Diputado José Yataco y la minería informal: ¿desarrollo a costa del patrimonio de Nasca? [VIDEO]

Actualidad Diputado José Yataco y la minería informal: ¿desarrollo a costa del patrimonio de Nasca? [VIDEO] El diputado de la bancada del Partido Cívico Obras defiende la minería artesanal en Nasca y propone reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Sin embargo, su posición abre una…

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El diputado de la bancada del Partido Cívico Obras defiende la minería artesanal en Nasca y propone reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea. Sin embargo, su posición abre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la actividad minera cuando pone en riesgo un patrimonio cultural reconocido por la humanidad?

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38 segundos ago

02/09/2026

Redacción Lima Gris

Las declaraciones del diputado José Yataco, de la bancada del Partido Cívico Obras, han generado polémica al defender la presencia de familias dedicadas a la minería artesanal en Nasca, pese a que esta actividad se desarrolla en territorios donde también se encuentran las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, uno de los patrimonios culturales más importantes del Perú y del mundo.

Durante una entrevista con Lima Gris, el parlamentario fue consultado sobre la presencia de operaciones mineras en zonas cercanas a los geoglifos, así como sobre el abandono de hitos instalados por el Ministerio de Cultura para proteger las áreas patrimoniales. La respuesta de Yataco fue directa: «En Nasca hay muchas familias que viven de la minería artesanal» y planteó que durante la próxima semana de representación pueda reunirse con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, en la provincia.

El problema es que reducir la discusión a una cuestión de empleo y necesidades económicas puede terminar invisibilizando la dimensión histórica y cultural del territorio. La minería artesanal puede representar una fuente de ingresos para determinadas familias, pero eso no significa que cualquier espacio pueda convertirse en zona de explotación.

La preocupación se vuelve mayor cuando, como ha corroborado Lima Gris, existen sectores donde los geoglifos conviven con áreas de actividad minera. El caso de la ladera de los Camélidos resulta especialmente delicado. A ello se suma el deterioro y abandono de hitos que deberían delimitar y proteger las áreas arqueológicas.

Ante este escenario, resulta legítimo preguntarse si el Estado está cumpliendo realmente su obligación de proteger el patrimonio. Y, sobre todo, si una política de tolerancia frente a actividades mineras informales puede terminar convirtiéndose en una amenaza directa para bienes cuya importancia trasciende las fronteras del país.

El diputado Yataco sostiene que «la minería es prácticamente la actividad que mucho contribuye al desarrollo del país». Pero el desarrollo no puede medirse únicamente en toneladas extraídas, ingresos generados o puestos de trabajo. También debe considerar aquello que una sociedad está obligada a preservar para las futuras generaciones.

Las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa no son un terreno disponible para negociar. Son testimonios de una civilización milenaria y forman parte de la memoria histórica del Perú.

Por ello, la próxima visita del parlamentario a Nasca debería servir no solo para escuchar a quienes viven de la minería, sino también para escuchar a arqueólogos, especialistas, comunidades, autoridades locales y defensores del patrimonio.

Porque fiscalizar no significa justificar. Y defender el desarrollo tampoco debería significar aceptar que el patrimonio cultural de la humanidad termine pagando la factura.

Aquí la declaraciones del diputado José Yataco.

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Carta pública ante el abuso y maltrato a trabajadores (acreedores laborales) de RBC Televisión – Canal 11

Redacción Lima Gris

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Carta pública ante el abuso y maltrato a trabajadores (acreedores laborales) de RBC Televisión – Canal 11

El caso RBC

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38 minutos ago

02/09/2026

Redacción Lima Gris

Lima, miércoles 2 de setiembre del 2026.

Señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi

Presidenta de la República del Perú

[email protected]

Señora Janet Ofelia Tello Gilardi

Presidenta del Poder Judicial

[email protected]

Señor Tomás Aladino Gálvez

Fiscal de la Nación

[email protected]

Señor Juan Carlos del Prado Ponce

Presidente del INDECOPI

[email protected]

Señor Carlos Alberto Rivera Salazar

Integrante de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO)

[email protected]

Señor Esteban Aníbal Carbonell O’Brien

Vocal de la Sala Especializada de la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO)

[email protected]

Señora Maribel Patricia Obregón Sáenz

Secretaria Técnica de la Sala Especializada de la Comisión de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor Álvaro Miguel Zegarra Mulánovich

Vicepresidente de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor Javier Francisco Zúñiga Quevedo

Vocal de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor Walter Leonardo Valdez Muñoz

Presidente de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor José Antonio Arostegui Girano

Vocal de la Sala Especializada de Procedimientos Concursales

[email protected]

Señor Zósimo Juan Pichihua Serna

Superintendente del Mercado de Valores (SMV)

[email protected]

Señor Christian Sergio Armas Alvarado

Procurador Público de la SMV

[email protected]

Señor Alix Godos García

Intendente General de Supervisión de Condutas

[email protected]

Señor Anderson Vela Guerrero

Intendente General de Cumplimiento de Conductas

[email protected]

Señor Josué Manuel Gutiérrez Cóndor

Defensor del Pueblo

[email protected]

De nuestra mayor consideración:

Los suscritos les extendemos un cordial saludo y a la vez el pedido para que de acuerdo a sus competencias procedan de oficio ante el cuestionado proceder del empresario Ricardo Martín Belmont Vallarino (presidente de la Junta de Acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones – RBC TV SAA), pues vamos para seis años desde el inicio del procedimiento concursal, no obstante -a causa de una serie de maniobras anticorporativas y antiéticas-, los trabajadores (acreedores laborales) no reciben un sol hasta el día de hoy, siendo burlados no solo nosotros como ciudadanos sino también el propio INDECOPI y el Poder Judicial que en todas las instancias nos dio la razón.

Ante un presidente de la Junta de Acreedores (o administrador como Ricardo Martín Belmont Vallarino), que desvía fondos de la concursada Red Bicolor de Comunicaciones SAA, se evidencia que el mismo incumple y modifica los acuerdos conciliatorios y que retrasa sistemáticamente el cronograma de pagos, por lo que los acreedores laborales esperamos que se activen de inmediato los mecanismos legales del Estado peruano para su remoción en el cargo.

¿Cómo proceder legalmente bajo el marco del Sistema Concursal Peruano? ¿Qué debe hacer la Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi?

Aunque el Indecopi no administra directamente la empresa, posee facultades sancionadoras y de fiscalización rigurosas. Es más, ante las reiteradas multas aplicadas al ciudadano Ricardo Martín Belmont Vallarino y el desvío de fondos que ha hecho, la Comisión de Procedimientos Concursales ya le aplicó multas pero debe actuar de forma más contundente y categórica, al amparo de la Ley General del Sistema Concursal, pues el desvío de fondos a otras empresas constituye una infracción muy grave (vulneración del destino patrimonial de la concursada).

Asimismo, sucede que cuando el presidente de una Junta de Acreedores ignora los requerimientos de información sobre el destino del dinero o las órdenes de la CCO, entonces esta Comisión deberá remitir los actuados al Ministerio Público para que se le denuncie por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, pues el desvío de dinero a otra empresa fuera del cronograma concursal no es solo una falta administrativa, sino un delito penal de carácter económico.

Urgimos a las autoridades del Estado a documentar este caso, sobre todo cuando ya habría denuncias contra el señor Ricardo Martín Belmont Vallarino por Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y Quiebra Fraudulenta. En ese sentido, los acreedores afectados y burlados por años solicitamos la intervención de oficio de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción o Delitos Económicos para denunciar al presidente de la junta de acreedores de Red Bicolor de Comunicaciones SAA por delitos como administración fraudulenta, apropiación ilícita, o fraude concursal (ocultamiento de bienes o simulación de deudas/desvíos para perjudicar el cobro de acreedores), de ser el caso, debiendo el INDECOPI a través de la CCO tomar atención debida al respecto.

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a sus dignos despachos por el interés y la atención que le otorguen a este caso por ser de justicia, toda vez que el Estado debe garantizar que se respete la Constitución, la ley y los derechos de los trabajadores y acreedores laborales, como parte sustantiva del compliance, así como del paso seguro de nuestro país hacia la OCDE, como también en provecho de la predictibilidad y la seguridad jurídica que permiten la inversión privada, que fomentan la seriedad de las buenas prácticas corporativas y la cultura empresarial con ética en una nación emprendedora y pujante como la peruana, temas que parecen no importar al ciudadano Ricardo Belmont Vallarino.

Atte.,

Karim Yuliet Alegría del Águila

DNI 07759079

Rafael Romero Vásquez

DNI 10802382

Evelyn Jacqueline Agreda Alarcón

DNI 45970834

Miriane Luz Mogollón Tinoco

DNI 10331231

Lenith Ariana Checa Tuesta

DNI 60182840

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Actualidad

Daniel Hermoza: «No podemos dar facultades legislativas a ciegas»

Representante de las Mypes, Daniel Hermoza, advierte que la incertidumbre, el riesgo de El Niño y las dificultades de acceso al crédito pueden empujar a miles de pequeños negocios hacia la informalidad o el cierre. Reclama al Congreso mayor precisión antes de entregar facultades legislativas al Ejecutivo y exige un plan nacional para las MYPE.

Published

3 horas ago

02/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

Las micro y pequeñas empresas enfrentan un escenario complejo. A las dificultades que ya arrastran para formalizarse, acceder al crédito y sostener sus negocios se suma ahora la incertidumbre generada por las reformas que plantea el Ejecutivo y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Para Daniel Hermoza, especialista en MYPE, el debate no puede centrarse únicamente en eliminar trámites o modificar los regímenes tributarios. Considera que el problema de fondo es la falta de capital, el bajo crecimiento económico y la ausencia de una política de Estado que atienda de manera integral a las micro y pequeñas empresas.

En esta entrevista analiza las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, la situación de las MYPE y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para proteger el empleo y promover la formalización.

Señor Hermoza ¿Cuál es su principal preocupación frente a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo?

Nos preocupa especialmente que en el primer borrador de las facultades legislativas, que circuló, se planteara la posibilidad de eliminar el RUS y el RER, que son regímenes tributarios especiales para las MYPE.

También discrepamos de las declaraciones del ministro de Economía, Elmer Cuba, respecto a que los regímenes especiales tributarios y laborales no habían contribuido al desarrollo de las MYPE. Consideramos que sí han contribuido a la formalización.

Es cierto que algunas empresas hacen un uso indebido de estos beneficios y, en lugar de crecer, se estancan o crean otras empresas para no superar los límites establecidos. Pero esa distorsión no representa a la mayoría de las empresas que utilizan estos regímenes.

¿El documento presentado por el Ejecutivo es suficientemente claro respecto de los cambios que pretende realizar?

No, no está suficientemente claro, el documento es bastante genérico. Habla de normas tributarias que faciliten la formalización y el crecimiento, pero no especifica exactamente qué se quiere modificar.

Si se solicita una facultad para modificar normas tributarias, se debe precisar cuáles. Porque, de lo contrario, se podría entender que se está otorgando una facultad demasiado amplia.

Además, hemos visto anuncios que después son desmentidos. Hoy se habló, por ejemplo, de grabar los ahorros y los intereses y luego se dijo que eso no se había planteado. No podemos estar con estas idas y vueltas porque lo que generan es inestabilidad.

¿Cómo afecta esta incertidumbre a los emprendedores que buscan formalizarse?

Si quiero ser formal es porque busco predictibilidad. Quiero tener beneficios laborales y tributarios que me permitan empezar a crecer. Pero si veo que esos beneficios pueden ser eliminados, la formalidad pierde atractivo y puedo decidir continuar siendo informal.

Creo que se ha elegido un mal momento para plantear reformas que afectan beneficios de las MYPE, especialmente cuando tenemos por delante un problema climático que puede generar un fuerte impacto económico.

¿Qué sectores ya están sintiendo los efectos de esta situación?

Las MYPE de Gamarra ya han sido afectadas porque perdieron una de sus campañas más importantes: la de invierno. El calor impidió vender buena parte de la ropa que habían producido y, por lo tanto, no pudieron recuperar el capital invertido.

Ahora deben afrontar la campaña navideña con menos recursos, a eso se suma que los bancos están siendo más cautelosos para otorgar créditos debido al riesgo generado por el fenómeno “El Niño”.

En Villa El Salvador, por ejemplo, unas 300 MYPE del sector madera fueron afectadas porque se mojó la madera que tenían lista para trabajar. También se dañaron rollos de cuero y telas.

¿Qué debería hacer el Gobierno para lograr una formalización más atractiva para los emprendedores?

El problema de fondo de la informalidad no es solamente la tramitología. La estructura tributaria y laboral para las MYPE no está tan mal como se afirma.

Uno de los grandes problemas es el escaso crecimiento económico. Cuando una persona entra al mercado y sus expectativas de venta disminuyen, muchas empresas terminan cerrando.

Las estadísticas de bajas empresariales son un indicador importante. Cada año cientos de miles de empresas dejan de operar. Hemos pedido que se haga un estudio serio para determinar por qué ocurre esto.

¿Qué encontraron en sus estudios sobre el tiempo que toma pasar de la informalidad a la formalidad?

En un estudio que realizamos entre nuestros asociados encontramos que el 50 % señaló que no tuvo período de informalidad: decidió crear una empresa y desde el primer día fue formal.

El otro 50 % manifestó que demoró entre cuatro y ocho años, dependiendo del rubro. La razón principal fue la necesidad de acumular capital.

En actividades como la fabricación de calzado y confecciones, la formalización puede ser más rápida porque muchos comienzan trabajando desde sus propias casas. En cambio, en el comercio se necesita acumular capital para adquirir un local y recién entonces dar el salto hacia la formalidad.

¿Qué mecanismos financieros podrían ayudar a reducir ese período de informalidad?

Necesitamos desarrollar capital de riesgo. El capital semilla sirve para iniciar un pequeño negocio y comprar insumos, pero el capital de riesgo permite adquirir maquinaria, alquilar un local y ampliar la empresa.

Ese tipo de financiamiento prácticamente no existe en el Perú. Debemos construir un sistema que permita acortar el tiempo que una empresa permanece en la informalidad.

La reducción de la tramitología puede ayudar a una empresa que ya se formalizó, pero también necesitamos resolver el problema del acceso al crédito.

¿Qué medidas se necesitan para evitar que los emprendedores recurran al financiamiento informal?

El Estado debe evitar que el crédito informal gane espacio. Cuando el crédito formal disminuye, el emprendedor que necesita capital puede terminar recurriendo a préstamos informales con tasas de interés muy altas.

Por eso planteamos que se genere rápidamente un fondo de garantía, similar al modelo de Reactiva, para las MYPE que puedan verse afectadas por el fenómeno El Niño.

No se trata de regalar dinero. Se trata de generar un fondo de respaldo que permita que el sistema financiero continúe otorgando créditos a los emprendedores.

Pregunta. ¿Qué debería hacer el Gobierno para que las MYPE crezcan y generen empleo formal durante los próximos años?

Primero debemos reestructurar los servicios del Estado. Hemos propuesto que los programas, sistemas y viceministerios vinculados con las MYPE se integren en un solo ministerio.

Actualmente están dispersos y cada uno trabaja por su lado. Necesitamos integrarlos para que funcionen eficientemente.

En segundo lugar, necesitamos un verdadero plan de desarrollo de las MYPE. Otros sectores, como el turismo, cuentan con planes nacionales que establecen objetivos y acciones. En el caso de las MYPE no tenemos un plan de esa naturaleza.

¿Qué papel debe cumplir la capacitación técnica dentro de ese plan?

Es fundamental. Tenemos un gran déficit de técnicos en prácticamente todos los sectores.

Gamarra, por ejemplo, es una verdadera universidad de confeccionistas. Los jóvenes aprenden en la práctica a colocar botones, hacer cuellos, armar camisas y desarrollar diferentes procesos, pero no necesariamente reciben una certificación.

Necesitamos profesionalizar esos conocimientos porque debemos elevar la productividad para ser competitivos. También necesitamos fortalecer instituciones como Senati y multiplicar los centros de formación técnica especializados.

¿Cómo se podría impulsar la internacionalización de las pequeñas empresas peruanas?

Necesitamos incorporar la internacionalización dentro de un plan de desarrollo. Debemos buscar mercados para las MYPE y crear mecanismos que permitan a nuestros empresarios llegar al exterior.

Podríamos reunir a cientos de empresarios con apoyo del Estado y abrir un centro comercial en Francia para ofrecer productos peruanos.

Los chinos han desarrollado estrategias similares con sus barrios comerciales en diferentes partes del mundo. Es un ejemplo que podríamos analizar y adaptar a nuestra realidad.

¿Qué le pediría al Congreso antes de otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo?

Le pediría mayor claridad. No puede haber enunciados genéricos cuando se solicitan facultades legislativas. El Congreso debe saber exactamente qué leyes se van a modificar y qué aspectos se pretenden cambiar.

Estamos a favor de los cambios que necesita el país, pero deben ser cambios conscientes. Tenemos que saber exactamente qué estamos apoyando.

No se trata de dar las facultades a ciegas, sino de hacerlo con responsabilidad y con evidencia.

¿Por qué es importante considerar las diferencias entre las MYPE de Lima y las de las regiones?

Porque las MYPE peruanas no son una masa uniforme. La realidad de una empresa de Cajamarca, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Trujillo o Lima son diferente.

Una política que funciona en Lima no necesariamente tendrá el mismo resultado en una región. Además, debemos considerar las dificultades y limitaciones de los gobiernos regionales y locales, que muchas veces no están conectados con la realidad de las MYPE.

Si finalmente se aprueban las facultades legislativas, ¿qué resultado concreto debería observar un pequeño empresario en los próximos seis meses?

Es difícil decirlo porque estamos en una etapa de incertidumbre. Cuando un proyecto de ley pasa por el Congreso existe un proceso de discusión, opiniones y dictámenes que permite analizar sus efectos.

Cuando se otorgan facultades al Ejecutivo, la dinámica es diferente y se pueden aprobar decretos legislativos directamente. Por eso no sabemos cómo van a salir esas normas.

Estamos en una etapa de especulación y no podemos anticipar con certeza qué resultados tendremos.

¿Esta falta de predictibilidad puede terminar afectando la economía?

Por supuesto. No podemos vivir en una situación en la que un día se anuncia que se aplicarán impuestos a los intereses de los ahorros y horas después el Ministerio de Economía sale a desmentirlo.

Ese tipo de mensajes genera incertidumbre y puede provocar decisiones apresuradas de ciudadanos y empresas.

No podemos jugar de esa manera con la economía. Pensé que la inestabilidad había terminado, pero lamentablemente seguimos sin tener predictibilidad.

Finalmente, ¿qué mensaje les daría a los millones de emprendedores peruanos que esperan mejores condiciones para trabajar y hacer crecer sus negocios?

Les pediría que tengamos fe en los nuevos políticos que tenemos tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, pero también que les exijamos responsabilidad.

Estamos hablando de la vida de millones de peruanos que han invertido en sus pequeños negocios y que viven de ellos. Si las autoridades actúan de manera irresponsable o demagógica, lo más probable es que perdamos más empleo.

A los emprendedores les diría que sigan adelante y que tengan fe en que sus dirigentes continuarán luchando para lograr mejores condiciones para hacer empresa en el Perú.

Necesitamos que las MYPE sean parte de verdaderas políticas de Estado. Otros sectores tienen objetivos y planes de largo plazo; las MYPE también necesitan esa visión.

Los peruanos sabemos cómo enfrentar las adversidades y reconvertirnos. Vamos a superar también esta etapa complicada.

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Los titulares de Lima Gris: 02 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda

Published

17 horas ago

02/09/2026

Redacción Lima Gris

PNP niega que camioneta usada en secuestro y asesinato en Trujillo pertenezca a la institución

Comunicado oficial señala que el vehículo investigado es particular y que la placa policial EFP-176 fue clonada. Además, la PNP señala que no existen indicios que comprometan a agentes o vehículos de la institución.

Cusco: bosque aledaño al Parque Arqueológico Saqsayhuamán viene siendo devorado por la tala

A pocos kilómetros de Sacsayhuamán, un bosque que durante décadas fue parte del paisaje cusqueño ha ido perdiendo árboles mientras el lugar se convierte en escenario de conciertos y eventos masivos. Los habitantes de la zona denuncian la existencia de estructuras arquológicas que corren peligro.

Perú rompe relaciones diplimáticas con Irán

El Gobierno del Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, argumentando preocupaciones por el deterioro democrático, las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz y la obstrucción a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La medida no implica la ruptura de relaciones consulares, por lo que se mantendrán los mecanismos necesarios para proteger a los ciudadanos de ambos países.

Jaime Quito cuestiona contrataciones en Ministerio de Cultura

El senador Jaime Quito criticó el escándalo por las contrataciones en el Ministerio de Cultura y cuestionó el conocimiento del sector por parte del ministro Alberto Beingolea.

Quito sostuvo que la prioridad de algunos ministros sería colocar a sus allegados en los ministerios.

Arequipa irreumpe en el arte contemporáneo

Diez artistas exploran la identidad, la memoria, el cuerpo, el territorio y la tecnología en una exposición que reúne distintas formas de entender y representar Arequipa.

La muestra se presenta en la Galería Más Arte —ubicado en la calle Mariano Odicio 282, Miraflores. Ingreso libre.

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Los titulares de Lima Gris: 01 de septiembre

Las noticias minuto a minuto.

Published

21 horas ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Miguel Canchari Huamaní, es denunciado por falsificación y uso de documentos

La máxima autoridad del gremio que debe garantizar la ética y el ejercicio profesional de la arqueología enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de firmas, alteración de documentos y uso de experiencia laboral que habría sido utilizada para acreditar requisitos en una millonaria licitación de PROVIAS.

Frente a estas informaciones, el Colegio de Arqueólogos rechazó categórica y enfáticamente la calificación de coyuntura utilizada desde el “escándalo” , así como cualquier afirmación que pretenda dar por ciertos los hechos antes de un pronunciamiento oficial de la autoridad competente.

El gremio invocó el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Canchari Huamaní, por su parte, sostiene que la denuncia es falsa.

Lionel Messi anuncio su retiro de la selección Argentina

El capitán confirmó su despedida tras 20 años vistiendo la camiseta albiceleste y reconoció que fue una decisión que “dolió y duele en el alma”.

Congreso pide explicaciones por designación en Derrama Magisterial.

La congresista por Junín, Gina Duarte de Pezet, solicitó a la Comisión de Educación citar al ministro de Educación para explicar la designación de la excongresista Tania Ramírez García como representante del Ministerio de Educación ante la Derrama Magisterial.

El pedido busca conocer los criterios técnicos y legales utilizados para esta designación y determinar si se respetaron los principios de idoneidad, meritocracia y transparencia. La comisión deberá evaluar ahora si corresponde convocar al titular del sector para brindar explicaciones públicas sobre la cuestionada decisión.
Tras el pedido de citación de la comisión de Educación, la excongresista presentó su renuncia como representante del MINEDU en la Derrama Magisterial.

Alerta por avance de la minería informal en Nasca

El senador Jaime Delgado advirtió sobre el avance de la minería informal en zonas cercanas a las Líneas de Nasca y pidió al Ministerio de Cultura reforzar su protección.

Asimismo, planteó recuperar los conocimientos ancestrales de la cultura Nasca para enfrentar problemas como la crisis hídrica y el fenómeno El Niño, destacando la importancia de preservar tanto el patrimonio arqueológico como los saberes tradicionales de esta cultura.

Ministro responde por protección de las Líneas de Nasca.

Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación y la presión del Congreso, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se pronunció sobre la situación de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

El titular del sector deberá explicar las acciones que se vienen adoptando para garantizar la protección de este importante patrimonio arqueológico frente a las amenazas que afectan la zona.

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PNP niega que camioneta usada en secuestro y asesinato en Trujillo pertenezca a la institución

Comunicado oficial señala que el vehículo investigado es particular y que la placa policial EFP-176 fue clonada. La Policía sostiene que su unidad legítima continúa operativa en San Gabán-Juliaca y que, hasta el momento, no existen indicios que comprometan a agentes o vehículos de la institución.

Published

23 horas ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

La Policía Nacional del Perú salió al frente de las versiones que vinculaban a la institución con la camioneta presuntamente utilizada en el secuestro de un empresario y el homicidio de cuatro personas en Trujillo, región La Libertad. A través del Comunicado N.° 19-2026, difundido este 1 de septiembre, la PNP negó que el vehículo investigado sea una unidad oficial.

Según el documento, las verificaciones técnico-policiales realizadas hasta el momento determinaron que las características físicas y registrales de la camioneta no corresponden a una unidad oficial del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional.

Uno de los principales elementos de la controversia era la placa EFP-176, que aparece en las imágenes del vehículo. La PNP precisa que dicha matrícula fue clonada y colocada de manera indebida en la camioneta investigada. Por tanto, sostiene que la utilización de esa placa policial no convierte al vehículo en una unidad institucional.

La propia Policía informó que realizó la verificación de la unidad legítimamente vinculada con la matrícula EFP-176. Se trata de un patrullero que permanece bajo control institucional y se encuentra asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras (DESPDC) San Gabán-Juliaca.

El comunicado añade que dicho vehículo cuenta con sus elementos de identificación y registros correspondientes y permanece en condición operativa desde el 28 de agosto de 2025.

Pero la investigación permitió encontrar otro elemento que podría resultar clave para establecer la verdadera identidad de la camioneta utilizada en el hecho criminal. Se trata de la placa BNG-906, que, de acuerdo con la consulta registral citada por la PNP, corresponde a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular. Esta matrícula será incorporada a las pesquisas técnico-científicas.

La institución también advierte que el uso de prendas, distintivos o equipamiento similar al policial por parte de delincuentes no constituye evidencia de un vínculo con la Policía Nacional. Según la PNP, la simulación de una intervención policial puede ser utilizada por organizaciones criminales como un recurso para sorprender y someter a sus víctimas.

En ese sentido, la Policía afirma que hasta el momento no existen indicios que comprometan a personal policial ni a unidades móviles de la institución con el caso. Las diligencias continúan para identificar, ubicar y capturar a todos los responsables, además de determinar el origen de los bienes utilizados durante el hecho.

Con este pronunciamiento, la PNP busca desmontar la versión de que una camioneta oficial habría sido empleada directamente en el secuestro y asesinato. Sin embargo, la investigación deberá establecer cómo fue utilizada una placa policial clonada, quién tuvo acceso a ella y quiénes participaron en la utilización de una camioneta particular que habría sido presentada ante las víctimas como un vehículo policial.

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Cusco: un bosque aledaño al Parque Arqueológico Sacsayhuamán viene siendo devorado por la tala y contaminado por conciertos masivos

A pocos kilómetros de Sacsayhuamán, un bosque que durante décadas fue parte del paisaje cusqueño ha ido perdiendo árboles mientras el lugar se convierte en escenario de conciertos y eventos masivos. Los residentes de la zona denuncian tala, residuos, riesgos de seguridad y la existencia de estructuras arquológicas que corren peligro. ¿Qué hace El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente?

Published

1 día ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

Llaullipata en peligro. En las inmediaciones de la carretera hacia Sacsayhuamán viene ocurriendo una tala progresiva de un bosque. A esto se suma el ingreso de vehículos pesados y la transformación de sectores que durante décadas permanecieron cubiertos de vegetación, transformados en un grotesco espacio para conciertos masivos. “Es desolador todo lo que han avanzado en estos años”, afirman los cusqueños.

La identidad de los ciudadanos por su seguridad lo mantendremos en reserva, pero sus testimonios plantean una pregunta que las autoridades no deberían dejar pasar: ¿qué está ocurriendo realmente en Llaullipata?

El problema no solo es la voraz tala de árboles, aquí está en juego un espacio próximo a uno de los principales complejos arqueológicos del Cusco, un entorno natural que alberga una importante fauna. Además, existen estructuras que deberían ser revisadas por los especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El bosque que comenzó a desaparecer

Según testimonios, los terrenos ubicados entre la carretera hacia Sacsayhuamán y el río Shapi pertenecerían a la familia Ruiz Caro. En la zona predominan eucaliptos, aunque también existen pinos, cipreses y, en determinados sectores, queuñas y chachacomos. Los habitantes de la zona, sostiene que, independientemente de la condición de las especies plantadas, con el paso de los años allí se desarrolló una masa vegetal que terminó formando parte del ecosistema local, como liebres andinas, ciervos, pequeños mamíferos y numerosas especies de aves.

Los habitantes recuerdan que durante la pandemia, la presencia humana disminuyó considerablemente, esto provocó que los animales aparecíeran con mayor frecuencia. Pero mientras los pobladores permanecían encerrados, los ernomes camiones seguían llegando. Estos vehículos son utilizados para retirar troncos. Después de tala, solo quedan restos de madera, aserrín y residuos en distintos sectores.

Aquí hay varias preguntas por responder: ¿cuántos árboles fueron extraídos?, ¿quién autorizó su tala?, ¿qué superficie fue intervenida y bajo qué condiciones?

Las respuestas deberían encontrarse en los documentos de las autoridades competentes y no solamente en las explicaciones de quienes viven en la zona.

El bosque agoniza

Durante la pandemia, aparecieron publicaciones en redes sociales para llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Las denuncias ciudadanas también llegaron a las instituciones.

Los testimonivos de diferentes visitantes a la zona, expresan gran preocupación. Lo que se observa en el lugar es una tala permanente que viene depredando una de las riquezas naturales del Cusco.

“Pero no son solo árboles. Es toda una masa de vida que se está depredando y no vuelve jamás”, afirman.

Y allí aparece una obligación elemental del Estado: determinar si la extracción se realizó legalmente, si contó con las autorizaciones correspondientes y cuál fue su impacto sobre el entorno.

Pero la discusión va más allá, aquí también hay que determinar qué ocurre con el espacio donde ese árbol creció, qué efectos produce su desaparición y qué normas ambientales o patrimoniales resultan aplicables.

Cuando la naturaleza es aplastada por los conciertos

La transformación de Llaullipata no se habría limitado a la tala. Según testigos, dentro de la propiedad existen espacios abiertos que comenzaron a ser utilizados para conciertos, ferias y otros eventos masivos. Alli se producen espectáculos musicales que congregan a cientos o miles de personas, conciertos donde incluso ha participado el Grupo 5.

La preguntas se vuelven inevitables: ¿Qué permisos tenían esos eventos? ¿quién evaluó las condiciones de seguridad?, ¿qué rutas de evacuación fueron habilitadas?, ¿qué instalaciones eléctricas se utilizaron?, ¿qué medidas se adoptaron para proteger el entorno?, ¿qué controles realizó Defensa Civil?

La preocupación adquiere especial relevancia porque, según los residentes, el lugar se encuentra en las inmediaciones de la zona de amortiguamiento del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán.

Si el Estado permite que miles de personas ingresen periódicamente a un espacio de estas características, entonces también debe garantizar que la actividad sea compatible con la seguridad, la conservación ambiental y la protección del patrimonio.

Un joven murió electrocutado

Testigos de la zona, relatan la muerte de un joven durante una actividad realizada en el lugar. Según diversas versiones, para una feria que incluía conciertos se habría contratado a adolescentes provenientes de un hogar para realizar labores de apoyo logístico.

La muerte ocurrió en el 2023, durante la feria «La cusqueñisíma». La Comisión de Juristas de Cusco, en su momento que tomaron contacto con los familiares de la víctima para iniciar las acciones legales correspondientes. Según fuentes, el caso de la muerte del joven se encuentra archivos. Es decir, no hubo responsables.

“Hicieron un evento en un centro arqueológico sin contar con la autorización respectiva”, afirmó Cereceda en el 2023, quien además sostuvo que habría existido una presunta presión desde el Viceministerio de Cultura para permitir la realización de la actividad.

La víctima fue identificada como Elías Huaccanqui, de 26 años, quien falleció luego de caer desde una altura aproximada de seis metros mientras colocaba un panel publicitario.

La naturaleza convertida en espectáculo

Los problemas denunciados no terminan con la seguridad. La pobladores describen la existencia de residuos, ruido y una presión creciente sobre el entorno. Afirman que durante algunos eventos los asistentes llegaron a utilizar los alrededores del bosque como servicios higiénicos.

Mientras el país habla de turismo sostenible, protección ambiental y puesta en valor del patrimonio, un espacio cercano a Sacsayhuamán vendría siendo utilizado para actividades multitudinarias cuyo impacto ambiental requiere, como mínimo, una evaluación.

Concierto en haciendo Llaullipata.

La pregunta para el Ministerio del Ambiente es concreta: ¿existe alguna evaluación ambiental de las actividades desarrolladas en esta zona y de los efectos acumulativos de la tala, el tránsito vehicular, el ruido, los residuos y las concentraciones masivas de personas?

Las piedras que esperan una respuesta

Pero Llaullipata guarda otra interrogante. Los habitantes aseguran haber encontrado piedras y sectores que, desde su percepción, podrían corresponder a antiguos andenes u otras estructuras incas.

Si los ciudadanos advierten la presencia de estructuras o elementos que podrían tener valor arqueológico en las inmediaciones de Sacsayhuamán, lo razonable es que un especialista del Ministerio de Cultura realice una inspección técnica y determine qué son.

La apertura de una trocha habría permitido, según testigos, el ingreso de vehículos hacia sectores donde se venía interviniendo el bosque. En el lugar se encontró numerosas piedras y basura.

Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente: llegó la hora de actuar

El caso de Llaullipata no puede resolverse con declaraciones. El Ministerio de Cultura debería informar si ha recibido denuncias sobre posibles estructuras arqueológicas en la zona, si realizó inspecciones y cuál fue el resultado. También debería precisar si las actividades desarrolladas en las inmediaciones de Sacsayhuamán cumplieron con las disposiciones de protección patrimonial que correspondan.

El Ministerio del Ambiente, por su parte, debería explicar qué entidad tiene competencia sobre la eventual afectación ambiental denunciada, si existen evaluaciones o fiscalizaciones y qué medidas de protección corresponden. Y las autoridades municipales tampoco pueden mirar hacia otro lado si en el lugar se desarrollaron eventos masivos.

Basta de depredar nuestros bosques. Porque cuando el último árbol haya caído, cuando el último animal haya abandonado el lugar, ninguna comisión, ningún informe y ninguna conferencia de prensa podrá devolver aquello que se perdió.

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Actualidad

El comunicado con el que el Decano de Arqueólogos pretende eludir una denuncia por presunta falsificación

En un pronunciamiento de cinco puntos cargado de victimización, Miguel Canchari Huamaní alega “presunción de inocencia” y pretende reducir el caso a un “trámite administrativo” ante Provías. Sin embargo, los documentos oficiales expedidos por el propio Ministerio de Cultura lo acorralan.

Published

2 días ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

Hay un vicio recurrente en la función pública y gremial peruana: pretender disimular los hechos graves bajo el manto retórico de la “leguleyada” y la victimización. El reciente comunicado emitido por el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) y firmado por su Decano Nacional, Miguel Antonio Canchari Huamaní, es un ejemplo manual de esa estrategia de distracción.

Frente a la investigación sacada a la luz por Lima Gris, el decano no responde con pruebas; responde con adjetivos. Califica de “temeraria e infundada” la información, pide esperar el pronunciamiento de las autoridades y se atrinchera en un escudo gastado: apelar a un presunto “procedimiento administrativo en etapa de investigación ante PROVÍAS Descentralizado” para sugerir que aquí no pasa nada.

Comunicado del Decano Miguel Canchari.

Sin embargo, los papeles no mienten. Y la documentación oficial que obra en las instancias correspondientes desbarata punto por punto el débil parapeto del Decano Canchari.

La prueba que el pronunciamiento oculta

El señor Canchari omite mencionar en su pronunciamiento un hecho medular: existe una denuncia administrativa disciplinaria interpuesta formalmente en su contra el 21 de julio de 2026 ante el propio Colegio de Arqueólogos, acompañada de las pruebas que él insiste en obviar.

La denunciante, la arqueóloga Rocío Coras Contreras (COARPE N° 040849), ha sido categórica al señalar ante Provías Descentralizado y ante el propio gremio que jamás contrató ni emitió constancias de trabajo a favor de Canchari. En el expediente que el Decano prefiere no citar, la especialista denuncia directamente la falsificación de su firma y el uso de documentos falsos en la Contratación Pública Especial N° 20-2025-MTC/21-1.

¿Cuáles son los documentos que el decano pretende hacer pasar como inexistentes o materia de simple “investigación”?

El Contrato N° 01-2016-RCC/AC y la Constancia de Trabajo de fecha 10 de enero de 2017: Documentos presentados a la licitación para acreditar que Canchari laboró como arqueólogo residente del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la obra carretera Quinua – San Francisco (Tramo II) desde marzo de 2016 hasta enero de 2017.
El Contrato N° 01-2018-RCC/AC y la Constancia de Trabajo de fecha 08 de junio de 2019: Presentados para aducir que prestó servicios en el PMA de la obra Abra Toccto – Vilcashuamán entre mayo de 2018 y junio de 2019.

Las fechas y la resolución que desarman el engaño

En el periodismo de investigación, los datos objetivos se sobreponen al discurso defensivo. Y la falsedad de estas acreditaciones no es una «opinión periodística»; está refrendada por las resoluciones oficiales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho (DDC-AYA/MC).

En el caso del tramo Quinua – San Francisco: Mientras la constancia presentada a nombre de Canchari pretende justificar servicios prestados hasta 2017, la Resolución Directoral No. 005-2015-DDC AYA-MC demuestra que la ejecución del proyecto se dio entre el 08-01-2015 y el 30-06-2016. Además, la arqueóloga Coras precisa mediante Carta N° 03-2026-ARQ/A que dicho monitoreo fue ejecutado por ella misma de forma personal y que la obra nunca contó con residente.
En el caso del tramo Abra Toccto – Vilcashuamán: El documento atribuido a Canchari sostiene que este trabajó del 05-03-2018 al 08-06-2019. Sin embargo, la Resolución Directoral No. 361-2016-DDC AYA-MC expedida por el Ministerio de Cultura expone que las obras de remoción de suelos culminaron formalmente en noviembre de 2017 y que la resolución final se aprobó en marzo de 2018. ¿Cómo pudo ser residente en un periodo en que las obras ya habían concluido?

Documentos de la denuncia presentados a COARPE.

La ética que compromete a la institución

El delito de falsificación y uso de documento privado falso (Artículo 427 del Código Penal) es de gravedad contundente, pero cuando quien se ve salpicado por estos actos es la máxima autoridad del gremio llamado a resguardar la ética en la arqueología nacional, el problema deja de ser un legajo administrativo.

El Decano Canchari apela al principio de presunción de inocencia. Está en su derecho en el ámbito judicial. Pero en el terreno de la representación institucional y pública, esconderse tras la burocracia de Provías mientras existen cartas formales de su propia colega desconociendo las firmas y resoluciones del Estado contradictorias, resulta un insulto a la comunidad científica que representa.

Exhortar a los medios a callar mientras «las autoridades actúan» no borra los contratos cuestionados ni limpia el registro de fiscalización posterior aperturado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Carta N° 000902-2026-MTC/21.OA-ETABAST).

La verdad no se establece por comunicado oficial de la institución afectada, sino por el peso inobjetable de las pruebas. Y en este expediente, los documentos hablan solos.

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Actualidad

Trujillo: la noche en que los falsos policías acribillaron a cuatro personas y secuestraron un empresario

Un comando vestido con uniformes policiales interceptó de madrugada la camioneta de Jens Marty Lara Tantaquilla. Lo sacaron del vehículo y se lo llevaron. Sus cuatro acompañantes fueron asesinados a balazos. Todo ocurrió a pocas cuadras de una sede policial. Mientras el crimen organizado perfecciona sus métodos, el gobierno de Keiko Fujimori vuelve a quedar bajo la pregunta más incómoda: ¿dónde está el Estado?

Published

2 días ago

31/08/2026

Redacción Lima Gris

Trujillo amaneció ayer domingo con cuatro muertos, un empresario desaparecido y una escena que parece arrancada de una película de mafias: hombres armados, uniformes policiales, fusiles, una camioneta blanca y una falsa intervención que produjo una escena sangrienta.

El objetivo era Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario vinculado a la actividad minera y natural de Pataz. El hombre viajaba de madrugada por la avenida Húsares de Junín cuando apareció una camioneta blanca. De ella descendieron sujetos armados que vestían prendas similares a las utilizadas por unidades especializadas de la Policía. La operación parecía policialpero no lo era.

Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario secuestrado.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la escena. Los delincuentes interceptaron el vehículo, redujeron al empresario y lo obligaron a bajar. Después lo subieron a la camioneta utilizada por los secuestradores. Adentro quedaron cuatro personas. Y entonces comenzó la matanza.

Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez fueron asesinados. Cuatro nombres. Cuatro historias. Cuatro familias que este lunes ya no tienen a quién esperar.

La Policía ha identificado preliminarmente a organizaciones criminales como Los Pulpos o La Jauría entre las hipótesis que se investigan. La modalidad —delincuentes vestidos como policías para ejecutar un secuestro— ha llamado especialmente la atención de los investigadores.

Pero hay un detalle que convierte este crimen en algo todavía más perturbador. Ocurrió a pocas cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal de Trujillo.

No fue en una carretera perdida. No fue en un descampado. No ocurrió en la oscuridad de un territorio sin vigilancia. Fue en Trujillo. En una zona urbana con cámaras y con instituciones del Estado. Y, aun así, cuatro personas terminaron muertas y un empresario fue secuestrado.

La pregunta inevitable es qué tan lejos ha llegado el crimen organizado cuando puede disfrazarse de Policía, movilizar hombres armados, interceptar un vehículo, ejecutar a cuatro personas y escapar con un secuestrado en una ciudad donde existen unidades especializadas para combatir precisamente este tipo de delitos.

Delincuentes con uniformes de la PNP.

El caso tiene además un elemento que no puede ser ignorado: la Policía había manejado información sobre un posible secuestro de gran magnitud en Trujillo y se habían emitido alertas a potenciales objetivos, según declaraciones recogidas por medios nacionales.

Entonces aparece la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué hizo el gobierno de Keiko Fujimori y el Ministerio del Interior con esa información?

Porque mientras los informes circulan por los escritorios, los delincuentes circulan por las calles. Mientras las autoridades anuncian operativos, las organizaciones criminales preparan los siguientes golpes.

Mientras se habla de recuperar el control territorial, una banda puede apropiarse de los símbolos de la propia Policía y utilizarlos para engañar, secuestrar y matar. Y mientras todo esto ocurre, el gobierno de Keiko Fujimori parece observar la escena desde una distancia preocupante.

La pregunta ahora no es solamente quién ordenó el secuestro. Tampoco quién apretó el gatillo. La pregunta es mucho más grande: ¿Cuánto territorio más tendrá que perder el Estado para que el Gobierno de Keiko Fujimori deje de mirar la violencia desde los despachos y empiece, de una vez, a combatirla en las calles?

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Comentarios 3

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@denisse_aragon_sb 1h ago

nasca es patrimonio de todos, espero que la reunión con cultura priorice eso antes que la conveniencia política
@andrea_camacho_24 1h ago

una cosa es defender la minería artesanal y otra el patrimonio de nasca, preguntaría cuánto de eso llega de verdad a la comunidad
@ronald_espinoza 2h ago

Interesante el debate, no sabía que la minería artesanal llegaba hasta zonas patrimoniales de Nasca. ¿Y cómo se compagina eso con la protección de las líneas?

Diputado José Yataco y la minería informal: ¿desarrollo a costa del patrimonio de Nasca? [VIDEO]

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