Fiscalía pide diez años de cárcel para Beingolea: el ministro de Cultura deberá responder ante el Poder Judicial

Actualidad Fiscalía pide diez años de cárcel para Beingolea: el ministro de Cultura deberá responder ante el Poder Judicial El PJ rechazó los intentos de la defensa por cerrar el caso y abrió el camino al juicio oral contra Alberto Beingolea por una presunta colusión agravada vinculada a una…

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El PJ rechazó los intentos de la defensa por cerrar el caso y abrió el camino al juicio oral contra Alberto Beingolea por una presunta colusión agravada vinculada a una contratación de S/30 mil en el Gobierno Regional del Callao. La Fiscalía pide 10 años de prisión, 13 años de inhabilitación y 550 días multa. El caso adquiere una nueva dimensión mientras el ministro enfrenta cuestionamientos por otras controvertidas contrataciones en el Ministerio de Cultura

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2 minutos ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

Las horas más oscuras para Alberto Beingolea, el Poder Judicial ha rechazado los intentos de su defensa para cerrar una investigación fiscal que lo acusa de una presunta colusión agravada ocurrida en 2019, cuando se habría concertado con funcionarios del Gobierno Regional del Callao para obtener la contratación de una asesoría legal por S/30 mil. Ahora el caso tiene una ruta definida: el juicio oral.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao sostiene que la contratación presentó una serie de irregularidades. Una de ellas está relacionada con la documentación que Beingolea habría presentado para acreditar los estudios y experiencia exigidos en los términos de referencia.

Pero la acusación va más allá. El Ministerio Público cuestiona también los tres informes legales entregados como parte del servicio. Según la tesis fiscal, algunos tendrían un contenido genérico o abordarían asuntos que correspondían a otras áreas jurídicas del Gobierno Regional del Callao.

Sobre esa base, la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años de prisión, además de 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 550 días multa. La Procuraduría Anticorrupción, por su parte, reclama S/50 mil por reparación civil.

La defensa ha respondido que no existe la prueba fundamental que debería sostener una acusación de esta naturaleza: comunicaciones, reuniones, mensajes o testimonios que demuestren un acuerdo ilícito entre Beingolea y funcionarios regionales. Sus abogados sostienen que, si existieron irregularidades, estas podrían corresponder a deficiencias administrativas y no necesariamente a un delito.

También señalan que Beingolea no participó en las decisiones internas que condujeron a su contratación. No elaboró los términos de referencia, no intervino en el estudio de mercado ni participó en las conformidades otorgadas por funcionarios del gobierno regional. Pero el argumento no consiguió cerrar el caso.

El juzgado rechazó el pedido de sobreseimiento y la Sala Penal de Apelaciones confirmó posteriormente esa decisión. Los magistrados consideraron que una eventual concertación en un delito de colusión puede ser acreditada mediante indicios y no requiere necesariamente encontrar un documento donde los involucrados hayan dejado escrito un acuerdo criminal.

En el expediente fueron considerados, entre otros elementos, documentos de la contratación, un informe de control, una pericia contable y declaraciones de consejeros regionales.

La conclusión judicial fue contundente en términos procesales: existen elementos suficientes para que las acusaciones sean discutidas en un juicio oral. No se trata, por tanto, de una condena. Se trata de un proceso que deberá determinar si los hechos atribuidos a Beingolea constituyen o no un delito y cuál es su responsabilidad.

Beingolea responde

El ministro insiste en su inocencia. “Soy un hombre de Derecho. No me parece mal que investiguen, que investiguen todo lo que quieran, no tengo nada que ocultar”, declaró durante una entrevista con RPP.

Después de conocerse el pedido de 10 años de prisión, volvió a defenderse. Aseguró que el trabajo se realizó, que cumplía con los requisitos y que presentó los entregables correspondientes. Su argumento central es que no hubo perjuicio para el Estado.

“Colusión es un delito según el cual tú te pones de acuerdo con algún funcionario público para engañar al Estado, para perjudicarlo”, sostuvo. Y agregó que existían testimonios y documentos que acreditaban la ejecución del servicio.

El proceso, sin embargo, no ha terminado. Beingolea apeló el auto de enjuiciamiento, aunque su abogado no se presentó a la audiencia realizada la semana pasada.

La otra investigación: el caso de la madre e hija

Y aquí aparece un segundo frente que vuelve políticamente incómoda la situación del ministro. Mientras el Poder Judicial abre la puerta al juicio por una contratación de 2019, Lima Gris ha revelado cuestionamientos relacionados con recientes designaciones y contrataciones en el sector Cultura.

En apenas 25 días, el Ministerio de Cultura quedó envuelto en un nuevo episodio que involucra a dos exmilitante del PPC: una madre y su hija.

La hija, Sofía Aguayo Morales, terminó al frente de la Gerencia General de la Biblioteca Nacional del Perú, pese a que —según la información difundida— había sido investigada por la Fiscalía Anticorrupción. Paralelamente, su madre, Lourdes Morales Morote, obtuvo una orden de servicio por S/32.500 para trabajar en el despacho del ministro Alberto Beingolea. Tras el escándalo la madre renunció.

Son dos historias distintas y deben investigarse como tales. Una corresponde a un proceso judicial originado en el Callao. La otra, a cuestionamientos sobre designaciones y contrataciones en el Ministerio de Cultura. Pero ambas terminan colocando al ministro frente al mismo problema: la necesidad de explicar con absoluta transparencia las decisiones tomadas bajo su responsabilidad política.

Porque un ministro puede defenderse de una acusación y reclamar su derecho a la presunción de inocencia. Lo que no puede hacer es pretender que las preguntas desaparezcan. Ahora será un tribunal el que deberá establecer si en 2019 hubo una concertación ilícita para obtener un contrato por S/30 mil.

Y mientras ese proceso avanza, el ministro que conduce la política cultural del país deberá responder también por las decisiones administrativas adoptadas dentro de su propia cartera. En política, las explicaciones pueden darse ante una cámara de televisión. En la justicia, finalmente, tienen que sostenerse ante los hechos.

Finalmente, reiteramos el pedido de entrevista al titular de la cartera de Cultura. Ministro Beingolea, no se corra de la entrevista con Lima Gris.

La periodista Anabel Hernández, vincula al expresidente Alan García con una presunta operación de armas para el Cártel de Sinaloa [VIDEO]

Redacción Lima Gris

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La periodista Anabel Hernández, vincula al expresidente Alan García con una presunta operación de armas para el Cártel de Sinaloa [VIDEO]

La periodista mexicana sostiene, a partir del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que armamento adquirido por el gobierno peruano en China habría terminado en manos del Cártel de Sinaloa. Según la declaración recogida en su libro Narcocracia, la operación habría involucrado presuntamente al entonces presidente Alan García Pérez a cambio de millones de dólares. Una acusación de enorme gravedad que abre preguntas sobre el destino de armas adquiridas por el Estado peruano y su eventual conexión con el crimen organizado mexicano.

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1 hora ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

El caso de las armas que durante años alimentaron la violencia de los cárteles mexicanos, colocan al Perú en una nueva historia de la narcoviolencia. Según la periodista mexicana Anabel Hernández, su reciente libro tendría un capítulo sobre el gobierno del expresidente Alan García. La publicación destapa los laboratorios clandestinos del narcotráfico y la compra de armamento bajo el control del Estado.

En su libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México, Hernández recoge el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, antiguo integrante de la estructura del Cártel de Sinaloa y cercano a Arturo Beltrán Leyva. Su relato describe la manera en que el crimen organizado mexicano habría conseguido extender sus redes mediante una combinación de violencia, corrupción y acuerdos con funcionarios y autoridades. En esa trama aparece el Perú.

“El armamento, por cierto, venía de Perú, gracias a un presidente de Perú, que pactó directamente con el cártel de Sinaloa para entregarles las armas que el gobierno de Perú compraba en China”, afirma Anabel Hernández durante la entrevista basada en su investigación.

La acusación es de extrema gravedad. De acuerdo con su relato, el gobierno chino habría vendido el armamento sin conocer, aparentemente, cuál sería su destino final. Las armas, sin embargo, habrían terminado formando parte del arsenal utilizado por organizaciones criminales mexicanas durante los años más violentos de la expansión de los cárteles.

Hernández sitúa temporalmente esta operación entre los años 2004 y 2010. “Mucho del armamento que provocó miles de muertes en México”, sostiene, “vino del gobierno de Perú”.

La siguiente afirmación introduce directamente el nombre del expresidente Alan García.

“A cambio de millones y millones de dólares que se pagaron a un presidente de esa nación”, señala la periodista. Ante la pregunta sobre a qué presidente se refiere, responde: “Alan García”.

La declaración se trata de una afirmación periodística sustentada, según Hernández, en el testimonio de “El Grande”, quien asegura haber conocido desde dentro la estructura del narcotráfico y sus relaciones con distintos actores del poder. Ese matiz resulta fundamental.

Una acusación de esta naturaleza exige separar el testimonio de su comprobación documental. El hecho de que un antiguo integrante del crimen organizado formule una revelación no convierte automáticamente sus afirmaciones en hechos acreditados. Pero tampoco permite ignorarlas cuando son expuestas públicamente dentro de una investigación periodística que pretende reconstruir las redes internacionales de corrupción y tráfico de armas.

La tesis central de Narcocracia precisamente apunta hacia ese territorio incómodo: los cárteles mexicanos no habrían conquistado espacios de poder únicamente mediante las armas, sino también mediante el dinero y la penetración de las instituciones.

Gobernadores, generales, empresarios, senadores, funcionarios y presidentes aparecen en el mapa descrito por Hernández. La frontera entre Estado y crimen organizado, según esa investigación, habría comenzado a desaparecer allí donde los intereses económicos, políticos y criminales encontraron puntos de encuentro.

Cártel de Sinaloa.

En ese escenario, la presunta conexión peruana adquiere una dimensión internacional. Ya no se trataría únicamente de investigar quién recibió las armas o quién las utilizó, sino de determinar cómo un armamento comprado por el Estado peruano en China pudo, presuntamente, terminar en manos de una organización criminal mexicana.

La respuesta, si existieron esas operaciones, tendría que encontrarse en documentos de compra, contratos, registros de importación y exportación, mecanismos de control y destino final del armamento.

La declaración de Anabel Hernández coloca una pieza inesperada sobre el tablero: Perú. Y junto a ella, un nombre que pertenece a una etapa decisiva de la historia política peruana: Alan García Pérez.

Contratapa del libro Narcocracia.

La revelación, por tanto, no debería quedar reducida a una frase impactante de una entrevista. Si existen documentos que respalden lo señalado por Hernández y por “El Grande”, estaríamos ante una historia que atravesaría gobiernos, fronteras y estructuras criminales.

La pregunta queda planteada: ¿cómo llegaron esas armas del Estado peruano al poder de los cárteles mexicanos y quiénes hicieron posible esa ruta?

Narcocracia ofrece una versión. Ahora corresponde determinar cuánto de esa versión puede ser demostrado en el Perú.

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El COARPE a la deriva: el escándalo moral y legal que hunde al Colegio de Arqueólogos del Perú

La filtración de fotografías y videos de presuntas noches de alcohol en las oficinas del COARPE ha generado un nuevo escándalo. A esto se suman acusaciones de presunta malversación de fondos y una ineptitud administrativa que ha provocado que el Estado rechace la inscripción de su propio Consejo Directivo, la institución que debería velar por la ética y la protección del patrimonio cultural atraviesa su hora más oscura.

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5 horas ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

El Colegio de Arqueólogos del Perú (COARPE) fue concebido como la máxima institución encargada de velar por el desempeño ético y moral de los profesionales de la arqueología en el país. Se supone que su sede nacional, ubicada en la avenida República de Chile 295, oficina 1002, en Jesús María, debería ser el epicentro de debates trascendentales: desde las políticas públicas para la protección del patrimonio cultural frente al tráfico ilícito, hasta la defensa de los derechos laborales de los arqueólogos que trabajan en condiciones precarias en las distintas regiones del país.

Sin embargo, la realidad que hoy golpea a sus más de 3.000 agremiados es diametralmente opuesta. La sede del COARPE habría dejado de ser un espacio de reflexión profesional para convertirse, presuntamente, en un bar clandestino donde se desarrollarían borracheras nocturnas, entre otras situaciones cuestionables. La filtración de fotografías que circula en redes sociales ha encendido las alertas entre los agremiados.

La pregunta que resuena entre la comunidad arqueológica es inevitable: ¿Qué clase de directivos permiten que la sede de su gremio sea ultrajada de esta manera? La idoneidad moral de quienes hoy ocupan los cargos de confianza en el COARPE está severamente cuestionada. Las imágenes y testimonios filtrados no solo pintan un cuadro de decadencia institucional, sino que exponen a unos directivos y administrativos que han perdido toda brújula ética.

¿Cómo pueden estos funcionarios exigir respeto y ética profesional a los agremiados cuando ellos estarían la oficina en un presunto local de de desenfreno? La imagen que proyectan hacia su gremio y hacia el público en general, es la de una institución a la deriva, alejada por completo de la solemnidad y el rigor que exige la ciencia arqueológica.

Fotografías que registran el incidente de la puerta.

Otro de los temas que se cuestiona a la actual administración del COARPE, es el presunto despilfarro de los aportes de los agremiados. Ese dinero que debería ser destinado a la defensa gremial y al bienestar del sector, estaría siendo malgastado en pasajes en avión, viáticos, licor, comidas y otros. Según un grupo de agremiado, la responsabilidad de lo que sucede es del personal administrativo, conformado por el círculo cercano del decano.

El caso más emblemático de esta presunta falta de respeto hacia la institución involucraría al asesor legal Russel Reategui Arevalo. Según denuncias y material audiovisual en poder de este medio, el funcionario habría protagonizado un incidente durante una de estas fiestas nocturnas. Presuntamente, en estado de ebriedad, habría terminado destrozando a patadas la puerta de ingreso de la institución.

De confirmarse los hechos, no se trataría simplemente de un episodio de indisciplina, sino de una situación que evidenciaría el nivel de deterioro en el manejo de los espacios y bienes del Colegio de Arqueólogos del Perú. La presunta destrucción de un elemento de acceso a la propia sede institucional resulta especialmente grave cuando el responsable sería, precisamente, un asesor encargado de velar por el cumplimiento de las normas y la defensa legal de la institución.

A este panorama se suma la figura de Anthony Ulises Villalta Tello, exgerente y actualmente personal administrativo del COARPE, quien presuntamente habría participado en estas festividades y registrado constantes ausencias a sus labores, situación que habría afectado la atención que la institución debe brindar a sus agremiados.

Según las denuncias recibidas por este medio, junto a Villalta Tello habrían participado otros integrantes de la directiva, quienes habrían permitido o participado en reuniones nocturnas dentro de la sede institucional, además del ingreso de personas ajenas al Colegio en horarios que no corresponderían a la atención regular.

Los hechos denunciados plantean una pregunta inevitable: ¿qué ocurre dentro de la sede del COARPE cuando sus puertas deberían estar cerradas y quién autoriza el ingreso de personas ajenas a la institución?

Por respeto al decoro de nuestros lectores, este medio ha decidido no publicar todas las fotografías que vienen circulando en redes sociales. Sin embargo, sí difundirá el video que mostraría el presunto momento en que el asesor legal, Russel Reategui Arevalo, habría pateado y ocasionado daños en la puerta de ingreso de la institución. Corresponderá a las autoridades competentes determinar la responsabilidad que pudiera existir por estos hechos.

LA INEPTITUD LEGAL Y EL FRACASO ANTE LA SUNARP

Si la decadencia moral y administrativa era insuficiente para definir a la actual gestión, el reciente fracaso estrepitoso ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) termina de sentenciar la gestión del decano Miguel Canchari Huamaní y su Consejo Directivo.

Según consta en el documento de Tacha Sustantiva (Título N° 2026-01881909) emitido por la Oficina Registral de Lima el 08 de julio de 2026, la SUNARP ha rechazado de plano la inscripción del nuevo Consejo Directivo Nacional electo para el periodo 2026-2028. El motivo principal no es un simple error de forma, sino un defecto insubsanable que afecta la validez misma del título presentado.

¿Qué significa que la observación sea insubsanable? Significa que el acto es nulo de derecho, que contraviene normas expresas y que no hay manera de «corregir» el error presentando un nuevo papel; el vicio de origen es estructural. La SUNARP ha determinado que el decano Miguel Antonio Canchari Huamaní ha sido reelegido, situación que se encuentra expresamente prohibida por el Estatuto del Colegio (Artículo 147°) y por el Artículo 17° y el inciso h) del Artículo 44° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas.

La norma es clara y la jurisprudencia del Tribunal Registral (como la Resolución N° 556-2013-SUNARP-TR-L) es contundente: la prohibición de reelección inmediata es absoluta para evitar la perpetuación en el poder. Al intentar inscribir a un decano que ya venía ejerciendo otro cargo y que buscaba un periodo consecutivo adicional, el propio Canchari Huamaní y su Consejo Directivo Nacional, demostraron un desconocimiento garrafal de su propio estatuto y de la ley registral. En consecuencia, la SUNARP ha declarado la invalidez de la elección efectuada.

Este hecho no es solo un tropiezo burocrático; es la confirmación de que la actual directiva carece de reconocimiento legal por parte del Estado Peruano. Un decano que no puede inscribir a su propio consejo directivo es un decano que ha fracasado en su gestión más básica: la representación legal de la institución. Mientras en la oficina se rompían puertas a patadas entre botellas de licor, en los escritorios no se leía ni siquiera el estatuto que rige la convivencia gremial. La ceguera por el poder ha llevado a la directiva a cometer un error jurídico que deja al COARPE en un limbo legal absoluto, sin un consejo directivo válidamente reconocido ante la sociedad y el Estado.

UN HISTORIAL DE NEGLIGENCIA Y EL LLAMADO A LA RECUPERACIÓN

La «Tacha Sustantiva» de la SUNARP no se limita solo al defecto insubsanable de la reelección del decano. El documento registral es un catálogo de las múltiples irregularidades, negligencias y «chanchullos» administrativos que caracterizan a este Consejo Directivo Nacional. El registrador público ha dejado constancia de otros defectos que, aunque en otros casos podrían ser subsanables, en este contexto evidencian un desorden mayúsculo. Entre las observaciones adicionales que la SUNARP detectó figuran:

Falta de Formalidades Legales: No se acompañaron las copias certificadas de la Convocatoria para la Elección ni de las Credenciales otorgadas por el Organismo Electoral, limitándose a insertar actas internas que no cumplen con la formalidad requerida por el Decreto Supremo N° 012-2018-JUS.
Incongruencias Matemáticas y de Quórum: En el acta de la asamblea nacional extraordinaria del 02.11.2025, se consigna la emisión de 118 votos (donde cada asistente votó por 3 candidatos), lo que matemáticamente arroja que participaron 39.3 asociados. Sin embargo, al final del acta solo suscriben 31 asistentes.
Invención de Cargos: En dicha misma asamblea se consignaron los cargos de «Suplentes 1 y 2» para el comité electoral. Sin embargo, la SUNARP recuerda (Resolución N° 351-ORLC/TR) que los cargos deben ser estrictamente los previstos en el estatuto (Art. 148°), no inventos de último minuto para acomodar a amigos y allegados.

LOS COLEGIADOS SE PRONUNCIAN Y EXIGEN AL COARPE MAYOR TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

Ante el escándalo desatado por la publicación del medio Lima Gris, que vincula al decano del Colegio de Arqueólogos del Perú (COARPE), Miguel Canchari Huamaní, con la presunta falsificación y uso de documentos para adjudicarse una millonaria licitación en ProVías, la base colegial ha comenzado a romper el silencio institucional. En una carta formal presentada en mesa de partes del colegio y fechada el 31 de agosto de 2026, el agremiado Martín Alonso Chanta Vargas (COARPE N° 40897) exigió al Consejo Directivo Nacional la convocatoria inmediata a una Asamblea Nacional Extraordinaria y la emisión de un pronunciamiento oficial y transparente.

Chanta Vargas cuestiona severamente la absoluta falta de información por parte de la institución sobre el estado de la denuncia, presentada supuestamente el 31 de julio de 2026, advirtiendo que el mutismo del decanato no solo vulnera el derecho de los miles de colegiados a estar informados, sino que erosiona gravemente la credibilidad, la ética y la confianza en una organización que, por mandato estatutario, debería ser el faro de la probidad y la defensa del patrimonio cultural del país, y no un ente cómplice del encubrimiento.

EL RESCATE DEL COARPE ES UNA URGENCIA

El panorama es desolador. Nos encontramos frente a una gestión liderada por Miguel Canchari Huamaní que ha tocado fondo. Por un lado, existe un grupo de directivos y administrativos que han convertido el templo de la arqueología peruana en un espacio personal donde se realizan otras actividades en altas horas de la noche. Recordemos que esas oficinas son financiadas presumiblemente con el peculio de los agremiados. Por otro lado, existe una cúpula jurídica y política tan incapaz que no logra ni siquiera que el Estado peruano reconozca su propia existencia legal debido a su soberbia al intentar reelegirse violando la norma. Esto sin mencionar con la anterior denuncia contra el decano Miguel Canchari Huamaní por presunta falsificación de documentación para ganar una millonaria licitación en perjuicio de la arqueóloga Rocio Coras.

Ante este escenario de «fracaso integral», la pregunta ya no es solo ética, sino penal. ¿Los hechos descritos configuran, en teoría, el delito de Peculado de Uso (Artículo 388° del Código Penal), al darle a fondos y bienes públicos/gremiales una aplicación distinta a aquella para la que fueron destinados?

Es urgente que el Vicedecano, Daniel Morales, a quien el Estatuto le otorga la responsabilidad del funcionamiento de la oficina, asuma su rol, deje de ser amedrentado por las presiones del Decano y otros malos directivos, y convoque a las acciones disciplinarias y penales que correspondan a los administrativos involucrados y al asesor legal, además de cambiarlos. Asimismo, el tesorero Carls Choquehuaccha debe dar cuentas de a dónde va el dinero de las habilitaciones que nunca se pagan y de los pasajes y viáticos que se financian para que los personajes nocturnos viajen a provincias.

El COARPE necesita ser rescatado. Los arqueólogos del Perú, aquellos que se juegan la vida en las excavaciones, en las selvas y en los Andes para proteger la identidad de la nación, merecen una institución a la altura de su sacrificio, no una cofradía que destruyen puertas a patadas y que no saben leer el estatuto que ellos mismos deberían defender. La SUNARP ya ha dicho «no» a su legalidad; ahora, la conciencia gremial debe decir «no» a la profanación del templo gremial.

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Los titulares de Lima Gris: 04 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda.

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23 horas ago

04/09/2026

Redacción Lima Gris

José Antonio Chang defiende designaciones de Tania Ramírez y Diana Gonzales

El ministro de Educación, José Antonio Chang, defendió los nombramientos de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial y Diana Gonzales en PRONABEC, pese a los cuestionamientos sobre sus credenciales e idoneidad para los cargos. Sus declaraciones reavivan el debate sobre los criterios de designación de funcionarios y el respeto a la meritocracia en el sector público.

Humberto Morales acusa al fujimorismo de intentar “comprar votos”

El senador Humberto Morales lanzó una dura acusación contra el fujimorismo por una presunta intención de comprar votos. Sus declaraciones elevan la tensión política y vuelven a poner bajo la lupa las negociaciones y alianzas en el Congreso.

Marlon Aguirre pone en duda su permanencia en Juntos por el Perú

El diputado Marlon Aguirre afirmó que “todavía” permanece en Juntos por el Perú, dejando abierta la posibilidad de una eventual salida y alimentando las especulaciones sobre el futuro de su permanencia en la bancada. Según fuentes, Aguirre quiere vestir la camiseta naranja.

Yenifer Paredes cuestiona Presupuesto 2027: “Trasladan responsabilidades, pero no recursos”

La congresista Yenifer Paredes de JP, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027, señalando que el incremento de recursos para gobiernos regionales y locales se concentra principalmente en gasto corriente. También advirtió sobre un recorte de S/ 430 millones para seguridad municipal y pidió un Fondo de Choque Hídrico de S/ 2 mil millones para atender la situación del campo.

Conexión inesperada tras crimen y secuestro en Trujillo

Dos jóvenes que aseguran trabajar para Aldo Mariños, actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad, declararon ante la Fiscalía y lo situaron, indirectamente, en una escena que es materia de investigación. Según sus testimonios, la madrugada del secuestro de un empresario minero y del asesinato de cuatro personas, ambos trasladaron en un vehículo a un hombre armado vestido como policía.

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Aldo Mariños, la minería de pataz y el escolta que apareció en la ruta del secuestro y crimen en Trujillo

La conexión inesperada. Las declaraciones ante la Fiscalía de dos jóvenes que aseguran trabajar para Aldo Mariños los sitúan en una escena que hoy es materia de investigación: la madrugada en que un empresario minero fue secuestrado y cuatro personas fueron asesinadas en Trujillo, ambos habrían trasladado en un vehículo a un hombre armado que vestía como policía. Fotografías revisadas por Lima Gris muestran, además, a uno de ellos acompañando de cerca al candidato de Somos Perú durante actividades proselitistas.

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24 horas ago

04/09/2026

Edwin Cavello Limas

Aldo Mariños fue alcalde provincial de Pataz y hoy es candidato al Gobierno Regional de La Libertad. Durante los últimos años construyó una posición pública de defensa de los pequeños mineros y de la llamada minería artesanal. Ha cuestionado las restricciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ha reclamado mayores facilidades para la formalización y ha respaldado demandas de sectores mineros de Pataz.

Mariños también ha sostenido que no se puede colocar en el mismo saco a todos los mineros artesanales y a las organizaciones criminales que operan en la zona. El problema es que Pataz no es un territorio cualquiera.

Allí conviven minería formal, minería artesanal, minería informal, minería ilegal y estructuras criminales que disputan territorios, socavones y rentas millonarias. Por eso, cualquier relación política o laboral con personas vinculadas a ese mundo requiere una explicación particularmente rigurosa.

La madrugada que cambió la historia

La madrugada del domingo 30 de agosto de 2026, Trujillo fue escenario de un hecho brutal: el secuestro del empresario minero Jenns Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas. En medio de la investigación apareció un elemento inesperado.

Dos jóvenes que se encontraban a bordo de un Nissan Versa blanco declararon ante la Fiscalía. Sus nombres quedaron consignados en las actas: Gianmarco Javier Medina Mija, de 20 años, y Eliezer Abdías Medina Vílchez, de 23.

Lo relevante no es solamente que ambos fueran primos. Lo relevante es a quién dijeron prestar servicios. Gianmarco Medina manifestó que trabajaba como escolta de Aldo Mariños —actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad por Somos Perú— desde hacía aproximadamente un mes y que recibía S/ 650 quincenales.

Acta de declaración testimonial.

Eliezer Medina declaró ser chofer privado de Mariños desde hacía aproximadamente un mes y medio, con una remuneración cercana a S/ 1.300 mensuales. Es decir, según sus propias declaraciones, no se trataba de dos desconocidos que pasaban circunstancialmente por el lugar. Eran dos personas que afirmaban mantener una relación laboral directa con el candidato al Gobierno Regional de La Libertad. Y ambos estaban juntos aquella madrugada.

El hombre vestido de policía

Según el testimonio conocido, alrededor de las 2:10 de la madrugada escucharon detonaciones. Después circularon por las inmediaciones. Fue entonces cuando apareció un hombre vestido aparentemente como policía y subió al vehículo. El sujeto llevaba casco táctico, chaleco antibalas táctico, un distintivo con la palabra “Policía”, botines y un arma de fuego.

Los dos jóvenes dijeron que inicialmente creyeron que realmente se trataba de un efectivo policial. Hay un detalle que resulta especialmente llamativo: el hombre permanecía en silencio y revisaba su teléfono celular.

Cuando observaron un patrullero con la circulina encendida, le preguntaron si quería que lo dejaran con quienes suponían eran sus compañeros. El sujeto se negó e inmediatamente les indicó que siguieran. Y ellos continuaron.

Presunto policía uniformado corre dejando la escena del crimen.

Posteriormente, según la declaración, advirtieron que tenía acento venezolano. El hombre les habría ordenado llevarlo hasta el pasaje Santa Rosa. Allí, según la versión testimonial, sacó una pistola, apuntó hacia la parte delantera del automóvil y les advirtió que no habían visto nada y que regresaran a sus casas.

La explicación de los ocupantes es, por tanto, que actuaron bajo amenaza. Esa versión debe ser corroborada. Pero existe un hecho que permanece: el hombre armado fue trasladado en el vehículo.

El regreso al lugar

La historia no terminó allí. Después de dejar al supuesto policía, los dos jóvenes dijeron que comunicaron lo ocurrido al propietario o arrendador del vehículo y regresaron. Según la declaración de Gianmarco Medina, el efectivo policial que alquilaba el Nissan a su primo acudió con ellos hasta el lugar donde habían dejado al sujeto. El policía ingresó al pasaje. Los jóvenes dijeron que no pudieron observar hasta dónde llegó.

Eliezer Medina, por su parte, declaró que realizó una videollamada a Juan Daniel Abanto, a quien identificó como suboficial de segunda de la Policía, para contarle lo ocurrido.

Aquí aparece una de las primeras preguntas que la investigación debe responder. ¿Quién era exactamente el policía mencionado por los declarantes? Y una segunda: ¿Era la misma persona a la que Eliezer Medina identificó como Juan Daniel Abanto?

Las actas conocidas no permiten establecer inequívocamente que ambas referencias correspondan a una sola persona. Hay otra contradicción que requiere explicación.

Escena de la masacre y secuestro.

Eliezer Medina señaló que el Nissan Versa blanco pertenecía a un compañero identificado como Cristhian Daniel Geldres Quispe. Gianmarco Medina declaró que el vehículo era alquilado a su primo por un efectivo policial.

La Fiscalía tendrá que determinar quién era realmente el propietario, quién tenía el control del vehículo y quién autorizó su utilización aquella madrugada.

El dato que conecta las dos historias

Aquí aparece el punto más sensible. Uno de los ocupantes del vehículo afirmó ser escolta de Aldo Mariños. El otro dijo ser su chofer. Ambos eran primos. Ambos estaban juntos. Ambos estuvieron en el vehículo. Los dos relataron haber trasladado a un hombre armado que vestía como policía.

La conexión con Aldo Mariños generó interrogantes en la investigación. Según fuentes, existe la tesis de que estas conexiones no se tratarían de algo casual. Con las nuevas declaraciones hay un giro en la línea de investigación que colocaría al candidato al Gobierno Regional de La Libertad en los alrededores de una historia de oro y sangre.

Tras las declaraciones hay una pregunta concreta: ¿Qué hacía el escolta de un candidato al Gobierno Regional de La Libertad en una secuencia inmediatamente posterior a un ataque criminal de esta magnitud?

En círculo rojo con lentes Gianmarco Medina, como escolta de Aldo Mariños en campaña.

Y existe otra pregunta todavía más delicada: ¿Por qué, después de supuestamente haber sido amenazados por un hombre armado, regresaron al lugar acompañados por un efectivo policial? Las respuestas deberán aparecer en la investigación fiscal.

Pataz vuelve a aparecer

La otra parte de esta historia conduce nuevamente hacia Pataz. Mariños ha desarrollado una defensa política de la minería artesanal y ha cuestionado el REINFO. Ha sostenido que el Estado debe facilitar la formalización de quienes desarrollan esta actividad y ha rechazado que todos los mineros artesanales sean tratados como ilegales.

En enero de 2026, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, lanzó cuestionamientos públicos contra Mariños y formuló afirmaciones sobre supuestos familiares relacionados con actividades mineras. Mariños negó categóricamente esas afirmaciones y exigió pruebas.

Aldo Mariños y ministro Ernesto Álvarez.

Ese antecedente tampoco demuestra participación en actividades ilícitas. Pero explica por qué la relación política de Mariños con el mundo minero de Pataz ha sido objeto de escrutinio. Ahora aparece un segundo escenario. Esta vez no es un pronunciamiento político. Son declaraciones ante la Fiscalía. Son nombres, horarios, un vehículo, un supuesto policía armado. Y es un trabajador que afirma desempeñarse como escolta del candidato.

Finalmente, las mismas actas muestran que dos personas declararon mantener un vínculo laboral directo con Aldo Mariños. Eso convierte el caso en un asunto de interés público, debido a que existe la conexión con un candidato al Gobierno Regional de La Libertad.

Por su parte, la Fiscalía tiene que esclarecer quién era el hombre uniformado, quién lo ayudó a movilizarse, qué ocurrió después de su ingreso al pasaje Santa Rosa y qué relación existe entre todos los protagonistas.

En Trujillo, las declaraciones de un escolta y un chofer han colocado a un candidato regional frente a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada y por qué dos personas que trabajaban para Aldo Mariños terminaron en la ruta de un hombre armado vinculado temporalmente a uno de los crímenes más graves ocurridos recientemente en Trujillo?

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Derrame de diésel amenaza al río Chinchao: 10 mil galones habrían caído al cauce y crece el temor de contaminación del Huallaga

El despiste de un camión cisterna en el sector León Pampa, en Chinchao, Huánuco, habría provocado el derrame de unos 10 mil galones de diésel en el río Chinchao. Pobladores reportaron peces muertos y alertaron sobre el riesgo de que el combustible avance hacia el río Huallaga. Hasta el cierre de los primeros reportes, las autoridades no habían precisado oficialmente cuánto combustible fue derramado ni qué medidas concretas se habían ejecutado para contener la contaminación.

Published

1 día ago

03/09/2026

Redacción Lima Gris

Foto: Inforegión.

Por Susan Acuña Cruz

El accidente ocurrió en el sector León Pampa, distrito de Chinchao, cuando un camión cisterna que transportaba combustible se despistó y terminó cayendo por una zona de pendiente. El vehículo quedó cerca del río Chinchao y, de acuerdo con los reportes de los pobladores, el diésel habría alcanzado el cauce.

Después apareció una de las primeras señales de la emergencia: peces muertos en el río. Para los habitantes de la zona, que dependen de este recurso, la escena no representa solamente las consecuencias de un accidente de tránsito. Es la advertencia de una posible contaminación cuyo verdadero alcance todavía se desconoce.

El problema, además, no termina en el punto donde ocurrió el accidente. El río Chinchao desemboca en el Huallaga y existe el temor de que el combustible pueda desplazarse hacia otros sectores. Una contaminación que comienza en una zona determinada puede terminar afectando comunidades ubicadas aguas abajo.

El biólogo Carlos Álvarez Janampa advirtió que la respuesta debe ser inmediata. Entre las medidas planteadas figura la instalación de barreras de contención y el empleo de materiales adecuados para recoger el combustible. También recomendó realizar controles del agua en diferentes puntos del río para establecer hasta dónde habría avanzado la contaminación.

Foto: Inforegión.

La alerta alcanza también al consumo de los recursos del río. Álvarez planteó que se debe advertir a la población para evitar la pesca, comercialización y consumo de peces provenientes del río Chinchao o de zonas que eventualmente puedan recibir agua contaminada. El objetivo es impedir que una emergencia ambiental termine convirtiéndose también en un problema para la salud de las personas.

Pero existe una segunda preocupación: la respuesta de las autoridades. Hasta el cierre del reporte publicado el 2 de septiembre, no se había informado oficialmente la cantidad exacta de combustible derramado, las acciones de contención ejecutadas ni el nivel de afectación del río.

La ausencia de información precisa termina alimentando la incertidumbre. Mientras los pobladores observan las consecuencias del accidente y temen por el futuro del río, permanece sin respuesta una pregunta básica en cualquier emergencia ambiental: ¿cuánto combustible llegó realmente al agua y qué se está haciendo para impedir que continúe avanzando?

Álvarez consideró necesaria la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio del Ambiente y otras instituciones competentes para evaluar los daños, establecer medidas de recuperación y determinar responsabilidades. También sostuvo que el accidente debe ser investigado para conocer las causas del despiste y establecer quién deberá asumir las labores de remediación.

El caso adquiere una dimensión adicional porque León Pampa no es un territorio ajeno a los riesgos. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ya había identificado este sector como una zona expuesta a peligros geológicos vinculados con derrumbes y caída de rocas. Un informe técnico elaborado en 2024 evaluó precisamente los peligros existentes en León Pampa y Puente Durand, en el distrito de Chinchao.

Y existe un antecedente que resulta difícil ignorar. En junio de 2024, otra cisterna que transportaba brea cayó en el sector Caracol, también en Chinchao. En aquella oportunidad, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental solicitó acciones urgentes ante el riesgo de que la sustancia llegara al río Chinchao, mientras personal de la Administración Local del Agua del Alto Huallaga intervenía en el caso.

Dos accidentes en una zona marcada por riesgos geológicos y vinculada directamente con un recurso hídrico esencial obligan a mirar más allá del hecho puntual. No se trata únicamente de un camión que perdió el control. Se trata de las condiciones de seguridad en las que circulan vehículos que transportan sustancias contaminantes y de la capacidad del Estado para reaccionar cuando estas terminan en un río.

Ahora el Chinchao vuelve a estar en el centro de una emergencia. Los pobladores esperan información, pero también acciones. Contener el combustible, evaluar la calidad del agua, determinar el alcance de la contaminación y establecer responsabilidades no pueden quedar como tareas pendientes.

Porque mientras las autoridades todavía deben precisar cuánto diésel terminó realmente en el río, la contaminación ya tiene una primera evidencia: los peces muertos y el temor de una población que observa cómo su río podría convertirse en el camino de una emergencia que nadie sabe todavía hasta dónde llegará.

La pregunta queda planteada: ¿cuál será la magnitud real del daño y quién asumirá la responsabilidad por sus consecuencias? La respuesta no puede llegar cuando el combustible ya haya alcanzado otros sectores del Huallaga. En una emergencia ambiental, esperar también puede ser una forma de agravar el daño.

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Actualidad

Al 2050 habrá 9,5 millones de adultos mayores

El INEI presentó en 2026 el informe: «Estado de la Población Peruana 2026: una mirada al envejecimiento poblacional y al bono demográfico», y hacia 2050 uno de cada cuatro peruanos será adulto mayor (9,5 millones de adultos mayores).

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2 días ago

03/09/2026

Leonardo Serrano Zapata

Este fenómeno es regional: la CEPAL (2024) estima que los 68 millones de personas de 65 años o más registrados en 2024 en América Latina y el Caribe se duplicarán hacia 2050, lo que pone en riesgo el «bono demográfico», el periodo en el que la mayoría en edad de trabajar sostiene económicamente a niños y ancianos.El Perú envejece rápido. La población de 60 años a más pasó de 5,7% en 1950 a 14,6% en 2026.

9.5 millones; representa la carga post-bono definitiva tras el cierre de la ventana de oportunidad en 2045. La esperanza de vida también varía según la región: para el periodo 2025-2030, los valores más bajos de la Sierra corresponden a Cusco (75,4 años), Puno (75,0 años) y Huancavelica (74,9 años).Dado que la población peruana vivirá entre dos y tres décadas más después de los 60 años, la autonomía personal resulta clave para evitar la dependencia o vivir con cierta independencia.

En el Perú, este bono demográfico alcanzó su límite en 2020, con 60.2 dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar, pero el envejecimiento actual reduce esa ventaja. Un 21.9% de mujeres jóvenes de NINI está fuera del sistema educativo y laboral significa que el Perú está desperdiciando el último tramo de su bono demográfico femenino antes del cierre de 2040.

De hecho, el INEI proyecta para 2040 un quiebre social irreversible: por primera vez, los adultos mayores de 60 años (7.57 millones) superarán numéricamente a los menores de 15 años (7.55 millones), lo que exige acelerar políticas de empleo formal, educación de calidad e inclusión de jóvenes y mujeres.

Para proteger este bono, Cecchini et al. (2025) proponen ampliar la base productiva y el bienestar mediante el aumento de la participación laboral femenina, la reducción de las brechas salariales, la expansión de los servicios de cuidado y la conciliación familiar.

Aunque la región envejece más rápido que Europa sin haber consolidado un estado de bienestar, países como Chile, Uruguay y Argentina ya enfrentan esto con institutos nacionales especializados, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Instituto Nacional del Adulto Mayor y la Dirección de Políticas para Adultos Mayores, cuyas políticas abarcan desde la protección social hasta la inclusión laboral.

El Perú avanza en esta línea con los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) municipales y el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores; sin embargo, el seguro médico y las jubilaciones —incluyendo la de los docentes cesantes— han quedado relegados, lo que se agrava porque el 70 % de la fuerza laboral es informal y carece de pensión.

El gobierno de Keiko Fujimori durante su primer mensaje a la nación, anunció la duplicación de Pensión 65 de S/350 a S/700 bimestrales a partir de 2027, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla para este programa poco más de S/1 600 millones, el incremento sería de alrededor de 22,8 % respecto de 2026.

Habrá que añadir la preocupación de los docentes jubilados y cesantes quienes tendrán que esperar lo que señale el TC. Y pese a qué deben estar descansando, al igual que muchos adultos mayores trabajan aún después de los 65 años y la pensión 65 no alcanza.

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Los titulares de Lima Gris: 03 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda

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2 días ago

03/09/2026

Redacción Lima Gris

NASCA: MINERÍA VERSUS PATRIMONIO ENCIENDE LA POLÉMICA

El diputado José Yataco defiende la minería artesanal en Nasca y plantea reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, mientras crece la preocupación por la protección de las Líneas y Geoglifos de Nasca, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

DANIEL HERMOZA: “NO PODEMOS DAR FACULTADES LEGISLATIVAS A CIEGAS”

El representante de las MYPE, Daniel Hermoza, advierte que la incertidumbre económica, el riesgo de El Niño y las dificultades para acceder a crédito podrían llevar a miles de pequeños negocios a la informalidad o al cierre. Pide al Congreso mayor precisión y un plan nacional para las MYPE.

EDUCACIÓN PARA TODOS: CIFRAS REVELAN GRANDES BRECHAS EN EL PERÚ

En el marco de la Semana Internacional de los Estudiantes Adultos, se alerta que el 33,6 % de los mayores de 60 años no sabe leer ni escribir, mientras 8 millones de peruanos carecen de educación básica. Además, solo el 36,7 % de jóvenes de 17 a 24 años accede a la educación superior.

CÉSAR HOLGUÍN CUESTIONA INACCIÓN DE BEINGOLEA EN NASCA

El diputado César Holguín criticó la falta de acciones del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, ante la situación de Nasca y cuestionó la contratación de allegados a ministros de Educación y Cultura. El parlamentario señaló que el Ministerio de Cultura mantiene una “especie de pasividad” frente a estos problemas.

SANTIAGO CHÁVEZ: 14 AÑOS Y 90 MEDALLAS EN NATACIÓN

El joven nadador loretano Santiago Chávez Manzur, de 14 años, suma 90 medallas y vuelve a poner a Loreto en el mapa deportivo. El pasado 28 de agosto conquistó cuatro medallas de oro, representando a su colegio San Agustín, y se perfila como una nueva promesa deportiva de Iquitos.

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Actualidad

Diputado José Yataco y la minería informal: ¿desarrollo a costa del patrimonio de Nasca? [VIDEO]

El diputado de la bancada del Partido Cívico Obras defiende la minería artesanal en Nasca y propone reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Sin embargo, su posición abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la actividad minera cuando pone en riesgo un patrimonio cultural reconocido por la humanidad?

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2 días ago

02/09/2026

Redacción Lima Gris

Las declaraciones del diputado José Yataco, de la bancada del Partido Cívico Obras y representante de Ica, han generado polémica al defender la presencia de familias dedicadas a la minería artesanal en Nasca, pese a que esta actividad se desarrolla en territorios donde también se encuentran las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, uno de los patrimonios culturales más importantes del Perú y del mundo.

Durante una entrevista con Lima Gris, el parlamentario fue consultado sobre la presencia de operaciones mineras en zonas cercanas a los geoglifos, así como sobre el abandono de hitos instalados por el Ministerio de Cultura para proteger las áreas patrimoniales. La respuesta de Yataco fue directa: «En Nasca hay muchas familias que viven de la minería artesanal» y planteó que durante la próxima semana de representación pueda reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, en la provincia.

El problema es que reducir la discusión a una cuestión de empleo y necesidades económicas puede terminar invisibilizando la dimensión histórica y cultural del territorio. La minería artesanal puede representar una fuente de ingresos para determinadas familias, pero eso no significa que cualquier espacio pueda convertirse en zona de explotación.

La preocupación se vuelve mayor cuando, como ha corroborado Lima Gris, existen sectores donde los geoglifos conviven con áreas de actividad minera. El caso de la ladera de los Camélidos resulta especialmente delicado. A ello se suma el deterioro y abandono de hitos que deberían delimitar y proteger las áreas arqueológicas.

Ante este escenario, resulta legítimo preguntarse si el Estado está cumpliendo realmente su obligación de proteger el patrimonio. Y, sobre todo, si una política de tolerancia frente a actividades mineras informales puede terminar convirtiéndose en una amenaza directa para bienes cuya importancia trasciende las fronteras del país.

El diputado Yataco sostiene que «la minería es prácticamente la actividad que mucho contribuye al desarrollo del país». Pero el desarrollo no puede medirse únicamente en toneladas extraídas, ingresos generados o puestos de trabajo. También debe considerar aquello que una sociedad está obligada a preservar para las futuras generaciones.

Las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa no son un terreno disponible para negociar. Son testimonios de una civilización milenaria y forman parte de la memoria histórica del Perú.

Por ello, la próxima visita del parlamentario a Nasca debería servir no solo para escuchar a quienes viven de la minería, sino también para escuchar a arqueólogos, especialistas, comunidades, autoridades locales y defensores del patrimonio.

Porque fiscalizar no significa justificar. Y defender el desarrollo tampoco debería significar aceptar que el patrimonio cultural de la humanidad termine pagando la factura.

Aquí la declaraciones del diputado José Yataco.

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