Diputado César Holguín rechaza adendas de Cálidda y TGP: “No vamos a permitir que posterguen nuevamente a nuestra región» [VIDEO]

Política Diputado César Holguín rechaza adendas de Cálidda y TGP: “No vamos a permitir que posterguen nuevamente a nuestra región» [VIDEO] El diputado de Ahora Nación advierte que las modificaciones contractuales podrían poner en riesgo el proyecto de distribución de gas y cuestiona la falta de…

Política

El diputado de Ahora Nación advierte que las modificaciones contractuales podrían poner en riesgo el proyecto de distribución de gas y cuestiona la falta de estudios comparativos sobre rentabilidad social, seguridad energética y desarrollo regional. Junto con las organizaciones sociales, exige que las decisiones prioricen los intereses de la población y no se adopten al margen de la competencia.

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10 minutos ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El diputado César Holguín expresó su rechazo a las condiciones planteadas para una eventual adenda con Cálidda y a la propuesta de modificación contractual de Transportadora de Gas del Perú (TGP), al considerar que ambas alternativas podrían perjudicar las aspiraciones de desarrollo energético de su región.

“Si se firma esa adenda con Cálidda en esos términos, es decirle adiós a otros proyectos y eso no lo vamos a permitir”, advirtió el parlamentario.

Holguín también rechazó la posibilidad de impulsar una adenda con TGP para trasladar el gas por la costa sin que, según sostuvo, existan criterios de seguridad suficientes. Para el diputado, ambas propuestas representan un riesgo de postergación para la región y sus demandas de acceso a los recursos energéticos.

“Con ambas fórmulas, lo que se está haciendo es postergar nuevamente a nuestra región”, manifestó, al remarcar que esta posición es compartida con las organizaciones sociales involucradas en la defensa de los intereses regionales.

Cuestiona falta de competencia y rentabilidad social

Uno de los principales cuestionamientos del diputado está dirigido a la forma en que se estarían planteando las modificaciones contractuales. Holguín sostuvo que las denominadas “adendas a dedo” entrarían en conflicto con el principio de competencia y con los objetivos de desarrollo regional.

Asimismo, señaló que, hasta la fecha, no se habría presentado un estudio comparativo que permita sustentar las decisiones desde el principio de rentabilidad social. En esa línea, cuestionó que las propuestas no demuestren, a su juicio, beneficios concretos para la población ni garantías suficientes para la seguridad energética.

El parlamentario insistió en que las decisiones sobre el transporte y la distribución del gas deben responder a criterios técnicos, transparentes y orientados al interés público. En ese sentido, consideró que no basta con modificar las condiciones contractuales si no se acredita cómo estas contribuirán al bienestar de la población y al desarrollo de la región.

Organizaciones sociales respaldan la defensa regional

El diputado Holguín afirmó que la posición expresada responde también a una preocupación compartida con las organizaciones sociales, que buscan evitar que las decisiones sobre la infraestructura gasífera releguen nuevamente las necesidades regionales.

El debate, según el planteamiento del diputado, no se limita a las condiciones de las adendas con Cálidda y TGP, sino que involucra el futuro del proyecto de distribución de gas, la seguridad del transporte y la posibilidad de que la región acceda a beneficios concretos derivados de su desarrollo energético.

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Íber Maraví sobre las facultades legislativas: “Nosotros, los de Juntos por el Perú, sabíamos del peligro que corría” [VIDEO]

Redacción Lima Gris

Política

Íber Maraví sobre las facultades legislativas: “Nosotros, los de Juntos por el Perú, sabíamos del peligro que corría” [VIDEO]

El senador de Juntos por el Perú cuestionó a las fuerzas políticas que impulsaron el envío del pedido de facultades legislativas de Diputados al Senado y sostuvo que ahora deben explicar por qué respaldaron una propuesta limitada a 20 facultades.

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28 minutos ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por: Mónica Aguilar Obregón

El debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo continúa generando cuestionamientos en el Senado. El senador Íber Maraví, de Juntos por el Perú, responsabilizó a las agrupaciones Obras, Ahora Nación y Buen Gobierno por impulsar el traslado del pedido de facultades legislativas de Diputados al Senado. Según sostuvo, estas fuerzas políticas deben explicar las razones de su decisión.

Maraví sostuvo que su agrupación política había advertido sobre los riesgos de que el pedido de facultades fuera sometido a una nueva evaluación en la Cámara Alta, donde podría ampliarse el número de atribuciones otorgadas al Gobierno.

“Ellos han hecho un esfuerzo para que solo se le dé 20 facultades al Ejecutivo. Ellos son los responsables de que Diputados haya pasado al Senado”, manifestó el parlamentario, al marcar distancia de la decisión adoptada por esas fuerzas políticas.

El senador explicó que Juntos por el Perú defendía una posición distinta: evitar que la propuesta pasara al Senado, precisamente por la posibilidad de que el alcance de las facultades se extendiera durante el debate parlamentario.

“Nosotros, los de Juntos por el Perú, sabíamos del peligro que corría, que se podía ampliar en el Senado”, señaló, al justificar la postura de su bancada frente al procedimiento seguido.

Maraví exige explicaciones a las fuerzas políticas

El parlamentario insistió en que las agrupaciones que impulsaron el traslado de la propuesta deben asumir la responsabilidad política de esa decisión y explicar los motivos que las llevaron a respaldarla.

“Ahora ellos deben responder, me refiero a estas tres fuerzas políticas, deben responder cuáles son sus razones, nosotros no”.

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión sobre el alcance de las facultades legislativas que el Ejecutivo busca obtener y las condiciones que el Parlamento considera necesarias para autorizar su ejercicio.

¿Se ampliará el número de facultades?

Maraví también se refirió a la posibilidad de incorporar nuevos temas al pedido del Ejecutivo. Según indicó, el senador Barragán habría anunciado que existe disposición para aceptar la inclusión de algunas materias adicionales.

Frente a ese escenario, el representante de Juntos por el Perú consideró que corresponde a las fuerzas políticas que promovieron el traslado de la propuesta definir y explicar su posición sobre una eventual ampliación.

“El señor Barragán ha anunciado que incluso ellos pueden aceptar que se incluyan algunos temas más, bueno, la pregunta está en la cancha de ellos”, expresó.

El pronunciamiento vuelve a poner en evidencia las diferencias políticas en torno al mecanismo para aprobar estas atribuciones y plantea una interrogante central: ¿se mantendrá el límite de 20 facultades o el Senado abrirá la puerta a incorporar nuevas materias al pedido del Gobierno?

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Política

Keiko Fujimori en picada: la luna de miel duró apenas un mes

A 79 días de asumir el mando, la aprobación de la presidenta cayó entre 6 y 18 puntos según Datum, CB Global Data y AtlasIntel. Las tres coinciden en el sentido de la caída; no en su profundidad.

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55 minutos ago

16/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

La presidenta Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno el 28 de julio con el respaldo de más de la mitad del país. Menos de tres meses después, ese respaldo cayó: la encuesta más reciente de AtlasIntel la ubica en 28,3 % de aprobación, 14,5 puntos menos que un mes antes, con una desaprobación de 53,6 %.

Las cifras reflejan cómo se fueron enfriando las altas expectativas con las que fue recibida. Fujimori llegó con una promesa clara: restablecer el orden. Venía de años en los que la inseguridad crecía y la política no daba tregua; en la última década, Perú cambió de presidente nueve veces. A eso se sumaba un orgullo económico: el país presumía de tener una de las economías más estables de la región. Hoy, según AtlasIntel, solo Argentina inspira menos confianza económica entre las principales economías latinoamericanas.

Las cifras, de agosto a octubre

Cuatro encuestadoras han medido a la presidenta desde que empezó el gobierno, y todas muestran el mismo movimiento. Datum la tenía en 60 % de aprobación en agosto y en 42 % en septiembre, con 44 % de rechazo. El IEP, que no tenía una medición previa, la ubicó en 37 %, con 49 % de rechazo. Ya en octubre, CB Global Data registró una baja de 52,4 % a 46,3 %, con 50,8 % de desaprobación, y AtlasIntel, una caída de 42,8 % a 28,3 %, con 53,6 % de rechazo.

Los números no son estrictamente comparables, porque cada firma usa su propia metodología y sus propias fechas de campo, pero la tendencia es nítida. En paralelo, el rechazo aumentó en las tres mediciones que tienen un dato anterior: en Datum pasó de 24 % a 44 % en un mes; en CB Global Data, de 45,1 % a 50,8 %; en AtlasIntel, de 40,3 % a 53,6 %. El punto de partida de ese descenso está en las urnas.

Una victoria por menos de 50 000 votos

En la primera vuelta del 12 de abril participaron 35 candidatos y ninguno alcanzó la mayoría absoluta. Fujimori obtuvo 2 877 678 votos, alrededor de 17,2 % de los válidos, y ganó en la costa norte y en la Amazonía, con hasta 34,13 % en Tumbes y 29,68 % en Ucayali. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró 2 015 114 votos, y Rafael López Aliaga quedó tercero con 1 993 904, a apenas unos 21 mil votos de entrar al balotaje. El Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados el 17 de mayo.

La segunda vuelta del 7 de junio fue una de las más reñidas de los últimos procesos electorales. Con el 100 % de las actas contabilizadas, la ONPE informó el 29 de junio que Fujimori obtuvo 9 223 396 votos (50,135 % de los votos válidos) y Sánchez 9 173 755 (49,865 %): una diferencia de 49 641 votos. El Jurado Nacional de Elecciones la proclamó presidenta electa el 3 de julio.

Fujimori llegó así al cargo en su cuarto intento, después de perder tres segundas vueltas consecutivas. Asumió el 28 de julio, con Luis Galarreta como presidente del Consejo de ministros, y prometió restablecer el orden institucional. Un mes más tarde llegaron las primeras mediciones de su gestión.

Septiembre: el primer mes y el primer golpe

Las primeras alarmas sonaron a mediados de septiembre. Datum, en una encuesta para América Televisión realizada entre el 11 y el 15 de ese mes a 1 204 personas, con un margen de error de 2,8 %, mostró que la aprobación había caído 18 puntos en apenas cuatro semanas de gestión: de 60 % a 42 %. En la misma medición, la desaprobación pasó de 24 % a 44 %.

El IEP, que entrevistó a 1 202 personas entre el 4 y el 10 de septiembre, con el mismo margen de error, la situó en 37 %, con 49 % de rechazo y 5 % sin opinión. Ese estudio midió también al Congreso de la República: 65 % lo desaprueba. Octubre trajo dos nuevas mediciones, y con ellas una comparación con el resto de la región.

Octubre: la caída que se vuelve regional

El 12 de octubre, CB Global Data difundió su ranking mensual de presidentes latinoamericanos, con una encuesta realizada del 5 al 8 de octubre en 18 países. Fujimori figura con 46,3 % de aprobación, frente a 52,4 % del mes anterior: una baja de 6,1 puntos, la mayor de la región. Pasó del cuarto al séptimo lugar, todavía por delante de Lula da Silva (45,3 %), José Antonio Kast (38,8 %) y Javier Milei (36,1 %). Su desaprobación subió de 45,1 % a 50,8 %.

Dos días después, la encuesta LatAm Pulse de AtlasIntel, publicada el 14 de octubre, mostró que la aprobación cayó de 42,8 % a 28,3 % y la desaprobación subió de 40,3 % a 53,6 %. Además, el 50,2 % calificó la gestión de mala o muy mala, mientras que cerca de uno de cada cinco (19,1 %) la considera buena o excelente.

El mismo sondeo midió imagen personal: Fujimori tiene 34 % de opinión favorable, por encima del premier Luis Galarreta, que registra 15 %. La encuesta indaga también por la situación del país, empezando por la economía.

Economía: pesimismo, inflación y la sombra de El Niño

Según AtlasIntel, 62 % de los peruanos cree que la economía va mal y solo 22 % piensa que va bien. Un porcentaje similar, 64 %, evalúa negativamente el mercado laboral. Los tres indicadores empeoraron frente al mes anterior.

El Banco Central de Reserva recortó su proyección de crecimiento para 2026 a 3,2 %, la inflación acumula siete meses por encima del techo de la meta oficial y se anticipa un Fenómeno de El Niño que sería el más intenso registrado hasta ahora, con efectos sobre la agricultura y la pesca.

Los datos de actividad, sin embargo, siguen en positivo: según reportes de prensa económica, la economía creció 3,56 % en julio, por encima de lo previsto, y 3,23 % en agosto. El gobierno anunció además un aumento del salario mínimo. La otra preocupación que mide AtlasIntel es la delincuencia.

Inseguridad: las medidas del gobierno

El 42 % de los encuestados por AtlasIntel identifica la inseguridad como uno de los principales problemas del país. Aunque esa cifra sigue muy por debajo de los máximos de hace un año, subió más de tres puntos respecto de la medición anterior. Un estudio de opinión realizado para El Comercio halló que el 57 % cree que el gobierno no tiene una estrategia clara en seguridad ciudadana, y el IEP encontró que seis de cada diez ven al gobierno poco o nada preparado para enfrentar la inseguridad.

El Ejecutivo ha respondido con medidas de seguridad. Anunció un mando unificado entre la Policía y las Fuerzas Armadas, junto con la expulsión de extranjeros que cometan delitos, y, el 7 de octubre, desde una base militar de Lima, un equipo de élite contra la delincuencia formado por agentes y militares. La semana pasada, la presidenta compareció en un acto flanqueada por soldados, y aludió a la lucha contra el terrorismo de los años noventa, durante el gobierno de su padre. También ha inspeccionado penales, como El Milagro, en Trujillo, y asegura que su gobierno inició la recuperación de los establecimientos penitenciarios. Parte de ese plan depende del Congreso.

El pulso con el Congreso por las facultades

El frente político más visible es el pedido de facultades legislativas. El gabinete que preside Luis Galarreta solicitó 120 días de poderes delegados para desarrollar 66 medidas, con el argumento de cerrar brechas sociales, destrabar obras paralizadas, prepararse ante El Niño y enfrentar la criminalidad. El premier sustentó el pedido durante unas tres horas ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, acompañado de seis ministros. Cuatro comisiones de esa cámara rechazaron por mayoría el pedido, mientras que las de Ambiente y Defensa se pronunciaron a favor.

El trámite ha sido accidentado. La Cámara de Diputados aprobó una versión considerablemente más limitada de la solicitud y el proyecto está ahora en el Senado, donde, según El Comercio, un predictamen de la Comisión de Constitución plantea rechazarlo y archivarlo. Tras dos primeros meses más conciliadores, en los que buscó formar coaliciones en el Congreso, la presidenta endureció su tono a fines de septiembre: con el debate ya en su sexta semana, dijo que los legisladores estaban “poniendo a prueba nuestra paciencia”. Galarreta ha insistido en que, con o sin facultades, el gobierno pondrá orden, y que lo que no se otorgue se tramitará por proyectos de ley o decretos de urgencia. La Confiep, gremio empresarial, pidió madurez política en el debate.

Miradas hacia Washington y San Salvador

Perú se sumó al Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, y la decisión divide a la opinión pública. Según AtlasIntel, cerca de la mitad de los encuestados valora de forma desfavorable que los gobiernos de la región se alineen con las políticas de seguridad de Estados Unidos, y un 33 % afirma que esa alineación limita gravemente la autonomía del país en la lucha contra el crimen organizado.

A fines de octubre está prevista una visita de la presidenta a El Salvador, por invitación del presidente Nayib Bukele, a quien Fujimori ha elogiado abiertamente. El ministro Alberto Beingolea consideró el viaje “perfectamente pertinente”.

Educación: nuevas medidas escolares

Esta semana, la presidenta anunció planes para prohibir el maquillaje, las uñas pintadas y el pelo excesivamente largo o teñido en los colegios públicos, y para revisar la longitud de las faldas del uniforme, tras el caso de agresión sexual de gran repercusión ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. Los críticos han establecido paralelismos con las medidas que el presidente salvadoreño aplicó el año pasado en las escuelas de su país. El gobierno ha propuesto además el Plan Nacional de Educación 2026-2031.

Lo que viene

Ninguno de los frentes está cerrado. En el Congreso, el Senado debe decidir qué hace con el pedido de facultades, después de que Diputados aprobara una versión más acotada. A fines de octubre la presidenta viajará a El Salvador, invitada por Nayib Bukele. Y a comienzos de noviembre el gobierno cumplirá sus primeros 100 días, con nuevas mediciones de Datum y el IEP en el horizonte para saber si la caída sigue o se frena.

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Política

Senador Jorge Gavidia impulsa Foro sobre Innovación y Transferencia Tecnológica para impulsar el Desarrollo Rural

El encuentro busca identificar las principales demandas de los productores agropecuarios, especialmente de la Amazonía, y promover propuestas que articulen tecnología, ciencia, financiamiento y acceso a mercados para mejorar la productividad del campo peruano. Entre las iniciativas que se analizarán figura la implementación de proyectos piloto de tecnoparques rurales.

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1 día ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El desarrollo rural de la Amazonía requiere mucho más que producción agrícola: necesita tecnología, financiamiento, capacitación y acceso a mercados que permitan a los pequeños productores mejorar sus ingresos y dar mayor valor agregado a sus cosechas.

Bajo esa perspectiva, el senador Jorge Gavidia explicó los objetivos del Foro de Innovación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural, una iniciativa promovida desde el Senado para identificar las principales demandas del sector agropecuario y explorar soluciones aplicadas a la realidad peruana.

La propuesta contempla recoger las experiencias de los gremios de productores, articular esfuerzos con las instituciones del Ejecutivo y la comunidad científica, y evaluar modelos internacionales que integren innovación, financiamiento y comercialización. Entre las alternativas planteadas figura la implementación de tecnoparques rurales que faciliten la transferencia de conocimientos y tecnología, con miras a desarrollar proyectos piloto que posteriormente puedan replicarse en otras zonas del país.

Senador, ¿cuál es el objetivo central de este foro? ¿Qué problema concreto del campo peruano busca contribuir a resolver?

El foro tiene por finalidad retomar las demandas del sector rural, especialmente de las actividades agropecuarias, como las que desarrollan los productores de café y cacao. En este caso, está más enfocado en la Amazonía y en su desarrollo rural.

El Senado ha creado la Comisión Especial de Transferencia Tecnológica e Innovación Rural, con el propósito de tener mayor claridad sobre las demandas de los diferentes sectores. Los principales participantes son los gremios de productores de café, cacao, jengibre, cítricos y plantas medicinales, además de representantes del Ejecutivo y de instituciones vinculadas a la innovación y la investigación, como el Midagri, Concytec y otras entidades.

El objetivo es recabar información y actualizar las demandas del sector, teniendo en cuenta el contexto del fenómeno El Niño y la crisis global que afecta a los mercados.

¿A quiénes está dirigido este foro? ¿Cómo se garantizará que las necesidades y experiencias de los propios productores rurales sean escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones públicas?

Está dirigido a todos esos actores: la academia, el Ejecutivo y los gremios de productores, participan instituciones del Gobierno, principalmente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Presidencia del Consejo de Ministros, Devida y Concytec. Además, del Senado como parte del Poder Legislativo.

La posibilidad de trasladar estas demandas a políticas públicas dependerá del análisis que se realice en esta primera etapa, en relación con las facultades solicitadas por el Ejecutivo. También dependerá de los mecanismos de fiscalización a los que tenemos acceso para evaluar los avances del Gobierno en el sector rural, especialmente en la Amazonía.

Pequeños productores enfrentan dificultades para acceder a tecnología, capacitación, conectividad y financiamiento. ¿Qué propuestas concretas se discutirán para que la innovación y los conocimientos científicos lleguen al campo y mejoren la productividad y los ingresos de las familias agricultoras?

Entre las propuestas concretas se encuentran las experiencias de países como India y Corea del Sur, que han promovido el desarrollo rural mediante la transferencia tecnológica, el acceso a los mercados y el financiamiento. La integración y el acompañamiento a los productores requieren una estrategia en la que los tecnoparques o parques tecnológicos desempeñen un papel fundamental en la transferencia de capacidades, incluyendo el financiamiento y el acceso a los mercados.

Esto también nos permitirá explorar nuevos enfoques para programas de Agrobanco o del Banco Agrario del Perú, a fin de generar, por ejemplo, financiamiento vinculado a la industria y a la transformación de los productos de la Amazonía.

Existen experiencias internacionales, como la de Rabobank, que relacionan el financiamiento con la seguridad de contar con mercados. A ello se incorporaría la tecnología para identificar procesos de alto impacto que puedan desarrollarse a partir de los productos amazónicos.

Más allá de las exposiciones y el intercambio de ideas, ¿qué resultados concretos se esperan de este foro? ¿Se establecerán compromisos, una hoja de ruta o acuerdos para que las propuestas se traduzcan en acciones y beneficios verificables para las comunidades rurales?

Este es un primer foro que establece el compromiso de mantener la comunicación entre los diferentes actores y articular el trabajo principalmente con el Midagri (Ministerio de Agricultura) y la PCM, (Presidencia del Consejo de Ministros) así como con el Ministerio de la Producción, por ejemplo, mediante los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).

A partir de esa articulación, buscamos construir una serie de propuestas, especialmente proyectos piloto de tecnoparques en puntos estratégicos del país. Estos podrían constituir un primer paso para analizar y adecuar la propuesta, con miras a ampliarla posteriormente a escala nacional.

La iniciativa también contempla la vinculación con la cooperación internacional, después de este foro se realizarán otros encuentros enfocados en los Andes y la Amazonía, además de espacios relacionados con el comercio exterior, la ciencia y la tecnología. La finalidad es sumar esfuerzos y establecer algún proyecto piloto de tecnoparques que contribuya al desarrollo rural.

Una propuesta que deberá traducirse en resultados

Las declaraciones del senador Jorge Gavidia sitúan la innovación tecnológica como una herramienta para cerrar brechas históricas en el campo peruano, la apuesta por los tecnoparques busca vincular a los productores con el conocimiento científico, el financiamiento y los mercados, especialmente en las cadenas productivas amazónicas.

Sin embargo, el desafío será convertir las propuestas recogidas en el foro en compromisos institucionales, proyectos financiados y mecanismos de seguimiento que permitan medir sus resultados. La viabilidad de los proyectos piloto dependerá de la coordinación entre las entidades públicas, los gremios agrarios, la academia y la cooperación internacional.

El foro marca así un primer paso para discutir cómo llevar la innovación al campo. La siguiente etapa será determinar qué propuestas pueden implementarse, con qué recursos y en qué plazos, para que la transferencia tecnológica se refleje en mejores oportunidades para las familias agricultoras.

El foro se realizará:

15 de octubre de 2026

8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Auditorio José Faustino Sánchez Carrión – Congreso de la República.

INGRESO LIBRE – PREVIA INSCRIPCIÓN

Inscríbete aquí:

https://bit.ly/4yDZtrB

O por Whatsapp: 998 849 991, 934 140 134, 954 716 118.

Durante la jornada desarrollaremos tres preguntas centrales:

BLOQUE 1 – DIAGNÓSTICO Y OPORTUNIDADES

¿Cuáles son las principales barreras que impiden que los productores de la Selva Central capturen mayor valor y qué oportunidades concretas existen para mejorar productividad, transformación y acceso a mercados?

BLOQUE 2 – INNOVACIÓN Y SOLUCIONES

¿Qué instrumentos concretos de tecnología, financiamiento, investigación, asistencia técnica y articulación empresarial pueden aplicarse para solucionar las brechas identificadas?

BLOQUE 3 – ACUERDOS Y SEGUIMIENTO

¿Qué acciones concretas podemos acordar hoy y cuáles requieren seguimiento institucional después del foro?

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Política

Senador Íber Maraví exige disculpas a Calisto Giampietri: “No solo me falta el respeto a mí, le falta el respeto al pueblo” [VIDEO]

El senador cuestionó la actitud que atribuye a su colega Calisto Giampietri y sostuvo que, frente a un comportamiento que considera descortés y matonesco, corresponde reconocer el error y ofrecer disculpas. Además, rechazó la versión de que habría faltado el respeto a dos mujeres y afirmó que los videos del incidente contradicen esa explicación. “Debería nacerle a él decir: bueno, me equivoqué”, sentenció.

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2 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador Iber Maraví elevó el tono de sus cuestionamientos contra su colega Calisto Giampietri, a quien reprochó la actitud que, según su versión, protagonizó durante un incidente entre ambos. Para Maravi, el respeto entre representantes políticos no es un asunto menor, sino una obligación frente a sus colegas y a los ciudadanos que los eligieron.

“Eso es lo que nos enseñan nuestros padres, además desde inicial, y nos sirve para toda la vida”, manifestó el parlamentario, al defender la necesidad de reconocer los errores cuando se incurre en una conducta que considera incorrecta.

Maravi sostuvo que quien actúa de manera “malcriada, descortés, matonescamente” debe ofrecer disculpas y realizar una autocrítica. En esa línea, cuestionó que un representante político adopte una actitud confrontacional frente a otro parlamentario.

“¿Cómo yo podría ver a un señor que no solo le falta el respeto a una persona, a su colega que soy yo, sino que con eso está faltando el respeto al pueblo, incluso a los que lo han elegido, para venir bravuconamente a pecharme y decirme: ‘Afuera lo arreglamos’?”, expresó.

Consultado sobre si había esperado que Calisto Giampietri le pidiera disculpas, Maravi respondió que no considera necesario solicitarlas, pues, a su juicio, el reconocimiento del error debería surgir de manera espontánea.

“Mire, yo no le solicito. Debería nacerle a él y decir: ‘Bueno, me equivoqué’”, afirmó.

El senador también rechazó la versión de Calisto Giampietri, quien, según relató Maravi, habría sostenido que se interpuso entre él y dos mujeres a las que supuestamente estaba faltando el respeto. El parlamentario negó esa interpretación y aseguró que las imágenes del incidente respaldan su versión de los hechos.

“Y mentir descaradamente, y él dice que se interpuso entre mí y dos damas a quienes yo estaba faltando el respeto, cuando los videos son categóricos y yo estaba en una discusión con el ministro Astudillo. O sea, es increíble”, manifestó.

Un conflicto que exige explicaciones

Las declaraciones de Maravi ponen nuevamente el foco en la conducta de los representantes políticos y en la necesidad de que las diferencias entre parlamentarios se resuelvan sin amenazas ni expresiones intimidatorias.

El senador considera que una disculpa no debería depender de una exigencia de la persona afectada, sino de la capacidad de reconocer una conducta inapropiada. Por ello, insiste en que Calisto Giampietri debería asumir su responsabilidad y rectificar lo ocurrido.

Mientras tanto, Maravi mantiene su rechazo a la versión que atribuye a su colega y apela a los registros audiovisuales como elemento para esclarecer el incidente. Su posición es clara: el respeto entre autoridades no solo compromete a quienes protagonizan una confrontación, sino también a la ciudadanía a la que representan.

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Política

Diana Gonzales: más de diez carpetas fiscales por presunta corrupción vinculan a la directora del Pronabec

Diana Gonzales Delgado, actual directora de Pronabec registra un rosario de carpetas fiscales en el Distrito Fiscal Lima Anticorrupción. En todos estos expedientes, la funcionaria aparece en calidad de investigada o imputada por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

Published

2 días ago

14/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

El 1 de septiembre de 2026, Gonzales Delgado fue designada directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) mediante la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, refrendada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Según la información a la que tuvimos acceso, la funcionaria Diana Gonzales, tiene más de diez carpetas fiscales en trámite, siendo la de actuaciones fiscales más reciente el Caso N.° 506015506-2019-44-2. Esta causa fue elevada a la 4.ª Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima el 26 de noviembre de 2025 en estado de audiencia de apelación por el delito contra la administración pública.

Las imputaciones globales contenidas en el conjunto de expedientes abarcan presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, peculado por apropiación o utilización culposa de caudales destinados a asistencia social, colusión simple, colusión ilegal, colusión con defraudación patrimonial al Estado y delitos genéricos contra la administración pública. Las causas se tramitan ante las fiscalías provinciales Corporativas y las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima.

Entre los casos abiertos en primera instancia, cuatro carpetas derivadas de la investigación matriz de 2019 registran disposición de acusación fiscal emitida el 27 de junio de 2022 por la 1.ª fiscalía provincial Anticorrupción de Lima. Se trata de los casos 506015505-2019-41-0, 506015505-2019-41-2, 506015505-2019-41-3 y 506015505-2019-41-4, en los cuales se le atribuyen cargos por presunta negociación incompatible, peculado culposo, colusión simple y delitos contra la administración pública.

Asimismo, el caso 506015505-2021-44-2 registra la formalización de la investigación preparatoria dispuesta el 18 de enero de 2023 en la 1.ª fiscalía provincial Anticorrupción de Lima por delito contra la administración pública, marcando la etapa judicializada del proceso penal.

Fuente: Ministerio Público.

Junto al caso tramitado en la 4.ª Fiscalía Superior en noviembre de 2025, otras tres investigaciones (506015506-2019-44-1, 506015506-2019-44-3 y 506015505-2021-380-0) se encuentran en audiencia de apelación en la instancia superior.

La carpeta 506015505-2019-41-6 figura en la 3.ª Fiscalía Superior con fecha de situación del 25 de octubre de 2022, mientras que los casos 506015506-2019-53-3 y 506015506-2019-53-4, 506015506-2019-53-5 se tramitan en la 3.ª y 2.ª Fiscalía Superior.

Fuente: Ministerio Público.

El cuadro de más de diez causas se completa con dos expedientes archivados preliminarmente en 2020 (506015505-2019-41-1 y 506015505-2019-48-0).

Fuente: Ministerio Público.

La existencia de estas investigaciones, acusaciones y apelaciones en el fuero anticorrupción no equivale a una sentencia judicial ni a una condena penal firme. Sin embargo, quedan algunas interrogantes referentes a las designaciones en el gobierno de la presidente Keiko Fujimori:

Al momento de firmar la Resolución Ministerial N.° 514-2026-MINEDU, ¿tenía el ministro José Antonio Chang conocimiento de las diez carpetas abiertas en el Distrito Fiscal Lima Anticorrupción, que incluyen tres acusaciones fiscales formalizadas en 2022 y una investigación preparatoria judicializada en 2023 contra Diana Gonzales?

Finalmente, el ministro de educación deberá explicar por qué la insistencia en la designación de funcionarios con carpetas fiscales abiertas por presuntos delitos de corrupción.

Este medio se comunicó con la dirección del Pronabec para solicitar el descargo formal de Diana Carolina Gonzales Delgado sobre las causas tramitadas ante las Fiscalías Anticorrupción de Lima. Al cierre de esta edición, la funcionaria no envió comentarios ni respuestas a nuestro pliego de preguntas.

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Política

Senadora Ruth Luque cuestiona a Carlos Mesía: “Hay que cambiarle el nombre por comisión selectiva” [VIDEO]

La parlamentaria del partido Ahora Nación, cuestionó al presidente de la comisión, Carlos Mesía, por excluir a varios integrantes del Consejo Consultivo del debate sobre la posible desnaturalización del tema en discusión. Advirtió que entre los especialistas no invitados figuran César Landa, Juan Carlos Ruiz y Julissa Mantilla, y cuestionó que el trámite avance sin abordar previamente las observaciones planteadas.

Published

2 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

La senadora Ruth Luque cuestionó la forma en que Carlos Mesía viene conduciendo el debate y expresó su preocupación por la participación de los especialistas convocados para analizar el tema en discusión. A su juicio, se debió considerar desde el inicio la intervención de todos los integrantes del Consejo Consultivo, en lugar de seleccionar únicamente a un grupo.

La parlamentaria sostuvo que esta decisión genera dudas sobre la pluralidad de las opiniones que se tomarán en cuenta durante el proceso. Por ello, criticó que un órgano consultivo termine funcionando, según su apreciación, como un espacio que recoge solo determinadas posiciones.

“El señor Carlos Mesía pudo haber sometido al debate desde el inicio, invitar a todos los integrantes del Consejo Consultivo. Lo que más bien hoy ha hecho es invitar al Consejo Consultivo, que ni siquiera suma a todos los integrantes. Ellos han invitado solo a un grupo de personas”, manifestó.

Al ser consultada sobre si estaba en desacuerdo con los integrantes del Consejo Consultivo, Luque aclaró que su cuestionamiento no se dirige contra los especialistas, sino contra la manera en que se ha organizado su participación.

La senadora aseguró que se comunicó con varios integrantes del Consejo Consultivo y señaló que algunos no habían sido invitados. Entre ellos mencionó al jurista César Landa, al abogado Juan Carlos Ruiz y a la doctora Julissa Mantilla.

“Yo he llamado a varios integrantes del Consejo Consultivo y varios no han sido invitados. No han invitado al señor Landa, no han invitado al abogado Juan Carlos Ruiz, no han invitado a la doctora Julissa Mantilla y no sé cuántos más”, afirmó.

Para Luque, la participación restringida de especialistas podría impedir que se escuchen diferentes puntos de vista sobre el asunto en debate. En ese sentido, dirigió sus críticas a Mesía y cuestionó el criterio utilizado para determinar quiénes tendrían la oportunidad de intervenir.

“Si ese es el espíritu que tiene el señor Mesía, que solo recoge las opiniones de un grupo, entonces hay que cambiarle el nombre: comisión selectiva”, expresó.

Cuestiona que el trámite avance sin discutir la posible desnaturalización

Otro de los puntos que generó preocupación en la senadora fue el procedimiento seguido para abordar la posible desnaturalización de la propuesta. Luque sostuvo que este asunto debió discutirse previamente, antes de continuar con el trámite del texto ampliado.

La parlamentaria cuestionó que el tiempo disponible no se hubiera aprovechado para examinar si el contenido de la propuesta mantenía su naturaleza original o si había experimentado modificaciones que debían ser debatidas.

“Voy también a preguntar cuándo va a haber un informe del Consejo Consultivo, porque primero debimos haber fijado ese tema. Pero, como no lo quieren hacer, entonces vamos a ir con el texto completamente ampliado y va a correr el trámite”, señaló.

Sus declaraciones reflejan su preocupación por que el procedimiento continúe sin que, desde su perspectiva, se hayan atendido cuestiones previas relacionadas con el análisis de la propuesta y la participación de los especialistas.

Luque advirtió que la decisión de convocar únicamente a un grupo de especialistas podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. Por ello, insistió en que la participación de los integrantes del Consejo Consultivo debe responder a criterios que permitan recoger distintas opiniones.

La senadora puso así el foco en dos aspectos de la controversia: la exclusión de especialistas que, según su versión, no fueron invitados y la necesidad de discutir la posible desnaturalización de la propuesta antes de que continúe su trámite.

Sus cuestionamientos dejan planteada una interrogante sobre los criterios utilizados para seleccionar a los participantes y el momento en que se evaluarán las observaciones formuladas. Para Luque, no basta con contar con opiniones especializadas: también es necesario que el proceso permita escuchar distintas posiciones y que los aspectos cuestionados se discutan oportunamente.

La controversia expuesta por la parlamentaria apunta, en definitiva, a la transparencia y la pluralidad del debate, así como a la necesidad de aclarar si las observaciones sobre el contenido de la propuesta serán atendidas antes de que avance el procedimiento.

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Política

No a diez años más: Cusco rechaza el “premio” de las adendas para Cálidda y TGP [VIDEO]

La audiencia pública descentralizada de la Comisión de Energía y Minas dejó una posición clara: el sur necesita gas natural y exige acelerar su masificación, pero rechaza que esa necesidad histórica se utilice para justificar adendas que otorguen diez años adicionales de concesión a Cálidda y TGP, sin suficientes garantías para el Estado y las regiones y pese a los antecedentes que arrastran ambas empresas.

Published

2 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Cusco se convirtió en escenario de una contundente señal política contra los planes del Gobierno para modificar los contratos vinculados al transporte y la distribución del gas natural. Durante la sesión descentralizada y audiencia pública de la Comisión de Energía y Minas, parlamentarios de distintas bancadas y ciudadanos cusqueños expresaron su rechazo a las adendas que se pretende otorgar a Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Cálidda.

La jornada, presidida por la diputada Yenifer Paredes Navarro, puso sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿puede el Estado ampliar por diez años las condiciones contractuales de los actuales concesionarios sin garantizar primero que los beneficios lleguen efectivamente a las regiones y a las familias que todavía esperan acceder al gas natural?

El reclamo no se limitó a una discrepancia contractual. Desde Cusco, una región estratégica para la producción gasífera nacional, se cuestionó que las decisiones sobre un recurso fundamental para la economía peruana puedan avanzar sin resolver antes las demandas históricas de masificación, acceso y reducción de los costos de la energía.

La discusión dejó en evidencia una contradicción que atravesó buena parte de la jornada: el sur necesita gas y reclama que llegue de una vez, pero esa necesidad no debería convertirse en el argumento para prolongar contratos por diez años más sin suficientes garantías para el Estado y las regiones.

Una discusión sobre el futuro del gas

La presidenta de la comisión, Yenifer Paredes, destacó la necesidad de examinar integralmente el sistema de abastecimiento y transporte del gas natural. El debate, según el planteamiento expuesto durante la sesión, debía considerar tanto las condiciones de los contratos como sus consecuencias para los hogares y el desarrollo industrial del país.

La posición expresada en Cusco fue clara: cualquier modificación contractual debe demostrar que responde al interés nacional y no únicamente a las necesidades comerciales de las empresas concesionarias. La masificación del gas en el sur, donde la población reclama desde hace años acceso a una fuente energética producida en su propio territorio, se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión.

El diputado César Holguín y la diputada Azucena Rojas participaron en una jornada en la que se cuestionó la posibilidad de avanzar con las adendas sin una explicación convincente sobre sus beneficios, costos y consecuencias para el país. La exigencia política fue que las condiciones de los contratos sean transparentes, fiscalizables y compatibles con una política energética que priorice a la ciudadanía.

El senador Wilfredo Verano también intervino en el debate parlamentario sobre el futuro del gas y las decisiones que corresponden al Estado. La coincidencia de representantes de ambas cámaras reforzó el mensaje de que las modificaciones contractuales no deberían tratarse como simples trámites administrativos, sino como decisiones con implicancias económicas y sociales para todo el Perú.

Osinergmin y las advertencias sobre la adenda

Uno de los puntos más delicados de la controversia es la posición de Osinergmin, organismo supervisor que ha formulado observaciones a la propuesta contractual vinculada con Cálidda. Sus reparos refuerzan la necesidad de evaluar si las condiciones planteadas ofrecen ventajas reales para el país o si, por el contrario, podrían trasladar costos adicionales a los usuarios.

La discusión sobre una eventual extensión de diez años del contrato de Cálidda adquiere especial relevancia porque compromete decisiones de largo plazo. No basta con anunciar nuevas obras, ampliaciones o inversiones: el Estado debe explicar cuánto se invertirá efectivamente, quién asumirá los riesgos, qué costos podrían ser reconocidos en las tarifas y cuáles serán los beneficios concretos para las regiones históricamente relegadas.

En ese contexto, las advertencias técnicas de Osinergmin deberán ser respondidas antes de adoptar una decisión que comprometa recursos e intereses nacionales. Si existen observaciones sobre las tarifas, las obligaciones contractuales o el impacto económico de la propuesta, corresponde absolverlas públicamente y explicar por qué, pese a ellas, el Gobierno considera conveniente avanzar con la adenda.

Cuestionamientos al ministro Shinno

La sesión también puso bajo escrutinio la actuación del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, por el impulso que su gestión viene dando a la adenda con Cálidda. Los cuestionamientos sobre un posible lobby a favor de la empresa plantean una exigencia elemental: que el Gobierno transparente sus gestiones y sustente por qué considera conveniente modificar las condiciones contractuales.

La sola promoción de una adenda no demuestra la existencia de una conducta irregular. Sin embargo, cuando una decisión puede extender compromisos por una década y tener repercusiones sobre las tarifas, la fiscalización parlamentaria resulta indispensable. El ministro debe explicar qué alternativas se evaluaron, cómo se atendieron las observaciones del organismo supervisor y qué garantías existen para evitar que los intereses empresariales se impongan sobre los del Estado.

El debate tampoco puede reducirse a una disputa entre el Gobierno y sus críticos. Está en juego la posibilidad de construir una política energética que conecte a más hogares, promueva la industrialización regional y permita que el gas natural se convierta en una herramienta efectiva de desarrollo.

Cusco exige decisiones, no promesas

La audiencia descentralizada dejó un mensaje político que trasciende las diferencias partidarias: el sur del Perú reclama participar en las decisiones sobre un recurso estratégico para su propio desarrollo. Los representantes de la ciudadanía demandaron que la masificación del gas natural sea una prioridad efectiva y no una promesa que se renueve cada vez que se discuten nuevos compromisos contractuales.

La sesión encabezada por Yenifer Paredes abrió un espacio para confrontar las propuestas del Ejecutivo con las demandas de parlamentarios, autoridades regionales, organizaciones sociales y ciudadanos. El desafío ahora consiste en convertir ese rechazo expresado en Cusco en fiscalización, transparencia y decisiones concretas.

El Gobierno deberá responder a una pregunta que quedó instalada durante el debate: ¿por qué avanzar con nuevas condiciones contractuales y otorgar diez años adicionales a los actuales concesionarios mientras persisten las demandas de acceso al gas y reducción de costos en las regiones del país?

La decisión no puede medirse únicamente por los intereses de las concesionarias ni por anuncios de futuras inversiones. Debe evaluarse por sus resultados concretos para la población.

Desde Cusco, el mensaje fue inequívoco: el gas natural debe servir al desarrollo del Perú y de sus regiones, y ninguna adenda debería aprobarse sin demostrar primero que beneficia al interés público y que ofrece garantías suficientes para el Estado y para quienes llevan años esperando que el gas finalmente llegue a sus hogares y ciudades.

Aquí el video completo de la Comisión Descentralizada de Energía en Cusco.

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Política

La diplomacia del silencio y el pragmatismo: quién es Nathalie Kennedy, la embajadora de Macron en el Perú

Kennedy afianza su gestión en Lima mediante reuniones estratégicas con autoridades del Congreso, ministerios e instituciones peruanas, mientras se mantiene en total incógnita si ha fijado o no una postura frente a las masivas protestas estudiantiles en Francia.

Published

2 días ago

14/10/2026

Redacción Lima Gris

Embajadora de Francia Nathalie Kennedy y cuestionado canciller Carlos Espá.

Por Giovanna Ríos

La embajadora de Francia en el Perú, Nathalie Kennedy, acordó el sábado 19 de septiembre con el canciller Carlos Espá iniciar los preparativos de las actividades por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se cumplen en 2027. Kennedy dirige la embajada desde octubre de 2024, tiene casi tres décadas de carrera en el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y no ha ocupado cargos políticos. Su gestión en Lima coincide con las protestas estudiantiles que sacuden a su país.

Formación y primeros años

Kennedy estudió economía del desarrollo local. La ficha de la embajada habla de una maestría en economía de la planificación y el desarrollo local por la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne; el medio especializado Acteurs Publics habla de un DESS, el posgrado que existía antes de la reforma de Bolonia, en la misma materia.

En 1996 ingresó al ministerio, conocido en Francia como Quai d’Orsay por la ubicación de su sede, y su primer puesto fue en la dirección de Asuntos Financieros.

Nathalie Kennedy. Foto: Embajada de Francia.

Londres, recusos humanos y la Unión Europea

En 2002 salió por primera vez al exterior como vicecónsul y jefa de cancillería en la embajada de Francia en Londres, un cargo que combina la atención a los ciudadanos franceses con la administración de la sede. Estuvo hasta 2006. Después volvió a París, a la dirección de recursos humanos, el área que maneja las carreras y destinos de los propios funcionarios del ministerio.

Tres años más tarde pasó a la dirección de la Unión Europea, donde siguió, en particular, a los países del Mediterráneo oriental.

Madrid: Consejera política

En 2013 llegó a la embajada de Francia en Madrid como consejera política, el cargo que analiza la situación interna del país anfitrión y le informa a su Gobierno. Estuvo cinco años. Es el único puesto de su carrera con una función directamente política, y consiste en observar e informar, no en opinar en público.

Proteger a los franceses en el extranjero

De regreso en París, dirigió en 2018 la oficina de protección de menores y familia y, desde 2019, la misión para la protección de los derechos de las personas, dentro de la Dirección de Franceses en el Extranjero y de la Administración Consular, el área que atiende a los franceses que viven o viajan fuera del país. Ocupó ese puesto durante tres años.

En 2019 recibió la condecoración de Caballero de la Orden Nacional del Mérito. En 2021, un decreto la nombró y tituló consejera de asuntos exteriores, la categoría de los agentes diplomáticos y consulares.

Dubái

Ese año asumió como Cónsul General de Francia en Dubái y los Emiratos del Norte, en reemplazo de Raja Rabia, quien pasó a ser embajadora en Sudán. El decreto de nombramiento tiene fecha del 1 de septiembre de 2021. Según contó a Le Petit Journal, llegó pocas semanas antes del cincuentenario de la fundación de los Emiratos Árabes Unidos, con la primera Exposición Universal de la región en marcha, y pensaba aprender árabe en la Alianza Francesa de la ciudad.

Su sucesor, Jean-Christophe Paris, fue anunciado en mayo de 2024, cuando ya se sabía que Kennedy se iría a Lima.

El nombramiento

El presidente Emmanuel Macron firmó el decreto el 24 de junio de 2024, junto con el entonces primer ministro Gabriel Attal y el canciller Stéphane Séjourné. El texto la designa embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Perú, con efecto desde el 15 de agosto, y la identifica como administradora del Estado de primer grado. Reemplazó a Marc Giacomini, quien ocupaba el cargo desde 2020.

El 2 de octubre de 2024 presentó sus cartas credenciales a la entonces presidenta Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno, con el canciller Elmer Schialer presente. La embajadora y parte de su equipo fueron recibidos por los Húsares de Junín, la escolta presidencial.

Su gestión en Lima

Su agenda tiene tres ejes. El primero es la inversión de empresas francesas en infraestructura, con el esquema de gobierno a gobierno para grandes obras como eje central. El segundo es la cooperación técnica, sobre todo en gestión del riesgo de desastres y lucha antidrogas. El tercero es la promoción de la lengua y la cultura francesas, que incluyó este año la organización del encuentro de profesores de francés que se realizó en Lima del 5 al 9 de octubre.

Sus reuniones con autoridades peruanas

El 3 de marzo de 2025 visitó al expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Ese año acompañó al ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, ante el cuestionado ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en una reunión sobre obras de infraestructura con posible financiamiento francés. Cada 14 de julio recibe a autoridades en su residencia: en 2025 asistieron el ex premier Eduardo Arana, el excanciller Schialer y el exministro de Vivienda Durich Whittembury, y en 2026, el viceministro de Relaciones Exteriores Erick Anderson y la presidenta del Poder Judicial, Janeth Tello.

En la reunión del 19 de septiembre con el canciller Carlos Espá también evaluaron el desempeño de las empresas francesas en el país y la ayuda de Francia en gestión del riesgo de desastres. El 21 de septiembre también se reunió con el investigado ministro de Cultura Alberto Beingolea. La reunión fue en la sede central del Mincul y presuntamente tuvo como finalidad fortalecer la cooperación en gestión del patrimonio cultural, lucha contra el tráfico ilícito de bienes arqueológicos y el impulso a las industrias audiovisuales.

A inicios de octubre recibió al presidente de DEVIDA, Carlos Ramos Otiniano, para la cooperación antidrogas, y la embajada reunió a más de 15 empresas francesas con el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, quien presentó su cartera de proyectos de vivienda, agua y saneamiento. Un claro lobby diplomático.

Su perfil político

Kennedy no es una figura política. No hay registro de militancia partidaria, de cargos de elección ni de entrevistas suyas sobre política francesa. Su trayectoria documentada no incluye trabajo en el gabinete de ningún ministro: toda su carrera transcurrió en puestos del ministerio de Exteriores, consulados y embajadas.

Como embajadora, es la representante del Gobierno de Macron en el Perú, y su función es transmitir la posición oficial de París, no dar una opinión propia sobre política interna. En sus discursos públicos habla de la amistad franco-peruana y de los valores de libertad, igualdad y fraternidad.

En medio de las protestas

Francia atraviesa desde septiembre una ola de protestas estudiantiles por la falta de profesores y de recursos en las escuelas. El 13 de octubre se realizó la quinta jornada: el Ministerio del Interior contó 161.500 manifestantes, frente a 71.500 el 8 de octubre, y los sindicatos hablaron de 480.000. El Gobierno ofreció 3.000 profesores sustitutos para los 114 centros más afectados, y los estudiantes lo rechazaron. El presidente Macron pidió moderación un día antes y dijo que los reclamos merecen tiempo, consultas, discusión y respeto.

Hasta el 13 de octubre no se registra un pronunciamiento de Kennedy ni de la embajada sobre las protestas. Un manto de silencio cubre la residencia francesa en la Av. Arequipa.

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