Senador Juan Carlos del Águila: «El senador Maraví ha sido secretario general de una institución que estaba vinculada directamente con Sendero Luminoso»

Política Senador Juan Carlos del Águila: «El senador Maraví ha sido secretario general de una institución que estaba vinculada directamente con Sendero Luminoso» El senador de Fuerza Popular cuestiona los enfrentamientos durante el debate de las facultades legislativas y critica que la Cámara de…

Política

El senador de Fuerza Popular cuestiona los enfrentamientos durante el debate de las facultades legislativas y critica que la Cámara de Diputados aprobara solo seis de cerca de 20 medidas planteadas por el Ejecutivo para combatir la criminalidad.

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8 segundos ago

13/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El debate por las facultades legislativas vuelve a poner frente a frente las posiciones políticas en el Senado. Juan Carlos del Águila defiende las medidas propuestas por el Ejecutivo, cuestiona los enfrentamientos durante las sesiones y plantea que los próximos seis meses permitan evaluar los resultados de la lucha contra la criminalidad.

Mientras tanto, la discusión sobre las atribuciones del Gobierno y el papel fiscalizador del Congreso continúa en un contexto en el que la ciudadanía reclama respuestas frente a la extorsión, el sicariato y los homicidios. Aquí la entrevista con el parlamentario.

Senador, usted ha cuestionado que el debate en el Senado está dominado por los gritos y el ruido político. ¿Considera que la confrontación entre los parlamentarios está impidiendo discutir con seriedad las medidas que el país necesita para enfrentar la extorsión, el sicariato y los homicidios? ¿Quiénes están contribuyendo a desviar el debate?

Los incidentes que se suscitaron en la sesión última del sábado son hechos aislados, yo diría hasta anecdóticos. Los temas sí se están abordando con propiedad y con mucha seriedad, más allá de los gritos que algunos representantes de la izquierda radical de Juntos por el Perú proponen, más allá de eso, los demás parlamentarios de las otras bancadas sí están respondiendo con aportes, con análisis riguroso de lo que una comisión de constitución del Senado debe demostrar.

Y en la discusión de las facultades legislativas se han producido enfrentamientos y acusaciones entre distintas fuerzas políticas. ¿Estamos ante una discrepancia legítima sobre las herramientas que necesita el Ejecutivo o ante una pugna por el control político del Gobierno?

No es la mejor forma de plantear argumentos con gritos destemplados, no es la mejor forma de defender argumentos insultando a un ministro que va y expone y sustenta su pedido de facultades. El exceso y la elocuencia desmedida de algunos senadores de Juntos por el Perú pretende deslucir la imagen de una comisión y del Senado en general cuando la mayoría de bancadas políticas, Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras, Buen Gobierno y alguna más han demostrado, por supuesto, solvencia a la hora de las intervenciones.

La Cámara de Diputados recortó el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. ¿Considera usted que las medidas que quedaron fuera eran necesarias para combatir la criminalidad o que el Gobierno estaba solicitando atribuciones que no debía recibir? ¿Qué medidas concretas deberían aprobarse y cuáles deberían rechazarse?

Bueno, es evidente que hay cerca de 20 puntos que el gobierno ha planteado todos vinculados en materia de seguridad ciudadana y sin embargo la Cámara de Diputados solamente ha aprobado seis de ellas cuando, por ejemplo, han quedado fuera y han quedado descartados por esta Cámara y han tenido inclusive el consenso en algún momento de otras bancadas temas vinculados a la reinserción social, perdón, no a la reinserción social sino al apoyo excepcional de las Fuerzas Armadas a la seguridad externa de los penales.

Hoy en día los penales siguen siendo la cuna del delito y lo que se requiere es también que haya mayor seguridad inclusive no solamente a nivel interno sino a nivel externo de los penales con participación directa de las Fuerzas Armadas.

Hay temas como por ejemplo la vigilancia de los condenados por delitos graves cuando salen de prisión. Este también es un tema que ha quedado de lado. El uso de las armas no letales para la seguridad en áreas digamos naturales regidas. Hay varios temas como el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas porque las FF.AA. no puede ir a combatir en apoyo a la Policía Nacional al delito si es que no hace uso de la fuerza. Justamente es parte de su pieza como órgano rector en la seguridad.

La clasificación de organizaciones criminales como terroristas. El propio senador Castillo señaló en su intervención que hay grupos terroristas en la frontera. Bueno pues, esos grupos terroristas son parte de organizaciones transnacionales que crean terror entre los peruanos y no solamente entre peruanos sino también entre ciudadanos de otras naciones aledañas a la nuestra.

Por eso se plantea que este tipo de organizaciones transnacional que crean terror sean consideradas como organizaciones terroristas. Esto es algo que entre otros puntos ha obviado la Cámara de Diputados, la Comisión en su momento y luego la Cámara en Pleno.

Durante el debate también surgieron referencias a organizaciones y sectores señalados por presuntos vínculos con el radicalismo, entre ellos FENATEP y el MOVADEF. ¿Considera que éstas referencias tienen sustento y son pertinentes para la discusión de las facultades o se están utilizando para desacreditar políticamente a determinados parlamentarios?

Para todos es conocido que por ejemplo el instigador de los hechos lamentables del día sábado pasado en la Comisión de Constitución, me refiero al senador Íber Maraví, ha sido un conocido dirigente juvenil del MOVADEF, y todos sabemos que el MOVADEF es un brazo legal, un brazo político del Sendero Luminoso, entonces si el señor Maraví ha sido secretario general de una institución que estaba vinculada directamente con Sendero Luminoso, que es una organización terrorista, sin duda sus vínculos son evidentes.

¿Qué responsabilidad le corresponde al Gobierno por las limitaciones de su estrategia actual y qué responsabilidad tiene el Congreso para las medidas que aprueba, modifica o bloquea?

El Gobierno ha señalado claramente su intención de combatir frontalmente la delincuencia organizada en el país, pero para ello se requieren medidas excepcionales. Para convertir al Perú en un país seguro para los peruanos, es necesario adoptar algunas medidas que van más allá de lo que establece la legislación vigente.

Por eso, el Poder Ejecutivo ha planteado un conjunto de medidas que acabo de mencionar y que buscan, en el fondo, reducir los niveles de criminalidad que existen y que se gestan desde las fronteras, desde el exterior de los penales e, inclusive, desde el interior de estos establecimientos.

Por esa razón, considero que es vital el respaldo ciudadano al Gobierno en este pedido de facultades, porque, una vez aprobadas, el Gobierno nacional no tendrá otra salida que enfrentar decididamente la inseguridad. Ya lo viene haciendo, pero con una serie de limitaciones. Con las facultades que se aprueben, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo para emitir decretos legislativos que permitirán tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas actuar eficazmente contra la criminalidad en el país.

Si el Senado termina aprobando las facultades legislativas, ¿qué mecanismos de fiscalización deberían establecerse para comprobar que las medidas funcionan y no se convierten en letra muerta? ¿Está dispuesto a exigir cifras verificables sobre detenciones, investigaciones y condenas y a pedir responsabilidades políticas si los resultados no llegan?

En el Perú tenemos organismos de control en todas las instituciones, llámense Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Contraloría General de la República, Parlamento Nacional, prensa nacional y ciudadanos organizados. Todos contamos con mecanismos de control y fiscalización para evaluar si un gobierno que plantea medidas efectivas en una determinada materia obtiene los resultados esperados en su gestión.

Creo que, en ese sentido, los peruanos vamos a asistir, en los próximos meses, a acciones del Gobierno que nos permitirán sacar conclusiones sobre si, en los próximos seis meses, por ejemplo, ya contamos con resultados efectivos en cuanto a la captura de bandas criminales, organizaciones terroristas y ciudadanos que, aprovechándose de su condición de peruanos o extranjeros, hacen un mal uso de las leyes en nuestro país.

Senador, para culminar, usted ha hecho mención que en el Senado hay demasiado grito y mientras los parlamentarios se enfrentan, los ciudadanos seguimos expuestos a la extorsión y al sicariato. ¿El Congreso está ayudando a resolver la crisis de inseguridad o está atrapado en sus propias disputas políticas?

Sí, he señalado eso porque, efectivamente, tanto en la primera sesión de la Comisión de Constitución como en la segunda, hemos encontrado a senadores de Juntos por el Perú con una expresión furibunda, incluso desmedida, de lo que debe ser la argumentación de una posición personal o, inclusive, de su propia organización política.

Estamos allí para confrontar ideas y posiciones, pero no para protagonizar enfrentamientos personales. Esa grita y esa bulla que generan estos parlamentarios, lamentablemente, buscan desacreditar los acuerdos a los que pueda llegar la Cámara de Senadores en cualquiera de sus instancias. Por eso, hay que evitar estas situaciones y apelar al máximo a la cordura, para que la Cámara de Senadores, o el Senado, como se le conoce, realmente demuestre solvencia y evidencie que se encuentra en una situación absolutamente distinta de la que refleja la opinión pública a raíz de esos lamentables sucesos del sábado pasado.

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César Astudillo: del Comando Conjunto al Ministerio del Interior, pasando por el “gasolinazo” y un choque en el Senado

Redacción Lima Gris

Política

César Astudillo: del Comando Conjunto al Ministerio del Interior, pasando por el “gasolinazo” y un choque en el Senado

Comandó el Ejército y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En 2021 la Fiscalía allanó su casa por el caso “Gasolinazo” y en 2022 pidió 36 meses de prisión preventiva en su contra. Hoy es senador electo por Fuerza Popular y ministro del Interior.

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24 horas ago

12/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

César Augusto Astudillo Salcedo asumió el Ministerio del Interior el 28 de julio de 2026 con una promesa: ordenar la lucha contra la inseguridad desde la experiencia militar. Su trayectoria arrastra, sin embargo, un expediente pesado que fue archivado hace apenas semanas: el “Gasolinazo”, la investigación por el presunto desvío de combustible del Ejército que lo tuvo más de cinco años bajo la lupa de la Fiscalía. Llegó al gabinete desde el Senado y en sus primeras semanas presentó ante el Congreso una estrategia contra la delincuencia. El 10 de octubre, en la Comisión de Constitución, una discusión con el senador Iber Maraví lo puso nuevamente en el centro de la atención pública.

Una carrera en el Ejército

Astudillo nació en Lima en 1960. Hizo carrera en planeamiento, fuerzas especiales y operaciones contra el terrorismo y el narcotráfico. Es magíster en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal y doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales, y su perfil oficial lo ubica en el conflicto del Cenepa y en la operación Chavín de Huántar. En 2019 publicó un libro sobre ese rescate de 72 rehenes, Chavín de Huántar: el legado.

Su ascenso fue largo. Comandó la 3.ª Brigada de Fuerzas Especiales entre 2012 y 2013 y el Comando Especial del VRAEM entre 2014 y 2015, donde se conducían las operaciones contra grupos armados y narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Fue inspector general del Ejército en 2016 y 2017, y en diciembre de 2017 asumió la Comandancia General, que dejó en octubre de 2018. Ese año pasó a dirigir el Comando Conjunto, el cargo que coordina a las tres instituciones armadas. Fue desde ese puesto que lo alcanzó una investigación por combustible del Ejército: el “Gasolinazo”.

El caso “Gasolinazo”

La investigación nació en 2018, según el fiscal Omar Tello, cuando oficiales del Ejército fueron sorprendidos sacando combustible del grifo del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE). La prensa lo llamó un nuevo “Gasolinazo” porque antes hubo otro caso de combustible en el Ejército, asociado al excomandante general Edwin Donayre. La Fiscalía sostenía que el combustible asignado a necesidades operativas y de transporte salía del COEDE, en Chorrillos, y del Pentagonito en vehículos con tanques de gran capacidad, y se vendía a grifos privados como La Inmaculada. También averiguaba si parte del dinero llegaba a militares de distintos niveles. La prensa bautizó a la presunta red “Los capos del diésel” y “Los Mercenarios”.

A Astudillo lo alcanzó por su paso como comandante general del Ejército, del 17 de diciembre de 2017 al 29 de octubre de 2018. La imputación difundida en 2021 era de peculado doloso por apropiación, en calidad de autor: la apropiación intencional de bienes públicos confiados a un funcionario por su cargo. Ahí la Fiscalía lo señalaba como quien se habría apropiado del combustible, algo que debía probarse con hechos concretos y con su participación personal.

Hubo una segunda línea de imputación, distinta. Se lo investigó por encubrimiento real y personal, es decir, por dificultar el descubrimiento de un delito o librar a alguien de la persecución penal. Según el documento fiscal, en abril de 2018 habría sabido, por una nota de inteligencia vinculada al grifo del COEDE, de las irregularidades. Aquí la acusación no era haber sacado el combustible sino haber sabido y no haber actuado, y alcanzaba a los mandos superiores y no solo a quienes lo retiraban.

Allanamientos, nota sobre el fiscal y prisión preventiva

El 23 de febrero de 2021, la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur allanó 12 domicilios y ocho oficinas del Ejército, entre ellos la casa de Astudillo. Entre los otros investigados que se difundieron estaban Jorge Orlando Céliz Kuong, Luis Humberto Ramos Hume, Ricardo Homero Moncada Novoa, Edward Gratelly Silva, Jorge Augusto Ruiz Lazo, José Francisco Rojas Dávila, David Arana Estabridis, Julio César Grosso Anticona, José Manuel Chávez Gutiérrez, Louis Augusto Ortiz Castillo y Orlando Saúl Quinto Trillo. La Fiscalía pidió siete días de detención preliminar y el Poder Judicial la rechazó. Ese día, Astudillo dijo en televisión que estaba indignado y llamó corrupto al fiscal.

Pocos días después, “Cuarto Poder” difundió que en su oficina se hallaron notas de inteligencia con seguimiento al fiscal Fredy Minaya y a su hermano. Su defensa negó la imputación de forma rotunda. Las notas aludían, entre otros datos, a los estudios del fiscal en San Marcos durante los años más duros del terrorismo.

El caso dio un salto el 10 de octubre de 2022: la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra Astudillo, otros tres excomandantes generales y más investigados, ahora por organización criminal, peculado agravado y encubrimiento real y personal. Se apoyaba en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, confesiones sinceras, agendas personales y documentos incautados, y alcanzaba a secretarios, administrativos y personas ligadas a los grifos. En noviembre, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos pasó las audiencias a enero de 2023, tras varios escritos de las defensas. Las fuentes revisadas no registran que el juez concediera la medida.

El sobreseimiento de 2026

Una semana después de jurar como ministro, el 4 de agosto, Astudillo anunció que el caso estaba archivado de manera definitiva. Según lo publicado, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento del propio Ministerio Público, que había concluido que no tenía elementos suficientes para acusarlo.

El sobreseimiento pone fin al proceso para quienes comprende, y para Astudillo cambia la situación de 2021 y 2022, cuando enfrentaba allanamientos y un pedido de prisión.

Del Senado al Ministerio de Interior

A fines de 2025 anunció su candidatura al Senado por Fuerza Popular, elegido directamente por Keiko Fujimori, y quedó en el puesto 5 de la lista nacional. Resultó electo con más de 20 mil votos. Durante la transferencia de gobierno, integró con Marco Miyashiro el equipo de Interior y Defensa.

El 28 de julio de 2026, la presidenta Fujimori le tomó juramento en Palacio, dentro del gabinete de Luis Galarreta. Reemplazó a José Zapata Morante. Asumió una de las promesas centrales de la campaña: recuperar la seguridad ciudadana. Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública, opinó que el nombramiento buscaba proyectar “mano dura”.

En su primera exposición importante, el 7 de septiembre ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, dijo que la Policía, el Ministerio Público y el INPE trabajaban descoordinados y cada uno buscaba más poder. El 17 de septiembre, en una interpelación en Diputados, presentó su estrategia: inteligencia para anticipar el delito, control territorial, más equipamiento y tecnología para la Policía y una revisión de sus procesos internos, con una reforma estructural que descartó hacer de manera drástica. Todavía no hay cifras de homicidios, extorsiones o robos que midan su gestión.

Compras, licenciados y propuestas de Ley

Dentro de esa estrategia, Astudillo defendió comprar equipos mediante acuerdos de Gobierno a Gobierno, porque a su juicio ofrecen más garantías que la contratación pública común. No se informó qué equipos, con qué presupuesto ni bajo qué controles. También propuso que licenciados de las Fuerzas Armadas ingresen a la Policía tras una instrucción policial, pues ya tienen formación física, manejo de armas y disciplina. Los requisitos y la duración de esa capacitación no se detallaron.

Ante la Comisión de Constitución del Senado planteó cuatro proyectos: acelerar la expulsión de extranjeros en situación irregular, limitar el número de armas en las categorías de caza, deporte y colección, incorporar tecnología a la investigación criminal y ampliar las capacidades operativas de la Policía.

Los proyectos van dentro del pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas en seguridad ciudadana. Primero el Congreso debe delegarlas y luego el Ejecutivo emitir las normas, y hasta el corte de esta nota ninguno de los dos pasos se había dado. Esa misma comisión fue el escenario del choque con Iber Maraví.

El choque con Maraví

El 10 de octubre, durante la sesión sobre las facultades al Ejecutivo, Maraví le pidió a Astudillo que dejara terminar de hablar a una legisladora, y el cruce subió de tono. El senador oficialista Héctor Ventura contó que el ministro reclamó que no lo llamaran mentiroso: “No te permito que me digas mentiroso”. Maraví dijo que solo defendía el turno de la senadora y que el ministro le respondió con gestos que él sintió intimidantes.

Intervinieron también el senador Luis Calisto Giampietri y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. Maraví afirmó que Giampietri se le acercó para “pecharlo” y que alguien le propuso arreglar el asunto fuera del recinto. La sesión se suspendió entre cinco y diez minutos y se reanudó. Al día siguiente, con la intervención de Patricia Juárez y otros legisladores, Astudillo y Maraví se dieron la mano, mientras Maraví pedía revisar las grabaciones.

Astudillo llegó a Interior con la tarea de recuperar la seguridad ciudadana. Sus cuatro proyectos de ley esperan ahora que el Congreso decida si delega las facultades que pide el Gobierno, y de esa decisión depende que alguna de sus propuestas llegue a ser norma. Mientras tanto sigue al frente del ministerio.

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Política

Senador Hugo Ccahuana tras salvaje asalto en Madre de Dios: “Me tendrán que matar si quieren callarme”

El senador de Juntos por el Perú, denuncia que fue golpeado dos veces en la cabeza con la cacha de una pistola y que su comitiva fue encañonada durante un asalto en una carretera de Madre de Dios. El robo de su celular y la destrucción de equipos utilizados en una fiscalización despiertan sus sospechas sobre un posible intento de intimidación.

Published

1 día ago

12/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador de Juntos por el Perú Hugo Ccahuana relata los momentos de terror que vivió junto a integrantes de la Federación Nativa de Madre de Dios durante un asalto ocurrido la madrugada del jueves 8 de octubre. El ataque se produjo cuando regresaba de una jornada de fiscalización en territorios de comunidades nativas, donde había verificado presuntos trabajos de desbosque para un proyecto vial.

En diálogo con Lima Gris, el parlamentario explica cómo fue interceptado por sujetos armados, por qué considera sospechosa la destrucción de sus equipos electrónicos y cuáles son las denuncias que asegura que continuará investigando. También cuestiona la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas alejadas de la región.

Senador, usted ha denunciado que fue asaltado junto a su comitiva en Madre de Dios. ¿Cómo se produjeron los hechos y qué ocurrió durante los momentos de mayor peligro?

Nosotros teníamos programadas actividades desde el martes hasta el jueves. El martes 6 salimos en horas de la mañana desde Puerto Maldonado hasta el kilómetro 141 y luego fuimos al distrito de Madre de Dios, conocido como el centro poblado de Colorado. Llegamos por la noche a la comunidad nativa de Puerto Azul, Del Pueblo y la Etnia Harakbut.

El miércoles 7 teníamos programado realizar un trabajo de fiscalización, las autoridades habían coordinado con el Gobierno Regional para que enviara a la Agencia Regional Forestal a verificar los trabajos de desbosque para una trocha carrozable de un proyecto que está en expediente técnico, donde se busca unir Boca Manu con Boca Colorado mediante una carretera que pasa 18 kilómetros sobre territorios titulados de la comunidad nativa de Puerto Azul.

Fuimos a verificar y encontramos trochas abiertas y árboles tumbados a lo largo del recorrido, no podíamos contabilizarlos, porque caminábamos por ambos lados y los árboles talados no terminaban. Eso no debería estar ocurriendo si el proyecto todavía se encuentra en la etapa de formulación del expediente técnico.

El jueves 8 de octubre iniciamos nuestro viaje a las cuatro de la mañana, cuando estábamos a 44 kilómetros de Puerto Maldonado, cerca de la comunidad de Tahuantinsuyo, un vehículo que iba delante de nosotros redujo bruscamente la velocidad y obligó a nuestro conductor a detenerse, por el lado izquierdo apareció otro vehículo que nos cerró el paso.

Salieron varios sujetos, yo solo vi a uno, aunque mis compañeros dicen que eran tres, hicieron disparos al aire y uno se acercó a mi lado, me jaló y me bajó del vehículo, yo iba como copiloto, una vez en el suelo, me dio dos golpes fuertes en la cabeza con la cacha de una pistola y me empujó hacia atrás del vehículo.

Pensé que ahí me iban a matar, que yo era el objetivo, me dejó en ese lugar y me dijo que no volteara, utilizando palabras soeces. Mientras tanto, otros delincuentes ingresaron al vehículo, algunos con pistolas y otro con un arma larga.

Nosotros teníamos un efectivo de seguridad, pero mi coordinador le dijo que ocultara su arma, yo también le hice una señal para que no disparara, porque no queríamos poner en mayor peligro a nuestros compañeros.

¿Qué ocurrió con sus acompañantes después de que los delincuentes se llevaron el vehículo?

Se llevaron a mis compañeros y los trasladaron aproximadamente tres kilómetros hacia el interior de una vía, a mí me dejaron en la oscuridad de la noche, pensé que quizá regresarían para matarme.

Empecé a hacer parar los vehículos que pasaban, pero no querían detenerse, una conductora me reconoció y le pedí que me prestara su teléfono, sin embargo, no había señal en ese punto, le pedí que avisara al puesto policial más cercano para que enviaran ayuda.

Después encontré a la Policía de Carreteras y les dije que yo era senador y que habían llevado a mis compañeros hacia el interior, los policías ingresaron a la zona y, luego de unos minutos, mis compañeros salieron caminando, descalzos y sin sus pertenencias. Gracias a Dios, no hubo pérdida de vidas humanas, sin embargo, fue una situación muy peligrosa.

¿Qué bienes les robaron y qué le llama la atención de la forma en que actuaron los asaltantes?

Teníamos equipos de la Federación Nativa, como teléfonos satelitales, un sistema de internet Starlink, GPS (Sistema de Posicionamiento Global) diferenciales y un dron. Nada de eso se llevaron en su totalidad, pero varios equipos fueron destruidos. Los delincuentes golpearon los celulares y los arrojaron alrededor; mi teléfono personal sí se lo llevaron.

Eso me llama poderosamente la atención. ¿Para qué querían destruir los equipos si solamente buscaban robar? Si no querían que nos comunicáramos, podían haberlos arrojado lejos, al monte, pero los destruyeron.

Por eso me pongo a pensar que quizá hay alguien interesado en que las pruebas que recogimos en el campo no lleguen a Puerto Maldonado. Es algo que debe investigarse, la Policía recogió algunas huellas, aunque la lluvia dificultó el trabajo de los peritos.

¿Considera que el asalto fue un hecho de delincuencia común o que alguien pretendía impedir que continuara con sus investigaciones?

El hecho de que me hayan golpeado con la cacha del arma y me hayan sacado del vehículo podría parecer un hecho de delincuencia común, han buscado cosas y, probablemente, como es una ruta del oro, intentaron buscar oro. Pero el hecho de que se hayan llevado mi celular, que hayan destruido los aparatos electrónicos y que esto ocurra en medio de varias fiscalizaciones ya no me permite pensar solamente en esa posibilidad.

Yo no puedo confirmar que el ataque esté relacionado con la revisión de las concesiones forestales o con la fiscalización del lago Valencia. No puedo señalar a una persona porque sería irresponsable hacerlo sin pruebas, pero tampoco puedo descartar que exista un intento de amedrentarme.

He denunciado situaciones vinculadas con concesiones forestales que necesitan una revisión por parte de las autoridades nacionales y regionales, también he recogido denuncias de dirigentes de comunidades que aseguran estar amenazados por conflictos relacionados con sus territorios y recursos naturales. Además, he fiscalizado el precio del combustible en el distrito de Colorado y he solicitado la intervención de las entidades competentes, en ese contexto también he recibido amenazas, según lo que he denunciado. Todo esto debe investigarse para determinar si existe alguna conexión o si se trató de un asalto común.

Usted ha mencionado presuntas irregularidades en concesiones forestales y conflictos por los recursos naturales. ¿Cree que sus denuncias pudieron incomodar a determinados grupos de poder?

Yo he estado denunciando que las concesiones forestales necesitan una revisión a nivel nacional y regional, hay grupos de poder económico que, según lo que venimos investigando, nunca han sido fiscalizados como corresponde.

También hemos recogido información sobre lo que ocurre en el lago Valencia, donde dirigentes y representantes de comunidades han denunciado problemas relacionados con el uso de sus territorios y recursos.

El día de la constatación también recibí una llamada del subgerente regional del Manu, quien me preguntó por qué realizaba una verificación sin el alcalde, yo le respondí que cada autoridad tiene sus funciones y competencias. La Federación Nativa ha sido maltratada durante mucho tiempo, he dicho claramente que se debe respetar a los pueblos indígenas y que voy a trabajar para que se respeten sus derechos.

Estoy abordando asuntos que, a mi juicio, no han recibido la fiscalización necesaria: el manejo de los recursos naturales, las denuncias de corrupción y las obras que se han ejecutado en gestiones anteriores. No puedo afirmar que esos temas sean la causa del asalto, pero tampoco voy a dejar de investigarlos.

¿Qué responsabilidades atribuye al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por la falta de seguridad en las carreteras y las zonas alejadas de Madre de Dios?

La Policía en Madre de Dios no es una unidad ejecutora y depende administrativamente de Puno, los recursos logísticos asignados para las fronteras durante 2026 todavía no llegan como deberían.

He estado en el puesto de vigilancia del lago Valencia y he comprobado las carencias, incluso en Puerto Maldonado, para realizar compras necesarias, los materiales pueden demorar dos o tres meses porque dependen de otras instancias.

Entonces, ¿cómo vamos a combatir la delincuencia si no tenemos logística suficiente, vehículos ni patrulleros? la respuesta del Estado está de cabeza porque se utilizan discursos y medidas reactivas, pero no existe una estrategia que responda a la realidad de cada región.Se necesita inteligencia, tecnología y prevención, no basta con sacar a las Fuerzas Armadas y creer que así se va a solucionar todo. Hay que evitar que los jóvenes terminen involucrados en la delincuencia y atender los problemas sociales desde su origen.

Usted ha cuestionado duramente la estrategia de seguridad del Gobierno. ¿Qué cambios considera indispensables para enfrentar la criminalidad?

Necesitamos inteligencia para adelantarnos a los hechos y desbaratar las bandas, también considero que se debe evaluar una reforma profunda de la Policía y mecanismos de contrainteligencia que permitan combatir la corrupción.

He planteado que se podría evaluar la incorporación de personas que hayan demostrado preparación y disciplina durante el servicio militar, con la capacitación correspondiente, para formar nuevos efectivos policiales.

Pero la solución no puede ser únicamente reactiva, si no trabajamos con los niños, los hogares, los colegios y los jóvenes que están en situaciones de riesgo, siempre vamos a tener nuevas personas que ingresen a la delincuencia.

Hay que actuar sobre las causas sociales, sin dejar de perseguir los delitos, se necesita un esfuerzo conjunto del Estado, las instituciones y la sociedad.

Pese a lo ocurrido, ¿continuará con sus labores de fiscalización? ¿Solicitará una investigación exhaustiva para determinar quiénes están detrás del ataque?

Totalmente, la mejor respuesta es que el lunes estuve en Palma Real, otra comunidad nativa. El martes en Iberia y el miércoles en el Centro Poblado Alerta, yo seguiré viajando. Me tendrán que matar si quieren callarme a mí.

Estamos cooperando con toda la investigación, queremos que se esclarezca lo ocurrido y que se determine si fue delincuencia común o si alguien pretende callarme. Vamos a continuar denunciando las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos naturales, las concesiones forestales y los procedimientos que deben investigarse, no vamos a cesar de hacer nuestro trabajo, sino por el contrario, lo haremos con más fuerza.

Finalmente, Senador, ¿qué mensaje les deja a los ciudadanos y a las comunidades nativas que también enfrentan amenazas y viven con temor en Madre de Dios?

Si esto le ocurre a un senador y a su equipo de seguridad, imagínese qué puede pasarle a un ciudadano, a las comunidades o a los periodistas que investigan denuncias. ¿Qué garantías tenemos? Nos arriesgamos la vida todos los días.

Madre de Dios está históricamente desatendida. Necesitamos seguridad, pero también inversiones, oportunidades productivas y un hospital que responda a las necesidades de la población.

Si el Estado va a combatir determinadas actividades económicas, tiene que ofrecer alternativas para las familias y los trabajadores, de lo contrario, los problemas sociales y la delincuencia van a continuar.

Yo voy a seguir recorriendo la región, fiscalizando y presentando las denuncias ante el Gobierno Regional, la Contraloría y los ministerios correspondientes, no me han asustado ni me han amedrentado.

Lo que queremos es que se establezca la verdad y que se garantice que los ciudadanos de Madre de Dios puedan vivir y trabajar sin miedo.

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Política

Diputados de la bancada de Obras presentaron moción para crear comisión multipartidaria para investigar a la empresa TGP

La moción plantea crear una comisión especial multipartidaria para investigar más de dos décadas de fallas, fugas e incidentes en el sistema de transporte de gas de Camisea. El grupo parlamentario también deberá evaluar los incumplimientos contractuales advertidos por Osinergmin, las posibles afectaciones ambientales y sociales, y la propuesta de extender por diez años la concesión de la empresa.

Published

1 día ago

12/10/2026

Redacción Lima Gris

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), responsable del transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea hasta la costa, podría quedar bajo una investigación parlamentaria que abarque más de veinte años de operaciones. El diputado Víctor Piñán junto al diputado Luis Masco Cáceres presentaron una moción de orden del día para constituir una comisión investigadora multipartidaria que examine las fallas registradas en el sistema, el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria y la actuación de los organismos estatales encargados de fiscalizarla.

La iniciativa, fechada el 25 de septiembre de 2026, propone que la investigación comprenda el periodo iniciado en agosto de 2004, cuando comenzaron las operaciones comerciales del sistema, hasta la actualidad. El objetivo es reconstruir una historia de incidentes, medidas correctivas, sanciones y compromisos cuyo cumplimiento deberá ser verificado por el Parlamento.

Diputados Víctor Piñan y Luis Masco de la bancada de Obras.

El documento recuerda que las fallas comenzaron en los primeros años de funcionamiento. Ante la reiteración de accidentes, el Congreso constituyó en 2006 una comisión investigadora y el Estado dispuso una auditoría integral internacional a cargo de Germanischer Lloyd. Sin embargo, según los antecedentes expuestos en la moción, posteriormente continuaron registrándose incidentes que obligan a examinar si las medidas adoptadas fueron suficientes para evitar nuevos episodios.

El caso más reciente es la deflagración ocurrida el 1 de marzo de 2026 en el kilómetro 43 del sistema de transporte, en Megantoni, provincia de La Convención, Cusco. El incidente paralizó el transporte de gas y obligó al Estado a adoptar medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento interno, con repercusiones en actividades productivas, generación eléctrica y sectores que dependen del gas natural vehicular.

Fuente: Congreso de la República.

La moción incorpora un elemento especialmente relevante. El 28 de abril de 2026, Osinergmin informó que había identificado incumplimientos de obligaciones establecidas en el contrato de concesión, al señalar que TGP no suministró el flujo y la presión de gas suficientes para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo.

El organismo supervisor recordó, además, que el sistema debía operar con una disponibilidad del 99 % durante un año continuo. No obstante, el documento parlamentario precisa que, al 27 de mayo, la investigación técnica sobre las causas de la deflagración seguía pendiente de diligencias fiscales indispensables para analizar muestras de la tubería dañada. Por tanto, los incumplimientos contractuales identificados y la determinación definitiva de las causas del accidente son asuntos distintos que deberán esclarecerse.

La concesión que podría extenderse hasta 2044

El alcance de la propuesta va más allá de establecer qué ocurrió en los accidentes. La comisión también deberá examinar la actuación del Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y otras entidades competentes. Deberá determinar qué advertencias existieron, qué medidas se ordenaron, si fueron ejecutadas oportunamente y si las sanciones tuvieron efectos preventivos.

Asimismo, la iniciativa plantea revisar las afectaciones ambientales, sociales y económicas, las obligaciones de remediación y reparación, y los eventuales reclamos pendientes de comunidades y poblaciones perjudicadas.

Pero el punto de mayor trascendencia política y económica es la eventual continuidad de TGP como concesionaria. La moción advierte que el Ministerio de Energía y Minas evalúa una propuesta que incorpora el denominado Ramal Sur al sistema de transporte y contempla una prórroga de diez años, desde el 8 de enero de 2034 hasta el 8 de enero de 2044.

El proyecto de expansión considera puntos de entrega en Arequipa, Mollendo, Ilo y Tacna, una capacidad referencial de diseño de 346 millones de pies cúbicos estándar diarios y una inversión preliminar superior a los 2.000 millones de dólares. También contempla mecanismos de reconocimiento tarifario de inversiones y costos de operación y mantenimiento, entre otros conceptos.

Por ello, la moción plantea evaluar si corresponde vincular la ampliación de la infraestructura con la extensión de la concesión vigente o si existen alternativas, como una concesión independiente o mecanismos competitivos. La comisión deberá analizar, además, cómo se distribuirían los riesgos y costos del proyecto y qué efectos podrían tener sobre las tarifas y los consumidores.

Fuente: Congreso de la República.

La propuesta solicita un plazo de 180 días hábiles para investigar y presentar un informe final ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Entre sus facultades figuran requerir documentación, solicitar información y convocar a funcionarios, exfuncionarios y representantes involucrados.

El propósito declarado no es anticipar responsabilidades penales, sino determinar eventuales responsabilidades políticas, administrativas o funcionales y formular recomendaciones. La decisión de fondo será establecer, con base en los resultados, si resulta procedente o improcedente renovar, prorrogar o extender la concesión de TGP.

La cuestión planteada por Piñán es concreta: antes de comprometer otros diez años de concesión, el Estado debe esclarecer qué ocurrió durante más de dos décadas, qué obligaciones se cumplieron y cuáles siguen pendientes. La iniciativa, sin embargo, deberá ser aprobada por la Cámara para que la comisión pueda constituirse y comenzar sus funciones.

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Política

Antauro Humala en La Cantuta: senadora Ampuero exige respuestas al rector y al ministro de Educación

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado cuestiona la participación del exlíder etnocacerista en una actividad académica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En el programa Lima Gris, conducido por Edwin Cavello Limas en Radio Planicie, se analizó el pedido de explicaciones y el debate sobre la autonomía universitaria y el uso de recursos públicos.

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1 día ago

11/10/2026

Redacción Lima Gris

La presentación de Antauro Humala como ponente en una actividad académica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, ha generado cuestionamientos desde el Senado. La senadora Katherine Ampuero, presidenta de la Comisión de Justicia, informó que remitió oficios al rector de la casa de estudios, Tito Doroteo Acosta Castro, y al ministro de Educación, José Antonio Chang, para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido.

El caso fue abordado en el programa Lima Gris, conducido por el periodista Edwin Cavello Limas y transmitido por Radio Planicie. Durante el espacio, se comentaron las declaraciones de la legisladora, quien cuestionó que una persona con antecedentes de prisión sea invitada como ponente ante estudiantes universitarios.

Ampuero sostuvo que este tipo de actividades no debería repetirse y planteó interrogantes sobre los criterios empleados para seleccionar a los expositores en instituciones educativas públicas. También rechazó que la autonomía universitaria sea utilizada, a su juicio, para justificar encuentros que considera incompatibles con la formación de los jóvenes.

La senadora afirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido respuesta del rector. Asimismo, pidió que el Ministerio de Educación evalúe lo sucedido, al considerar que se trata de una universidad pública que administra recursos del Estado.

Autonomía universitaria y recursos públicos

Durante el programa, Cavello Limas planteó que el caso requiere distinguir entre la fiscalización del uso de fondos públicos y la autonomía de las universidades para organizar sus actividades académicas. En ese contexto, señaló que será importante conocer la respuesta de las autoridades y determinar si la participación de Humala implicó algún gasto para la institución.

Entre las interrogantes pendientes figuran las condiciones en que se organizó la actividad, si se efectuó algún pago al expositor y qué recursos se destinaron a su realización. Estos aspectos, junto con los criterios que sustentaron la invitación, forman parte de la información que se espera conocer a través de las respuestas oficiales.

El conductor también recordó que Lima Gris ha informado anteriormente sobre cuestionamientos relacionados con la participación de personas vinculadas a organizaciones subversivas en actividades culturales. La referencia abrió una reflexión sobre la responsabilidad de las instituciones al seleccionar a sus invitados y la necesidad de examinar cada caso a partir de información verificable.

Por ahora, el episodio deja planteadas preguntas sobre la decisión de invitar a Antauro Humala, los alcances de la autonomía universitaria y la fiscalización de los recursos públicos. Lima Gris anunció que continuará haciendo seguimiento al tema y consultará sobre las respuestas del rector y del ministro de Educación.

Aquí el fragmento del programa.

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Política

Senadora Nora Bonifaz pide a la UGEL 03 un informe sobre el alquiler de espacios en la IE. Teresa González de Fanning

La parlamentaria Nora Bonifaz (Buen Gobierno) requirió a la UGEL 03 un informe documentado sobre los contratos de alquiler y las labores de fiscalización en la I.E. Teresa González de Fanning. A la fecha, la UGEL 03 no emite respuesta ni reporta acciones concretas en favor de los estudiantes.

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1 día ago

11/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

La senadora Nora Bonifaz Carmona (Buen Gobierno) solicitó a la directora de la UGEL 03, Carmen Rosa Medina Rosas, un informe sobre el uso y alquiler de espacios de la I.E. Teresa González de Fanning, en Jesús María. El pedido consta en el Oficio N.° 042-2026-2027-NBC/CR, fechado el 16 de setiembre, y se originó en una comunicación ciudadana enviada por el suscrito al despacho de la senadora.

El documento llegó cinco días después de que Lima Gris publicara «Se alquilan las IE a empresas privadas y las UGEL no saben nada al respecto», y cuatro días después de «¿Sólo se evalúa el acceso al servicio educativo para la foto?». Ambas informaron que los estudiantes del CEBA tienen dificultades para usar los ambientes de su propia institución.

La senadora plantea su solicitud con cautela. Aclara que no adelanta opinión sobre la existencia de irregularidades ni atribuye responsabilidad a funcionarios o terceros, y que busca información objetiva y documentada. Sostiene que la infraestructura educativa pública debe usarse conforme a su finalidad y, si se autoriza su uso por terceros, con transparencia, legalidad y supervisión, y sin afectar el servicio educativo.

El oficio pide a la UGEL 03 informar sobre ocho puntos:

Si el colegio cuenta con autorizaciones, convenios o contratos que permitan a terceros usar sus ambientes.
Qué espacios usan terceros, con qué actividad, por cuánto tiempo, quién se beneficia y qué autoridad lo autorizó.
Qué procedimiento y marco normativo se aplica, y qué instancias aprueban y supervisan.
Si se generan ingresos, con los montos de 2025 y 2026, la cuenta de depósito y el destino de los recursos.
Qué instancia supervisa y fiscaliza el uso de los espacios y de los ingresos.
Si la UGEL 03 hizo supervisiones, con copia de los informes y actas.
Si recibió quejas o denuncias de docentes, estudiantes o padres de familia.
Qué medidas adopta o prevé adoptar para que el uso de la infraestructura no interfiera con el servicio educativo.

La senadora Nora Bonifaz exigió respuestas respaldadas con documentación oficial. A esta iniciativa se une la petición presentada el 7 de octubre por el diputado Carlos Yalta Sotelo (Renovación Popular), quien exigió al ministro de Educación, José Antonio Chang, informes y medidas de fiscalización. Con ello, ambas cámaras del Congreso ejercen control político sobre el caso.

Pese a que el colegio es sede de eventos de la DRELM y alquila sus instalaciones deportivas (piscina, cocheras y canchas de césped sintético, vóley y básquet), la UGEL 03 no ha visitado el plantel para disponer inspecciones inmediatas sobre los espacios alquilados a privados.

Consultado por LimaGris.com, el despacho de la senadora Nora Bonifaz confirmó que el requerimiento enviado a la UGEL 03 sigue sin respuesta formal. El documento ingresó el 16 de septiembre de 2026 bajo el expediente MPD2026-EXT-0864175 y, tras más de tres semanas, permanece registrado como «en proceso».

Esta inactividad administrativa frena la transparencia de los contratos y la fiscalización de los fondos públicos en la institución.

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Política

Parásitos con curul: rojos y naranjas, matoncitos con sueldo público

Calisto, exedecán de Fujimori, cuestionado por protagonizar el allanamiento a la casa de la esposa de Montesinos para llevarse las maletas que comprometían a su entonces jefe japones, hoy se las da de matoncito para defender a Keiko, y pecha a Maraví quien tampoco se queda atrás. Ambos son enemigos en el discurso, pero socios en la mamadera del Estado, mientras el Perú se hunde.

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1 día ago

11/10/2026

Luis Felipe Alpaca

Aburre ver a estos impresentables de derecha e izquierda convertir el hemiciclo que les da de comer con plata pública en un ring de broncas ideológicas. Mientras el país camina sobre un piso de incertidumbre, ellos se trenzan en sus pleitos partidarios como si el Congreso fuera su chacra y el Perú, un espectador de coliseo condenado a pagar la cuenta.

Ahí está el vicealmirante Calisto, —a quien le llaman Giampietri—quien fue edecán de Alberto Fujimori en el año 2000 y protagonizó la irrupción y el allanamiento en el departamento de la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra, sin orden judicial y con fiscal falso incluido (Manuel Ubillús Tolentino), para robarse las docenas de maletas que comprometían a su tayta ponja. Hoy se la da de machito, pecha y levanta la voz (sabe con quién lo hace) estoy seguro de que en la vida real no pelea ni con su sombra. Entretanto, continúa con su afán timorato de arrodillarse ante la agenda que impone su ama Keiko y ante su jefe López Aliaga, sopretexto de servir al Perú y desbloquear las limitaciones de la inteligencia nacional. ¿Para eso le pagan a este vicealmirante? ¿Para montar broncas estériles y cultivar lealtades políticas? Su actitud servil nos recuerda a los Montoya-Cueto. Para ser marino, semejante espectáculo resulta una vergüenza nacional.

Pero la otra facción tampoco se queda atrás. Cansa ver a toda la plaga izquierdista de JP y compañía, con Maravis, Luques y Quitos, que con angurria se reengancharon al Parlamento para seguir mamando del Estado y hacer lo único que mejor dominan: joder, hacer bulla y poner zancadillas, porque ellos viven de eso. Odiar al fujimorismo sopretexto de ejercer la oposición, les da empleo permanente, con sueldo jugoso incluido.

Y mientras naranjas y rojos se sacan los ojos, el país sigue esperando respuestas. ¿Quién se ocupa de gobernar, resolver los problemas urgentes y devolverle seriedad a la función pública? A nadie parece importarle este bochornoso espectáculo de circo. La zozobra nacional queda en segundo plano cuando los intereses partidarios ocupan el centro del escenario, porque para eso ingresan al poder del Estado.

Basta de parásitos polarizados. Utilizar las instalaciones de una entidad pública para escenificar bronquitas, odios sectarios y disputas partidarias compromete recursos del Estado, por lo que podría configurarse un presunto peculado de uso y desnaturalizan la función parlamentaria. El hemiciclo no es una cantina ideológica ni un ring de payasos que se creen matones; es un espacio para legislar y fiscalizar—más nada—. El Perú no necesita más bronca, sino responsabilidad, gobernabilidad y resultados. Porque la cuenta de este circo de barrio, como siempre, la termina pagando el ciudadano.

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Política

Senador Iber Maravi: “¿a qué han venido los ministros?” [VIDEO]

El parlamentario Iber Maraví lanzó una dura crítica al desarrollo del debate sobre las facultades legislativas y denunció una presunta falta de coordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso. Advirtió que los ministros sustentaron argumentos sobre asuntos que, según señaló, no forman parte de lo aprobado por la Cámara de Diputados y responsabilizó a la conducción del Senado por no delimitar previamente la discusión.

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2 días ago

11/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El debate sobre el pedido de facultades legislativas del Gobierno abrió un nuevo frente de confrontación en el Senado. Esta vez, el senador Iber Maraví cuestionó la participación de los representantes del Ejecutivo y puso en duda la pertinencia de sus exposiciones, al considerar que se abordaron asuntos distintos de aquellos que llegaron desde la Cámara de Diputados.

“Yo me pregunto: ¿a qué han venido los señores ministros?, ¿a qué ha venido el señor premier?”, expresó Maravi durante su intervención, al reclamar que la discusión se ciña a los temas que efectivamente fueron remitidos para evaluación del Senado.

El legislador insistió en que el punto central no debía ser la incorporación de nuevas propuestas o asuntos que, a su juicio, no cuentan con el sustento parlamentario correspondiente. “Lo que está en discusión ahorita, reitero una vez más, para que se me entienda bien, es lo que ha subido de Diputados”, afirmó.

Maravi sostuvo que las intervenciones de los ministros se extendieron a materias diferentes de las que, según indicó, fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Por ello, consideró indispensable delimitar primero el alcance de la discusión antes de ingresar al análisis de fondo.

En ese contexto, dirigió sus críticas a la conducción de la sesión y responsabilizó al presidente del Senado por no establecer con claridad las reglas del debate.

“Responsabilidad suya, no abrir el debate como debe ser democráticamente para primero resolver el tema de cómo se va a delimitar y luego ir al tema de fondo”, manifestó.

Su reclamo apunta a una cuestión procedimental y política: definir con precisión qué propuestas están habilitadas para ser discutidas y cuáles requieren un nuevo sustento antes de incorporarse al debate parlamentario.

El senador también cuestionó lo que calificó como una falta de coordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso, con una referencia directa a Fuerza Popular.

“Está demostrando una descoordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso, me refiero a Fuerza Popular”, sostuvo.

Maravi argumentó que, para que los planteamientos expuestos por los ministros tuvieran el respaldo parlamentario correspondiente, debía existir un documento presentado por un senador o por la bancada de Fuerza Popular que sustentara esas propuestas.

“Para que tuviese valor lo que acaban de sustentar los señores ministros, deberían haber ingresado un documento de algún senador o de la bancada de Fuerza Popular que dé sustento y dé pie justamente a lo que han argumentado”, afirmó.

La intervención dejó planteada una controversia sobre el procedimiento seguido en el Senado para discutir las facultades solicitadas por el Gobierno. Mientras el Ejecutivo busca sustentar las medidas que considera necesarias, Maravi exige que el debate se limite a los asuntos formalmente remitidos y que cualquier planteamiento adicional cuente con el respaldo parlamentario correspondiente.

El fondo de su cuestionamiento es claro: antes de discutir nuevas propuestas, el Senado debe definir qué está autorizado a debatir y sobre qué documentos debe fundamentar su decisión.

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Política

Senador Juan Carlos Del Aguila: “No estamos para hacer agitación política” [VIDEO]

El parlamentario fujimorista cuestionó los gritos, las consignas y el tono de confrontación que, según afirmó, están desplazando el debate parlamentario en el Senado. Comparó el ambiente de la cámara con una asamblea de grupos radicales.

Published

2 días ago

11/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador Juan Carlos del Águila lanzó una dura crítica contra el clima de confrontación que, según sostuvo, se vive en el Senado de la República, donde los gritos y las consignas estarían restando espacio al debate de ideas. Durante su intervención, expresó su preocupación por lo que considera una desviación de la función parlamentaria y exhortó a sus colegas a recuperar el sentido del diálogo y la deliberación política.

“Estamos en el Senado de la República y, a veces, uno se puede confundir y creer que está en la Cámara de Diputados, escucho mucho grito, mucho ruido”, manifestó el legislador, al cuestionar las formas que vienen marcando las discusiones en el hemiciclo.

Del Águila fue más allá y comparó el ambiente parlamentario con el de una asamblea de organizaciones radicales. “Me da la impresión de que pudiera haber una asamblea del FENATEC, incluso del MOVADEF”, afirmó, al advertir que las sesiones corren el riesgo de transformarse en espacios de confrontación y agitación política.

En esa línea, el senador remarcó que la labor de los representantes no consiste en levantar consignas, sino en confrontar posiciones mediante argumentos.

“Los senadores no estamos para hacer agitación política, estamos para debatir ideas, para confrontar posiciones si queremos, pero no para estar en un plan de radicalismos”, sostuvo.

El parlamentario también cuestionó el desarrollo de la sesión en la que se aborda el pedido de facultades legislativas del Gobierno. Según señaló, el país requiere una discusión parlamentaria seria sobre las medidas solicitadas y sus implicancias, en lugar de enfrentamientos que desvíen la atención del tema central.

Del Águila recordó que el premier, los ministros y los viceministros habían acudido al Parlamento para exponer sus planteamientos, pero indicó que todavía faltaba escuchar a otros representantes del Ejecutivo presentes en la sesión.

“Ha venido el premier, han venido los ministros y viceministros y, hasta este momento, presidente, no hemos terminado de escuchar a los demás ministros o viceministros presentes”, señaló.

El senador apeló así a la necesidad de respetar el desarrollo de la agenda parlamentaria y garantizar que las autoridades del Ejecutivo puedan sustentar sus propuestas antes de que el Senado adopte una posición.

Su intervención dejó un mensaje político directo: el debate sobre las facultades legislativas debe centrarse en argumentos, propuestas y decisiones de fondo. Para Del Águila, el Senado no puede perder su papel deliberativo ni convertirse en un escenario de agitación, precisamente cuando el país espera respuestas concretas frente a los problemas nacionales.

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