¿Entre puneños se ayudan? las dudas por la llegada de Javier Calderón al Fondo Editorial del Congreso

Política ¿Entre puneños se ayudan? las dudas por la llegada de Javier Calderón al Fondo Editorial del Congreso La experiencia editorial que acreditó, quién propuso su nombre y si el senador Edgar Mancha de Renovación Popular, tuvo alguna participación son las preguntas que rodean su designación…

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La experiencia editorial que acreditó, quién propuso su nombre y si el senador Edgar Mancha de Renovación Popular, tuvo alguna participación son las preguntas que rodean su designación.

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30 segundos ago

29/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Javier Calderón Mercado asumió el 4 de septiembre de 2026 la jefatura del Fondo Editorial del Congreso de la República (FEC). Su llegada ha generado cuestionamientos porque dirigir un fondo editorial exige experiencia específica en gestión editorial, y su trayectoria, aunque amplia, se ha desarrollado sobre todo en el periodismo regional.

El caso tiene además un ingrediente político. Calderón es puneño, igual que el senador Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, quien es el tercer vicepresidente del senado, pero además, es el actual presidente del Fondo Editorial del Congreso. Es decir, Mancha decide y controla todo lo que se mueve en el FEC.

Un periodista para un cargo editorial

El perfil de Javier Calderón Mercado muestra una trayectoria principalmente vinculada al periodismo regional, la comunicación institucional y la gestión de proyectos comunicacionales en Puno. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, con estudios de posgrado en Relaciones Industriales y Periodismo y Comunicación Digital. Ha trabajado como redactor y editor en medios de comunicación, fue editor de Puno del diario Los Andes y también ocupó cargos relacionados con imagen institucional y comunicación en entidades públicas. Su experiencia, por tanto, se encuentra fundamentalmente en el campo periodístico y comunicacional, con una marcada vinculación con la realidad regional puneña.

A ello se suma experiencia docente y participación en iniciativas culturales y periodísticas. Según el perfil presentado, Calderón Mercado ha conducido y producido programas de comunicación, participado en publicaciones sobre la provincia de Moho, desarrollado labores de consultoría y ejercido la presidencia de la Red de Periodistas Intercultural Bilingüe Puno durante el periodo 2022-2023. Su trayectoria demuestra conocimiento del periodismo, la comunicación pública y la realidad cultural de Puno. De hecho, fuentes periodísticas lo identifican como editor de Puno del diario Los Andes todavía en 2025 y 2026.

Sin embargo, su designación como jefe del Fondo Editorial del Congreso plantea una pregunta que merece una explicación pública: ¿qué experiencia específica acredita para dirigir una institución editorial de alcance nacional?

Fuente: Congreso de la República.

El Fondo Editorial no es solamente una oficina de comunicaciones ni una plataforma periodística: su propia normativa establece que tiene entre sus funciones publicar y difundir obras vinculadas con la función legislativa, las ciencias, las humanidades, la cultura y el patrimonio cultural nacional.

Por ello, más allá de los títulos y cargos consignados en su hoja de vida, resulta legítimo preguntar cuáles fueron los criterios utilizados para escogerlo, qué experiencia concreta posee en dirección editorial y gestión de catálogos de libros, y si existió un proceso competitivo o una evaluación de méritos frente a otros profesionales especializados en edición, investigación, historia, literatura y gestión cultural.

La discusión no debería centrarse únicamente en su trayectoria periodística, sino en la correspondencia entre ese perfil y las responsabilidades específicas que implica conducir el Fondo Editorial del Congreso.

El senador Mancha

Estanislao Edgar Mancha Pineda, sufrió una transformación ideologica, luego de vestir la camiseta de agrupaciones de izquierda como Integración Fuerza San Antonina, Perú Moderno, Somos Pueblo y Frente Amplio, terminó levantando la bandera de Renovación Popular junto a Rafael López Aliaga.

Hoy con un curul en el parlamento, también se ha convertido en Presidente del Fondo Editorial del Congreso. Una de sus primeras movidas en el FEC, ha sido colocar a Javier Calderón Mercado —hombre de izquierda— como jefe de uno de los fondos edioriales más importantes del país.

Lo que sorprende es que Mancha no escuchó recomendaciones de la propia bancada de Renovación Popular para elegir un mejor perfil para el puesto, entonces la pregunta pertinente es ¿por qué Mancha avaló la designación de Javier Calderón Mercado, a pesar que no cuenta con experiencia editorial de libros?

Todo indica que la llegada de Calderón se inclina más a una decisión política e ideológica del pasado de Mancha.

Hay un antecedente. En abril, Calderón publicó en Los Andes el artículo “Siete puneños en el Congreso”, donde repasaba la llegada de los representantes de Puno al Parlamento, con Mancha entre ellos, y hablaba de las expectativas que había y de la posibilidad de que trabajaran coordinados en beneficio de la región.

¿Solidaridad puneña?

Las redes regionales suelen pesar en la política peruana, y por eso el caso merece una revisión. La coincidencia de origen entre Mancha y Calderón no demuestra favoritismo. Lo que se busca saber es si la relación regional o personal entre quienes ocupan cargos de poder influyó en la decisión de quién dirige una de las áreas editoriales del Parlamento.

Lima Gris buscó la versión de Edgar Mancha

Ante las interrogantes que plantea esta designación, Lima Gris intentó comunicarse con el senador Edgar Mancha para conocer su versión y para saber bajo qué criterios se desició el nombramiento de Javier Calderónen el FEC. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta del parlamentario.

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José Marcelo Salazar: “Al pedido de facultades legislativas le faltó ser específico”

Redacción Lima Gris

Política

José Marcelo Salazar: “Al pedido de facultades legislativas le faltó ser específico”

José Marcelo Salazar, diputado de Ahora Nación y presidente de la Comisión de Economía, analiza el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, las dificultades de acceso al crédito, la informalidad y los retos del sistema de pensiones. En esta entrevista a “Lima Gris” explica las observaciones técnicas formuladas por su comisión y plantea algunas de las reformas que considera necesario discutir.

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9 horas ago

28/09/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

La discusión económica en el Congreso vuelve a colocar sobre la mesa problemas que afectan directamente a millones de peruanos: el acceso al crédito, la informalidad, la baja inclusión financiera y la falta de ahorro previsional. En ese escenario, el diputado José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía, explica las razones técnicas que llevaron a su grupo de trabajo a cuestionar el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y detalla las propuestas que, desde el Parlamento, se vienen evaluando para enfrentar estas dificultades. Conversamos con él sobre las tasas de interés, las MYPE, la ampliación de la base tributaria, el ahorro y la necesidad de replantear el sistema de pensiones frente a una economía donde una parte importante de los trabajadores permanece fuera de la formalidad.

Diputado, la Comisión de Economía que usted preside concluyó que no resulta viable otorgar al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas en las materias económicas que evaluaron. ¿Cuál fue la principal razón técnica para rechazar el pedido y qué debería corregir el Gobierno si pretende insistir?

El informe fue emitido en contra de otorgar las facultades legislativas por cuestiones netamente técnicas. Al pedido de facultades le faltó especificidad. Por ejemplo, en algunos casos, respecto al número de beneficiarios, tamaño del financiamiento y operatividad, el pedido debió ser mucho más concreto y específico, y no lo fue.

También encontramos diferencias entre algunos argumentos expuestos políticamente y lo que realmente estaba contenido en el pedido de facultades y en la exposición de motivos. Un ejemplo claro es el tema de las tasas de interés. Se señaló políticamente que el objetivo estaba relacionado con el financiamiento informal, pero ese planteamiento no estaba desarrollado de la misma manera en el proyecto de ley.

En el debate sobre las tasas de interés se ha señalado que el límite existente encarece el crédito y dificulta el acceso al financiamiento. ¿Qué encontró técnicamente la Comisión de Economía?

La exposición de motivos señala que, antes de la existencia de este tope, los bancos daban crédito a determinados clientes por encima del límite y que, actualmente, los créditos se concentran alrededor del límite superior. Sin embargo, la data de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra otra cosa.

En promedio, los tres tipos de crédito señalados en la exposición de motivos —consumo, microempresa y pequeña empresa— están muy por debajo de ese límite superior.

Hay que entender cómo funciona el sistema financiero. La tasa de interés es un reflejo del riesgo del cliente. A mayor riesgo, mayor tasa. Pero también existe una relación entre riesgo y rentabilidad. Los bancos tienen que evaluar cuánto riesgo están dispuestos a asumir y, además, deben realizar provisiones cuando colocan créditos a clientes con mayor riesgo.

Por eso, si una persona tiene un mal historial crediticio o determinadas condiciones que no le permiten acceder al sistema financiero, liberar la tasa no significa necesariamente que automáticamente tendrá acceso al crédito. Podría terminar accediendo a un financiamiento mucho más caro y, eventualmente, sobreendeudándose.

¿Entonces cómo debería abordarse el problema de las personas que actualmente están fuera del sistema financiero?

Hay personas que están fuera del sistema financiero porque su comportamiento crediticio no les permite ser confiables para las entidades financieras. Si alguien no tiene un trabajo fijo, es informal, no tiene una cuenta de ahorro, no posee patrimonio o tiene un mal historial crediticio, eso constituye un factor de riesgo.

Ese problema no se soluciona simplemente subiendo la tasa de interés. Decir que liberando la tasa los bancos podrán prestar a personas de mayor riesgo no necesariamente resuelve el problema. Podría significar que una persona acceda a un crédito, pero a una tasa excesivamente alta.

Dentro del pedido del Ejecutivo se encuentran temas como formalización de las MYPE, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, financiamiento y simplificación administrativa. Si la delegación no es viable tal como fue planteada, ¿qué materias deberían ser atendidas con prioridad mediante proyectos debatidos directamente por el Congreso?

En el informe hemos señalado tres cuestiones que requieren precisiones de fondo. Nuestra evaluación en la Comisión de Economía es netamente técnica, no política. Hemos establecido como criterio que las propuestas deben contar con evidencia. No queremos que la comisión dictamine un proyecto de ley únicamente por una cuestión política y sin sustento técnico.

En el caso del pedido de facultades, hemos hecho observaciones puntuales relacionadas con financiamiento, capitalización de activos y financiamiento de fondos para la pesca. Hemos señalado que deben precisarse aspectos como el tamaño del financiamiento, los mecanismos de garantía, el número de beneficiarios y la magnitud de los recursos involucrados.

Estas precisiones son importantes porque sectores como el agro y la pesca necesariamente tendrán que ser apuntalados ante una eventual afectación por el fenómeno de El Niño.

La Comisión de Economía también ha creado un grupo de trabajo para abordar la formalización económica, la lucha contra la informalidad y la ampliación de la base tributaria. ¿Por qué considera que el Perú no ha logrado reducir significativamente la informalidad y qué cambio concreto debería impulsar el Congreso?

Es necesario ampliar la base tributaria. Hay dos aspectos importantes. Primero, que más personas puedan contribuir, lo que implica reducir la informalidad. Segundo, cobrar las deudas tributarias que mantienen empresas formales que no las han pagado. Estamos gestionando reuniones con las entidades correspondientes y con el Tribunal Fiscal para conocer el tamaño real de esa deuda. La comisión va a tomar acciones concretas para determinar cuánto se debe y quiénes son los deudores.

Porque, si no conocemos esas cifras y quiénes efectivamente deben, el tema puede terminar convirtiéndose solamente en un discurso político.

Usted ha presentado una propuesta para ampliar hasta 2029 la exoneración del impuesto a la renta sobre determinados intereses generados por depósitos de ahorro. ¿Cuál sería el beneficio para los ahorristas y cómo evitar que una exoneración termine favoreciendo principalmente a quienes tienen mayores recursos?

La intención es no desincentivar el ahorro, sino fomentarlo. Las personas que tienen ahorros, en su mayoría, no manejan grandes cantidades de dinero y son sensibles a los costos que les pueda cobrar el sistema financiero.

Si no se mantiene este tipo de medidas, existe el riesgo de incentivar que las personas tengan su dinero en efectivo en lugar de mantenerlo en el sistema financiero.

Ahora bien, estamos haciendo un análisis para determinar si la medida podría aplicarse por tramos. Si una persona tuviera, por ejemplo, diez millones de dólares en una cuenta de ahorro, evidentemente se tendría que evaluar una situación distinta. De todas maneras, se realizarán los estudios correspondientes. La intención es proteger al usuario promedio y no desincentivar el ahorro.

El ciudadano enfrenta informalidad, dificultades para acceder al crédito, empleo precario y un costo de vida que sigue siendo una preocupación. Si tuviera que señalar una sola reforma económica que el Congreso debería aprobar antes de terminar este año, ¿cuál sería y qué resultados concretos debería producir para las familias peruanas?

Creo que la seguridad, para empezar, fomenta el empleo. Hay muchos emprendimientos que han dejado de realizarse por la inseguridad ciudadana. Tengo amigos que han empezado negocios, como cevicherías o anticucherías, y han preferido cerrar. También conozco importadores que han preferido cerrar por las extorsiones. Entonces, la seguridad es un aspecto principal.

En segundo lugar, necesitamos una mayor participación del sistema financiero, con más jugadores que puedan democratizarlo.

Usted también ha planteado que el problema previsional debe volver al debate. ¿Qué reforma considera necesaria frente al alto nivel de informalidad laboral?

Tenemos un problema que se ha dejado un poco de debatir y que creo que debemos retomar: el sistema de pensiones. Una gran parte de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad y no realiza aportes para su jubilación. Cuando esas personas lleguen a ser adultos mayores, no tendrán necesariamente una pensión.

Por eso estamos cerrando un proyecto que plantea modificar la legislación previsional para permitir una cuenta de ahorro libre con fines previsionales dentro del sistema financiero, sin demasiados trámites.

La idea es que una persona que vende en un mercado, un trabajador independiente, un taxista o cualquier trabajador pueda ahorrar en su propia cuenta con fines previsionales.

¿Cómo funcionaría esta propuesta?

La propuesta plantea que ese dinero permanezca destinado a la previsión y no pueda ser retirado libremente, sino que tenga una finalidad de largo plazo. Por ejemplo, podría establecerse que el dinero sea habilitado cuando la persona alcance determinada edad.

No se trataría de un fondo común ni de un fondo colectivo, sino de una cuenta de ahorro previsional individual. Esto también podría contribuir a dinamizar el sistema financiero porque sería dinero que actualmente permanece fuera de él. Estamos hablando de recursos que podrían generar financiamiento de corto, mediano y largo plazo. Si logramos generar una cultura de ahorro para el propio bienestar futuro, creo que podríamos dar un paso importante.

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Política

Morropón: Vertimientos en obras del puente Carrasquillo amenazan el agua de consumo y riego en Piura. ¿A la presidente Keiko Fujimori, le preocupa Piura?

Pobladores alertan sobre la descarga de lodos en el río Piura. El caso compromete a cuatro ministerios del Gabinete de Luis Galarreta e interpela a senadores y diputados representantes por Piura a pocos días de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre y ante la proximidad del fenómeno El Niño 2026-2027.

Published

15 horas ago

28/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

Vecinos de Morropón (Piura), preocupados por la calidad del agua para consumo humano y uso agrícola, denunciaron ante este medio el vertimiento de sedimentos en el río Piura, en el sector donde avanza la construcción del puente Carrasquillo.

Fotografías registradas el pasado 25 de septiembre respaldan la alerta sobre este proyecto de más de 400 millones de soles, ejecutado por la empresa SIMA Perú S.A. en convenio con Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sector hoy a cargo del recién designado ministro José Angello Tangherlini. La obra “Creación Puente Carrasquillo y Accesos, Distrito de Morropón – Provincia de Morropón – Departamento de Piura”, reemplaza un viaducto antiguo de 321 metros y un solo carril por una infraestructura atirantada e híbrida de 550 metros de longitud, dos carriles de circulación y pasarelas peatonales de seguridad.

El caso interpela directamente al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y al gabinete que encabeza el primer ministro y primer vicepresidente Luis Galarreta. Bajo su gestión operan los cuatro sectores clave en esta problemática: Transportes y Comunicaciones (José Angello Tangherlini), Ambiente (Vladimiro Huaroc), Desarrollo Agrario y Riego (Marco Vinelli Ruiz) y Trabajo y Promoción del Empleo (Juan Sheput).

Vecinos de la zona, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias, atribuyen los vertimientos a la empresa ejecutora SIMA Perú S.A. Según señalan, esta situación se repite de manera continua desde hace varias semanas sin que exista hasta el momento un pronunciamiento oficial.La obra busca reemplazar a la antigua estructura, inhabilitada desde 2019 debido a las crecidas del río. Sin embargo, no se trata del primer contratiempo del proyecto: en enero de 2024, Provías Descentralizado anuló la adjudicación de la licitación tras detectarse un presunto conflicto de intereses.

Fotografía 1. Acumulaciones de sedimento fino y agrietado en la orilla del cauce del río Piura, junto a maquinaria de la obra visible al fondo.

Las fotografías tomadas en la zona de la obra documentan la situación reportada: acumulaciones de sedimento y agua con una tonalidad inusual a pocos metros de las maquinarias del proyecto. Si bien las imágenes no reemplazan un peritaje técnico —el cual exige un muestreo de turbidez, metales y pH a cargo de un ente competente—, pero sí respaldan el pedido de una inspección formal en el lugar de parte de la población, que está preocupada ante la posibilidad de una contaminación por sedimentos y lodos.

La principal preocupación de la población de Morropón y sectores como La Huaquilla, La Toma y Hacienda Pabur, entre otros es el uso del agua del río Piura para el riego agrícola, lo que podría comprometer los cultivos y la salud de los consumidores. También la falta de señalización.

El propio Ministerio de Transportes señaló en una publicación que el puente Carrasquillo y su corredor vial (Carrasquillo–Morropón–Chulucanas) podría beneficiar a 255,000 habitantes de las comunidades La Huaquilla, La Toma, Chisca Blanca, Hacienda Pabur, Polvasal, entre otras. Esa cifra da la magnitud poblacional de la zona de influencia directa, aunque el número exacto de personas expuestas al posible impacto ambiental del vertimiento todavía no ha sido determinado por un estudio técnico oficial.

Fotografía 2. Material sedimentado junto a un ducto de gran diámetro, cerca del puente en construcción. El agua del cauce presenta una coloración inusual.

De confirmarse mediante dicho peritaje, los hechos reportados contravendrían la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338, art. 79), su reglamento (D.S. 001-2010-AG, arts. 133, 135 y 277) y los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (D.S. 004-2017-MINAM), normas que exigen tratamiento previo y autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para cualquier descarga a un cuerpo natural de agua. A esto se suman presuntas deficiencias en seguridad y salud ocupacional, materia regulada por la Ley N.° 29783 y fiscalizable por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

En el plano financiero, el proyecto (CUI 2389634) registra un sobrecosto considerable del 19.3%: su presupuesto actual supera los S/ 447.36 millones, frente a una inversión inicial estimada en S/ 375 millones.

En agosto de 2026, Provías Nacional informó que la obra registraba cerca del 12 % de avance, con un retraso cercano al 3 %. A este panorama se suma que, en abril del mismo año, la entidad aprobó una ampliación de 186 días a favor de la empresa SIMA PERÚ S.A. (Resolución Directoral N.º 258-2026-MTC/20), lo que posterga la entrega del proyecto del 30 de diciembre de 2027 al 3 de julio de 2028.

Por su parte, Contraloría General de la República ya había alertado en 2025 sobre deficiencias severas en el estudio definitivo, tales como fallas hidrológicas e hidráulicas, un presupuesto desactualizado con precios de 2022 y errores en exploraciones y metrados. El organismo fiscalizador señaló que no se implementaron las medidas correctivas necesarias, un hecho especialmente crítico frente al riesgo constante de desbordes en el río Piura ante la amenaza del fenómeno El Niño.

Un dato clave revelado por fuentes oficiales afecta la fiscalización de la obra: la supervisión del proyecto está a cargo del Consorcio Supervisor Carrasquillo, conformado por Alpha Consult S.A., Dohwa Engineering Co., Ltd. (Sucursal del Perú) y Lagesa Ingenieros Consultores S.A.

El contrato de consultoría (N.º 003-2024-MTC/20.2) asciende a 16.55 millones de soles. Además, en abril de 2026, Provías Nacional aprobó una ampliación de 186 días mediante la Resolución Directoral N.º 326-2026-MTC/20, lo que extiende el plazo de supervisión hasta el 3 de julio de 2028.

Existe además un elemento que exige especial atención: el Tribunal de Contrataciones Públicas abrió un procedimiento sancionador contra las tres empresas integrantes del Consorcio Supervisor Carrasquillo por la presunta presentación de información inexacta durante el concurso público para contratar la supervisión. La Resolución N.º 4639-2026-TCP-S6 fue emitida el 11 de mayo de 2026, que resolvió: «SANCIONAR al proveedor ALPHA CONSULT S.A. con R.U.C. N° 20107007441, con inhabilitación temporal por el periodo de cuatro (4) meses». Aunque la compañía presentó un recurso de reconsideración, este fue declarado infundado el 2 de julio mediante la Resolución N.º 6799-2026-TCP-S6, la cual confirmó la sanción en todos sus extremos y ordenó la ejecución de la garantía.

Pese a estas resoluciones administrativas, sobre las empresas rige la presunción de licitud en tanto el caso se mantenga en trámite y no exista una decisión firme en la vía judicial.

El trasfondo climático agrava la urgencia del caso. Piura será una de las regiones más afectadas por el fenómeno del ENFEN 2026-2027: el propio puente Carrasquillo reemplaza a una estructura que colapsó ante el aumento del caudal del río Piura, un problema que se agudiza en cada episodio de El Niño Costero.

La región ya sufrió inundaciones severas en 2017 y en 2023, cuando el ciclón Yaku destruyó otros puentes de la zona. Desde mediados de 2026, el Comité Multisectorial ENFEN mantiene la alerta por un nuevo Niño Costero, con probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre fines de este año e inicios de 2027. Ante este escenario, la limpieza del cauce por parte del MTC, Provías Nacional y la ANA resulta una medida de protección indispensable.

Fotografía 3. Vista panorámica del punto observado, con el puente en construcción al fondo y el cauce del río Piura mostrando tonalidades rojizas-marrones.

En este contexto, la acumulación de sedimentos y material de descarte cerca del cauce no solo representa un riesgo de contaminación, sino que reduce la capacidad del río para evacuar agua durante las lluvias. Esta situación eleva el riesgo de desbordes e inundaciones en las comunidades ribereñas, justo a las puertas de la temporada más crítica del año.

Fuente: Provias Nacional, octubre de 2024.

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, convocadas para el 4 de octubre, este caso genera interrogantes clave que la ciudadanía piurana exige responder a los ministros del gobierno de Keiko Fujimori: ¿Quién fiscaliza la ejecución de las obras públicas financiadas con recursos del Estado? ¿Qué medidas inmediatas ha tomado el Ministerio de Trabajo ante las denuncias por fallas de seguridad y salud ocupacional? Y sobre todo, ¿quién garantiza la calidad del agua para la población de Piura?

Frente a este escenario, cabe evaluar si las instancias de los ministerios de Transportes, Trabajo, de Desarrollo Agrario y Riego, y del Ambiente están actuando con la celeridad requerida, o si resulta indispensable la intervención directa del Congreso.

Senadora Karla Schaefer Cuculiza (Fuerza Popular), representante por Piura.

Ante esta situación, los pobladores exigen la intervención inmediata de los parlamentarios por Piura del partido de gobierno y de los otros partidos, para que soliciten información oficial al Ejecutivo, gestionen la fiscalización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el OEFA, y citen a los ministros involucrados si el caso lo amerita. Exigen un peritaje que garantice la calidad del agua para riego y consumo humano.

Diputado Eduardo Enrique Castillo Rivas (Fuerza Popular) junto al ministro José Antonio Chang, representante por Piura.

El pedido se dirige a la senadora Karla Schaefer Cuculiza y a los diputados Eduardo Castillo Rivas, César Revilla Villanueva, Carmela Pucara Paxi y María Luisa Silupú Inga (Fuerza Popular); Félix See Hung Chang (Renovación Popular); Miguel Huamán Cornejo (Buen Gobierno); y Henry Albañil Carmona (Partido Obras), este último con vínculo directo con Morropón por haber residido en el distrito de La Matanza (Morropón).

Mientras no exista una respuesta clara de las autoridades competentes, la ciudadanía seguirá siendo la única línea de alerta frente a una amenaza que, de confirmarse, traerá graves consecuencias ambientales, sanitarias y económicas para miles de familias piuranas.

Diputado Henry Albañil Carmona (Partido Obras) quien representa directamente a Morropón (Piura).

Este medio solicitó la postura del diputado Henry Albañil Carmona, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados (Partido Obras). Aunque el legislador se comprometió a comunicarse con este medio, no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Captura de pantalla de la comunicación con el diputado Albañil del 27/08/2026 a las 1:00 p.m.

El 13 de marzo de este año, la crecida del río Piura provocó un desborde que afectó los trabajos en el puente Carrasquillo. Una nueva crecida no solo pondría en riesgo el cronograma de la obra, sino que dejaría incomunicadas a miles de familias en el Alto Piura.

Fuente: Noticias Buenos Aires (Piura) fecha 13 de marzo de 2026.

Cabe destacar que el Poder Ejecutivo a cargo de la presidente Keiko Fujimori cuenta con las atribuciones directas para intervenir ante esta amenaza sin necesidad de solicitar facultades legislativas.

Datos:

Pese a que Fuerza Popular obtuvo más de 590 mil votos en Piura y 53 mil en Morropón en la última contienda presidencial, ninguno de sus representantes —ni los legisladores de Renovación Popular, Buen Gobierno o Partido Obras— visitó los trabajos del puente Carrasquillo en la reciente semana de representación.

Esta omisión plantea un cuestionamiento directo al partido de gobierno: ¿cuál es la prioridad de Keiko Fujimori frente a las demandas de Piura? ¿O prefiere hacer en vivos de Tik Tok para recuperarse en las encuestas?

En su página web, el portal jurídico LP Derecho mantiene una imagen del ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, luciendo la banda presidencial del Perú junto al fajín ministerial. Esta publicación plantea una pregunta inevitable: ¿responde a una equivocación gráfica o sugiere una información aún no compartida con la ciudadanía? Atenta señora Fujimori.

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Política

Diputado Óscar Reto sobre el Fenómeno del Niño: “Estamos llegando tarde en la reducción del riesgo”

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, de la bancada del Buen Gobierno, recorrió Chosica y Chaclacayo y advirtió que, de los 536 puntos de intervención considerados para la preparación ante emergencias, solo 26 se encontraban en ejecución. El parlamentario señaló que aún existen puntos críticos pendientes, reclamó mayor presupuesto para maquinaria y planteó fortalecer el papel del CENEPRED para anticiparse a los riesgos y evitar que el Estado actúe únicamente después de una emergencia.

Published

1 día ago

27/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La experiencia que dejó el fenómeno de El Niño de 2017 vuelve a poner a prueba la capacidad del Estado para anticiparse a una emergencia. Óscar Reto, quien entonces estuvo al frente de la respuesta militar en el norte del país, ha recorrido nuevamente zonas vulnerables como Chosica, Chaclacayo, Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad para identificar qué se ha hecho y qué continúa pendiente. Desde esa experiencia, advierte que no basta con ejecutar obras de prevención: también es necesario contar con planes de contingencia, maquinaria, zonas de evacuación, agua y logística para atender a la población si las lluvias, huaicos o desbordes llegan antes de que culminen las intervenciones.

Diputado, usted recorrió el día viernes Chosica y Chaclacayo y pidió saber exactamente qué obras están terminadas y cuáles continúan pendientes. Encontró que, de los 536 puntos de intervención considerados para la preparación ante emergencias, solo 26 estaban en ejecución. ¿Estamos llegando tarde a la prevención?

Estamos llegando tarde en la reducción del riesgo. Después de la prevención viene precisamente esta etapa, que comprende los trabajos destinados a evitar y reducir los riesgos.

En algunos puntos de Chosica y Chaclacayo no se llegará a culminar las intervenciones previstas. Por ello, deben activarse los planes de contingencia, los planes de evacuación y las acciones para garantizar la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las zonas que puedan quedar aisladas.

La gestión del riesgo tiene varias fases: estimación, prevención, reducción, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. La estimación y la prevención están a cargo del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), que identifica los riesgos y proporciona información para que las autoridades puedan tomar decisiones, por ejemplo, evitando otorgar títulos de propiedad en lechos de ríos o en laderas inestables.

El problema es que esa información muchas veces no se ejecuta ni se toma en cuenta. Por eso, además de avanzar en la reducción del riesgo, es necesario fortalecer el trabajo preventivo y preparar desde ahora los planes de contingencia para los lugares donde las obras no puedan culminarse a tiempo.

En el caso de la ANA, de los 70 puntos que tiene asignados, 53 permanecían pendientes. ¿Qué está fallando? ¿Falta de presupuesto, problemas de gestión, burocracia o falta de coordinación entre las instituciones? ¿Quién debe responder por estos retrasos?

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) depende del Gobierno central. Entonces, quien tiene que responder por eso es el Gobierno central. En algunos puntos también existe falta de decisión política para contratar maquinaria y de presupuesto para poder hacerlo. Por ejemplo, faltan atender los puntos de Vallecito, Alaceras y Ñaña. Incluso, cuando se desborde esa quebrada, el agua puede llegar hasta la carretera Ramiro Prialé, llevando lodo y dificultando el tránsito. No la inhabilita, pero sí restringe el cauce.

También hay lugares que todavía faltan contemplar como puntos críticos. En otros casos, por falta de maquinaria, no se va a poder intervenir, y ahí es donde entran los planes de contingencia.

Usted también ha dicho que no basta con prevenir, sino que también hay que estar preparados para responder. Si las lluvias intensas o huaicos se producen antes de que culminen las obras, ¿qué capacidad real tiene el Estado para responder y proteger a las poblaciones que ya están identificadas como zonas de riesgo?

Dentro de la respuesta que debe dar el Gobierno, normalmente a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los bomberos, se debe brindar una atención inmediata. Por ejemplo, durante mi intervención en Chaclacayo y Chosica pregunté: “¿Tienen ustedes un lugar donde van a evacuar a su población?”. A lo que respondieron: “Sí, el estadio”.

Muy bien. ¿Cuál es el aforo? Diez mil personas caben en el estadio. Perfecto, entonces estamos hablando de un promedio de unas tres mil familias. Asimismo, pregunté: “¿Tienen agua para abastecer durante 24 horas a diez mil personas?”. Porque una cosa es que el Estado tenga agua y otra es disponer de ella inmediatamente para diez mil personas que pueden llegar en una, dos o tres horas a un estadio. Por eso, advertí que debían tenerlo previsto.

Lo mismo ocurre en un colegio o en un albergue. Si van a llevar allí a la población, también tiene que intervenir la Policía Nacional para mantener el orden. La experiencia que tuve en Piura demuestra que pueden presentarse situaciones como tocamientos indebidos o peleas entre familias, porque tenemos que considerar que la población se encuentra muy tensa y estresada.

Por eso, el responsable de un albergue tiene que ser una persona con capacidad de liderazgo y autoridad; no se puede colocar a cualquier persona. Por ejemplo, si existe un descampado donde se pueda instalar a la población con sus carpas, primero hay que habilitarlo. Se debe establecer dónde estarán las letrinas, la zona de carpas, el lugar de preparación de alimentos, la ubicación del personal policial y la distribución entre personas solteras y familias. Todo eso forma parte de la prevención.

También hay que prever dónde estarán los tanques elevados para abastecer de agua a la población. INDECI entrega una carpa y un balde a cada poblador, por lo que también se debe organizar la distribución de las carpas para que, cuando llegue la cisterna, pueda abastecerlas adecuadamente.

Hay que considerar también los reservorios, las zonas de duchas y todos esos detalles. Son aspectos mínimos, pero muy importantes. No se trata solamente de decir: “Vayan allá”. Hay que organizarse.

Usted ha señalado que la Cámara de Diputados debe fiscalizar y hacer seguimiento. ¿Está dispuesto el Congreso a establecer responsables y pedir sanciones si las entidades que tienen a su cargo las obras no cumplen los cronogramas de prevención?

La labor de determinar responsabilidades corresponde al Poder Judicial, de acuerdo con las leyes. Nosotros fiscalizamos y detectamos situaciones. Si encontramos que algo está mal, en nuestra opinión, corresponde comunicarlo a la Contraloría o a la Fiscalía. Y, si todavía estamos a tiempo, también se puede alertar a la entidad correspondiente, como lo estoy haciendo yo y, en general, los diputados.

Usted ha recorrido diferentes regiones y ha señalado que su experiencia durante el fenómeno de El Niño de 2017 le permite advertir situaciones que podrían repetirse. ¿Qué ha encontrado en estos recorridos?

Yo fui comandante general durante el fenómeno de El Niño de 2017 y responsable de la respuesta militar en el norte, particularmente en Piura. Estuve en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Áncash. Por eso, humanamente y por mi conciencia, no puedo dejar de advertir lo que conozco.

He ido a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad para alertar sobre situaciones concretas: si el agua se desborda por determinado lugar, ¿dónde está la zona de albergues?

Por ejemplo, si en Piura hubo alrededor de 25 mil personas afectadas, debe existir capacidad de albergue para esa cantidad de población. Hay que identificar estadios, colegios y otros espacios, y garantizar que no les falte agua.

Por eso, considero necesario seguir recorriendo estos lugares y advertir sobre aquello que puede mejorarse.

Si hoy ya conocemos cuáles son los puntos críticos y sabemos qué obras están pendientes, ¿qué tendría que ocurrir para que el Estado deje de explicar los retrasos después de una emergencia y empiece a responder antes de que ocurra?

En este momento todavía faltan cubrir algunos puntos críticos. Para ello, se necesita también la participación de la sociedad civil y de la empresa privada. Falta presupuesto. Por eso, sugiero que exista un presupuesto destinado a contratar maquinaria. En el lugar denominado Vizcachera, por ejemplo, los pobladores solicitaron al Ejecutivo que se contrate maquinaria.

También están las zonas de Vallecito, Alaceras, Ñaña y Ramiro Prialé. Están previstas como puntos críticos, pero probablemente no sean cubiertas porque no tienen prioridad.

Si cae un huaico por esa zona, es poco probable que afecte directamente a las personas, pero el agua y el material que arrastre pueden llegar hasta Ramiro Prialé. Eso representa un riesgo importante. Además, hemos detectado tres puntos que no han sido considerados adecuadamente.

Uno es el puente peatonal que une Chaclacayo con Chosica, denominado puente peatonal Pérez de Cuéllar, que actualmente presenta condiciones preocupantes. Cuando llegue el río con piedras y con la fuerza que suele tener, podría llevárselo.

El segundo punto está en Chaclacayo, en Cucipata. Allí el agua puede chocar contra un antiguo botadero. Cuando llegue el agua, puede arrastrar la tierra y entrar en contacto con los residuos, generando malos olores y posibles problemas sanitarios.

El tercer punto está en Huascarán, donde existe un botadero. En Cucipata, Chaclacayo, el agua puede encauzarse no por la ladera del cerro, sino por la zona donde están ubicadas las viviendas, con el riesgo de afectar algunas casas.

Esos son tres puntos que hemos detectado y que no han sido cubiertos como puntos críticos: el puente peatonal Pérez de Cuéllar, la zona de Cucipata, en Chaclacayo, y el exbotadero de Huascarán.

El resto de puntos han sido detectados y, en algunos casos, ya cuentan con presupuesto y se están ejecutando trabajos. En otros, por razones de tiempo o falta de maquinaria, las obras no se están terminando. Sobre esos puntos se deben establecer planes de contingencia.

El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, ¿qué responsabilidad tiene frente a los retrasos en las obras de prevención?

El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, está fiscalizando, personalmente, como le mencioné he estado en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y también en Lima, específicamente en Chosica y Chaclacayo.

En estos lugares existe responsabilidad del gobierno regional en materia de prevención y, en el caso de Lima Metropolitana, del alcalde, sin embargo, cuando un gobernador señala que ya no tiene capacidad para atender una determinada situación, debe intervenir el Gobierno nacional.

En este caso, el Gobierno nacional ya está interviniendo a través de la ANA, el Minagri y el Ministerio de Vivienda, entre otras entidades, se está habilitando presupuesto. Justamente, el viernes, el CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y que debe estar presidido por la presidenta de la República, tuvo su primera sesión.

Como presidente de la Cámara de Diputados, saludo esa decisión de que la presidenta se ponga al frente, porque quien preside el CONAGER es precisamente ella.

Para finalizar, ¿qué mensaje considera importante dejar frente a la preparación de la población ante una eventual emergencia?

Debemos trabajar como una sola fuerza, la población está recibiendo ayuda por parte del Gobierno y del Estado, pero también tiene responsabilidades, hay que brindar una buena educación a los hijos para que las siguientes generaciones no repitan los mismos errores.

Por ejemplo, ¿por qué muchas personas no tienen título de propiedad? Porque en muchos casos fueron invasores. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Treinta y cinco, cuarenta, incluso cuarenta y cinco años, según me comentó una persona.

Ahora que se ha tomado conciencia de esa situación, también hay que enseñar a las nuevas generaciones que esas acciones no deben repetirse, es cierto que hubo inacción del Estado y de las autoridades de aquella época, así como falta de conciencia de parte de la población. Pero ahora debemos tomar conciencia y cumplir las normas cívicas que nos enseñan desde el colegio, como no arrojar basura y respetar las disposiciones. También tenemos que poner de nuestra parte. Todavía hay muchas cosas que están pendientes.

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Política

Sin ser presidente, López Aliaga promete S/ 18 mil millones para el Gobierno de Perú

El candidato celeste vuelve a traficar con la ilusión del país prometiendo S/ 18 mil millones sin sustento ni competencia. El mismo que juró que su “palabra vale oro” y abandonó la alcaldía de Lima tras dejarla endeudada, reaparece con cifras al aire. El Perú no necesita más vendedores de humo.

Published

2 días ago

27/09/2026

Luis Felipe Alpaca

El candidato a primer regidor metropolitano, Rafael López Aliaga vuelve a vender humo y ahora promete públicamente S/18 mil millones. En un programa periodístico de prime time anunció que está gestionando ese monto para inversiones para el Gobierno de Perú antes de fin de año y que se los entregará a la presidenta Keiko Fujimori.

¿De dónde saldrán esos S/18 mil millones? ¿Qué entidad los financiará? ¿Existe un documento, convenio, carta o compromiso que respalde semejante operación? López Aliaga habla de una gestión millonaria, pero no revela la fuente, ni menciona a la entidad en la que, según afirma, viene gestionando el supuesto financiamiento.

No se necesita ser inteligente para darse cuenta que un candidato metropolitano, no tiene ninguna competencia institucional del Poder Ejecutivo para gestionar inversiones nacionales. Anunciar cifras deliberadamente no convierte una promesa política en financiamiento público.

Sin embargo, López Aliaga otra vez arremete con su discurso del gran gestor financiero y asegura que está haciendo el “trabajo” después de las elecciones presidenciales que, según él, le robaron. Dice que no es mezquino y que entregará su plan con los millones a Keiko. “El Perú necesita inversión para que un país crezca al 6%, 7%, porque así disminuye la pobreza, aumenta el empleo y disminuye la anemia. Mi intención es que a este gobierno le vaya bien. Yo me estoy sacando el ancho”, afirmó.

El problema es que el personaje celeste tiene nefastos antecedentes políticos que siempre deben recordarse para el bien de las nuevas generaciones. Luego de ser elegido alcalde de Lima, en 2022 aseguró: “mi palabra vale oro” y prometió que culminaría su gestión municipal. Sin embargo, en octubre de 2025 renunció y abandonó la Municipalidad Metropolitana de Lima para postular a la Presidencia. Felizmente la frase quedó registrada y la decisión de librarse de la MML también. Es decir, todo queda, porque los ‘chanchos ya no vuelan’.

Mientras vuelve a venderse como gestor exitoso todoterreno, los cuestionamientos sobre su administración municipal nunca cesarán. ¿Un político que dejó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) endeudada con S/5 mil millones pagaderos a 20 años, va ahora atraer inversiones para todo el Perú sin ser presidente? La pregunta se cae por sí misma y se convierte en el chiste que se cuenta solo.

Está, además, el caso del bufete estadounidense de abogados ‘Boies Schiller Flexner’, vinculado a su amigo Martín De Luca.

Como se conoce, el Estudio Arbizu & Gamarra denunció penalmente ante la Fiscalía a López Aliaga por presunta colusión y negociación incompatible, señalando nueve contrataciones por S/97.510.450 a favor del estudio de De Luca. La Fiscalía inició una investigación preliminar sobre esos contratos.

Cuando alguien como López Aliaga anuncia S/18 mil millones para el bien del país, pero no muestra de dónde vienen, el periodismo tiene la obligación de preguntar y cuestionar, y no de aplaudir. Porque el Perú ya no necesita un vendedor de humo con calculadora en mano ‘con tal de salir electo y chapar el erario’. Mientras tanto, en redes sociales, la defensa de su candidatura cuenta con un ejército de troles y una granja de BOTS. ¿Cuántos millones cuesta mantener eso?

Un país no se construye con cifras lanzadas al aire, frases populistas, ni marketing político. Se construye con documentos, hechos, instituciones, transparencia y resultados.

Porque prometer S/18 mil millones desde un estudio de televisión es muy fácil, pero responder por cada sol público gastado cuesta muchísimo más. Y si no aparecen los documentos gestionados, nuevamente estamos ante un vendedor compulsivo de humo, especialista en prometer una potencia mundial y experto en inflar cifras y vender esperanzas con la billetera ajena.

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Política

Diputada Yonz exige acelerar convenio para internado médico de estudiantes de la UNICA

Ante la preocupación de los alumnos de Medicina Humana, la diputada por Ica gestiona ante EsSalud y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga la renovación del convenio que permitirá su participación en el internado médico 2027.

Published

2 días ago

27/09/2026

Redacción Lima Gris

Ante la preocupación expresada por estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) por el riesgo de no acceder al Programa de Internado Médico 2027 de EsSalud, la diputada por Ica, Verónica Yonz Núñez, intensificó sus gestiones para acelerar la renovación del convenio entre ambas instituciones.

La parlamentaria inició sus acciones el pasado 11 de septiembre, cuando solicitó información a la Red Asistencial Ica y a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud sobre el estado del Convenio Marco con la UNICA, las acciones pendientes y los plazos previstos para culminar el proceso de renovación.

El convenio anterior tuvo vigencia hasta agosto de 2026 y su renovación es necesaria para que los estudiantes de Medicina Humana puedan acceder oportunamente a las plazas de internado en los establecimientos de EsSalud.

Como parte del seguimiento, Yonz Núñez sostuvo una reunión con el rector de la UNICA, Dante Calderón Huamaní, a fin de conocer las acciones emprendidas por la universidad y verificar el avance de la documentación requerida por EsSalud.

Durante el encuentro se informó que, mediante el Oficio N.° 1354-2026-R-UNICA, la universidad remitió la documentación solicitada para continuar con el procedimiento. Dichos documentos fueron recibidos por la Red Asistencial Ica de EsSalud el pasado 21 de septiembre.

Con esta información, el 24 de septiembre la parlamentaria remitió un nuevo oficio a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás Gonzales, solicitando que se priorice la evaluación del expediente y que, de verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos, se adopten las medidas necesarias para viabilizar la suscripción del Convenio Marco a la brevedad.

Asimismo, pidió que EsSalud informe cuáles son las acciones que aún se encuentran pendientes y cuál es el plazo estimado para culminar el procedimiento, considerando la proximidad del inicio del internado médico correspondiente al año 2027.

“Los estudiantes están haciendo un justo reclamo y merecen respuestas claras y oportunas. Vamos a exigir tanto a EsSalud como a las autoridades de la universidad que cumplan con lo que les corresponde. No podemos permitir que una falta de respuesta oportuna termine poniendo en riesgo el internado y la formación profesional de nuestros futuros médicos”, sostuvo la diputada Verónica Yonz Núñez.

La parlamentaria señaló que continuará realizando el seguimiento correspondiente hasta obtener una respuesta concreta de las instituciones involucradas y garantizar que los estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para continuar su formación profesional.

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Política

Francis Allison: Del calabozo de Miami al sillón de la alcaldía de Lima

El candidato a la Alcaldía de Lima arrastra una condena en Estados Unidos, denuncias por millones en aportes no pagados y un cuestionamiento de Contraloría que resurgió en pleno debate electoral.

Published

3 días ago

26/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Francis Allison compite por la Alcaldía de Lima con un historial que combina procesos judiciales de distintas épocas, denuncias municipales y cuestionamientos electorales acumulados desde su etapa como ministro de Vivienda y sus dos gestiones al frente de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Entre esos antecedentes hay uno que pocos recuerdan: en 2010 pasó cuatro días en una cárcel de Miami, condenado junto a su esposa por no declarar más de 50 mil dólares en efectivo ante la aduana estadounidense.

A esa condena se suman una investigación por lavado de activos vinculada al caso Business Track que terminó archivada, una denuncia penal por 18 ordenanzas que permitieron edificios de hasta 25 pisos en Magdalena, otra por S/32 millones en aportes de trabajadores municipales que nunca habrían sido entregados, y un informe de Contraloría que la candidata Mónica Yaya sacó a relucir en pleno debate por la Alcaldía de Lima.

El caso business track y la investigación por lavado de activos

Cuando era ministro de Vivienda, en 2009, Allison reconoció haber trabajado como abogado y consultor para Business Track (BTR), la empresa investigada por interceptaciones telefónicas ilegales. Negó haber conocido las actividades ilícitas de la compañía y haber frecuentado sus oficinas. La investigación fiscal derivada de esa relación llegó a incluir hipótesis de lavado de activos, peculado y concusión; la parte de lavado de activos fue archivada, aunque años después la Procuraduría cuestionó ese archivo y pidió revisar con más detalle determinados movimientos financieros.

La condena en Miami por dinero no reclarado

En enero de 2010, una corte federal de Miami condenó a Allison y a su esposa por no declarar 50,250 dólares en efectivo ante las autoridades aduaneras al ingresar a Estados Unidos. La sentencia impuso cuatro días de cárcel y una multa de 3,000 dólares para cada uno, el dinero fue incautado y ambos quedaron impedidos de ingresar al país durante tres años.

Francis Allison y su esposa en el 2010.

Las denuncias de San Isidro por licencia y cambios de jurisdicción

Durante el conflicto territorial entre San Isidro y Magdalena, la Municipalidad de San Isidro denunció penalmente a Allison y a funcionarios de Magdalena por modificaciones de jurisdicción de ciertos predios y el otorgamiento de licencias de construcción que consideraba irregulares. La denuncia se amplió después por una presunta falsedad genérica vinculada a los documentos de esos cambios de jurisdicción.

Los edificios que superaron la altura permitida en Magdalena

Una investigación de El Comercio identificó 18 ordenanzas aprobadas entre 2009 y 2018 que permitieron construcciones de hasta 25 pisos en zonas de Magdalena del Mar donde antes regían límites menores, y que estuvieron relacionadas con 67 edificios construidos entre 2016 y 2019. Varias de esas ordenanzas, según la investigación, se aprobaron sin los informes técnicos y jurídicos correspondientes ni la ratificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En septiembre de 2021, la propia Municipalidad de Magdalena denunció penalmente a Allison y a miembros de los concejos municipales involucrados, en un caso que quedó a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios. Allison respondió que los alcaldes no votan las ordenanzas y que la responsabilidad correspondía a los regidores que las aprobaron.

La denuncia por S/32 millones de aportes de trabajadores

En noviembre de 2019, la Municipalidad de Magdalena denunció a Allison por el presunto incumplimiento de pagos de seguros, retenciones y aportes de pensiones de trabajadores municipales, por una suma cercana a los S/32 millones. La denuncia sostuvo que durante su gestión se habrían hecho descuentos a los trabajadores sin entregar esos fondos a las entidades correspondientes, y fue presentada ante la Segunda Fiscalía Penal de Magdalena del Mar como presunta omisión de funciones y retardo injustificado de pagos. También quedó comprendido el entonces gerente municipal, a quien se cuestionó por no supervisar esos pagos.

La acusación vinculada a la fiscal Elizabeth Peralta

En diciembre de 2024, un reportaje televisivo sostuvo que Allison habría financiado trabajos de remodelación en una vivienda vinculada a la entonces fiscal Elizabeth Peralta, y relacionó esa ayuda con la investigación por lavado de activos que antes lo había involucrado. Allison rechazó la versión y explicó que la investigación en su contra había sido archivada en 2015, mientras que Peralta fue nombrada fiscal especializada en lavado de activos recién en 2016. Reconoció que la conocía y que mantenían una relación de amistad.

La Cámara de EMAPE retirada en la Costa Verde

En 2026, la Municipalidad de Lima cuestionó a Allison por el retiro de una cámara de control instalada en la Costa Verde y anunció acciones legales. Allison respondió que el equipo había sido instalado por Lima sin autorización de la Municipalidad de Magdalena y cuestionó la forma en que se pretendía aplicar las sanciones del sistema de control.

El informe de Contraloría que surgió en el debate electoral

Durante el debate por la Alcaldía de Lima, la candidata Mónica Yaya cuestionó a Allison por el Informe N.º 111-2026 de la Contraloría, que señalaría bienes faltantes valorizados en más de S/2.8 millones y gastos superiores a S/2 millones sin sustento, correspondientes al periodo de 2025. Allison respondió que desconocía el informe y que esos cuestionamientos no correspondían a su gestión; Yaya insistió en que el documento sí estaba referido a ese periodo.

Allison ha respondido a la mayoría de estos casos calificándolos de denuncias políticas o de responsabilidades que no le correspondían, mientras su gestión en Magdalena del Mar —dos periodos consecutivos como alcalde— sigue siendo el terreno donde sus adversarios concentran los cuestionamientos, ahora que busca extender esa gestión a toda la capital.

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Política

Liceo Naval Almirante Guise: la cercanía de la viceministra Miriam Ponce con los liceos de la Marina

En el 2023 y 2024, la exministra de Educación Miriam Ponce y hoy viceministra en el MINEDU realizó visitas a los liceos navales Almirante Guise y Contralmirante Montero. Además, el 18 de setiembre, día de la publicación del Decreto Supremo n.º 016-2026-MINEDU que dispuso la reorganización de la gestión educativa y gobernanza a cargo del MINEDU, se reunió con dos oficiales de la marina. Además, en el 2014 se reportó un caso de violencia sexual en el liceo sin que hubiera consecuencias legales para el agresor.

Published

3 días ago

26/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 18 de septiembre, el Ministerio de Educación asumió la administración directa del Liceo Naval Almirante Guise (San Borja) hasta diciembre de 2027, luego de la denuncia por presunta agresión sexual contra un alumno de 16 años en un transporte escolar.

La reorganización, de momento, según declaraciones del ministro José Antonio Chang, es conducida con el apoyo de los viceministros Luis Alemán Nakamine (Gestión Institucional) y Miriam Ponce Vértiz (Gestión Pedagógica). El sistema SíseVe está a cargo del Viceministerio de Gestión Institucional (VMGI) del Ministerio de Educación del Perú (Minedu) a través de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar (DIGC) desde el 2015. Sin embargo, la presencia de la hoy viceministra Miriam Ponce genera interrogantes por sus vínculos previos con los liceos de la Marina y sus actuaciones como ministra de Educación frente a los casos de violencia escolar reportados en los liceos navales.

El 22 de noviembre de 2023, la exministra de Educación Miriam Ponce Vértiz y el entonces director del Liceo Naval Almirante Guise, Guido Revilla Obando, la coordinadora del nivel secundaria Carito Ayala Delgado y otros representantes. Fuente: Portal oficial del Liceo Almirante Guise.

El 22 de noviembre de 2023, en su rol de ministra de Educación, visitó el Liceo Naval Almirante Guise. En esa ocasión, posó junto al entonces director Guido Revilla Obando —quien ejerció la titularidad del plantel entre enero de 2023 y diciembre de 2024— y a Carito Ayala Delgado, subdirectora general en esa fecha y posterior directora en 2026.

Fotografía de la visita de la hoy viceministra Miriam Ponce al Liceo Naval «Contralmirante Montero» en agosto del 2024 con la participación de autoridades del Liceo Almirante Guise. Fuente: Portal oficial del Liceo Almirante Guise.

En agosto de 2024, Miriam Ponce participó en un acto institucional en el Liceo Naval Contralmirante Montero junto al contralmirante Alfredo Osorio Bromberg (director de Bienestar de la Marina), el capitán de navío Marco Goytizolo Castagnola (jefe del Departamento de Educación de Bienestar de la Marina), Roberto Jiménez Torreblanca (director ejecutivo de la Fundación de Bienestar Naval) y el entonces director del Liceo Naval Almirante Guise, Guido Revilla Obando.

Según recogió el diario Expresión en: «El portal SíSeVe arrojó que se habían reportado 144 casos de violencia escolar en el Liceo Naval durante los últimos cinco años; el 2023, 31; el 2024, 30; y el 2025 se alcanzó la cifra récord de 45 casos. En lo que va de este año se han reportado 10 casos».

Teniendo en cuenta que Miriam Ponce fue titular del Minedu entre septiembre de 2023 y abril de 2024, y según lo informado, se generaron más de 30 reportes de violencia escolar, surge una interrogante clave: ¿conocía la actual viceministra sobre las alertas de violencia escolar en los liceos navales durante su gestión ministerial? ¿Recibió algún informe? ¿Cuáles fueron sus actuaciones en ese entonces?

El 18 de setiembre, la viceministra Miriam Ponce se reunió (de 18:05 a 19:15 horas) con el vicealmirante Alberto Avilez Puertas (director general del personal de la Marina) y el capitán de navío Marco Goytizolo Castagnola.

Dado que los temas de la reunión no se hicieron públicos, queda pendiente una respuesta pública por parte del Minedu a cargo del Dr. Chang: ¿existe una verdadera voluntad institucional para ejecutar una reingeniería en el Liceo Naval Almirante Guise o primarán las lealtades cruzadas? Asimismo, ¿qué temas abordaron los oficiales de la Marina de Guerra y la viceministra Miriam Ponce? Ministro Chang le preguntó a Miriam Ponce: ¿Qué acciones realizó en su periodo como ministra de educación frente a los hechos de violencia escolar reportados en los liceos navales?

Por otro lado, el pasado 18 de septiembre, seis de los diez adolescentes investigados por la agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), tras dictarse cuatro meses de internamiento preventivo. Sin embargo, su permanencia en el establecimiento ha generado controversia debido a denuncias sobre presuntos privilegios que estarían recibiendo en el centro.

¿Qué papel cumplió Carito Ayala, exdirectora del liceo Almirante Guise, en el caso de presunta violencia sexual?

En una entrevista en Willax, el abogado de la víctima, Jorge Petroscio, afirmó que la denuncia por omisión de funciones contra dos profesores fue presentada a título personal por la subdirectora del Liceo Naval, a quien identificó como la segunda al mando de la entonces directora Carito Ayala: «La Marina, entre comillas, presenta una denuncia ante la comisaría de San Borja por omisión de funciones contra los dos profesores. […] quien ha presentado esa denuncia a título personal es la subdirectora del Liceo Naval, en otras palabras, la segunda al mando de la exdirectora Carito Ayala». También agregó: «Ella sabía perfectamente lo que había pasado. Ella lo sabe desde el día 15, en la noche, en la tarde noche. Ahí está el acta. Podría ir presa».

Para el abogado Petroscio, la subdirectora habría actuado por disposición de la Marina: «Esta subdirectora para nosotros ha actuado porque la Marina le tiene que haber dado la orden y le ha dicho: ‘Anda a la comisaría […] y sentó una denuncia ‘» presentó una denuncia en la comisaría de San Borja limitada al delito de omisión de funciones contra dos profesores, sin incluir a la exdirectora del plantel ni a las autoridades navales de las que depende jerárquicamente la institución, entre ellas el contralmirante Carlos Guerrero, director de Bienestar de la Marina.

Petroscio ha solicitado a la fiscalía ampliar la imputación a delitos de violación sexual por comisión por omisión, abandono de menor, encubrimiento personal y omisión de denuncia, y extenderla a la exdirectora. La estrategia de acotar la responsabilidad a dos docentes, sin tocar la cadena de mando naval, reabre la misma pregunta de fondo: ¿Protege la gestión de José Antonio Chang a la víctima, o protege al Liceo Almirante Guise en coordinación con la Marina de Guerra?

Caso 2014: Los antecedentes de impunidad y «espíritu de cuerpo» en el colegio naval

Abogada penalista Romy Chang durante entrevista con el periodista Christian Hudtwalcker. Fuente: Willax Televisión.

La impunidad frente a los casos de violencia sexual en el Liceo Naval Almirante Guise no sería patrón inédito. En 2014, durante un viaje de promoción a Punta Cana, una estudiante del mismo colegio fue víctima de una violación sexual por parte de un compañero.

Según relató la abogada penalista Romy Chang el día de ayer en el programa Ahora y En La Hora, conducido por el periodista Christian Hudtwalcker en Willax Televisión, quien patrocinó el caso, señaló: «No solamente porque el colegio negaba o quería de alguna manera decir que no tenía mayor responsabilidad, porque decían que era el viaje de promoción».

Según la abogada, el colegio negó responsabilidad institucional: «[…] Todas las reuniones de coordinación fueron en el colegio, partieron desde el colegio», alegando que el hecho ocurrió fuera de sus instalaciones, pese a que el viaje había sido coordinado desde el propio plantel. Además, el agresor habría contado con apoyo de otros padres de familia de los estudiantes del liceo AG, según la versión de la abogada; «hubo también todo un espíritu de cuerpo entre varios papás de otros niños para ayudarlo a salir del país» —varios de ellos vinculados a la Marina—, evadió una orden de captura en República Dominicana y regresó al país.

A pesar de que en primera instancia se le impuso un año de internamiento, el proceso judicial prescribió en segunda instancia debido a que el plazo legal para sancionar a menores infractores era de solo dos años. Como resultado, el estudiante continuó sus clases en el plantel sin recibir sanción disciplinaria alguna. Este antecedente, debidamente documentado, sugiere que la minimización de denuncias por parte del Liceo Naval AG no sería un caso aislado, sino una práctica reiterada. Mantener la atención pública sobre este hecho y otros resultará indispensable para evitar la impunidad de los agresores.

Según la abogada Chang, respecto a la prescripción: «Hay un cambio normativo que hay que hacer. El plazo de prescripción sigue siendo muy corto; 4 años es insuficiente.»Desde la Cámara de Diputados han impulsado el 21 de setiembre una moción de interpelación contra el ministro Chang; sin embargo, las bancadas de oposición no incluyeron dentro de este pliego interpelatorio lo ocurrido dentro del Liceo Naval Almirante Guise.

Finalmente, la designación de Luis Alemán Nakamine como director temporal, oficializada el 21 de septiembre mediante la Resolución Ministerial n.º 576-2026-MINEDU, constituye un hecho relevante en el organigrama del sector. Como viceministro de Gestión Institucional, Alemán es el superior jerárquico de las áreas que administran los sistemas de gestión del Minedu, entre ellos el SíseVe (Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar).

Esta doble función plantea interrogantes de evidente interés público: ¿qué rol asumirá en la supervisión de los informes del SíseVe mientras conduce la reorganización de un colegio investigado por omitir alertas de violencia sexual? ¿Prevalecerá nuevamente el «espíritu de cuerpo», como habría ocurrido en 2014?

La ciudadanía no podrá tener certeza de que la reingeniería prometida en el Liceo Naval Almirante Guise por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se cumplirá mientras persistan zonas de opacidad entre quienes deben fiscalizar y quienes, históricamente, han evadido dicho control.

Hasta el cierre de este informe, este medio se comunicó con la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce Vértiz, a fin de conocer su versión sobre los puntos señalados —su rol durante la gestión ministerial frente a las alertas de violencia escolar en los liceos navales, el contenido de la reunión sostenida el 18 de setiembre con oficiales de la Marina de Guerra y sus vínculos previos con dichas instituciones educativas—; sin embargo, no obtuvimos respuesta de su despacho. Lima Gris mantiene abierto el espacio para publicar sus declaraciones en caso de que decida pronunciarse.

Dato:

Exministro Oscar Becerra visitó a Chang y Ponce

El 21 de septiembre, el exministro de Educación Óscar Becerra (quien ejerció el cargo entre el 21 de diciembre de 2022 y el 23 de abril de 2023) se reunió con el actual titular del sector, José Antonio Chang, y el 22 con la propia viceministra de Gestión Pedagógica. No se trató de una cita entre desconocidos, sino de un encuentro entre el exministro y Miriam Ponce, quien fuera su viceministra, el encuentro con Chang duró 2 horas aproximadamente.

Queda pendiente una interrogante para el exministro Óscar Becerra: ¿Recibió su despacho reportes sobre la situación de los liceos navales y hubo alguna articulación con las autoridades de la Marina durante su período ministerial? Y Finalmente para el ministro José Antonio Chang: ¿Asumirá el exministro Óscar Becerra algún cargo, asesoría o representación dentro del Minedu en los próximos días?

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Política

Gasoductos y TGP: el lobby que impulsa el ministro Guillermo Shinno

El ministro de Energía y Minas habla de seguridad energética, pero el Gobierno vuelve a negociar con TGP la ampliación de una infraestructura estratégica. La coincidencia abre preguntas incómodas sobre concentración, competencia y un millonario lobby que favorece a los actuales concesionarios.

Published

4 días ago

25/09/2026

Redacción Lima Gris

Hay una pregunta que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, debería responder con documentos y no con declaraciones: ¿el Estado está diseñando una verdadera diversificación del sistema de transporte de gas o simplemente está ampliando la infraestructura existente alrededor de los mismos operadores?

La interrogante no es menor. El propio Shinno sostiene que el Perú necesita nuevos gasoductos y alternativas que permitan evitar que una falla en una sola infraestructura vuelva a poner en jaque el abastecimiento nacional. El argumento resulta razonable. El problema aparece cuando esa supuesta diversificación comienza a construirse alrededor de Transportadora de Gas del Perú (TGP), precisamente la empresa que actualmente opera el sistema troncal de transporte desde Camisea.

El ministro ha confirmado que TGP modificó su propuesta para extender el gasoducto hasta Tacna y que el Ministerio de Energía y Minas evalúa las condiciones planteadas por la empresa. En 2025, además, desde el Gobierno ya se había informado que se estudiaba técnicamente una propuesta de adenda de TGP para un gasoducto valorizado por la empresa en unos US$2.000 millones.

Ministro Guillermo Shinno, el 26 de agosto pasado, se reunió con la presidente del directorio de Transportadora de Gas del Perú (TGP), Leonie Roca.

Aquí aparece la contradicción que merece una investigación. Si el diagnóstico oficial es que el país necesita reducir su vulnerabilidad y evitar la dependencia de una sola infraestructura, ¿por qué la solución vuelve a colocarse en manos del mismo concesionario?

Porque construir más ductos no necesariamente significa diversificar el sistema. Hay un grave sesgo en Shinno. Tener dos caminos para transportar el gas no equivale necesariamente a tener dos operadores, dos concesionarios o dos modelos de gestión.

Y el contexto hace que las preguntas sean todavía más necesarias. El 28 de abril de 2026, Osinergmin informó que había identificado incumplimientos de TGP relacionados con el suministro de flujo y presión de gas durante la emergencia provocada por la deflagración ocurrida en marzo en el sistema de transporte. El regulador remitió sus informes al Minem para que, como entidad concedente, evalúe las acciones correspondientes, incluidas las eventuales consecuencias contractuales.

Por tanto, el asunto no es simplemente que TGP quiera invertir. Las empresas tienen derecho a presentar proyectos y defender sus intereses. La cuestión es otra: ¿por qué el Estado parece partir de la continuidad de los actuales concesionarios como punto de partida para resolver sus necesidades estratégicas?

Más aún cuando existe otro camino para analizar. Para Cusco se viene trabajando un proyecto estructurado por ProInversión que eventualmente puede ser sometido al mercado. Mientras tanto, para la costa sur el Gobierno mantiene conversaciones directas con TGP. La diferencia merece explicación: ¿por qué un proyecto puede abrirse a la competencia y otro se negocia directamente con el operador existente?

El ministro Shinno debería exhibir los estudios comparativos realizados por el Estado. ¿Se evaluaron nuevos concursos? ¿Se consideraron nuevos operadores? ¿Se analizaron concesiones independientes para las nuevas expansiones? ¿Se estudió una infraestructura que permita competir y no simplemente extender el actual modelo de concentración?

Y hay otra pregunta todavía más delicada: ¿quién gana y quién pierde si la expansión del sistema termina consolidando a los mismos actores que ya dominan la infraestructura estratégica?

No hace falta afirmar que existe un lobby para advertir que existen condiciones que deben ser transparentadas. Precisamente porque se trata de infraestructura energética crítica y de inversiones de enorme magnitud, cualquier percepción de trato preferencial debe ser despejada con información pública, criterios técnicos y procedimientos verificables. No olvidemos que incluso hay carpetas fiscales investigando a congresistas por lobby en el sector energético.

El problema, no es solo que existiría es millonario lobby detrás de TGP. El problema sería que el Estado convierta esa aspiración empresarial en su propia hoja de ruta sin demostrar que antes comparó otras alternativas.

La seguridad energética no puede reducirse a construir más kilómetros de tubería. También significa evitar que una infraestructura estratégica permanezca excesivamente concentrada en las mismas manos.

El ministro Shinno tiene la palabra. Y, esta vez, no basta decir que se está negociando “con lupa”. Hay que mostrar qué alternativas fueron evaluadas, bajo qué criterios, quién participó en las decisiones y por qué la expansión propuesta por TGP representa —si así lo concluyen los estudios— la mejor solución para el interés público.

El Gobierno habla de seguridad energética, pero la expansión vuelve a girar alrededor del mismo operador. La pregunta es inevitable: ¿se está reduciendo la dependencia o simplemente se está ampliando el poder de quienes ya controlan el sistema?

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