El dictamen se aprobó con nueve votos a favor tras el voto dirimente del fujimorista Arturo Alegría. A este resultado se sumó el respaldo de Jeenny Samanez y la abstención de Andrea Medina, ambas de Obras, pese a las alertas de especialistas sobre los riesgos ambientales.
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Jazmín BianchiEscucharResumenCompartirLa Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó el informe técnico que respalda las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en materia ambiental. El dictamen se definió tras un empate que resolvió el presidente de la mesa, Arturo Alegría García (FP), con su voto dirimente.
Únete a nuestro canal de política y economíaEl informe logró aprobarse con el apoyo decisivo de los bloques de derecha y de la parlamentaria Jeenny Samanez de Obras, sumando nueve votos a favor junto con Fuerza Popular y Renovación Popular. La oposición reunió también nueve votos en contra por parte de Juntos por el Perú, Partido de Buen Gobierno y Ahora Nación, mientras que la diputada Andrea Medina, del partido Obras, optó por la abstención.
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La aprobación se dio a pesar de que especialistas y organizaciones ambientales advirtieron que las medidas propuestas por el Ejecutivo implican serios riesgos, inviabilidades constitucionales y un claro retroceso en los estándares de conservación.
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En el transcurso de la sesión, el parlamentario Harvey Colchado (Ahora Nación) alertó acerca del peligro de implementar la aprobación automática y el silencio administrativo positivo en la evaluación de trámites ambientales.
“La demora de una entidad no puede convertirse automáticamente en una autorización para desarrollar una actividad que podría afectar el agua, la salud y los bosques. No podemos presumir que un proyecto es ambientalmente viable; debemos certificarlo”, manifestó.
En esa misma línea, la legisladora Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú) indicó que reformar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) exige una revisión profunda, pues dicha estructura resguarda derechos vinculados a la salud, el entorno natural y las áreas protegidas, más allá de incentivar inversiones.
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Además, requirió recopilar las opiniones técnicas del Indecopi, el COES y el Ministerio de Energía y Minas sobre los eventuales ajustes en el sector eléctrico, remarcando que toda intervención en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene que respetar los derechos indígenas y la consulta previa que le dio origen.
Aunque la opinión aprobada por la comisión señala que supervisará los decretos promoviendo la sostenibilidad y la protección ambiental, especialistas advierten que los cambios propuestos debilitan los mecanismos de fiscalización.
Un informe técnico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) también alertó que varias de las medidas del Ejecutivo presentan riesgos e inviabilidades constitucionales.
El documento de la SPDA puntualiza que recurrir a la aprobación automática o al silencio administrativo positivo en los instrumentos de gestión ambiental resulta “incompatible con la naturaleza preventiva» del SEIA y es una “medida regresiva que va en contra de la protección de recursos naturales”, lo que además “pone en riesgo los recursos hídricos” y los derechos fundamentales ligados a un ambiente sano.
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De igual modo, la institución advierte que restringir las opiniones técnicas vinculantes de entidades como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) o la Autoridad Nacional del Agua (ANA) vulneraría el control ambiental en zonas protegidas y fuentes de agua.
Además, el análisis advierte que dar prioridad a las concesiones forestales desconoce la posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Por último, señala que buscar "flexibilizar las reglas aplicables al aprovechamiento de recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas (ANP)", permitir la extracción petrolera con el pretexto de "compatibilizar la protección” de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), o dar armas no letales a los guardaparques equiparando su rol al de "agentes de seguridad interna", son medidas que amenazan la conservación.
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