Aunque el crédito suplementario aprobado asigna recursos para varios sectores y busca fortalecer la ejecución del gasto público, el financiamiento de las gratificaciones y la CTS para los trabajadores CAS sigue sin resolverse. Durante el debate, la Comisión de Presupuesto retiró la propuesta del MEF que planteaba implementar estos beneficios de forma gradual en cinco años, pero no incorporó una alternativa que cubra el costo fiscal de la medida. Así, el pago de estos derechos laborales continúa sin una fuente de financiamiento definida.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, explicó que el grupo de trabajo decidió no incluir una nueva disposición sobre los trabajadores CAS en el dictamen aprobado, aunque aclaró que la discusión no ha terminado. Soto recordó que la ley que reconoce las gratificaciones y la CTS para este régimen laboral está vigente y debe ser respetada. No obstante, indicó que la comisión seguirá elaborando una propuesta que permita implementar estos beneficios sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
Comisión y MEF mantienen diferencias sobre beneficios para trabajadores CAS
El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, coincidió en que aún se debe evaluar una alternativa que atienda las demandas de los trabajadores CAS sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. El titular reiteró que el Ejecutivo mantiene disposición para continuar el diálogo con el Congreso, pero advirtió que cualquier decisión debe considerar la disponibilidad de recursos públicos. “No podemos vulnerar la caja fiscal, que es básicamente el esfuerzo más grande que hemos hecho hasta ahora por parte del Estado en mantener las cifras de manera transparente y sostenibles para que cualquiera sea la administración que asuma encuentre un orden fiscal que le permita seguir generando desarrollo”, manifestó. La falta de consenso mantiene en suspenso la implementación de estos beneficios. Desde el Congreso se sostiene que el reconocimiento de las gratificaciones y la CTS ya fue aprobado por ley, mientras que el Ejecutivo insiste en que su aplicación debe contar con una fuente de financiamiento permanente para evitar presiones sobre el presupuesto público. El dictamen del crédito suplementario aprobado incorpora diversas medidas destinadas a agilizar la ejecución del gasto público y fortalecer la capacidad operativa de distintas entidades del Estado, pero no incluye partidas para estos pagos.El dictamen aprobado incorpora un crédito suplementario superior a S/4.160 millones, con cargo a Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, monto que se suma al total de S/9.596 millones que contempla la iniciativa. Además, se autorizó al Gobierno Nacional a emitir bonos internos por hasta S/1.260 millones, destinados a financiar proyectos de inversión pública, IOARR e IRI ejecutados por entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipalidades.
No obstante, el debate continuará en la Comisión Permanente, y uno de los principales temas pendientes sigue siendo la definición de una propuesta que permita financiar las gratificaciones y la CTS de los trabajadores CAS. Hasta el momento, el Congreso y el Ejecutivo no alcanzan un acuerdo sobre este punto.
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