Política
Diana Gonzales: más de diez carpetas fiscales por presunta corrupción vinculan a la directora del PronabecDiana Gonzales Delgado, actual directora de Pronabec registra un rosario de carpetas fiscales en el Distrito Fiscal Lima Anticorrupción. En todos estos expedientes, la funcionaria aparece en calidad de investigada o imputada por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
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14/10/2026By
Leonardo Serrano Zapata
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El 1 de septiembre de 2026, Gonzales Delgado fue designada directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, refrendada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.
Según la información a la que tuvimos acceso, la funcionaria Diana Gonzales, tiene más de diez carpetas fiscales en trámite, siendo la de actuaciones fiscales más reciente el Caso N.° 506015506-2019-44-2. Esta causa fue elevada a la 4.ª Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima el 26 de noviembre de 2025 en estado de audiencia de apelación por el delito contra la administración pública.
Las imputaciones globales contenidas en el conjunto de expedientes abarcan presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, peculado por apropiación o utilización culposa de caudales destinados a asistencia social, colusión simple, colusión ilegal, colusión con defraudación patrimonial al Estado y delitos genéricos contra la administración pública. Las causas se tramitan ante las fiscalías provinciales Corporativas y las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima.
Entre los casos abiertos en primera instancia, cuatro carpetas derivadas de la investigación matriz de 2019 registran disposición de acusación fiscal emitida el 27 de junio de 2022 por la 1.ª fiscalía provincial Anticorrupción de Lima. Se trata de los casos 506015505-2019-41-0, 506015505-2019-41-2, 506015505-2019-41-3 y 506015505-2019-41-4, en los cuales se le atribuyen cargos por presunta negociación incompatible, peculado culposo, colusión simple y delitos contra la administración pública.
Asimismo, el caso 506015505-2021-44-2 registra la formalización de la investigación preparatoria dispuesta el 18 de enero de 2023 en la 1.ª fiscalía provincial Anticorrupción de Lima por delito contra la administración pública, marcando la etapa judicializada del proceso penal.
Fuente: Ministerio Público.
Junto al caso tramitado en la 4.ª Fiscalía Superior en noviembre de 2025, otras tres investigaciones (506015506-2019-44-1, 506015506-2019-44-3 y 506015505-2021-380-0) se encuentran en audiencia de apelación en la instancia superior.
La carpeta 506015505-2019-41-6 figura en la 3.ª Fiscalía Superior con fecha de situación del 25 de octubre de 2022, mientras que los casos 506015506-2019-53-3 y 506015506-2019-53-4, 506015506-2019-53-5 se tramitan en la 3.ª y 2.ª Fiscalía Superior.
Fuente: Ministerio Público.
El cuadro de más de diez causas se completa con dos expedientes archivados preliminarmente en 2020 (506015505-2019-41-1 y 506015505-2019-48-0).
Fuente: Ministerio Público.
La existencia de estas investigaciones, acusaciones y apelaciones en el fuero anticorrupción no equivale a una sentencia judicial ni a una condena penal firme. Sin embargo, quedan algunas interrogantes referentes a las designaciones en el gobierno de la presidente Keiko Fujimori:
Al momento de firmar la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, ¿tenía el ministro José Antonio Chang conocimiento de las diez carpetas abiertas en el Distrito Fiscal Lima Anticorrupción, que incluyen tres acusaciones fiscales formalizadas en 2022 y una investigación preparatoria judicializada en 2023 contra Diana Gonzales?
Finalmente, el ministro de educación deberá explicar por qué la insistencia en la designación de funcionarios con carpetas fiscales abiertas por presuntos delitos de corrupción.
Este medio se comunicó con la dirección del Pronabec para solicitar el descargo formal de Diana Carolina Gonzales Delgado sobre las causas tramitadas ante las Fiscalías Anticorrupción de Lima. Al cierre de esta edición, la funcionaria no envió comentarios ni respuestas a nuestro pliego de preguntas.
Comentarios Related Topics:Diana Gonzalesmás de diez carpetas fiscalespronabec Don't MissSenadora Ruth Luque cuestiona a Carlos Mesía: “Hay que cambiarle el nombre por comisión selectiva” [VIDEO]
Leonardo Serrano Zapata
Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).
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Política
Senadora Ruth Luque cuestiona a Carlos Mesía: “Hay que cambiarle el nombre por comisión selectiva” [VIDEO]La parlamentaria del partido Ahora Nación, cuestionó al presidente de la comisión, Carlos Mesía, por excluir a varios integrantes del Consejo Consultivo del debate sobre la posible desnaturalización del tema en discusión. Advirtió que entre los especialistas no invitados figuran César Landa, Juan Carlos Ruiz y Julissa Mantilla, y cuestionó que el trámite avance sin abordar previamente las observaciones planteadas.
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2 horas agoon
14/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
La senadora Ruth Luque cuestionó la forma en que Carlos Mesía viene conduciendo el debate y expresó su preocupación por la participación de los especialistas convocados para analizar el tema en discusión. A su juicio, se debió considerar desde el inicio la intervención de todos los integrantes del Consejo Consultivo, en lugar de seleccionar únicamente a un grupo.
La parlamentaria sostuvo que esta decisión genera dudas sobre la pluralidad de las opiniones que se tomarán en cuenta durante el proceso. Por ello, criticó que un órgano consultivo termine funcionando, según su apreciación, como un espacio que recoge solo determinadas posiciones.
“El señor Carlos Mesía pudo haber sometido al debate desde el inicio, invitar a todos los integrantes del Consejo Consultivo. Lo que más bien hoy ha hecho es invitar al Consejo Consultivo, que ni siquiera suma a todos los integrantes. Ellos han invitado solo a un grupo de personas”, manifestó.
Al ser consultada sobre si estaba en desacuerdo con los integrantes del Consejo Consultivo, Luque aclaró que su cuestionamiento no se dirige contra los especialistas, sino contra la manera en que se ha organizado su participación.
La senadora aseguró que se comunicó con varios integrantes del Consejo Consultivo y señaló que algunos no habían sido invitados. Entre ellos mencionó al jurista César Landa, al abogado Juan Carlos Ruiz y a la doctora Julissa Mantilla.
“Yo he llamado a varios integrantes del Consejo Consultivo y varios no han sido invitados. No han invitado al señor Landa, no han invitado al abogado Juan Carlos Ruiz, no han invitado a la doctora Julissa Mantilla y no sé cuántos más”, afirmó.
Para Luque, la participación restringida de especialistas podría impedir que se escuchen diferentes puntos de vista sobre el asunto en debate. En ese sentido, dirigió sus críticas a Mesía y cuestionó el criterio utilizado para determinar quiénes tendrían la oportunidad de intervenir.
“Si ese es el espíritu que tiene el señor Mesía, que solo recoge las opiniones de un grupo, entonces hay que cambiarle el nombre: comisión selectiva”, expresó.
Cuestiona que el trámite avance sin discutir la posible desnaturalización
Otro de los puntos que generó preocupación en la senadora fue el procedimiento seguido para abordar la posible desnaturalización de la propuesta. Luque sostuvo que este asunto debió discutirse previamente, antes de continuar con el trámite del texto ampliado.
La parlamentaria cuestionó que el tiempo disponible no se hubiera aprovechado para examinar si el contenido de la propuesta mantenía su naturaleza original o si había experimentado modificaciones que debían ser debatidas.
“Voy también a preguntar cuándo va a haber un informe del Consejo Consultivo, porque primero debimos haber fijado ese tema. Pero, como no lo quieren hacer, entonces vamos a ir con el texto completamente ampliado y va a correr el trámite”, señaló.
Sus declaraciones reflejan su preocupación por que el procedimiento continúe sin que, desde su perspectiva, se hayan atendido cuestiones previas relacionadas con el análisis de la propuesta y la participación de los especialistas.
Luque advirtió que la decisión de convocar únicamente a un grupo de especialistas podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. Por ello, insistió en que la participación de los integrantes del Consejo Consultivo debe responder a criterios que permitan recoger distintas opiniones.
La senadora puso así el foco en dos aspectos de la controversia: la exclusión de especialistas que, según su versión, no fueron invitados y la necesidad de discutir la posible desnaturalización de la propuesta antes de que continúe su trámite.
Sus cuestionamientos dejan planteada una interrogante sobre los criterios utilizados para seleccionar a los participantes y el momento en que se evaluarán las observaciones formuladas. Para Luque, no basta con contar con opiniones especializadas: también es necesario que el proceso permita escuchar distintas posiciones y que los aspectos cuestionados se discutan oportunamente.
La controversia expuesta por la parlamentaria apunta, en definitiva, a la transparencia y la pluralidad del debate, así como a la necesidad de aclarar si las observaciones sobre el contenido de la propuesta serán atendidas antes de que avance el procedimiento.
Política
No a diez años más: Cusco rechaza el “premio” de las adendas para Cálidda y TGP [VIDEO]La audiencia pública descentralizada de la Comisión de Energía y Minas dejó una posición clara: el sur necesita gas natural y exige acelerar su masificación, pero rechaza que esa necesidad histórica se utilice para justificar adendas que otorguen diez años adicionales de concesión a Cálidda y TGP, sin suficientes garantías para el Estado y las regiones y pese a los antecedentes que arrastran ambas empresas.
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11 horas agoon
14/10/2026By
Redacción Lima Gris
Cusco se convirtió en escenario de una contundente señal política contra los planes del Gobierno para modificar los contratos vinculados al transporte y la distribución del gas natural. Durante la sesión descentralizada y audiencia pública de la Comisión de Energía y Minas, parlamentarios de distintas bancadas y ciudadanos cusqueños expresaron su rechazo a las adendas que se pretende otorgar a Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Cálidda.
La jornada, presidida por la diputada Yenifer Paredes Navarro, puso sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿puede el Estado ampliar por diez años las condiciones contractuales de los actuales concesionarios sin garantizar primero que los beneficios lleguen efectivamente a las regiones y a las familias que todavía esperan acceder al gas natural?
El reclamo no se limitó a una discrepancia contractual. Desde Cusco, una región estratégica para la producción gasífera nacional, se cuestionó que las decisiones sobre un recurso fundamental para la economía peruana puedan avanzar sin resolver antes las demandas históricas de masificación, acceso y reducción de los costos de la energía.
La discusión dejó en evidencia una contradicción que atravesó buena parte de la jornada: el sur necesita gas y reclama que llegue de una vez, pero esa necesidad no debería convertirse en el argumento para prolongar contratos por diez años más sin suficientes garantías para el Estado y las regiones.
Una discusión sobre el futuro del gas
La presidenta de la comisión, Yenifer Paredes, destacó la necesidad de examinar integralmente el sistema de abastecimiento y transporte del gas natural. El debate, según el planteamiento expuesto durante la sesión, debía considerar tanto las condiciones de los contratos como sus consecuencias para los hogares y el desarrollo industrial del país.
La posición expresada en Cusco fue clara: cualquier modificación contractual debe demostrar que responde al interés nacional y no únicamente a las necesidades comerciales de las empresas concesionarias. La masificación del gas en el sur, donde la población reclama desde hace años acceso a una fuente energética producida en su propio territorio, se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión.
El diputado César Holguín y la diputada Azucena Rojas participaron en una jornada en la que se cuestionó la posibilidad de avanzar con las adendas sin una explicación convincente sobre sus beneficios, costos y consecuencias para el país. La exigencia política fue que las condiciones de los contratos sean transparentes, fiscalizables y compatibles con una política energética que priorice a la ciudadanía.
El senador Wilfredo Verano también intervino en el debate parlamentario sobre el futuro del gas y las decisiones que corresponden al Estado. La coincidencia de representantes de ambas cámaras reforzó el mensaje de que las modificaciones contractuales no deberían tratarse como simples trámites administrativos, sino como decisiones con implicancias económicas y sociales para todo el Perú.
Osinergmin y las advertencias sobre la adenda
Uno de los puntos más delicados de la controversia es la posición de Osinergmin, organismo supervisor que ha formulado observaciones a la propuesta contractual vinculada con Cálidda. Sus reparos refuerzan la necesidad de evaluar si las condiciones planteadas ofrecen ventajas reales para el país o si, por el contrario, podrían trasladar costos adicionales a los usuarios.
La discusión sobre una eventual extensión de diez años del contrato de Cálidda adquiere especial relevancia porque compromete decisiones de largo plazo. No basta con anunciar nuevas obras, ampliaciones o inversiones: el Estado debe explicar cuánto se invertirá efectivamente, quién asumirá los riesgos, qué costos podrían ser reconocidos en las tarifas y cuáles serán los beneficios concretos para las regiones históricamente relegadas.
En ese contexto, las advertencias técnicas de Osinergmin deberán ser respondidas antes de adoptar una decisión que comprometa recursos e intereses nacionales. Si existen observaciones sobre las tarifas, las obligaciones contractuales o el impacto económico de la propuesta, corresponde absolverlas públicamente y explicar por qué, pese a ellas, el Gobierno considera conveniente avanzar con la adenda.
Cuestionamientos al ministro Shinno
La sesión también puso bajo escrutinio la actuación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, por el impulso que su gestión viene dando a la adenda con Cálidda. Los cuestionamientos sobre un posible lobby a favor de la empresa plantean una exigencia elemental: que el Gobierno transparente sus gestiones y sustente por qué considera conveniente modificar las condiciones contractuales.
La sola promoción de una adenda no demuestra la existencia de una conducta irregular. Sin embargo, cuando una decisión puede extender compromisos por una década y tener repercusiones sobre las tarifas, la fiscalización parlamentaria resulta indispensable. El ministro debe explicar qué alternativas se evaluaron, cómo se atendieron las observaciones del organismo supervisor y qué garantías existen para evitar que los intereses empresariales se impongan sobre los del Estado.
El debate tampoco puede reducirse a una disputa entre el Gobierno y sus críticos. Está en juego la posibilidad de construir una política energética que conecte a más hogares, promueva la industrialización regional y permita que el gas natural se convierta en una herramienta efectiva de desarrollo.
Cusco exige decisiones, no promesas
La audiencia descentralizada dejó un mensaje político que trasciende las diferencias partidarias: el sur del Perú reclama participar en las decisiones sobre un recurso estratégico para su propio desarrollo. Los representantes de la ciudadanía demandaron que la masificación del gas natural sea una prioridad efectiva y no una promesa que se renueve cada vez que se discuten nuevos compromisos contractuales.
La sesión encabezada por Yenifer Paredes abrió un espacio para confrontar las propuestas del Ejecutivo con las demandas de parlamentarios, autoridades regionales, organizaciones sociales y ciudadanos. El desafío ahora consiste en convertir ese rechazo expresado en Cusco en fiscalización, transparencia y decisiones concretas.
El Gobierno deberá responder a una pregunta que quedó instalada durante el debate: ¿por qué avanzar con nuevas condiciones contractuales y otorgar diez años adicionales a los actuales concesionarios mientras persisten las demandas de acceso al gas y reducción de costos en las regiones del país?
La decisión no puede medirse únicamente por los intereses de las concesionarias ni por anuncios de futuras inversiones. Debe evaluarse por sus resultados concretos para la población.
Desde Cusco, el mensaje fue inequívoco: el gas natural debe servir al desarrollo del Perú y de sus regiones, y ninguna adenda debería aprobarse sin demostrar primero que beneficia al interés público y que ofrece garantías suficientes para el Estado y para quienes llevan años esperando que el gas finalmente llegue a sus hogares y ciudades.
Aquí el video completo de la Comisión Descentralizada de Energía en Cusco.
Política
La diplomacia del silencio y el pragmatismo: quién es Nathalie Kennedy, la embajadora de Macron en el PerúKennedy afianza su gestión en Lima mediante reuniones estratégicas con autoridades del Congreso, ministerios e instituciones peruanas, mientras se mantiene en total incógnita si ha fijado o no una postura frente a las masivas protestas estudiantiles en Francia.
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11 horas agoon
14/10/2026By
Redacción Lima Gris
Embajadora de Francia Nathalie Kennedy y cuestionado canciller Carlos Espá.
Por Giovanna Ríos
La embajadora de Francia en el Perú, Nathalie Kennedy, acordó el sábado 19 de septiembre con el canciller Carlos Espá iniciar los preparativos de las actividades por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se cumplen en 2027. Kennedy dirige la embajada desde octubre de 2024, tiene casi tres décadas de carrera en el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y no ha ocupado cargos políticos. Su gestión en Lima coincide con las protestas estudiantiles que sacuden a su país.
Formación y primeros años
Kennedy estudió economía del desarrollo local. La ficha de la embajada habla de una maestría en economía de la planificación y el desarrollo local por la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne; el medio especializado Acteurs Publics habla de un DESS, el posgrado que existía antes de la reforma de Bolonia, en la misma materia.
En 1996 ingresó al ministerio, conocido en Francia como Quai d’Orsay por la ubicación de su sede, y su primer puesto fue en la dirección de Asuntos Financieros.
Nathalie Kennedy. Foto: Embajada de Francia.
Londres, recusos humanos y la Unión Europea
En 2002 salió por primera vez al exterior como vicecónsul y jefa de cancillería en la embajada de Francia en Londres, un cargo que combina la atención a los ciudadanos franceses con la administración de la sede. Estuvo hasta 2006. Después volvió a París, a la dirección de recursos humanos, el área que maneja las carreras y destinos de los propios funcionarios del ministerio.
Tres años más tarde pasó a la dirección de la Unión Europea, donde siguió, en particular, a los países del Mediterráneo oriental.
Madrid: Consejera política
En 2013 llegó a la embajada de Francia en Madrid como consejera política, el cargo que analiza la situación interna del país anfitrión y le informa a su Gobierno. Estuvo cinco años. Es el único puesto de su carrera con una función directamente política, y consiste en observar e informar, no en opinar en público.
Proteger a los franceses en el extranjero
De regreso en París, dirigió en 2018 la oficina de protección de menores y familia y, desde 2019, la misión para la protección de los derechos de las personas, dentro de la Dirección de Franceses en el Extranjero y de la Administración Consular, el área que atiende a los franceses que viven o viajan fuera del país. Ocupó ese puesto durante tres años.
En 2019 recibió la condecoración de Caballero de la Orden Nacional del Mérito. En 2021, un decreto la nombró y tituló consejera de asuntos exteriores, la categoría de los agentes diplomáticos y consulares.
Dubái
Ese año asumió como Cónsul General de Francia en Dubái y los Emiratos del Norte, en reemplazo de Raja Rabia, quien pasó a ser embajadora en Sudán. El decreto de nombramiento tiene fecha del 1 de septiembre de 2021. Según contó a Le Petit Journal, llegó pocas semanas antes del cincuentenario de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos, con la primera Exposición Universal de la región en marcha, y pensaba aprender árabe en la Alianza Francesa de la ciudad.
Su sucesor, Jean-Christophe Paris, fue anunciado en mayo de 2024, cuando ya se sabía que Kennedy se iría a Lima.
El nombramiento
El presidente Emmanuel Macron firmó el decreto el 24 de junio de 2024, junto con el entonces primer ministro Gabriel Attal y el canciller Stéphane Séjourné. El texto la designa embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Perú, con efecto desde el 15 de agosto, y la identifica como administradora del Estado de primer grado. Reemplazó a Marc Giacomini, quien ocupaba el cargo desde 2020.
El 2 de octubre de 2024 presentó sus cartas credenciales a la entonces presidenta Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno, con el canciller Elmer Schialer presente. La embajadora y parte de su equipo fueron recibidos por los Húsares de Junín, la escolta presidencial.
Su gestión en Lima
Su agenda tiene tres ejes. El primero es la inversión de empresas francesas en infraestructura, con el esquema de gobierno a gobierno para grandes obras como eje central. El segundo es la cooperación técnica, sobre todo en gestión del riesgo de desastres y lucha antidrogas. El tercero es la promoción de la lengua y la cultura francesas, que incluyó este año la organización del encuentro de profesores de francés que se realizó en Lima del 5 al 9 de octubre.
Sus reuniones con autoridades peruanas
El 3 de marzo de 2025 visitó al expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Ese año acompañó al ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, ante el cuestionado ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en una reunión sobre obras de infraestructura con posible financiamiento francés. Cada 14 de julio recibe a autoridades en su residencia: en 2025 asistieron el ex premier Eduardo Arana, el excanciller Schialer y el exministro de Vivienda Durich Whittembury, y en 2026, el viceministro de Relaciones Exteriores Erick Anderson y la presidenta del Poder Judicial, Janeth Tello.
En la reunión del 19 de septiembre con el canciller Carlos Espá también evaluaron el desempeño de las empresas francesas en el país y la ayuda de Francia en gestión del riesgo de desastres. El 21 de septiembre también se reunió con el investigado ministro de Cultura Alberto Beingolea. La reunión fue en la sede central del Mincul y presuntamente tuvo como finalidad fortalecer la cooperación en gestión del patrimonio cultural, lucha contra el tráfico ilícito de bienes arqueológicos y el impulso a las industrias audiovisuales.
A inicios de octubre recibió al presidente de DEVIDA, Carlos Ramos Otiniano, para la cooperación antidrogas, y la embajada reunió a más de 15 empresas francesas con el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, quien presentó su cartera de proyectos de vivienda, agua y saneamiento. Un claro lobby diplomático.
Su perfil político
Kennedy no es una figura política. No hay registro de militancia partidaria, de cargos de elección ni de entrevistas suyas sobre política francesa. Su trayectoria documentada no incluye trabajo en el gabinete de ningún ministro: toda su carrera transcurrió en puestos del ministerio de Exteriores, consulados y embajadas.
Como embajadora, es la representante del Gobierno de Macron en el Perú, y su función es transmitir la posición oficial de París, no dar una opinión propia sobre política interna. En sus discursos públicos habla de la amistad franco-peruana y de los valores de libertad, igualdad y fraternidad.
En medio de las protestas
Francia atraviesa desde septiembre una ola de protestas estudiantiles por la falta de profesores y de recursos en las escuelas. El 13 de octubre se realizó la quinta jornada: el Ministerio del Interior contó 161.500 manifestantes, frente a 71.500 el 8 de octubre, y los sindicatos hablaron de 480.000. El Gobierno ofreció 3.000 profesores sustitutos para los 114 centros más afectados, y los estudiantes lo rechazaron. El presidente Macron pidió moderación un día antes y dijo que los reclamos merecen tiempo, consultas, discusión y respeto.
Hasta el 13 de octubre no se registra un pronunciamiento de Kennedy ni de la embajada sobre las protestas. Un manto de silencio cubre la residencia francesa en la Av. Arequipa.
Comentarios Continue ReadingPolítica
Senador Juan Carlos del Águila: «El senador Maraví ha sido secretario general de una institución que estaba vinculada directamente con Sendero Luminoso»El senador de Fuerza Popular cuestiona los enfrentamientos durante el debate de las facultades legislativas y critica que la Cámara de Diputados aprobara solo seis de cerca de 20 medidas planteadas por el Ejecutivo para combatir la criminalidad.
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1 día agoon
13/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
El debate por las facultades legislativas vuelve a poner frente a frente las posiciones políticas en el Senado. Juan Carlos del Águila defiende las medidas propuestas por el Ejecutivo, cuestiona los enfrentamientos durante las sesiones y plantea que los próximos seis meses permitan evaluar los resultados de la lucha contra la criminalidad.
Mientras tanto, la discusión sobre las atribuciones del Gobierno y el papel fiscalizador del Congreso continúa en un contexto en el que la ciudadanía reclama respuestas frente a la extorsión, el sicariato y los homicidios. Aquí la entrevista con el parlamentario.
Senador, usted ha cuestionado que el debate en el Senado está dominado por los gritos y el ruido político. ¿Considera que la confrontación entre los parlamentarios está impidiendo discutir con seriedad las medidas que el país necesita para enfrentar la extorsión, el sicariato y los homicidios? ¿Quiénes están contribuyendo a desviar el debate?
Los incidentes que se suscitaron en la sesión última del sábado son hechos aislados, yo diría hasta anecdóticos. Los temas sí se están abordando con propiedad y con mucha seriedad, más allá de los gritos que algunos representantes de la izquierda radical de Juntos por el Perú proponen, más allá de eso, los demás parlamentarios de las otras bancadas sí están respondiendo con aportes, con análisis riguroso de lo que una comisión de constitución del Senado debe demostrar.
Y en la discusión de las facultades legislativas se han producido enfrentamientos y acusaciones entre distintas fuerzas políticas. ¿Estamos ante una discrepancia legítima sobre las herramientas que necesita el Ejecutivo o ante una pugna por el control político del Gobierno?
No es la mejor forma de plantear argumentos con gritos destemplados, no es la mejor forma de defender argumentos insultando a un ministro que va y expone y sustenta su pedido de facultades. El exceso y la elocuencia desmedida de algunos senadores de Juntos por el Perú pretende deslucir la imagen de una comisión y del Senado en general cuando la mayoría de bancadas políticas, Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras, Buen Gobierno y alguna más han demostrado, por supuesto, solvencia a la hora de las intervenciones.
La Cámara de Diputados recortó el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. ¿Considera usted que las medidas que quedaron fuera eran necesarias para combatir la criminalidad o que el Gobierno estaba solicitando atribuciones que no debía recibir? ¿Qué medidas concretas deberían aprobarse y cuáles deberían rechazarse?
Bueno, es evidente que hay cerca de 20 puntos que el gobierno ha planteado todos vinculados en materia de seguridad ciudadana y sin embargo la Cámara de Diputados solamente ha aprobado seis de ellas cuando, por ejemplo, han quedado fuera y han quedado descartados por esta Cámara y han tenido inclusive el consenso en algún momento de otras bancadas temas vinculados a la reinserción social, perdón, no a la reinserción social sino al apoyo excepcional de las Fuerzas Armadas a la seguridad externa de los penales.
Hoy en día los penales siguen siendo la cuna del delito y lo que se requiere es también que haya mayor seguridad inclusive no solamente a nivel interno sino a nivel externo de los penales con participación directa de las Fuerzas Armadas.
Hay temas como por ejemplo la vigilancia de los condenados por delitos graves cuando salen de prisión. Este también es un tema que ha quedado de lado. El uso de las armas no letales para la seguridad en áreas digamos naturales regidas. Hay varios temas como el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas porque las FF.AA. no puede ir a combatir en apoyo a la Policía Nacional al delito si es que no hace uso de la fuerza. Justamente es parte de su pieza como órgano rector en la seguridad.
La clasificación de organizaciones criminales como terroristas. El propio senador Castillo señaló en su intervención que hay grupos terroristas en la frontera. Bueno pues, esos grupos terroristas son parte de organizaciones transnacionales que crean terror entre los peruanos y no solamente entre peruanos sino también entre ciudadanos de otras naciones aledañas a la nuestra.
Por eso se plantea que este tipo de organizaciones transnacional que crean terror sean consideradas como organizaciones terroristas. Esto es algo que entre otros puntos ha obviado la Cámara de Diputados, la Comisión en su momento y luego la Cámara en Pleno.
Durante el debate también surgieron referencias a organizaciones y sectores señalados por presuntos vínculos con el radicalismo, entre ellos FENATEP y el MOVADEF. ¿Considera que éstas referencias tienen sustento y son pertinentes para la discusión de las facultades o se están utilizando para desacreditar políticamente a determinados parlamentarios?
Para todos es conocido que por ejemplo el instigador de los hechos lamentables del día sábado pasado en la Comisión de Constitución, me refiero al senador Íber Maraví, ha sido un conocido dirigente juvenil del MOVADEF, y todos sabemos que el MOVADEF es un brazo legal, un brazo político del Sendero Luminoso, entonces si el señor Maraví ha sido secretario general de una institución que estaba vinculada directamente con Sendero Luminoso, que es una organización terrorista, sin duda sus vínculos son evidentes.
¿Qué responsabilidad le corresponde al Gobierno por las limitaciones de su estrategia actual y qué responsabilidad tiene el Congreso para las medidas que aprueba, modifica o bloquea?
El Gobierno ha señalado claramente su intención de combatir frontalmente la delincuencia organizada en el país, pero para ello se requieren medidas excepcionales. Para convertir al Perú en un país seguro para los peruanos, es necesario adoptar algunas medidas que van más allá de lo que establece la legislación vigente.
Por eso, el Poder Ejecutivo ha planteado un conjunto de medidas que acabo de mencionar y que buscan, en el fondo, reducir los niveles de criminalidad que existen y que se gestan desde las fronteras, desde el exterior de los penales e, inclusive, desde el interior de estos establecimientos.
Por esa razón, considero que es vital el respaldo ciudadano al Gobierno en este pedido de facultades, porque, una vez aprobadas, el Gobierno nacional no tendrá otra salida que enfrentar decididamente la inseguridad. Ya lo viene haciendo, pero con una serie de limitaciones. Con las facultades que se aprueben, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo para emitir decretos legislativos que permitirán tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas actuar eficazmente contra la criminalidad en el país.
Si el Senado termina aprobando las facultades legislativas, ¿qué mecanismos de fiscalización deberían establecerse para comprobar que las medidas funcionan y no se convierten en letra muerta? ¿Está dispuesto a exigir cifras verificables sobre detenciones, investigaciones y condenas y a pedir responsabilidades políticas si los resultados no llegan?
En el Perú tenemos organismos de control en todas las instituciones, llámense Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Contraloría General de la República, Parlamento Nacional, prensa nacional y ciudadanos organizados. Todos contamos con mecanismos de control y fiscalización para evaluar si un gobierno que plantea medidas efectivas en una determinada materia obtiene los resultados esperados en su gestión.
Creo que, en ese sentido, los peruanos vamos a asistir, en los próximos meses, a acciones del Gobierno que nos permitirán sacar conclusiones sobre si, en los próximos seis meses, por ejemplo, ya contamos con resultados efectivos en cuanto a la captura de bandas criminales, organizaciones terroristas y ciudadanos que, aprovechándose de su condición de peruanos o extranjeros, hacen un mal uso de las leyes en nuestro país.
Senador, para culminar, usted ha hecho mención que en el Senado hay demasiado grito y mientras los parlamentarios se enfrentan, los ciudadanos seguimos expuestos a la extorsión y al sicariato. ¿El Congreso está ayudando a resolver la crisis de inseguridad o está atrapado en sus propias disputas políticas?
Sí, he señalado eso porque, efectivamente, tanto en la primera sesión de la Comisión de Constitución como en la segunda, hemos encontrado a senadores de Juntos por el Perú con una expresión furibunda, incluso desmedida, de lo que debe ser la argumentación de una posición personal o, inclusive, de su propia organización política.
Estamos allí para confrontar ideas y posiciones, pero no para protagonizar enfrentamientos personales. Esa grita y esa bulla que generan estos parlamentarios, lamentablemente, buscan desacreditar los acuerdos a los que pueda llegar la Cámara de Senadores en cualquiera de sus instancias. Por eso, hay que evitar estas situaciones y apelar al máximo a la cordura, para que la Cámara de Senadores, o el Senado, como se le conoce, realmente demuestre solvencia y evidencie que se encuentra en una situación absolutamente distinta de la que refleja la opinión pública a raíz de esos lamentables sucesos del sábado pasado.
Política
César Astudillo: del Comando Conjunto al Ministerio del Interior, pasando por el “gasolinazo” y un choque en el SenadoComandó el Ejército y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En 2021 la Fiscalía allanó su casa por el caso “Gasolinazo” y en 2022 pidió 36 meses de prisión preventiva en su contra. Hoy es senador electo por Fuerza Popular y ministro del Interior.
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2 días agoon
12/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Giovanna Ríos
César Augusto Astudillo Salcedo asumió el Ministerio del Interior el 28 de julio de 2026 con una promesa: ordenar la lucha contra la inseguridad desde la experiencia militar. Su trayectoria arrastra, sin embargo, un expediente pesado que fue archivado hace apenas semanas: el “Gasolinazo”, la investigación por el presunto desvío de combustible del Ejército que lo tuvo más de cinco años bajo la lupa de la Fiscalía. Llegó al gabinete desde el Senado y en sus primeras semanas presentó ante el Congreso una estrategia contra la delincuencia. El 10 de octubre, en la Comisión de Constitución, una discusión con el senador Iber Maraví lo puso nuevamente en el centro de la atención pública.
Una carrera en el Ejército
Astudillo nació en Lima en 1960. Hizo carrera en planeamiento, fuerzas especiales y operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico. Es magíster en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal y doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales, y su perfil oficial lo ubica en el conflicto del Cenepa y en la operación Chavín de Huántar. En 2019 publicó un libro sobre ese rescate de 72 rehenes, Chavín de Huántar: el legado.
Su ascenso fue largo. Comandó la 3.ª Brigada de Fuerzas Especiales entre 2012 y 2013 y el Comando Especial del VRAEM entre 2014 y 2015, donde se conducían las operaciones contra grupos armados y narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Fue inspector general del Ejército en 2016 y 2017, y en diciembre de 2017 asumió la Comandancia General, que dejó en octubre de 2018. Ese año pasó a dirigir el Comando Conjunto, el cargo que coordina a las tres instituciones armadas. Fue desde ese puesto que lo alcanzó una investigación por combustible del Ejército: el “Gasolinazo”.
El caso “Gasolinazo”
La investigación nació en 2018, según el fiscal Omar Tello, cuando oficiales del Ejército fueron sorprendidos sacando combustible del grifo del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE). La prensa lo llamó un nuevo “Gasolinazo” porque antes hubo otro caso de combustible en el Ejército, asociado al excomandante general Edwin Donayre. La Fiscalía sostenía que el combustible asignado a necesidades operativas y de transporte salía del COEDE, en Chorrillos, y del Pentagonito en vehículos con tanques de gran capacidad, y se vendía a grifos privados como La Inmaculada. También averiguaba si parte del dinero llegaba a militares de distintos niveles. La prensa bautizó a la presunta red “Los capos del diésel” y “Los Mercenarios”.
A Astudillo lo alcanzó por su paso como comandante general del Ejército, del 17 de diciembre de 2017 al 29 de octubre de 2018. La imputación difundida en 2021 era de peculado doloso por apropiación, en calidad de autor: la apropiación intencional de bienes públicos confiados a un funcionario por su cargo. Ahí la Fiscalía lo señalaba como quien se habría apropiado del combustible, algo que debía probarse con hechos concretos y con su participación personal.
Hubo una segunda línea de imputación, distinta. Se lo investigó por encubrimiento real y personal, es decir, por dificultar el descubrimiento de un delito o librar a alguien de la persecución penal. Según el documento fiscal, en abril de 2018 habría sabido, por una nota de inteligencia vinculada al grifo del COEDE, de las irregularidades. Aquí la acusación no era haber sacado el combustible sino haber sabido y no haber actuado, y alcanzaba a los mandos superiores y no solo a quienes lo retiraban.
Allanamientos, nota sobre el fiscal y prisión preventiva
El 23 de febrero de 2021, la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur allanó 12 domicilios y ocho oficinas del Ejército, entre ellos la casa de Astudillo. Entre los otros investigados que se difundieron estaban Jorge Orlando Céliz Kuong, Luis Humberto Ramos Hume, Ricardo Homero Moncada Novoa, Edward Gratelly Silva, Jorge Augusto Ruiz Lazo, José Francisco Rojas Dávila, David Arana Estabridis, Julio César Grosso Anticona, José Manuel Chávez Gutiérrez, Louis Augusto Ortiz Castillo y Orlando Saúl Quinto Trillo. La Fiscalía pidió siete días de detención preliminar y el Poder Judicial la rechazó. Ese día, Astudillo dijo en televisión que estaba indignado y llamó corrupto al fiscal.
Pocos días después, “Cuarto Poder” difundió que en su oficina se hallaron notas de inteligencia con seguimiento al fiscal Fredy Minaya y a su hermano. Su defensa negó la imputación de forma rotunda. Las notas aludían, entre otros datos, a los estudios del fiscal en San Marcos durante los años más duros del terrorismo.
El caso dio un salto el 10 de octubre de 2022: la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra Astudillo, otros tres excomandantes generales y más investigados, ahora por organización criminal, peculado agravado y encubrimiento real y personal. Se apoyaba en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, confesiones sinceras, agendas personales y documentos incautados, y alcanzaba a secretarios, administrativos y personas ligadas a los grifos. En noviembre, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos pasó las audiencias a enero de 2023, tras varios escritos de las defensas. Las fuentes revisadas no registran que el juez concediera la medida.
El sobreseimiento de 2026
Una semana después de jurar como ministro, el 4 de agosto, Astudillo anunció que el caso estaba archivado de manera definitiva. Según lo publicado, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento del propio Ministerio Público, que había concluido que no tenía elementos suficientes para acusarlo.
El sobreseimiento pone fin al proceso para quienes comprende, y para Astudillo cambia la situación de 2021 y 2022, cuando enfrentaba allanamientos y un pedido de prisión.
Del Senado al Ministerio de Interior
A fines de 2025 anunció su candidatura al Senado por Fuerza Popular, elegido directamente por Keiko Fujimori, y quedó en el puesto 5 de la lista nacional. Resultó electo con más de 20 mil votos. Durante la transferencia de gobierno, integró con Marco Miyashiro el equipo de Interior y Defensa.
El 28 de julio de 2026, la presidenta Fujimori le tomó juramento en Palacio, dentro del gabinete de Luis Galarreta. Reemplazó a José Zapata Morante. Asumió una de las promesas centrales de la campaña: recuperar la seguridad ciudadana. Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, opinó que el nombramiento buscaba proyectar “mano dura”.
En su primera exposición importante, el 7 de septiembre ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, dijo que la Policía, el Ministerio Público y el INPE trabajaban descoordinados y cada uno buscaba más poder. El 17 de septiembre, en una interpelación en Diputados, presentó su estrategia: inteligencia para anticipar el delito, control territorial, más equipamiento y tecnología para la Policía y una revisión de sus procesos internos, con una reforma estructural que descartó hacer de manera drástica. Todavía no hay cifras de homicidios, extorsiones o robos que midan su gestión.
Compras, licenciados y propuestas de Ley
Dentro de esa estrategia, Astudillo defendió comprar equipos mediante acuerdos de Gobierno a Gobierno, porque a su juicio ofrecen más garantías que la contratación pública común. No se informó qué equipos, con qué presupuesto ni bajo qué controles. También propuso que licenciados de las Fuerzas Armadas ingresen a la Policía tras una instrucción policial, pues ya tienen formación física, manejo de armas y disciplina. Los requisitos y la duración de esa capacitación no se detallaron.
Ante la Comisión de Constitución del Senado planteó cuatro proyectos: acelerar la expulsión de extranjeros en situación irregular, limitar el número de armas en las categorías de caza, deporte y colección, incorporar tecnología a la investigación criminal y ampliar las capacidades operativas de la Policía.
Los proyectos van dentro del pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas en seguridad ciudadana. Primero el Congreso debe delegarlas y luego el Ejecutivo emitir las normas, y hasta el corte de esta nota ninguno de los dos pasos se había dado. Esa misma comisión fue el escenario del choque con Iber Maraví.
El choque con Maraví
El 10 de octubre, durante la sesión sobre las facultades al Ejecutivo, Maraví le pidió a Astudillo que dejara terminar de hablar a una legisladora, y el cruce subió de tono. El senador oficialista Héctor Ventura contó que el ministro reclamó que no lo llamaran mentiroso: “No te permito que me digas mentiroso”. Maraví dijo que solo defendía el turno de la senadora y que el ministro le respondió con gestos que él sintió intimidantes.
Intervinieron también el senador Luis Calisto Giampietri y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. Maraví afirmó que Giampietri se le acercó para “pecharlo” y que alguien le propuso arreglar el asunto fuera del recinto. La sesión se suspendió entre cinco y diez minutos y se reanudó. Al día siguiente, con la intervención de Patricia Juárez y otros legisladores, Astudillo y Maraví se dieron la mano, mientras Maraví pedía revisar las grabaciones.
Astudillo llegó a Interior con la tarea de recuperar la seguridad ciudadana. Sus cuatro proyectos de ley esperan ahora que el Congreso decida si delega las facultades que pide el Gobierno, y de esa decisión depende que alguna de sus propuestas llegue a ser norma. Mientras tanto sigue al frente del ministerio.
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Senador Hugo Ccahuana tras salvaje asalto en Madre de Dios: “Me tendrán que matar si quieren callarme”El senador de Juntos por el Perú, denuncia que fue golpeado dos veces en la cabeza con la cacha de una pistola y que su comitiva fue encañonada durante un asalto en una carretera de Madre de Dios. El robo de su celular y la destrucción de equipos utilizados en una fiscalización despiertan sus sospechas sobre un posible intento de intimidación.
Published
2 días agoon
12/10/2026By
Redacción Lima Gris
Por Mónica Aguilar Obregón
El senador de Juntos por el Perú Hugo Ccahuana relata los momentos de terror que vivió junto a integrantes de la Federación Nativa de Madre de Dios durante un asalto ocurrido la madrugada del jueves 8 de octubre. El ataque se produjo cuando regresaba de una jornada de fiscalización en territorios de comunidades nativas, donde había verificado presuntos trabajos de desbosque para un proyecto vial.
En diálogo con Lima Gris, el parlamentario explica cómo fue interceptado por sujetos armados, por qué considera sospechosa la destrucción de sus equipos electrónicos y cuáles son las denuncias que asegura que continuará investigando. También cuestiona la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas alejadas de la región.
Senador, usted ha denunciado que fue asaltado junto a su comitiva en Madre de Dios. ¿Cómo se produjeron los hechos y qué ocurrió durante los momentos de mayor peligro?
Nosotros teníamos programadas actividades desde el martes hasta el jueves. El martes 6 salimos en horas de la mañana desde Puerto Maldonado hasta el kilómetro 141 y luego fuimos al distrito de Madre de Dios, conocido como el centro poblado de Colorado. Llegamos por la noche a la comunidad nativa de Puerto Azul, Del Pueblo y la Etnia Harakbut.
El miércoles 7 teníamos programado realizar un trabajo de fiscalización, las autoridades habían coordinado con el Gobierno Regional para que enviara a la Agencia Regional Forestal a verificar los trabajos de desbosque para una trocha carrozable de un proyecto que está en expediente técnico, donde se busca unir Boca Manu con Boca Colorado mediante una carretera que pasa 18 kilómetros sobre territorios titulados de la comunidad nativa de Puerto Azul.
Fuimos a verificar y encontramos trochas abiertas y árboles tumbados a lo largo del recorrido, no podíamos contabilizarlos, porque caminábamos por ambos lados y los árboles talados no terminaban. Eso no debería estar ocurriendo si el proyecto todavía se encuentra en la etapa de formulación del expediente técnico.
El jueves 8 de octubre iniciamos nuestro viaje a las cuatro de la mañana, cuando estábamos a 44 kilómetros de Puerto Maldonado, cerca de la comunidad de Tahuantinsuyo, un vehículo que iba delante de nosotros redujo bruscamente la velocidad y obligó a nuestro conductor a detenerse, por el lado izquierdo apareció otro vehículo que nos cerró el paso.
Salieron varios sujetos, yo solo vi a uno, aunque mis compañeros dicen que eran tres, hicieron disparos al aire y uno se acercó a mi lado, me jaló y me bajó del vehículo, yo iba como copiloto, una vez en el suelo, me dio dos golpes fuertes en la cabeza con la cacha de una pistola y me empujó hacia atrás del vehículo.
Pensé que ahí me iban a matar, que yo era el objetivo, me dejó en ese lugar y me dijo que no volteara, utilizando palabras soeces. Mientras tanto, otros delincuentes ingresaron al vehículo, algunos con pistolas y otro con un arma larga.
Nosotros teníamos un efectivo de seguridad, pero mi coordinador le dijo que ocultara su arma, yo también le hice una señal para que no disparara, porque no queríamos poner en mayor peligro a nuestros compañeros.
¿Qué ocurrió con sus acompañantes después de que los delincuentes se llevaron el vehículo?
Se llevaron a mis compañeros y los trasladaron aproximadamente tres kilómetros hacia el interior de una vía, a mí me dejaron en la oscuridad de la noche, pensé que quizá regresarían para matarme.
Empecé a hacer parar los vehículos que pasaban, pero no querían detenerse, una conductora me reconoció y le pedí que me prestara su teléfono, sin embargo, no había señal en ese punto, le pedí que avisara al puesto policial más cercano para que enviaran ayuda.
Después encontré a la Policía de Carreteras y les dije que yo era senador y que habían llevado a mis compañeros hacia el interior, los policías ingresaron a la zona y, luego de unos minutos, mis compañeros salieron caminando, descalzos y sin sus pertenencias. Gracias a Dios, no hubo pérdida de vidas humanas, sin embargo, fue una situación muy peligrosa.
¿Qué bienes les robaron y qué le llama la atención de la forma en que actuaron los asaltantes?
Teníamos equipos de la Federación Nativa, como teléfonos satelitales, un sistema de internet Starlink, GPS (Sistema de Posicionamiento Global) diferenciales y un dron. Nada de eso se llevaron en su totalidad, pero varios equipos fueron destruidos. Los delincuentes golpearon los celulares y los arrojaron alrededor; mi teléfono personal sí se lo llevaron.
Eso me llama poderosamente la atención. ¿Para qué querían destruir los equipos si solamente buscaban robar? Si no querían que nos comunicáramos, podían haberlos arrojado lejos, al monte, pero los destruyeron.
Por eso me pongo a pensar que quizá hay alguien interesado en que las pruebas que recogimos en el campo no lleguen a Puerto Maldonado. Es algo que debe investigarse, la Policía recogió algunas huellas, aunque la lluvia dificultó el trabajo de los peritos.
¿Considera que el asalto fue un hecho de delincuencia común o que alguien pretendía impedir que continuara con sus investigaciones?
El hecho de que me hayan golpeado con la cacha del arma y me hayan sacado del vehículo podría parecer un hecho de delincuencia común, han buscado cosas y, probablemente, como es una ruta del oro, intentaron buscar oro. Pero el hecho de que se hayan llevado mi celular, que hayan destruido los aparatos electrónicos y que esto ocurra en medio de varias fiscalizaciones ya no me permite pensar solamente en esa posibilidad.
Yo no puedo confirmar que el ataque esté relacionado con la revisión de las concesiones forestales o con la fiscalización del lago Valencia. No puedo señalar a una persona porque sería irresponsable hacerlo sin pruebas, pero tampoco puedo descartar que exista un intento de amedrentarme.
He denunciado situaciones vinculadas con concesiones forestales que necesitan una revisión por parte de las autoridades nacionales y regionales, también he recogido denuncias de dirigentes de comunidades que aseguran estar amenazados por conflictos relacionados con sus territorios y recursos naturales. Además, he fiscalizado el precio del combustible en el distrito de Colorado y he solicitado la intervención de las entidades competentes, en ese contexto también he recibido amenazas, según lo que he denunciado. Todo esto debe investigarse para determinar si existe alguna conexión o si se trató de un asalto común.
Usted ha mencionado presuntas irregularidades en concesiones forestales y conflictos por los recursos naturales. ¿Cree que sus denuncias pudieron incomodar a determinados grupos de poder?
Yo he estado denunciando que las concesiones forestales necesitan una revisión a nivel nacional y regional, hay grupos de poder económico que, según lo que venimos investigando, nunca han sido fiscalizados como corresponde.
También hemos recogido información sobre lo que ocurre en el lago Valencia, donde dirigentes y representantes de comunidades han denunciado problemas relacionados con el uso de sus territorios y recursos.
El día de la constatación también recibí una llamada del subgerente regional del Manu, quien me preguntó por qué realizaba una verificación sin el alcalde, yo le respondí que cada autoridad tiene sus funciones y competencias. La Federación Nativa ha sido maltratada durante mucho tiempo, he dicho claramente que se debe respetar a los pueblos indígenas y que voy a trabajar para que se respeten sus derechos.
Estoy abordando asuntos que, a mi juicio, no han recibido la fiscalización necesaria: el manejo de los recursos naturales, las denuncias de corrupción y las obras que se han ejecutado en gestiones anteriores. No puedo afirmar que esos temas sean la causa del asalto, pero tampoco voy a dejar de investigarlos.
¿Qué responsabilidades atribuye al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por la falta de seguridad en las carreteras y las zonas alejadas de Madre de Dios?
La Policía en Madre de Dios no es una unidad ejecutora y depende administrativamente de Puno, los recursos logísticos asignados para las fronteras durante 2026 todavía no llegan como deberían.
He estado en el puesto de vigilancia del lago Valencia y he comprobado las carencias, incluso en Puerto Maldonado, para realizar compras necesarias, los materiales pueden demorar dos o tres meses porque dependen de otras instancias.
Entonces, ¿cómo vamos a combatir la delincuencia si no tenemos logística suficiente, vehículos ni patrulleros? la respuesta del Estado está de cabeza porque se utilizan discursos y medidas reactivas, pero no existe una estrategia que responda a la realidad de cada región.Se necesita inteligencia, tecnología y prevención, no basta con sacar a las Fuerzas Armadas y creer que así se va a solucionar todo. Hay que evitar que los jóvenes terminen involucrados en la delincuencia y atender los problemas sociales desde su origen.
Usted ha cuestionado duramente la estrategia de seguridad del Gobierno. ¿Qué cambios considera indispensables para enfrentar la criminalidad?
Necesitamos inteligencia para adelantarnos a los hechos y desbaratar las bandas, también considero que se debe evaluar una reforma profunda de la Policía y mecanismos de contrainteligencia que permitan combatir la corrupción.
He planteado que se podría evaluar la incorporación de personas que hayan demostrado preparación y disciplina durante el servicio militar, con la capacitación correspondiente, para formar nuevos efectivos policiales.
Pero la solución no puede ser únicamente reactiva, si no trabajamos con los niños, los hogares, los colegios y los jóvenes que están en situaciones de riesgo, siempre vamos a tener nuevas personas que ingresen a la delincuencia.
Hay que actuar sobre las causas sociales, sin dejar de perseguir los delitos, se necesita un esfuerzo conjunto del Estado, las instituciones y la sociedad.
Pese a lo ocurrido, ¿continuará con sus labores de fiscalización? ¿Solicitará una investigación exhaustiva para determinar quiénes están detrás del ataque?
Totalmente, la mejor respuesta es que el lunes estuve en Palma Real, otra comunidad nativa. El martes en Iberia y el miércoles en el Centro Poblado Alerta, yo seguiré viajando. Me tendrán que matar si quieren callarme a mí.
Estamos cooperando con toda la investigación, queremos que se esclarezca lo ocurrido y que se determine si fue delincuencia común o si alguien pretende callarme. Vamos a continuar denunciando las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos naturales, las concesiones forestales y los procedimientos que deben investigarse, no vamos a cesar de hacer nuestro trabajo, sino por el contrario, lo haremos con más fuerza.
Finalmente, Senador, ¿qué mensaje les deja a los ciudadanos y a las comunidades nativas que también enfrentan amenazas y viven con temor en Madre de Dios?
Si esto le ocurre a un senador y a su equipo de seguridad, imagínese qué puede pasarle a un ciudadano, a las comunidades o a los periodistas que investigan denuncias. ¿Qué garantías tenemos? Nos arriesgamos la vida todos los días.
Madre de Dios está históricamente desatendida. Necesitamos seguridad, pero también inversiones, oportunidades productivas y un hospital que responda a las necesidades de la población.
Si el Estado va a combatir determinadas actividades económicas, tiene que ofrecer alternativas para las familias y los trabajadores, de lo contrario, los problemas sociales y la delincuencia van a continuar.
Yo voy a seguir recorriendo la región, fiscalizando y presentando las denuncias ante el Gobierno Regional, la Contraloría y los ministerios correspondientes, no me han asustado ni me han amedrentado.
Lo que queremos es que se establezca la verdad y que se garantice que los ciudadanos de Madre de Dios puedan vivir y trabajar sin miedo.
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Diputados de la bancada de Obras presentaron moción para crear comisión multipartidaria para investigar a la empresa TGPLa moción plantea crear una comisión especial multipartidaria para investigar más de dos décadas de fallas, fugas e incidentes en el sistema de transporte de gas de Camisea. El grupo parlamentario también deberá evaluar los incumplimientos contractuales advertidos por Osinergmin, las posibles afectaciones ambientales y sociales, y la propuesta de extender por diez años la concesión de la empresa.
Published
2 días agoon
12/10/2026By
Redacción Lima Gris
La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), responsable del transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea hasta la costa, podría quedar bajo una investigación parlamentaria que abarque más de veinte años de operaciones. El diputado Víctor Piñán junto al diputado Luis Masco Cáceres presentaron una moción de orden del día para constituir una comisión investigadora multipartidaria que examine las fallas registradas en el sistema, el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria y la actuación de los organismos estatales encargados de fiscalizarla.
La iniciativa, fechada el 25 de septiembre de 2026, propone que la investigación comprenda el periodo iniciado en agosto de 2004, cuando comenzaron las operaciones comerciales del sistema, hasta la actualidad. El objetivo es reconstruir una historia de incidentes, medidas correctivas, sanciones y compromisos cuyo cumplimiento deberá ser verificado por el Parlamento.
Diputados Víctor Piñan y Luis Masco de la bancada de Obras.
El documento recuerda que las fallas comenzaron en los primeros años de funcionamiento. Ante la reiteración de accidentes, el Congreso constituyó en 2006 una comisión investigadora y el Estado dispuso una auditoría integral internacional a cargo de Germanischer Lloyd. Sin embargo, según los antecedentes expuestos en la moción, posteriormente continuaron registrándose incidentes que obligan a examinar si las medidas adoptadas fueron suficientes para evitar nuevos episodios.
El caso más reciente es la deflagración ocurrida el 1 de marzo de 2026 en el kilómetro 43 del sistema de transporte, en Megantoni, provincia de La Convención, Cusco. El incidente paralizó el transporte de gas y obligó al Estado a adoptar medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento interno, con repercusiones en actividades productivas, generación eléctrica y sectores que dependen del gas natural vehicular.
Fuente: Congreso de la República.
La moción incorpora un elemento especialmente relevante. El 28 de abril de 2026, Osinergmin informó que había identificado incumplimientos de obligaciones establecidas en el contrato de concesión, al señalar que TGP no suministró el flujo y la presión de gas suficientes para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo.
El organismo supervisor recordó, además, que el sistema debía operar con una disponibilidad del 99 % durante un año continuo. No obstante, el documento parlamentario precisa que, al 27 de mayo, la investigación técnica sobre las causas de la deflagración seguía pendiente de diligencias fiscales indispensables para analizar muestras de la tubería dañada. Por tanto, los incumplimientos contractuales identificados y la determinación definitiva de las causas del accidente son asuntos distintos que deberán esclarecerse.
La concesión que podría extenderse hasta 2044
El alcance de la propuesta va más allá de establecer qué ocurrió en los accidentes. La comisión también deberá examinar la actuación del Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y otras entidades competentes. Deberá determinar qué advertencias existieron, qué medidas se ordenaron, si fueron ejecutadas oportunamente y si las sanciones tuvieron efectos preventivos.
Asimismo, la iniciativa plantea revisar las afectaciones ambientales, sociales y económicas, las obligaciones de remediación y reparación, y los eventuales reclamos pendientes de comunidades y poblaciones perjudicadas.
Pero el punto de mayor trascendencia política y económica es la eventual continuidad de TGP como concesionaria. La moción advierte que el Ministerio de Energía y Minas evalúa una propuesta que incorpora el denominado Ramal Sur al sistema de transporte y contempla una prórroga de diez años, desde el 8 de enero de 2034 hasta el 8 de enero de 2044.
El proyecto de expansión considera puntos de entrega en Arequipa, Mollendo, Ilo y Tacna, una capacidad referencial de diseño de 346 millones de pies cúbicos estándar diarios y una inversión preliminar superior a los 2.000 millones de dólares. También contempla mecanismos de reconocimiento tarifario de inversiones y costos de operación y mantenimiento, entre otros conceptos.
Por ello, la moción plantea evaluar si corresponde vincular la ampliación de la infraestructura con la extensión de la concesión vigente o si existen alternativas, como una concesión independiente o mecanismos competitivos. La comisión deberá analizar, además, cómo se distribuirían los riesgos y costos del proyecto y qué efectos podrían tener sobre las tarifas y los consumidores.
Fuente: Congreso de la República.
La propuesta solicita un plazo de 180 días hábiles para investigar y presentar un informe final ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Entre sus facultades figuran requerir documentación, solicitar información y convocar a funcionarios, exfuncionarios y representantes involucrados.
El propósito declarado no es anticipar responsabilidades penales, sino determinar eventuales responsabilidades políticas, administrativas o funcionales y formular recomendaciones. La decisión de fondo será establecer, con base en los resultados, si resulta procedente o improcedente renovar, prorrogar o extender la concesión de TGP.
La cuestión planteada por Piñán es concreta: antes de comprometer otros diez años de concesión, el Estado debe esclarecer qué ocurrió durante más de dos décadas, qué obligaciones se cumplieron y cuáles siguen pendientes. La iniciativa, sin embargo, deberá ser aprobada por la Cámara para que la comisión pueda constituirse y comenzar sus funciones.
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Antauro Humala en La Cantuta: senadora Ampuero exige respuestas al rector y al ministro de EducaciónLa presidenta de la Comisión de Justicia del Senado cuestiona la participación del exlíder etnocacerista en una actividad académica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En el programa Lima Gris, conducido por Edwin Cavello Limas en Radio Planicie, se analizó el pedido de explicaciones y el debate sobre la autonomía universitaria y el uso de recursos públicos.
Published
3 días agoon
11/10/2026By
Redacción Lima Gris
La presentación de Antauro Humala como ponente en una actividad académica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, ha generado cuestionamientos desde el Senado. La senadora Katherine Ampuero, presidenta de la Comisión de Justicia, informó que remitió oficios al rector de la casa de estudios, Tito Doroteo Acosta Castro, y al ministro de Educación, José Antonio Chang, para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido.
El caso fue abordado en el programa Lima Gris, conducido por el periodista Edwin Cavello Limas y transmitido por Radio Planicie. Durante el espacio, se comentaron las declaraciones de la legisladora, quien cuestionó que una persona con antecedentes de prisión sea invitada como ponente ante estudiantes universitarios.
Ampuero sostuvo que este tipo de actividades no debería repetirse y planteó interrogantes sobre los criterios empleados para seleccionar a los expositores en instituciones educativas públicas. También rechazó que la autonomía universitaria sea utilizada, a su juicio, para justificar encuentros que considera incompatibles con la formación de los jóvenes.
La senadora afirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido respuesta del rector. Asimismo, pidió que el Ministerio de Educación evalúe lo sucedido, al considerar que se trata de una universidad pública que administra recursos del Estado.
Autonomía universitaria y recursos públicos
Durante el programa, Cavello Limas planteó que el caso requiere distinguir entre la fiscalización del uso de fondos públicos y la autonomía de las universidades para organizar sus actividades académicas. En ese contexto, señaló que será importante conocer la respuesta de las autoridades y determinar si la participación de Humala implicó algún gasto para la institución.
Entre las interrogantes pendientes figuran las condiciones en que se organizó la actividad, si se efectuó algún pago al expositor y qué recursos se destinaron a su realización. Estos aspectos, junto con los criterios que sustentaron la invitación, forman parte de la información que se espera conocer a través de las respuestas oficiales.
El conductor también recordó que Lima Gris ha informado anteriormente sobre cuestionamientos relacionados con la participación de personas vinculadas a organizaciones subversivas en actividades culturales. La referencia abrió una reflexión sobre la responsabilidad de las instituciones al seleccionar a sus invitados y la necesidad de examinar cada caso a partir de información verificable.
Por ahora, el episodio deja planteadas preguntas sobre la decisión de invitar a Antauro Humala, los alcances de la autonomía universitaria y la fiscalización de los recursos públicos. Lima Gris anunció que continuará haciendo seguimiento al tema y consultará sobre las respuestas del rector y del ministro de Educación.
Aquí el fragmento del programa.
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