Senador Hugo Ccahuana tras salvaje asalto en Madre de Dios: “Me tendrán que matar si quieren callarme”

Política Senador Hugo Ccahuana tras salvaje asalto en Madre de Dios: “Me tendrán que matar si quieren callarme” El senador de Juntos por el Perú, denuncia que fue golpeado dos veces en la cabeza con la cacha de una pistola y que su comitiva fue encañonada durante un asalto en una carretera de Madre…

Política

El senador de Juntos por el Perú, denuncia que fue golpeado dos veces en la cabeza con la cacha de una pistola y que su comitiva fue encañonada durante un asalto en una carretera de Madre de Dios. El robo de su celular y la destrucción de equipos utilizados en una fiscalización despiertan sus sospechas sobre un posible intento de intimidación.

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6 minutos ago

12/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador de Juntos por el Perú Hugo Ccahuana relata los momentos de terror que vivió junto a integrantes de la Federación Nativa de Madre de Dios durante un asalto ocurrido la madrugada del jueves 8 de octubre. El ataque se produjo cuando regresaba de una jornada de fiscalización en territorios de comunidades nativas, donde había verificado presuntos trabajos de desbosque para un proyecto vial.

En diálogo con Lima Gris, el parlamentario explica cómo fue interceptado por sujetos armados, por qué considera sospechosa la destrucción de sus equipos electrónicos y cuáles son las denuncias que asegura que continuará investigando. También cuestiona la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas alejadas de la región.

Senador, usted ha denunciado que fue asaltado junto a su comitiva en Madre de Dios. ¿Cómo se produjeron los hechos y qué ocurrió durante los momentos de mayor peligro?

Nosotros teníamos programadas actividades desde el martes hasta el jueves. El martes 6 salimos en horas de la mañana desde Puerto Maldonado hasta el kilómetro 141 y luego fuimos al distrito de Madre de Dios, conocido como el centro poblado de Colorado. Llegamos por la noche a la comunidad nativa de Puerto Azul, Del Pueblo y la Etnia Harakbut.

El miércoles 7 teníamos programado realizar un trabajo de fiscalización, las autoridades habían coordinado con el Gobierno Regional para que enviara a la Agencia Regional Forestal a verificar los trabajos de desbosque para una trocha carrozable de un proyecto que está en expediente técnico, donde se busca unir Boca Manu con Boca Colorado mediante una carretera que pasa 18 kilómetros sobre territorios titulados de la comunidad nativa de Puerto Azul.

Fuimos a verificar y encontramos trochas abiertas y árboles tumbados a lo largo del recorrido, no podíamos contabilizarlos, porque caminábamos por ambos lados y los árboles talados no terminaban. Eso no debería estar ocurriendo si el proyecto todavía se encuentra en la etapa de formulación del expediente técnico.

El jueves 8 de octubre iniciamos nuestro viaje a las cuatro de la mañana, cuando estábamos a 44 kilómetros de Puerto Maldonado, cerca de la comunidad de Tahuantinsuyo, un vehículo que iba delante de nosotros redujo bruscamente la velocidad y obligó a nuestro conductor a detenerse, por el lado izquierdo apareció otro vehículo que nos cerró el paso.

Salieron varios sujetos, yo solo vi a uno, aunque mis compañeros dicen que eran tres, hicieron disparos al aire y uno se acercó a mi lado, me jaló y me bajó del vehículo, yo iba como copiloto, una vez en el suelo, me dio dos golpes fuertes en la cabeza con la cacha de una pistola y me empujó hacia atrás del vehículo.

Pensé que ahí me iban a matar, que yo era el objetivo, me dejó en ese lugar y me dijo que no volteara, utilizando palabras soeces. Mientras tanto, otros delincuentes ingresaron al vehículo, algunos con pistolas y otro con un arma larga.

Nosotros teníamos un efectivo de seguridad, pero mi coordinador le dijo que ocultara su arma, yo también le hice una señal para que no disparara, porque no queríamos poner en mayor peligro a nuestros compañeros.

¿Qué ocurrió con sus acompañantes después de que los delincuentes se llevaron el vehículo?

Se llevaron a mis compañeros y los trasladaron aproximadamente tres kilómetros hacia el interior de una vía, a mí me dejaron en la oscuridad de la noche, pensé que quizá regresarían para matarme.

Empecé a hacer parar los vehículos que pasaban, pero no querían detenerse, una conductora me reconoció y le pedí que me prestara su teléfono, sin embargo, no había señal en ese punto, le pedí que avisara al puesto policial más cercano para que enviaran ayuda.

Después encontré a la Policía de Carreteras y les dije que yo era senador y que habían llevado a mis compañeros hacia el interior, los policías ingresaron a la zona y, luego de unos minutos, mis compañeros salieron caminando, descalzos y sin sus pertenencias. Gracias a Dios, no hubo pérdida de vidas humanas, sin embargo, fue una situación muy peligrosa.

¿Qué bienes les robaron y qué le llama la atención de la forma en que actuaron los asaltantes?

Teníamos equipos de la Federación Nativa, como teléfonos satelitales, un sistema de internet Starlink, GPS (Sistema de Posicionamiento Global) diferenciales y un dron. Nada de eso se llevaron en su totalidad, pero varios equipos fueron destruidos. Los delincuentes golpearon los celulares y los arrojaron alrededor; mi teléfono personal sí se lo llevaron.

Eso me llama poderosamente la atención. ¿Para qué querían destruir los equipos si solamente buscaban robar? Si no querían que nos comunicáramos, podían haberlos arrojado lejos, al monte, pero los destruyeron.

Por eso me pongo a pensar que quizá hay alguien interesado en que las pruebas que recogimos en el campo no lleguen a Puerto Maldonado. Es algo que debe investigarse, la Policía recogió algunas huellas, aunque la lluvia dificultó el trabajo de los peritos.

¿Considera que el asalto fue un hecho de delincuencia común o que alguien pretendía impedir que continuara con sus investigaciones?

El hecho de que me hayan golpeado con la cacha del arma y me hayan sacado del vehículo podría parecer un hecho de delincuencia común, han buscado cosas y, probablemente, como es una ruta del oro, intentaron buscar oro. Pero el hecho de que se hayan llevado mi celular, que hayan destruido los aparatos electrónicos y que esto ocurra en medio de varias fiscalizaciones ya no me permite pensar solamente en esa posibilidad.

Yo no puedo confirmar que el ataque esté relacionado con la revisión de las concesiones forestales o con la fiscalización del lago Valencia. No puedo señalar a una persona porque sería irresponsable hacerlo sin pruebas, pero tampoco puedo descartar que exista un intento de amedrentarme.

He denunciado situaciones vinculadas con concesiones forestales que necesitan una revisión por parte de las autoridades nacionales y regionales, también he recogido denuncias de dirigentes de comunidades que aseguran estar amenazados por conflictos relacionados con sus territorios y recursos naturales. Además, he fiscalizado el precio del combustible en el distrito de Colorado y he solicitado la intervención de las entidades competentes, en ese contexto también he recibido amenazas, según lo que he denunciado. Todo esto debe investigarse para determinar si existe alguna conexión o si se trató de un asalto común.

Usted ha mencionado presuntas irregularidades en concesiones forestales y conflictos por los recursos naturales. ¿Cree que sus denuncias pudieron incomodar a determinados grupos de poder?

Yo he estado denunciando que las concesiones forestales necesitan una revisión a nivel nacional y regional, hay grupos de poder económico que, según lo que venimos investigando, nunca han sido fiscalizados como corresponde.

También hemos recogido información sobre lo que ocurre en el lago Valencia, donde dirigentes y representantes de comunidades han denunciado problemas relacionados con el uso de sus territorios y recursos.

El día de la constatación también recibí una llamada del subgerente regional del Manu, quien me preguntó por qué realizaba una verificación sin el alcalde, yo le respondí que cada autoridad tiene sus funciones y competencias. La Federación Nativa ha sido maltratada durante mucho tiempo, he dicho claramente que se debe respetar a los pueblos indígenas y que voy a trabajar para que se respeten sus derechos.

Estoy abordando asuntos que, a mi juicio, no han recibido la fiscalización necesaria: el manejo de los recursos naturales, las denuncias de corrupción y las obras que se han ejecutado en gestiones anteriores. No puedo afirmar que esos temas sean la causa del asalto, pero tampoco voy a dejar de investigarlos.

¿Qué responsabilidades atribuye al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por la falta de seguridad en las carreteras y las zonas alejadas de Madre de Dios?

La Policía en Madre de Dios no es una unidad ejecutora y depende administrativamente de Puno, los recursos logísticos asignados para las fronteras durante 2026 todavía no llegan como deberían.

He estado en el puesto de vigilancia del lago Valencia y he comprobado las carencias, incluso en Puerto Maldonado, para realizar compras necesarias, los materiales pueden demorar dos o tres meses porque dependen de otras instancias.

Entonces, ¿cómo vamos a combatir la delincuencia si no tenemos logística suficiente, vehículos ni patrulleros? la respuesta del Estado está de cabeza porque se utilizan discursos y medidas reactivas, pero no existe una estrategia que responda a la realidad de cada región.Se necesita inteligencia, tecnología y prevención, no basta con sacar a las Fuerzas Armadas y creer que así se va a solucionar todo. Hay que evitar que los jóvenes terminen involucrados en la delincuencia y atender los problemas sociales desde su origen.

Usted ha cuestionado duramente la estrategia de seguridad del Gobierno. ¿Qué cambios considera indispensables para enfrentar la criminalidad?

Necesitamos inteligencia para adelantarnos a los hechos y desbaratar las bandas, también considero que se debe evaluar una reforma profunda de la Policía y mecanismos de contrainteligencia que permitan combatir la corrupción.

He planteado que se podría evaluar la incorporación de personas que hayan demostrado preparación y disciplina durante el servicio militar, con la capacitación correspondiente, para formar nuevos efectivos policiales.

Pero la solución no puede ser únicamente reactiva, si no trabajamos con los niños, los hogares, los colegios y los jóvenes que están en situaciones de riesgo, siempre vamos a tener nuevas personas que ingresen a la delincuencia.

Hay que actuar sobre las causas sociales, sin dejar de perseguir los delitos, se necesita un esfuerzo conjunto del Estado, las instituciones y la sociedad.

Pese a lo ocurrido, ¿continuará con sus labores de fiscalización? ¿Solicitará una investigación exhaustiva para determinar quiénes están detrás del ataque?

Totalmente, la mejor respuesta es que el lunes estuve en Palma Real, otra comunidad nativa. El martes en Iberia y el miércoles en el Centro Poblado Alerta, yo seguiré viajando. Me tendrán que matar si quieren callarme a mí.

Estamos cooperando con toda la investigación, queremos que se esclarezca lo ocurrido y que se determine si fue delincuencia común o si alguien pretende callarme. Vamos a continuar denunciando las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos naturales, las concesiones forestales y los procedimientos que deben investigarse, no vamos a cesar de hacer nuestro trabajo, sino por el contrario, lo haremos con más fuerza.

Finalmente, Senador, ¿qué mensaje les deja a los ciudadanos y a las comunidades nativas que también enfrentan amenazas y viven con temor en Madre de Dios?

Si esto le ocurre a un senador y a su equipo de seguridad, imagínese qué puede pasarle a un ciudadano, a las comunidades o a los periodistas que investigan denuncias. ¿Qué garantías tenemos? Nos arriesgamos la vida todos los días.

Madre de Dios está históricamente desatendida. Necesitamos seguridad, pero también inversiones, oportunidades productivas y un hospital que responda a las necesidades de la población.

Si el Estado va a combatir determinadas actividades económicas, tiene que ofrecer alternativas para las familias y los trabajadores, de lo contrario, los problemas sociales y la delincuencia van a continuar.

Yo voy a seguir recorriendo la región, fiscalizando y presentando las denuncias ante el Gobierno Regional, la Contraloría y los ministerios correspondientes, no me han asustado ni me han amedrentado.

Lo que queremos es que se establezca la verdad y que se garantice que los ciudadanos de Madre de Dios puedan vivir y trabajar sin miedo.

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Diputados de la bancada de Obras presentaron moción para crear comisión multipartidaria para investigar a la empresa TGP

Redacción Lima Gris

Política

Diputados de la bancada de Obras presentaron moción para crear comisión multipartidaria para investigar a la empresa TGP

La moción plantea crear una comisión especial multipartidaria para investigar más de dos décadas de fallas, fugas e incidentes en el sistema de transporte de gas de Camisea. El grupo parlamentario también deberá evaluar los incumplimientos contractuales advertidos por Osinergmin, las posibles afectaciones ambientales y sociales, y la propuesta de extender por diez años la concesión de la empresa.

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7 minutos ago

12/10/2026

Redacción Lima Gris

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), responsable del transporte de gas natural y líquidos de gas natural desde Camisea hasta la costa, podría quedar bajo una investigación parlamentaria que abarque más de veinte años de operaciones. El diputado Víctor Piñán junto al diputado Luis Masco Cáceres presentaron una moción de orden del día para constituir una comisión investigadora multipartidaria que examine las fallas registradas en el sistema, el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria y la actuación de los organismos estatales encargados de fiscalizarla.

La iniciativa, fechada el 25 de septiembre de 2026, propone que la investigación comprenda el periodo iniciado en agosto de 2004, cuando comenzaron las operaciones comerciales del sistema, hasta la actualidad. El objetivo es reconstruir una historia de incidentes, medidas correctivas, sanciones y compromisos cuyo cumplimiento deberá ser verificado por el Parlamento.

Diputados Víctor Piñan y Luis Masco de la bancada de Obras.

El documento recuerda que las fallas comenzaron en los primeros años de funcionamiento. Ante la reiteración de accidentes, el Congreso constituyó en 2006 una comisión investigadora y el Estado dispuso una auditoría integral internacional a cargo de Germanischer Lloyd. Sin embargo, según los antecedentes expuestos en la moción, posteriormente continuaron registrándose incidentes que obligan a examinar si las medidas adoptadas fueron suficientes para evitar nuevos episodios.

El caso más reciente es la deflagración ocurrida el 1 de marzo de 2026 en el kilómetro 43 del sistema de transporte, en Megantoni, provincia de La Convención, Cusco. El incidente paralizó el transporte de gas y obligó al Estado a adoptar medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento interno, con repercusiones en actividades productivas, generación eléctrica y sectores que dependen del gas natural vehicular.

Fuente: Congreso de la República.

La moción incorpora un elemento especialmente relevante. El 28 de abril de 2026, Osinergmin informó que había identificado incumplimientos de obligaciones establecidas en el contrato de concesión, al señalar que TGP no suministró el flujo y la presión de gas suficientes para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo.

El organismo supervisor recordó, además, que el sistema debía operar con una disponibilidad del 99 % durante un año continuo. No obstante, el documento parlamentario precisa que, al 27 de mayo, la investigación técnica sobre las causas de la deflagración seguía pendiente de diligencias fiscales indispensables para analizar muestras de la tubería dañada. Por tanto, los incumplimientos contractuales identificados y la determinación definitiva de las causas del accidente son asuntos distintos que deberán esclarecerse.

La concesión que podría extenderse hasta 2044

El alcance de la propuesta va más allá de establecer qué ocurrió en los accidentes. La comisión también deberá examinar la actuación del Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y otras entidades competentes. Deberá determinar qué advertencias existieron, qué medidas se ordenaron, si fueron ejecutadas oportunamente y si las sanciones tuvieron efectos preventivos.

Asimismo, la iniciativa plantea revisar las afectaciones ambientales, sociales y económicas, las obligaciones de remediación y reparación, y los eventuales reclamos pendientes de comunidades y poblaciones perjudicadas.

Pero el punto de mayor trascendencia política y económica es la eventual continuidad de TGP como concesionaria. La moción advierte que el Ministerio de Energía y Minas evalúa una propuesta que incorpora el denominado Ramal Sur al sistema de transporte y contempla una prórroga de diez años, desde el 8 de enero de 2034 hasta el 8 de enero de 2044.

El proyecto de expansión considera puntos de entrega en Arequipa, Mollendo, Ilo y Tacna, una capacidad referencial de diseño de 346 millones de pies cúbicos estándar diarios y una inversión preliminar superior a los 2.000 millones de dólares. También contempla mecanismos de reconocimiento tarifario de inversiones y costos de operación y mantenimiento, entre otros conceptos.

Por ello, la moción plantea evaluar si corresponde vincular la ampliación de la infraestructura con la extensión de la concesión vigente o si existen alternativas, como una concesión independiente o mecanismos competitivos. La comisión deberá analizar, además, cómo se distribuirían los riesgos y costos del proyecto y qué efectos podrían tener sobre las tarifas y los consumidores.

Fuente: Congreso de la República.

La propuesta solicita un plazo de 180 días hábiles para investigar y presentar un informe final ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Entre sus facultades figuran requerir documentación, solicitar información y convocar a funcionarios, exfuncionarios y representantes involucrados.

El propósito declarado no es anticipar responsabilidades penales, sino determinar eventuales responsabilidades políticas, administrativas o funcionales y formular recomendaciones. La decisión de fondo será establecer, con base en los resultados, si resulta procedente o improcedente renovar, prorrogar o extender la concesión de TGP.

La cuestión planteada por Piñán es concreta: antes de comprometer otros diez años de concesión, el Estado debe esclarecer qué ocurrió durante más de dos décadas, qué obligaciones se cumplieron y cuáles siguen pendientes. La iniciativa, sin embargo, deberá ser aprobada por la Cámara para que la comisión pueda constituirse y comenzar sus funciones.

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Política

Antauro Humala en La Cantuta: senadora Ampuero exige respuestas al rector y al ministro de Educación

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado cuestiona la participación del exlíder etnocacerista en una actividad académica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En el programa Lima Gris, conducido por Edwin Cavello Limas en Radio Planicie, se analizó el pedido de explicaciones y el debate sobre la autonomía universitaria y el uso de recursos públicos.

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2 horas ago

11/10/2026

Redacción Lima Gris

La presentación de Antauro Humala como ponente en una actividad académica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, ha generado cuestionamientos desde el Senado. La senadora Katherine Ampuero, presidenta de la Comisión de Justicia, informó que remitió oficios al rector de la casa de estudios, Tito Doroteo Acosta Castro, y al ministro de Educación, José Antonio Chang, para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido.

El caso fue abordado en el programa Lima Gris, conducido por el periodista Edwin Cavello Limas y transmitido por Radio Planicie. Durante el espacio, se comentaron las declaraciones de la legisladora, quien cuestionó que una persona con antecedentes de prisión sea invitada como ponente ante estudiantes universitarios.

Ampuero sostuvo que este tipo de actividades no debería repetirse y planteó interrogantes sobre los criterios empleados para seleccionar a los expositores en instituciones educativas públicas. También rechazó que la autonomía universitaria sea utilizada, a su juicio, para justificar encuentros que considera incompatibles con la formación de los jóvenes.

La senadora afirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, no había recibido respuesta del rector. Asimismo, pidió que el Ministerio de Educación evalúe lo sucedido, al considerar que se trata de una universidad pública que administra recursos del Estado.

Autonomía universitaria y recursos públicos

Durante el programa, Cavello Limas planteó que el caso requiere distinguir entre la fiscalización del uso de fondos públicos y la autonomía de las universidades para organizar sus actividades académicas. En ese contexto, señaló que será importante conocer la respuesta de las autoridades y determinar si la participación de Humala implicó algún gasto para la institución.

Entre las interrogantes pendientes figuran las condiciones en que se organizó la actividad, si se efectuó algún pago al expositor y qué recursos se destinaron a su realización. Estos aspectos, junto con los criterios que sustentaron la invitación, forman parte de la información que se espera conocer a través de las respuestas oficiales.

El conductor también recordó que Lima Gris ha informado anteriormente sobre cuestionamientos relacionados con la participación de personas vinculadas a organizaciones subversivas en actividades culturales. La referencia abrió una reflexión sobre la responsabilidad de las instituciones al seleccionar a sus invitados y la necesidad de examinar cada caso a partir de información verificable.

Por ahora, el episodio deja planteadas preguntas sobre la decisión de invitar a Antauro Humala, los alcances de la autonomía universitaria y la fiscalización de los recursos públicos. Lima Gris anunció que continuará haciendo seguimiento al tema y consultará sobre las respuestas del rector y del ministro de Educación.

Aquí el fragmento del programa.

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Política

Senadora Nora Bonifaz pide a la UGEL 03 un informe sobre el alquiler de espacios en la IE. Teresa González de Fanning

La parlamentaria Nora Bonifaz (Buen Gobierno) requirió a la UGEL 03 un informe documentado sobre los contratos de alquiler y las labores de fiscalización en la I.E. Teresa González de Fanning. A la fecha, la UGEL 03 no emite respuesta ni reporta acciones concretas en favor de los estudiantes.

Published

9 horas ago

11/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

La senadora Nora Bonifaz Carmona (Buen Gobierno) solicitó a la directora de la UGEL 03, Carmen Rosa Medina Rosas, un informe sobre el uso y alquiler de espacios de la I.E. Teresa González de Fanning, en Jesús María. El pedido consta en el Oficio N.° 042-2026-2027-NBC/CR, fechado el 16 de setiembre, y se originó en una comunicación ciudadana enviada por el suscrito al despacho de la senadora.

El documento llegó cinco días después de que Lima Gris publicara «Se alquilan las IE a empresas privadas y las UGEL no saben nada al respecto», y cuatro días después de «¿Sólo se evalúa el acceso al servicio educativo para la foto?». Ambas informaron que los estudiantes del CEBA tienen dificultades para usar los ambientes de su propia institución.

La senadora plantea su solicitud con cautela. Aclara que no adelanta opinión sobre la existencia de irregularidades ni atribuye responsabilidad a funcionarios o terceros, y que busca información objetiva y documentada. Sostiene que la infraestructura educativa pública debe usarse conforme a su finalidad y, si se autoriza su uso por terceros, con transparencia, legalidad y supervisión, y sin afectar el servicio educativo.

El oficio pide a la UGEL 03 informar sobre ocho puntos:

Si el colegio cuenta con autorizaciones, convenios o contratos que permitan a terceros usar sus ambientes.
Qué espacios usan terceros, con qué actividad, por cuánto tiempo, quién se beneficia y qué autoridad lo autorizó.
Qué procedimiento y marco normativo se aplica, y qué instancias aprueban y supervisan.
Si se generan ingresos, con los montos de 2025 y 2026, la cuenta de depósito y el destino de los recursos.
Qué instancia supervisa y fiscaliza el uso de los espacios y de los ingresos.
Si la UGEL 03 hizo supervisiones, con copia de los informes y actas.
Si recibió quejas o denuncias de docentes, estudiantes o padres de familia.
Qué medidas adopta o prevé adoptar para que el uso de la infraestructura no interfiera con el servicio educativo.

La senadora Nora Bonifaz exigió respuestas respaldadas con documentación oficial. A esta iniciativa se une la petición presentada el 7 de octubre por el diputado Carlos Yalta Sotelo (Renovación Popular), quien exigió al ministro de Educación, José Antonio Chang, informes y medidas de fiscalización. Con ello, ambas cámaras del Congreso ejercen control político sobre el caso.

Pese a que el colegio es sede de eventos de la DRELM y alquila sus instalaciones deportivas (piscina, cocheras y canchas de césped sintético, vóley y básquet), la UGEL 03 no ha visitado el plantel para disponer inspecciones inmediatas sobre los espacios alquilados a privados.

Consultado por LimaGris.com, el despacho de la senadora Nora Bonifaz confirmó que el requerimiento enviado a la UGEL 03 sigue sin respuesta formal. El documento ingresó el 16 de septiembre de 2026 bajo el expediente MPD2026-EXT-0864175 y, tras más de tres semanas, permanece registrado como «en proceso».

Esta inactividad administrativa frena la transparencia de los contratos y la fiscalización de los fondos públicos en la institución.

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Política

Parásitos con curul: rojos y naranjas, matoncitos con sueldo público

Calisto, exedecán de Fujimori, cuestionado por protagonizar el allanamiento a la casa de la esposa de Montesinos para llevarse las maletas que comprometían a su entonces jefe japones, hoy se las da de matoncito para defender a Keiko, y pecha a Maraví quien tampoco se queda atrás. Ambos son enemigos en el discurso, pero socios en la mamadera del Estado, mientras el Perú se hunde.

Published

10 horas ago

11/10/2026

Luis Felipe Alpaca

Aburre ver a estos impresentables de derecha e izquierda convertir el hemiciclo que les da de comer con plata pública en un ring de broncas ideológicas. Mientras el país camina sobre un piso de incertidumbre, ellos se trenzan en sus pleitos partidarios como si el Congreso fuera su chacra y el Perú, un espectador de coliseo condenado a pagar la cuenta.

Ahí está el vicealmirante Calisto, —a quien le llaman Giampietri—quien fue edecán de Alberto Fujimori en el año 2000 y protagonizó la irrupción y el allanamiento en el departamento de la esposa de Montesinos, Trinidad Becerra, sin orden judicial y con fiscal falso incluido (Manuel Ubillús Tolentino), para robarse las docenas de maletas que comprometían a su tayta ponja. Hoy se la da de machito, pecha y levanta la voz (sabe con quién lo hace) estoy seguro de que en la vida real no pelea ni con su sombra. Entretanto, continúa con su afán timorato de arrodillarse ante la agenda que impone su ama Keiko y ante su jefe López Aliaga, sopretexto de servir al Perú y desbloquear las limitaciones de la inteligencia nacional. ¿Para eso le pagan a este vicealmirante? ¿Para montar broncas estériles y cultivar lealtades políticas? Su actitud servil nos recuerda a los Montoya-Cueto. Para ser marino, semejante espectáculo resulta una vergüenza nacional.

Pero la otra facción tampoco se queda atrás. Cansa ver a toda la plaga izquierdista de JP y compañía, con Maravis, Luques y Quitos, que con angurria se reengancharon al Parlamento para seguir mamando del Estado y hacer lo único que mejor dominan: joder, hacer bulla y poner zancadillas, porque ellos viven de eso. Odiar al fujimorismo sopretexto de ejercer la oposición, les da empleo permanente, con sueldo jugoso incluido.

Y mientras naranjas y rojos se sacan los ojos, el país sigue esperando respuestas. ¿Quién se ocupa de gobernar, resolver los problemas urgentes y devolverle seriedad a la función pública? A nadie parece importarle este bochornoso espectáculo de circo. La zozobra nacional queda en segundo plano cuando los intereses partidarios ocupan el centro del escenario, porque para eso ingresan al poder del Estado.

Basta de parásitos polarizados. Utilizar las instalaciones de una entidad pública para escenificar bronquitas, odios sectarios y disputas partidarias compromete recursos del Estado, por lo que podría configurarse un presunto peculado de uso y desnaturalizan la función parlamentaria. El hemiciclo no es una cantina ideológica ni un ring de payasos que se creen matones; es un espacio para legislar y fiscalizar—más nada—. El Perú no necesita más bronca, sino responsabilidad, gobernabilidad y resultados. Porque la cuenta de este circo de barrio, como siempre, la termina pagando el ciudadano.

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Política

Senador Iber Maravi: “¿a qué han venido los ministros?” [VIDEO]

El parlamentario Iber Maraví lanzó una dura crítica al desarrollo del debate sobre las facultades legislativas y denunció una presunta falta de coordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso. Advirtió que los ministros sustentaron argumentos sobre asuntos que, según señaló, no forman parte de lo aprobado por la Cámara de Diputados y responsabilizó a la conducción del Senado por no delimitar previamente la discusión.

Published

21 horas ago

11/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El debate sobre el pedido de facultades legislativas del Gobierno abrió un nuevo frente de confrontación en el Senado. Esta vez, el senador Iber Maraví cuestionó la participación de los representantes del Ejecutivo y puso en duda la pertinencia de sus exposiciones, al considerar que se abordaron asuntos distintos de aquellos que llegaron desde la Cámara de Diputados.

“Yo me pregunto: ¿a qué han venido los señores ministros?, ¿a qué ha venido el señor premier?”, expresó Maravi durante su intervención, al reclamar que la discusión se ciña a los temas que efectivamente fueron remitidos para evaluación del Senado.

El legislador insistió en que el punto central no debía ser la incorporación de nuevas propuestas o asuntos que, a su juicio, no cuentan con el sustento parlamentario correspondiente. “Lo que está en discusión ahorita, reitero una vez más, para que se me entienda bien, es lo que ha subido de Diputados”, afirmó.

Maravi sostuvo que las intervenciones de los ministros se extendieron a materias diferentes de las que, según indicó, fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. Por ello, consideró indispensable delimitar primero el alcance de la discusión antes de ingresar al análisis de fondo.

En ese contexto, dirigió sus críticas a la conducción de la sesión y responsabilizó al presidente del Senado por no establecer con claridad las reglas del debate.

“Responsabilidad suya, no abrir el debate como debe ser democráticamente para primero resolver el tema de cómo se va a delimitar y luego ir al tema de fondo”, manifestó.

Su reclamo apunta a una cuestión procedimental y política: definir con precisión qué propuestas están habilitadas para ser discutidas y cuáles requieren un nuevo sustento antes de incorporarse al debate parlamentario.

El senador también cuestionó lo que calificó como una falta de coordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso, con una referencia directa a Fuerza Popular.

“Está demostrando una descoordinación entre el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso, me refiero a Fuerza Popular”, sostuvo.

Maravi argumentó que, para que los planteamientos expuestos por los ministros tuvieran el respaldo parlamentario correspondiente, debía existir un documento presentado por un senador o por la bancada de Fuerza Popular que sustentara esas propuestas.

“Para que tuviese valor lo que acaban de sustentar los señores ministros, deberían haber ingresado un documento de algún senador o de la bancada de Fuerza Popular que dé sustento y dé pie justamente a lo que han argumentado”, afirmó.

La intervención dejó planteada una controversia sobre el procedimiento seguido en el Senado para discutir las facultades solicitadas por el Gobierno. Mientras el Ejecutivo busca sustentar las medidas que considera necesarias, Maravi exige que el debate se limite a los asuntos formalmente remitidos y que cualquier planteamiento adicional cuente con el respaldo parlamentario correspondiente.

El fondo de su cuestionamiento es claro: antes de discutir nuevas propuestas, el Senado debe definir qué está autorizado a debatir y sobre qué documentos debe fundamentar su decisión.

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Política

Senador Juan Carlos Del Aguila: “No estamos para hacer agitación política” [VIDEO]

El parlamentario fujimorista cuestionó los gritos, las consignas y el tono de confrontación que, según afirmó, están desplazando el debate parlamentario en el Senado. Comparó el ambiente de la cámara con una asamblea de grupos radicales.

Published

21 horas ago

11/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Mónica Aguilar Obregón

El senador Juan Carlos del Águila lanzó una dura crítica contra el clima de confrontación que, según sostuvo, se vive en el Senado de la República, donde los gritos y las consignas estarían restando espacio al debate de ideas. Durante su intervención, expresó su preocupación por lo que considera una desviación de la función parlamentaria y exhortó a sus colegas a recuperar el sentido del diálogo y la deliberación política.

“Estamos en el Senado de la República y, a veces, uno se puede confundir y creer que está en la Cámara de Diputados, escucho mucho grito, mucho ruido”, manifestó el legislador, al cuestionar las formas que vienen marcando las discusiones en el hemiciclo.

Del Águila fue más allá y comparó el ambiente parlamentario con el de una asamblea de organizaciones radicales. “Me da la impresión de que pudiera haber una asamblea del FENATEC, incluso del MOVADEF”, afirmó, al advertir que las sesiones corren el riesgo de transformarse en espacios de confrontación y agitación política.

En esa línea, el senador remarcó que la labor de los representantes no consiste en levantar consignas, sino en confrontar posiciones mediante argumentos.

“Los senadores no estamos para hacer agitación política, estamos para debatir ideas, para confrontar posiciones si queremos, pero no para estar en un plan de radicalismos”, sostuvo.

El parlamentario también cuestionó el desarrollo de la sesión en la que se aborda el pedido de facultades legislativas del Gobierno. Según señaló, el país requiere una discusión parlamentaria seria sobre las medidas solicitadas y sus implicancias, en lugar de enfrentamientos que desvíen la atención del tema central.

Del Águila recordó que el premier, los ministros y los viceministros habían acudido al Parlamento para exponer sus planteamientos, pero indicó que todavía faltaba escuchar a otros representantes del Ejecutivo presentes en la sesión.

“Ha venido el premier, han venido los ministros y viceministros y, hasta este momento, presidente, no hemos terminado de escuchar a los demás ministros o viceministros presentes”, señaló.

El senador apeló así a la necesidad de respetar el desarrollo de la agenda parlamentaria y garantizar que las autoridades del Ejecutivo puedan sustentar sus propuestas antes de que el Senado adopte una posición.

Su intervención dejó un mensaje político directo: el debate sobre las facultades legislativas debe centrarse en argumentos, propuestas y decisiones de fondo. Para Del Águila, el Senado no puede perder su papel deliberativo ni convertirse en un escenario de agitación, precisamente cuando el país espera respuestas concretas frente a los problemas nacionales.

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Política

Cusco llevará al debate nacional el futuro del gas y la integración energética de la MACROSUR

La sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas abordará la ampliación de la concesión de Cálidda hasta 2043 y el futuro de la masificación del gas natural en el sur del país.

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2 días ago

10/10/2026

Redacción Lima Gris

Por Giovanna Ríos

Cusco será sede el martes 13 de octubre de una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. La reunión abordará el futuro de la masificación del gas natural y los alcances de la propuesta de ampliación de la concesión de Cálidda, que el Gobierno anuncia que firmará.

Según lo anunciado por representantes vinculados a la organización, participarán autoridades, funcionarios, representantes de organizaciones sociales y población cusqueña. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que coordina con las autoridades el desarrollo del evento y anunció la llegada de ministros de Estado, entre ellos el titular del sector, además de otros funcionarios, diputados por Cusco y otros invitados.

La sesión se realizará a gestiones del senador por Cusco Wilfredo Verano Saravia. Él señaló que el debate debe permitir conocer las implicancias económicas y tarifarias de la propuesta, y planteó la necesidad de defender el Sistema Integrado de Transporte de Gas de la Zona Sur (SITGAS) como alternativa para la integración energética de la Macrosur. Sobre la adenda, afirmó para un medio cusqueño: “Un contrato de esta magnitud no puede tomarse a espaldas de las regiones y exige transparencia absoluta sobre sus verdaderos alcances y consecuencias para el sur del país.

Senador Wilfredo Verano Saravia.

La adenda de Cálidda

Cálidda opera desde el año 2000 la distribución de gas natural en Lima y Callao, bajo una concesión de 33 años que vence en 2033. Según el contrato, en ese año la red debe pasar al Estado.

La Novena Adenda extendería la concesión hasta 2043 y ampliaría su ámbito a 15 localidades de siete regiones: Huamanga y Huanta (Ayacucho); Pucallpa, Aguaytía y Curimaná (Ucayali); Huancayo y Jauja (Junín); Puno y Juliaca (Puno); Cusco, Quillabamba y Calca (Cusco); Abancay y Andahuaylas (Apurímac); y Huancavelica. El proyecto considera una inversión superior a US$ 550 millones, unos 3.739 kilómetros de redes y 300.613 consumidores potenciales. El compromiso contractual mínimo de Cálidda es de 201.411 conexiones.

El Minem indicó que la iniciativa busca ampliar el acceso al gas natural en localidades del centro y sur del país. El cuestionado ministro Guillermo Shinno explicó que la extensión de diez años permitiría que la rentabilidad de la operación en Lima financie la expansión hacia las regiones. El proyecto Siete Regiones data de 2005, y el último intento de licitarlo, en 2021, no prosperó.

El estado del trámite

El 28 de septiembre, Gestión informó que el Minem había concluido el informe técnico final del proyecto y lo había remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su opinión. La adenda seguía pendiente de formalización, a unos tres años de planteado el proyecto.

Shinno indicó que la firma se daría en octubre. El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien también preside la Mancomunidad Regional Macro Región Sur, dijo a Gestión que lo acordado con el Minem es que el Ejecutivo firme “a más tardar el 15 de octubre”. Agregó que la firma podría realizarse en cualquiera de las regiones y que Cusco ha planteado ser sede. Salcedo estimó que la región dejó de ahorrar más de S/ 2.500 millones en unos 24 años sin acceso a este recurso. Mencionó también el uso del gas para calefacción durante las heladas y el potencial para una planta de fertilizantes.

Gobernador Warner Salcedo y ministro Guillermo Shinno.

Las observaciones de Osinergmin

El informe N.º 413-2026-GRT/OS de la Gerencia de Regulación de Tarifas de Osinergmin no es vinculante para el Minem. Plantea dos observaciones, según reportó La República.

La primera se refiere a la cobertura en las regiones. En Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná, las conexiones mínimas comprometidas equivalen a entre 20 % y 30 % de las viviendas evaluadas: 30,4 % en Huamanga, 20,1 % en Quillabamba, 29,9 % en Huancavelica y 20,9 % en Curimaná. Según el regulador, la propuesta no obliga a garantizar que el resto de los hogares tenga una red frente a su vivienda, y el acceso de esos hogares podría postergarse por más de diez años. Osinergmin observa también que la propuesta considera un factor de penetración de 67 %, cuando debería ser de al menos 70 %, y que existe un mecanismo para compensar hasta 20 % de las conexiones entre localidades.

La segunda se refiere a Lima y Callao. Osinergmin señala que más de 1,8 millones de usuarios seguirían pagando en sus recibos por las redes existentes entre 2033 y 2043, aunque su costo ya habría sido recuperado. La propuesta mantiene un valor cobrable para esas tuberías en lugar de fijarlo en cero. El regulador proyecta que la extensión generaría a Cálidda una utilidad de US$ 1.832 millones. Con reversión a costo cero, la utilidad sería de US$ 329,7 millones.

El Sitgas y el transporte hacia el sur

El SITGAS es la nueva denominación del Gasoducto Sur Peruano, que en 2014 se adjudicó al consorcio Odebrecht–Enagás mediante un contrato de 34 años valorizado en US$ 7.000 millones. El proyecto quedó paralizado en 2017 en el marco del caso Lava Jato. En 2020 se rebautizó como SITGAS y se anunció su licitación para 2022.

El ministro Shinno planteó ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso relanzar el gasoducto hacia el sur. En septiembre informó, además, que Transportadora de Gas del Perú (TGP) modificó su proyecto de gasoducto en la costa sur para que llegue hasta Tacna y ya no solo hasta Ilo. El diseño original, de unos US$ 2.000 millones, contemplaba 923 kilómetros desde Humay (Ica). Shinno propuso también otro ducto que conecte Camisea con Cusco y una red de ramales al norte y sur que forme un anillo con redundancia.

Cuestionamientos a la concesión de TGP

A seis meses de la interrupción del transporte de gas de Camisea, que paralizó parcialmente el suministro durante dos semanas, la Asociación de Consumidores de Gas en el Perú (ACG) cuestiona la propuesta de ampliar por diez años la concesión de TGP. La organización sostiene que la empresa no ha subsanado los incumplimientos detectados tras la emergencia. Afirma que las deficiencias constan en informes de Osinergmin (N.° 427-2026-OS-DSGN/UIGN) y de la Contraloría General de la República (N.° 011-2026-MINEM/OCI-OO), entre ellas la falta de capacidad de respaldo y redundancia y de procedimientos de mantenimiento que garanticen la disponibilidad mínima de 99 % exigida por el contrato.

La ACG objeta también la posible adjudicación directa a TGP del proyecto Ramal Sur, valorizado en unos S/ 7.000 millones. Según el gremio, se ejecutaría sin competencia, con rentabilidad garantizada y con buena parte de los riesgos de retraso a cargo del Estado. Advierte que las inversiones para reforzar la seguridad y la redundancia serían reconocidas como nuevas inversiones remunerables, y sostiene que los usuarios ya pagaron esos costos durante unos veinte años.

Como alternativa, propone exigir las inversiones necesarias y convocar procesos competitivos, con operadores internacionales, para el Ramal Sur y para definir al futuro operador del sistema de transporte de Camisea cuando concluya la concesión vigente.

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Política

Diputado Carlos Yalta pide al Minedu fiscalizar el alquiler de espacios del colegio Teresa González de Fanning

El parlamentario Carlos Yalta (Renovación Popular) solicitó al Ministerio de Educación fiscalizar el arrendamiento de las instalaciones de la IE. Teresa González de Fanning, tras revelarse que empresas privadas ocupan la infraestructura pública durante el horario escolar.

Published

2 días ago

10/10/2026

Leonardo Serrano Zapata

El diputado Carlos Alberto Yalta Sotelo (Renovación Popular) solicitó al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, un informe y acciones de fiscalización sobre el presunto alquiler y uso indebido de las instalaciones de la I.E. Emblemática Teresa González de Fanning, en Jesús María. El pedido consta en el Oficio N.° 415-2026-2027-CAYS-CD, del 7 de octubre. Llega luego de las publicaciones de LimaGris sobre las empresas que alquilan espacios públicos durante la jornada escolar entre ella el club deportivo de vóley Géminis, cuya figura pública más resaltante del equipo profesional es la DT. Natalia Málaga.

El 11 de setiembre, en «Se alquilan las IE a empresas privadas y las UGEL no saben nada al respecto. ¡Ponga orden, presidente Keiko Fujimori!», informamos que los estudiantes del CEBA debían pedir permiso a las empresas arrendatarias para usar su propia institución. Allí citamos el Oficio N.° 01191-2026-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL03/DIR-AAJ-AIP, en el que la UGEL 03 señaló que el área no posee contratos suscritos por la APAFA con la IE para el uso de esos ambientes.

Un día después, en «Gobierno de Keiko, durante la gestión del ministro José Chang: ¿Sólo se evalúa el acceso al servicio educativo para la foto?», cuestionamos que la visita del director de la DRELM Cornelio González Torres del 3 de setiembre no verificara si los alumnos de EBA acceden a los espacios en igualdad de condiciones que los de secundaria.

El diputado Yalta recoge esos anteriormente denunciados. Además, le recuerda al MINEDU que el artículo 15 del D.S. N.° 028-2007-ED, norma aprobada por el actual ministro José Antonio Chang durante el gobierno de Alan García, prohíbe que los arrendamientos de campos deportivos, piscinas o auditorios afecten el normal desarrollo del servicio educativo. Añade que su artículo 16, literal a), impide que estas actividades se superpongan a los horarios de clases.

Por ello, pide al Minedu informar sobre:

Las acciones de supervisión y fiscalización de la DRELM y la UGEL 03.
La existencia, legalidad y vigencia de los contratos, con copia íntegra.
El destino, la rendición contable y la bancarización de los recursos propios recaudados ((artículos 12, 13 y 15 del D.S. N.° 028-2007-ED).
Las medidas correctivas inmediatas para garantizar la disponibilidad de la infraestructura a favor de los estudiantes de EBA.

El requerimiento se sustenta en el artículo 96 de la Constitución y en los artículos 25, literal b), y 159, literal f), del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El miércoles 7 de octubre, una especialista en Educación Básica Alternativa (EBA) de la UGEL 03 visitó las instalaciones de la I.E. Emblemática Teresa González de Fanning. La interrogante que deja esta visita es directa: ¿verificó la funcionaria que los estudiantes de la modalidad EBA utilicen la infraestructura escolar en igualdad de condiciones que los de secundaria, o se trató únicamente de una visita protocolar para la foto?

La Educación Básica Alternativa (EBA) atiende a jóvenes y adultos desde los catorce años que buscan reinsertarse en el sistema escolar. Por ello, el uso de la infraestructura pública no puede quedar supeditado a concesiones comerciales.

Actualmente, tanto inquilinos precarios como regulares operan sin medidores independientes de agua y electricidad. Esta omisión provoca que el Ministerio de Educación y las UGEL asuman con dinero público los servicios básicos de empresas privadas, financiando la rentabilidad de sus negocios.

A este perjuicio fiscal se suma un vacío normativo crítico: el Ministerio de Educación, las DRE y las UGEL carecen de un TUPA o procedimiento estandarizado que regule estos arrendamientos, fije tarifas a valor de mercado y exija el pago por consumo real.

El Estado gasta más dinero pagando las facturas de agua y luz de los negocios privados que lo que recauda por el alquiler de las propias instalaciones escolares.

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