Los titulares de Lima Gris: 07 de septiembre

Actualidad Los titulares de Lima Gris: 07 de septiembre Las noticias que marcan la agenda Published 3 minutos ago on 07/09/2026 By Redacción Lima Gris Share Tweet Gobierno retira del cargo a Oscar Arriola El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, fue relevado del cargo. El…

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Las noticias que marcan la agenda

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3 minutos ago

07/09/2026

Redacción Lima Gris

Gobierno retira del cargo a Oscar Arriola

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, fue relevado del cargo. El anunció lo realizó el propio Arriola junto al Presidente de Consejo de Ministros Luis Galarreta. El general PNP Freddy López Mendoza será su remplazo.

José Marcelo Salazar respalda las inversiones, pero exige respeto al medio ambiente.
El diputado José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía, en entrevista con Limagris señaló que respalda las inversiones siempre que respeten el medio ambiente. Propuso impulsar la inversión, la innovación tecnológica y el cierre de brechas de infraestructura en las regiones.

Ernesto Zunini asegura que Marlon Aguirre “se está rectificando” tras enfrentamiento.
En medio de las tensiones en Juntos por el Perú, el diputado Ernesto Zunini en entrevista con Lima gris afirmó que su colega Marlon Aguirre “se está rectificando” en su conducta, tras el enfrentamiento entre ambos. Zunini también cuestionó el Presupuesto 2027 y pidió mayores recursos para seguridad, salud y educación, además de una respuesta integral frente al crimen organizado.

Ni el blindaje de Keiko salva a Beingolea del banquillo judicial
El Poder Judicial rechazó el pedido de archivo del proceso contra el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, y dispuso que enfrente un juicio oral. La Fiscalía solicita diez años de prisión, 13 años de inhabilitación y 550 días multa por presunta colusión agravada.

Jorge del Castillo rechaza acusaciones que vinculan a Alan García con supuesto tráfico de armas.
El excongresista Jorge del Castillo rechazó tajantemente las acusaciones de la periodista mexicana Anabel Hernández, quien vinculó al fallecido expresidente Alan García con una supuesta venta de armamento peruano al Cártel de Sinaloa.

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COARPE en el ojo de la tormenta: agremiados exigen respuestas tras informes de Lima Gris

Redacción Lima Gris

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COARPE en el ojo de la tormenta: agremiados exigen respuestas tras informes de Lima Gris

La Junta Directiva Departamental de Ica del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) rompió su silencio frente a los hechos difundidos públicamente que involucran a integrantes del Consejo Directivo Nacional. Pide explicaciones claras, investigaciones y, de comprobarse responsabilidades, sanciones conforme al estatuto. El pronunciamiento evidencia la creciente preocupación de los propios arqueólogos por la imagen, la transparencia y la credibilidad de su institución.

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6 horas ago

07/09/2026

Redacción Lima Gris

La crisis que atraviesa el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) empieza a generar una respuesta desde sus propias bases. Luego de los informes publicados por Lima Gris, que puso bajo escrutinio una serie de hechos vinculados a integrantes del Consejo Directivo Nacional, la Junta Directiva Departamental de Ica decidió pronunciarse y exigir explicaciones.

El documento, fechado el 6 de septiembre de 2026, no formula una acusación directa ni adelanta responsabilidades. Sin embargo, sí expresa públicamente la preocupación de los arqueólogos de Ica por las posibles consecuencias que estos hechos puedan tener sobre la institucionalidad y la confianza de los agremiados.

La posición es clara: el Consejo Directivo Nacional debe explicar qué ocurrió. En su primer punto, la Junta Departamental exhorta a la dirigencia nacional a pronunciarse de manera “clara, transparente y oportuna” sobre los hechos difundidos, con el objetivo de evitar especulaciones que puedan seguir afectando la imagen del COARPE.

Pero el reclamo va más allá de una explicación política o institucional. Los representantes de Ica solicitan que se realicen las acciones de verificación e investigación correspondientes, respetando el debido procedimiento y la presunción de inocencia.

Es decir, los propios agremiados están planteando que los hechos sean esclarecidos por las instancias competentes y que, si eventualmente se determinan responsabilidades, se apliquen las medidas previstas en el Estatuto y los reglamentos de la institución.

La preocupación ya no viene de afuera

El pronunciamiento adquiere especial relevancia porque la demanda de transparencia no proviene únicamente de sectores externos al colegio. Esta vez son integrantes de una de sus juntas departamentales quienes advierten que la situación puede comprometer la credibilidad y el prestigio institucional.

La Junta de Ica reafirma, además, su compromiso con la legalidad, la ética profesional y la transparencia. Y coloca una frase que resume el fondo del conflicto: cualquier medida que corresponda debe adoptarse “sin excepciones” y por encima de cualquier interés particular.

El mensaje puede leerse como una advertencia institucional: el COARPE no puede permitir que controversias relacionadas con sus autoridades terminen debilitando la confianza de los profesionales que representa.

Los arqueólogos piden que se esclarezca todo

El pronunciamiento también abre una interrogante mayor: ¿qué hará ahora el Consejo Directivo Nacional?

Después de la difusión de los informes de Lima Gris, la dirigencia nacional enfrenta el desafío de responder no solamente a las preguntas planteadas públicamente, sino también a las inquietudes que empiezan a surgir desde sus propias organizaciones departamentales.

La Junta Directiva de Ica ha marcado posición. No acusa, pero exige investigar. No sentencia, pero reclama transparencia. Y, sobre todo, coloca nuevamente sobre la mesa una demanda fundamental para cualquier institución profesional: que las explicaciones lleguen antes que el silencio y que las investigaciones determinen las responsabilidades, si las hubiera.

En un colegio profesional cuya razón de ser está estrechamente vinculada con la ética y el ejercicio responsable de la arqueología, la defensa de la institucionalidad no puede quedar reducida a un comunicado. Ahora corresponde al Consejo Directivo Nacional responder. Los agremiados están esperando.

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Cusco: comunidad nativa se levanta contra Pluspetrol por contaminación ambiental y condicionamiento de proyecto

La Comunidad Nativa Carpintero-Kirigueti, en Megantoni, Cusco, inició una medida de fuerza indefinida en la plataforma Mipaya. Más de 190 comuneros acordaron movilizarse y exigen la intervención urgente del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ante sus reclamos contra Pluspetrol, entre ellos las denuncias por quemas incontroladas, fuertes olores y posibles afectaciones a la salud de la población.

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7 horas ago

07/09/2026

Elio León

La Comunidad Nativa Carpintero-Kirigueti decidió pasar de los reclamos al paro. Más de 190 comuneros aprobaron una la huelga comunal indefinida, con punto de concentración en la plataforma Mipaya, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco. La medida será resguardada por la Ronda Comunal y, según las autoridades indígenas, se mantendrá de manera pacífica hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas.

En el centro de la protesta aparecen dos asuntos que han generado preocupación entre los pobladores: el futuro de proyectos para la comunidad y las alertas relacionadas con el ambiente y la salud.

Uno de los principales reclamos está relacionado con un proyecto de energía solar fotovoltaica solicitado por la comunidad para atender las necesidades de la zona. Los comuneros denuncian que Pluspetrol estaría condicionando la ejecución de este proyecto a una eventual renegociación de licencias y accesos vinculados al transporte de gas prevista para 2027, específicamente en la línea Mipaya-Pagoreni West.

Pero el conflicto no se limita a las demandas vinculadas con infraestructura o proyectos. La preocupación ambiental ocupa un lugar central en la protesta.

Los pobladores han reportado quemas incontroladas y fuertes olores en la plataforma Mipaya, cuyos efectos, según denuncian, habrían llegado hasta las viviendas de la comunidad. Algunos comuneros aseguran haber presentado mareos y otros imprevistos relacionados con su salud tras estos episodios.

Estas denuncias han colocado nuevamente bajo la mirada pública las condiciones ambientales en las zonas donde se desarrollan actividades vinculadas al sector hidrocarburos y la necesidad de que las autoridades competentes determinen qué está ocurriendo, cuáles son las causas de estos incidentes y si existe algún riesgo para la población y el entorno.

Frente a esta situación, las autoridades comunales han decidido recurrir directamente al Gobierno. Mediante el Oficio N.° 0184-2026-CNCK/J, solicitaron al Ministerio de Energía y Minas que intervenga como mediador y promueva la instalación de una mesa de diálogo.

La solicitud busca evitar que el conflicto escale y abrir un espacio institucional en el que puedan discutirse los reclamos de la comunidad frente a la empresa.

Mientras esperan una respuesta, la población mantiene la protesta en Mipaya. La decisión de declararse en paro indefinido constituye una señal de advertencia: la comunidad exige que sus demandas sean escuchadas y que las denuncias ambientales sean atendidas con seriedad y transparencia.

Por ahora, la pelota está en la cancha del MINEM y de Pluspetrol. El pedido de los comuneros es concreto: diálogo, respuestas y atención a las alertas que, aseguran, están afectando su territorio y preocupando a sus familias.

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Lima ante El Niño: 9 distritos vulnerables retrasan gasto para prevenir desastres

A pocas semanas de la temporada de lluvias, nueve de los 18 distritos de Lima considerados más vulnerables ante el Fenómeno El Niño presentan retrasos en la ejecución del presupuesto destinado a la prevención de desastres.

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1 día ago

06/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña Cruz

De los S/64,8 millones asignados a los 43 municipios de Lima para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias, solo se habían ejecutado S/35,7 millones, equivalente al 55 %. La situación genera preocupación debido a que varios de estos distritos concentran a millones de habitantes expuestos a huaicos, inundaciones y otros peligros naturales.

El problema no está solamente en la cantidad de dinero asignado, sino en cuánto de ese presupuesto se está utilizando antes de que lleguen las lluvias. Entre los distritos identificados como más vulnerables se encuentra Lurigancho-Chosica, una zona que durante los últimos años ha sufrido los efectos de huaicos y deslizamientos y que, según el reporte, todavía mantenía cerca del 70 % de sus recursos destinados a este programa sin ejecutar.

En conjunto, los 18 distritos considerados más vulnerables abarcan cerca del 64 % de la superficie de Lima Metropolitana y concentran a más de 5 millones de habitantes. Esto significa que cualquier retraso en las medidas de prevención puede tener consecuencias importantes para la población, especialmente en las zonas cercanas a quebradas y otros sectores expuestos.

Foto: Andina.

La situación ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo. En junio de este año, la institución informó que varias municipalidades del país presentaban niveles críticos de ejecución del Programa Presupuestal 0068, destinado precisamente a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres. Algunas municipalidades incluso registraban 0 % de ejecución.

La Defensoría señaló que esta baja ejecución puede comprometer la capacidad del Estado para prevenir y responder oportunamente ante fenómenos naturales, poniendo en riesgo derechos como la vida, la salud, la vivienda y el acceso a servicios públicos. Por ello, pidió a las municipalidades acelerar el uso de estos recursos y fortalecer sus capacidades de gestión.

Mientras tanto, el Gobierno también ha anunciado medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño. El Ejecutivo autorizó recursos para intervenciones mediante Obras por Impuestos y otras acciones destinadas a reducir los riesgos ante posibles lluvias intensas. Sin embargo, el avance de estas medidas deberá ser evaluado junto con el trabajo que corresponde realizar a los gobiernos locales.

Foto: Andina.

Además, no todas las obras de prevención previstas bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido han sido culminadas. De las 149 obras consideradas, 85 habían sido terminadas y entregadas al momento del reporte, mientras las restantes continuaban pendientes.

Con la temporada de lluvias cada vez más cerca, el tiempo para ejecutar las medidas de prevención se reduce. El desafío para las autoridades no es solamente contar con un presupuesto, sino demostrar que esos recursos pueden convertirse en obras y acciones concretas antes de que ocurra una emergencia.

Lima conoce cuáles son sus zonas más vulnerables y también cuenta con recursos destinados a reducir los riesgos. Sin embargo, mientras una parte importante de ese presupuesto continúa sin ejecutarse, la población sigue esperando medidas que realmente puedan protegerla. La pregunta queda para las autoridades municipales y nacionales: ¿se llegará a tiempo para prevenir los daños o tendremos que esperar a que ocurra un desastre para recién actuar?

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Fiscalía pide diez años de cárcel para Beingolea: el ministro de Cultura deberá responder ante el Poder Judicial

El PJ rechazó los intentos de la defensa por cerrar el caso y abrió el camino al juicio oral contra Alberto Beingolea por una presunta colusión agravada vinculada a una contratación de S/30 mil en el Gobierno Regional del Callao. La Fiscalía pide 10 años de prisión, 13 años de inhabilitación y 550 días multa. El caso adquiere una nueva dimensión mientras el ministro enfrenta cuestionamientos por otras controvertidas contrataciones en el Ministerio de Cultura

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2 días ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

Las horas más oscuras para Alberto Beingolea, el Poder Judicial ha rechazado los intentos de su defensa para cerrar una investigación fiscal que lo acusa de una presunta colusión agravada ocurrida en 2019, cuando se habría concertado con funcionarios del Gobierno Regional del Callao para obtener la contratación de una asesoría legal por S/30 mil. Ahora el caso tiene una ruta definida: el juicio oral.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao sostiene que la contratación presentó una serie de irregularidades. Una de ellas está relacionada con la documentación que Beingolea habría presentado para acreditar los estudios y experiencia exigidos en los términos de referencia.

Pero la acusación va más allá. El Ministerio Público cuestiona también los tres informes legales entregados como parte del servicio. Según la tesis fiscal, algunos tendrían un contenido genérico o abordarían asuntos que correspondían a otras áreas jurídicas del Gobierno Regional del Callao.

Sobre esa base, la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años de prisión, además de 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa. La Procuraduría Anticorrupción, por su parte, reclama S/50 mil por reparación civil.

La defensa ha respondido que no existe la prueba fundamental que debería sostener una acusación de esta naturaleza: comunicaciones, reuniones, mensajes o testimonios que demuestren un acuerdo ilícito entre Beingolea y funcionarios regionales. Sus abogados sostienen que, si existieron irregularidades, estas podrían corresponder a deficiencias administrativas y no necesariamente a un delito.

También señalan que Beingolea no participó en las decisiones internas que condujeron a su contratación. No elaboró los términos de referencia, no intervino en el estudio de mercado ni participó en las conformidades otorgadas por funcionarios del gobierno regional. Pero el argumento no consiguió cerrar el caso.

El juzgado rechazó el pedido de sobreseimiento y la Sala Penal de Apelaciones confirmó posteriormente esa decisión. Los magistrados consideraron que una eventual concertación en un delito de colusión puede ser acreditada mediante indicios y no requiere necesariamente encontrar un documento donde los involucrados hayan dejado escrito un acuerdo criminal.

En el expediente fueron considerados, entre otros elementos, documentos de la contratación, un informe de control, una pericia contable y declaraciones de consejeros regionales.

La conclusión judicial fue contundente en términos procesales: existen elementos suficientes para que las acusaciones sean discutidas en un juicio oral. No se trata, por tanto, de una condena. Se trata de un proceso que deberá determinar si los hechos atribuidos a Beingolea constituyen o no un delito y cuál es su responsabilidad.

Beingolea responde

El ministro insiste en su inocencia. “Soy un hombre de Derecho. No me parece mal que investiguen, que investiguen todo lo que quieran, no tengo nada que ocultar”, declaró durante una entrevista con RPP.

Después de conocerse el pedido de 10 años de prisión, volvió a defenderse. Aseguró que el trabajo se realizó, que cumplía con los requisitos y que presentó los entregables correspondientes. Su argumento central es que no hubo perjuicio para el Estado.

“Colusión es un delito según el cual tú te pones de acuerdo con algún funcionario público para engañar al Estado, para perjudicarlo”, sostuvo. Y agregó que existían testimonios y documentos que acreditaban la ejecución del servicio.

El proceso, sin embargo, no ha terminado. Beingolea apeló el auto de enjuiciamiento, aunque su abogado no se presentó a la audiencia realizada la semana pasada.

La otra investigación: el caso de la madre e hija

Y aquí aparece un segundo frente que vuelve políticamente incómoda la situación del ministro. Mientras el Poder Judicial abre la puerta al juicio por una contratación de 2019, Lima Gris ha revelado cuestionamientos relacionados con recientes designaciones y contrataciones en el sector Cultura.

En apenas 25 días, el Ministerio de Cultura quedó envuelto en un nuevo episodio que involucra a dos exmilitante del PPC: una madre y su hija.

La hija, Sofía Aguayo Morales, terminó al frente de la Gerencia General de la Biblioteca Nacional del Perú, pese a que —según la información difundida— había sido investigada por la Fiscalía Anticorrupción. Paralelamente, su madre, Lourdes Morales Morote, obtuvo una orden de servicio por S/32.500 para trabajar en el despacho del ministro Alberto Beingolea. Tras el escándalo la madre renunció.

Son dos historias distintas y deben investigarse como tales. Una corresponde a un proceso judicial originado en el Callao. La otra, a cuestionamientos sobre designaciones y contrataciones en el Ministerio de Cultura. Pero ambas terminan colocando al ministro frente al mismo problema: la necesidad de explicar con absoluta transparencia las decisiones tomadas bajo su responsabilidad política.

Porque un ministro puede defenderse de una acusación y reclamar su derecho a la presunción de inocencia. Lo que no puede hacer es pretender que las preguntas desaparezcan. Ahora será un tribunal el que deberá establecer si en 2019 hubo una concertación ilícita para obtener un contrato por S/30 mil.

Y mientras ese proceso avanza, el ministro que conduce la política cultural del país deberá responder también por las decisiones administrativas adoptadas dentro de su propia cartera. En política, las explicaciones pueden darse ante una cámara de televisión. En la justicia, finalmente, tienen que sostenerse ante los hechos.

Finalmente, reiteramos el pedido de entrevista al titular de la cartera de Cultura. Ministro Beingolea, no se corra de la entrevista con Lima Gris.

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La periodista Anabel Hernández, vincula al expresidente Alan García con una presunta operación de armas para el Cártel de Sinaloa [VIDEO]

La periodista mexicana sostiene, a partir del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que armamento adquirido por el gobierno peruano en China habría terminado en manos del Cártel de Sinaloa. Según la declaración recogida en su libro Narcocracia, la operación habría involucrado presuntamente al entonces presidente Alan García Pérez a cambio de millones de dólares. Una acusación de enorme gravedad que abre preguntas sobre el destino de armas adquiridas por el Estado peruano y su eventual conexión con el crimen organizado mexicano.

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2 días ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

El caso de las armas que durante años alimentaron la violencia de los cárteles mexicanos, colocan al Perú en una nueva historia de la narcoviolencia. Según la periodista mexicana Anabel Hernández, su reciente libro tendría un capítulo sobre el gobierno del expresidente Alan García. La publicación destapa los laboratorios clandestinos del narcotráfico y la compra de armamento bajo el control del Estado.

En su libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México, Hernández recoge el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, antiguo integrante de la estructura del Cártel de Sinaloa y cercano a Arturo Beltrán Leyva. Su relato describe la manera en que el crimen organizado mexicano habría conseguido extender sus redes mediante una combinación de violencia, corrupción y acuerdos con funcionarios y autoridades. En esa trama aparece el Perú.

“El armamento, por cierto, venía de Perú, gracias a un presidente de Perú, que pactó directamente con el cártel de Sinaloa para entregarles las armas que el gobierno de Perú compraba en China”, afirma Anabel Hernández durante la entrevista basada en su investigación.

La acusación es de extrema gravedad. De acuerdo con su relato, el gobierno chino habría vendido el armamento sin conocer, aparentemente, cuál sería su destino final. Las armas, sin embargo, habrían terminado formando parte del arsenal utilizado por organizaciones criminales mexicanas durante los años más violentos de la expansión de los cárteles.

Hernández sitúa temporalmente esta operación entre los años 2004 y 2010. “Mucho del armamento que provocó miles de muertes en México”, sostiene, “vino del gobierno de Perú”.

La siguiente afirmación introduce directamente el nombre del expresidente Alan García.

“A cambio de millones y millones de dólares que se pagaron a un presidente de esa nación”, señala la periodista. Ante la pregunta sobre a qué presidente se refiere, responde: “Alan García”.

La declaración se trata de una afirmación periodística sustentada, según Hernández, en el testimonio de “El Grande”, quien asegura haber conocido desde dentro la estructura del narcotráfico y sus relaciones con distintos actores del poder. Ese matiz resulta fundamental.

Una acusación de esta naturaleza exige separar el testimonio de su comprobación documental. El hecho de que un antiguo integrante del crimen organizado formule una revelación no convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos acreditados. Pero tampoco permite ignorarlas cuando son expuestas públicamente dentro de una investigación periodística que pretende reconstruir las redes internacionales de corrupción y tráfico de armas.

La tesis central de Narcocracia precisamente apunta hacia ese territorio incómodo: los cárteles mexicanos no habrían conquistado espacios de poder únicamente mediante las armas, sino también mediante el dinero y la penetración de las instituciones.

Gobernadores, generales, empresarios, senadores, funcionarios y presidentes aparecen en el mapa descrito por Hernández. La frontera entre Estado y crimen organizado, según esa investigación, habría comenzado a desaparecer allí donde los intereses económicos, políticos y criminales encontraron puntos de encuentro.

Cártel de Sinaloa.

En ese escenario, la presunta conexión peruana adquiere una dimensión internacional. Ya no se trataría únicamente de investigar quién recibió las armas o quién las utilizó, sino de determinar cómo un armamento comprado por el Estado peruano en China pudo, presuntamente, terminar en manos de una organización criminal mexicana.

La respuesta, si existieron esas operaciones, tendría que encontrarse en documentos de compra, contratos, registros de importación y exportación, mecanismos de control y destino final del armamento.

La declaración de Anabel Hernández coloca una pieza inesperada sobre el tablero: Perú. Y junto a ella, un nombre que pertenece a una etapa decisiva de la historia política peruana: Alan García Pérez.

Contratapa del libro Narcocracia.

La revelación, por tanto, no debería quedar reducida a una frase impactante de una entrevista. Si existen documentos que respalden lo señalado por Hernández y por “El Grande”, estaríamos ante una historia que atravesaría gobiernos, fronteras y estructuras criminales.

La pregunta queda planteada: ¿cómo llegaron esas armas del Estado peruano al poder de los cárteles mexicanos y quiénes hicieron posible esa ruta?

Narcocracia ofrece una versión. Ahora corresponde determinar cuánto de esa versión puede ser demostrado en el Perú.

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El COARPE a la deriva: el escándalo moral y legal que hunde al Colegio de Arqueólogos del Perú

La filtración de fotografías y videos de presuntas noches de alcohol en las oficinas del COARPE ha generado un nuevo escándalo. A esto se suman acusaciones de presunta malversación de fondos y una ineptitud administrativa que ha provocado que el Estado rechace la inscripción de su propio Consejo Directivo, la institución que debería velar por la ética y la protección del patrimonio cultural atraviesa su hora más oscura.

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3 días ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

El Colegio de Arqueólogos del Perú (COARPE) fue concebido como la máxima institución encargada de velar por el desempeño ético y moral de los profesionales de la arqueología en el país. Se supone que su sede nacional, ubicada en la avenida República de Chile 295, oficina 1002, en Jesús María, debería ser el epicentro de debates trascendentales: desde las políticas públicas para la protección del patrimonio cultural frente al tráfico ilícito, hasta la defensa de los derechos laborales de los arqueólogos que trabajan en condiciones precarias en las distintas regiones del país.

Sin embargo, la realidad que hoy golpea a sus más de 3.000 agremiados es diametralmente opuesta. La sede del COARPE habría dejado de ser un espacio de reflexión profesional para convertirse, presuntamente, en un bar clandestino donde se desarrollarían borracheras nocturnas, entre otras situaciones cuestionables. La filtración de fotografías que circula en redes sociales ha encendido las alertas entre los agremiados.

La pregunta que resuena entre la comunidad arqueológica es inevitable: ¿Qué clase de directivos permiten que la sede de su gremio sea ultrajada de esta manera? La idoneidad moral de quienes hoy ocupan los cargos de confianza en el COARPE está severamente cuestionada. Las imágenes y testimonios filtrados no solo pintan un cuadro de decadencia institucional, sino que exponen a unos directivos y administrativos que han perdido toda brújula ética.

¿Cómo pueden estos funcionarios exigir respeto y ética profesional a los agremiados cuando ellos estarían la oficina en un presunto local de de desenfreno? La imagen que proyectan hacia su gremio y hacia el público en general, es la de una institución a la deriva, alejada por completo de la solemnidad y el rigor que exige la ciencia arqueológica.

Fotografías que registran el incidente de la puerta.

Otro de los temas que se cuestiona a la actual administración del COARPE, es el presunto despilfarro de los aportes de los agremiados. Ese dinero que debería ser destinado a la defensa gremial y al bienestar del sector, estaría siendo malgastado en pasajes en avión, viáticos, licor, comidas y otros. Según un grupo de agremiado, la responsabilidad de lo que sucede es del personal administrativo, conformado por el círculo cercano del decano.

El caso más emblemático de esta presunta falta de respeto hacia la institución involucraría al asesor legal Russel Reategui Arevalo. Según denuncias y material audiovisual en poder de este medio, el funcionario habría protagonizado un incidente durante una de estas fiestas nocturnas. Presuntamente, en estado de ebriedad, habría terminado destrozando a patadas la puerta de ingreso de la institución.

De confirmarse los hechos, no se trataría simplemente de un episodio de indisciplina, sino de una situación que evidenciaría el nivel de deterioro en el manejo de los espacios y bienes del Colegio de Arqueólogos del Perú. La presunta destrucción de un elemento de acceso a la propia sede institucional resulta especialmente grave cuando el responsable sería, precisamente, un asesor encargado de velar por el cumplimiento de las normas y la defensa legal de la institución.

A este panorama se suma la figura de Anthony Ulises Villalta Tello, exgerente y actualmente personal administrativo del COARPE, quien presuntamente habría participado en estas festividades y registrado constantes ausencias a sus labores, situación que habría afectado la atención que la institución debe brindar a sus agremiados.

Según las denuncias recibidas por este medio, junto a Villalta Tello habrían participado otros integrantes de la directiva, quienes habrían permitido o participado en reuniones nocturnas dentro de la sede institucional, además del ingreso de personas ajenas al Colegio en horarios que no corresponderían a la atención regular.

Los hechos denunciados plantean una pregunta inevitable: ¿qué ocurre dentro de la sede del COARPE cuando sus puertas deberían estar cerradas y quién autoriza el ingreso de personas ajenas a la institución?

Por respeto al decoro de nuestros lectores, este medio ha decidido no publicar todas las fotografías que vienen circulando en redes sociales. Sin embargo, sí difundirá el video que mostraría el presunto momento en que el asesor legal, Russel Reategui Arevalo, habría pateado y ocasionado daños en la puerta de ingreso de la institución. Corresponderá a las autoridades competentes determinar la responsabilidad que pudiera existir por estos hechos.

LA INEPTITUD LEGAL Y EL FRACASO ANTE LA SUNARP

Si la decadencia moral y administrativa era insuficiente para definir a la actual gestión, el reciente fracaso estrepitoso ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) termina de sentenciar la gestión del decano Miguel Canchari Huamaní y su Consejo Directivo.

Según consta en el documento de Tacha Sustantiva (Título N° 2026-01881909) emitido por la Oficina Registral de Lima el 08 de julio de 2026, la SUNARP ha rechazado de plano la inscripción del nuevo Consejo Directivo Nacional electo para el periodo 2026-2028. El motivo principal no es un simple error de forma, sino un defecto insubsanable que afecta la validez misma del título presentado.

¿Qué significa que la observación sea insubsanable? Significa que el acto es nulo de derecho, que contraviene normas expresas y que no hay manera de «corregir» el error presentando un nuevo papel; el vicio de origen es estructural. La SUNARP ha determinado que el decano Miguel Antonio Canchari Huamaní ha sido reelegido, situación que se encuentra expresamente prohibida por el Estatuto del Colegio (Artículo 147°) y por el Artículo 17° y el inciso h) del Artículo 44° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas.

La norma es clara y la jurisprudencia del Tribunal Registral (como la Resolución N° 556-2013-SUNARP-TR-L) es contundente: la prohibición de reelección inmediata es absoluta para evitar la perpetuación en el poder. Al intentar inscribir a un decano que ya venía ejerciendo otro cargo y que buscaba un periodo consecutivo adicional, el propio Canchari Huamaní y su Consejo Directivo Nacional, demostraron un desconocimiento garrafal de su propio estatuto y de la ley registral. En consecuencia, la SUNARP ha declarado la invalidez de la elección efectuada.

Este hecho no es solo un tropiezo burocrático; es la confirmación de que la actual directiva carece de reconocimiento legal por parte del Estado Peruano. Un decano que no puede inscribir a su propio consejo directivo es un decano que ha fracasado en su gestión más básica: la representación legal de la institución. Mientras en la oficina se rompían puertas a patadas entre botellas de licor, en los escritorios no se leía ni siquiera el estatuto que rige la convivencia gremial. La ceguera por el poder ha llevado a la directiva a cometer un error jurídico que deja al COARPE en un limbo legal absoluto, sin un consejo directivo válidamente reconocido ante la sociedad y el Estado.

UN HISTORIAL DE NEGLIGENCIA Y EL LLAMADO A LA RECUPERACIÓN

La «Tacha Sustantiva» de la SUNARP no se limita solo al defecto insubsanable de la reelección del decano. El documento registral es un catálogo de las múltiples irregularidades, negligencias y «chanchullos» administrativos que caracterizan a este Consejo Directivo Nacional. El registrador público ha dejado constancia de otros defectos que, aunque en otros casos podrían ser subsanables, en este contexto evidencian un desorden mayúsculo. Entre las observaciones adicionales que la SUNARP detectó figuran:

Falta de Formalidades Legales: No se acompañaron las copias certificadas de la Convocatoria para la Elección ni de las Credenciales otorgadas por el Organismo Electoral, limitándose a insertar actas internas que no cumplen con la formalidad requerida por el Decreto Supremo N° 012-2018-JUS.
Incongruencias Matemáticas y de Quórum: En el acta de la asamblea nacional extraordinaria del 02.11.2025, se consigna la emisión de 118 votos (donde cada asistente votó por 3 candidatos), lo que matemáticamente arroja que participaron 39.3 asociados. Sin embargo, al final del acta solo suscriben 31 asistentes.
Invención de Cargos: En dicha misma asamblea se consignaron los cargos de «Suplentes 1 y 2» para el comité electoral. Sin embargo, la SUNARP recuerda (Resolución N° 351-ORLC/TR) que los cargos deben ser estrictamente los previstos en el estatuto (Art. 148°), no inventos de último minuto para acomodar a amigos y allegados.

LOS COLEGIADOS SE PRONUNCIAN Y EXIGEN AL COARPE MAYOR TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

Ante el escándalo desatado por la publicación del medio Lima Gris, que vincula al decano del Colegio de Arqueólogos del Perú (COARPE), Miguel Canchari Huamaní, con la presunta falsificación y uso de documentos para adjudicarse una millonaria licitación en ProVías, la base colegial ha comenzado a romper el silencio institucional. En una carta formal presentada en mesa de partes del colegio y fechada el 31 de agosto de 2026, el agremiado Martín Alonso Chanta Vargas (COARPE N° 40897) exigió al Consejo Directivo Nacional la convocatoria inmediata a una Asamblea Nacional Extraordinaria y la emisión de un pronunciamiento oficial y transparente.

Chanta Vargas cuestiona severamente la absoluta falta de información por parte de la institución sobre el estado de la denuncia, presentada supuestamente el 31 de julio de 2026, advirtiendo que el mutismo del decanato no solo vulnera el derecho de los miles de colegiados a estar informados, sino que erosiona gravemente la credibilidad, la ética y la confianza en una organización que, por mandato estatutario, debería ser el faro de la probidad y la defensa del patrimonio cultural del país, y no un ente cómplice del encubrimiento.

EL RESCATE DEL COARPE ES UNA URGENCIA

El panorama es desolador. Nos encontramos frente a una gestión liderada por Miguel Canchari Huamaní que ha tocado fondo. Por un lado, existe un grupo de directivos y administrativos que han convertido el templo de la arqueología peruana en un espacio personal donde se realizan otras actividades en altas horas de la noche. Recordemos que esas oficinas son financiadas presumiblemente con el peculio de los agremiados. Por otro lado, existe una cúpula jurídica y política tan incapaz que no logra ni siquiera que el Estado peruano reconozca su propia existencia legal debido a su soberbia al intentar reelegirse violando la norma. Esto sin mencionar con la anterior denuncia contra el decano Miguel Canchari Huamaní por presunta falsificación de documentación para ganar una millonaria licitación en perjuicio de la arqueóloga Rocio Coras.

Ante este escenario de «fracaso integral», la pregunta ya no es solo ética, sino penal. ¿Los hechos descritos configuran, en teoría, el delito de Peculado de Uso (Artículo 388° del Código Penal), al darle a fondos y bienes públicos/gremiales una aplicación distinta a aquella para la que fueron destinados?

Es urgente que el Vicedecano, Daniel Morales, a quien el Estatuto le otorga la responsabilidad del funcionamiento de la oficina, asuma su rol, deje de ser amedrentado por las presiones del Decano y otros malos directivos, y convoque a las acciones disciplinarias y penales que correspondan a los administrativos involucrados y al asesor legal, además de cambiarlos. Asimismo, el tesorero Carls Choquehuaccha debe dar cuentas de a dónde va el dinero de las habilitaciones que nunca se pagan y de los pasajes y viáticos que se financian para que los personajes nocturnos viajen a provincias.

El COARPE necesita ser rescatado. Los arqueólogos del Perú, aquellos que se juegan la vida en las excavaciones, en las selvas y en los Andes para proteger la identidad de la nación, merecen una institución a la altura de su sacrificio, no una cofradía que destruyen puertas a patadas y que no saben leer el estatuto que ellos mismos deberían defender. La SUNARP ya ha dicho «no» a su legalidad; ahora, la conciencia gremial debe decir «no» a la profanación del templo gremial.

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Actualidad

Los titulares de Lima Gris: 04 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda.

Published

3 días ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

José Antonio Chang defiende designaciones de Tania Ramírez y Diana Gonzales

El ministro de Educación, José Antonio Chang, defendió los nombramientos de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial y Diana Gonzales en PRONABEC, pese a los cuestionamientos sobre sus credenciales e idoneidad para los cargos. Sus declaraciones reavivan el debate sobre los criterios de designación de funcionarios y el respeto a la meritocracia en el sector público.

Humberto Morales acusa al fujimorismo de intentar “comprar votos”

El senador Humberto Morales lanzó una dura acusación contra el fujimorismo por una presunta intención de comprar votos. Sus declaraciones elevan la tensión política y vuelven a poner bajo la lupa las negociaciones y alianzas en el Congreso.

Marlon Aguirre pone en duda su permanencia en Juntos por el Perú

El diputado Marlon Aguirre afirmó que “todavía” permanece en Juntos por el Perú, dejando abierta la posibilidad de una eventual salida y alimentando las especulaciones sobre el futuro de su permanencia en la bancada. Según fuentes, Aguirre quiere vestir la camiseta naranja.

Yenifer Paredes cuestiona Presupuesto 2027: “Trasladan responsabilidades, pero no recursos”

La congresista Yenifer Paredes de JP, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027, señalando que el incremento de recursos para gobiernos regionales y locales se concentra principalmente en gasto corriente. También advirtió sobre un recorte de S/ 430 millones para seguridad municipal y pidió un Fondo de Choque Hídrico de S/ 2 mil millones para atender la situación del campo.

Conexión inesperada tras crimen y secuestro en Trujillo

Dos jóvenes que aseguran trabajar para Aldo Mariños, actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad, declararon ante la Fiscalía y lo situaron, indirectamente, en una escena que es materia de investigación. Según sus testimonios, la madrugada del secuestro de un empresario minero y del asesinato de cuatro personas, ambos trasladaron en un vehículo a un hombre armado vestido como policía.

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Actualidad

Aldo Mariños, la minería de pataz y el escolta que apareció en la ruta del secuestro y crimen en Trujillo

La conexión inesperada. Las declaraciones ante la Fiscalía de dos jóvenes que aseguran trabajar para Aldo Mariños los sitúan en una escena que hoy es materia de investigación: la madrugada en que un empresario minero fue secuestrado y cuatro personas fueron asesinadas en Trujillo, ambos habrían trasladado en un vehículo a un hombre armado que vestía como policía. Fotografías revisadas por Lima Gris muestran, además, a uno de ellos acompañando de cerca al candidato de Somos Perú durante actividades proselitistas.

Published

3 días ago

04/09/2026

Edwin Cavello Limas

Aldo Mariños fue alcalde provincial de Pataz y hoy es candidato al Gobierno Regional de La Libertad. Durante los últimos años construyó una posición pública de defensa de los pequeños mineros y de la llamada minería artesanal. Ha cuestionado las restricciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ha reclamado mayores facilidades para la formalización y ha respaldado demandas de sectores mineros de Pataz.

Mariños también ha sostenido que no se puede colocar en el mismo saco a todos los mineros artesanales y a las organizaciones criminales que operan en la zona. El problema es que Pataz no es un territorio cualquiera.

Allí conviven minería formal, minería artesanal, minería informal, minería ilegal y estructuras criminales que disputan territorios, socavones y rentas millonarias. Por eso, cualquier relación política o laboral con personas vinculadas a ese mundo requiere una explicación particularmente rigurosa.

La madrugada que cambió la historia

La madrugada del domingo 30 de agosto de 2026, Trujillo fue escenario de un hecho brutal: el secuestro del empresario minero Jenns Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas. En medio de la investigación apareció un elemento inesperado.

Dos jóvenes que se encontraban a bordo de un Nissan Versa blanco declararon ante la Fiscalía. Sus nombres quedaron consignados en las actas: Gianmarco Javier Medina Mija, de 20 años, y Eliezer Abdías Medina Vílchez, de 23.

Lo relevante no es solamente que ambos fueran primos. Lo relevante es a quién dijeron prestar servicios. Gianmarco Medina manifestó que trabajaba como escolta de Aldo Mariños —actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad por Somos Perú— desde hacía aproximadamente un mes y que recibía S/ 650 quincenales.

Acta de declaración testimonial.

Eliezer Medina declaró ser chofer privado de Mariños desde hacía aproximadamente un mes y medio, con una remuneración cercana a S/ 1.300 mensuales. Es decir, según sus propias declaraciones, no se trataba de dos desconocidos que pasaban circunstancialmente por el lugar. Eran dos personas que afirmaban mantener una relación laboral directa con el candidato al Gobierno Regional de La Libertad. Y ambos estaban juntos aquella madrugada.

El hombre vestido de policía

Según el testimonio conocido, alrededor de las 2:10 de la madrugada escucharon detonaciones. Después circularon por las inmediaciones. Fue entonces cuando apareció un hombre vestido aparentemente como policía y subió al vehículo. El sujeto llevaba casco táctico, chaleco antibalas táctico, un distintivo con la palabra “Policía”, botines y un arma de fuego.

Los dos jóvenes dijeron que inicialmente creyeron que realmente se trataba de un efectivo policial. Hay un detalle que resulta especialmente llamativo: el hombre permanecía en silencio y revisaba su teléfono celular.

Cuando observaron un patrullero con la circulina encendida, le preguntaron si quería que lo dejaran con quienes suponían eran sus compañeros. El sujeto se negó e inmediatamente les indicó que siguieran. Y ellos continuaron.

Presunto policía uniformado corre dejando la escena del crimen.

Posteriormente, según la declaración, advirtieron que tenía acento venezolano. El hombre les habría ordenado llevarlo hasta el pasaje Santa Rosa. Allí, según la versión testimonial, sacó una pistola, apuntó hacia la parte delantera del automóvil y les advirtió que no habían visto nada y que regresaran a sus casas.

La explicación de los ocupantes es, por tanto, que actuaron bajo amenaza. Esa versión debe ser corroborada. Pero existe un hecho que permanece: el hombre armado fue trasladado en el vehículo.

El regreso al lugar

La historia no terminó allí. Después de dejar al supuesto policía, los dos jóvenes dijeron que comunicaron lo ocurrido al propietario o arrendador del vehículo y regresaron. Según la declaración de Gianmarco Medina, el efectivo policial que alquilaba el Nissan a su primo acudió con ellos hasta el lugar donde habían dejado al sujeto. El policía ingresó al pasaje. Los jóvenes dijeron que no pudieron observar hasta dónde llegó.

Eliezer Medina, por su parte, declaró que realizó una videollamada a Juan Daniel Abanto, a quien identificó como suboficial de segunda de la Policía, para contarle lo ocurrido.

Aquí aparece una de las primeras preguntas que la investigación debe responder. ¿Quién era exactamente el policía mencionado por los declarantes? Y una segunda: ¿Era la misma persona a la que Eliezer Medina identificó como Juan Daniel Abanto?

Las actas conocidas no permiten establecer inequívocamente que ambas referencias correspondan a una sola persona. Hay otra contradicción que requiere explicación.

Escena de la masacre y secuestro.

Eliezer Medina señaló que el Nissan Versa blanco pertenecía a un compañero identificado como Cristhian Daniel Geldres Quispe. Gianmarco Medina declaró que el vehículo era alquilado a su primo por un efectivo policial.

La Fiscalía tendrá que determinar quién era realmente el propietario, quién tenía el control del vehículo y quién autorizó su utilización aquella madrugada.

El dato que conecta las dos historias

Aquí aparece el punto más sensible. Uno de los ocupantes del vehículo afirmó ser escolta de Aldo Mariños. El otro dijo ser su chofer. Ambos eran primos. Ambos estaban juntos. Ambos estuvieron en el vehículo. Los dos relataron haber trasladado a un hombre armado que vestía como policía.

La conexión con Aldo Mariños generó interrogantes en la investigación. Según fuentes, existe la tesis de que estas conexiones no se tratarían de algo casual. Con las nuevas declaraciones hay un giro en la línea de investigación que colocaría al candidato al Gobierno Regional de La Libertad en los alrededores de una historia de oro y sangre.

Tras las declaraciones hay una pregunta concreta: ¿Qué hacía el escolta de un candidato al Gobierno Regional de La Libertad en una secuencia inmediatamente posterior a un ataque criminal de esta magnitud?

En círculo rojo con lentes Gianmarco Medina, como escolta de Aldo Mariños en campaña.

Y existe otra pregunta todavía más delicada: ¿Por qué, después de supuestamente haber sido amenazados por un hombre armado, regresaron al lugar acompañados por un efectivo policial? Las respuestas deberán aparecer en la investigación fiscal.

Pataz vuelve a aparecer

La otra parte de esta historia conduce nuevamente hacia Pataz. Mariños ha desarrollado una defensa política de la minería artesanal y ha cuestionado el REINFO. Ha sostenido que el Estado debe facilitar la formalización de quienes desarrollan esta actividad y ha rechazado que todos los mineros artesanales sean tratados como ilegales.

En enero de 2026, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, lanzó cuestionamientos públicos contra Mariños y formuló afirmaciones sobre supuestos familiares relacionados con actividades mineras. Mariños negó categóricamente esas afirmaciones y exigió pruebas.

Aldo Mariños y ministro Ernesto Álvarez.

Ese antecedente tampoco demuestra participación en actividades ilícitas. Pero explica por qué la relación política de Mariños con el mundo minero de Pataz ha sido objeto de escrutinio. Ahora aparece un segundo escenario. Esta vez no es un pronunciamiento político. Son declaraciones ante la Fiscalía. Son nombres, horarios, un vehículo, un supuesto policía armado. Y es un trabajador que afirma desempeñarse como escolta del candidato.

Finalmente, las mismas actas muestran que dos personas declararon mantener un vínculo laboral directo con Aldo Mariños. Eso convierte el caso en un asunto de interés público, debido a que existe la conexión con un candidato al Gobierno Regional de La Libertad.

Por su parte, la Fiscalía tiene que esclarecer quién era el hombre uniformado, quién lo ayudó a movilizarse, qué ocurrió después de su ingreso al pasaje Santa Rosa y qué relación existe entre todos los protagonistas.

En Trujillo, las declaraciones de un escolta y un chofer han colocado a un candidato regional frente a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada y por qué dos personas que trabajaban para Aldo Mariños terminaron en la ruta de un hombre armado vinculado temporalmente a uno de los crímenes más graves ocurridos recientemente en Trujillo?

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