Senador Carlos Mesía: “El Senado puede revisar, perfeccionar, añadir y modificar todo lo que viene de Diputados”

Política Senador Carlos Mesía: “El Senado puede revisar, perfeccionar, añadir y modificar todo lo que viene de Diputados” El senador de Fuerza Popular defendió la facultad del Senado para revisar, añadir y modificar las propuestas de la Cámara de Diputados, tras los cuestionamientos por la…

Política

El senador de Fuerza Popular defendió la facultad del Senado para revisar, añadir y modificar las propuestas de la Cámara de Diputados, tras los cuestionamientos por la ampliación de 20 a 27 materias en la delegación de facultades al Ejecutivo. Reconoció problemas técnicos durante el debate en la Comisión de Constitución, pero calificó de antidemocrática la decisión de algunas bancadas de retirarse de la sesión.

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3 segundos ago

28/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

En medio de la controversia por la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados, el senador de Fuerza Popular Carlos Mesía defendió las atribuciones de la Cámara Alta para modificar los proyectos que recibe. Durante la entrevista a Lima Gris, explicó su interpretación del artículo 102 de la Constitución, reconoció dificultades en la conducción de una sesión de la Comisión de Constitución y respaldó la intervención del Tribunal Constitucional para precisar los alcances del sistema bicameral.

Usted ha sostenido que el artículo 102 de la Constitución permite al Senado modificar los proyectos que recibe de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el límite jurídico que impide que esas modificaciones alteren la naturaleza de la propuesta original?

No se sabe, pues, porque el verbo desnaturalizar produce problemas, es decir la palabra desnaturalizar, básicamente, significa que algo pierde su esencia. Entonces, cómo saber, así en abstracto, que el Senado pueda violar la esencia de lo que viene de la Cámara de Diputados, creo yo que eso solo es posible de saber proyecto por proyecto, incluso así, ambas cámaras pueden tener criterios diferentes y eso arrojaría, como resultado, una probable inconstitucionalidad que solo podría resolverla el Tribunal Constitucional.

¿Qué fundamento constitucional respalda la incorporación de esos siete puntos sin que se considere una invasión de las atribuciones de la otra cámara?

El diseño bicameral de la reforma llevada a cabo en el Congreso anterior le otorga a la Cámara Alta la posibilidad de revisar, perfeccionar, añadir, modificar todo lo que viene de la Cámara de Diputados, ese es básicamente el fundamento constitucional de lo que el Senado ha hecho. El reglamento incorpora el verbo desnaturalizar, pero no deja de ser un aspecto reglamentario que podría muy bien el Senado modificar, y todo queda a merced de lo que diga la Constitución.

¿Reconoce que la conducción de ese debate pudo afectar la confianza de los senadores en la imparcialidad del procedimiento parlamentario?

Hubieron muchos problemas técnicos, sí, de lo cual me declaro responsable, porque todo lo que pasa en la comisión el responsable es el presidente, pero todo podía ser salvado bajo el diálogo y la conversación y el consenso. Pero ellos aprovecharon, digamos, esa anomalía para dejar al Senado sin quorum, y eso sí me parece antidemocrático.

Usted ha señalado también que una acción de inconstitucionalidad podría permitir que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los alcances de la Ley de Delegación de Facultades. ¿Aceptaría que el Tribunal Constitucional determine que el Senado excedió sus atribuciones al modificar el texto aprobado por Diputados?

Es lo democrático, es lo constitucional, es lo que manda la razón, que, un órgano imparcial como es el Tribunal Constitucional termine de perfilar y de diseñar los alcances, termine de pronunciarse por los alcances de las relaciones entre el Senado y la Cámara de Diputados en cuanto a la materia legislativa.

¿Qué mecanismos concretos de fiscalización aplicará el Congreso para impedir que el Ejecutivo utilice esas facultades más allá de los límites autorizados?

Hay muchos controles, el primero es el control político, la Cámara de Diputados puede llamar a los ministros para que informen y puede incluso interpelarlos y hasta censurarlos. Está la función de fiscalización que puede llevar a cabo el Senado si cree que algún funcionario público ha excedido en ejecución de la ley, o ha cometido actos ilícitos de naturaleza administrativa o actos ilícitos de naturaleza penal.

Por otro lado, está la función de control de los actos normativos que realiza el Senado, porque el Poder Ejecutivo tiene que dar cuenta a la Cámara de Senadores de los decretos legislativos que va a dar. Y el Senado puede proponer su derogación, su modificación, o simplemente decir que todo está bien.

Finalmente, si el Tribunal Constitucional determina que alguna de las modificaciones incorporadas por el Senado vulneró la Constitución, ¿asumiría usted la responsabilidad política por las decisiones adoptadas bajo su conducción de la Comisión de Constitución?

No, porque las leyes se aprueban bajo un criterio político de oportunidad y conveniencia, ese criterio político de oportunidad y conveniencia le corresponde tanto a la Cámara de Diputados como al Senado y a eso no podemos renunciar. Lo que el Tribunal haría no es una evaluación política de la ley, sino una evaluación de la compatibilidad lógico-jurídica de las leyes autoritativas con la Constitución.

Pero quiero decirle algo: la sentencia del Tribunal Constitucional, la hipotética sentencia que pudiese más adelante declarar que la ley autoritativa de las facultades legales que hemos aprobado es inconstitucional, el Tribunal podría derogarla, pero las leyes que el Poder Ejecutivo habría dado en tanto que esa norma está vigente no podrían derogarse, sino que seguirían surgiendo todos sus efectos porque la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene naturaleza retrospectiva.

Entonces, solo sería una sentencia declarativa que más bien el Tribunal Constitucional podía usar como pretexto para terminar de interpretar los alcances de nuestro sistema bicameral, hasta dónde llega Diputados y hasta dónde llega la labor del Senado.

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Milagros Jáuregui pide sacar los Huacos Eróticos de los espacios públicos: “Causa confusión en los niños”

Redacción Lima Gris

Política

Milagros Jáuregui pide sacar los Huacos Eróticos de los espacios públicos: “Causa confusión en los niños”

La pastora evangélica vuelve al centro de la polémica tras sus controversias por el aborto terapéutico y el albergue La Casa del Padre.

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17 horas ago

27/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Milagros Jáuregui pidió el 26 de octubre de 2026 al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, que las esculturas inspiradas en los huacos de la fertilidad de la cultura moche salgan de los espacios públicos de recreación familiar y pasen a museos u otros recintos cerrados. Lo planteó ante la comisión de Salud, Educación, Mujer, Desarrollo Social y Digital del Senado, donde dijo que los niños pequeños no deberían ver estas representaciones en lugares a los que van con sus familias.

Lo que dijo ante la comisión

Jáuregui sostuvo que los menores de entre uno y cinco años todavía están formando su comprensión del cuerpo humano y que las dimensiones de las esculturas pueden confundirlos. Contó que organizó mesas de trabajo con especialistas en psiquiatría infantil, psicología y educación, y afirmó que coincidieron con sus preocupaciones. Cuestionó además que las figuras se presenten como arte y cultura cuando, a su juicio, su presencia en espacios familiares puede afectar los derechos de la infancia.“¿Qué ocurre cuando los niños ven estas imágenes? Hay factores neurológicamente y, psicológicamente que se afectan. ¿Por qué? Porque ven dimensiones del cuerpo totalmente diferentes a como ellos se ven. Causa confusión”, manifestó.

Insistió en que la etapa de desarrollo de los menores debe pesar al decidir dónde se exhiben. “Porque a esta edad los niños todavía están desarrollando la comprensión del cuerpo humano, de uno a cinco años. Estas imágenes están puestas como arte, como cultura, pero sin embargo están yendo en contra de los derechos del niño”, dijo.

Pidió a los demás senadores que apoyaran su propuesta y la vinculó con la responsabilidad del Estado de proteger a la infancia. “A todos mis compañeros senadores les quiero pedir que nos podamos unir en esta y protejamos a los niños, porque no se trata de tener un discurso de protección a la niñez, se trata de proteger como Estado la salud mental de nuestros niños”, afirmó.

También mencionó la fuente ornamental de la Plaza de la Fertilidad, que incorpora una figura erótica. “Inclusive han hecho una fuente de agua con una figura erótica que creo que nuestros niños no pueden verlas”, expresó.

Las esculturas de Moche

Las obras cuestionadas están en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, región La Libertad, zona ligada a una de las sociedades prehispánicas más reconocidas de la costa norte. Una de las figuras, de unos tres metros de altura, se instaló en enero de 2022, durante la gestión del entonces alcalde Arturo Fernández, en el sector de Santa Rosa, a la entrada de la campiña. Desde entonces atrae visitantes y es un punto de referencia en la localidad. Se inspiran en la cerámica moche, producida aproximadamente entre los primeros siglos de nuestra era y el siglo VIII. Los artesanos de esa sociedad hicieron vasijas con formas humanas y animales, y representaron guerreros, personajes de poder, actividades cotidianas, partos y escenas sexuales. Estas últimas son las que se conocen popularmente como huacos eróticos y forman parte de un repertorio mucho más amplio.

Algunas piezas muestran genitales y escenas sexuales explícitas; otras, embarazos y nacimientos. Los arqueólogos las han estudiado a partir de sus características y de los contextos donde aparecieron. Varias vasijas proceden de tumbas, lo que ha dado pie a interpretaciones sobre su relación con prácticas funerarias y con creencias sobre la reproducción y la fertilidad.

Las esculturas llevaron esas representaciones a un espacio público de acceso libre, dentro de una iniciativa que buscaba resaltar la identidad cultural del distrito y atraer visitantes. También movieron el comercio de la zona, donde productores locales ofrecen productos tradicionales como la chicha de jora.

Quién es Milagros Jáuregui María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo es política, pastora evangélica y empresaria. Fue congresista por Lima en el periodo 2021-2026 y luego fue elegida senadora para 2026-2031; juró el cargo el 24 de julio de 2026.

Presidió la Comisión de la Mujer y Familia en los periodos legislativos 2023-2024 y 2025-2026, desde donde participó en debates sobre políticas familiares, protección de menores y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Sus convicciones religiosas marcan su agenda, que incluye la defensa de la vida desde la concepción.

En julio de 2026, su despacho difundió un balance de gestión con 27 leyes publicadas, 1.200 actividades de fiscalización y 708 de representación. Según el mismo documento, durante sus periodos al frente de la Comisión de la Mujer y Familia se publicaron 14 leyes y se aprobaron 84 dictámenes.

Su posición sobre el aborto terapéutico

Jáuregui se ha opuesto públicamente al aborto. Como congresista intervino en la revisión de la guía de procedimientos para el aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal, lo que abrió una discusión sobre los criterios médicos del documento.

En noviembre de 2024 organizó una mesa de trabajo con funcionarios del establecimiento para revisar la guía actualizada ese año. El 5 de junio de 2025, el instituto aprobó una nueva versión mediante la Resolución Directoral N.º 200-2025-DG-INMP. Su despacho presentó el cambio como fruto de su fiscalización y destacó que los supuestos contemplados bajaron de 15 a 11.

En febrero de 2026, el instituto aprobó otra modificación mediante la Resolución Directoral N.º 060-2026-DG-INMP. Los cambios generaron cuestionamientos sobre sus efectos en la atención médica, sobre todo con pacientes vulnerables. Jáuregui defendió su actuación y sostuvo que las decisiones institucionales debían ajustarse al marco legal vigente.

En Perú, el artículo 119 del Código Penal permite el aborto terapéutico cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un mal grave y permanente en su salud.

La Casa del Padre Jáuregui fundó La Casa del Padre junto a su esposo, el pastor evangélico Alberto Aguayo. El centro de acogida está en Cieneguilla, Lima, y recibe a adolescentes embarazadas y madres jóvenes en situación de vulnerabilidad, incluidas menores derivadas por instituciones del Estado para recibir alojamiento y protección.

La controversia se intensificó en febrero de 2026, cuando circularon imágenes de adolescentes residentes junto a Jáuregui durante una actividad pública. Algunas aparecían con sus bebés. Las fotografías generaron cuestionamientos sobre la protección de su identidad, pues varias de ellas habían sufrido violencia sexual.

Jáuregui respondió que la institución no difundió oficialmente las fotos y que las adolescentes participaban en una presentación de un coro. Afirmó que las críticas eran parte de una campaña para desacreditarla por su labor política, y dijo que había dejado la administración del centro años antes y que ya no tenía responsabilidad directa sobre su funcionamiento.

Las investigaciones

El 11 de febrero de 2026, la Comisión de Ética del Congreso pidió a Jáuregui un informe sobre los hechos difundidos en los medios, relacionados con la exposición de las adolescentes y con las circunstancias en que se tomaron y circularon las fotografías. Ella presentó sus explicaciones y rechazó haber cometido irregularidades.

Al día siguiente, la fiscalía provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla abrió una investigación preliminar al centro por presuntas vulneraciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para revisar documentación y examinar las condiciones de atención, con el fin de establecer si se cumplieron las obligaciones de protección.

El 13 de febrero, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables anunció el traslado progresivo de las adolescentes a otros centros mediante la modificación de sus medidas de protección.

El 4 de marzo, la Comisión de Ética aprobó, con cuatro votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, iniciar una investigación de oficio contra Jáuregui por la presunta exhibición de fotografías de menores acogidas en La Casa del Padre El 11 de mayo, la Comisión de Ética votó a favor de archivar esa denuncia de oficio.

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Política

Catherin Palomino, denunciada por un exasesor por cobros a trabajadores y comisiones por obras públicas [VIDEO]

Un exasesor de la congresista Catherin Palomino denuncia que pagó con su propio sueldo gastos del despacho y que ella le habló de cobrar porcentajes por gestionar fondos para obras ante el MEF. Palomino niega que sus colaboradores pusieran dinero propio. La denuncia se suma a los cuestionamientos por su supuesto amorío con Pedro Castillo.

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1 día ago

27/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

El domingo 25 de octubre de 2026, Panorama difundió el testimonio de un exasesor de la congresista Catherin Palomino. El hombre, cuya identidad no fue revelada, denuncia que en el despacho se exigía dinero al personal y que existían comisiones por gestionar obras públicas. Según su relato, esas prácticas se habrían dado dentro del propio despacho y en las gestiones que la congresista realizaba ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conseguir recursos destinados a proyectos municipales.

Los gastos que, según el exasesor, pagaban los trabajadores

El exasesor denuncia que, mientras trabajó con Palomino, tuvo que destinar parte de su sueldo a cubrir gastos que correspondían a la congresista: alimentación, viáticos, transporte, materiales para la oficina de enlace y servicios básicos. Esos pedidos, explica, se presentaban como obligaciones que ella había asumido durante sus actividades en Huancavelica, como compromisos económicos con representantes de comunidades.

Menciona un caso puntual: el alquiler de una camioneta por S/2.000, necesario después de que fallara el vehículo que se usaba habitualmente. Según su testimonio, Palomino le pidió a él y a otra colaboradora que pagaran ese monto. Afirma que también adelantaba dinero para atender solicitudes de representantes comunales y que, aunque le prometían devolvérselo, no siempre lo recuperaba.

El reportaje incluyó además una conversación sobre un representante de la comunidad de Santa Rosa, quien reclamaba S/500 que, según el mensaje, se le habían prometido. La respuesta atribuida a Palomino fue “Soluciona”. Para el extrabajador, situaciones así generaban presión sobre el personal, que temía perder el empleo si no atendía esas exigencias.

El “negocio” de las gestiones presupuestarias

La denuncia incluye también presuntos cobros por conseguir recursos públicos para proyectos de municipalidades y gobiernos regionales. El exasesor sostiene que Palomino le explicó que las gestiones ante el MEF podían dejar ingresos adicionales, mediante porcentajes del presupuesto logrado. Le atribuye la frase “Ese es el negocio del Congreso”, con la que ella habría descrito el mecanismo que dice haber conocido en su trabajo.

El reportaje tomó como ejemplo el proyecto de mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento Capillas Norte, en el distrito de Capillas, provincia de Castrovirreyna, Huancavelica. Según el extrabajador, la municipalidad pidió ayuda para tramitar recursos adicionales ante el MEF aunque la obra casi no mostraba avance físico. Él recomendó pedir explicaciones sobre el estado del proyecto antes de continuar con la solicitud.

Se mostró también una conversación sobre las comunicaciones con la municipalidad y el envío de un oficio al ministerio. El exasesor conecta esa gestión con el sistema de comisiones que atribuye a la congresista.

Otra denuncia: chats sobre aportes de los trabajadores para el despacho

El 16 de septiembre de 2026, el portal de investigación El Foco difundió chats de WhatsApp del grupo “Ayudas y gastos – despacho”, integrado por cuatro trabajadores de Palomino. Según el medio, verificó sus identidades a través de los números telefónicos usados en las conversaciones.

En un mensaje del 12 de septiembre, la asistente del despacho comunicó al equipo que había que resolver la compra de tres cuadros pedidos por la diputada y solicitó apoyo “proporcional a lo que percibimos mensualmente”. En el mismo mensaje indicó que también estaban pendientes las tarjetas de presentación de la congresista y propuso encargarlas por fuera, debido a la demora de las que entrega el Congreso.

Al día siguiente, una integrante del personal técnico escribió que la congresista había pedido otros cuadros para Huancavelica y que había que mandar a hacer dos de cada uno. En otra conversación, el asesor detalló los encargos que, según dijo, le había hecho Palomino: cuadros para la oficina, compra de charqui y bebidas, y un madero o mural.

Consultada por El Foco, Palomino negó haber pedido dinero a sus trabajadores. Explicó que quería colocar tres cuadros en su oficina (uno de Túpac Amaru, otro de José Carlos Mariátegui y uno de ella misma) y que solo le pidió a la asistente que buscara cotizaciones para conocer los precios, ya que ella misma los pagaría. Afirmó que desconocía la existencia del grupo y que nunca pidió a su personal asumir gastos. También negó que los trabajadores hubieran pagado los alimentos mencionados en los chats.

Quién es Catherin Palomino y qué cuestionamientos la rodean

Catherin Palomino Casavilca es abogada y política de Huancavelica. Llegó a la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031 con más de 11.000 votos preferenciales en su región, como representante de Juntos por el Perú. Su trayectoria estuvo ligada a Todo con el Pueblo, organización relacionada con el expresidente Pedro Castillo, y en campaña utilizó mensajes de respaldo al exmandatario. En agosto de 2026 fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en medio de cuestionamientos por su cercanía con Castillo.

Se informó además de discrepancias entre la experiencia laboral que declaró en el Colegio de Arquitectos del Perú, en Huancavelica, para el periodo 2022-2023, y la respuesta de esa institución, que indicó no tener registrado ese vínculo.

Su relación con Pedro Castillo y las visitas a Barbadillo

Palomino acudió una y otra vez al penal de Barbadillo, donde Castillo está recluido desde que dejó el poder. Registros citados en investigaciones publicadas este año contabilizan 61 ingresos entre octubre de 2024 y febrero de 2026, cuando aún tenía funciones laborales vinculadas al ámbito parlamentario. Las visitas adquirieron relevancia pública por su frecuencia y por la difusión posterior de mensajes privados que se le atribuyen.

En agosto de 2026, un reportaje de televisión mostró conversaciones en las que Palomino supuestamente afirmaba tener una relación sentimental con Castillo. En uno de los mensajes se le atribuye la frase “es mi pareja”, acompañada de expresiones de defensa de ese vínculo. Los chats incluían además presuntos insultos y advertencias dirigidos a la esposa del exmandatario.

Palomino puso en duda la autenticidad de los mensajes y aseguró que alguien había accedido sin autorización a su teléfono. Castillo, por su lado, rechazó públicamente que las visitas deban leerse como prueba de una relación sentimental.

La respuesta de la congresista y las pruebas anunciadas

Ante las acusaciones, Palomino negó por escrito que sus colaboradores hubieran tenido que usar dinero propio para cubrir sus gastos. Rechazó también que el extrabajador la hubiera acompañado durante su semana de representación. Para respaldar su versión sobre los desembolsos, difundió capturas de conversaciones que, según dijo, demostrarían que los pagos se hacían de inmediato.

El denunciante respondió con fotografías publicadas en las redes sociales oficiales de la congresista, donde ambos aparecen en actividades en Huancavelica. Asegura que conserva mensajes y otros registros sobre las instrucciones que, según él, recibió durante su trabajo, y dijo en el reportaje que está dispuesto a presentarlos ante las autoridades competentes.

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Política

El operativo de Katherine Ampuero, Ahora Nación y Juntos por el Perú para capturar la SUNEDU a partir de una denuncia sin pruebas

La denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el superintendente Vicente Paul Espinoza Santillán ya pasó por el Ministerio de Educación y por un juzgado, y en ninguna de las dos instancias encontró respaldo. Aun así, un sector de congresistas sigue pidiendo su salida. La historia que está detrás muestra que existe un operativo para traer abajo al Consejo Directivo, dejar a la SUNEDU sin autoridades y lista para ser extinguida.

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2 días ago

26/10/2026

Redacción Lima Gris

Entre el 21 de agosto y el 11 de septiembre de 2026, en poco más de tres semanas, dos instancias del Estado revisaron la denuncia por presunto hostigamiento sexual contra Vicente Paul Espinoza Santillán, superintendente de la SUNEDU, y llegaron a la misma conclusión. El Ministerio de Educación archivó el caso porque no encontró indicios razonables de que el hecho hubiera ocurrido. Un juzgado de familia de Lima rechazó las medidas de protección que pedía la denunciante porque no halló elementos mínimos que corroboraran su versión.

Nada de eso ha frenado la campaña para sacarlo del cargo: en el Senado, Katherine Ampuero —senadora vinculada a César Acuña, dueño de la cadena de universidades César Vallejo— sigue usando la denuncia como si fuera una sentencia, y voceros de Ahora Nación y Juntos por el Perú hablan de destituir al superintendente e, incluso, tienen listo el nombre del reemplazo —Policarpio Chauca Valqui, un individuo sin cualidades académicas pero con sesenta denuncias fiscales a cuestas—. Todo este sector congresal súbitamente interesado en la educación pide, en el mismo discurso, que la SUNEDU desaparezca.

Senadora Katherine Ampuero.

Lo que está en disputa es mucho más que el futuro de un funcionario. La SUNEDU nació con la Ley Universitaria de 2014 para decidir qué universidades cumplen las condiciones básicas de calidad para funcionar en el Perú, y hoy tiene en sus manos el licenciamiento de las 60 universidades creadas con fines de negocio por el expresidente Balcázar, el mismo que, en su momento, dijo en tono de amenaza, «vamos a ir por la SUNEDU».

El mecanismo para hacer realidad esa amenaza que hoy comandan la senadora Ampuero y un sector de la izquierda, se resume en una frase: quien controla al Consejo Directivo controla la llave de la SUNEDU. En efecto, la Ley 31520, que el año 2022 cambió la manera de conformar ese consejo, le ofrece a quienes quieren capturarlo un atajo: si cae el superintendente, cae con él casi todo el consejo, y la institución queda en la acefalía.

El expresidente Balcazar anunció la captura la Sunedu.

Esa es la razón por la que apareció la denuncia contra Espinoza y por eso es importante ver quién la presentó, qué dijo, qué encontraron las instancias que la revisaron y quiénes están detrás.

Dos denuncias

Las denuncias son dos, presentadas por dos mujeres con historias muy distintas.

La primera la firma Daphne Alfaro, cuya trayectoria explica bastante su papel en este caso. Militó durante años en Somos Perú y se fue cuando el partido no le dio una candidatura. En las últimas elecciones generales cargó carteles y banderolas de Fuerza Popular. Como no recibió nada a cambio, se pasó a Ahora Nación, el partido de Alfonso López Chau, y se acercó al entorno de Roberto Zunini, de Juntos por el Perú. Por esa vía se vinculó con Mirtha Vásquez, Flavio Figallo y Nora Bonifaz. En las últimas municipales hizo campaña por Yehude Simon, candidato de Tierra Verde. Muchos la recuerdan en el Parque Kennedy de Miraflores, megáfono, matraca y cajón en mano, insultando a la entonces presidenta Dina Boluarte y al ministro Morgan Quero cuando el Proyecto Legado fue absorbido por el IPD. En ese momento actuaba por encargo de Carlos Neuhaus, que se oponía a la absorción y defendía la continuidad de Legado para que su infraestructura siguiera al servicio de grupos empresariales.

Daphne Alfaro.

Como puede verse, el rol de Daphne Alfaro es el de una operadora que sirve al mejor postor, sea cual fuese el operativo a desarrollar. Esta vez Alfaro denuncia un presunto maltrato psicológico, que atribuye a que Espinoza no la nombró en un cargo de confianza.

Según su propio relato, fue a ver a la esposa del superintendente, con quien tenía amistad, para advertirle de presuntos amoríos de su marido, sin llevar ninguna prueba. Ahora, Daphne Alfaro se ubica en el rol de víctima y señala que se ha dañado su bienestar emocional porque nadie le cree, nadie quiere hablar con ella, la tratan de embustera y ya no podrá ser funcionaria. Lo curioso es que el daño que reclama es la reacción de su propio entorno por una acusación que ella misma no pudo probar.

La segunda denuncia es la que se está usando como munición en el Congreso y que la senadora Katherine Ampuero utiliza con un entusiasmo que amerita una investigación para consultarle cuáles son los intereses que, en realidad, está representando.

Senadora Ampuero utiliza Comisión congresal para operativo.

La mencionada segunda denuncia la presentó una abogada de 30 años cuya identidad real quedó bajo las siglas S.N.U.LL. Ella trabajaba para la SUNEDU con una orden de servicios. Según su versión, el 18 de febrero de 2026, después de cruzar mensajes por WhatsApp y de una visita al despacho del superintendente, este intentó besarla cuando ella se retiraba. Añade que luego la obligaron a trabajar de forma remota y que no le renovaron el contrato como represalia. Pero la denuncia se presentó seis meses después del presunto hecho y un día antes de que venciera su orden de servicios, cuando ella ya sabía que la entidad no la seguiría contratando y así consta en su propia declaración y en los documentos que ella entregó.

El informe del Ministerio de Educación

El Informe N.º 00359-2026-MINEDU/SG-OGRH-STOIPAD, del 21 de agosto de 2026, lo emitió la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MINEDU. Para ello, revisó la declaración de la denunciante, las capturas de WhatsApp, las fotografías y los demás elementos que ella presentó, y citó a los cinco testigos que ella misma propuso, pero cuatro no fueron a declarar. La única que lo hizo admitió que no había visto los hechos y que se enteró de ellos tiempo después, por lo que le contaron otros.

Con eso, la Secretaría Técnica concluyó que no había indicios razonables de que el hecho denunciado hubiera ocurrido y que no correspondía abrir un procedimiento disciplinario. Agregó que los documentos sobre la situación laboral de la denunciante tampoco probaban que la no renovación fuera una represalia. La denuncia fue archivada.

Fuente: Ministerio de Educación.

Lo que resolvió el Poder Judicial

El 11 de septiembre de 2026, el Primer Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Erick Veramendi Flores, emitió la Resolución N.º 1 sobre el pedido de medidas de protección de la denunciante S.N.U.LL.

La denuncia se tramitó por violencia psicológica y sexual, incluido el acoso sexual. El juzgado admitió el proceso especial y, para evitar revictimizar a la denunciante, prescindió de la audiencia oral. El juez resolvió sin oír al superintendente acusado, solo con la versión de la denunciante y sus pruebas, y aun así declaró infundado el pedido.

La resolución consideró que la denuncia no era fiable y que no existían elementos mínimos que corroboraran el hecho. Tampoco encontró acreditada una relación de poder, una situación de vulnerabilidad, un daño psicológico ni un riesgo actual, inminente e irreparable que justificara medidas de protección. Dio todo por concluido y, como manda la ley en estos casos, envió lo actuado a la Fiscalía Penal especializada, que es la encargada de investigar si hubo o no delito. Esa investigación sigue en curso y, hasta ahora, lo actuado apunta en la misma dirección: la denuncia no tiene sustento.

Fuente: Corte Superior de Justicia.

Qué hay detrás de este operativo

¿Por qué una denuncia sin respaldo en ninguna instancia sigue presentándose como razón suficiente para pedir la salida de Vicente Paul Espinoza Santillán, superintendente de la SUNEDU? La respuesta está en el afán de activar el cuestionable efecto dominó de la Ley 31520.

El operativo que con llamativo entusiasmo encabeza la senadora Katherine Ampuero cuenta con el respaldo de las bancadas del excandidato presidencial Alfonso López Chau y el desorden de la bancada de Juntos por el Perú, tienen el objetivo de capturar la institución para extinguirla y para ello necesitan la caída de Espinoza. Recuérdese que existen 60 universidades pendientes de licenciamiento y las 60 se originan en intereses de los sectores en mención.

Superintendente de la Sunedu.

¿Cómo podrían lograr su finalidad para hacer que la informalidad llegue al sector universitario? La lógica es jurídica y fácil de seguir. De acuerdo a la Ley 31520, si cae Espinoza cae de inmediato la consejera por el CONCYTEC, Susana Paredes. Por extensión interpretativa, cae también el consejero por las universidades privadas, José Pereyra. A la vez, los consejeros por las universidades públicas, Lida Asencios y Carlos Reyes, y el consejero por los colegios profesionales, Max Cárdenas, pierden validez jurídica porque fueron incorporados por un superintendente que, según el argumento de los complotadores, actuaba sin mandato, lo que volvería nulas esas incorporaciones. Entonces, solo quedaría el consejero por el SINEACE, Ángel Velásquez, que no puede dirigir la SUNEDU porque ya es titular de otro pliego del Estado, el propio SINEACE.

El resultado sería una SUNEDU sin cabeza, sin un solo funcionario habilitado para defender su autonomía y expuesta a una extinción inmediata. Si la entidad se extingue, se extinguen con ella todos sus procedimientos, incluido el de licenciamiento institucional. Procedería el despido inmediato de todos sus trabajadores y sus funciones pasarían a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU) del MINEDU. Ahí, sin procedimiento ni requisitos mínimos de calidad que cumplir, el licenciamiento de las 60 universidades creadas en el gobierno de Balcázar quedaría en manos de acuerdos políticos.

Quiénes empujan

Aquella delatora frase de Balcázar «vamos a ir por la SUNEDU» estuvo acompañada de otras que conviene recordar porque dejaban clara su intención. En sus declaraciones dijo que la Sunedu «no funciona en realidad», que su labor es «prácticamente sin trascendencia en el ámbito universitario», y anunció que iba a «poner orden en ese sector». Se fue Balcázar pero los intereses que se escondían tras él ahora tienen rostro en el Congreso bicameral, donde el operativo lo encabezan Katherine Ampuero y dos bancadas.

Ahora Nación y Juntos por el Perú coinciden en todo lo que tiene que ver con la SUNEDU y el Ministerio de Educación. Sus objetivos son los que Balcázar anunció: cambiar la conducción del organismo supervisor, conseguir financiamiento para las universidades creadas por el Congreso anterior, crear nuevas casas de estudio y, sobre todo, lograr que ya no exista el licenciamiento y, al final, eliminar la entidad que vigila la educación superior.

Van juntos hacia la extinción de la SUNEDU, pero en el camino cada uno cuida intereses propios que a veces los enfrentan. En los pasillos del Congreso, la gente de Ahora Nación se burla de la poca experiencia de gestión de sus colegas de Juntos por el Perú, a quienes llaman el furgón de cola.

Intereses políticos y económicos buscan la captura del ente supervisor.

En el Congreso, quien impulsa la denuncia contra el superintendente Espinoza es la senadora Katherine Ampuero. Ella cuestionó públicamente al funcionario y utilizó, como si fuera una sentencia, una denuncia que el MINEDU archivó y que el juzgado de familia consideró que carecía de pruebas, siendo ella misma una exprocuradora que sabe lo que legalmente se puede decir y lo que no. Diversos congresistas coinciden en señalar que Ampuero actúa por encargo de César Acuña, quien dice haberse retirado de la política pero tiene operadores porque necesita una SUNEDU capturada o inexistente para proteger su red universitaria: la Universidad César Vallejo y sus innumerables sedes, la Universidad Señor de Sipán y la Universidad Autónoma del Perú.

La prueba más clara de que el operativo está en marcha es que los voceros de Ahora Nación y Juntos por el Perú ya hablan de destituir al superintendente y entregan el nombre de Policarpio Chauca Valqui como reemplazo y, en el mismo discurso, piden a gritos la extinción de la institución.

El reemplazo: Policarpio Chauca Valqui

El nombre que se promociona para dirigir la SUNEDU es el de Policarpio Chauca Valqui, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y afiliado al Partido Morado. Este último dato confirma que en este operativo pesan más los intereses personales de cada actor que el color de su partido.

Chauca Valqui, el denunciado que quieren colocar en la Sunedu.

Chauca Valqui tiene carta 33 denuncias fiscales por presuntos delitos de abuso de autoridad, nombramiento ilegal, violencia familiar, extorsión, delitos contra la administración pública, usurpación de funciones, omisión de funciones, resistencia o desobediencia a la autoridad, falsificación documental y peculado.

Fuente: Ministerio Público.

Esa es la persona que proponen para sostener el sistema de licenciamiento y supervisión de las universidades.

La discusión va mucho más allá de quién ocupe el despacho del superintendente. Durante años, los profesionales de la SUNEDU han acumulado conocimiento técnico sobre licenciamiento, supervisión, registros y cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Con la extinción de la entidad, esos trabajadores y sus familias quedarían en la calle y esa experiencia se perdería, sin ningún plan de transición que garantice que las funciones continúen. Del otro lado están millones de estudiantes que necesitan alguna garantía de que el título por el que pagan, o que el Estado financia, corresponde a una formación real.

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Política

Senador Jorge Gavidia: “Ahora es posible que Jorge Nieto reconozca que soy una amenaza dentro del partido”

El senador Jorge Gavidia cuestiona el rumbo político de Jorge Nieto, denuncia diferencias en la conducción de la agrupación y admite que evalúa renunciar a su bancada para incorporarse al grupo mixto del Senado. Tras respaldar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, asegura que existen otros desacuerdos.

Published

2 días ago

26/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

En entrevista con Lima Gris, el senador Gavidia sostuvo que sus diferencias no se limitan a su voto a favor de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, sino que responden a una serie de decisiones políticas que, según explicó, han profundizado su distanciamiento de la organización, incluso reconoció que su permanencia podría convertirse en un factor de tensión interna y adelantó que ve con mayor probabilidad renunciar a la bancada del Buen Gobierno de Jorge Nieto Montesinos.

En los últimos días se ha hablado de su posible salida del Partido del Buen Gobierno y de las diferencias que mantiene con la dirigencia. ¿Qué razones lo han llevado a evaluar su permanencia en la bancada?

Las principales razones están vinculadas con una serie de posturas políticas que poco a poco me han ido alejando de la estrategia del partido frente al Gobierno y, especialmente, de la posibilidad de desarrollar una propuesta de desarrollo para los próximos cinco años. No es tanto un asunto ideológico, sino una secuencia de decisiones que se han ido tomando desde la Mesa Directiva, como las propuestas de comisiones especiales y, finalmente, la delegación de facultades.

¿Considera que Jorge Nieto está conduciendo el partido de acuerdo con los principios que defendieron durante la campaña electoral?

No. Considero que se está alejando de su propuesta de campaña, identifico un problema importante: pienso que Jorge tiene un entorno que lo ha ido alejando. Cuando converso con él, podemos acercarnos, pero luego, al observar las decisiones políticas, termino distanciándome, considero que existe una diferencia importante frente a la propuesta electoral.

¿Por qué decidió respaldar al Ejecutivo en la delegación de facultades legislativas pese a la posición adoptada por su bancada?

Principalmente, porque habíamos dilatado demasiado el tiempo en Diputados y reconocí que ya existía un entrampamiento en las interpretaciones sobre las facultades y los roles del Senado y de Diputados, había posiciones opuestas respecto al reglamento del Senado y la Constitución. Ante esa situación, consideré que la votación era prácticamente la única forma de destrabar el problema y avanzar.

¿Considera que el procedimiento disciplinario iniciado en su contra constituye una represalia política por haber votado de manera distinta a su bancada?

Considero que existe una posición muy vertical, cuando esta diferencia pudo haberse interpretado de una mejor manera, incluso a favor del partido. Debemos reconocer que somos una organización de centro y que, por esa condición, existe un espacio entre los enfoques de Gobierno de derecha e izquierda, por eso, las diferencias son prácticamente naturales.

¿Qué tendría que ocurrir para que decida renunciar voluntariamente a la bancada del Buen Gobierno?

Yo siempre les dije que era diferente. Era una especie de lunar en la forma de pensar. Lo dije desde que fui convocado hasta de ser militante, cuando fui presentado para el Senado. En todo momento siempre advertí mi diferencia. Sin embargo considero que era un técnico que podía sumar a la oferta electoral.

Lo que tendría que ocurrir es reconocer que, siendo yo diferente, es injusto que termine destruyendo un partido, no tiene lógica que pretenda cambiar a quienes me acogieron, aun sabiendo que pensaba distinto. por eso, considero que sería mejor renunciar para no seguir exponiendo ante los medios las diferencias internas ni los errores políticos de mi propia organización.

Siempre dije que no iba a renunciar y que esperaba que ellos me expulsaran, sin embargo, en este contexto, que considero muy difícil para el partido, siento que puedo estar haciéndole más daño a la organización y quizá también al país, porque considero que esta es una oferta política honesta.

¿Su enfrentamiento con la dirigencia podría motivar que otros integrantes también abandonen la bancada?

Sí, es muy probable, por eso mismo prefiero buscar el alejamiento y no seguir exponiendo al partido, especialmente en las reuniones internas, las diferencias podrían debilitar la organización o incluso confundir a muchos jóvenes que forman parte de la militancia.

¿Existen otros desacuerdos con la dirigencia que todavía no se han hecho públicos?

Sí, existen otros desacuerdos, el tema de las facultades legislativas es solamente una diferencia que ya no podía postergarse y que me obliga a tomar una decisión, también hay discrepancias sobre declaraciones, alianzas, enfoques y sobre la participación del partido en la gobernanza del país.

Si termina separado de su bancada, ¿descarta incorporarse a otra agrupación política?

Inicialmente pensé que, por mi poca experiencia, podía incorporarme a otro grupo político, sin embargo, después de evaluar la situación, encontré la posibilidad de permanecer solo, en el grupo mixto, para poder expresar mi libertad. Considero que, en este momento, necesitamos libertad para construir puentes, es muy probable que permanezca en el grupo mixto, sin incorporarme a otro partido.

¿Considera que su permanencia o salida del Partido del Buen Gobierno representa mejor la voluntad de los electores que lo llevaron al Senado?

He percibido que la mayoría de las personas que votaron por mí reconocen que había expresado mi posición con anticipación e incluso me respaldan, sin embargo, también reconozco que algunos confiaron más en el partido y me incluyeron en su decisión electoral. Por eso, existen discrepancias respecto a mi posición, tengo un electorado mixto, propio de una posición de centro.

¿Jorge Nieto está intentando apartarlo por una diferencia de principios o porque su posición política se ha convertido en un problema para la dirección del partido?

Pienso que, inicialmente, él reconocía que yo tenía diferencias. Pero ahora es posible que reconozca que soy una amenaza dentro del partido.

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Política

Senadora de JP Svieta Fernández, respalda acciones ante el Tribunal Constitucional y cuestiona al senado por ampliar las facultades legislativas [VIDEO]

La senadora de Juntos por el Perú respalda llevar la controversia al Tribunal Constitucional tras la aprobación de siete puntos adicionales al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. La disputa pone en el centro del debate los límites del poder parlamentario, el respeto a las reglas constitucionales y la transparencia en las decisiones del Senado, en un caso que podría marcar un precedente sobre las atribuciones de las dos cámaras del Congreso.

Published

4 días ago

24/10/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

La senadora Svieta Fernández respaldó la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) frente a la controversia generada por la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. La parlamentaria cuestiona el procedimiento seguido por el Senado, al considerar que la incorporación de nuevas materias habría excedido los límites establecidos por el marco normativo y constitucional.

El conflicto se originó cuando el pedido de delegación de facultades, que contemplaba inicialmente 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados, terminó ampliándose a 27 tras la incorporación de siete propuestas adicionales en el Senado. La decisión fue aprobada por el pleno el 21 de octubre y generó cuestionamientos desde las bancadas opositoras.

Desde esta posición, Fernández respalda que la controversia se someta al máximo intérprete de la Constitución para que se evalúe si el procedimiento respetó las competencias de cada cámara y las reglas que regulan la aprobación de normas.

Los siete puntos adicionales bajo cuestionamiento

La controversia no se limita al número de propuestas incorporadas, sino también al procedimiento parlamentario utilizado para ampliar el contenido del pedido original. Entre las materias añadidas figuran la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de establecimientos penitenciarios, la vigilancia posterior al cumplimiento de condenas por determinados delitos graves, los cambios relacionados con la intervención militar frente a organizaciones criminales y el fortalecimiento del sistema de inteligencia.

También se incluyeron modificaciones sobre legítima defensa y medidas de simplificación administrativa para proyectos de infraestructura. Estas propuestas ampliaron el alcance de la delegación legislativa que el Ejecutivo podrá ejercer durante el plazo autorizado

Para los críticos del procedimiento, el problema central consiste en determinar si el Senado podía incorporar esas materias al texto aprobado previamente por Diputados sin someterlas a un nuevo trámite en la cámara de origen. La respuesta jurídica dependerá de la interpretación constitucional y reglamentaria que corresponda aplicar.

Juntos por el Perú anuncia una demanda de inconstitucionalidad

La bancada de senadores de Juntos por el Perú anunció el 23 de octubre que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En su pronunciamiento, cuestionó las decisiones adoptadas durante el tratamiento y la aprobación de las facultades, alegando que se apartaron del orden constitucional y de las reglas del debate parlamentario.

La iniciativa busca que el TC examine la legalidad del procedimiento y determine si la ampliación aprobada por el Senado se ajusta a la Constitución. El caso adquiere relevancia institucional porque enfrenta distintas interpretaciones sobre las atribuciones de las cámaras en el nuevo esquema de Congreso bicameral.

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Política

Senador Daniel Barragán justifica la renuncia de su hermana en medio de la polémica: “Jamás he referido a un familiar mío” [VIDEO]

El caso sacude el entorno político del senador Daniel Barragán y pone bajo la lupa la designación de su hermana en EsSalud, cuyo paso por la institución terminó apenas cinco días después de su nombramiento.

Published

4 días ago

24/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador Daniel Barragán de la bancada Obras, se pronunció sobre la renuncia de su hermana, a quien describió como una funcionaria técnica con una larga trayectoria en la administración pública y sin experiencia propiamente política. Según su versión, la decisión habría respondido a la presión mediática y política que venía soportando, así como a su intención de no incomodar la relación que él mantiene en el Congreso de la República.

Barragán sostuvo que su hermana le había comentado que prefería dar un paso al costado antes que continuar expuesta a una situación que, según explicó, le resultaba ajena por su perfil profesional.

“Ella es una técnica nata, es una funcionaria del Estado durante muchos años, no es política”, manifestó el senador al explicar las razones que, de acuerdo con su relato, motivaron la decisión.

El parlamentario defendió así la renuncia como una respuesta a un escenario de presión, aunque sus declaraciones no despejan por sí solas las dudas que puedan existir sobre las circunstancias de su designación, su salida y las posibles implicancias del vínculo familiar.

Barragán niega haber recomendado a un familiar

Al referirse a la pertinencia del nombramiento de su hermana, el senador afirmó que nunca ha recomendado a un familiar suyo, apelando a su experiencia en la administración pública.

“En los años que yo tengo en la administración pública, jamás he referido a un familiar mío”, aseveró.

La declaración coloca en el centro del debate la diferencia entre una recomendación directa y otras posibles formas de influencia política. No obstante, con la información disponible no es posible establecer que Barragán haya intervenido en la designación de su hermana ni atribuirle una responsabilidad sin documentación que lo sustente.

Para esclarecer el caso, corresponde revisar la resolución de nombramiento, el documento de renuncia, los requisitos del puesto y cualquier registro que permita determinar si existió una intervención externa en el proceso.

La clave periodística no está únicamente en la renuncia, sino en la documentación que permita reconstruir cómo se produjo el nombramiento y por qué terminó siendo cuestionado. Las declaraciones de Barragán constituyen su versión de los hechos; las conclusiones sobre posibles irregularidades requieren pruebas y contraste con las fuentes involucradas.

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Política

Guido Bellido: “Este gobierno responde a los intereses de los grandes empresarios” [VIDEO]

El excongresista y expresidente del Consejo de Ministros cuestionó la política energética del gobierno de Keiko Fujimori, defendió la renegociación del contrato del gas de Camisea y exigió responsabilidades a las empresas vinculadas a su explotación y transporte. En entrevista con Lima Gris, también calificó de desaprobada la gestión del Ejecutivo y criticó al Congreso bicameral por concentrar el debate en las facultades legislativas mientras, según advirtió, faltan respuestas frente a las emergencias y necesidades del país.

Published

5 días ago

23/10/2026

Redacción Lima Gris

La renegociación del gas de Camisea, el papel de las empresas privadas en la explotación de los recursos naturales y el desempeño del gobierno de Keiko Fujimori fueron algunos de los principales temas abordados por Guido Bellido, excongresista y expresidente del Consejo de Ministros, durante una entrevista con el periodista Edwin Cavello en el programa Lima Gris, que retorna a las pantallas de Fuego TV y Neo TV, y que se transmite por más de 200 cableoperadores y por el canal 41 de Movistar, con una agenda dedicada a la política y la cultura.

Bellido recordó que, el 27 de septiembre de 2021, cuando encabezaba la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, acudió a las oficinas de Pluspetrol para entregar un oficio que formalizaba el reinicio de las conversaciones sobre la renegociación del contrato de explotación del gas de Camisea. Según explicó, la iniciativa respondía a una preocupación central: Cusco, pese a ser una región productora de gas natural, no recibía los beneficios que, a su juicio, debía generar esa riqueza para la población del sur del país.

El ex premier sostuvo que los acuerdos entre el Estado y las empresas vinculadas a la explotación, comercialización y transporte del gas debían revisarse para determinar si favorecían realmente al interés nacional. En esa línea, defendió la posibilidad de evaluar la nacionalización como una alternativa que permitiría al Estado recuperar la administración de los recursos, previa compensación correspondiente, y decidir si los gestiona directamente o los entrega a otro operador.

“Los recursos deben beneficiar al Estado peruano y no a las empresas”, fue la idea central de su argumento. Bellido insistió en que dialogar y revisar los contratos no constituye, por sí mismo, una actuación ilícita, sino una posibilidad que debe examinarse con transparencia cuando están comprometidos los intereses del país.

La conversación también puso el foco en Transportadora de Gas del Perú (TGP), responsable del transporte del gas mediante el sistema de ductos. Bellido cuestionó que se planteen ampliaciones contractuales sin esclarecer previamente las responsabilidades por los incidentes registrados y sin determinar si la empresa ha respondido adecuadamente por los daños y gastos ocasionados. Para el excongresista, el Estado no debería conceder nuevos plazos sin evaluar antes el cumplimiento de las obligaciones existentes.

Respecto al gobierno de Keiko Fujimori, su diagnóstico fue contundente. Bellido afirmó que la actual administración responde a los intereses del gran empresariado nacional e internacional y advirtió que las decisiones económicas pueden terminar trasladando los costos a la población, especialmente a los trabajadores y las familias que viven de sus ingresos diarios. También cuestionó la disposición de recursos públicos para atender las necesidades empresariales sin garantizar, en paralelo, respuestas suficientes en salud, educación, infraestructura y prevención de desastres.

En el terreno parlamentario, criticó que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo se concentre en la delegación de facultades legislativas. Consideró que ese debate funciona como un “chivo expiatorio” y sostuvo que la prioridad debería ser preparar a las zonas vulnerables ante posibles inundaciones y huaicos, así como garantizar medidas de contingencia para las familias afectadas. Además, expresó preocupación por la discusión del presupuesto público de 2027, al considerar que requiere un análisis profundo de las necesidades de los distintos sectores.

Bellido también rechazó el uso de acusaciones de terrorismo como recurso para desacreditar a los adversarios políticos y reclamó argumentos en el debate público. Sobre la actuación de las fuerzas parlamentarias, cuestionó los cambios de posición de quienes asumen compromisos políticos y luego se apartan de ellos.

Al evaluar al gobierno, su respuesta fue tajante: lo desaprobó. Sostuvo que una administración pública debe esforzarse por encontrar soluciones, atender a los ciudadanos y asumir sus responsabilidades, en lugar de presentar los problemas como situaciones inevitables.

Finalmente, Bellido señaló que busca contribuir a la formación política y recuperar el papel de los partidos en la preparación de nuevos cuadros, la doctrina y el sentido patriótico. Desde su afiliación a Pueblo Consciente, dijo que procura orientar y respaldar a militantes y simpatizantes.

La entrevista deja planteadas preguntas de fondo sobre el futuro del gas de Camisea, la responsabilidad de las empresas concesionarias y la capacidad del poder político para colocar las necesidades ciudadanas por encima de los intereses particulares.

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Política

Galarreta y Miki torres: una disputa por el poder sacude a Fuerza Popular

La pugna entre el jefe del gabinete y el presidente del Senado, alimentada por la distribución de cargos y la salida de trabajadores parlamentarios, estalla cuando el Congreso aprueba las facultades legislativas en seguridad ciudadana y prevención ante El Niño. El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta además una caída de su aprobación, que pasó de 57 % a 40 % en dos meses.

Published

5 días ago

23/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Luis Galarreta y Miguel “Miki” Torres, las dos figuras que sostienen al Gobierno desde la Presidencia del Consejo de Ministros y la del Senado, compiten desde finales de agosto de 2026 por el control de los cargos públicos y del personal del Congreso, según algunos medios. Ambos lo niegan, pero las contrataciones cuestionadas, los despidos denunciados y las filtraciones atribuidas alimentan esa versión.

Lo que está en juego es quién pesa más en las decisiones de la presidenta y quién maneja los puestos en el aparato estatal y parlamentario. La disputa se hizo visible el 19 de octubre, cuando se difundió que Galarreta habría ordenado, a finales de septiembre, la salida de trabajadores vinculados a Miki Torres. La tensión se desarrolla entre la PCM y el Senado, las dos sedes desde las que ambos dirigen la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Dos cargos en el centro del oficialismo

Galarreta encabeza el Consejo de Ministros, la posición desde la cual se coordina la agenda del Gobierno. Ha conducido las negociaciones con el Parlamento y defiende las medidas del Ejecutivo en seguridad ciudadana y prevención frente a El Niño.

Torres preside el Senado y participa en la conducción de la actividad parlamentaria. De su cámara dependen los plazos y el alcance de lo que el Ejecutivo solicita al Congreso.

Ambos pertenecen a Fuerza Popular, y de su entendimiento depende que las iniciativas del Gobierno avancen. Por eso cualquier roce entre ellos alcanza la relación entre los dos poderes.

Los despidos y la posible salida de Galarreta

El 19 de octubre, el periodista Rodrigo Chillitupa publicó en X que, según fuentes congresales, Galarreta habría dispuesto a finales de septiembre el despido de trabajadores del servicio parlamentario. Los afectados estarían vinculados a Torres y a Fuerza Popular.

Chillitupa repitió la información en una entrevista con La República. Relacionó los cambios de personal con un supuesto malestar político y con versiones sobre una eventual sustitución de Galarreta antes de que termine 2026.

Una contratación y una filtración atribuida

A finales de agosto, medios de comunicación informaron de la contratación de María Alzamora Carrillo, esposa de Galarreta, en el despacho de la diputada de Fuerza Popular Ana Patiño. Los reportes recogieron su trayectoria en el Congreso, el sector privado y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Galarreta respondió que su esposa cumplía los requisitos, que no había sido contratada por su despacho y que tenía experiencia previa en el sector público y privado. Poco después circularon versiones según las cuales la información se había filtrado desde el entorno de Torres.

“Un hermano menor”

El 30 de agosto, Galarreta rechazó las versiones sobre facciones enfrentadas dentro del Ejecutivo. Afirmó que Torres era para él como un hermano menor.

En esa misma declaración descartó además que existieran grupos políticos enfrentados alrededor de su persona. Fue su primera respuesta pública a los rumores sobre una disputa con el presidente del Senado.

Posteriormente, en una entrevista con Nicolás Lúcar en Exitosa, volvió a negar una confrontación con Torres y aseguró que ambos eran amigos. Contó que él, el presidente del Senado y Keiko Fujimori habían conversado, antes de asumir sus cargos, sobre la posibilidad de que surgieran versiones destinadas a enfrentarlos.

Las facultades: la prueba en el Senado

Dos días después de la denuncia de Chillitupa, el 21 de octubre, el Senado que preside Torres aprobó la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo. La votación fue de 35 a favor, 18 en contra y seis abstenciones.

La autorización comprende 27 materias sobre seguridad ciudadana y prevención frente a El Niño, por 90 días. El Gobierno había pedido 66: la Cámara de Diputados aprobó 20 y el Senado añadió siete.Era el pedido que Galarreta había negociado desde la PCM.

Torres en el debate

Durante la discusión, Torres defendió la necesidad de avanzar con la delegación y pidió celeridad en el debate parlamentario. Su postura coincidía con lo que Galarreta necesitaba del Senado.

En septiembre, mientras circulaban las versiones sobre su distanciamiento, ya había dicho que la ciudadanía esperaba respuestas ante la inseguridad y El Niño. Entonces respaldó que el Congreso decidiera a tiempo.

El presidente del Senado sostuvo así, en público, la agenda del jefe del gabinete en el trámite más importante del año. Las diferencias atribuidas a ambos no se vieron en la votación.

El Niño, la agenda compartida

La prevención frente a El Niño es una de las materias incluidas en las facultades. El 16 de octubre, tres días antes de la denuncia, la Comisión Multisectorial ENFEN publicó su comunicado número 18 de 2026, con el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

El texto aprobado permite al Ejecutivo adoptar medidas sobre la respuesta ante emergencias y la entrega de ayuda humanitaria. Contempla que el Instituto Nacional de Defensa Civil actúe de forma directa y excepcional durante los primeros días de un desastre.

Un Gobierno que pierde respaldo

Las facultades se aprobaron con el Gobierno en descenso. La encuesta de Ipsos para Perú21, publicada el 16 de octubre, registró 40 % de aprobación y 49 % de desaprobación para Keiko Fujimori.

En agosto, cuando surgieron los primeros rumores, la aprobación era de 57 % y la desaprobación de 25 %. Las negativas de Galarreta y la denuncia de los despidos se produjeron dentro de ese descenso de 17 puntos.

El Senado y la Cámara de Diputados obtuvieron 25 % de aprobación cada uno, frente a 51 % de desaprobación. El 79 % de los encuestados opinó que el Congreso debe cooperar con el Gobierno sin abandonar la fiscalización.

Los dos nombres, en el podio y en la mira

La Encuesta del Poder 2026, de Ipsos para Semana Económica y difundida el 4 de octubre, colocó a Fujimori en el primer lugar de percepción de poder, con 97 %. Galarreta quedó segundo, con 70 %, y Torres tercero, con 63 %.

La misma encuesta preguntó a quién debería dejar de escuchar la presidenta. Galarreta encabezó la lista con 26 % de las menciones, y Torres reunió 9 %.

Los protagonistas de la disputa aparecen así entre quienes más poder concentran y entre los nombres que más cuestionan los líderes de opinión. El sondeo se realizó entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre, con 183 integrantes del panel de Ipsos.

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