisión preventiva

El 23 de febrero de 2021, la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur allanó 12 domicilios y ocho oficinas del Ejército, entre ellos la casa de Astudillo. Entre los otros investigados que se difundieron estaban Jorge Orlando Céliz Kuong, Luis Humberto Ramos Hume, Ricardo Homero Moncada Novoa, Edward Gratelly Silva, Jorge Augusto Ruiz Lazo, José Francisco Rojas Dávila, David Arana Estabridis, Julio César Grosso Anticona, José Manuel Chávez Gutiérrez, Louis Augusto Ortiz Castillo y Orlando Saúl Quinto Trillo. La Fiscalía pidió siete días de detención preliminar y el Poder Judicial la rechazó. Ese día, Astudillo dijo en televisión que estaba indignado y llamó corrupto al fiscal.

Pocos días después, “Cuarto Poder” difundió que en su oficina se hallaron notas de inteligencia con seguimiento al fiscal Fredy Minaya y a su hermano. Su defensa negó la imputación de forma rotunda. Las notas aludían, entre otros datos, a los estudios del fiscal en San Marcos durante los años más duros del terrorismo.

El caso dio un salto el 10 de octubre de 2022: la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra Astudillo, otros tres excomandantes generales y más investigados, ahora por organización criminal, peculado agravado y encubrimiento real y personal. Se apoyaba en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, confesiones sinceras, agendas personales y documentos incautados, y alcanzaba a secretarios, administrativos y personas ligadas a los grifos. En noviembre, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos pasó las audiencias a enero de 2023, tras varios escritos de las defensas. Las fuentes revisadas no registran que el juez concediera la medida.

El sobreseimiento de 2026

Una semana después de jurar como ministro, el 4 de agosto, Astudillo anunció que el caso estaba archivado de manera definitiva. Según lo publicado, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento del propio Ministerio Público, que había concluido que no tenía elementos suficientes para acusarlo.

El sobreseimiento pone fin al proceso para quienes comprende, y para Astudillo cambia la situación de 2021 y 2022, cuando enfrentaba allanamientos y un pedido de prisión.

Del Senado al Ministerio de Interior

A fines de 2025 anunció su candidatura al Senado por Fuerza Popular, elegido directamente por Keiko Fujimori, y quedó en el puesto 5 de la lista nacional. Resultó electo con más de 20 mil votos. Durante la transferencia de gobierno, integró con Marco Miyashiro el equipo de Interior y Defensa.

El 28 de julio de 2026, la presidenta Fujimori le tomó juramento en Palacio, dentro del gabinete de Luis Galarreta. Reemplazó a José Zapata Morante. Asumió una de las promesas centrales de la campaña: recuperar la seguridad ciudadana. Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, opinó que el nombramiento buscaba proyectar “mano dura”.

En su primera exposición importante, el 7 de septiembre ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, dijo que la Policía, el Ministerio Público y el INPE trabajaban descoordinados y cada uno buscaba más poder. El 17 de septiembre, en una interpelación en Diputados, presentó su estrategia: inteligencia para anticipar el delito, control territorial, más equipamiento y tecnología para la Policía y una revisión de sus procesos internos, con una reforma estructural que descartó hacer de manera drástica. Todavía no hay cifras de homicidios, extorsiones o robos que midan su gestión.

Compras, licenciados y propuestas de Ley

Dentro de esa estrategia, Astudillo defendió comprar equipos mediante acuerdos de Gobierno a Gobierno, porque a su juicio ofrecen más garantías que la contratación pública común. No se informó qué equipos, con qué presupuesto ni bajo qué controles. También propuso que licenciados de las Fuerzas Armadas ingresen a la Policía tras una instrucción policial, pues ya tienen formación física, manejo de armas y disciplina. Los requisitos y la duración de esa capacitación no se detallaron.

Ante la Comisión de Constitución del Senado planteó cuatro proyectos: acelerar la expulsión de extranjeros en situación irregular, limitar el número de armas en las categorías de caza, deporte y colección, incorporar tecnología a la investigación criminal y ampliar las capacidades operativas de la Policía.

Los proyectos van dentro del pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas en seguridad ciudadana. Primero el Congreso debe delegarlas y luego el Ejecutivo emitir las normas, y hasta el corte de esta nota ninguno de los dos pasos se había dado. Esa misma comisión fue el escenario del choque con Iber Maraví.

El choque con Maraví

El 10 de octubre, durante la sesión sobre las facultades al Ejecutivo, Maraví le pidió a Astudillo que dejara terminar de hablar a una legisladora, y el cruce subió de tono. El senador oficialista Héctor Ventura contó que el ministro reclamó que no lo llamaran mentiroso: “No te permito que me digas mentiroso”. Maraví dijo que solo defendía el turno de la senadora y que el ministro le respondió con gestos que él sintió intimidantes.

Intervinieron también el senador Luis Calisto Giampietri y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. Maraví afirmó que Giampietri se le acercó para “pecharlo” y que alguien le propuso arreglar el asunto fuera del recinto. La sesión se suspendió entre cinco y diez minutos y se reanudó. Al día siguiente, con la intervención de Patricia Juárez y otros legisladores, Astudillo y Maraví se dieron la mano, mientras Maraví pedía revisar las grabaciones.

Astudillo llegó a Interior con la tarea de recuperar la seguridad ciudadana. Sus cuatro proyectos de ley esperan ahora que el Congreso decida si delega las facultades que pide el Gobierno, y de esa decisión depende que alguna de sus propuestas llegue a ser norma. Mientras tanto sigue al frente del ministerio.

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