Cusco: investigación fiscal contra TGP por contaminación ambiental permanece estancada [VIDEO]

Actualidad Cusco: investigación fiscal contra TGP por contaminación ambiental permanece estancada [VIDEO] La Fiscalía investiga a Transportadora de Gas del Perú (TGP) por presunta contaminación ambiental y delitos contra la seguridad y la salud, a raíz de la deflagración registrada en marzo en…

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La Fiscalía investiga a Transportadora de Gas del Perú (TGP) por presunta contaminación ambiental y delitos contra la seguridad y la salud, a raíz de la deflagración registrada en marzo en Megantoni, Cusco, donde 35 personas fueron atendidas por problemas de salud. Meses después, la investigación fiscal permanece sin avances, mientras desde Cusco se exige esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y se plantea la intervención del Congreso.

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13 segundos ago

09/09/2026

Redacción Lima Gris

El periodista Servando Morales, de Inka Visión, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ocurrió realmente en Camisea y por qué, después de tantos meses, las respuestas siguen caminando a paso de tortuga?

El caso de TGP ya no debería ser visto únicamente como un expediente más en los anaqueles del Ministerio Público. Lo ocurrido en Megantoni plantea un problema que compromete seguridad, ambiente y responsabilidad empresarial. Y cuando una infraestructura de semejante magnitud atraviesa territorio amazónico, cualquier falla deja de ser un asunto privado para convertirse en un asunto público.

Por eso, el Congreso de la República debería evaluar la creación de una comisión especial investigadora que revise las circunstancias de la emergencia, el estado de la infraestructura operada por la empresa, sus protocolos de seguridad, sus mecanismos de prevención y el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

No se trata de colocar a TGP en el banquillo antes de tiempo. Para eso están la Fiscalía y los jueces. Se trata, simplemente, de hacer algo que en el Perú suele convertirse en una extravagancia: fiscalizar. Más aún cuando hablamos de una empresa privada vinculada a una infraestructura estratégica para el país y a uno de sus principales recursos energéticos.

La investigación del Ministerio Público constituye un primer paso. Pero los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió, qué falló y, sobre todo, si aquella emergencia pudo evitarse.

El asunto, entonces, no es solamente TGP. El asunto es quién vigila, quién responde y quién garantiza que una infraestructura estratégica no termine convirtiéndose en una amenaza para quienes viven alrededor de ella.

Por eso, el caso debe llegar al Congreso. Sin privilegios, sin silencios y sin explicaciones a medias. Porque Camisea no puede ser una geografía donde el gas tenga más valor que la seguridad de la gente que vive sobre la tierra que lo sostiene.

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COARPE en crisis: renuncia una directiva y las sedes regionales exigen transparencia

Redacción Lima Gris

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COARPE en crisis: renuncia una directiva y las sedes regionales exigen transparencia

La renuncia irrevocable de Betshy Apaza Huamani, integrante del Consejo Directivo Nacional, expone las fracturas de una institución sumida en denuncias, cuestionamientos administrativos y reclamos por falta de transparencia. Mientras Arequipa, Moquegua, Tacna e Ica demandan respuestas, la dirigencia nacional responde apelando a la institucionalidad, pero sin explicar qué medidas concretas está adoptando.

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10 horas ago

09/09/2026

Elio León

El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) atraviesa una de sus mayores crisis internas. Lo que comenzó como una sucesión de cuestionamientos contra la conducción nacional ha terminado convirtiéndose en una disputa abierta por la transparencia, la responsabilidad de sus autoridades y el rumbo de una institución que representa a los profesionales encargados de investigar, proteger y defender el patrimonio arqueológico del país.

El 4 de septiembre, desde Cusco, la arqueóloga Betshy Apaza Huamani presentó su renuncia irrevocable al cargo de Directora de Asuntos Comunales, Eventos y Difusión. Su carta, dirigida al decano Miguel Canchari Huamani, no es una despedida protocolar. Es, en los hechos, un documento que deja constancia de su desacuerdo con la conducción institucional.

Apaza cuestiona que el decano no se haya apartado del cargo pese a la existencia de denuncias formales en su contra. También reprocha al Consejo Directivo Nacional (CDN) por no adoptar medidas frente a hechos que, según señala, fueron registrados en imágenes y difundidos públicamente.

La exdirectora también pone bajo cuestionamiento la gestión administrativa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Menciona demoras en trámites vinculados con la incorporación de nuevos agremiados y, especialmente, la falta de información sobre los ingresos y egresos mensuales del colegio.

Hay un dato que resulta especialmente revelador: según la carta de renuncia, integrantes del propio CDN no habrían sido informados oportunamente sobre determinadas denuncias presentadas por colegas y tuvieron conocimiento de ellas a través de las redes sociales.

Apaza decidió apartarse para no continuar, según sus propias palabras, como una “representante acéfala” dentro de una gestión que considera “sin rumbo”.

La crisis, sin embargo, ya no está confinada a Lima ni a los pasillos de la dirigencia nacional. El Consejo Directivo Regional Sur Oeste, que comprende a arqueólogos de Arequipa, Moquegua y Tacna, emitió un pronunciamiento reclamando transparencia y respuestas frente a los cuestionamientos que afectan al COARPE. Ica también ha expresado su preocupación.

La directiva regional exige información detallada sobre los ingresos y egresos institucionales, incluidos los recursos provenientes de cuotas, habilitaciones y aportes de los agremiados. También demanda una explicación oficial y documentada sobre las denuncias difundidas.

El 7 de septiembre, el Consejo Directivo Nacional respondió mediante un comunicado en el que invocó la institucionalidad y cuestionó lo que considera un “juzgamiento anticipado” en redes sociales. Sin embargo, el pronunciamiento no despejó las interrogantes que alimentan el malestar entre los colegiados.

La pregunta permanece abierta: ¿qué medidas concretas está adoptando la dirigencia nacional frente a los hechos denunciados? ¿Qué información existe sobre las cuentas y los recursos del colegio? ¿Quién fiscaliza a quienes hoy tienen la responsabilidad de conducirlo?

En una institución cuya razón de ser está vinculada a la defensa del patrimonio y al cumplimiento de la ley, la transparencia no debería ser una consigna. Debería ser una obligación.

El COARPE puede invocar la institucionalidad. Pero la institucionalidad también significa rendir cuentas. Y hoy, precisamente, eso es lo que sus propios integrantes están reclamando.

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Los titulares de Lima Gris: 9 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda

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10 horas ago

09/09/2026

Redacción Lima Gris

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Sindicato del IRTP denuncia a la jefa institucional Cinthia Ramírez Santillana y al Gerente General Jorge Suárez Rivero

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú vuelve a quedar bajo la lupa. Fernando Durand Pajuelo, secretario de los trabajadores del IRTP, denuncia el presunto incumplimiento de un laudo laboral que, según afirma, obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema. Pero el conflicto no termina allí: el dirigente también cuestiona las condiciones de la nueva sede institucional, ubicada en Jesús María, sobre la que existen informes de control que advierten situaciones adversas vinculadas con la seguridad y operatividad del inmueble.

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17 horas ago

08/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña Cruz

El IRTP enfrenta nuevamente cuestionamientos. Esta vez, el reclamo parte de su propio ámbito laboral. Fernando Durand Pajuelo, secretario de los trabajadores de la institución, sostiene que un laudo laboral que habría obtenido un fallo favorable en la Corte Suprema continúa sin ejecutarse, pese a que la instancia judicial correspondiente habría sido notificada para dar cumplimiento a la decisión.

Según el dirigente, la resolución judicial no estaría siendo acatada. Frente a ello, asegura que decidió acudir al Ministerio Público y presentar una denuncia penal para que se determine si existen responsabilidades por el presunto incumplimiento de lo dispuesto judicialmente.

Fuente: Ministerio Público.

Pero durante la conversación surgió un segundo asunto que, para Durand Pajuelo, resulta todavía más preocupante: las condiciones de la nueva sede institucional del IRTP, ubicada en el jirón Natalio Sánchez, en Jesús María.

El dirigente afirma que existen cuatro informes de la Contraloría relacionados con el inmueble y cuestiona que, pese a las advertencias formuladas por el órgano de control, los trabajadores continúen desarrollando sus actividades en esas condiciones.

Y los documentos oficiales permiten colocar esta denuncia en un contexto concreto. Uno de los informes de control realizados al IRTP identificó siete situaciones adversas relacionadas con el funcionamiento y la operatividad de la nueva sede institucional. La visita de control se realizó entre el 1 y el 7 de octubre de 2025, y permitió detectar una serie de deficiencias que comprometían distintos aspectos de las condiciones laborales y de seguridad.

Una de las principales observaciones estuvo relacionada con las instalaciones eléctricas. La Contraloría señaló que las oficinas administrativas no contaban con condiciones adecuadas de seguridad para el desarrollo de las actividades de los servidores. Durante la inspección se encontraron, entre otros aspectos, llaves termomagnéticas expuestas en ambientes utilizados por personal del IRTP.

Para el órgano de control, esta situación podía representar un riesgo para el bienestar y la integridad de los trabajadores. No se trataba, por tanto, de una simple deficiencia de infraestructura, sino de una condición que podía tener consecuencias concretas sobre la seguridad del personal.

La ruta de evacuación también quedó bajo observación. La Contraloría determinó que la vía de evacuación consignada en los planos no cumplía con las condiciones establecidas por la normativa técnica. Ante una eventual emergencia, esta deficiencia podía dificultar una evacuación adecuada y poner en riesgo la salud y la integridad física de quienes se encontraran dentro del inmueble.

A ello se sumaron otras observaciones. El informe detectó deficiencias en los gabinetes de mangueras contra incendios y en la rampa de ingreso a la sede. En este último caso, la pendiente superaba el máximo establecido y el acceso tampoco contaba con señalización podotáctil ni doble pasamanos, condiciones que podían afectar el desplazamiento seguro de personas con discapacidad o movilidad reducida.

Las advertencias de la Contraloría no se limitaron a estos aspectos. El informe recoge otras situaciones relacionadas con el funcionamiento de la nueva sede, configurando un escenario que obliga a preguntar qué ocurrió después de la inspección y, sobre todo, qué medidas fueron adoptadas para corregir las deficiencias detectadas.

Para Durand Pajuelo, los hechos forman parte de un problema más amplio dentro del IRTP. El dirigente asegura que continuará impulsando acciones en defensa de los trabajadores y que posee documentación adicional que será puesta a disposición de las autoridades para sustentar sus cuestionamientos.

El caso deja así dos frentes abiertos: un conflicto laboral que, según el dirigente, permanece sin solución pese a una decisión judicial favorable, y una sede institucional sobre la que la Contraloría ya dejó constancia de diversas situaciones adversas.

La pregunta, ahora, corresponde al IRTP y al ministro de Cultura, Alberto Beingolea: ¿qué medidas adoptó después de las observaciones de la Contraloría y qué acciones se han ejecutado para garantizar condiciones seguras para sus trabajadores?

Por ahora, esas respuestas permanecen pendientes. Esperemos que la jefa institucional del IRTP y el mnistro Alberto Beingolea nos dé la entrevista que venimos esperando más de dos semanas.

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El COARPE en la cuerda floja: Intentan poner paños fríos a denuncias de Lima Gris con un comunicado tibio

Tras las revelaciones periodísticas sobre la invalidez de su junta directiva ante la SUNARP y la filtración de comprometedoras fotografías, la cúpula del COARPE recurre a la vieja táctica del formalismo burocrático para blindarse.

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1 día ago

08/09/2026

Redacción Lima Gris

Cuando las revelaciones periodísticas queman, la burocracia institucional responde con la misma receta gastada: retórica de «debido proceso», llamados al «orden» y una preocupante incapacidad para dar explicaciones claras ante la opinión pública.

Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE). Tras las publicaciones de Lima Gris que pusieron en evidencia presuntas irregularidades administrativas e institucionales, el Consejo Directivo Nacional que encabeza la orden emitió el Comunicado Oficial N° 004-2026-COARPE-CDN con fecha 7 de septiembre de 2026. Un documento que, en lugar de aclarar el panorama y asumir responsabilidades, busca ahogar los hechos en un mar de eufemismos y excusas legales.

La terca realidad: La observación de la SUNARP

El punto más escandaloso que este medio sacó a la luz es la situación registral de la dirigencia nacional del COARPE. En el comunicado, el Consejo Directivo no puede negar lo evidente y admite que existe una observación registral formulada por la SUNARP respecto a su inscripción.

Sin embargo, despachan semejante falta de legitimidad jurídica calificándola como un mero asunto «en trámite» que viene siendo atendido con «asesoría profesional pertinente». ¿Cómo es posible que la institución llamada a velar por el patrimonio arqueológico de la nación funcione con un consejo cuya validez ante Registros Públicos está seriamente cuestionada? Para la dirigencia, parece ser un detalle menor; para el gremio, es un golpe directo a la institucionalidad.

Filtraciones y el escudo del «debido proceso»

Respecto a las fotografías y materiales difundidos en redes sociales y medios digitales —que exponen la trama interna y los manejos del grupo que hoy ostenta el poder en el colegio—, la cúpula del COARPE pretende restarles validez argumentando que se trata de material «difundido de manera anónima» cuya autenticidad debe ser determinada por «instancias competentes».

El clásico libreto de defensa: pretender que los cuestionamientos se callen mientras sus comisiones internas —esas mismas que ellos controlan— se toman años en investigar. Exigen que las denuncias se canalicen únicamente por «vías institucionales», pretendiendo silenciar el debate público y el juzgamiento de las bases arqueológicas que hoy exigen transparencia inmediata.

Una dirigencia atrincherada

Pese a las observaciones de la SUNARP y la desconfianza creciente de sus propios agremiados, el Consejo Directivo asegura que «se mantiene en el pleno ejercicio de sus funciones» y apela a la «presunción de inocencia».

El COARPE atraviesa una de sus peores crisis de legitimidad. La comunidad de arqueólogos del Perú no necesita comunicados tibios ni llamadas a la calma redactadas desde la comodidad de una oficina en Santa Beatriz. Necesita transparencia real, explicaciones directas sobre su situación legal y una verdadera rendición de cuentas que esté a la altura del patrimonio que dicen defender. La verdad, aunque intenten postergarla con trámites, termina imponiéndose.

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José Odria: “La Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho necesita presupuesto y expediente técnico”

Tras años de organización para hacer realidad la Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho, el proyecto enfrenta nuevos cuestionamientos por la falta de presupuesto y avances concretos. Mientras la comunidad exige resultados, la posible utilización de un local comunal construido por los propios vecinos abre otro frente de conflicto.

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1 día ago

08/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

En entrevista con Lima Gris, El presidente del Pueblo Joven Cruz de Motupe, José Odria, recuerda el papel que tuvo la organización de la comunidad para conseguir el terreno destinado a la Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho y cuestiona el lento avance de su implementación. Advierte que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla recursos para la universidad y expresa su preocupación por el intento de utilizar el local comunal de Cruz de Motupe, construido por los propios vecinos.

Señor Odria, ¿cómo se inició la organización del pueblo de San Juan de Lurigancho para conseguir que la Universidad Nacional pudiera hacerse realidad?

La organización del pueblo se formó aproximadamente en el año 2003 y, desde entonces, se comenzó a trabajar en este objetivo. Entre 2003 y 2014 hubo todo un proceso de organización y gestión. En 2011 se aprobó la primera ley de creación de la universidad.

Sin embargo, pese a que la universidad había sido creada legalmente, no se nombró una comisión organizadora, no se asignaron los recursos necesarios y tampoco se solucionó el problema fundamental del terreno. Por esas razones, la universidad quedó prácticamente a la deriva y no podía iniciar sus funciones.

¿Cuándo se retoma con mayor fuerza la búsqueda de una solución para el terreno?

En el año 2021 nos contactamos con el ingeniero Alfonso Cerna y con un grupo de profesores que estaban buscando precisamente un terreno para la universidad. Ya existía la ley, pero el problema era que no se encontraba una solución definitiva para disponer de un espacio donde pudiera funcionar.

Inicialmente se había planteado un terreno en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), pero esa alternativa quedó pendiente. Entonces nosotros señalamos que en el pueblo existía un área de 24 mil metros cuadrados que había sido excluida por Bienes Nacionales.

¿Y qué decisión tomó la comunidad respecto a esos 24 mil metros cuadrados?

Se convocó a una asamblea y se aprobó brindar las facilidades para ofrecer ese terreno y plantear un nuevo proyecto de ley. Ese proceso se trabajó durante varios años, entre 2021 y 2022, coordinando con diferentes sectores y buscando que finalmente la universidad pudiera contar con un terreno. La existencia del terreno fue precisamente uno de los factores importantes para que el Congreso pudiera interesarse nuevamente en el proyecto.

¿Qué ocurrió posteriormente con la aprobación de la ley?

Hubo varios proyectos y, finalmente, se logró aprobar uno. En ese proceso también se coordinó con la comunidad y con diferentes bancadas del Congreso. Finalmente, la propuesta consiguió 108 votos a favor.

La ley establecía, además, que debía inscribirse el dominio del terreno a favor de la universidad. Según lo que hemos podido seguir, ese terreno ya fue inscrito a nombre de la universidad.

Entonces, ¿se puede decir que la comunidad tuvo un papel importante para que la universidad consiguiera el terreno?

Sí. El pueblo de Cruz de Motupe dio las facilidades mediante una decisión de asamblea. Cuando se presentó el proyecto, ya se podía demostrar que existía un terreno disponible. Eso fue importante para que los congresistas pudieran interesarse y respaldar la propuesta.

No fue solamente una decisión individual. Hubo participación de la comunidad organizada y coordinación con distintos sectores para que el proyecto pudiera avanzar.

Después de conseguir la aprobación de la ley, ¿qué pasó con los recursos económicos para poner en marcha la universidad?

En 2024 se consiguió una partida presupuestaria de seis millones de soles. Pero de esos seis millones solamente se terminó desembolsando una parte, aproximadamente un millón doscientos mil soles, y esto ocurrió recién entre septiembre y octubre de 2025.

Ese dinero estaba destinado a las primeras etapas de implementación. Se comenzó a trabajar en temas como el estatuto y los reglamentos de la comisión organizadora.

¿La primera Comisión Organizadora logró avanzar en ese proceso?

La primera comisión organizadora tuvo una duración bastante corta, aproximadamente siete meses, desde junio o julio hasta febrero. Posteriormente se nombró una nueva comisión. En teoría, esta segunda comisión debía continuar con las funciones necesarias para implementar la universidad y desarrollar el proyecto.

¿También se consiguió presupuesto posteriormente?

Sí. En 2025 se volvió a conseguir en el Congreso un monto de seis millones de soles. Sin embargo, nuevamente solamente se autorizó y desembolsó una parte, alrededor de un millón cuatrocientos mil soles.

Además, el dinero fue transferido bastante tarde, entre septiembre y octubre, cuando ya quedaban pocos meses para terminar el año. Eso limita, evidentemente, lo que se puede ejecutar.

¿Cuál es entonces la principal preocupación que tiene respecto al avance de la universidad?

El problema de fondo es que necesitamos tener un proyecto y un expediente técnico. No podemos hablar seriamente de construir una universidad si no tenemos ese documento fundamental. Cuando hablamos de infraestructura universitaria, estamos hablando de una inversión muy grande. El proyecto puede estar en un promedio de 400 o 500 millones de soles. No estamos hablando de uno o dos millones de soles.

Por eso resulta fundamental que primero se tenga un proyecto bien elaborado, un expediente técnico y una planificación para conseguir progresivamente los recursos que permitan ejecutar la infraestructura.

¿Considera que la actual Comisión Organizadora está cumpliendo con esa tarea?

Nosotros consideramos que no se ha avanzado como debería. La segunda comisión organizadora ya lleva aproximadamente un año y siete meses, pero seguimos esperando resultados concretos respecto al proyecto y al expediente técnico.

Cuando hemos preguntado cómo está el expediente técnico, se nos ha señalado en diferentes oportunidades que está avanzado en 50 % o 70 %. Pero lo que necesitamos son resultados concretos.

¿Qué significa para la universidad que el proyecto de Presupuesto 2027 no contemple recursos para ella?

Es una situación preocupante. El Ejecutivo ha presentado el proyecto de Ley de Presupuesto y, según nuestra revisión, la Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho no aparece contemplada.

Si no se incorpora una partida durante el debate presupuestal, la universidad no tendrá recursos para avanzar durante 2027. ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a hacer que funcione? No se puede si no existe presupuesto.

¿Todavía existe la posibilidad de modificar esa situación?

Sí. Ahora nos quedan los meses de septiembre, octubre y noviembre para realizar las gestiones ante el Congreso. Se debe buscar que se incorpore un presupuesto determinado que permita avanzar, por lo menos, con el expediente técnico y, posteriormente, impulsar el tema de infraestructura.

Nosotros, como sociedad civil, ya hemos presentado documentos ante el Ejecutivo, pero tampoco hemos sido considerados. Sin embargo, la responsabilidad principal de realizar esas gestiones corresponde a la Comisión Organizadora de la universidad.

Hablemos ahora del local comunal de Cruz de Motupe. ¿Por qué existe preocupación entre los vecinos?

Nosotros tenemos un local comunal de aproximadamente 3 mil metros cuadrados que ha sido construido con el esfuerzo de la comunidad. Actualmente se han construido dos pisos sobre una estructura de aproximadamente 360 metros cuadrados.

Lo que nos preocupa es que se pretenda utilizar o disponer de todo el terreno. Nosotros nunca hemos hablado de entregar los 3 mil metros cuadrados. Lo que se conversó fue la posibilidad de facilitar los 360 metros cuadrados que ya están construidos.

¿Qué ocurrió con la Comisión Organizadora respecto a este tema?

Nos sorprendió que, en la primera semana de julio, se organizara un evento en el que incluso se pretendía realizar una entrega de un diploma y se buscaba nuestra firma. Yo pregunté por qué tenía que firmar algo si nunca se había hablado de transferir los 3 mil metros cuadrados.

Posteriormente nos enteramos de que se habían realizado gestiones ante la SBN relacionadas con esos terrenos. Ahí es donde nosotros expresamos nuestro desacuerdo, porque consideramos que se está rompiendo el acuerdo que existía con la comunidad.

¿La población está de acuerdo con que el local sea utilizado por la universidad?

No estamos en contra de la universidad. Esa es una precisión importante. Lo que cuestionamos es la forma en que se está realizando el procedimiento. La mayoría de la población que ha participado en las coordinaciones recientes está en desacuerdo con que se pretenda disponer de todo el local comunal sin considerar la opinión de los vecinos y los acuerdos que se habían tomado anteriormente.

¿Qué importancia tiene ese local para los vecinos de Cruz de Motupe?

Es un espacio fundamental porque tiene múltiples usos para la comunidad. Es un área de 3 mil metros cuadrados que se ha conseguido y construido con el esfuerzo de los propios vecinos.

Tenemos diferentes necesidades que, lamentablemente, el Estado no atiende ni construye. Por ejemplo, contamos con siete comedores populares que también requieren infraestructura y espacios adecuados.

Si la universidad administra los 3 mil metros cuadrados, nosotros quedaríamos prácticamente fuera y perderíamos un espacio que es necesario para atender las necesidades de la comunidad.

Terreno para la Universidad de San Juan de Lurigancho en el 2025. Foto: La República.

¿Qué alternativa plantea para que la universidad pueda funcionar sin afectar los espacios de la comunidad?

Consideramos que la Comisión Organizadora tiene que buscar alternativas y gestionar adecuadamente ante el Estado. En el proyecto de ley existen disposiciones que permiten gestionar recursos para que la universidad pueda funcionar. Nosotros entendemos que se deben utilizar esos mecanismos y hacer las gestiones necesarias para conseguir el presupuesto.

No se puede pretender solucionar el problema de infraestructura simplemente tomando un espacio comunal. Primero tiene que existir un proyecto, un expediente técnico y los recursos necesarios.

¿Qué acciones legales o administrativas ha tomado la comunidad frente a la situación del local?

Hemos planteado nuestra oposición. También hemos presentado una impugnación y, adicionalmente, hemos solicitado la nulidad del acto administrativo correspondiente. Consideramos que las resoluciones administrativas pueden ser impugnadas y que existen mecanismos para solicitar su nulidad. Lo que buscamos es defender los acuerdos de la comunidad y evitar que se tomen decisiones a espaldas de la población.

¿Qué espera ahora de las autoridades universitarias?

Esperamos que reaccionen y que realmente trabajen para hacer funcionar la universidad. Sabemos que existe un equipo de aproximadamente 20 personas que viene trabajando, algunos bajo diferentes modalidades de contratación.

Pero para desarrollar un proyecto de esta magnitud se necesita contar con profesionales adecuados. Si se necesita un arquitecto, por ejemplo, debe existir un término de referencia que establezca claramente qué trabajo tiene que realizar. Lo mismo debe ocurrir con los demás profesionales.

¿Considera que todavía existe tiempo para recuperar el rumbo del proyecto?

Todavía existe la posibilidad de gestionar, pero el tiempo es limitado. Tenemos estos meses para buscar que el presupuesto sea incorporado y que se pueda avanzar con el expediente técnico.

Si no se logra conseguir recursos para 2027, será muy difícil avanzar. No se puede construir ni poner en funcionamiento una universidad sin presupuesto y sin una planificación técnica.

Finalmente, ¿qué mensaje quiere transmitir a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan de Lurigancho y a los vecinos?

Nuestro llamado es a que la Comisión Organizadora reaccione. Tiene que trabajar con ciencia, conocimiento y planificación. Hay profesionales que pueden hacerlo, pero necesitamos resultados.

Nosotros, como comunidad, hemos apoyado durante años el proyecto de la universidad. Hemos puesto a disposición un terreno y hemos trabajado para que la universidad tenga una oportunidad. No estamos contra la universidad; queremos que funcione.

Pero también queremos que se respete a la comunidad y sus espacios. No podemos permitir que se tomen decisiones a espaldas del pueblo. Por eso vamos a convocar a una asamblea en octubre, donde evaluaremos la situación y tomaremos decisiones firmes respecto a lo que está ocurriendo.

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Óscar Arriola sale de la Comandancia General de la PNP, pero la ola de crímenes se queda

El teniente general Óscar Arriola fue relevado de la Comandancia General de la Policía Nacional en medio de una creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, el aumento de los homicidios y los cuestionamientos a la estrategia contra la delincuencia. Su reemplazo, el teniente general Fredy López Mendoza, asumirá una institución que enfrenta el desafío de recuperar la confianza de una población que exige resultados frente al crimen organizado.

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2 días ago

07/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña Cruz

En medio de una creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, el teniente general Óscar Arriola dejará la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de permanecer al frente de la institución durante un periodo marcado por cuestionamientos a la estrategia contra la delincuencia. Su salida se produce mientras el Gobierno enfrenta la presión de encontrar respuestas frente al aumento de la criminalidad en Lima y otras regiones del país. El cambio de mando vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a los ciudadanos: ¿cambiar al jefe de la Policía será suficiente para enfrentar una inseguridad que sigue creciendo?

La salida de Óscar Arriola se conoció este domingo 6 de septiembre, luego de un pronunciamiento realizado desde Palacio de Gobierno. El todavía comandante general de la PNP informó que en los próximos días será relevado por el teniente general Fredy López Mendoza, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de la Policía. Arriola también anunció que solicitará su pase al retiro de la institución.

Según explicó el propio Arriola, su decisión responde a razones relacionadas con la institucionalidad y la gobernabilidad del país. Durante su mensaje, agradeció a los policías y pidió que continúen trabajando contra la delincuencia. “Sigan adelante, no pueden vencernos”, señaló al dirigirse a los integrantes de la institución policial.

Sin embargo, su salida ocurre en un momento complicado para la seguridad ciudadana. Durante las últimas semanas, la gestión de Arriola había recibido fuertes cuestionamientos por los resultados frente al avance de la criminalidad. La situación se agravó después del violento ataque ocurrido en Trujillo, donde cuatro personas murieron y un empresario fue secuestrado, hecho que provocó pedidos desde algunas bancadas del Congreso para que dejara el cargo.

A estos cuestionamientos se suman las cifras de homicidios registradas durante agosto. Según información difundida por La República, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) registró más de 160 homicidios durante ese mes, una cifra que volvió a poner en discusión la capacidad de las autoridades para enfrentar la violencia y el crimen organizado.

La permanencia de Arriola también había generado un debate legal y político. La Ley 31570 establece condiciones para la permanencia del comandante general de la PNP, lo que había dificultado su salida antes de cumplir el periodo establecido. En los últimos días, distintas bancadas habían planteado modificar la normativa y se presentaron hasta tres proyectos de ley con mecanismos para permitir el retiro o cese del comandante general.

Incluso dentro de Renovación Popular surgieron posiciones diferentes. Mientras diputados de esa agrupación pidieron la salida de Arriola después del ataque ocurrido en Trujillo, la senadora Lourdes Alcorta había defendido que el comandante completara los dos años previstos para su gestión y cuestionó el pedido de sus propios compañeros de partido.

Finalmente, el Gobierno anunció que Fredy López Mendoza asumirá la conducción de la Policía Nacional. El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, presentó el cambio como una transición institucional y aseguró que el Ejecutivo buscará fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y logísticas de la PNP para enfrentar a las organizaciones criminales.

El cambio de comandante llega así en medio de una situación que va más allá de una sola persona. La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población y el nuevo jefe policial tendrá que demostrar si el cambio de mando puede traducirse en resultados concretos frente a los homicidios, las extorsiones, los secuestros y otras formas de criminalidad que afectan al país.

La salida de Óscar Arriola marca un nuevo cambio en la conducción de la Policía Nacional, pero no resuelve por sí sola la crisis de inseguridad que enfrenta el país. El nuevo comandante general, Fredy López Mendoza, tendrá ahora la responsabilidad de dirigir una institución cuestionada por sus resultados frente a la criminalidad y que deberá recuperar la confianza de una población que continúa exigiendo mayor seguridad. El propio López Mendoza reconoció que la tranquilidad que esperan los ciudadanos no llegará de manera inmediata.

El relevo también deja un desafío para el Gobierno: demostrar que este cambio no será solamente una modificación en el alto mando policial, sino el inicio de una estrategia capaz de enfrentar los homicidios, las extorsiones, los secuestros y el avance de las organizaciones criminales. Arriola se va afirmando que tomó la decisión pensando en la institucionalidad y la gobernabilidad del país, mientras que las autoridades aseguran que fortalecerán las capacidades de la Policía.

Ahora la atención estará puesta en el nuevo comandante y, sobre todo, en los resultados que pueda conseguir. Porque para una población que vive con temor, un cambio de nombre en la Comandancia General no será suficiente. La verdadera pregunta será si esta nueva etapa logrará devolver algo que hoy parece cada vez más difícil de recuperar: la tranquilidad de los ciudadanos.

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Los titulares de Lima Gris: 07 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda

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2 días ago

07/09/2026

Redacción Lima Gris

Gobierno retira del cargo a Oscar Arriola

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, fue relevado del cargo. El anunció lo realizó el propio Arriola junto al Presidente de Consejo de Ministros Luis Galarreta. El general PNP Freddy López Mendoza será su remplazo.

José Marcelo Salazar respalda las inversiones, pero exige respeto al medio ambiente.
El diputado José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía, en entrevista con Limagris señaló que respalda las inversiones siempre que respeten el medio ambiente. Propuso impulsar la inversión, la innovación tecnológica y el cierre de brechas de infraestructura en las regiones.

Ernesto Zunini asegura que Marlon Aguirre “se está rectificando” tras enfrentamiento.
En medio de las tensiones en Juntos por el Perú, el diputado Ernesto Zunini en entrevista con Lima gris afirmó que su colega Marlon Aguirre “se está rectificando” en su conducta, tras el enfrentamiento entre ambos. Zunini también cuestionó el Presupuesto 2027 y pidió mayores recursos para seguridad, salud y educación, además de una respuesta integral frente al crimen organizado.

Ni el blindaje de Keiko salva a Beingolea del banquillo judicial
El Poder Judicial rechazó el pedido de archivo del proceso contra el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, y dispuso que enfrente un juicio oral. La Fiscalía solicita diez años de prisión, 13 años de inhabilitación y 550 días multa por presunta colusión agravada.

Jorge del Castillo rechaza acusaciones que vinculan a Alan García con supuesto tráfico de armas.
El excongresista Jorge del Castillo rechazó tajantemente las acusaciones de la periodista mexicana Anabel Hernández, quien vinculó al fallecido expresidente Alan García con una supuesta venta de armamento peruano al Cártel de Sinaloa.

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COARPE en el ojo de la tormenta: agremiados exigen respuestas tras informes de Lima Gris

La Junta Directiva Departamental de Ica del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) rompió su silencio frente a los hechos difundidos públicamente que involucran a integrantes del Consejo Directivo Nacional. Pide explicaciones claras, investigaciones y, de comprobarse responsabilidades, sanciones conforme al estatuto. El pronunciamiento evidencia la creciente preocupación de los propios arqueólogos por la imagen, la transparencia y la credibilidad de su institución.

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2 días ago

07/09/2026

Redacción Lima Gris

La crisis que atraviesa el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) empieza a generar una respuesta desde sus propias bases. Luego de los informes publicados por Lima Gris, que puso bajo escrutinio una serie de hechos vinculados a integrantes del Consejo Directivo Nacional, la Junta Directiva Departamental de Ica decidió pronunciarse y exigir explicaciones.

El documento, fechado el 6 de septiembre de 2026, no formula una acusación directa ni adelanta responsabilidades. Sin embargo, sí expresa públicamente la preocupación de los arqueólogos de Ica por las posibles consecuencias que estos hechos puedan tener sobre la institucionalidad y la confianza de los agremiados.

La posición es clara: el Consejo Directivo Nacional debe explicar qué ocurrió. En su primer punto, la Junta Departamental exhorta a la dirigencia nacional a pronunciarse de manera “clara, transparente y oportuna” sobre los hechos difundidos, con el objetivo de evitar especulaciones que puedan seguir afectando la imagen del COARPE.

Pero el reclamo va más allá de una explicación política o institucional. Los representantes de Ica solicitan que se realicen las acciones de verificación e investigación correspondientes, respetando el debido procedimiento y la presunción de inocencia.

Es decir, los propios agremiados están planteando que los hechos sean esclarecidos por las instancias competentes y que, si eventualmente se determinan responsabilidades, se apliquen las medidas previstas en el Estatuto y los reglamentos de la institución.

La preocupación ya no viene de afuera

El pronunciamiento adquiere especial relevancia porque la demanda de transparencia no proviene únicamente de sectores externos al colegio. Esta vez son integrantes de una de sus juntas departamentales quienes advierten que la situación puede comprometer la credibilidad y el prestigio institucional.

La Junta de Ica reafirma, además, su compromiso con la legalidad, la ética profesional y la transparencia. Y coloca una frase que resume el fondo del conflicto: cualquier medida que corresponda debe adoptarse “sin excepciones” y por encima de cualquier interés particular.

El mensaje puede leerse como una advertencia institucional: el COARPE no puede permitir que controversias relacionadas con sus autoridades terminen debilitando la confianza de los profesionales que representa.

Los arqueólogos piden que se esclarezca todo

El pronunciamiento también abre una interrogante mayor: ¿qué hará ahora el Consejo Directivo Nacional?

Después de la difusión de los informes de Lima Gris, la dirigencia nacional enfrenta el desafío de responder no solamente a las preguntas planteadas públicamente, sino también a las inquietudes que empiezan a surgir desde sus propias organizaciones departamentales.

La Junta Directiva de Ica ha marcado posición. No acusa, pero exige investigar. No sentencia, pero reclama transparencia. Y, sobre todo, coloca nuevamente sobre la mesa una demanda fundamental para cualquier institución profesional: que las explicaciones lleguen antes que el silencio y que las investigaciones determinen las responsabilidades, si las hubiera.

En un colegio profesional cuya razón de ser está estrechamente vinculada con la ética y el ejercicio responsable de la arqueología, la defensa de la institucionalidad no puede quedar reducida a un comunicado. Ahora corresponde al Consejo Directivo Nacional responder. Los agremiados están esperando.

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