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por Javier Prialé
Actualizado el 9 de Oct, 2026 3:26 pmEl ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino, precisó que el proyecto de la Ley Mape propone crear un organismo especializado para acelerar la formalización minera.
El Gobierno plantea establecer un nuevo régimen de formalización minera por dos años para alrededor de 30.000 mineros que mantengan vigente su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al 31 de diciembre de 2026, fecha en la que culmina el actual proceso.
Así lo anunció el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino, durante la presentación del proyecto de ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), una iniciativa que busca establecer reglas permanentes para formalizar esta actividad y reforzar la fiscalización estatal frente a la minería ilegal.
Según explicó el ministro, el nuevo régimen denominado de "consolidación" comenzaría el 1 de enero de 2027 y tendría una duración de dos años. Durante ese periodo se aplicaría un procedimiento simplificado para que los mineros puedan superar los obstáculos que actualmente dificultan su formalización.
Shino descartó que se vaya a ampliar nuevamente el REINFO bajo el esquema actual y sostuvo que el país necesita cambiar la estrategia para evitar que el proceso continúe prolongándose indefinidamente.
"Si seguimos como estaba, van a pasar 20 años más y después vamos a formalizar otros 2,000 más. Ese no es el objetivo de nadie", señaló durante la exposición de la propuesta.
El ministro indicó que el proyecto se encuentra en revisión dentro del Poder Ejecutivo y que la intención es presentarlo al Congreso el 15 de octubre, luego de recoger comentarios que permitan mejorar su contenido.
Dos regímenes para la pequeña minería
El proyecto de ley MAPE establece dos modalidades para desarrollar actividades de minería artesanal y de pequeña escala.
Régimen ordinario: dirigido a quienes busquen iniciar actividades mineras de manera formal, con la obligación de obtener previamente los permisos y autorizaciones correspondientes.
Régimen de consolidación: destinado a los mineros que mantengan vigente su REINFO al cierre de 2026. Estos podrán acogerse durante dos años a un procedimiento simplificado para avanzar hacia la formalización definitiva.
La iniciativa también plantea que quienes hayan salido del REINFO no puedan reincorporarse mediante el nuevo régimen de consolidación. Para desarrollar actividades mineras, tendrían que cumplir las condiciones del régimen ordinario.
El objetivo, según el ministro, es diferenciar a los productores que buscan operar dentro de la legalidad de aquellos que utilizan la inscripción en el proceso de formalización para continuar realizando actividades ilícitas.
Shino sostuvo que la propuesta no está dirigida únicamente a los mineros inscritos en el REINFO, sino también a los pequeños productores que quieran comenzar sus operaciones cumpliendo la normativa desde el inicio.
Mineros deberán permitir fiscalizaciones
Durante la presentación, Shino también señaló que la inscripción en el proceso de formalización no debe impedir que las autoridades ingresen a las operaciones mineras para verificar el cumplimiento de las normas.
El ministro respondió así a las consultas sobre las facultades de fiscalización de entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), frente a operaciones que actualmente cuentan con REINFO vigente.
El titular del Minem sostuvo que los mineros que continúen operando bajo el régimen de consolidación podrán mantener sus actividades, pero deberán permitir el acceso de las autoridades y entregar la información requerida.
La propuesta contempla que impedir las labores de fiscalización constituya una causal de exclusión del proceso de formalización.
Asimismo, el ministro indicó que el proyecto busca establecer mecanismos para que los mineros puedan ser retirados del proceso cuando se compruebe que incumplen las condiciones exigidas.
Crearán organismo para acelerar la formalización minera
Uno de los principales componentes del proyecto de ley es la creación del Formape, un organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que tendría como función impulsar la formalización de los pequeños productores mineros y mineros artesanales.
Esta entidad se encargaría de acompañar a los mineros que ingresen al régimen de consolidación, así como de brindar asistencia a quienes busquen desarrollar actividades de pequeña minería bajo el régimen ordinario, es decir, obteniendo los permisos correspondientes antes de iniciar operaciones.
Entre sus funciones estarían la capacitación, la asistencia técnica, la promoción de mejores prácticas laborales y de seguridad, el impulso a la innovación tecnológica y la administración de sistemas de trazabilidad para identificar el origen del mineral.
El organismo también participaría en la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, la acreditación de pequeños productores mineros y el otorgamiento de autorizaciones para iniciar actividades, de acuerdo con las competencias que establezca la norma.
El Minem conservaría su papel como ente rector del sector, mientras que la nueva entidad asumiría las funciones operativas que le sean asignadas.
La propuesta contempla, además, requisitos ambientales proporcionales a la escala de las operaciones. El ministro sostuvo que no corresponde exigir a los pequeños productores exactamente los mismos instrumentos que a la gran minería, aunque precisó que la simplificación no debe significar una reducción de los estándares de protección ambiental.
Incentivos para que los concesionarios firmen contratos de explotación
Otro eje de la propuesta busca facilitar los acuerdos entre los titulares de concesiones mineras y los pequeños productores que realizan actividades dentro de esas áreas.
El ministro señaló que algunos concesionarios se resisten a firmar contratos de explotación porque la normativa vigente puede hacerlos responsables solidarios por las actividades de terceros.
Frente a ello, el proyecto plantea que, cuando el contrato de explotación tenga una duración mínima de tres años, la responsabilidad por las actividades del minero recaiga exclusivamente en este último, bajo las condiciones que establezca la norma.
En cambio, si el titular de la concesión conoce la existencia de actividades ilícitas y no las comunica a las autoridades, se mantendría la posibilidad de atribuirle responsabilidad solidaria, según explicó el ministro.
La iniciativa también contempla incentivos económicos para promover estos acuerdos. Entre ellos figura la posibilidad de exonerar del pago de penalidades y del derecho de vigencia a los concesionarios que suscriban contratos de explotación, de acuerdo con los requisitos que finalmente se aprueben.
Asimismo, se propone otorgar un derecho de preferencia a los mineros que ya trabajan en una zona cuando la concesión correspondiente se extinga, en lugar de abrirla automáticamente a nuevos interesados.
Shino advirtió que el Gobierno también busca evitar dos situaciones: que los mineros informales invadan concesiones donde existen proyectos mineros en desarrollo y que algunos titulares mantengan concesiones sin realizar actividades ni avanzar en su aprovechamiento.
En ese sentido, mencionó la posibilidad de establecer mayores exigencias para quienes soliciten concesiones, como la presentación de planes de trabajo y garantías económicas, aunque precisó que estos cambios requerirían un desarrollo normativo adicional.
Banco de la Nación abriría cuentas para pequeños mineros
La propuesta también contempla medidas para facilitar la inclusión financiera de los productores que buscan formalizarse.
Según Shino, muchos pequeños mineros encuentran dificultades para acceder al sistema financiero porque las entidades bancarias consideran riesgoso el sector.
Ante esta situación, el proyecto plantea autorizar al Banco de la Nación a abrir cuentas corrientes para estos productores, de modo que puedan canalizar sus operaciones de compra y venta de minerales a través del sistema financiero formal.
La iniciativa también apunta a fortalecer la trazabilidad de toda la cadena productiva, desde el origen y traslado del mineral hasta su procesamiento y comercialización, con el objetivo de identificar su procedencia lícita o ilícita.
El alcance de la propuesta comprende no solo a los productores mineros, sino también a los titulares de derechos mineros, acopiadores, plantas de beneficio, transportistas, procesadores y comercializadores.
Además, se prevé implementar una casilla electrónica única para las notificaciones vinculadas con los procedimientos de formalización.
En materia ambiental, el Gobierno busca promover tecnologías más limpias, reducir progresivamente el uso de mercurio y mejorar el manejo del cianuro.
Reglamentos y régimen tributario aún están pendientes
Aunque el proyecto contempla 21 artículos y disposiciones complementarias, el ministro reconoció que varios aspectos todavía requieren una mayor definición y coordinación entre las entidades del Estado.
Entre ellos figuran el régimen tributario aplicable a los pequeños productores, la regulación de explosivos y los instrumentos ambientales. Estos asuntos deberán trabajarse con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Ambiente, según corresponda.
Shino indicó que el proyecto prevé un plazo de cuatro meses para reglamentar la ley y desarrollar las disposiciones necesarias para su aplicación.
En materia tributaria, mencionó que se evalúa la posibilidad de que las plantas de procesamiento de minerales asuman funciones de agentes de retención, aunque aclaró que la propuesta todavía se encuentra en revisión.
La iniciativa busca reemplazar un esquema de formalización que ha sido prorrogado sucesivamente por un sistema con reglas permanentes, procedimientos simplificados y mayores herramientas de supervisión. Su alcance definitivo dependerá de la versión que el Ejecutivo presente al Congreso y de los cambios que se incorporen durante el debate legislativo.
Tags Ley MAPE Minem Reinfo Únete a nuestro canal en WhatsApp Siguenos en
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