Daniel Hermoza: «No podemos dar facultades legislativas a ciegas»

Actualidad Daniel Hermoza: «No podemos dar facultades legislativas a ciegas» Representante de las Mypes, Daniel Hermoza, advierte que la incertidumbre, el riesgo de El Niño y las dificultades de acceso al crédito pueden empujar a miles de pequeños negocios hacia la informalidad o el cierre. Reclama…

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Representante de las Mypes, Daniel Hermoza, advierte que la incertidumbre, el riesgo de El Niño y las dificultades de acceso al crédito pueden empujar a miles de pequeños negocios hacia la informalidad o el cierre. Reclama al Congreso mayor precisión antes de entregar facultades legislativas al Ejecutivo y exige un plan nacional para las MYPE.

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55 minutos ago

02/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

Las micro y pequeñas empresas enfrentan un escenario complejo. A las dificultades que ya arrastran para formalizarse, acceder al crédito y sostener sus negocios se suma ahora la incertidumbre generada por las reformas que plantea el Ejecutivo y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Para Daniel Hermoza, especialista en MYPE, el debate no puede centrarse únicamente en eliminar trámites o modificar los regímenes tributarios. Considera que el problema de fondo es la falta de capital, el bajo crecimiento económico y la ausencia de una política de Estado que atienda de manera integral a las micro y pequeñas empresas.

En esta entrevista analiza las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, la situación de las MYPE y las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para proteger el empleo y promover la formalización.

Señor Hermoza ¿Cuál es su principal preocupación frente a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo?

Nos preocupa especialmente que en el primer borrador de las facultades legislativas, que circuló, se planteara la posibilidad de eliminar el RUS y el RER, que son regímenes tributarios especiales para las MYPE.

También discrepamos de las declaraciones del ministro de Economía, Elmer Cuba, respecto a que los regímenes especiales tributarios y laborales no habían contribuido al desarrollo de las MYPE. Consideramos que sí han contribuido a la formalización.

Es cierto que algunas empresas hacen un uso indebido de estos beneficios y, en lugar de crecer, se estancan o crean otras empresas para no superar los límites establecidos. Pero esa distorsión no representa a la mayoría de las empresas que utilizan estos regímenes.

¿El documento presentado por el Ejecutivo es suficientemente claro respecto de los cambios que pretende realizar?

No, no está suficientemente claro, el documento es bastante genérico. Habla de normas tributarias que faciliten la formalización y el crecimiento, pero no especifica exactamente qué se quiere modificar.

Si se solicita una facultad para modificar normas tributarias, se debe precisar cuáles. Porque, de lo contrario, se podría entender que se está otorgando una facultad demasiado amplia.

Además, hemos visto anuncios que después son desmentidos. Hoy se habló, por ejemplo, de grabar los ahorros y los intereses y luego se dijo que eso no se había planteado. No podemos estar con estas idas y vueltas porque lo que generan es inestabilidad.

¿Cómo afecta esta incertidumbre a los emprendedores que buscan formalizarse?

Si quiero ser formal es porque busco predictibilidad. Quiero tener beneficios laborales y tributarios que me permitan empezar a crecer. Pero si veo que esos beneficios pueden ser eliminados, la formalidad pierde atractivo y puedo decidir continuar siendo informal.

Creo que se ha elegido un mal momento para plantear reformas que afectan beneficios de las MYPE, especialmente cuando tenemos por delante un problema climático que puede generar un fuerte impacto económico.

¿Qué sectores ya están sintiendo los efectos de esta situación?

Las MYPE de Gamarra ya han sido afectadas porque perdieron una de sus campañas más importantes: la de invierno. El calor impidió vender buena parte de la ropa que habían producido y, por lo tanto, no pudieron recuperar el capital invertido.

Ahora deben afrontar la campaña navideña con menos recursos, a eso se suma que los bancos están siendo más cautelosos para otorgar créditos debido al riesgo generado por el fenómeno “El Niño”.

En Villa El Salvador, por ejemplo, unas 300 MYPE del sector madera fueron afectadas porque se mojó la madera que tenían lista para trabajar. También se dañaron rollos de cuero y telas.

¿Qué debería hacer el Gobierno para lograr una formalización más atractiva para los emprendedores?

El problema de fondo de la informalidad no es solamente la tramitología. La estructura tributaria y laboral para las MYPE no está tan mal como se afirma.

Uno de los grandes problemas es el escaso crecimiento económico. Cuando una persona entra al mercado y sus expectativas de venta disminuyen, muchas empresas terminan cerrando.

Las estadísticas de bajas empresariales son un indicador importante. Cada año cientos de miles de empresas dejan de operar. Hemos pedido que se haga un estudio serio para determinar por qué ocurre esto.

¿Qué encontraron en sus estudios sobre el tiempo que toma pasar de la informalidad a la formalidad?

En un estudio que realizamos entre nuestros asociados encontramos que el 50 % señaló que no tuvo período de informalidad: decidió crear una empresa y desde el primer día fue formal.

El otro 50 % manifestó que demoró entre cuatro y ocho años, dependiendo del rubro. La razón principal fue la necesidad de acumular capital.

En actividades como la fabricación de calzado y confecciones, la formalización puede ser más rápida porque muchos comienzan trabajando desde sus propias casas. En cambio, en el comercio se necesita acumular capital para adquirir un local y recién entonces dar el salto hacia la formalidad.

¿Qué mecanismos financieros podrían ayudar a reducir ese período de informalidad?

Necesitamos desarrollar capital de riesgo. El capital semilla sirve para iniciar un pequeño negocio y comprar insumos, pero el capital de riesgo permite adquirir maquinaria, alquilar un local y ampliar la empresa.

Ese tipo de financiamiento prácticamente no existe en el Perú. Debemos construir un sistema que permita acortar el tiempo que una empresa permanece en la informalidad.

La reducción de la tramitología puede ayudar a una empresa que ya se formalizó, pero también necesitamos resolver el problema del acceso al crédito.

¿Qué medidas se necesitan para evitar que los emprendedores recurran al financiamiento informal?

El Estado debe evitar que el crédito informal gane espacio. Cuando el crédito formal disminuye, el emprendedor que necesita capital puede terminar recurriendo a préstamos informales con tasas de interés muy altas.

Por eso planteamos que se genere rápidamente un fondo de garantía, similar al modelo de Reactiva, para las MYPE que puedan verse afectadas por el fenómeno El Niño.

No se trata de regalar dinero. Se trata de generar un fondo de respaldo que permita que el sistema financiero continúe otorgando créditos a los emprendedores.

Pregunta. ¿Qué debería hacer el Gobierno para que las MYPE crezcan y generen empleo formal durante los próximos años?

Primero debemos reestructurar los servicios del Estado. Hemos propuesto que los programas, sistemas y viceministerios vinculados con las MYPE se integren en un solo ministerio.

Actualmente están dispersos y cada uno trabaja por su lado. Necesitamos integrarlos para que funcionen eficientemente.

En segundo lugar, necesitamos un verdadero plan de desarrollo de las MYPE. Otros sectores, como el turismo, cuentan con planes nacionales que establecen objetivos y acciones. En el caso de las MYPE no tenemos un plan de esa naturaleza.

¿Qué papel debe cumplir la capacitación técnica dentro de ese plan?

Es fundamental. Tenemos un gran déficit de técnicos en prácticamente todos los sectores.

Gamarra, por ejemplo, es una verdadera universidad de confeccionistas. Los jóvenes aprenden en la práctica a colocar botones, hacer cuellos, armar camisas y desarrollar diferentes procesos, pero no necesariamente reciben una certificación.

Necesitamos profesionalizar esos conocimientos porque debemos elevar la productividad para ser competitivos. También necesitamos fortalecer instituciones como Senati y multiplicar los centros de formación técnica especializados.

¿Cómo se podría impulsar la internacionalización de las pequeñas empresas peruanas?

Necesitamos incorporar la internacionalización dentro de un plan de desarrollo. Debemos buscar mercados para las MYPE y crear mecanismos que permitan a nuestros empresarios llegar al exterior.

Podríamos reunir a cientos de empresarios con apoyo del Estado y abrir un centro comercial en Francia para ofrecer productos peruanos.

Los chinos han desarrollado estrategias similares con sus barrios comerciales en diferentes partes del mundo. Es un ejemplo que podríamos analizar y adaptar a nuestra realidad.

¿Qué le pediría al Congreso antes de otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo?

Le pediría mayor claridad. No puede haber enunciados genéricos cuando se solicitan facultades legislativas. El Congreso debe saber exactamente qué leyes se van a modificar y qué aspectos se pretenden cambiar.

Estamos a favor de los cambios que necesita el país, pero deben ser cambios conscientes. Tenemos que saber exactamente qué estamos apoyando.

No se trata de dar las facultades a ciegas, sino de hacerlo con responsabilidad y con evidencia.

¿Por qué es importante considerar las diferencias entre las MYPE de Lima y las de las regiones?

Porque las MYPE peruanas no son una masa uniforme. La realidad de una empresa de Cajamarca, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Trujillo o Lima son diferente.

Una política que funciona en Lima no necesariamente tendrá el mismo resultado en una región. Además, debemos considerar las dificultades y limitaciones de los gobiernos regionales y locales, que muchas veces no están conectados con la realidad de las MYPE.

Si finalmente se aprueban las facultades legislativas, ¿qué resultado concreto debería observar un pequeño empresario en los próximos seis meses?

Es difícil decirlo porque estamos en una etapa de incertidumbre. Cuando un proyecto de ley pasa por el Congreso existe un proceso de discusión, opiniones y dictámenes que permite analizar sus efectos.

Cuando se otorgan facultades al Ejecutivo, la dinámica es diferente y se pueden aprobar decretos legislativos directamente. Por eso no sabemos cómo van a salir esas normas.

Estamos en una etapa de especulación y no podemos anticipar con certeza qué resultados tendremos.

¿Esta falta de predictibilidad puede terminar afectando la economía?

Por supuesto. No podemos vivir en una situación en la que un día se anuncia que se aplicarán impuestos a los intereses de los ahorros y horas después el Ministerio de Economía sale a desmentirlo.

Ese tipo de mensajes genera incertidumbre y puede provocar decisiones apresuradas de ciudadanos y empresas.

No podemos jugar de esa manera con la economía. Pensé que la inestabilidad había terminado, pero lamentablemente seguimos sin tener predictibilidad.

Finalmente, ¿qué mensaje les daría a los millones de emprendedores peruanos que esperan mejores condiciones para trabajar y hacer crecer sus negocios?

Les pediría que tengamos fe en los nuevos políticos que tenemos tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, pero también que les exijamos responsabilidad.

Estamos hablando de la vida de millones de peruanos que han invertido en sus pequeños negocios y que viven de ellos. Si las autoridades actúan de manera irresponsable o demagógica, lo más probable es que perdamos más empleo.

A los emprendedores les diría que sigan adelante y que tengan fe en que sus dirigentes continuarán luchando para lograr mejores condiciones para hacer empresa en el Perú.

Necesitamos que las MYPE sean parte de verdaderas políticas de Estado. Otros sectores tienen objetivos y planes de largo plazo; las MYPE también necesitan esa visión.

Los peruanos sabemos cómo enfrentar las adversidades y reconvertirnos. Vamos a superar también esta etapa complicada.

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Los titulares de Lima Gris: 02 de septiembre

Redacción Lima Gris

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Los titulares de Lima Gris: 02 de septiembre

Las noticias que marcan la agenda

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16 horas ago

02/09/2026

Redacción Lima Gris

PNP niega que camioneta usada en secuestro y asesinato en Trujillo pertenezca a la institución

Comunicado oficial señala que el vehículo investigado es particular y que la placa policial EFP-176 fue clonada. Además, la PNP señala que no existen indicios que comprometan a agentes o vehículos de la institución.

Cusco: bosque aledaño al Parque Arqueológico Saqsayhuamán viene siendo devorado por la tala

A pocos kilómetros de Sacsayhuamán, un bosque que durante décadas fue parte del paisaje cusqueño ha ido perdiendo árboles mientras el lugar se convierte en escenario de conciertos y eventos masivos. Los habitantes de la zona denuncian la existencia de estructuras arquológicas que corren peligro.

Perú rompe relaciones diplimáticas con Irán

El Gobierno del Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, argumentando preocupaciones por el deterioro democrático, las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz y la obstrucción a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La medida no implica la ruptura de relaciones consulares, por lo que se mantendrán los mecanismos necesarios para proteger a los ciudadanos de ambos países.

Jaime Quito cuestiona contrataciones en Ministerio de Cultura

El senador Jaime Quito criticó el escándalo por las contrataciones en el Ministerio de Cultura y cuestionó el conocimiento del sector por parte del ministro Alberto Beingolea.

Quito sostuvo que la prioridad de algunos ministros sería colocar a sus allegados en los ministerios.

Arequipa irreumpe en el arte contemporáneo

Diez artistas exploran la identidad, la memoria, el cuerpo, el territorio y la tecnología en una exposición que reúne distintas formas de entender y representar Arequipa.

La muestra se presenta en la Galería Más Arte —ubicado en la calle Mariano Odicio 282, Miraflores. Ingreso libre.

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Los titulares de Lima Gris: 01 de septiembre

Las noticias minuto a minuto.

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19 horas ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Miguel Canchari Huamaní, es denunciado por falsificación y uso de documentos

La máxima autoridad del gremio que debe garantizar la ética y el ejercicio profesional de la arqueología enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de firmas, alteración de documentos y uso de experiencia laboral que habría sido utilizada para acreditar requisitos en una millonaria licitación de PROVIAS.

Frente a estas informaciones, el Colegio de Arqueólogos rechazó categórica y enfáticamente la calificación de coyuntura utilizada desde el “escándalo” , así como cualquier afirmación que pretenda dar por ciertos los hechos antes de un pronunciamiento oficial de la autoridad competente.

El gremio invocó el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Canchari Huamaní, por su parte, sostiene que la denuncia es falsa.

Lionel Messi anuncio su retiro de la selección Argentina

El capitán confirmó su despedida tras 20 años vistiendo la camiseta albiceleste y reconoció que fue una decisión que “dolió y duele en el alma”.

Congreso pide explicaciones por designación en Derrama Magisterial.

La congresista por Junín, Gina Duarte de Pezet, solicitó a la Comisión de Educación citar al ministro de Educación para explicar la designación de la excongresista Tania Ramírez García como representante del Ministerio de Educación ante la Derrama Magisterial.

El pedido busca conocer los criterios técnicos y legales utilizados para esta designación y determinar si se respetaron los principios de idoneidad, meritocracia y transparencia. La comisión deberá evaluar ahora si corresponde convocar al titular del sector para brindar explicaciones públicas sobre la cuestionada decisión.
Tras el pedido de citación de la comisión de Educación, la excongresista presentó su renuncia como representante del MINEDU en la Derrama Magisterial.

Alerta por avance de la minería informal en Nasca

El senador Jaime Delgado advirtió sobre el avance de la minería informal en zonas cercanas a las Líneas de Nasca y pidió al Ministerio de Cultura reforzar su protección.

Asimismo, planteó recuperar los conocimientos ancestrales de la cultura Nasca para enfrentar problemas como la crisis hídrica y el fenómeno El Niño, destacando la importancia de preservar tanto el patrimonio arqueológico como los saberes tradicionales de esta cultura.

Ministro responde por protección de las Líneas de Nasca.

Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación y la presión del Congreso, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se pronunció sobre la situación de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

El titular del sector deberá explicar las acciones que se vienen adoptando para garantizar la protección de este importante patrimonio arqueológico frente a las amenazas que afectan la zona.

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PNP niega que camioneta usada en secuestro y asesinato en Trujillo pertenezca a la institución

Comunicado oficial señala que el vehículo investigado es particular y que la placa policial EFP-176 fue clonada. La Policía sostiene que su unidad legítima continúa operativa en San Gabán-Juliaca y que, hasta el momento, no existen indicios que comprometan a agentes o vehículos de la institución.

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22 horas ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

La Policía Nacional del Perú salió al frente de las versiones que vinculaban a la institución con la camioneta presuntamente utilizada en el secuestro de un empresario y el homicidio de cuatro personas en Trujillo, región La Libertad. A través del Comunicado N.° 19-2026, difundido este 1 de septiembre, la PNP negó que el vehículo investigado sea una unidad oficial.

Según el documento, las verificaciones técnico-policiales realizadas hasta el momento determinaron que las características físicas y registrales de la camioneta no corresponden a una unidad oficial del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional.

Uno de los principales elementos de la controversia era la placa EFP-176, que aparece en las imágenes del vehículo. La PNP precisa que dicha matrícula fue clonada y colocada de manera indebida en la camioneta investigada. Por tanto, sostiene que la utilización de esa placa policial no convierte al vehículo en una unidad institucional.

La propia Policía informó que realizó la verificación de la unidad legítimamente vinculada con la matrícula EFP-176. Se trata de un patrullero que permanece bajo control institucional y se encuentra asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras (DESPDC) San Gabán-Juliaca.

El comunicado añade que dicho vehículo cuenta con sus elementos de identificación y registros correspondientes y permanece en condición operativa desde el 28 de agosto de 2025.

Pero la investigación permitió encontrar otro elemento que podría resultar clave para establecer la verdadera identidad de la camioneta utilizada en el hecho criminal. Se trata de la placa BNG-906, que, de acuerdo con la consulta registral citada por la PNP, corresponde a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular. Esta matrícula será incorporada a las pesquisas técnico-científicas.

La institución también advierte que el uso de prendas, distintivos o equipamiento similar al policial por parte de delincuentes no constituye evidencia de un vínculo con la Policía Nacional. Según la PNP, la simulación de una intervención policial puede ser utilizada por organizaciones criminales como un recurso para sorprender y someter a sus víctimas.

En ese sentido, la Policía afirma que hasta el momento no existen indicios que comprometan a personal policial ni a unidades móviles de la institución con el caso. Las diligencias continúan para identificar, ubicar y capturar a todos los responsables, además de determinar el origen de los bienes utilizados durante el hecho.

Con este pronunciamiento, la PNP busca desmontar la versión de que una camioneta oficial habría sido empleada directamente en el secuestro y asesinato. Sin embargo, la investigación deberá establecer cómo fue utilizada una placa policial clonada, quién tuvo acceso a ella y quiénes participaron en la utilización de una camioneta particular que habría sido presentada ante las víctimas como un vehículo policial.

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Cusco: un bosque aledaño al Parque Arqueológico Sacsayhuamán viene siendo devorado por la tala y contaminado por conciertos masivos

A pocos kilómetros de Sacsayhuamán, un bosque que durante décadas fue parte del paisaje cusqueño ha ido perdiendo árboles mientras el lugar se convierte en escenario de conciertos y eventos masivos. Los residentes de la zona denuncian tala, residuos, riesgos de seguridad y la existencia de estructuras arquológicas que corren peligro. ¿Qué hace El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente?

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1 día ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar

Llaullipata en peligro. En las inmediaciones de la carretera hacia Sacsayhuamán viene ocurriendo una tala progresiva de un bosque. A esto se suma el ingreso de vehículos pesados y la transformación de sectores que durante décadas permanecieron cubiertos de vegetación, transformados en un grotesco espacio para conciertos masivos. “Es desolador todo lo que han avanzado en estos años”, afirman los cusqueños.

La identidad de los ciudadanos por su seguridad lo mantendremos en reserva, pero sus testimonios plantean una pregunta que las autoridades no deberían dejar pasar: ¿qué está ocurriendo realmente en Llaullipata?

El problema no solo es la voraz tala de árboles, aquí está en juego un espacio próximo a uno de los principales complejos arqueológicos del Cusco, un entorno natural que alberga una importante fauna. Además, existen estructuras que deberían ser revisadas por los especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El bosque que comenzó a desaparecer

Según testimonios, los terrenos ubicados entre la carretera hacia Sacsayhuamán y el río Shapi pertenecerían a la familia Ruiz Caro. En la zona predominan eucaliptos, aunque también existen pinos, cipreses y, en determinados sectores, queuñas y chachacomos. Los habitantes de la zona, sostiene que, independientemente de la condición de las especies plantadas, con el paso de los años allí se desarrolló una masa vegetal que terminó formando parte del ecosistema local, como liebres andinas, ciervos, pequeños mamíferos y numerosas especies de aves.

Los habitantes recuerdan que durante la pandemia, la presencia humana disminuyó considerablemente, esto provocó que los animales aparecíeran con mayor frecuencia. Pero mientras los pobladores permanecían encerrados, los ernomes camiones seguían llegando. Estos vehículos son utilizados para retirar troncos. Después de tala, solo quedan restos de madera, aserrín y residuos en distintos sectores.

Aquí hay varias preguntas por responder: ¿cuántos árboles fueron extraídos?, ¿quién autorizó su tala?, ¿qué superficie fue intervenida y bajo qué condiciones?

Las respuestas deberían encontrarse en los documentos de las autoridades competentes y no solamente en las explicaciones de quienes viven en la zona.

El bosque agoniza

Durante la pandemia, aparecieron publicaciones en redes sociales para llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Las denuncias ciudadanas también llegaron a las instituciones.

Los testimonivos de diferentes visitantes a la zona, expresan gran preocupación. Lo que se observa en el lugar es una tala permanente que viene depredando una de las riquezas naturales del Cusco.

“Pero no son solo árboles. Es toda una masa de vida que se está depredando y no vuelve jamás”, afirman.

Y allí aparece una obligación elemental del Estado: determinar si la extracción se realizó legalmente, si contó con las autorizaciones correspondientes y cuál fue su impacto sobre el entorno.

Pero la discusión va más allá, aquí también hay que determinar qué ocurre con el espacio donde ese árbol creció, qué efectos produce su desaparición y qué normas ambientales o patrimoniales resultan aplicables.

Cuando la naturaleza es aplastada por los conciertos

La transformación de Llaullipata no se habría limitado a la tala. Según testigos, dentro de la propiedad existen espacios abiertos que comenzaron a ser utilizados para conciertos, ferias y otros eventos masivos. Alli se producen espectáculos musicales que congregan a cientos o miles de personas, conciertos donde incluso ha participado el Grupo 5.

La preguntas se vuelven inevitables: ¿Qué permisos tenían esos eventos? ¿quién evaluó las condiciones de seguridad?, ¿qué rutas de evacuación fueron habilitadas?, ¿qué instalaciones eléctricas se utilizaron?, ¿qué medidas se adoptaron para proteger el entorno?, ¿qué controles realizó Defensa Civil?

La preocupación adquiere especial relevancia porque, según los residentes, el lugar se encuentra en las inmediaciones de la zona de amortiguamiento del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán.

Si el Estado permite que miles de personas ingresen periódicamente a un espacio de estas características, entonces también debe garantizar que la actividad sea compatible con la seguridad, la conservación ambiental y la protección del patrimonio.

Un joven murió electrocutado

Testigos de la zona, relatan la muerte de un joven durante una actividad realizada en el lugar. Según diversas versiones, para una feria que incluía conciertos se habría contratado a adolescentes provenientes de un hogar para realizar labores de apoyo logístico.

La muerte ocurrió en el 2023, durante la feria «La cusqueñisíma». La Comisión de Juristas de Cusco, en su momento que tomaron contacto con los familiares de la víctima para iniciar las acciones legales correspondientes. Según fuentes, el caso de la muerte del joven se encuentra archivos. Es decir, no hubo responsables.

“Hicieron un evento en un centro arqueológico sin contar con la autorización respectiva”, afirmó Cereceda en el 2023, quien además sostuvo que habría existido una presunta presión desde el Viceministerio de Cultura para permitir la realización de la actividad.

La víctima fue identificada como Elías Huaccanqui, de 26 años, quien falleció luego de caer desde una altura aproximada de seis metros mientras colocaba un panel publicitario.

La naturaleza convertida en espectáculo

Los problemas denunciados no terminan con la seguridad. La pobladores describen la existencia de residuos, ruido y una presión creciente sobre el entorno. Afirman que durante algunos eventos los asistentes llegaron a utilizar los alrededores del bosque como servicios higiénicos.

Mientras el país habla de turismo sostenible, protección ambiental y puesta en valor del patrimonio, un espacio cercano a Sacsayhuamán vendría siendo utilizado para actividades multitudinarias cuyo impacto ambiental requiere, como mínimo, una evaluación.

Concierto en haciendo Llaullipata.

La pregunta para el Ministerio del Ambiente es concreta: ¿existe alguna evaluación ambiental de las actividades desarrolladas en esta zona y de los efectos acumulativos de la tala, el tránsito vehicular, el ruido, los residuos y las concentraciones masivas de personas?

Las piedras que esperan una respuesta

Pero Llaullipata guarda otra interrogante. Los habitantes aseguran haber encontrado piedras y sectores que, desde su percepción, podrían corresponder a antiguos andenes u otras estructuras incas.

Si los ciudadanos advierten la presencia de estructuras o elementos que podrían tener valor arqueológico en las inmediaciones de Sacsayhuamán, lo razonable es que un especialista del Ministerio de Cultura realice una inspección técnica y determine qué son.

La apertura de una trocha habría permitido, según testigos, el ingreso de vehículos hacia sectores donde se venía interviniendo el bosque. En el lugar se encontró numerosas piedras y basura.

Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente: llegó la hora de actuar

El caso de Llaullipata no puede resolverse con declaraciones. El Ministerio de Cultura debería informar si ha recibido denuncias sobre posibles estructuras arqueológicas en la zona, si realizó inspecciones y cuál fue el resultado. También debería precisar si las actividades desarrolladas en las inmediaciones de Sacsayhuamán cumplieron con las disposiciones de protección patrimonial que correspondan.

El Ministerio del Ambiente, por su parte, debería explicar qué entidad tiene competencia sobre la eventual afectación ambiental denunciada, si existen evaluaciones o fiscalizaciones y qué medidas de protección corresponden. Y las autoridades municipales tampoco pueden mirar hacia otro lado si en el lugar se desarrollaron eventos masivos.

Basta de depredar nuestros bosques. Porque cuando el último árbol haya caído, cuando el último animal haya abandonado el lugar, ninguna comisión, ningún informe y ninguna conferencia de prensa podrá devolver aquello que se perdió.

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El comunicado con el que el Decano de Arqueólogos pretende eludir una denuncia por presunta falsificación

En un pronunciamiento de cinco puntos cargado de victimización, Miguel Canchari Huamaní alega “presunción de inocencia” y pretende reducir el caso a un “trámite administrativo” ante Provías. Sin embargo, los documentos oficiales expedidos por el propio Ministerio de Cultura lo acorralan.

Published

2 días ago

01/09/2026

Redacción Lima Gris

Hay un vicio recurrente en la función pública y gremial peruana: pretender disimular los hechos graves bajo el manto retórico de la “leguleyada” y la victimización. El reciente comunicado emitido por el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) y firmado por su Decano Nacional, Miguel Antonio Canchari Huamaní, es un ejemplo manual de esa estrategia de distracción.

Frente a la investigación sacada a la luz por Lima Gris, el decano no responde con pruebas; responde con adjetivos. Califica de “temeraria e infundada” la información, pide esperar el pronunciamiento de las autoridades y se atrinchera en un escudo gastado: apelar a un presunto “procedimiento administrativo en etapa de investigación ante PROVÍAS Descentralizado” para sugerir que aquí no pasa nada.

Comunicado del Decano Miguel Canchari.

Sin embargo, los papeles no mienten. Y la documentación oficial que obra en las instancias correspondientes desbarata punto por punto el débil parapeto del Decano Canchari.

La prueba que el pronunciamiento oculta

El señor Canchari omite mencionar en su pronunciamiento un hecho medular: existe una denuncia administrativa disciplinaria interpuesta formalmente en su contra el 21 de julio de 2026 ante el propio Colegio de Arqueólogos, acompañada de las pruebas que él insiste en obviar.

La denunciante, la arqueóloga Rocío Coras Contreras (COARPE N° 040849), ha sido categórica al señalar ante Provías Descentralizado y ante el propio gremio que jamás contrató ni emitió constancias de trabajo a favor de Canchari. En el expediente que el Decano prefiere no citar, la especialista denuncia directamente la falsificación de su firma y el uso de documentos falsos en la Contratación Pública Especial N° 20-2025-MTC/21-1.

¿Cuáles son los documentos que el decano pretende hacer pasar como inexistentes o materia de simple “investigación”?

El Contrato N° 01-2016-RCC/AC y la Constancia de Trabajo de fecha 10 de enero de 2017: Documentos presentados a la licitación para acreditar que Canchari laboró como arqueólogo residente del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la obra carretera Quinua – San Francisco (Tramo II) desde marzo de 2016 hasta enero de 2017.
El Contrato N° 01-2018-RCC/AC y la Constancia de Trabajo de fecha 08 de junio de 2019: Presentados para aducir que prestó servicios en el PMA de la obra Abra Toccto – Vilcashuamán entre mayo de 2018 y junio de 2019.

Las fechas y la resolución que desarman el engaño

En el periodismo de investigación, los datos objetivos se sobreponen al discurso defensivo. Y la falsedad de estas acreditaciones no es una «opinión periodística»; está refrendada por las resoluciones oficiales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho (DDC-AYA/MC).

En el caso del tramo Quinua – San Francisco: Mientras la constancia presentada a nombre de Canchari pretende justificar servicios prestados hasta 2017, la Resolución Directoral No. 005-2015-DDC AYA-MC demuestra que la ejecución del proyecto se dio entre el 08-01-2015 y el 30-06-2016. Además, la arqueóloga Coras precisa mediante Carta N° 03-2026-ARQ/A que dicho monitoreo fue ejecutado por ella misma de forma personal y que la obra nunca contó con residente.
En el caso del tramo Abra Toccto – Vilcashuamán: El documento atribuido a Canchari sostiene que este trabajó del 05-03-2018 al 08-06-2019. Sin embargo, la Resolución Directoral No. 361-2016-DDC AYA-MC expedida por el Ministerio de Cultura expone que las obras de remoción de suelos culminaron formalmente en noviembre de 2017 y que la resolución final se aprobó en marzo de 2018. ¿Cómo pudo ser residente en un periodo en que las obras ya habían concluido?

Documentos de la denuncia presentados a COARPE.

La ética que compromete a la institución

El delito de falsificación y uso de documento privado falso (Artículo 427 del Código Penal) es de gravedad contundente, pero cuando quien se ve salpicado por estos actos es la máxima autoridad del gremio llamado a resguardar la ética en la arqueología nacional, el problema deja de ser un legajo administrativo.

El Decano Canchari apela al principio de presunción de inocencia. Está en su derecho en el ámbito judicial. Pero en el terreno de la representación institucional y pública, esconderse tras la burocracia de Provías mientras existen cartas formales de su propia colega desconociendo las firmas y resoluciones del Estado contradictorias, resulta un insulto a la comunidad científica que representa.

Exhortar a los medios a callar mientras «las autoridades actúan» no borra los contratos cuestionados ni limpia el registro de fiscalización posterior aperturado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Carta N° 000902-2026-MTC/21.OA-ETABAST).

La verdad no se establece por comunicado oficial de la institución afectada, sino por el peso inobjetable de las pruebas. Y en este expediente, los documentos hablan solos.

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Trujillo: la noche en que los falsos policías acribillaron a cuatro personas y secuestraron un empresario

Un comando vestido con uniformes policiales interceptó de madrugada la camioneta de Jens Marty Lara Tantaquilla. Lo sacaron del vehículo y se lo llevaron. Sus cuatro acompañantes fueron asesinados a balazos. Todo ocurrió a pocas cuadras de una sede policial. Mientras el crimen organizado perfecciona sus métodos, el gobierno de Keiko Fujimori vuelve a quedar bajo la pregunta más incómoda: ¿dónde está el Estado?

Published

2 días ago

31/08/2026

Redacción Lima Gris

Trujillo amaneció ayer domingo con cuatro muertos, un empresario desaparecido y una escena que parece arrancada de una película de mafias: hombres armados, uniformes policiales, fusiles, una camioneta blanca y una falsa intervención que produjo una escena sangrienta.

El objetivo era Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario vinculado a la actividad minera y natural de Pataz. El hombre viajaba de madrugada por la avenida Húsares de Junín cuando apareció una camioneta blanca. De ella descendieron sujetos armados que vestían prendas similares a las utilizadas por unidades especializadas de la Policía. La operación parecía policialpero no lo era.

Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario secuestrado.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la escena. Los delincuentes interceptaron el vehículo, redujeron al empresario y lo obligaron a bajar. Después lo subieron a la camioneta utilizada por los secuestradores. Adentro quedaron cuatro personas. Y entonces comenzó la matanza.

Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez fueron asesinados. Cuatro nombres. Cuatro historias. Cuatro familias que este lunes ya no tienen a quién esperar.

La Policía ha identificado preliminarmente a organizaciones criminales como Los Pulpos o La Jauría entre las hipótesis que se investigan. La modalidad —delincuentes vestidos como policías para ejecutar un secuestro— ha llamado especialmente la atención de los investigadores.

Pero hay un detalle que convierte este crimen en algo todavía más perturbador. Ocurrió a pocas cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal de Trujillo.

No fue en una carretera perdida. No fue en un descampado. No ocurrió en la oscuridad de un territorio sin vigilancia. Fue en Trujillo. En una zona urbana con cámaras y con instituciones del Estado. Y, aun así, cuatro personas terminaron muertas y un empresario fue secuestrado.

La pregunta inevitable es qué tan lejos ha llegado el crimen organizado cuando puede disfrazarse de Policía, movilizar hombres armados, interceptar un vehículo, ejecutar a cuatro personas y escapar con un secuestrado en una ciudad donde existen unidades especializadas para combatir precisamente este tipo de delitos.

Delincuentes con uniformes de la PNP.

El caso tiene además un elemento que no puede ser ignorado: la Policía había manejado información sobre un posible secuestro de gran magnitud en Trujillo y se habían emitido alertas a potenciales objetivos, según declaraciones recogidas por medios nacionales.

Entonces aparece la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué hizo el gobierno de Keiko Fujimori y el Ministerio del Interior con esa información?

Porque mientras los informes circulan por los escritorios, los delincuentes circulan por las calles. Mientras las autoridades anuncian operativos, las organizaciones criminales preparan los siguientes golpes.

Mientras se habla de recuperar el control territorial, una banda puede apropiarse de los símbolos de la propia Policía y utilizarlos para engañar, secuestrar y matar. Y mientras todo esto ocurre, el gobierno de Keiko Fujimori parece observar la escena desde una distancia preocupante.

La pregunta ahora no es solamente quién ordenó el secuestro. Tampoco quién apretó el gatillo. La pregunta es mucho más grande: ¿Cuánto territorio más tendrá que perder el Estado para que el Gobierno de Keiko Fujimori deje de mirar la violencia desde los despachos y empiece, de una vez, a combatirla en las calles?

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Quinto Inuma: condenan a sus asesinos tres años después

Casi tres años después del asesinato del apu kichwa, cuatro hombres fueron condenados hasta a 35 años de prisión. El tribunal determinó que el crimen fue planificado y estuvo relacionado con la defensa del territorio que Inuma sostenía frente a intereses vinculados con actividades ilícitas y el aprovechamiento de los recursos naturales. La sentencia cierra una parte de la historia.

Published

2 días ago

31/08/2026

Redacción Lima Gris

Por Susan Acuña Cruz

En Santa Rosillo de Yanayacu, una comunidad nativa kichwa de San Martín, el Estado puede estar presente en un documento, en una resolución, en una firma. Puede reconocer un peligro, activar una alerta y otorgar garantías. Pero otra cosa muy distinta es estar allí cuando llegan los hombres armados.

Quinto Inuma Alvarado conocía esa contradicción. Era el apu de Santa Rosillo de Yanayacu y llevaba años enfrentando una realidad que en Lima suele parecer lejana: la disputa por un territorio amazónico donde sus habitantes denunciaban tala ilegal, tráfico de tierras y narcotráfico. Entre 2016 y 2023, la comunidad presentó 13 denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales y tráfico de drogas. La vigilancia del territorio también había generado hostigamientos y agresiones contra integrantes de la ronda comunal.

Quinto no hablaba de un peligro imaginario. Denunciaba aquello que veía. Y cuando alguien se interpone frente a intereses ilegales, el bosque deja de ser solamente bosque. Se convierte en territorio en disputa.

El Estado lo sabía

Aquí aparece la parte más grave de esta historia: el Estado sabía. En 2021, una evaluación de riesgo realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos identificó la situación de los dirigentes de Santa Rosillo como de riesgo alto. En febrero de ese año se activó un procedimiento de alerta temprana a favor de Quinto y de su hermano Manuel. También existían garantías personales.

No era una advertencia menor. En julio de 2021, después de sufrir una agresión física, Quinto tuvo que ser trasladado de la comunidad en un helicóptero de la Policía Nacional.

Es decir, antes de su asesinato ya existían las amenazas, los ataques, las denuncias y la evaluación oficial que advertía del peligro. Todo estaba escrito. Lo que no estaba garantizado era que alguien pudiera impedir que ese peligro se convirtiera en realidad.

Y entonces aparece la pregunta que ninguna ceremonia oficial puede borrar: ¿Qué significa realmente proteger a una persona? Porque proteger no puede significar únicamente emitir una resolución.

El último viaje

El 29 de noviembre de 2023, Quinto regresaba a su comunidad después de participar en un encuentro de defensores ambientales en Pucallpa. Viajaba por el río Yanayacu. Era un recorrido conocido. Pero aquella vez el río se convirtió en una emboscada.

Según el Poder Judicial, los atacantes dispararon desde la orilla contra la embarcación. Quinto recibió varios impactos y murió. Axeldina Barbarán Tapullima, quien viajaba con él, resultó herida.

El tribunal estableció que hubo un acuerdo para asesinar al apu y que el crimen estuvo relacionado con su posición como dirigente y con la defensa del territorio frente a intereses vinculados con la explotación de recursos naturales. Quinto llevaba años denunciando.

Aquel 29 de noviembre dejaron de existir sus denuncias. Pero no desapareció aquello contra lo que denunciaba.

PNP en la captura de los asesinos de Quinto.

Tres años después

La justicia peruana necesitó casi tres años para llegar a una conclusión. El juicio oral comenzó en enero de 2026 y se prolongó durante casi ocho meses. Hubo 31 sesiones, 22 testigos, 13 peritos y alrededor de 76 medios probatorios documentales. Los jueces incluso se trasladaron a Tarapoto para realizar sesiones presenciales.

El resultado fue contundente. Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión. Segundo Juan Villalobos Guevara recibió 28 años y cuatro meses. Jerrly Saboya Saboya fue condenado a 15 años como cómplice primario.

El tribunal determinó, además, que Villalobos ofreció un beneficio económico para que se ejecutara el asesinato y estableció las responsabilidades de los demás condenados en la ejecución y facilitación del arma.

También fijó una reparación civil de un millón de soles: S/750.000 para los herederos de Quinto y S/250.000 para Axeldina Barbarán Tapullima, la sobreviviente del ataque. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.

La justicia llegó. Tarde, pero llegó. Y eso importa. Porque durante años estos crímenes han alimentado una sensación devastadora: que matar a quien defiende su territorio puede resultar más sencillo que protegerlo. La sentencia rompe, al menos en este caso, parte de esa lógica.

Una sentencia no devuelve a un padre

Pero una condena no puede hacer retroceder el tiempo. No devuelve a Quinto. No devuelve a un padre. No devuelve a una familia los días anteriores al asesinato.

Para Kevin Inuma, hijo del apu, las condenas significan cierta tranquilidad. Pero la historia que enfrentaba su padre continúa. Santa Rosillo de Yanayacu todavía espera la titulación de su territorio. Actualmente, nuevas personas estarían intentando ingresar a la comunidad. Ahí está la paradoja. La justicia ha encontrado a los responsables de la muerte de Quinto. Pero el problema por el que Quinto murió sigue esperando una respuesta.

La geografía amazónica, la distancia y las dificultades logísticas explicaban parte de las limitaciones de la Policía para realizar patrullajes preventivos en Santa Rosillo. Pero ninguna de esas dificultades puede convertirse en una excusa permanente para que el Estado llegue siempre después de la tragedia. La verdadera pregunta no es solamente quién disparó. La justicia ya respondió eso. La pregunta que queda pendiente es otra: ¿Por qué un hombre que había advertido durante años que estaba en peligro terminó muriendo exactamente como había advertido que podía ocurrir?

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Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, Miguel Canchari Huamaní, es denunciado por falsificación y uso de documentos

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3 días ago

31/08/2026

Unidad de Investigación

El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) es fundamental como el organismo rector que garantiza el ejercicio ético, legal y científicamente riguroso de la arqueología en el país. Su importancia radica, en primer lugar, en la defensa y preservación del Patrimonio Cultural de la Nación, asegurando que toda investigación, excavación o intervención en sitios arqueológicos cumpla con los más altos estándares metodológicos y con la legislación vigente, como la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Al colegiar, certificar y fiscalizar a los profesionales, actúa como un baluarte contra las intervenciones inadecuadas, protegiendo así la memoria histórica y la identidad del Perú frente a amenazas constantes como la expansión urbana desordenada, el vandalismo o la explotación de recursos naturales sin la debida supervisión técnica.

Además de su rol fiscalizador y protector, es un actor clave en el fortalecimiento académico y social de la disciplina, promoviendo la capacitación continua, la investigación aplicada y la difusión responsable del conocimiento arqueológico. Funciona como un interlocutor válido y asesor técnico del Estado, particularmente del Ministerio de Cultura, en la formulación de políticas públicas, normativas y planes de gestión territorial que involucren el patrimonio.

Al mismo tiempo, vela por los derechos laborales y la dignificación de la profesión del arqueólogo, fomentando que esta ciencia no sea solo un instrumento de estudio del pasado, sino una herramienta activa para el desarrollo sostenible, el turismo cultural responsable y la revalorización de las comunidades locales como guardianas legítimas de su propio legado ancestral.

Denuncia por falsificación de documentos y fraude al Estado

La máxima autoridad del COARPE es actualmente el arqueólogo Miguel Antonio Canchari Huamaní, quien asumió el cargo en febrero del presente año, gestión que durará hasta febrero de 2028. Una arqueóloga ayacuchana denunció a Miguel Antonio Canchari Huamani de falsificar su firma y alterar fechas de proyectos de monitoreo para acreditar experiencia laboral apócrifa en una millonaria licitación de PROVIAS. El caso ha encendido las alarmas sobre la ética en la profesión que tutela el patrimonio cultural del país.

Este escándalo de proporciones nacionales ha sacudido los cimientos del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (CPAP). Miguel Antonio Canchari Huamani, actual Decano Nacional de la institución encargada de velar por la ética y el ejercicio profesional de la arqueología en el país, ha sido denunciado administrativa y penalmente por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Documentos Privados y Uso de Documento Falso, además de incurrir en faltas muy graves contra el decoro y la ética profesional.

Decano de COARPE Miguel Antonio Canchari Huamani.

La denuncia, formalizada ante el Tribunal de Honor del CPAP y puesta en conocimiento del Ministerio Público, fue interpuesta por la arqueóloga Rocio Coras Contreras, quien descubrió que su firma fue falsificada y que su historial profesional fue manipulado para acreditar una experiencia laboral inexistente a favor del propio Decano y de un contratista del Estado. El documento falsificado habría sido utilizado en la licitación en el año 2025, cuando Canchari Huamaní era director de asuntos gremiales del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, además de ser Gerente del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Huamanga (doblemente autoridad).

El detonante: una fiscalización de PROVIAS

El caso salió a la luz en abril de 2026, cuando el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS DESCENTRALIZADO), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició una fiscalización posterior al proceso de Contratación Pública Especial N° 20-2025-MTC/21-1.

Dicho proceso buscaba adjudicar el «Servicio de Consultoría de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Vial Paquete 3R Tramo: Empalme PE-16 (DV. Ocros) – Ticllos – Corpanqui – Cajamarquilla – Tacra – Ocros – Rinconada – Huanchay – Huaylillas Grande», un proyecto de gran envergadura en la región Áncash.

Para postular, el contratista Reynaldo Wilber Serna Dueñas presentó el currículum y los documentos de sustento de experiencia del arqueólogo Miguel Antonio Canchari Huamani. Sin embargo, al cruzar la información con los registros oficiales del Ministerio de Cultura y de los directores de los proyectos originales, las inconsistencias saltaron a la vista. PROVIAS y Contraloría remitió una carta a la presunta afectada, Rocio Coras, para verificar la autenticidad de los documentos.

La respuesta de la arqueóloga, fechada el 20 de abril de 2026, fue contundente: «En honor a la verdad, debo señalar que son completamente FALSOS. Es evidente que el Arqlg. Miguel Antonio Canchari Huamani utilizó mis datos para elaborar sus contratos y constancias para servicios de Planes de Monitoreo Arqueológico (PMAR), en las que NO tuvo participación alguna».

El Modus Operandi: Alteración de Fechas y Roles

Según la documentación de la denuncia, Canchari Huamani no solo habría falsificado la firma de Coras Contreras en documentos privados, sino que también alteró sustancialmente las fechas de ejecución y los roles desempeñados en dos proyectos viales reales en el departamento de Ayacucho, con el fin de que su perfil encajara en los requisitos de la licitación de 2025.

1.- El Proyecto Quinua – San Francisco (VRAEM):

La Realidad: Ejecutado entre el 08 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016. Rocio Coras figuró como Arqueóloga Directora (no hubo residente arqueólogo).
La Falsificación: Canchari presentó un contrato y una constancia de trabajo fechados entre el 01 de marzo de 2016 y el 10 de enero de 2017, adjudicándose el cargo de «Arqueólogo Residente».

2.- El Proyecto Abra Toccto – Vilcashuamán:

La Realidad: Ejecutado entre el 25 de agosto de 2016 y noviembre de 2017 (con informe final aprobado en marzo de 2018). Coras fue nuevamente la Directora del Plan de Monitoreo.
La Falsificación: Se presentaron documentos con fechas alteradas que abarcaban desde el 05 de marzo de 2018 hasta el 08 de junio de 2019, nuevamente con la firma de Coras falsificada para dar fe de que Canchari fue el «Arqueólogo Residente».

Pruebas contundentes del Ministerio de Cultura

La denuncia cuenta con un respaldo documental que hace casi imposible el descargo del Decano. Se han adjuntado las Resoluciones Directorales emitidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho (Resoluciones N° 005-2015, N° 043-2016, N° 361-2016 y N° 056-2018).

En estos documentos oficiales del Ministerio de Cultura se certifica que la Lic. Rocio Coras Contreras (RNA N° BC-1145) fue la única directora autorizada de los Planes de Monitoreo Arqueológico en las fechas reales, desmintiendo categóricamente los contratos apócrifos presentados por Canchari Huamani.

Un golpe a la Ética y al Patrimonio Cultural

El caso no solo representaría un fraude al Estado peruano al alterar las bases de una contratación pública millonaria, sino que constituye un agravio directo a la deontología de la arqueología.

La denunciante ha invocado el Artículo 427 del Código Penal Peruano, que sanciona la falsificación de documentos privados con penas privativas de libertad de dos a cuatro años, además de la tipificación como Falta Muy Grave en el Estatuto del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (Artículo 129°), al tratarse de «hechos constitutivos de delito que afecten el decoro o la ética profesional».

Asimismo, se ha puesto en conocimiento del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú la presunta violación a los principios de Probidad e Idoneidad (Artículos 3.2 y 3.4 del Código de Ética del CDCP), los cuales exigen a los representantes de los colegios profesionales actuar con «moralidad, integridad, honradez y honestidad, desechando todo provecho o ventaja personal indebida».

Exigencia de sanción ejemplar

«El accionar del Decano Nacional corresponde a un hecho constitutivo de delito… afectando gravemente la confianza pública y el prestigio de la profesión», señala el escrito de denuncia. Coras Contreras ha solicitado la apertura inmediata del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) por parte del Tribunal de Honor del COARPE, instando a la suspensión preventiva del Decano mientras duren las investigaciones.

De igual manera, la arqueóloga ha solicitado que se ponga en conocimiento de la Fiscalía Penal para que se inicien las acciones penales correspondientes, recordando que «no se puede reparar en atentar contra el Estado peruano, que somos toda la ciudadanía en común».

Hasta el cierre de esta edición, ni el Decano Miguel Antonio Canchari Huamani ni el Consejo Directivo Nacional del COARPE han emitido un pronunciamiento oficial respecto a esta grave denuncia. Sin embargo, el caso ya ha generado un profundo malestar entre los colegiados de todo el país, quienes exigen transparencia y cuestionan cómo la máxima autoridad de la institución que debe proteger el patrimonio cultural y la ética profesional se encuentra, presuntamente, involucrada en una red de falsificación para lucrarse con contratos del Estado.

Constancias de trabajo de 2017 y 2019.

Nos comunicamos telefónicamente con Miguel Canchari Huamaní quien señaló raudamente que la denuncia es falsa y que se encontraba ocupado, que la denuncia se encuentra en investigación y al culminar esta etapa emitirá su pronunciamiento. Lo cierto es que el mismo decano ha paralizado el proceso de investigación al interior del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Nos comunicamos con el arqueólogo Wilber Bolivar Yapura, presidente del Consejo de Decanos del COARPE, quien manifestó desconocer oficialmente la denuncia y el expediente, manifestando: “Hasta este momento no se me ha remitido dicha denuncia. Se comunicaron telefónicamente dos personas mencionando esta denuncia. Le remití un documento al Decano solicitándole que me pueda remitir las denuncias que hubiera, pero hasta la fecha no nos ha remitido nada”.

Esta situación evidencia la actitud del decano de entorpecer las investigaciones a pesar que la denuncia fue presentada el 31 de julio pasado, lo cual también podría ser objeto de otra denuncia penal.

Desde Lima Gris, haremos seguimiento a las investigaciones del Ministerio Público y a la resolución que emita el Tribunal de Honor del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú.

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