Con el premier Luis Galarreta ya citado para sustentar el pedido y trece comisiones evaluando los puntos de su especialidad, el trámite de facultades legislativas avanza contra el reloj: la Comisión de Constitución tiene hasta el 18 de setiembre para dictaminar y remitir el pedido al Pleno de la Cámara de Diputados.
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Ariadna YayaEscucharResumenCompartirEl pedido de facultades legislativas del Ejecutivo entró en su etapa más activa esta semana. La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó al premier Luis Galarreta para que sustente ante sus integrantes los alcances de los 66 puntos que el Gobierno busca legislar sin pasar por el debate parlamentario ordinario. La sesión está programada para este miércoles 9 de setiembre, a las 3:00 p.m., en la Sala Miguel Grau Seminario.
Únete a nuestro canal de política y economíaLa presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, confirmó la convocatoria y precisó que el objetivo es que Galarreta explique la urgencia real de cada uno de los puntos solicitados.
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Avendaño insistió en que la delegación de facultades es un mecanismo excepcional, mediante el cual el Congreso cede temporalmente su función legislativa al Ejecutivo, pero únicamente sobre materias puntuales.
La funcionaria adelantó, además, que la comisión sostiene conversaciones con especialistas en temas ambientales, energéticos y laborales, así como con sindicatos y organizaciones indígenas, cuyas opiniones serán tomadas en cuenta antes de emitir el dictamen.
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Debido a la extensión del pedido, la revisión no recae únicamente en la Comisión de Constitución: esta remitió los puntos correspondientes a otras trece comisiones ordinarias del Congreso, entre ellas la de Defensa Nacional y Orden Interno, para que emitan opinión sobre las materias de su especialidad antes del debate final.
La Comisión de Defensa Nacional ya entregó su informe, en el que concluye que la delegación es viable en los extremos vinculados a su competencia —migración y nacionalidad, rastreo y bloqueo de equipos de comunicación en penales, armas y explosivos, participación excepcional de las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios, lucha contra la criminalidad organizada, modificación del Decreto Legislativo 1095, clasificación de organizaciones criminales como terroristas, gestión de riesgo de desastres y entrega de ayuda humanitaria por INDECI—, siempre que se respete el plazo de 120 días calendario planteado, se circunscriba a las materias específicas autorizadas y no se invadan competencias constitucionalmente indelegables.
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El plazo que ordena todo el proceso
Toda esta actividad —la citación a Galarreta, las opiniones de las comisiones, las conversaciones con especialistas— ocurre bajo la presión de un plazo concreto. El pedido ingresó formalmente a la Comisión de Constitución el 31 de agosto, lo que fija el vencimiento de los 15 días hábiles reglamentarios para dictaminar en el 18 de setiembre.
Es ese plazo el que explica por qué el trámite se ha acelerado esta semana: quedan poco más de diez días útiles para que la comisión resuelva si el pedido pasa —tal como fue planteado, con modificaciones o de forma parcial— al Pleno de la Cámara de Diputados.
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El plazo reducido responde a que el Gobierno invocó el artículo 105 de la Constitución para acogerse al procedimiento de urgencia, lo que recorta los tiempos frente a los que tendría un proyecto de ley ordinario.
Bajo este mecanismo, el pedido cuenta con preferencia en el debate: el reglamento establece que no puede discutirse ningún otro asunto en el Pleno mientras no se haya tratado primero la proposición calificada de urgencia, y se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los congresistas presentes para su aprobación.
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La ruta que debe seguir el pedido es más larga de lo que algunos asumen. Superada la etapa de comisión, el texto no le otorga automáticamente facultades al Ejecutivo: debe pasar primero por el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se debate y vota.
Solo si es aprobado allí, el expediente se traslada al Senado, donde primero lo revisa una comisión —con un plazo de hasta 7 días hábiles para dictaminar— y luego se somete a votación en el Pleno de esa cámara.
Comisión de Constitución: agenda de la sesión ordinaria no contempla el pedido
Pese a que el plazo ya corre, la agenda de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, programada para este lunes 7 de setiembre en la Sala Miguel Grau Seminario, no incluyó una discusión formal sobre el pedido de facultades.
El documento de convocatoria contempla la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria, la sumilla de documentos recibidos entre el 28 de agosto y el 4 de setiembre, y solo dos puntos en el orden del día: el Plan de Trabajo de la comisión para el periodo 2026-2027 y el Reglamento de las Ligas Parlamentarias de Amistad.
Esto no descarta que el tema sea abordado de manera informal durante la sesión, pero sí evidenciaba que, hasta el momento, la comisión aún no había fijado una fecha específica para el debate central.
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Cómo llegó el pedido a la comisión
La propia presidenta Avendaño había reconocido, el 31 de agosto, horas antes de que el pedido ingresara formalmente, que el documento todavía no había llegado a la comisión. Mientras tanto, el grupo de trabajo optó por declararse en sesión permanente, una salida procedimental impulsada por el diputado Frank Krklec Torres, de Renovación Popular, quien defendió la necesidad de contar con un dictamen a la brevedad dado el contexto del país.
Krklec ha remarcado que las facultades delegadas permiten al Ejecutivo legislar con rapidez sobre materias específicas sin pasar por el procedimiento legislativo ordinario, pero que esa misma característica exige una revisión minuciosa: a su juicio, la comisión debe establecer con claridad qué se delega y cuáles son sus límites, sin que el Parlamento renuncie a su labor de fiscalización.
La propuesta de sesión permanente fue respaldada por la diputada Cecilia Chacón de Vettori, de Fuerza Popular, quien señaló que esta modalidad permitirá convocar tanto a los miembros de la comisión como a los ministros en el momento que se considere necesario. Durante ese debate, los integrantes coincidieron en la necesidad de un análisis técnico y parlamentario que determine qué materias corresponde evaluar a la comisión.
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Cuestionamientos desde distintas bancadas
El vicepresidente de la comisión, Fernando García, de Buen Gobierno, cuestionó la amplitud del pedido del Ejecutivo. Señaló que ninguna de las decisiones vinculadas a la lucha contra la inseguridad requiere de una delegación legislativa, ya que el Gobierno puede recurrir a decretos de urgencia, y cuestionó que no exista un planteamiento específico frente al fenómeno de El Niño pese a que sí se incluyen cambios de mayor alcance, como la modificación del sistema de tasas de interés o una reforma amplia del sistema de justicia penal.
En la misma línea, la diputada de Buen Gobierno Rossana Alayza cuestionó la forma en que fue presentado el pedido. En sus redes sociales sostuvo que "no es obstruccionismo exigir que un pedido de facultades cumpla con los requisitos", y señaló que el documento llegó sin elementos esenciales, como el informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Desde Renovación Popular, la diputada Roxana Rocha puso el foco en un punto específico del pedido: la eliminación de la denominada "ley antiusura". El vocero de Ahora Nación, César Holguín, pidió mayor precisión al Ejecutivo en los puntos vinculados a la inseguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño, y cuestionó que el pedido no contemple una salida legal para remover a los altos mandos de la Policía Nacional, en medio de los cuestionamientos que enfrenta el comandante general Óscar Arriola.
No todas las posiciones apuntan a extender el debate. Congresistas cercanos a la bancada oficialista, como Karina Beteta, de Fuerza Popular, defendieron el plazo actual y cuestionaron los pedidos de ampliarlo, como el planteado por la senadora Mirta Vázquez. Para Beteta, extender los plazos "simplemente es dilatar" el trámite.
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